Del socialismo de Estado a la República socialista. Entrevista con Juan Valdés Paz

AGOSTO 10, 2021 JULIO CÉSAR GUANCHE, La Cosa

Por Harold Bertot Triana y Julio César Guanche

El futuro de la sociedad cubana plantea diferentes hipótesis sobre el rumbo a seguir.

El 11J plantea un antes y un después en muchos campos, pero algunos de sus orígenes y sus causas siguen vigentes hoy en medio de una creciente complejidad social.

Si se tienen en cuenta variables, tendencias, visiones de conjunto, se pueden advertir posibles escenarios y diversas perspectivas de análisis. Entender las características de sociedad cubana actual, la esencia de su modelo político, cómo se comporta demográficamente, cómo es su producción simbólica, cuán diversa es en su realidad, cómo se disputa la ideología, así como comprender que existe una pelea por los propios conceptos y categorías que se utilizan en el lenguaje político, económico y filosófico para explicar el socialismo cubano, y el propio «socialismo», siguen siendo exigencias y urgencias de hoy.

Las preguntas sobre el sistema político y el Estado cubanos son interrogantes que a la vez intentan rastrear las transformaciones que se han sucedido a lo largo de décadas en las relaciones entre este Estado y la sociedad civil, sobre el encogimiento o el alargamiento del aparato estatal en los contornos de la vida económica y política, y cuál es la mejor vía para canalizar y gestionar las demandas y necesidades de la sociedad cubana en general y de su gente en específico.

La serie Voces Cubanas, con la idea de seguir aportando al debate presente de Cuba, conversa hoy con Juan Valdés Paz, sociólogo, integrante del consejo editorial de la revista Pensamiento Crítico y durante dos décadas miembro del Centro de Estudios sobre América. Por la obra de su vida, recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales. Entre otros libros suyos, pueden consultarse La Transición Socialista en Cuba (1993), Procesos Agrarios en Cuba, 1959-1995 (1997), El proceso de organización agraria en Cuba. 1959-2007 (2009); El espacio y el límite. Ensayos sobre el sistema político cubano (2010) y La evolución del poder en la Revolución Cubana (2018), en dos tomos.

Desde hace algún tiempo la sociedad cubana se transforma social y económicamente, y se visualizan demandas de diversa índole por varios sectores. ¿Está el Estado cubano en capacidad para absorber y gestionar esas demandas?

Quisiera comenzar aclarando la pregunta, la cual más exactamente, en el caso cubano, debiera referirse al sistema político —integrados por conjuntos de instituciones políticas, estatales, y civiles— y a sus capacidades. De manera que me referiré al Estado, un subsistema de aquél, integrado a su vez por diversas instituciones a cargo de las funciones: a) legislativas; b) de producción, implementación y control de las políticas públicas; c) de administración pública de esas políticas; d) de la seguridad externa e interna de la sociedad nacional; e) de la impartición de justicia; etc.

La interrogante sobre las capacidades del Estado se referiría a todas estas funciones, con respuestas diferentes.

Por otra parte, y como se observa, digamos que ningún Estado dispone de la capacidad para absorber y gestionar todas las demandas que le plantean sus respectivas sociedades, aunque sí sus necesidades básicas; y la capacidad de que dispone y el número de satisfacciones que puede dar es una variable temporal afectada por diversas condiciones, algunas de las cuales pueden controlar y otras no.

Regresando al escenario cubano de la pregunta, diría que el Estado cubano ha logrado, con variaciones en el tiempo, particularmente en las primeras tres décadas del período revolucionario, satisfacer gradualmente, en cada esfera del Estado, gran parte de las demandas de la sociedad, así como satisfacer las necesidades básicas de las grandes mayorías, mediante una oferta de bienes públicos y una política social gratuita y universal.

Como se sabe, las relaciones de intercambio con el campo socialista en general y la URSS en particular permitieron sostener esta oferta y aseguraron un cierto ritmo de desarrollo. El derrumbe del socialismo este europeo impactó al país severamente, dando lugar a un “periodo especial” del cual logró recuperarse solo en parte.

