Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Dinella García Acosta, Lissett Izquierdo Ferrer, Irene Pérez
Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, presentó el informe sobre los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
El resultado del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción (Micons), la primera experiencia de este proceso en el marco de Constitución, fue debatido este martes en la jornada final del VII Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
La fiscalización, dirigida por la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional, con la participación del grupo de Asuntos Económicos, se desarrolló del 4 de enero hasta el 30 de junio.
De acuerdo con el informe presentado a los legisladores, se participó en los consejos de dirección del Micons y de las OSDE, y se visitaron 15 provincias, 71 municipios y 91 obras e inversiones. Los diputados y las direcciones de las comisiones de Industria, Construcciones y Energía y de Asuntos Económicos realizaron 66 controles.
Se contactaron a 2 982 personas, entre directivos, técnicos, especialistas, trabajadores y población, lo que permitió la valoración de cada uno de los aspectos encomendados por la ANPP.
Según los resultados de la fiscalización, existen avances parciales en la implementación de estrategias como la sustitución de importaciones y el inicio de la experiencia del programa inmobiliario de construcción de viviendas para arrendar y vender.
El documento señala que en los primeros meses del año no se apreciaron avances sustantivos en la actividad de exportación, y que “la aplicación gradual del sistema de precios de la construcción y montaje para las inversiones, las reparaciones capitales y el mantenimiento constructivo ha generado paralizaciones en la producción y comercialización de bienes y servicios”.
Otro resultado indica que las tasas salariales fijadas para los oficios de la construcción (grupos del II al VIII) se consideran bajas. Este planteamiento “se vincula con los precios reales de los alimentos y del transporte de personal, los que superan los previstos en las tasas salariales fijadas para los trabajadores, dadas las necesidades de calorías reforzadas que necesita el constructor por el esfuerzo físico, así como las particularidades de las transportaciones en obras alejadas, tanto del personal como para trasladar los alimentos”.
A partir de la Tarea Ordenamiento, se constatan preocupaciones de los trabajadores en relación con el pago de utilidades ya que, con la reforma salarial, no existen otras posibilidades legales para diferenciar y estimular el trabajo en las obras e inversiones priorizadas.
Al cierre de agosto del 2021, se recoge en el informe, 30 empresas no distribuyeron utilidades al obtener pérdidas, debido fundamentalmente a la escasez de recursos, incumplimientos en los planes de producción y la aplicación del ordenamiento monetario.
En el caso de las empresas que sí las distribuyeron, la magnitud fue insuficiente y no llega ni a un tercio del salario básico. “Esta situación puede provocar el éxodo de la fuerza de trabajo, sobre todo la especializada y profesional, pues resulta desestimulante para los trabajadores”.
El mantenimiento constructivo incumple el plan en los dos años analizados; en ambos se decrece en relación con el anterior. Se evidencia que el mantenimiento tanto interno, como al resto de los organismos no constituye una prioridad.
En 2020 el plan de construcción de viviendas se cumplió al 95 por ciento y hormigón prefabricado al 93 por ciento. También se incumplen las producciones de arena, bloques, muebles sanitarios, azulejos, tejas y tanques de asbesto cemento, así como el cemento y clinker para la exportación.
El aprovechamiento de la capacidad disponible para la producción de cemento solo alcanza el 59 y 43 por ciento en los años 2019 y 2020, respectivamente.
En los estudios realizados se evidencia que Cuba se ubica dentro de los cuatro países de mayor precio del servicio de construcción, lo que la hace poco competitiva.
EI Micons patrocina 10 negocios con inversión extranjera (cinco empresas mixtas e igual cantidad de contratos de AEI), de los cuales siete están en operaciones.
Otro resultado de la fiscalización tiene que ver con el éxodo de fuerza de trabajo calificada del sector estatal hacia el sector no estatal.
Reportan decrecimiento en construcción de viviendas
El Estado ha construido desde el año 1990 hasta el año 2018 un total de 401 777 viviendas, beneficiando a más de 1 100 000 personas, “las cuales resultan insuficientes”, reconoce el informe presentado a los diputados.
El fondo habitacional al cierre del año 2020 crece en 62 681 viviendas con respecto al año 2019, de ellas el 63% se encuentran en buen estado técnico (2 493 894) y el 37% (1 452 852) entre regular y malo, para un total de 3 946 747 viviendas.
