Cuba, la inflación aquí y ahora: administración tributaria, política de precios y deuda pública.

“En prever está todo el arte de salvar”.

                        José Martí

 

Por Julio Carranza Valdés 
      Luis Gutiérrez Urdaneta

 

El presente artículo intenta insistir sobre una condición esencial de la reforma económica al cual nos hemos referido en otros textos: la integralidad y coherencia de las decisiones que se van implementando. En economía, como en la música, la combinación precisa del “tiempo, los sonidos y los silencios” es fundamental para que ésta se produzca de manera correcta, de lo contrario, lo que se escucha es una cacofonía, o para decirlo con lenguaje de las matemáticas, en economía el orden de los factores sí altera, y mucho, el producto. O sea, que la reforma económica en su diseño e implementación supone una cierta secuencia y una determinada simultaneidad en las medidas que la van conformando, de lo contrario se producen distorsiones y desequilibrios que pueden alterar, a veces de manera definitiva, el curso deseado. Esto es válido absolutamente para todas las dimensiones y aspectos de la economía, en este artículo nos referimos al problema específico de la inflación. 

Si bien la creciente inflación, exacerbada en los últimos meses, el cual tratamos en un artículo reciente, tiene entre sus causas directas y fundamentales una importante contracción de la oferta, ésta no parece ser la única razón. La expansión de los ingresos también ha contribuido al incremento de los precios, de manera que el poner bajo control este proceso y lograr la disminución de los niveles de precios, no dependerá solamente de la gradual recuperación de la producción y las importaciones, también del control de la masa monetaria en circulación. 

 

Como hemos señalado y ha sido reconocido oficialmente, el control de la inflación es un asunto de primera prioridad, sus consecuencias no sólo son económicas, sino sociales y políticas, lo cual se acentúa en el delicado contexto en el cual se encuentra el país, golpeado por una fuerte agresión externa, por una pandemia prolongada y por una reforma económica que no ha avanzado de manera integral y rápida. Los malestares y la fatiga generados en la población debido a la escasez de casi todo, las colas y el agobio cotidiano, se agudizan con el impacto de la subida incontrolada de los precios, sobre todo, para los sectores de ingresos menores y medios. Ello se convierte en caldo de cultivo para cualquier intento de operación política con fines desestabilizadores.

 

El flujo monetario que por diferentes vías se inyecta en la circulación debe mantener un determinado equilibrio con la oferta que la economía nacional es capaz de generar vía producción e importación de bienes y servicios, de lo contrario, la aparente mejoría en ingresos que recibe la población y sobre todo determinados sectores que son “premiados” a través del reparto de utilidades o aumentos salariales ven anulados sus efectos en términos reales, tanto en el mercado oficial como en el sumergido, y por supuesto, con mayores efectos negativos sobre los sectores más vulnerables. 

 

Así mismo es necesario tener en cuenta que para complicar más aún la situación, la economía mundial, se encuentra también bajo fuertes presiones inflacionarias que podrían extenderse hasta 2023 se encuentra también bajo fuertes presiones inflacionarias que podría extenderse hasta 2023, a viejas causas estructurales se ha añadido el incremento de la demanda de consumo resultado del “encierro” de la pandemia y de que países como EEUU han elevado sus emisiones monetarias para compensar las pérdidas de empresas y ciudadanos en un contexto de contracción de la producción y desórdenes en el comercio mundial, sumado a la elevación de los precios de la energía entre otros, todo lo cual se ha expresado en crecimiento general de los precios internacionales , estas situaciones en la economía global siempre impactan y hacen más compleja las situaciones nacionales, más aún en países como Cuba con una alta dependencia del comercio exterior. 

 

De lo que aquí tratamos no es de disminuir el potencial de ingresos al que pueda aspirar un trabajador o un gestor de negocios, sino de demostrar la importancia capital de que esos incrementos se correspondan con resultados concretos que incrementen la oferta disponible, para que su efecto sea real, positivo, progresivo y justo y no una “ilusión artificial” que termina estrellándose contra las realidades de los mercados. Esto es, que la prefiguración del ingreso nominal no termine negativamente impactada por el ingreso real. 

 

De más está insistir en que los topes de precio (medida útil cuando se utiliza de manera puntual, muy justificada y temporal) no es la solución de esta tensión económica, cuando con estas medidas se trata de cerrar la puerta a la inflación, esta se te introduce a través de las ventanas alterándolo todo: mayor desabastecimiento en el mercado oficial regulado y explosión de precios en el resto de los mercados, una especie de “que consuma el que le alcance”.

