El 2030, el Ordenamiento, las Pymes y la Necesidad de producir alimentos

 Por Joaquín Benavides Rodríguez*

 El Plan del 2030 es un objetivo de planificación a largo plazo. Le interesa sobre todo a los planificadores estratégicos, a los gobernantes cuando quieren convencer de que están pensando  en objetivos que van a mejorar las condiciones de vida de la próxima generación, pero interesa mucho menos a la inmensa mayoría de la población adulta que lleva un año cuidándose de la Covid, soportando las agresiones incrementadas del gobierno norteamericano, soportando innumerables necesidades y observando con impaciencia la lentitud desesperante del Gobierno de actuar eficazmente para comenzar a revertir la situación.  La Constitución de la República aprobada en el 2019 y plenamente vigente, sin embargo no parece estar incluida entre las prioridades que deben ponerse en vigor como premisas que al mismo tiempo que garantiza derechos económicos para todos los ciudadanos crea condiciones para que todos puedan incorporarse a ejercer ese derecho que constitucionalmente debe ser garantizado. Proyectar el desarrollo de la economía sin incorporar y sin poner en vigor lo que establece el artículo 22 ¨Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúa en similares condiciones; el estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social. El estado regula lo relativo al ejercicio y alcance de las formas de propiedad¨, sería un ejercicio de planificación que no se enmarca en el mandato constitucional.

La Tarea Ordenamiento al fin llego. Lo hizo tarde y en el peor momento, pero el Gobierno tuvo la valentía estratégica de asumirla, enfrentar sus consecuencias y gestionar con habilidad los errores inevitables de una tarea trascendental y enorme que debió ser acometida en muchas mejores condiciones diez años antes. Pero incomprensiblemente se ha detenido. Es como si no se hubiera planificado la secuencia de lo que seguía. En esas condiciones el riesgo de la inflación era evidente. Se advirtió, pero con controles de precios solo no es posible controlarla. La emisión monetaria ha resultado necesariamente alta, confirmando la política de no aplicar una terapia de choque, evitando que el imprescindible ajuste recayera, en el corto plazo, en la población menos favorecida. Pero el déficit de oferta se hace cada vez más evidente y la empresa estatal, acostumbrada a resolverlo todo importando no acaba de reaccionar. Va a demorar en hacerlo. Y al no existir objetivamente posibilidad de que en el corto plazo (uno o dos años), las empresas estatales puedan generar un incremento de la oferta significativo, la única posibilidad objetiva de evitar y combatir una inflación galopante,  además para permitir salvar en el mediano plazo las conquistas de nuestro socialismo, es introducir rápidamente y sin más temores absurdos al sector privado en la economía, con las limitaciones y regulaciones que establece la Constitución de la República aprobada en el 2019, hace dos años.

La legislación correspondiente para la reglamentación de las Pymes, para lo que existe una amplia experiencia internacional y que son  identificadas en la Conceptualización aprobada en el VII Congreso del Parido hace 5 años,  como pequeñas, medianas y microempresas privadas; junto a los Trabajadores por Cuenta Propia, en la nueva propuesta presentada por la Ministra de Trabajo, en el que exista un listado de lo que se prohíbe y en que todo lo demás se pueda presentar a aprobación como un proyecto en una ventanilla única, y que se analice y se apruebe en forma expedita;  además de la regulación legal definitiva de las llamadas cooperativas no agropecuarias, son las decisiones más urgentes que tendría que adoptar el Gobierno para sin tener que invertir, comenzar a detener y lentamente a revertir el peligroso proceso de inflación que comienza a desatarse y para el cual el control de precios topados está demostrado que es contraproducente porque le pone un valladar infranqueable al desarrollo y crecimiento de la producción, especialmente de los alimentos. Los precios de los productos alimenticios comienzan a disminuir, en Cuba y en el mundo cuando la producción comienza a superar la capacidad solvente de la población de adquirirlos. Cuando ese punto se alcanza, los precios comienzan a disminuir. Las fórmulas y métodos de proteger a la población que no tiene capacidad de acceder a los precios regulados del mercado de productos alimenticios se conocen y de ellos existe amplia experiencia internacional. En este comentario no pretendo abundar sobre este aspecto, pero si antes de que los burócratas desactualizados o con criterio facilista decidan sobre un tema tan estratégico para el crecimiento de la producción agropecuaria, se les consultara en un proceso amplio y sin exclusiones de ningún tipo, a las decenas de compañeros de muchos años de trabajo con conocimientos y  experiencia que no tienen otro interés que contribuir a que se aplique en la administración y conducción de la economía, conceptos y métodos, que lamentablemente somos casi el único país que insiste casi irracionalmente en no aplicarlos, se podrían evitar los errores que desde hace casi 5 años se vienen cometiendo y que han provocado que en un momento tan peligroso en varios sentidos como el actual, la capital del país, con más de dos millones de habitantes se haya quedado sin productos alimenticios producidos por la agricultura cubana.

No hay tarea más urgente que poner a producir al máximo de sus posibilidades a la agricultura cubana. Y no puede ser un objetivo del Plan para el 2030. Debería ser un objetivo a lograr en un horizonte temporal de tres años como máximo. Eso es lograble si se hace lo que hay que hacer. La inversión estatal debe volcarse en la infraestructura que beneficia a la capacidad productiva de las tierras de toda la nación y en las empresas estatales tanto agropecuarias como las que procesan con la tecnología más moderna posible esas producciones y las de las cooperativas que se encadenan con las empresas. Esta parte hay que gestionarla y medirla aparte de la agricultura en manos de pequeños productores privados, que integran cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios y también los usufructuarios de tierras, que sean socios o no de las CCS, y que explotan las tierras peores del país, en todos los sentidos, pero que sin embargo, producen en condiciones muy desventajosas más del 50% de muchos de los alimentos que reclama diariamente la población para su alimentación. Esta es la parte precisamente que hay que abrir a la inversión de las Pymes para que introduzcan en las mismas pequeños capitales, tecnología, pequeñas inversiones en riego, energía solar, técnicas de comercialización e introducción de las tecnologías de la información. Demorar más esta decisión, será un error muy grave en la conducción económica, que tiene todas las posibilidades de convertirse en un error político. No basta con decir que se está estudiando entre las tareas del Plan. Hay que legislar con agilidad.

 23 de febrero de 2021

*Joaquín Benavides Rodríguez. Ocupó el cargo de Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986). Fue Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991). Entre 1991 y 2003 ocupó el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Transporte