El éxito de un programa de este tipo depende de la implementación efectiva de las decisiones. En eso se ha fallado antes. Las autoridades deben estar atentas a diversos grupos que pueden torpedear las transformaciones necesarias. El tiempo es el mejor juez, pero ya se ha despertado grandes expectativas.
Este 16 de julio, el Consejo de Ministros aprobó una estrategia económica con el fin de contrarrestar los efectos de la crisis económica que atraviesa Cuba, agudizada a consecuencia de la pandemia por el nuevo coronavirus, e impulsar la economía: “Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19”.
Según anunció en el programa Mesa Redonda el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, esta estrategia “se encamina a eliminar las trabas que accionan en la economía, pero manteniendo y defendiendo el concepto de planificación”.
Para la economista cubana Tamarys Lien Bahamonde, se pueden identificar nueve aspectos fundamentales en la estrategia planteada para enfrentar la crisis:
- Planificación centralizada;
- Sustitución de importaciones;
- Regulación de los mecanismos de mercado. (Para los no economistas, la planificación se orienta normalmente a corregir las distorsiones del mercado);
- Complementariedad de múltiples actores económicos: «cuentapropistas», cooperativas y sector estatal;
- Dinamizar la demanda interna;
- Autonomía del sector empresarial estatal;
- Implementar aspectos clave del redimensionamiento del sector no estatal. (Todavía no queda claro cuáles exactamente, aunque entre los cambios aparecen ideas como las posibilidades de exportar e importar);
- Competitividad (se incentiva a través de ahorro, eficiencia, y motivación para el trabajo) y
- Política ambiental activa.
Ha sido una demanda de economistas, diversos actores de la economía y en general de la sociedad cubana, la implementación de medidas contenidas en los “Lineamientos de la política económica y social”, aprobadas después de un amplio debate popular, en abril del 2011, en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. A casi 10 años de aquella decisión, el Consejo de Ministros ha aprobado volver al camino de algunas de ellas.
Publicamos la segunda parte de respuestas que ofrecieron a preguntas de OnCuba reconocidos economistas a propósito de la recién aprobada estrategia.
¿Cuál es su opinión en relación con la nueva estrategia económica planteada por el Gobierno cubano?
David J. Pajón Espina: Las circunstancias de la COVID-19 han acelerado y aumentado la envergadura de la crisis en Cuba configurada por la posposición de las reformas a lo interno y por un incremento de acciones de la actual administración norteamericana orientadas a restringir fundamentalmente el acceso a divisas y combustibles, y ello ha propiciado finalmente la adopción de las reformas anunciadas. De manera general —sin entrar en detalles de sincronía, coherencia, ausencias e incertidumbres en torno a la implementación—, parecen encaminadas en dirección correcta. Aunque algunas medidas son forzadas por el contexto objetivo actual, la necesidad de buena parte de ellas precede por mucho a la pandemia y responde a propuestas desde la academia, el deseo popular y en determinado momento a un impulso proveniente del propio gobierno. La estrategia sugiere determinada transformación de varios componentes sustantivos del modelo económico cubano (propiedad/gestión, incentivos asociados a la apropiación, diseño de políticas), y una intención de solución a problemas estructurales tales como el deficiente desempeño del sector agropecuario, y las distorsiones del esquema monetario/cambiario vigente.
Pavel Vidal: Muy positivo que la crisis haya servido para retomar las transformaciones estructurales (cooperativas, autonomía empresarial, comercialización en el sector agrícola y pequeñas y medianas empresas (PYMES)) y saber que la política económica no se va a concentrar únicamente en los temas de corto plazo asociados a las urgencias financieras. Importante que las reformas ganen impulso antes de las elecciones en EEUU. Si gana Biden, le será más fácil promover un reacercamiento con la Isla y un levantamiento del embargo con una Cuba que se reforma. El país gana credibilidad en las renegociaciones con el Club de París, otros acreedores e inversionistas.
Ricardo Torres: Es bueno recordar que el grueso de lo que está anunciado se puede dividir en dos partes. Por un lado, se trata de implementar aquello que ya había sido aprobado en el VII Congreso del Partido, y que había quedado relegado. Es una lástima que solo una crisis de estas proporciones haya terminado por convencer a más de uno. Por otro, hay varias medidas que se derivan de la actual coyuntura económica, que ha sido agravada por la pandemia de la COVID-19, pero que no comenzó con esta. Aquí se juntan factores como la crisis económica venezolana, las sanciones de Estados Unidos, y las insuficiencias propias de nuestro modelo y la “actualización”.
