Obviamente, el déficit de alimentos tiene implicaciones económicas, sociales, humanas, políticas, y de seguridad nacional que rebasan la cuestión inflacionaria.
En días recientes se efectuó en La Habana el seminario PYMELab que fue organizado como un intercambio de experiencias comparadas de PYMES belgas y de trabajadores por cuenta propia de Cuba (no de PYMES cubanas porque esas no existen legalmente). También participaron diplomáticos, funcionarios y académicos, incluyendo miembros de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana. (1)
Sin dudas, fue un evento útil y deberían organizarse muchos más de este tipo en el país. Se han conocido -sin muchos detalles- aspectos interesantes del evento, pero aquí me concentro en una cuestión que parecería ser el “punto ciego” de la conversación actual sobre las PYMES en Cuba: el sector agropecuario y sus actividades conexas son, por amplio margen, el terreno más favorable para dinamizar las PYMES en Cuba.
La actividad agropecuaria es la única donde predomina la gestión del sector no estatal (cooperativo y privado). De hecho, es la única actividad económica de Cuba donde la gestión del principal medio de producción de la actividad (la tierra) la hace el sector privado y no el estatal (35,7% con gestión privada, 32,2% estatal y 32,1% cooperativa). (2)
Es también la única actividad económica en la que se ha producido un traspaso masivo al sector privado y cooperativo -bajo arrendamiento- de un importante activo estatal, como es la tierra: algo más de 2 millones de hectáreas que representan el 31% de la superficie cultivable del país. (3)
El número de trabajadores cooperativos y privados de la actividad agropecuaria -aproximadamente 873 mil- es superior a los 617 mil trabajadores por cuenta propia. (4)
En la producción de una serie de alimentos claves predominan los productores privados (campesinos y arrendatarios) y en medio de la crisis asociada a la pandemia los productores agropecuarios privados fueron nítidamente trabajadores esenciales en una de las contadas actividades económicas que no interrumpió sus operaciones.
Es, además, una actividad que utiliza de manera relativamente más intensa medios de producción e insumos locales, en comparación con otras actividades privadas. Más importante aún, dispone de una demanda interna amplia no satisfecha que le permitiría crecer, a la vez que también puede generar rápidamente fondos exportables en escala apreciable.
Pocas actividades económicas tienen la capacidad del sector agropecuario para formar encadenamientos productivos: investigación, transporte, almacenamiento, envases, maquinaria, industria química, industria alimentaria, comercio, e infraestructura de agua y eléctrica, entre otros.
Por todo lo anterior, parece inadecuado mantener el énfasis “urbano” de la conversación actual sobre las PYMES en Cuba. El arranque más seguro de las PYMES cubanas sería en el agro.
Propuesta de un programa “express” de PYMES agropecuarias y agroindustriales.
El sector agropecuario cubano tiene grandes y múltiples problemas que las medidas actuales no logran resolver. Se mantienen sin solucionar deficiencias importantes en cuanto a la organización del ciclo productivo, el financiamiento de inversiones, el aseguramiento de insumos, la comercialización, el fomento de exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras.
Me limitaré a abordar aquí la cuestión institucional, en particular lo relativo a la adopción del formato empresarial para la actividad privada en el sector agropecuario cubano y actividades conexas.
La propuesta no incluye detalles, sino que se limita a plantear el esquema general de una transformación empresarial.
Se sugieren acciones en tres grandes áreas: a) establecimiento de PYMES para arrendatarios privados y propietarios, b) establecimiento de PYMES para actores privados en actividades conexas al agro, y c) establecimiento de sociedades agropecuarias y agroindustriales por acciones (Sociedades Anónimas).
PYMES para arrendatarios privados y propietarios.
Se sugiere que los arrendatarios privados y propietarios que operan hoy como personas naturales pudieran decidir libremente su conversión al estatus de personas jurídicas.
Esto les permitiría hacer contratos inter- empresariales, exportar e importar directamente, y asociarse directamente con el capital extranjero.
Se sugiere que la forma jurídica pudiera ser la de “empresario individual con responsabilidad limitada”. Habría que incorporar esa figura a la legislación cubana y redactar las normas jurídicas necesarias.
Pudieran existir otras formas legales. Por ejemplo, en el seminario PYMELab se mencionó la posible utilización de la “sociedad de responsabilidad limitada” como forma jurídica para las PYMES.
Lo jurídico no es mi especialidad, pero dada la pequeña escala productiva individual que predomina en la actividad agropecuaria privada (sobre todo en los arrendatarios), la forma más expedita para crear personas jurídicas entre los miles de campesinos y arrendatarios pudiera ser la adopción de la modalidad de “empresario individual con responsabilidad limitada”.
En momentos en que se habla acerca de igualar las condiciones entre los diversos actores económicos, una medida como esta permitiría establecer como estándar común el formato de persona jurídica en la actividad agropecuaria pues las cooperativas de diverso tipo y las empresas estatales ya se benefician de ese estatus. Solamente no se aplica a los actores privados nacionales.
El establecimiento de estas PYMES no tendría impacto en el régimen de propiedad de la tierra. Se refiere a la institucionalidad de la gestión productiva.
PYMES para actores privados en actividades conexas al agro.
Se propone que los actores privados que operan hoy como personas naturales en actividades conexas al agro (mantenimiento de quipos e infraestructura, transporte, almacenamiento, distribución mayorista y minorista, veterinaria, servicios fitosanitarios, agroindustria, envases y embalajes, exportación e importación, entre otros) también pudieran decidir libremente su conversión al estatus de personas jurídicas.
