LONDRES – En las primeras semanas de 2020, la gente comenzó a darse cuenta de que la COVID‑19 podía ser la muy temida pero previsible «Enfermedad X»: una pandemia global causada por un virus desconocido. Tres meses después, la mayor parte de la población mundial está confinada, y resulta claro que, en los niveles local, nacional e internacional, nuestra salud depende de la de nuestros vecinos.
Para la protección de las sociedades contra la COVID‑19 será clave contar con sistemas sanitarios fuertes, una adecuada capacidad de testeo y una vacuna eficaz y de acceso universal. Pero para que nadie quede excluido, además de una inversión colectiva de un nivel inédito, también se necesita un importante cambio de metodología.
Investigadores de universidades y empresas de todo el mundo trabajan a toda prisa para desarrollar una vacuna. Y los avances actuales son alentadores: ya hay 73 vacunas candidatas en investigación o en desarrollo preclínico, y cinco que ya pasaron a la fase de ensayo clínico.
Este esfuerzo masivo sólo es posible gracias a una sustancial inversión pública, que incluye a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Esta última, una organización sin fines de lucro con financiación pública, se creó después de la epidemia de ébola que golpeó África occidental en 2014‑16, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas aplicables durante un brote contagioso.
Hasta ahora, la CEPI ha recibido de varios gobiernos financiación adicional por 765 millones de dólares (dentro de una meta de 2000 millones) para el desarrollo de una vacuna contra la COVID‑19. La Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos) ha hecho importantes inversiones en proyectos para el desarrollo de una vacuna junto con Johnson & Johnson (450 millones de dólares) y Moderna (483 millones de dólares). Y la Unión Europea buscará movilizar más fondos públicos mediante una conferencia virtual de donantes que tendrá lugar el 4 de mayo.
Pero la inversión sola no basta. Es necesario que todo el proceso de innovación en vacunas, desde la I+D hasta la distribución, se rija por reglas de acción claras y transparentes basadas en objetivos y métricas referidos al interés público. Eso, a su vez, exige una clara alineación entre el interés público nacional y el global.
El primer y más importante paso es adoptar un sentido de misión que ponga las inversiones públicas y privadas al servicio de un objetivo común claro: el desarrollo de una o más vacunas eficaces contra la COVID‑19 que puedan producirse rápidamente a escala global y ponerse a disposición de todas las personas en forma gratuita. Esto demanda reglas firmes en lo referido a la propiedad intelectual, la fijación de precios y la fabricación, en cuyo diseño y fiscalización se deben valorar la colaboración y solidaridad internacional en vez de la competencia entre países.
En segundo lugar, para acelerar los avances y así maximizar el impacto sanitario, es necesario orientar el ecosistema de innovaciones hacia el uso de la inteligencia colectiva. La ciencia y la innovación médica prosperan y progresan cuando los investigadores intercambian y comparten el conocimiento en forma abierta, lo que les permite basarse en los éxitos y fracasos ajenos en tiempo real.
Pero el modelo científico privatista actual, en cambio, promueve la competencia y el secretismo, pone la aprobación regulatoria en los países ricos por encima de la accesibilidad y del impacto sanitario en el nivel mundial, y alza barreras a la difusión de la tecnología. Y si bien los fondos de licencias voluntarias (fondos de patentes) como el que Costa Rica propuso a la Organización Mundial de la Salud pueden ser útiles, corren el riesgo de ser ineficaces, en la medida en que se permita a empresas comerciales privadas mantener el control de tecnologías y datos fundamentales (que se desarrollaron gracias a la inversión pública).
Además, es esencial una orientación colectiva para seleccionar e implementar las vacunas potenciales más prometedoras. De lo contrario, la autorización de comercialización puede ir para la candidata con mejores recursos en vez de la más adecuada.
En tercer lugar, los países deben tomar la delantera en crear y reforzar capacidades de fabricación, en particular en el mundo en desarrollo. Aunque para contar con una vacuna eficaz contra la COVID‑19 tal vez haya que esperar entre doce y dieciocho meses, hay que hacer ahora mismo un esfuerzo concertado para preparar las infraestructuras y capacidades públicas y privadas que se necesitarán para producir en poco tiempo los miles de millones de dosis necesarias.
Como todavía no sabemos cuál de las vacunas resultará más eficaz, es posible que debamos invertir en una amplia variedad de activos y tecnologías. Esto supone un riesgo tecnológico y financiero que sólo puede superarse con la ayuda de estados emprendedores respaldados por la financiación colectiva orientada al interés público, provista por ejemplo por bancos nacionales y regionales de desarrollo, el Banco Mundial y fundaciones de beneficencia.
Por último, cualquier programa de desarrollo de vacunas debe incluir desde el primer momento condiciones que garanticen un acceso global, equitativo y asequible. De ese modo la inversión pública se estructurará no tanto como una mera subvención o corrección de fallos del mercado, sino más bien como una fuerza configuradora del mercado proactiva y orientada al interés público.
El precio de las vacunas para la COVID‑19 debe reflejar tanto la importante contribución pública a su desarrollo cuanto la urgencia y magnitud de la crisis sanitaria global. Debemos trascender las declaraciones de principios y los compromisos genéricos, para introducir en cambio condiciones concretas que permitan la gratuidad de las vacunas en el lugar de uso. Las autoridades también deben considerar la aplicación de licencias obligatorias para que los países puedan hacer un uso óptimo de las herramientas y tecnologías disponibles.
Es fundamental contar con mecanismos de compra colectivos que garanticen una distribución justa y un acceso global equitativo a las nuevas vacunas que vayan desarrollándose. El objetivo principal debe ser evitar que las economías avanzadas monopolicen el suministro global o no dejen lugar para la demanda de los países más pobres.
Ante la crisis de la COVID‑19 el modelo habitual no sirve. En momentos en que todo el mundo se moviliza contra la pandemia, con llamados a la formación de una alianza global, conferencias de donantes, reuniones del G20 y la próxima Asamblea Mundial de la Salud de este año, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Estos esfuerzos colectivos deben incluir normas de acción claras y fiscalizables para que todas las partes se comprometan a seguir un enfoque integral para la innovación sanitaria basado en el interés público, que es contar con una vacuna eficaz para la COVID‑19 que pueda ponerse en poco tiempo a disposición de todos en forma gratuita.
El desarrollo de una vacuna eficaz y de acceso universal para la COVID‑19 es una de las tareas más cruciales del tiempo en que nos tocó vivir. Y sobre todo, es la prueba definitiva para saber si el resultado de la cooperación global entre el sector público y el privado (que las autoridades presentan como esencial) será maximizar el suministro de bienes públicos o las ganancias privadas.
Traducción: Esteban Flamini
MARIANA MAZZUCATO, Professor of Economics of Innovation and Public Value and Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Allen Lane 2019). Follow her on Twitter: @MazzucatoM.
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