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jueves, 18 de febrero de 2021

LA ECONOMÍA CUBANA EN 2020 Y PERSPECTIVAS DEL 2021. UNA EVALUACION PRELIMINAR (VI)[1]

Por Dr. José Luis Rodríguez
Asesor del CIEM

VIII

Un primer elemento de singular importancia a destacar sobre el impacto de la reunificación monetaria y cambiaria evidencia que –a corto plazo- se manifiestan primero los costos de la medida, mientras que sus beneficios se apreciarán a mediano y largo plazo, ya que los mismos suponen una reacción a los mecanismos económicos de los actores económicos estatales y no estatales que tomará tiempo para surtir efectos.

Sin embargo, los costos de la decisión se hicieron evidentes para la población en la misma medida en que –como se señaló anteriormente- las expectativas ante las transformaciones anunciadas eran de signo positivo, lo que no se materializó en lo inmediato como se esperaba. Esto se pudo apreciar a través de una encuesta realizada a inicios de febrero del 2021 por un grupo de periodistas, la que arrojó que un 48% valoraba positivamente la Tarea Ordenamiento, aunque debían revisarse algunas cuestiones, pero un 37% opinó que fue inoportuno realizarla en medio de la pandemia, dada la mala situación económica y la escasez de productos.  Por otro lado, un 30,2% dijo que el salario de enero no le alcanzó hasta el cobro de febrero, mientras que otro 21% expresó que le alcanzó, pero no cubrió sus necesidades y un 31,5% manifestó que le alcanzó un poco más que antes.[2]

A lo anterior se añadió que la explicación detallada de las implicaciones de este ajuste monetario y cambiario se realizó en un tiempo relativamente breve –de octubre a diciembre de 2020- sin que mediara una discusión colectiva,[3] en una situación en la que la cultura económica promedio de la población no parece haber alcanzado el nivel necesario para entender todas las explicaciones, en medio de una coyuntura económica negativa.

En el diseño de la Tarea Ordenamiento se manifestaron también algunas brechas en relación a los cálculos originales, que han llevado a la necesidad de rectificar diversas medidas, o a volver a estudiarlas. En este caso pueden señalarse los siguientes ejemplos:

Ø La reforma salarial, que se incluyó en la compensación prevista ante el aumento de los precios, en el diseño original llevaba a un crecimiento del fondo se salarios de 34 000 a 160 000 millones de pesos, pero el mismo finalmente fue de 139 000 millones “…lo que significa que nos quedamos en unos 20 000 millones por debajo de lo que debió haberse hecho para tratar de resolver un poco más las incongruencias que tenía el salario en el punto de partida.”[4] Esta posible solución se vio limitada por restricciones macroeconómicas, según las explicaciones públicas ofrecidas.

Ø La base de cálculo para el salario mínimo partió de un estimado del gasto en alimentación por  persona basado en solo 2 100 kilocalorías diarias, cuando lo recomendado se encuentra entre 2 300 y 2 400 y el consumo real estimado en el 2016 llegaba ya a 3 524 kilocalorías. De este modo, la compensación quedaba por debajo del consumo real y de las recomendaciones.

Ø La elevación de las cuantías de las pensiones se estableció diferenciadamente, donde van a recibir más las personas de mayores ingresos en el punto de partida. En este caso, las pensiones de hasta 500 pesos mensuales reciben un incremento máximo que va de un estimado de 1 248 a 1 308 mensuales, en tanto que las que ganan desde 501 pesos suben sus ingresos en 1 528 pesos adicionalmente como mínimo, lo que se suma al monto de la pensión anterior.