 

Como hemos dicho en otras publicaciones, la economía socialista y menos en las condiciones concretas de Cuba, no puede plantearse una estructura social igualitaria, pero sí una estructura justa de equidad e inclusión, las diferencias deben provenir de la eficiencia y los resultados del trabajo en cualquiera de los sectores de esta economía ahora más diversa y descentralizada, la conducción adecuada de ese modelo económico, supone de una parte el completamiento de la reforma económica, aún pendiente y de otra el claro establecimiento de garantías socialistas sobre todo aquellas que impidan el control privado de los medios de producción fundamentales, independientemente de las diferenciaciones en los niveles de ingresos que sólo serían regulado por la política fiscal, misma que debe ser progresiva y redistributiva pero a la vez con las moderaciones necesarias para que no des estimulen la iniciativa, la innovación y la inversión. Lo que define el carácter socialista de una economía no es la supresión del mercado, tampoco la supresión total de la propiedad privada, lo que la define es la supresión de la hegemonía del capital.

La modernización de la administración tributaria 

 

La inflación ha colocado de nuevo en desventaja a los sectores con ingresos fijos como personal de salud, educación, funcionarios, algunos sectores y pensionados.

 

Las medidas de descentralización de la empresa estatal y el establecimiento de un sector no estatal de Pymes y cooperativas, con las condiciones necesarias para operar (mercados mayoristas, operaciones de comercio exterior, créditos, vías de convertibilidad, etc.) debieron haber precedido (o estar listas mucho antes) al incremento de los ingresos nominales decididos con el “ordenamiento monetario “ iniciado en enero de 2021, esto como incentivo a una mayor oferta ex ante, no haberlo hecho en el orden adecuado ha tenido consecuencias.

 

En nuestra opinión, opciones para la preservación de estos equilibrios debieron estar previstas desde el diseño del “ordenamiento monetario”, y sobre otras se debía estar ya trabajando. Sin pretender ser exhaustivos:  

·         La modificación de los tramos de la base imponible y el posible aumento de los tipos impositivos marginales en los tramos de mayores ingresos. La tesis de que mayores impuestos al ingreso personal generan desincentivos es una de las falacias en la llamada “economía del lado de la oferta”. En vez de ello se aprobaron tipos impositivos del 3 y 5% para los empleados estatales.  

·         La propia tarea de “Ordenamiento” creó condiciones para la unificación en la aplicación del pago de impuestos a los ingresos personales a todas las personas, así como de la debida declaración jurada, de haberse hecho así, esto probablemente hubiera permitido una mayor recaudación tributaria a partir de las retenciones mensuales. La declaración jurada podría constituir en sí misma un mecanismo de redistribución adicional para personas con numerosos hijos, ancianos, personas con discapacidad y personas de bajos ingresos, entre otros grupos. 

·         La imposición de los ingresos en especie es una tarea pendiente, que además de coadyuvar a la equidad social conllevaría a un uso más racional de los recursos. Nos referimos al uso de medios estatales en funciones privadas, (autos, celulares llamados “petroleros” y estímulos en especie, entre otros). Su imposición es común en economías de países desarrollados y subdesarrollados. 

Por ejemplo, mientras muchos funcionarios de diferentes niveles del estado utilizan los llamados “celulares petroleros”, muchos médicos (incluyendo directivos), de los que luchan contra la COVID, se comunican entre sí para cuestiones importantísimas de trabajo usando y pagando datos móviles de sus ingresos privados: no todas las gratuidades han sido evaluadas y eliminadas. 

De lo que se trata es de que se “sinceren” y regulen esos usos, y que la transparencia venga acompañada de una mayor liberación, a precios razonables, de recursos para uso privado que sean pagados por los usuarios, como es el caso, por ejemplo, de los automóviles, lo cual tendría además un efecto recaudatorio para el estado, pero no a los precios absolutamente extremos a los cuales se ofertan hoy. Claro que en este caso específico el fortalecimiento del transporte público es lo esencial, pero podrían y deberían existir opciones y con facilidades de pago a plazos para el que desee y pueda adquirir un automóvil a precios razonables (con impuestos no mayores al 100% de su valor) aun cuando la situación actual obligue a que por el momento sean operaciones directamente en divisas. Cuba tiene una dotación desproporcionada de autos estatales, mientras el transporte público, una solución más eficiente, muestra una situación crítica.¹

·         La creación de condiciones materiales e institucionales para que todos los actores económicos emitan facturas (excepto ciertas actividades) de manera que se favorezca que la reducción de la evasión fiscal o la subdeclaración. Ello conllevaría a un aumento de los ingresos fiscales. Para esto se requieren disposiciones legislativas y de registros de ingresos y gastos, procedimientos de auditorías y personal con probidad y calificación. La evaluación de la introducción del IVA ayudaría a reducir la evasión fiscal, pues se compensaría el IVA pagado por los insumos con el correspondiente a la facturación por las ventas. No es necesario un aumento de precios, sino considerar el IVA como un porcentaje de los precios actuales. El IVA constituiría una fuente relativamente estable de ingresos fiscales. Se podrían exonerar los alimentos y servicios básicos y medicinas.

