En julio de 2020, el gobierno aprobó una política de recuperación económica para el periodo poscovid que contempla, entre varios ejes, potenciar la empresa estatal, así como a los sectores cooperativo y privado, con un papel complementario.
Obreros trabajan en la restauración del Teatro Campoamor, que la Empresa gubernamental Puerto Carenas ejecuta en La Habana. Aunque vedadas actualmente, la creación de cooperativas o pymes en Cuba enfocadas en la construcción y rehabilitación de viviendas pudiera dinamizar al sector, en un país con un déficit habitacional de unos 900 000 inmuebles.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
La Habana, 10 jun.- El gobierno de Cuba dio un espaldarazo a las nuevas normas que permitirán constituir cooperativas no agropecuarias y dar luz verde legal a las pequeñas y medianas empresas (mipymes), pero persisten interrogantes sobre la celeridad, o no, en la implementación de esas transformaciones que demanda la economía con urgencia.
El 2 de junio, un reporte oficial indicó que el Consejo de Ministros aprobó el denominado “perfeccionamiento de los actores de la economía cubana”, que incluye a la empresa estatal socialista -catalogada de sujeto principal de la economía nacional-; así como a las cooperativas no agropecuarias (CNA), las mipymes y el empleo por cuenta propia, como se denomina aquí al trabajo autónomo.
Según la nota, el primer ministro, Manuel Marrero, puntualizó que las mipymes se constituirán en el sector estatal y en el privado, y en ambas se establecerán condiciones similares en la gestión, mientras insistió que el avance con esas transformaciones será manera gradual para evitar retrocesos.
Trascendió además que se comenzará a trabajar en las correspondientes normas jurídicas para su implementación, las cuales se emitirán en un mismo momento, aunque sin precisar la fecha.
Si bien el anuncio indica un avance en el proceso de actualización del modelo de desarrollo socialista iniciado en 2011, las reacciones desde el sector autónomo fueron cautelosas y poco entusiastas.
Coincido en que debe haber gradualidad, pero creo que hay mucha lentitud para responder de acuerdo con la situación crítica que tiene la economía cubana”.
Omar Everleny Pérez Villanueva.
“Creo que es aprobar algo que ya parecía aprobado; pensé que solo faltaba el decreto para ponerlo en vigor”, argumentó en un intercambio con IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.
“El país lleva varios años en el perfeccionamiento de su economía y de sus actores. ¿Hasta este momento cada actor iba por un camino separado? ¿Qué va a suceder con el marco jurídico aprobado hasta el momento?”, valoró en diálogo con IPS el contador, gestor de negocios y formador en temas empresariales Darién García.
Al menos desde abril de 2016, durante el séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), único legal en este país de 11,2 millones, las autoridades se han referido a la necesidad de avanzar en la creación de las mipymes, pero su implementación ha sido postergada.
En el caso de las CNA, cifras oficiales refieren que llegaron a constituirse 498 de 2012 a 2014, como parte de un experimento extendido durante una década.
Pese a “deficiencias”, el Consejo de Ministros las consideró viables y dispuso autorizar nuevas de una manera gradual en todos los sectores en los cuales ya funcionan, excepto las de la construcción.
“Coincido en que debe haber gradualidad, pero creo que hay mucha lentitud para responder de acuerdo con la situación crítica que tiene la economía cubana”, argumentó Pérez Villanueva.
A su juicio, “no se acaba de comprender el estado de la economía en cuanto a ofertas, y se sigue demorando en poner en vigor los mecanismos que podrían ofrecer una mayor oferta de bienes y servicios”.
Otros economistas consultados por IPS coinciden en que además de la modernización de la empresa estatal, la dinamización del sector privado, que absorbe 13 por ciento de la fuerza laboral del país, resultaría clave para salir de la crisis económica que persiste desde hace tres décadas.