Es muy pronto para hacer un análisis profundo. Solo se han esbozado áreas de transformación, salvo las decisiones relacionadas con el uso del dólar estadounidense. El éxito de un programa de este tipo depende de la implementación efectiva de las decisiones. En eso se ha fallado antes. Las autoridades deben estar atentas a diversos grupos que de una u otra manera pueden torpedear las transformaciones necesarias. El tiempo es el mejor juez, pero ya se ha despertado grandes expectativas.
Oscar Fernández Estrada: El conjunto de medidas anunciadas intenta barrer de una vez con los obstáculos que anónimas voluntades le habían cimentado a la reforma económica, iniciada por Raúl Castro en 2010 y ratificada luego en sendos Congresos del PCC ampliamente participativos. El presidente y su equipo de gobierno han retomado la Actualización y han dejado claro cuál es el diseño de país que van a defender: el que se corresponde con el documento de Conceptualización del Modelo Económico y Social y con la Constitución de la República. Aunque aún es prematuro, creo notar que entre los economistas cubanos que interactuamos en el espacio público una gran mayoría ha recibido con beneplácito estos anuncios en su conjunto, si bien subyace cierto escepticismo sobre los alcances.
Anamary Maqueira Linares: La estrategia económica a implementar por el gobierno cubano forma parte de la reforma iniciada en 2010 en los marcos del proceso de actualización, que está enraizada en los 90, y detenida a partir de inconsistencias en la implementación, contradicciones internas e ideológicas, y revisiones del conjunto inicial de políticas económicas y sociales concebidas en los lineamientos y aprobadas por el VI Congreso del Partido y que tuvo su punto de retroceso luego de la visita de Obama a Cuba en 2016. Digo todo esto para señalar que las políticas que componen la estrategia han estado ahí en espera por un largo tiempo y que desafortunadamente llegan en el peor momento posible, donde las consecuencias de la crisis económica desatada por la COVID-19 requiere de resultados rápidos, lo cual puede tener efectos negativos en la implementación y articulación de las políticas. Dicho esto, creo que la estrategia apunta a la dirección correcta, aunque es insuficiente, pues carece del principio explícito de la equidad, aunque no desconsidera del todo las desigualdades preexistentes. Creo que su éxito dependerá de la coherencia que se logre en la implementación.
A su juicio, ¿cuáles son las medidas que mayor repercusión tendrán en la economía cubana? ¿Por qué?
David J. Pajón Espina: En primer lugar, la mera indicación de cambio y el reencuentro de las propuestas de política con los compromisos más audaces de la reforma refrendada en previos documentos programáticos y consultas populares. Aquí va una señal para el pueblo en general y las formas no estatales en particular, también a inversores extranjeros, socios comerciales, acreedores, entre otros actores de interés.
En términos específicos: el efecto combinado de las medidas anunciadas para ampliar el espectro de actividades del sector no estatal y potenciar su gestión. El sector no estatal logró expandirse notablemente desde 2010 en un contexto de notables restricciones a partir de motores internos y alianzas externas basadas en la confianza entre las partes, cabe esperar una respuesta similar ahora con la disponibilidad de otros resortes de apoyo y flexibilidad regulatoria, propiciando un aporte cuantitativa y cualitativamente superior al crecimiento y desarrollo.
La autonomía de las empresas del sector estatal constituye otra área de importancia trascendental, habrá que esperar para apreciar el verdadero alcance de dicha autonomía, la reacción de las administraciones adaptadas a prácticas verticalistas anquilosadas, y si habrá reales modificaciones a los incentivos de la alta gerencia y los trabajadores que propicien el aprovechamiento de la autonomía en términos de oportunidades empresariales y dinámicas de productividad.
La creación de circuitos dolarizados y la eliminación del gravamen generará un mayor acceso a la divisa por parte de empresas estatales y el gobierno. Ello debe permitir mantener una oferta en el sector dolarizado, y obtener márgenes (no declarados) para abastecer otros mercados y potenciar la industria nacional. La sostenibilidad del esquema dependerá de priorizar el cumplimiento del compromiso con los proveedores del circuito dolarizado, al cual quedan encadenados los otros objetivos mencionados.
Pavel Vidal: Existe un dilema, en el corto plazo probablemente la dolarización es la medida de mayor impacto positivo pero profundiza el esquema monetario dual que es el principal impedimento que tiene la economía para su competitividad y productividad a largo plazo. Los espacios que se prometen a las formas no estatales, al mercado y a la autonomía empresarial podrían dinamizar el potencial de crecimiento a largo plazo.