Desde la implementación de la política hasta mayo de 2021, en el país se han terminado 99 252 viviendas, de ellas 32 575 por la vía estatal, 19 786 células básicas habitacionales y 46 891 por esfuerzo propio, “con una tendencia al decrecimiento e incumplimiento del plan estatal y los subsidios, que se manifiesta desde finales de 2020”.
Al cierre de mayo se acumulan 49 336 afectaciones en viviendas por eventos meteorológicos, de ellos 33 21 eran derrumbes totales. En ese propio periodo se contabilizan 11 378 células básicas habitacionales sin concluir de años anteriores, de ellas 6 994 comprendidas entre los años 2012 y 2019; 94 175 pisos de tierra y 8 997 cuarterías.
De las 42 512 madres con tres o más hijos menores de 17 años identificadas, 29 417 demandan acciones constructivas en sus viviendas y solo se han beneficiado por las diferentes vías (financiamiento asignado, subsidios y plan estatal) 5 841, con 2 416 acciones constructivas.
La fiscalización constató que existe insatisfacción con el programa de rehabilitación, debido a que las acciones realizadas en su gran mayoría no son las que más impactan en la solución de los problemas que aquejan al pueblo.
“Acciones como rehabilitación integral de edificios y de viviendas, reducción de vulnerabilidades, rehabilitación de ciudadelas, entre otras, que generan gran cantidad de planteamientos, desde la planificación es baja su solución”.
En las visitas realizadas por los diputados, en opiniones recogidas por éstos a la población y entrevistas a dirigentes en los territorios, se identificaron:
- Irregularidades en la atención a los subsidiados.
- Viviendas declaradas como terminadas faltándoles acciones constructivas y con problemas de calidad.
- La no identificación de manera oportuna de la micro localización de áreas para la construcción de viviendas por esfuerzo propio.
- No siempre se logra por los subsidiados la adquisición de los recursos disponibles, comprobado en 16 municipios.
- En 38 municipios se detectaron limitaciones por desabastecimiento de recursos como cemento, acero, combustible, entre otros, que no permiten garantizar una secuencia constructiva.
- Violación de proyectos en la ejecución de las células básicas habitacionales.
- El sistema aplicado para la supervisión y control de las acciones constructivas es ineficiente.
- Necesidad de mayor protagonismo de los afectados en la construcción de sus propias viviendas.
- Falta de interés y compromiso de algunos subsidiados para ejecutar acciones constructivas.
- Falta de una estrategia adecuada para la producción local de materiales de la construcción a partir del aprovechamiento de las potencialidades del territorio y de una acertada dirección de este programa desde el Consejo de la Administración.
- Falta vinculación de algunos directivos con las principales obras que acometen, tanto en la industria como en los programas de la vivienda.
- La no incorporación del sector no estatal a la construcción de viviendas.No se garantizan los recursos para las urbanizaciones como establece la política, por la no asignación de presupuesto.
En los controles realizados por los diputados se constató la insatisfacción de la población con respecto al Programa de la Vivienda, dado en lo fundamental por morosidad en los trámites, carencia de recursos materiales, subsidios sin terminar acumulados de años anteriores y recursos financieros inmovilizados en los bancos.
Enfrentamiento al delito y las ilegalidades
La mayoría de las irregularidades detectadas por los diputados están asociadas a deficiencias en el control interno, la seguridad y protección de las entidades y recursos, así como la implicación de directivos de base, funcionarios, especialistas y trabajadores en la comisión de hechos ilícitos.
En el 2020 los más afectados fueron los almacenes y fábricas de materiales de la construcción, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Matanzas, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo, Las Tunas y Pinar del Río.
Al evaluar el comportamiento de las violaciones detectadas se identifica:
- Falsificación de facturas, vales de ventas y fichas técnicas para facilitar el desvío o apropiación de recursos.
- Faltantes de productos en almacenes y en las obras.
- Pagos indebidos de salarios por concepto de contratación de mano de obra.Consumo de combustible sin respaldo en el nivel de actividad y análisis de las desviaciones.
La fiscalización realizada por los legisladores recomendó lograr mayor eficiencia empresarial y que la distribución de utilidades se encamine en función de la satisfacción de los trabajadores; evaluar y dar seguimiento a los programas de las empresas con pérdidas y priorizar el cumplimiento del Programa de la Vivienda, incluida la atención a la actividad de los subsidios.
El Ministro atiende tres Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial relacionadas con el sector: grupo empresarial de la construcción (GECONS), grupo empresarial industrial de la construcción (GEICON), y grupo empresarial de diseño e investigaciones de la construcción (GEDIC).
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