Ello planteó la necesidad, presente hasta hoy, de iniciar un período de reformas orientadas a instaurar un nuevo modelo económico socialista; un Estado de Derecho; y una nueva etapa de su desarrollo democrático. La dilación de estas reformas, la resistencia de dirigentes y funcionarios de todas las esferas a implementarlas, así como el agravamiento del escenario interno causado por la ofensiva norteamericana de “cambio de régimen” y la pandemia del COVID-19, ha afectado las capacidades del Estado y del incipiente sector privado, para sostener su oferta de bienes públicos y culturales; de mayor desarrollo democrático; de seguridad ciudadana; y de un mayor nivel de vida de la población.

Ciertamente, las capacidades del Estado cubano no solo se han visto restringidas por el escenario actual sino también por otras condiciones más estructurales, de las que quiero destacar al menos tres: a) el modelo de socialismo de Estado, que hace de esta institución un poder omnímodo en todos los sistemas sociales; b) un diseño del Estado, caracterizado por la centralización de las atribuciones y recursos, el verticalismo de la dirección, la burocratización de sus funciones, las manifestaciones de corrupción; y c) el muy bajo control democrático sobre su desempeño.

De lo anterior se deduce que el Estado cubano retiene un potencial de desarrollo de sus capacidades, mediante la superación de sus deficiencias de diseño y de gestión. Numerosas y transitorias campañas —antiburocratismo, contra la corrupción, de mayor representatividad, etc.— se han promovido sin efectos duraderos y sobre todo, sin influir en su diseño institucional.

La implementación de la nueva Constitución de la República y de sus leyes complementarias, parecen ser una oportunidad extraordinaria para superar algunas de estas limitaciones. Al respecto, cobra una especial importancia las propuestas de territorialización o municipalización efectiva de las funciones del sistema político y del civil.

¿Cuál es su opinión sobre la intensificación de las sanciones a Cuba que tuvieron lugar durante la administración Trump en medio de esta crisis agravada por la pandemia y sus consecuencias sobre el país?

El bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU sobre Cuba, concebido a partir de 1960, y formalizado en 1962, tiene su propia historia, caracterizada por su intensificación a lo largo del tiempo, como parte de estrategias políticas en las que se contienen sus intereses geopolíticos, más generales; y sus objetivos políticos inmediatos, tales como la subversión del régimen o su inviabilidad. Los impactos del bloqueo han marcado a la sociedad cubana en su evolución de más de seis décadas. La sociedad cubana ha tenido que absorber tales impactos, sobrevivir a ellos, compensarlos y sostener su desarrollo.

Los especialistas han caracterizados al bloqueo de distintas maneras: como un elemento de presión sobre el comportamiento del Estado y el Gobierno cubano; como recurso de una guerra no convencional; y eventualmente, como arma de una guerra convencional.

Pero el bloqueo adquiere un nuevo significado desde el segundo mandato de la Administración Obama, una vez que el Gobierno cubano declara y promueve, un programa de reformas económicas y políticas a su modelo socialista. Obama admite el fracaso de las estrategias desenvueltas hacia Cuba por todas las Administraciones anteriores y propone e inicia un ciclo de normalización de las relaciones con la Isla. En el fondo, de lo que se trata es de la percepción de que las reformas políticas creaban inusitadas condiciones para una mayor penetración e influencia de EEUU en la sociedad cubana, así como para saldar su obsesión por volver a ser un actor interno en ella. Pero no olvidemos que la normalización de Obama tenía como limite la permanencia del bloqueo, aunque sus medidas lo compensaran en parte.

La Administración Trump, de motu proprio o bajo la influencia de los sectores de la derecha electoral floridana, rompió ese ciclo de normalización y reasumió la tradicional política de presiones, llevando el bloqueo a su forma extrema, bajo la percepción de que las reformas cubanas podrían hacer viable al régimen cubano y asegurar su continuidad en el largo plazo. La imprevisible y dilatada pandemia del COVID-19, reforzó los efectos de esa política, desatando una nueva crisis sobre el país.

Las contrapuestas posiciones de ambas Administraciones —cambio de estrategia en la de Obama, radicalización del bloqueo en la de Trump— también se vinculaban a las respectivas estrategias de recuperación hegemónica en América Latina y el Caribe, así como al conflicto con Venezuela.

Considero que sin el bloqueo o asumiéndolo como una invariante de la política de EEUU hacia Cuba, caso de la Administración Biden, la implementación de los programas de reformas al modelo económico cubano, ya aprobados y consensuados, permitiría, mediante un mayor crecimiento y desarrollo, disponer de la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y parte de las demandas de sus diferentes estratos. Numerosos economistas cubanos han insistido en lo perentorio de estas reformas.