Ricardo Torres: La respuesta a esta pregunta depende de lo que se considere más importante. Si el acento está en reducir las presiones en balanza de pagos a través de la captación de divisas, entonces todo lo relacionado con las ventas e importaciones de artículos en dólares es lo más importante. Ese es un tema de corto plazo.
Pero si lo decisivo es la transformación de la estructura productiva, incrementando la productividad y mejorando la competitividad externa; entonces lo principal es el despliegue de todas las formas de propiedad, su combinación y la restructuración de la empresa estatal. En esta lógica, la captura de monedas convertibles es un medio para capear el temporal, y facilitar aquel otro proceso, que es a más largo plazo.
Recuérdese que la dolarización parcial ya se intentó en los noventa, y dado que primó el enfoque de captura de rentas, limitando los cambios en otras áreas, los resultados no fueron muy buenos. Eso lo estamos comprobando hoy. Quizá algo novedoso que tiene la propuesta actual a diferencia de aquella (pendiente de detalles de implementación), es que la dolarización permite la adquisición de bienes de capital a todas las formas de propiedad (tal cual se planteó). Potencialmente esta es una buena idea que requiere implementación ágil y efectiva.
Oscar Fernández Estrada: Las repercusiones principales a nivel político —por la incertidumbre que introduce entre los sectores de menores ingresos— han sido acaparadas por la apertura de canales comerciales mayoristas y minoristas en moneda libremente convertible, lo que en la práctica supone el avance de un tipo parcial de dolarización. Sin embargo, al evaluar integralmente todos los aspectos hasta ahora revelados de la llamada estrategia, aparecen elementos clave que, de implementarse sin intermitencias ni retrocesos, permitirían crear una dinámica económica muy beneficiosa y unas mejores condiciones para asumir el enorme reto de corregir la distorsión monetaria con costos sociales mínimos.
Por otra parte, también acumula titulares la promesa de flexibilización, simplificación y expansión del trabajo privado, así como la tan esperada formalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Sin embargo, el elemento crucial para un verdadero relanzamiento de la economía en su conjunto radica en la transformación del paradigma de “planificación centralizada” esbozado brevemente por el ministro de Economía, y que guarda estrecha correspondencia con lo que enseñamos desde la disciplina de Planificación en las carreras de Economía en nuestro país. “Planificación centralizada no significa asignación centralizada de recursos”, afirmó Alejandro Gil. Y tiene razón. Esta errónea equivalencia ha constituido una formidable deformación para la economía de tránsito socialista, reforzada desde una interpretación —como mínimo— estática y miope de la economía política. En lugar de pretender una noción de “planificación” aspirante a extinguir los espacios de intercambio mercantil, de lo que se trata es de avanzar en la construcción del más amplio set de instrumentos que permita la conducción consciente de estos mercados por el agregado social. Pero, además de la voluntad del liderazgo oficial, para desenterrar las raíces de esta distorsión se necesita de un despliegue del tipo evangélico o prácticamente de una campaña de alfabetización.
A esta reparación conceptual se adhiere de manera armónica el objetivo declarado de integrar horizontalmente —a través de relaciones mercantiles observadas— una economía que hasta hoy ha padecido compartimentaciones espurias, plagada de estancos que derivan de los verticales modos con los que se ha pretendido —o podido— administrar la vida. La intención ahora de rellenar los enormes vacíos en el tejido productivo potenciando el desarrollo y la integración entre todas las formas posibles de propiedad, gestión y organización, constituye la segunda pieza del corazón de esta reforma.
Anamary Maqueira Linares: Los efectos de las medidas en la vida de la gente no se pueden medir por los impactos aislados de las mismas, sino por la forma en que se logren implementar y complementar. Hay un objetivo obvio de captación de divisas ante la desaparición o reducción drástica de las fuentes principales como el turismo y la venta de servicios profesionales en el exterior, una clara apuesta a la emigración y sus vínculos y a un sector de la población con acceso a MLC más amplio. Si el ciclo previsto con relación a esta medida se logra cerrar, es decir, si las divisas captadas por las ventas en las tiendas en MLC se destinan a mantener una oferta ‘decente’ en las tiendas en moneda nacional, ya se lograría parte del objetivo redistributivo. Al ser de las medidas cuyo efecto es más inmediato, y que afectan de manera más directa la redistribución, creo que, junto a la eliminación del gravamen, y la transformación del sector agropecuario constituyen las políticas de mayor repercusión en el corto plazo.