Argumentan que la producción y manufactura de alimentos sería un área estratégica e idónea para las operaciones de cooperativas y mipymes. Cuba importa 80 por ciento de su comida y para ello eroga más de 2000 millones de dólares anuales, indican informes oficiales.
La crisis económica en este país insular caribeño, expresada en una caída durante 2020 de 11 por ciento de producto interno bruto (PIB), tras muy bajos ritmos de crecimiento en años precedentes, se agudizó por los efectos de la pandemia de covid-19, que impactó las principales fuentes de ingresos.
A ello se sumaron más de dos centenares de medidas de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-enero 2021) que intensificaron el embargo –conocido internamente como bloqueo- de Washington contra La Habana desde 1962, el cual obstaculiza el acceso a créditos y la inversión extranjera.
Además, desde el primero de enero inició un proceso de reordenamiento de las finanzas internas que, entre otras cuestiones, estableció una tasa de cambio única para todas las formas de gestión, pero no ha podido evitar la dolarización parcial de la economía, ante la urgencia de recaudar divisas frescas en tan complejo panorama.
Junto a una inflación debido a la subida de salarios y una deprimida oferta de alimentos, medicinas y bienes, también se mantienen acciones gubernamentales para garantizar insumos básicos a la totalidad de la ciudadanía mediante una cartilla de racionamiento y brindar protección a grupos vulnerables.
En julio de 2020, el gobierno aprobó una política de recuperación económica para el periodo poscovid que contempla, entre varios ejes, potenciar la empresa estatal, así como a los sectores cooperativo y privado, con un papel complementario.
Al mes siguiente se publicaron disposiciones jurídicas que autorizan a empresas estatales -41 hasta el momento-, a prestar servicios de importación y exportación a las formas de gestión no estatales, que no pueden hacerlo de forma directa.
El Consejo de Ministros anunció el 6 de febrero la eliminación del listado de 127 actividades para el ejercicio del trabajo autónomo, pero sigue sin conocerse el paquete normativo relacionado con las 124 acciones que quedarán prohibidas total o parcialmente y que despejarán el camino para el ejercicio de más de otras 2000 actividades.Aunque dichas normativas pudieran abrir las puertas al trabajo privado de más calificación y especialización, con posibilidades de encadenamientos productivos y mayor valor agregado para los productos y servicios, se mantendrán bajo gestión únicamente estatal sectores estratégicos como la educación, la salud, telecomunicaciones, prensa y minería, entre otros.
“Las mipymes, sean estatales o privadas, para que puedan obtener los resultados deseados deben nacer libres de límites, trabas y miedos”, opinó García.
El primer ministro Marrero enfatizó que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión “no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar”.
La gradualidad del proceso de cambios parece estar condicionada por motivaciones ideológicas y “líneas rojas” delineadas en el VIII Congreso del PCC, realizado del 16 al 19 de abril.
Al presentar el informe central, el hasta ese momento primer secretario de la organización Raúl Castro (2011-2021), aseveró que “se impone imprimir mayor dinamismo al proceso de actualización del modelo económico y social”.
Pero sobre el trabajo privado, en su última comparecencia antes de entregar el relevo en el cargo al presidente Miguel Díaz-Canel, Castro alertó sobre “límites que no podemos rebasar”.
Se refirió en específico a la importación comercial privada y el ejercicio autónomo de algunas profesiones porque, sostuvo, “las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacionales”.
El 20 de mayo, durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, opinó que las mipymes “están sobrevaloradas” y no serán las “solución mágica” para la economía cubana.
Aseguró que “no creemos que apostar ciegamente al sector no estatal… sea un camino que nos conduzca a un crecimiento económico más sostenido”, sin antes dinamizar, flexibilizar y dotar de un campo de acción más abierto y moderno al sector estatal.
El anunciado paquete normativo debe publicarse antes del análisis y aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento unicameral, de la Ley de Empresas y la Ley de Sociedades Mercantiles, en abril y octubre de 2022, respectivamente.
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