Asesor del CIEM
Un
primer elemento de singular importancia a destacar sobre el impacto de la
reunificación monetaria y cambiaria evidencia que –a corto plazo- se manifiestan
primero los costos de la medida, mientras que sus beneficios se apreciarán a
mediano y largo plazo, ya que los mismos suponen una reacción a los mecanismos
económicos de los actores económicos estatales y no estatales que tomará tiempo
para surtir efectos.
Sin
embargo, los costos de la decisión se hicieron evidentes para la población en
la misma medida en que –como se señaló anteriormente- las expectativas ante las
transformaciones anunciadas eran de signo positivo, lo que no se materializó en
lo inmediato como se esperaba. Esto se pudo apreciar a través de una encuesta
realizada a inicios de febrero del 2021 por un grupo de periodistas, la que arrojó
que un 48% valoraba positivamente la Tarea Ordenamiento, aunque debían revisarse
algunas cuestiones, pero un 37% opinó que fue inoportuno realizarla en medio de
la pandemia, dada la mala situación económica y la escasez de productos. Por otro lado, un 30,2% dijo que el salario
de enero no le alcanzó hasta el cobro de febrero, mientras que otro 21% expresó
que le alcanzó, pero no cubrió sus necesidades y un 31,5% manifestó que le
alcanzó un poco más que antes.[2]
A
lo anterior se añadió que la explicación detallada de las implicaciones de este
ajuste monetario y cambiario se realizó en un tiempo relativamente breve –de
octubre a diciembre de 2020- sin que mediara una discusión colectiva,[3]
en una situación en la que la cultura económica promedio de la población no parece
haber alcanzado el nivel necesario para entender todas las explicaciones, en
medio de una coyuntura económica negativa.
En
el diseño de la Tarea Ordenamiento se manifestaron también algunas brechas en
relación a los cálculos originales, que han llevado a la necesidad de
rectificar diversas medidas, o a volver a estudiarlas. En este caso pueden
señalarse los siguientes ejemplos:
Ø La
reforma salarial, que se incluyó en la compensación prevista ante el aumento de
los precios, en el diseño original llevaba a un crecimiento del fondo se
salarios de 34 000 a 160 000 millones de pesos, pero el mismo finalmente fue de
139 000 millones “…lo que significa que nos quedamos en unos 20 000 millones
por debajo de lo que debió haberse hecho para tratar de resolver un poco más
las incongruencias que tenía el salario en el punto de partida.”[4]
Esta posible solución se vio limitada por restricciones macroeconómicas, según
las explicaciones públicas ofrecidas.
Ø La
base de cálculo para el salario mínimo partió de un estimado del gasto en
alimentación por persona basado en solo
2 100 kilocalorías diarias, cuando lo recomendado se encuentra entre 2 300 y 2
400 y el consumo real estimado en el 2016 llegaba ya a 3 524 kilocalorías. De
este modo, la compensación quedaba por debajo del consumo real y de las
recomendaciones.
Ø La
elevación de las cuantías de las pensiones se estableció diferenciadamente,
donde van a recibir más las personas de mayores ingresos en el punto de partida.
En este caso, las pensiones de hasta 500 pesos mensuales reciben un incremento máximo
que va de un estimado de 1 248 a 1 308 mensuales, en tanto que las que ganan
desde 501 pesos suben sus ingresos en 1 528 pesos adicionalmente como mínimo,
lo que se suma al monto de la pensión anterior.