·         La evaluación de impuestos específicos a productos como el tabaco y el alcohol. Actualmente se da la paradoja de que mientras, por ejemplo, una cajetilla de cigarrillos Criollos aumentó de 7 a 10 pesos o la botella de ron a granel de 20 a 30 pesos, según precios normados, el precio del boniato se incrementó de 80 centavos a 10 pesos la libra.  

·         La evaluación del otorgamiento de subsidios a productores de determinados productos agropecuarios para mantener precios bajos.

 Por supuesto que todo ello lleva una fase preparatoria, emisión de regulaciones, formación de personal y tal vez la creación de instituciones con los medios necesarios, todo como parte de la modernización de la administración tributaria, una tarea imprescindible y urgente de la reforma.  

Las políticas de precios 

 

La economía cubana se ha caracterizado históricamente por monopolios y oligopolios públicos legales y la casi ausencia de competencia. 

Una descentralización de precios, sin el debido control, no hubiera conseguido otro resultado que el que tuvo, el cual se manifestó de diversas maneras, entre ellas en precios disparatados en los comedores sociales, así como altas tarifas del agua y la energía eléctrica que hubo que rectificar. 

 

Pero estos “descubrimientos” podrían ser sólo la punta del iceberg. Uno de los autores se ha entrevistado con directivos de instituciones estatales y ha conocido de precios de la construcción y de actividades de proyectos que alcanzan niveles que sólo podrían generar inflación futura y reparto de utilidades inmerecidas. Aquí van dos ejemplos: una oferta de más de un millón cien mil pesos a una empresa estatal sólo por el proyecto de un parque fotovoltaico de 700 kW en un techo de otra institución pública, y más de un millón de pesos de ofertas de cooperativas y trabajadores privados por la demolición y retiro de alrededor de 30 m² de una cisterna en la azotea de otra importante empresa estatal. Cooperativas no agropecuarias y oferentes del sector privado toman como referente para formar precios el tipo de cambio "paralelo" y trasladan a las empresas estatales y unidades presupuestadas costos adicionales en actividades constructivas y de mantenimiento. En el caso de las empresas deben asumir el costo mayor o traspasarlo al precio, y para las entidades presupuestadas significaría mayor gasto fiscal. 

 

Cuba (y muchos otros países, incluyendo desarrollados) tienen experiencia en lidiar con la fijación de precios y tarifas en sectores oligopólicos. La existencia de oligopolios debe ser objeto de una revisión rigurosa para sólo mantener aquellos que tengan total justificación e ir introduciendo para el resto los correspondientes mecanismos del mercado regulado. Las licitaciones con la mayor participación de oferentes deben ser una práctica universal en la esfera de los servicios. En el curso de ese proceso, los mecanismos de formación de precios para estos sectores deben ser revisados y auditados al detalle, fundamentalmente en la esfera de los servicios como la construcción y proyectos, así como en producciones y servicios nuevos o no estandarizados. Los precios “por acuerdo” deben ser una excepción muy justificada. En una economía en la cual la propiedad estatal centralizada es preeminente, mientras se descentraliza y se construyen los mercados y competencias de la manera que la reforma supone y necesita bajo las regulaciones y observación correspondiente, sólo la función pública puede realizar esta tarea de fijación de precios de manera adecuada. 