Igualmente se sugiere la forma jurídica de “empresario individual con responsabilidad limitada”. Esto les permitiría hacer contratos inter- empresariales, exportar e importar directamente, y asociarse directamente con el capital extranjero.
Establecimiento de sociedades agropecuarias y agroindustriales por acciones (Sociedades Anónimas).
La gestión privada del agro cubano tiene muchos problemas, incluyendo cuatro cuya solución necesita transformaciones urgentes en la institucionalidad de la gestión económica:
- Predominio de unidades agropecuarias de pequeña escala, especialmente en la modalidad de arrendamiento, que dificultan la utilización de tecnologías para elevar la productividad.
- Escasez de unidades productivas con la escala suficiente para combinar de manera rentable la producción para el mercado interno y las exportaciones, de manera que permitan trabajar con ciclos “cerrados” en cuanto a la generación y utilización de divisas.
- Limitado “poder de mercado” de las pequeñas unidades productivas para relacionarse adecuadamente con otros actores de mayor escala.
- Poco atractivo de las pequeñas unidades productivas privadas para el capital extranjero.
Una posible solución consistiría en el rápido establecimiento de sociedades agropecuarias y agroindustriales, bajo la figura jurídica de sociedad anónima, especializadas en la gestión de la producción agropecuaria.
Es una modalidad que pudiera extenderse a otros eslabones de la cadena alimentaria, pero lo que se sugiere es comenzar de inmediato a nivel de gestión de la producción agropecuaria.
No se trataría de una asociación de tenedores de tierras (cooperativas, arrendatarios y propietarios privados), aunque estos pudieran ser socios del tipo de empresas de gestión que se propone.
Sería una empresa privada nacional para la gestión integral del proceso productivo de uno o de varios renglones. Se encargaría de conseguir financiamiento, asignarlo, organizar la producción, negociar precios, importar, exportar y formar asociaciones con el capital extranjero.
Sus socios accionarios pudieran ser personas naturales y personas jurídicas.
Incluiría productores agropecuarios (personas naturales y empresarios individuales con responsabilidad limitada), así como otros actores nacionales, por ejemplo, personas con capital disponible para invertir y especialistas de diversas profesiones. La sociedad se encargaría, por contrato, de organizar la producción agropecuaria.
Las relaciones de la sociedad con otras entidades se establecerían por contrato para poder legalizar el traspaso temporal de activos (tierra, fuentes de agua, equipos, etc.) que recibirían de las unidades productivas (personas naturales, PYMES y cooperativas). La gestión productiva que haría la empresa exige el control de los activos -principalmente de la tierra- e independencia para tomar las decisiones relativas a la gestión y eso debe estar formalizado mediante contratos.
También se incluiría en los contratos la definición de los montos y formas de pago, normas técnicas, y el acceso a financiamientos e insumos.
Habría que establecer que los arrendatarios -personas naturales o jurídicas-, aunque continuasen trabajando directamente, pudieran traspasar a la empresa el control temporal de las tierras recibidas en arriendo y el control de la organización del proceso productivo.
El establecimiento de procesos productivos en una escala mayor que la que permiten las unidades dispersas facilitaría utilizar tecnologías y diseñar esquemas productivos que generasen exportaciones para poder importar insumos necesarios para “cerrar” ciclos productivos orientados hacia la oferta en mercados internos. Es decir, con una parte de los ingresos por exportaciones, la propia unidad pudiera importar equipos e insumos para las producciones destinadas al mercado en moneda nacional.
Las sociedades de gestión estarían en mejores condiciones de atraer capital extranjero y para poder establecer directamente -sin intermediación estatal- modalidades de asociación con inversionistas extranjeros, incluyendo empresas mixtas.
También ofrece la posibilidad de que las empresas del estado que disponen de tierras pudieran hacer contratos para que la sociedad gestione esas tierras, o incluso para que las empresas del estado se convirtiesen en accionistas de la empresa.
Obviamente, se necesitaría disponer de normas jurídicas claras que permitan eliminar incertidumbres y que ofrezcan garantías legales a este mayor margen de operación del sector privado, así como la adopción de mecanismos claros para la solución de disputas.
Resumiendo,
La actividad agropecuaria es la que presenta las mejores condiciones para una rápida expansión de las PYMES en Cuba.
En ese sentido, convendría darle un giro al actual énfasis urbano del debate y la reflexión sobre las PYMES, para poder concentrar las propuestas en la legalización de empresas privadas nacionales en la actividad agropecuaria.
Notas.
1 José Alejandro Rodríguez. “Las Pymes ya tocan a la puerta de Cuba”, Juventud Rebelde, 20 de diciembre de 2020, http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2020-12-20/las-pymes-ya-tocan-a-la-puerta-de-cuba
4 ONEI. Panorama uso de la tierra 2027. Tabla 2.4 Superficie total del país de acuerdo al uso y a la forma de gestión
3 Oscar Figueredo Reinaldo, José Raúl Concepción. “¿Cuáles son los principales cambios en la entrega de tierras en usufructo con el nuevo Decreto-Ley?”, Cubadebate, 5 de septiembre de 2018 http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/09/05/cuales-son-los-principales-cambios-en-la-entrega-de-tierras-en-usufructo/
4 ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2019. Tabla 7.2 – Ocupados en la economía según situación del empleo.
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