La actual dinámica socioeconómica genera cambios en la composición clasista o de sectores de la sociedad cubana y sus dinámicas de desigualdad. ¿Cómo ve este problema y sus posibles soluciones?

La sociedad cubana del 2021 es otra y diferente de la de los años ochenta, salvo en el discurso oficial. Los cambios acumulados en la estructura social condicionan las políticas públicas y éstas debieran tomar en cuenta tales cambios.

Podríamos resumir estos cambios estructurales como de: a) una estructura demográfica congelada y envejecida; b) una estructura generacional de siete generaciones políticas convivientes, con las tres últimas vinculadas a experiencias de crisis socioeconómicas sucesivas; c) una estructura socio clasistas modificada por el ascenso de un sector campesino en la sociedad rural y de una burguesía mercantil, en la urbana; una estructura ocupacional que incluye un creciente sector cuentapropista; una estructura del estatus social modificada en favor de la autoridad, propiedad y del ingreso; un patrón de desigualdad que se ha duplicado y cuyo término inferior de la desigualdad incluye más pobres y marginados; etc. Es decir que, en la segunda década de los 2000, la sociedad cubana ha devenido más estratificada, más diferenciada y desigual.

Solo una visión esquizofrénica no vería los cambios ocurridos en la sociedad cubana y no advertiría algunas de sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Solo una visión de ese tipo no admitiría el carácter objetivo de un nuevo centro social —grupo etario entre 30 y 50 años—; unas capas medias conformadas por dirigentes, profesionales, oficiales, técnicos y empresarios; intelectuales, etc., para el cual hay que elaborar políticas públicas diferenciadas, ampliar las condiciones del consenso y reconstruir el discurso hegemónico. Igualmente, la necesidad de políticas de recuperación, focalizadas en los espacios y grupos de riesgo.

Esta evolución de la estructura social no ha estado acompañada de un desarrollo sostenido o de un patrón igualitario sustentable, sino de la alternancia de situaciones de crisis y de recuperación económica. Ello ha implicado la necesidad de una nueva estrategia socialista, basada en la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo económico y social “con mercado” y el paso a un patrón de mayor desigualdad, en parte compensado con políticas de equidad.

Una cuestión central es que, a diferencias del modelo “socialista” anterior, éste que se promueve ahora conlleva un bloque social menos homogéneo, con intereses reales más contradictorios y con una diversidad ideológica mayor. El consenso requerido sobre el modelo de sociedad se sitúa, más que en las condiciones sociales y expectativas compartidas, aunque también, en la identidad con una comunidad política soberana, más incluyente, igualitaria y participativa, que esté protegida por un Estado de Derecho y acompañada por un desarrollo democrático ininterrumpido. Dicho de otra manera, por el paso de un socialismo de Estado a una República socialista.

En un contexto político, económico y social tan complejo, ¿Cuál es el espacio que tiene hoy la crítica social, cuál el rol de las ciencias sociales y cuál el papel de los intelectuales?

“En un contexto político, económico y social tan complejo”, como el cubano, de asedio y hostilidad permanente por parte de la superpotencia hemisférica, el espacio para la crítica social se hace restrictivo, dado que: esta crítica incluye a los más diversos actores y corrientes; una parte de esa crítica se muestra comprometida con la estrategia de subversión del régimen promovida por EEUU; y otra parte de ella es de oposición al socialismo, al gobierno o a las leyes. Pero el mayor problema consiste en que dichas restricciones, cuando sean necesarias, puedan no ser transparentes, públicas y consensuadas. Cabe decir, que la experiencia histórica es el de un uso discrecional de esas restricciones por instituciones y funcionarios.

Obviamente, ese espacio restringido es en parte una variable de un contexto defensivo, pero ello no obsta para que tenga que haber un espacio libre de restricciones, demarcado y protegido por la Ley que es el espacio crítico de los ciudadanos. La crítica, como libertad de opinión, está amparada por la Constitución de la República y contra ella no caben más restricciones que las admitidas por la Ley. Paradójicamente, ese espacio ha estado acotado no solamente para las corrientes “anti socialistas” sino también para las voces y corrientes críticas que le pasan al régimen revolucionario por la izquierda, es decir que le reclaman no ser suficientemente revolucionario o socialista.

La indefinición teórica y práctica de que sea una “esfera pública” socialista o una “sociedad civil” socialista, contribuye a la promoción de políticas restrictivas y a limitar la contribución ciudadana.