Ø Se presenta en el diseño una pérdida en el estímulo al ahorro en pesos cubanos (CUP) -que alcanzaban una magnitud de 47 097 MMP en el 2019- ya que la pérdida de su poder de compra ante la devaluación de la moneda no se compensa, aunque sí se hace con los ahorros en CUC. Al respecto se declaraba “En el caso de las cuentas de ahorro, si hay incrementos de precios, inevitablemente se perderá capacidad de compra, pues resulta insostenible para la economía multiplicar ese ahorro por el tipo de cambio que se establezca. Eso nadie lo hace en el mundo”.[5]
En
el contexto de la Tarea Ordenamiento
para el sector no estatal, también se implementaron un conjunto de
medidas con el objetivo de brindar un nivel de compensación frente a la adversa
coyuntura económica del 2020. De tal modo, se aprobó un mínimo exento de
impuestos sobre ingresos por 39 120 CUP anuales, con el descuento del 100% de
los gastos incurridos (justificando el 80% de los mismos) y se eximió del pago
a los negocios que suspendieron sus
actividades producto de la COVID 19, por un período de 6 meses o más.[6]
También se autorizó al sector no estatal para la venta directa a la Zona
Especial de Desarrollo de Mariel y para realizar exportaciones e importaciones
mediante empresas estatales cubanas especializadas, al tiempo que se avanzó
discretamente en la venta mayorista de insumos al sector no estatal.
Finalmente, se anunció la aprobación del ejercicio de actividades económicas
del sector no estatal en todas las actividades reconocidas oficialmente,
excepto para 124 de ellas, invirtiendo así las restricciones basadas en una
lista positiva vigente hasta entonces.
Además
de los aspectos concretos señalados, se presentaron un grupo de dificultades no
previstas al implementar lo normado en la formación de precios minoristas estatales
y no estatales.
De
ellos se mantenían centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios en unos
209 renglones considerados sensibles, a los que se añadieron los precios de 489
productos dentro de los materiales de construcción, los precios de venta de la
mayoría de las mercancías y servicios de las TRD, anteriormente cotizados en
CUC, medicamentos asociados a enfermedades crónicas de tratamiento permanente y
las tarifas de transportación, entre los rubros más importantes.[7]
Por
otra parte, al descentralizar la formación del resto de los precios estatales a
niveles de otros ministerios, empresas y territorios, se fijaron límites
máximos de incremento. Sin embargo, en múltiples casos los aumentos se
aplicaron con el nivel máximo permisible, lo que llevó a una elevación de
precios en cadena desde el nivel mayorista hasta el minorista, situación que produjo
un impacto negativo. Esto puede apreciarse en los casos reportados de la
empresa agroindustrial Ceballos de Ciego de Ávila,[8]
hasta el Sistema de Atención a la Familia (SAF) en Cienfuegos.[9]
Según
datos del MFP, producto de las inspecciones de precios realizadas en las
primeras semanas del año, se detectaron violaciones en el 47% de los casos, de
ellas un 39% en entidades estatales y un 56% en el sector no estatal. Esta
situación llevó a que se aprobara el Decreto Ley Nº 30 a finales de enero, que
estableció fuertes multas entre 5 000 y 15 000 pesos por violaciones en tarifas
y precios por comerciantes de entidades estatales y no estatales.[10]
A
estas violaciones se sumaron otros elementos que impulsaron el crecimiento de
los precios y las presiones inflacionarias, entre los que se destacan el
déficit de oferta; el elevado déficit fiscal; presencia de un mercado que opera
en USD como referente de precios y de cotización del dólar norteamericano en la
economía informal y el crecimiento a corto plazo de la liquidez total a cuenta
de incrementos futuros de la producción y los servicios.
En
el análisis de los resultados de la Tarea Ordenamiento en un recorrido por
todas las provincias del país y el MEIJ, el presidente Miguel Díaz Canel señalaría
que se había pasado en su implementación por diferentes problemáticas,
destacando la insuficiente preparación
de algunos directivos, sobre todo en el sector empresarial; el relacionar
aspectos que tenían problemas antes del proceso de ordenamiento y achacárselas
a este; a esto se añadió la mala argumentación que diversas direcciones
administrativas dieron a sus trabajadores, con la ausencia de una adecuada
explicación. [11]
IX
La reacción del gobierno cubano frente a las dificultades y
errores ha sido tratar de resolverlos de forma transparente, sin improvisaciónes
y con la mayor rapidez posible.