Sin embargo, las medidas relacionadas con los cambios estructurales son las que mayor impacto tendrán a la larga, y las que constituyen las bases del modelo económico cubano a futuro, más allá de la hojarasca que representan las políticas relacionadas con las tiendas en divisas de implementación más inmediata. Esas medidas son la diversificación del tejido empresarial —dígase el establecimiento de las PYMES, la diversificación de formas no estatales en general, y la transformación de la empresa estatal—; la reforma del sistema de planificación centralizada y el establecimiento de un régimen monetario y cambiario único para todo el sistema económico.
¿Cuáles son los principales obstáculos?
David J Pajón: La excesiva gradualidad en la implementación de las medidas anunciadas.
Falta de incentivos por parte de la burocracia a cargo de la implementación, de directivos y trabajadores de las empresas estatales, del empresariado estatal designado para lidiar con la demanda procedente de las formas productivas no estatales y las personas naturales.
Rigideces ideológicas o atrincheramiento de instituciones y estructuras en “zonas de confort” que impidan un despliegue ágil de las medidas anunciadas, su evolución y profundización.
Propensión histórica al manejo discrecional de fondos destinados a honrar compromisos con acreedores. De reproducirse en el nuevo circuito dolarizado, llevaría al colapso del esquema propuesto.
Pavel Vidal: Los principales obstáculos serán institucionales y vendrán desde las fuerzas de resistencia a los cambios en el sector burocrático y en la propia Asamblea Nacional. Por eso es importante que esta vez la reforma no sea fragmentada y lenta, que logre ofrecer resultados pronto y a una amplia base.
Ricardo Torres: Los obstáculos los veo en dos ámbitos concretos. Por una parte, una crisis económica de estas proporciones es un entorno muy retador para restructurar empresas y crear otras nuevas. No abunda el financiamiento, por lo tanto, la inversión será modesta; lo que siempre dificulta crear empleo y mejorar ingresos. Y la incertidumbre complica sobremanera la toma de decisiones.
Pero el mayor obstáculo es interno. Tiene que ver con la oposición de diversos actores, unos más solapadamente, otros de manera más directa. Las autoridades que dirigen el proceso deben estar atentos a los intentos de hacer colapsar esta transformación. Una buena parte de esa oposición está en el propio sector público.
Oscar Fernández Estrada: Si el presidente —como esperamos— logra superar las enormes trabas burocráticas que ya habían sido señaladas reiteradamente por Raúl Castro, el principal reto estará en la refundación de las instituciones. El nuevo modelo económico que se esboza supone un sistema de reglas totalmente diferente, con nuevos modos de conducirse los actores. Para conseguir los mismos objetivos los organismos públicos tendrían que transformar sus procederes y encontrar nuevos “cómo”, nuevos instrumentos para diseñar, implementar y evaluar sus políticas. Pero es mucho lo que hay que desaprender. No lo van a hacer las instituciones por sí mismas. El gobierno central debe identificar esto entre sus prioridades más importantes. No se puede implementar un cambio que no cuente con instituciones listas para conducirlo.
Por ejemplo, sectores emblemáticos como la Agricultura han demostrado su incapacidad para producir soluciones nuevas y creativas en un contexto en extremo crítico, probablemente debido a distorsiones en su diseño o a paralelismos en su subordinación. Ya deberíamos haber aprendido que incrementar la cantidad de dirigentes que visitan el campo no incrementa la producción de alimentos. En cambio, implementar adecuados incentivos que posibiliten cerrar los ciclos productivos con beneficios racionales para los actores, permitiría reducir el despliegue que diariamente nos informa de aquellas formas verbales superiores que “llaman”, “instan”, “convocan” y “exhortan”, sin que los exhortados reaccionen como se necesita. No es preciso aportar evidencias. La economía hay que conducirla —la socialista también— principalmente con mecanismos económicos.
Anamary Maqueira Linares: Asumiendo como dato el contexto adverso en el que se lleva a cabo, los principales obstáculos de la estrategia están en su implementación (como en momentos anteriores se ha demostrado). Es decir, la hoja de ruta de los procesos que implican la puesta en marcha de dicha estrategia es vital ante los riesgos de falta de coherencia y complementariedad debido a la urgencia de obtener resultados expeditos. Esto se traduce, entre otros elementos, en riesgos de incremento de desigualdad social si los ciclos redistributivos no se cierran, por ejemplo.