Un caso particular en este panorama es el de las ciencias sociales, institucionalizadas de hecho, a las que en teoría se les asigna el papel de favorecer la construcción consciente de la “nueva sociedad”, mediante la producción de conocimientos, de técnicas y buenas prácticas.

Todo lo anterior supone la existencia de políticas públicas orientadas al desarrollo de las ciencias sociales y a la implementación de sus resultados. En la experiencia socialista, foráneas y cubana, este papel de las ciencias sociales se ha visto estorbado por la falta de tales políticas, por la supeditación de éstas a ideologías de Estado, por el discurso hegemónico, el secretismo, el unanimismo, la inconveniencia política, etc.

Toda la experiencia del socialismo real ha mostrado una alta suspicacia, sospecha y rechazo hacia la crítica expresa o implícita en los resultados de las ciencias sociales, atribuyéndoles intencionalidad política o un carácter subversivo. En esta perspectiva, las políticas hacia las ciencias sociales han tendido a ser medidas de contención. Cabe decir, que la actual postura de la dirección de nuestro país parece ser una superación de estas concepciones.

El papel de los intelectuales ha sido objeto de discusión desde hace siglos; hasta convertirse en una especialidad de las ciencias sociales. Convencionalmente, se acepta que su función social es en general, producir por distintos medios, conocimientos, representaciones, normativas, imaginarios, identidades, testificar la época, etc.

De los intelectuales, o mejor, de los trabajadores intelectuales cubanos, hay que decir que representan al sector social de los creadores, innovadores y críticos del orden establecido, pero sin poseer por ello ninguna naturaleza angelical. No son “las partes blandas de la sociedad” pero tampoco son los depositarios de su destino. Individual o colectivamente, son ciudadanos de una República en la cual tienen derechos y deberes compartidos, así como, lealtades y compromisos con el orden político y social elegido por las grandes mayorías y al servicio de ellas.

Dicho de otra manera, el problema de los actores que cumplen estas funciones es el grado de compromiso individual y colectivo, con los proyectos de nación y de sociedad, refrendados por las grandes mayorías. Frente a estos proyectos se posicionan no solo como intelectuales sino como actores políticos.

¿Cuáles cree que son los desafíos más complejos para el socialismo cubano en este momento?

Lo que llamamos el “socialismo cubano” prefiero representármelo como la conjunción de dos proyectos diferentes: un proyecto nacional, invariante, de independencia, soberanía y autodeterminación del Estado nación cubano; y un proyecto de sociedad, variable, de inspiración socialista.

El proyecto de nación, la prioridad absoluta, ha debido enfrentar la resistencia, mediación y hostilidad de los EEUU como potencia imperial e imperialista. Por su parte, el proyecto de sociedad ha estado influido fuertemente por el contexto, según haya sido este más o menos favorable al proyecto de nación, a la permanencia del poder revolucionario, a la seguridad nacional y a su desarrollo económico social, en el tiempo.

En estas perspectivas, el socialismo cubano comparte hoy los mismos desafíos históricos de los últimos 60 años, pero en un contexto internacional más adverso e incierto. En estas condiciones, el proyecto de sociedad socialista imaginado se ve enfrentado a nuevas restricciones internas y constricciones externas que le imponen los cambios necesarios para que su poder constitutivo se reproduzca, su desarrollo económico político y social se haga viable y su legitimidad se sostenga.

Dicho de otra manera, el proyecto socialista cubano tiene que ser, en el corto y mediano plazo, reformado; y en mediano y largo plazo, repensado y rediseñado.

Pero en lo inmediato, en la coyuntura, el socialismo cubano tiene que: a) controlar la pandemia y remontar sus efectos más graves; b) promover las reformas económicas que le permitan superar la actual crisis de la sociedad cubana, así como a sus propias limitaciones de gestión, atendiendo, como decía el colega Aurelio Alonso en los noventa, a promover un nuevo modelo económico sin desocializar, es decir, realizar la reformas necesarias y a la vez socializar más cada esfera de la sociedad; y c) si bien la emergencia es económica y social, la superación del actual escenario es política, lo cual implica: implementar sin cortapisas el Estado de derecho declarado en la nueva Constitución de la República; instaurar con plenas garantías el orden constitucional prescrito en ella y en sus leyes complementarias; así como, reconstruir el consenso sociopolítico, mayoritario, acerca de un proyecto de sociedad más autóctono y viable.