Debe reconocerse que la modelación del enorme conjunto de
medidas que implica la reunificación monetaria y cambiaria, ha sido una tarea
muy difícil, donde era prácticamente imposible que no se presentaran errores y
fallos en el funcionamiento de todo el sistema de la economía. Al respecto se ha
reconocido que “…ha faltado iniciativa y prevención de los problemas antes,
muchos de ellos rectificados, a partir de las quejas de la población.”[12]
Sigue siendo objeto de discusión entre la población si el
momento de inicio de este proceso fue el más adecuado, tomando en cuenta la
difícil coyuntura inicial del año 2021. Para tener una valoración más objetiva
habrá que esperar tal vez algunos meses.
No obstante, tomando en cuenta la necesidad de asegurar que
el sistema monetario y cambiario sirva para impulsar las transformaciones
estructurales que quedan por realizar para impulsar nuestra estrategia de
desarrollo económico y social, es posible y necesario considerar algunos
elementos que pueden ayudar a ese propósito. Entre ellos se destacarían.
Ø No es tarde para desarrollar
un proceso de análisis y estudio colectivo de la Tarea Ordenamiento con los
actores presentes en la economía cubana y la población para lograr el consenso
indispensable para su implementación, tomando en cuenta las experiencias
positivas del Período especial y la discusión de los documentos que se
elaboraron para el VII congreso del PCC en el 2016.
Ø Revisar las brechas que pueden
identificarse en el diseño de la Tarea
Ordenamiento para su solución.
Ø Completar una revisión y/o
rectificación de las fichas de costo y las tasas de rentabilidad implementadas
y por implementar, tanto en el sector estatal como en el no estatal.
Ø Revisar e implementar la
política de estímulo al ahorro para las personas naturales y jurídicas,
incluyendo tasas de interés apropiadas, así como la oferta de conversión de los
ahorros en bonos de deuda pública, que permitan manejar mejor el elevado
déficit fiscal actual y a corto plazo.
Ø Revisar la política de
asistencia social, elevando sus niveles de cobertura. Ello implica revisar lo
previsto en la Ley 105 para asegurar que se frene el deterioro de los niveles
de vida de la población más vulnerable. Crear un sistema de bonificación para
cubrir las necesidades más urgentes de los jubilados de menores ingresos.
Febrero 15 del 2021.
[1] Los datos cuya fuente no se cita expresamente corresponden al “Anuario
Estadístico de Cuba. 2019” La Habana, 2020 disponible en www.onei.gob.cu y a la “Intervención del
Ministro de Economía y Planificación en la Asamblea Nacional del Poder Popular
el 17 de diciembre del 2020” en CUBAVISION TV, diciembre 18 del 2020.
[2] Ver “Del cálculo, la planificación y la realidad” periódico Juventud
Rebelde, febrero 14 del 2021.
[3] En el proceso de saneamiento financiero que se desarrollo durante el
año 1994, se llevaron a cabo los llamados “Parlamentos obreros” para discutir
con la población que medidas económicas debían implementarse en medio del
Período especial antes de su discusión en la Asamblea Nacional.
[4] Ver declaraciones de Marino Murillo en la Mesa Redonda Op. Cit.
[5] Ver “Tarea Ordenamiento: Ajustes necesarios que benefician a todos”
octubre 31 de 2020 en www.cadenaagramonte.cu
[6] Ver “Aclara Finanzas y Precios sobre adecuaciones
tributarias para el sector no estatal” periódico Juventud Rebelde, diciembre 24
de 2020 en www.juventudrebelde.cu
[7] Ver “Ordenamiento monetario:
Precisiones sobre los precios y adecuaciones en comedores y transporte obrero”
enero 14 de 2021 en www.cubadebate.cu
[8] Ver “Agroindustrial Ceballos:
Ajustadísimas matemáticas” febrero 11 de 2021 en www.invasor.cu
[9] Ver “Tarea Ordenamiento: Sistema
de atención a la familia modifica precios en Cienfuegos” enero 27 de 2021 en www.5septiembre.cu
[10] Ver “Decreto Ley Nº 30” enero 20
2021 GO EXT Nº 8 www.gacetaoficial.gob.cu
[11] Ver “Los primeros saldos del reordenamiento” febrero 5 del 2021 en www.cubayeconomia.blospot.com
[12] Ver “Tarea Ordenamiento. Nuevas
decisiones a partir de la voluntad del pueblo” periódico Granma, febrero 11 del
2021.
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