Desde el diseño mismo de las políticas, un obstáculo importante está relacionado con el mecanismo de acceso a los ingresos en divisas de aquellas entidades no estatales que logren exportar. El mecanismo explicado es complejo y el hecho de que el exportador no pueda acceder libremente a la divisa obtenida por ese medio se erige como desincentivo al productor. Si bien no sería necesario que el productor tenga sus dólares debajo del colchón en su casa, sí debería poder contar con algún mecanismo (cuentas de ahorro en divisas, por ejemplo) para tener acceso a sus dólares si quiere viajar al extranjero o utilizarlos de otra manera fuera de la economía nacional. Ese mecanismo no ha sido descrito aun, y debería ser estudiado. Un tercer obstáculo será la respuesta del gobierno estadounidense ante la nueva estrategia. Como se ha denunciado desde diferentes instancias, dentro y fuera de Cuba, el bloqueo económico a la Isla constituye la limitante externa más importante para el desarrollo de la economía cubana, y sus efectos son reales, más allá de cualquier híper-ponderación discursiva. Especialmente la persecución económica y financiera de la administración Trump no ha tenido precedentes, y es de esperar que así siga y que reaccione ante esta nueva estrategia cubana.
¿Qué medidas urgentes faltarían, a su juicio, además de las tomadas ahora?
David J. Pajón: Ante una revisión profunda de las deficiencias en torno a la captación de inversión extranjera directa (IED), repensar el rol de las agencias empleadoras y sus márgenes leoninos, eliminar la asignación forzada del rol supeditado de trabajador para los cubanos en las diferentes formas de inversión del capital extranjero, propiciar la regulación asociación y establecimiento de derechos de propiedad para flujos de capital foráneo interesados en pactar con el sector privado doméstico.
- Desarrollo de una política crediticia de amplio espectro.
- Actualización de las exigencias fiscales y las escalas progresivas aplicadas a los actuales TCP.
- Transformación de los mecanismos vigentes de asignación igualitaria mediante racionamiento. Definitivamente, la realidad y las nuevas medidas incrementan la desigualdad en la sociedad cubana, por lo que la variante de asignación universal antaño válida debe dar paso a la entrega de un mayor volumen de recursos a quienes más lo necesitan a partir de limitar el acceso de quienes no lo requieren.
- Necesitan explicitarse nuevos mecanismos para facilitar el acceso a los nuevos circuitos a los sectores más vulnerables de la sociedad, y un plan a futuro que propicie su movilidad hacia mayores estándares de bienestar. Por lo pronto, parece asumirse que las medidas propuestas y su potencial de generar recursos y vitalidad a la economía en su conjunto, elevarán el bienestar de la sociedad mediante automatismos poco claros.
Pavel Vidal: No se ha mencionado aún el sistema de contratación de la fuerza laboral para los inversionistas extranjeros. Las agencias empleadoras deben reformularse para no ser más una entidad para recaudo fiscales.
Si bien ya no es posible pensar en una unificación de las monedas, pues vamos a convivir con el dólar estadounidense por un buen tiempo, al menos se debería intentar una corrección y unificación de las tasas de cambio.
Ricardo Torres: Creo que hay que acabar de definir qué se entiende por “medios fundamentales de producción” y tomar decisiones en correspondencia. Esto tiene que ver con la restructuración de la empresa estatal y las diferencias entre propiedad y gestión. Entiendo que no todo se puede abordar al mismo tiempo, pero sería aconsejable empezar a plantearse la conveniencia de eliminar las diferencias de tratamiento a las empresas estatales. Lo que se ha hecho en estas décadas es crear marcos de operación paralelos, que unos los justifican a partir de que el marco más general es desfavorable. Si es así, lo que se debe modificar es el marco general. La dolarización parcial contribuye a segmentar la economía. Y la segmentación no es una buena idea a largo plazo. La modificación del entorno monetario y cambiario tiene que acelerarse para acotar este problema.
Por cierto, escuché con perplejidad la creación de MPYMES (micro pequeñas y medianas empresas) estatales. No sé cuál es la lógica de ese planteamiento, pero a primera vista parece un error innecesario que puede generar mucho desgaste. El Estado admitió que no podía y no quería gestionar actividades de pequeña escala, en la mayoría de las ocasiones, de escasa importancia sistémica. De ese razonamiento surgieron muchas cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Parece como una concesión a los sectores más conservadores. A pequeña escala, no hay separación efectiva entre propiedad y gestión, por lo que la propiedad privada es la opción que mejor puede funcionar. También se podrían considerar las cooperativas, o la propiedad comunal (que nunca ha sido reconocida en nuestro ordenamiento).
Un problema a mediano plazo es qué ocurrirá cuando algunas de esas empresas ya no sean tan pequeñas, y no cumplan el requisito de MPYMES. ¿Las dejarán crecer o continuar operando? ¿Las obligarán a constituirse en sociedad por acciones y vender una parte? ¿A quién, al Estado? ¿Se creará un mercado de capitales? Parece futurista, pero es bueno pensar en estas cuestiones, porque crecer es lo que harán muchas de ellas, si se implementa todo lo anunciado con una efectividad razonable.