 

También es necesaria una revisión de los precios minoristas de los pocos productos que hoy aparecen en el mercado: pollo, picadillo, artículos de aseo, tabaco y otros comestibles. Los “coleros” son una fuente de malestar social, y su presencia conspira contra la necesaria disciplina laboral. Fuera tal vez aconsejable que una parte de esos productos se distribuyeran de manera normada mediante la cartilla de racionamiento y que el resto se vendiera a precios más altos. ²Puede no ser una medida popular ni tampoco es anti inflacionaria per se, pero es una segunda mejor opción frente a la alternativa de los “coleros” y la alimentación de la inflación que daña los ingresos de la población. Si el estado recauda el importe derivado del aumento de precios se deja de incrementar el circulante, y al final puede cooperar, junto a otras medidas y con la recuperación de la oferta, a reducir el nivel de precios.³ 

 

La deuda pública

 Desde 1984 en Cuba se han monetizado los déficits fiscales. La diferencia es que hoy se está en el contexto de una creciente inflación. Si la recaudación fiscal no fuera suficiente, pudieran ser empleados los instrumentos de deuda pública como bonos públicos y bonos protegidos de la inflación para financiar la brecha fiscal de acuerdo a la naturaleza del déficit y a la programación financiera. Este es un tema que ha sido estudiado para las condiciones de Cuba, pero habría que actualizar los estudios para su implementación como acción adicional.⁴   

En la medida que la economía cubana se descentraliza, se amplían los espacios de mercado y se diversifican los agentes económicos, es imprescindible que funcionen sistemas estadísticos confiables y oportunos (tasa de desempleo, inflación, indicadores de distribución del ingreso, pobreza, etc.) que permitan corregir el rumbo a tiempo y evitar potenciales deformaciones. 

 

Se necesita un monitoreo muy cercano a la distribución trimestral de utilidades para analizar el origen de las mismas, y verificar si los pagos están relacionados con un aumento real de productividad o son fruto de sucesos extraordinarios, elevación de precios contentivos de índices de ganancia excesivos en su formación o problemas contables. ⁵Esto podría tener, además, un efecto negativo sobre la tasa de ahorro nacional.

La dilación crónica del proceso inversionista en Cuba, es un dato a tener en cuenta y enfrentar. Se pueden producir redistribuciones de utilidades que correspondan a incrementos reales de productividad en actividades de inversión (que fueran aumento de stock), pero la dilación del proceso hace que se concreten muy tardíamente en productos finales, muchas veces sin la debida calidad, haciendo que se retarde la oferta con relación a lo previsto.⁶    

 

En resumen, tarde es mejor que nunca. El retroceso de la inflación no debe depender solamente de la recuperación gradual de la oferta aunque este sea un factor determinante. En la compleja situación de Cuba, se refuerza aún más la necesidad de acciones secuenciales y simultáneas que, como parte de un programa maestro e integral de reformas, pongan bajo control este peligroso problema: el tiempo es más que nunca una variable crítica.

 

21 de Octubre 2021

Citas

1 La autarquía en los servicios de transportación de ómnibus y autos ligeros en instituciones el estado ajenas a la transportación, de manera general, no es eficiente socialmente. Algo similar ocurre, a manera de ejemplo, con un cine mal diseñado. Si los de la segunda fila no pueden ver bien la pantalla, y se ponen de pie, también lo harán los de las restantes filas. Al final, todos estarán peor: los que están de pie no podrán disfrutar la película cómodamente, e incluso los pocos de la primera serían molestados por los comentarios de aquellos que estando de pie, han empeorado su situación.

2 El Ministro de Economía y Planificación recientemente informó que se habían vendido en las tiendas 100 000 t de pollo durante el primer semestre de 2021. Hubiera bastado para distribuir 1,5 libras por cada cubano mediante la cartilla de racionamiento y vender más de 50 000 t en un mercado “paralelo” a precios diferenciados que, de aplicarse, debieran ser periódicamente revisados. Si ocurre una deflación futura, también debieran bajar los precios de ese mercado.

3 Recientemente en La Habana se han comenzado a vender dos nuevos tipos de panes: uno de molde a 25 pesos y otro de ajo a 6. Tienen precios altos, pero al menos en San Miguel del Padrón se ha reducido notablemente la actividad de los “coleros” dedicados a la reventa de la libra de pan de corteza dura de 10 pesos, que se revendía a 30 pesos. El margen que obtenían los revendedores, hoy lo recauda la empresa estatal. Ha sido una inteligente solución.

4 Rolando Hernández Martínez, Diseño para la emisión de bonos públicos en Cuba, Revista Cubana de Finanzas y Precios, Vol. 2 No. 4, octubre-diciembre 2018.

5 Luego de concluida la comprobación nacional de 2019, la Contraloría consideraba aún insatisfactorios los resultados del control interno.

6 Este asunto ha estado latente en la economía cubana. En la segunda mitad de los 80 del pasado siglo, durante el proceso de “rectificación de errores y tendencias negativas”, se detectó que, a pesar de cumplirse los planes de producción de las empresas constructoras, esto se lograba “abriendo huecos”, sin que se concluyeran las obras.