Dos medidas aprobadas para seguir transformando a la empresa estatal fueron presentadas por el vice primer ministro, Alejandro Gil Fernández, bajo el planteamiento de que esta es el sujeto principal de nuestro modelo económico
Dos medidas aprobadas para seguir transformando a la empresa estatal fueron presentadas por el vice primer ministro, Alejandro Gil Fernández, bajo el planteamiento de que esta es el sujeto principal de nuestro modelo económico.
Estas dos medidas, acotó, están sujetas también a la elaboración de normas jurídicas que se encuentran en un proceso de conciliación: una elimina la obligación de utilizar la escala salarial para el pago del salario en las empresas estatales, y la otra se refiere al diseño de cómo funcionará una micro, una pequeña y una mediana empresa estatal en su estructura jurídica y su relación con su dueño.
Durante su intervención en el espacio televisivo Mesa Redonda, el también titular de Economía y Planificación reiteró que, recientemente, en sesión del Consejo de Ministros, se aprobó el proceso de perfeccionamiento de los actores económicos, que incluye al sector estatal y al sector no estatal.
Gil Fernández comentó que, en el caso de la primera medida, correspondiente al perfeccionamiento del sistema de retribución por el trabajo aportado –cómo se cobra el salario en la empresa estatal socialista– «hemos venido dando pasos con la modificación del sistema de pago. Se incorporó la distribución de la utilidad como ingreso móvil de los trabajadores y fuimos flexibilizando el proceso de distribución de las utilidades, entre otras, para potenciar un mayor vínculo entre el resultado del trabajo y el salario percibido por los trabajadores».
De igual forma, acotó, hemos venido avanzando, a tono con los acuerdos del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, de remover la empresa estatal socialista, y «hemos llegado a un consenso en el Gobierno sobre una medida de la cual no se tienen antecedentes, que consiste en eliminar la obligación de la escala salarial para el pago de salario en las empresas estatales».
Precisó que esta es una medida de gran calado, de profundidad, que dota de mayor autonomía y responsabilidad a la dirección de la empresa estatal, a partir del fondo salarial que se establece. Agregó que se analizó con la academia, se evaluaron los riesgos y se prevé «que tenga un impacto muy favorable en el sector estatal empresarial, y debemos ir poco a poco».
En este sentido, agregó que deben ser empresas que tengan una contabilidad, una organización, un desarrollo en la gestión de los recursos humanos y un control interno adecuado, que permitan ir probando y después generalizar, con la pretensión de llegar a todas, pero «no estamos contra el reloj».
Aclaró que esta medida no se hace «para que a partir del día en que la empresa entre en el sistema todos los trabajadores ganen más, pues seguirá bajo el mismo principio de que se gana más mientras más riqueza se crea, más eficiente se es y mientras más se aporte al Estado, con un patrón de razonabilidad y sentido económico».
El Vice primer ministro recalcó que, para este proceso, el director de la empresa tendrá que diseñar su sistema de pago con el consejo de dirección, en intercambio con la sección sindical.
Cuando se habla del perfeccionamiento y ampliación del trabajo en el sector no estatal, señaló, una de las indicaciones es no descuidar la empresa estatal desde el punto de vista de la autonomía, pues tenemos que ir en paralelo.
En el sector no estatal hay determinada libertad para fijar la cuantía del dinero que se paga a los trabajadores, un proceso que, con esta medida, se incorporará en la gestión del funcionamiento de la empresa estatal socialista.
El Vice primer ministro explicó que «tenemos que crear las condiciones. Riesgos existen, pero en la visión de estremecer la empresa, el hacer cosas diferentes que tengan impacto».
HACER MÁS FLEXIBLES LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
La segunda medida, enfatizó, tiene que ver con la manera de operar las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en el sector estatal, como parte también del fortalecimiento de la empresa estatal socialista.
Destacó que, en el caso de la Mipyme no estatal, el «dueño» es una persona natural, mientras que en la Mipyme sería el Estado, que tiene que hacerse representar por una persona jurídica».
Gil Fernández comentó que, «hemos evaluado varias alternativas y esto se hará a través de unidades presupuestadas, empresas, organizaciones superiores de dirección empresarial, centros científicos y universidades que puedan actuar como socios de Mipymes estatales.
Nuestra concepción de la Mipyme no es de subsistencia, manifestó, sino una empresa que tenga un alto valor agregado con nivel profesional y «el sector estatal lo estamos concibiendo con esa premisa».
Destacó que, «al identificar un dueño de la Mipyme estatal, estamos llevando a la práctica una concepción que es la separación de funciones entre la propiedad y la gestión, proceso bien definido, que se llevará a cabo aplicando el diseño de propietario y la función de la Mipyme estatal con autonomía en su gestión».
Estas dos medidas, que están en la agenda del Gobierno, van a aportar a la empresa estatal socialista mayor dinamismo, y «vamos a avanzar en ese papel dominante que tiene que jugar en nuestro modelo económico».
CUESTIONES JURÍDICAS A IMPLEMENTAR
En el caso de las normas jurídicas que amparan estas medidas, el Vice primer ministro precisó que hay seis decretos-leyes, un decreto y 16 resoluciones que competen a ocho organismos.
Precisó que, «estamos en la recta final del proceso de conciliación de las normas, emisión de las mismas, capacitación y el diseño de implementación de la Mipyme, el trabajo por cuenta propia como lo hemos concebido, y las cooperativas agropecuarias».
Recalcó que están creadas las condiciones para concluir, en las próximas semanas, el proceso de circulación y, una vez que termine el mismo, irán al Consejo de Estado, para, en lo que resta del mes de julio, poder estar en capacidad de terminar este proceso.
Acotó que este paquete de medidas evidencia la voluntad política de avanzar en la agenda del Gobierno, la cual impulsa las transformaciones para bien de la economía.
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