El otro asunto que no fue mencionado es el código impositivo. El actual está obsoleto, ya que impone una cuota máxima del 50% del ingreso neto adicional, cuando este sobrepasa los 50 000 CUP anuales, o sea, 4 168 CUP mensuales. A muchos les parece muy alto, pero eso es 162 CUC por mes. Para el titular de un negocio en expansión es muy poco. Eso tiene que ver con la idea poco práctica de darle tratamiento de ingreso personal a un negocio; y por otro, la falsa noción de desigualdad. Es imprescindible corregir esto.
Veamos las graves distorsiones y los perversos incentivos que genera nuestro modelo. Con la reciente decisión de adecuar el tratamiento tributario a los marinos (no tengo nada en contra), tenemos un esquema que trata mucho más favorablemente los ingresos que se generan mayormente fuera del país (marinos, artistas, deportistas) que los que se producen como resultado de la actividad productiva doméstica. Y luego a muchas personas les extraña la “mentalidad importadora” y la escasa producción nacional. Bueno, en parte, ese es el resultado de esas tremendas distorsiones.
Asimismo, no escuché nada sobre la política social. Es urgente que se reconozca que Cuba es una sociedad mucho más desigual que lo que estamos dispuestos a admitir. Y ello tiene consecuencias para el diseño de la política social. No se puede seguir tratando a todos como iguales, cuando no tienen condiciones económicas similares.
Oscar Fernández Estrada: Es muy difícil evaluar el alcance cuando solo se tienen los primeros enunciados. En general parece un curso de acción racional, abarcador, integral, que apunta a eliminar gran parte de los absurdos que llevan demasiado tiempo lastrando nuestra economía y desanimando los esfuerzos individuales y colectivos de muchas personas. No obstante, considero importante señalar un elemento ausente. Aunque la práctica comparada ha demostrado la genuina e histórica preocupación del gobierno por los impactos sociales de cada una de sus políticas económicas, el enfoque de la política social no puede ser subsidiario de esta, ni puede reducirse a las imprescindibles pero insuficientes coberturas universales. Embebidas en las económicas hay que potenciar el despliegue de políticas sociales focalizadas que aprovechen este relanzamiento de la reforma para producir avances en el empoderamiento de grupos sociales menos favorecidos.
Anamary Maqueira Linares: La estrategia es el reinicio de una reforma integral pendiente ya aprobada, que repito, busca obtención de resultados urgentes que ayuden a afrontar la difícil situación de crisis actual, pero faltan muchas medidas para pensar y actuar en consonancia con el hecho de que pese a que la situación actual fue agravada por la crisis del COVID-19, sus causas subyacen en la deformación estructural histórica de la economía cubana.
Lo urgente es hacer lo previsto, y hacerlo bien. No obstante, yo añadiría a lo urgente una política dirigida a los cuidados, con apoyos fiscales concretos a las y los cuidadores. Para ello es necesario crear una comisión o grupo que estudie cuales serían las posibles acciones que en el corto plazo se pueden aplicar en este sentido. Añadiría además una medida de flexibilización en la política aduanera, que ante la reapertura de fronteras permita importar libre de costo cierta cantidad de alimentos y artículos de primera necesidad, algo que también se implementó hace unos años. Otras cuestiones que añadiría, que están quizás de soslayo en la estrategia anunciada hasta el momento, pero que necesitan ser explícitamente incluidas o explicadas son: 1) la posibilidad que los saldos en MLC sean transferidos a cuentas de ahorro en dólares; 2) el incremento de la tasas de interés de las cuentas en dólares; 3) el establecimiento de centros de promoción de exportaciones que proactivamente busquen producciones exportables en el sector no estatal y enlacen a esos productores informándolos sobre sus posibilidades reales de inserción de sus productos en el exterior; 4) el establecimiento de un mercado mayorista de insumos y bienes de capital para los agricultores privados en moneda nacional.
Mucho queda por hacer además en todo aquello que quede afuera de lo considerado urgente.
En cuanto al sector privado, ¿cuáles son las medidas de mayor impacto y cuáles serían los próximos pasos necesarios?
David J. Pajón: Destaca el reconocimiento de micro, pequeñas, medianas empresas con capacidad de asociación de la propiedad privada y estatal.
- Relanzamiento de la creación de cooperativas (que ya contaban con las ventajas potenciales de la personalidad jurídica, cierta capacidad teórica de asociación con el capital extranjero, acceso a facilidades crediticias), aparentemente en su variante “espontánea”.