Ø Se presenta en el diseño una pérdida en el estímulo al ahorro en pesos cubanos (CUP) -que alcanzaban una magnitud de 47 097 MMP en el  2019- ya que la pérdida de su poder de compra ante la devaluación de la moneda no se compensa, aunque sí se hace con los ahorros en CUC. Al respecto se declaraba “En el caso de las cuentas de ahorro, si hay incrementos de precios, inevitablemente se perderá capacidad de compra, pues resulta insostenible para la economía multiplicar ese ahorro por el tipo de cambio que se establezca. Eso nadie lo hace en el mundo”.[5] 

En el contexto de la Tarea Ordenamiento  para el sector no estatal, también se implementaron un conjunto de medidas con el objetivo de brindar un nivel de compensación frente a la adversa coyuntura económica del 2020. De tal modo, se aprobó un mínimo exento de impuestos sobre ingresos por 39 120 CUP anuales, con el descuento del 100% de los gastos incurridos (justificando el 80% de los mismos) y se eximió del pago a los negocios  que suspendieron sus actividades producto de la COVID 19, por un período de 6 meses o más.[6] También se autorizó al sector no estatal para la venta directa a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y para realizar exportaciones e importaciones mediante empresas estatales cubanas especializadas, al tiempo que se avanzó discretamente en la venta mayorista de insumos al sector no estatal. Finalmente, se anunció la aprobación del ejercicio de actividades económicas del sector no estatal en todas las actividades reconocidas oficialmente, excepto para 124 de ellas, invirtiendo así las restricciones basadas en una lista positiva vigente hasta entonces.

Además de los aspectos concretos señalados, se presentaron un grupo de dificultades no previstas al implementar lo normado en la formación de precios minoristas estatales y no estatales.

De ellos se mantenían centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios en unos 209 renglones considerados sensibles, a los que se añadieron los precios de 489 productos dentro de los materiales de construcción, los precios de venta de la mayoría de las mercancías y servicios de las TRD, anteriormente cotizados en CUC, medicamentos asociados a enfermedades crónicas de tratamiento permanente y las tarifas de transportación, entre los rubros más importantes.[7]

Por otra parte, al descentralizar la formación del resto de los precios estatales a niveles de otros ministerios, empresas y territorios, se fijaron límites máximos de incremento. Sin embargo, en múltiples casos los aumentos se aplicaron con el nivel máximo permisible, lo que llevó a una elevación de precios en cadena desde el nivel mayorista hasta el minorista, situación que produjo un impacto negativo. Esto puede apreciarse en los casos reportados de la empresa agroindustrial Ceballos de Ciego de Ávila,[8] hasta el Sistema de Atención a la Familia (SAF) en Cienfuegos.[9]

Según datos del MFP, producto de las inspecciones de precios realizadas en las primeras semanas del año, se detectaron violaciones en el 47% de los casos, de ellas un 39% en entidades estatales y un 56% en el sector no estatal. Esta situación llevó a que se aprobara el Decreto Ley Nº 30 a finales de enero, que estableció fuertes multas entre 5 000 y 15 000 pesos por violaciones en tarifas y precios por comerciantes de entidades estatales y no estatales.[10]

A estas violaciones se sumaron otros elementos que impulsaron el crecimiento de los precios y las presiones inflacionarias, entre los que se destacan el déficit de oferta; el elevado déficit fiscal; presencia de un mercado que opera en USD como referente de precios y de cotización del dólar norteamericano en la economía informal y el crecimiento a corto plazo de la liquidez total a cuenta de incrementos futuros de la producción y los servicios.

En el análisis de los resultados de la Tarea Ordenamiento en un recorrido por todas las provincias del país y el MEIJ, el presidente Miguel Díaz Canel señalaría que se había pasado en su implementación por diferentes problemáticas, destacando  la insuficiente preparación de algunos directivos, sobre todo en el sector empresarial; el relacionar aspectos que tenían problemas antes del proceso de ordenamiento y achacárselas a este; a esto se añadió la mala argumentación que diversas direcciones administrativas dieron a sus trabajadores, con la ausencia de una adecuada explicación. [11]

IX

La reacción del gobierno cubano frente a las dificultades y errores ha sido tratar de resolverlos de forma transparente, sin improvisaciónes y con la mayor rapidez posible.

