En los últimos años las noticias de la prensa económica en Sudamérica parecían estar marcadas (aunque con excepciones) por una mayor preocupación por el equilibrio presupuestario, la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, la reducción de la inflación y la recuperación de la libertad económica.
Todas estas cuestiones han estado tradicionalmente ligadas a escuelas económicas como la monetarista, pero la irrupción del COVID-19 parece haber cambiado el panorama por completo.
La respuesta de los gobiernos en Sudamérica a la crisis económica y sanitaria ha disparado las previsiones de endeudamiento con las que se contaba a principios de 2020. En este contexto, las autoridades de la región se enfrentan a un difícil dilema: lanzar planes de estímulo para contener el impacto de la recesión y verse hipotecadas durante los próximos años o mantener el equilibrio presupuestario y dejar que el sector privado solucione sus problemas sin apoyo público.
Las ideas keynesianas, de esta manera, vuelven a estar en el centro del debate.
Un continente con economías y soluciones diversas
Como siempre ha ocurrido en el continente sudamericano existe una gran diversidad de realidades económicas entre países, aunque en este caso todos tienen previsto aumentar su endeudamiento. En este sentido el caso más paradigmático es quizás el de Brasil, cuya deuda pública se espera que llegue al 100% del producto interior bruto (PIB) a finales de 2020.
En este país, uno de los más afectados por la pandemia en número de víctimas, el PIB cayó un 11,4% interanual al finalizar el segundo trimestre del año y en consecuencia también se han desplomado los ingresos públicos. Los gastos han crecido con fuerza, no sólo por las necesidades sanitarias de la población sino también por los nuevos planes sociales (como una renta mínima de 600 reales al mes). El resultado ha sido un aumento del déficit público, lo que repercutirá directamente en mayores niveles de deuda.
Otro país que tiene previsto endeudarse en una proporción similar es Ecuador, donde el gobierno ha estado negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir ayuda financiera. En este caso, de forma similar a lo que ocurre en Colombia, no se han puesto en marcha grandes planes de estímulo en forma de gasto público. En su lugar, el Estado ha garantizado avales para las empresas que soliciten líneas de crédito.
Por el contrario, el gobierno de Perú ha lanzado el programa de gasto más ambicioso de la región. Contando con un 4,6% del PIB, planes como Arranca Perú buscan crear puestos de trabajo a través de la construcción de obras públicas. Si a estas medidas se suman los avales del Estado a créditos solicitados por empresas (plan Reactiva Perú) y las prórrogas de impuestos, el monto total de los estímulos podría llegar a un máximo del 20% del PIB.
Relanzando la economía
La lógica de estos programas, que como hemos mencionado se están aplicando en numerosos países de la región, se basa en que una caída tan abrupta del PIB exige medidas de recuperación igualmente drásticas. La fórmula elegida suele ser un plan de obras de infraestructura financiadas con deuda pública que puedan beneficiar a diversos sectores y a lo largo de toda la geografía de cada país.
El efecto buscado es que la construcción de estas obras públicas haga crecer la demanda agregada, lo cual reactivaría la actividad económica creando nuevos puestos de trabajo. A su vez, el gasto en salarios y materiales tendría un efecto expansivo ya que las empresas y trabajadores beneficiados aumentarían su consumo en otros sectores de la economía.
La estrategia pasa, en este sentido, por dar un impulso adicional a la demanda agregada que a su vez estimule la oferta, un fenómeno conocido como multiplicador del gasto público. Cabe recordar que estas ideas de inspiración keynesiana tuvieron una gran popularidad durante la Gran Depresión de los años 30, y llegaron a su máxima expresión con el New Deal en Estados Unidos.
Los propios partidarios de estos planes de estímulo reconocen que su aplicación podría profundizar aún más los desequilibrios presupuestarios del Estado y trasladar el coste a las generaciones futuras a través de la deuda pública. Sin embargo, suelen sostener que la prioridad es recuperar el PIB lo antes posible, dado que una economía fortalecida tendrá más capacidad para afrontar el pago de la deuda aunque ésta sea más elevada.
La lógica del ajuste
Por el contrario, los detractores de estas medidas consideran que su efectividad es muy limitada por dos razones. En primer lugar, el hecho de emitir deuda pública hoy supondría más impuestos en el futuro (o recortes del gasto público) y de esta forma se reduciría la renta disponible del sector privado a largo plazo, ralentizando la recuperación.
En segundo lugar, la reactivación artificial de los sectores más directamente beneficiados no respondería a las necesidades reales de los consumidores. Esto significa que cuando los programas hayan acabado se despediría a los trabajadores y la economía volvería a su situación inicial.
Este punto de vista suele preferir una recuperación más basada en la Ley de Say, es decir donde los empresarios reajustan su producción a los nuevos patrones de demanda. De esta manera los nuevos puestos de trabajo creados serían más sostenibles ya que estarían dirigidos a necesidades reales de los consumidores en lugar de a proyectos temporales.
Políticas de oferta
No obstante, para que una reactivación de este tipo sea factible suele ser necesaria una gran flexibilidad de los factores de producción, lo que significa entre otras cosas una política de bajos impuestos, respeto a la propiedad privada y desregulación de la actividad económica y las relaciones laborales. Como hemos comentado en artículos anteriores, la capacidad de respuesta de una economía para adaptarse a los cambios producidos por un shock de oferta puede ser fundamental.
Naturalmente este enfoque tampoco está exento de objeciones, como los desfases presupuestarios que a corto plazo podría suponer una rebaja de impuestos. Otro aspecto problemático suele ser que si las empresas no consiguen readaptarse con rapidez el desempleo podría consolidarse en tasas excesivamente altas. Todo ello sin contar con la cuestión siempre polémica sobre las consecuencias sociales de desregular el mercado laboral y los movimientos de de capitales.
Decidiendo el futuro
La mayoría de los gobiernos de Sudamérica parecen haberse adherido a las políticas de demanda agregada, rechazando una recuperación basada en la Ley de Say. En artículos anteriores hemos comentado un ejemplo como el de Irlanda donde estas ideas fracasaron, aunque también muchos analistas recurren a casos opuestos como el New Deal en los que este tipo de política tuvo efectos positivos.
Cabe destacar, dicho todo esto, que los planes de estímulo sobre la demanda agregada tienen mayores probabilidades de éxito cuando el aumento de deuda se destina a inversiones productivas y no a transferencias. Es decir, no es lo mismo gastar 1 millón de euros en un programa de subsidios (transferencias) que gastar 1 millón de euros en la creación de una empresa para crear puestos de trabajo (inversión productiva).
Se trata sin duda de una decisión que difícilmente puede encontrar un consenso unánime entre los economistas, pero que en cualquier caso no podrá evaluarse con seguridad hasta que hayan pasado unos años y se pueda ver el impacto del endeudamiento sobre la recuperación. De ello dependerá si la región se enfrenta a una nueva década perdida o si por el contrario aprovecha su enorme potencial para salir de esta crisis.
No hay comentarios:
Publicar un comentario