- La expansión de actividades y la flexibilización de su contenido. Está por ver como se implementa, pero debería transitarse con el tiempo a la creación de una lista relativamente reducida de actividades prohibidas, y a dar la bienvenida a nuevas actividades nacidas de la innovación en el sector no estatal, pensando en su tratamiento fiscal y regulación indirecta en lugar de la propensión a prohibir.
- La posibilidad de acceder a mercados mayoristas y a determinados canales de comercio exterior. A futuro, debe considerarse la posibilidad de acceso directo de las formas no estatales, manteniendo como una opción y no una exigencia la utilización de las empresas estatales de comercio exterior.
Pavel Vidal: Lo que se ha planteado como política para este sector está bien para empezar. Falta ver cómo se instrumenta.
Ricardo Torres: En el papel, se hicieron varias propuestas muy interesantes con relación al sector privado. Ojalá que como resultado de esto se destierre el término “no estatal”, me parece que abusamos de las definiciones negativas. Lo que está en juego es si el sector privado y cooperativo seguirán siendo percibidos como “males necesarios” o se integrarán de pleno derecho al panorama productivo nacional. Queda mucho por explicar en términos de los detalles. Se dijo muy poco respecto a la agricultura, la constitución de las MPYMES, o las importaciones de los TCP y cooperativas a través de empresas estatales.
Respecto a esto último, que es potencialmente muy importante para garantizar el acceso a medios de producción, tengo serias dudas sobre la capacidad de las empresas de comercio exterior para cumplir con ese encargo. Hoy tienen grandes dificultades para atender a un número reducido de grandes empresas del Estado. Y volvió a asomar la mano peluda del rentismo. Un porcentaje por la gestión, y otro para cubrir los gastos de esas empresas. Todo eso lo que hace es alimentar la ineficiencia de las empresas estatales. Los pagos deben ser sobre la base de precios competitivos por servicios que se presten bajo ciertos estándares. La recaudación fundamental debe ser a través del sistema impositivo.
Si se ata el sector privado y cooperativo a la ineficiencia de la empresa estatal, no vamos a llegar muy lejos. Tampoco se dijo nada sobre estimular la competencia, y nivelar gradualmente las reglas de juego.
Oscar Fernández Estrada: Cuando se habla del sector privado en Cuba algunos piensan solo en los dueños de restaurantes y bares. Pero es inconmensurable el potencial de manufactura que se puede desplegar, o de producciones del conocimiento, o de servicios profesionales. La ampliación de la gama de actividades que se puedan emprender de forma autónoma tendrá sin dudas un considerable impacto, no solamente en términos de empleos, sino de incremento de oferta de bienes y servicios finales, así como de soluciones de consumo intermedio imprescindibles para la vitalidad de la gran empresa estatal. El reconocimiento formal a los que decidan constituirse en empresas les otorgará seguridad jurídica y estimulará proyectos de largo plazo, generalmente menos rentistas y más productivos. Por lo demás, construir un ecosistema de competencia y cooperación donde cada actor pueda desplegar la iniciativa en el cumplimiento de su rol constituye una necesidad inaplazable.
Anamary Maqueira Linares: Las medidas de mayor impacto en el sector no estatal están asociadas a las largamente discutidas y demandadas por diversos sectores sociales: la expansión del trabajo por cuenta propia, que espero se traduzca finalmente en la eliminación de la lista actual y el establecimiento de las actividades que NO se podrán ejercer; el establecimiento de las PYMES con su respectivo marco legal y jurídico; el relanzamiento de las cooperativas no agropecuarias y el establecimiento de un mercado mayorista en MLC para el sector no estatal. Los próximos pasos deben encaminarse a pulir los mecanismos de sintonía fina del diseño de la implementación de estas políticas y a incluir políticas dirigidas a priorizar, mediante incentivos (fiscales, crediticios, de formación), la participación en este sector de grupos específicos que de antemano se sabe están subrepresentados, por ejemplo, mujeres, grupos con orientación e identidad sexuales diversas, y grupos racializados, por solo mencionar algunos.
¿Qué se puede esperar a corto y mediano plazo?
David J. Pajón: Este ha sido el primer anuncio de las autoridades, hay que dar tiempo a los procesos de implementación para intentar evaluar mejor sus efectos reales. Por lo pronto, en términos de expectativas, puede resultar atractivo para un área notable de la sociedad, si se considera que más del 30% de los trabajadores activos se desempeñan en el sector no estatal. Si bien la demanda interna puede resultar insuficiente, y existen reservas mermadas para el reinicio de las actividades o nuevas inversiones, el sector no estatal comenzará a reaccionar y a proponer ideas novedosas en cuanto el marco regulatorio vigente lo permita, lo cual cobrará aceleración en momentos de reapertura de fronteras y arribo de flujos de turistas y la diáspora.