Debe reconocerse que la modelación del enorme conjunto de medidas que implica la reunificación monetaria y cambiaria, ha sido una tarea muy difícil, donde era prácticamente imposible que no se presentaran errores y fallos en el funcionamiento de todo el sistema de la economía. Al respecto se ha reconocido que “…ha faltado iniciativa y prevención de los problemas antes, muchos de ellos rectificados, a partir de las quejas de la población.”[12]

Sigue siendo objeto de discusión entre la población si el momento de inicio de este proceso fue el más adecuado, tomando en cuenta la difícil coyuntura inicial del año 2021. Para tener una valoración más objetiva habrá que esperar tal vez algunos meses.

No obstante, tomando en cuenta la necesidad de asegurar que el sistema monetario y cambiario sirva para impulsar las transformaciones estructurales que quedan por realizar para impulsar nuestra estrategia de desarrollo económico y social, es posible y necesario considerar algunos elementos que pueden ayudar a ese propósito. Entre ellos se destacarían.

Ø No es tarde para desarrollar un proceso de análisis y estudio colectivo de la Tarea Ordenamiento con los actores presentes en la economía cubana y la población para lograr el consenso indispensable para su implementación, tomando en cuenta las experiencias positivas del Período especial y la discusión de los documentos que se elaboraron para el VII congreso del PCC en el 2016.

Ø Revisar las brechas que pueden identificarse en  el diseño de la Tarea Ordenamiento para su solución.

Ø Completar una revisión y/o rectificación de las fichas de costo y las tasas de rentabilidad implementadas y por implementar, tanto en el sector estatal como en el no estatal.

Ø Revisar e implementar la política de estímulo al ahorro para las personas naturales y jurídicas, incluyendo tasas de interés apropiadas, así como la oferta de conversión de los ahorros en bonos de deuda pública, que permitan manejar mejor el elevado déficit fiscal actual y a corto plazo.

Ø Revisar la política de asistencia social, elevando sus niveles de cobertura. Ello implica revisar lo previsto en la Ley 105 para asegurar que se frene el deterioro de los niveles de vida de la población más vulnerable. Crear un sistema de bonificación para cubrir las necesidades más urgentes de los jubilados de menores ingresos.

Febrero 15 del 2021.



[1] Los datos cuya fuente no se cita expresamente corresponden al “Anuario Estadístico de Cuba. 2019” La Habana, 2020 disponible en www.onei.gob.cu y a la “Intervención del Ministro de Economía y Planificación en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 17 de diciembre del 2020” en CUBAVISION TV, diciembre 18 del 2020.

[2] Ver “Del cálculo, la planificación y la realidad” periódico Juventud Rebelde, febrero 14 del 2021.

[3] En el proceso de saneamiento financiero que se desarrollo durante el año 1994, se llevaron a cabo los llamados “Parlamentos obreros” para discutir con la población que medidas económicas debían implementarse en medio del Período especial antes de su discusión en la Asamblea Nacional.

[4] Ver declaraciones de Marino Murillo en la Mesa Redonda Op. Cit.

[5] Ver “Tarea Ordenamiento: Ajustes necesarios que benefician a todos” octubre 31 de 2020 en www.cadenaagramonte.cu

[6]  Ver  “Aclara Finanzas y Precios sobre adecuaciones tributarias para el sector no estatal” periódico Juventud Rebelde, diciembre 24 de 2020 en www.juventudrebelde.cu

[7]  Ver “Ordenamiento monetario: Precisiones sobre los precios y adecuaciones en comedores y transporte obrero” enero 14 de 2021 en www.cubadebate.cu

[8]  Ver “Agroindustrial Ceballos: Ajustadísimas matemáticas” febrero 11 de 2021 en www.invasor.cu

[9]  Ver “Tarea Ordenamiento: Sistema de atención a la familia modifica precios en Cienfuegos” enero 27 de 2021 en www.5septiembre.cu

[10]  Ver “Decreto Ley Nº 30” enero 20 2021 GO EXT Nº 8  www.gacetaoficial.gob.cu

[11] Ver “Los primeros saldos del reordenamiento” febrero 5 del 2021 en www.cubayeconomia.blospot.com

[12]  Ver “Tarea Ordenamiento. Nuevas decisiones a partir de la voluntad del pueblo” periódico Granma, febrero 11 del 2021.

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