Por otra parte, de manejarse correctamente los circuitos de ventas en divisas, estos pueden mantener un cierto nivel de oferta en las tiendas, garantizar el consumo final y de insumos, y garantizar una fuente de divisas de cierta estabilidad a las autoridades.
Esta ha sido una primera aproximación. Las autoridades tienen aún mucho que explicar sobre su plan, y sobre pendientes en términos de política social orientada a sectores vulnerables. Por otra parte, más allá de su implementación, el éxito estará en mantener una reforma aperturista y en evolución, con la mira puesta en la producción, el crecimiento, el desarrollo y la creciente inclusión social.
Pavel Vidal: Dependerá del grado de integralidad y de la velocidad de los cambios. Se debe clarificar el objetivo final de todos estos cambios, el modelo al que se aspira, definir un cronograma y convencer de que no hay marcha atrás.
Ricardo Torres: Si se implementa todo lo que se anunció, el resto del año va a ser muy movido. Remontar esta crisis requerirá de estos y otros pasos coherentes. Se dijo que pronto se anunciará el Plan de Desarrollo hasta 2030, al que le quedan apenas 10 años. A partir de este, se podrá contar con otros elementos de análisis. No se debe divorciar la superación de la crisis de la transformación del modelo.
Los próximos meses serán duros. La economía mundial está en graves problemas, vamos hacia la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y nuestra economía es muy vulnerable. Hay que esperar por la evolución del turismo, pero los pronósticos no son buenos. Quizá conviene repensar la propia estrategia de desarrollo. No obstante, una mejor estructura de incentivos hacia la producción en todos los actores debe rendir frutos.
Oscar Fernández Estrada: Al innegable entusiasmo popular que acompañó los debates del VI Congreso del PCC y los inicios de la Actualización en 2011, le siguió un desconcierto mortal con la pausa y desmontaje de la mayoría de los avances de ese proceso, cuyo punto político culminante estuvo en las contradictorias restricciones impuestas al ejercicio del trabajo por cuenta propia a menos de un año de haberse aprobado la Conceptualización. Ya ese costo es económica y socialmente irrecuperable. Que un episodio de esa naturaleza pueda repetirse no es imposible. Aunque todo indica que las circunstancias han inclinado nuevamente la balanza hacia la defensa de la reforma.
El ministro Gil se refirió a esto cuando afirmó: “Creo que hemos madurado un grupo de conceptos también, que es posible implementarlos ahora con más celeridad (…) todo lo que estamos haciendo para afrontar este escenario es lo que decimos que llegó para quedarse. Esto no es ahora y vamos para atrás después, sino que vamos siempre en el sentido de marchar hacia adelante.”
Esperemos que aquellas voluntades anónimas que desde cierto poder se han opuesto a la voluntad soberana, ahora refrendada en Constitución, e incluso a la voluntad de la fuerza dirigente superior explícita en sus documentos rectores, se sumen entonces a la inmensa tarea de reconstruir esta testaruda economía socialista que sobrevive a pesar de todos los bloqueos.
Anamary Maqueira Linares: Los efectos esperados dependerán de la implementación de la estrategia. Entre esos efectos puedo mencionar una mayor visibilización de la segmentación de la demanda que ya existe en el país en el corto plazo, y por tanto de las desigualdades. A mediano plazo se espera que la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria se lleve a cabo, así como controles sobre el proceso inflacionario que ya experimenta la parte de la economía que no funciona con precios planificados, de modo que se frene la espiral inflacionaria. Es decir, se esperaría que las medidas pongan un techo a la inflación e impidan dicha espiral. Esperaría también un tejido empresarial diversificado, heterogéneo, más imbricado, con relaciones productivas más expeditas, complementarias y dinámicas.
David J. Pajón Espina: Economista cubano, emprendedor y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Es Licenciado en Economía Global y Máster en Economía.
Pavel Vidal: Doctor en Economía y profesor de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia. Ha sido analista en la División de Política Monetaria del Banco Central de Cuba.
Ricardo Torres: Doctor en Ciencias Económicas, profesor auxiliar e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana
Oscar Fernández Estrada: Doctor en Ciencias Económicas y director del Departamento Docente de Planificación de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Es coautor de varios libros sobre economía cubana.
Anamary Maqueira Linares: Candidata a Doctora en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst. Es Máster en Economía del Desarrollo por FLACSO Ecuador y Licenciada en Economía por la Universidad de la Habana.
Por Rogelio Castro Muñiz
