Por Dr Ricardo Torres
Una crisis de largo recorrido con huellas visibles en el tejido socioeconómico
La discusión sobre crisis económica en Cuba tiene varios matices e interpretaciones. Una opinión muy común entre la ciudadanía es que, de cierta manera, el país ha vivido una emergencia permanente desde inicios de la década de los noventa. Para muchas familias, el denominado “Período Especial” no es algo que quedó atrás a partir de 1995, ni siquiera durante la efímera bonanza del despegue de la venta de servicios médicos.
El colapso económico posterior a 1990 cambió de forma notable el contorno de la sociedad cubana. En años recientes se ha conformado un cuadro socio-estructural donde se evidencia un proceso de heterogeneización social, que exhibe diferencias en cuanto a la propiedad, los ingresos y el tipo de trabajo de los individuos (Espina y Echevarría 2020).
Si bien el PIB creció ininterrumpidamente (tasas anuales) hasta 2018, la transformación de la estructura económica reprodujo problemas históricos, y ha añadido otros nuevos que han continuado afectando negativamente el desempeño en años recientes. Aunque la oferta exportable se diversificó, todavía continúa concentrada en pocos productos. Los rubros emergentes han generado mayores rentas, pero tienen encadenamientos muy débiles con la economía doméstica. El turismo nunca ha logrado el arrastre que tuvo la agroindustria cañera, y los servicios médicos apenas conectan con otras ramas de la producción y los servicios. A nivel territorial, la actividad turística se ha concentrado en algunos “polos”, mientras que todas las provincias tenían centrales azucareros. Asimismo, otra vez una parte creciente de los intercambios externos se ubicó bajo el paraguas de acuerdos políticos, volviendo a concentrar el comercio en pocos países, específicamente Venezuela y China.
La tímida apertura bajo la administración de Barack Obama y el interés por la nueva etapa del “cuentapropismo” a partir de 2010, propiciaron un incremento notable del envío de dinero desde el exterior. Estos recursos constituyen una parte sustancial del ingreso total de muchas familias, y son también una fuente de capital semilla para el establecimiento de nuevos emprendimientos. Las remesas, y los derrames del turismo (propinas e ingresos directos del sector privado) son captados en una segunda etapa a través del comercio minorista y el control del sistema bancario-financiero. Aun así, los hogares son los receptores directos, lo que les otorga una gran capacidad de agencia en su uso y distribución. El hogar típico cubano es menos dependiente del Estado que a fines de los ochenta.
Por otro lado, la inversión extranjera, el crédito externo e incluso la cooperación internacional, si bien son flujos controlados por las autoridades y ejecutados por entidades estatales, tienen determinantes que van más allá de las prioridades establecidas por el gobierno o el propio ciclo económico. En gran medida, responden a fuertes condicionantes vinculadas con las percepciones sobre las perspectivas de la economía, la confianza en las instituciones, la estabilidad política y la capacidad de pago. En el caso concreto de Cuba, estas percepciones están fuertemente asociadas con los progresos de la “actualización”, principal eje de transformación de la Isla en la última década. En este lapso los pronósticos se movieron desde el optimismo (aupado por el acercamiento con Estados Unidos) hacia un evidente pesimismo y malestar con el rumbo de la “reforma”, y, sobre todo, con los escasos resultados concretos.
En otro giro desfavorable, los datos oficiales indican que la tasa de actividad económica (corresponde a la proporción de la población en edad laboral que tiene un empleo o esta buscando trabajo) descendió más de diez puntos entre 2009 y 2017, para luego recuperarse solo parcialmente. En este último período los números mejoran en el contexto de una reducción de la población en edad laboral, resultado de la emigración y otras variables demográficas. Sin embargo, las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son más conservadoras, reflejando que solo un 55 por ciento de los ciudadanos en edad laboral forma parte de la población económicamente activa (PEA), uno de los guarismos más bajos en América Latina.
En esencia, los aspectos comentados anteriormente conforman una estructura económica que se caracteriza por un alto grado de dependencia externa que incide sensiblemente sobre el desarrollo económico; y el alto riesgo que domina las relaciones económicas internacionales. Al mismo tiempo, la dependencia se ha trasladado a los hogares. Algunas de las actividades más dinámicas para el ingreso de las familias cubanas descansan en flujos transnacionales. Varias décadas de emigración y el aumento de la movilidad internacional se empiezan a reflejar en flujos monetarios y de mercancías.
A falta de un modelo de redistribución atemperado a otro contexto estructural, el menor control sobre el empleo y los ingresos en divisas; junto al estancamiento en términos reales de los recursos dedicados a los servicios sociales desde 2010 (Cuadro 1), implican que el Estado deja de ser el garante de la equidad. La distribución de la riqueza en esta nueva estructura depende de otros factores socioeconómicos, los que históricamente en Cuba han tendido a reproducir inequidades.
Un nuevo ciclo de estancamiento y recesión…
La ralentización de la actividad productiva que comienza en 2014 se se verifica en primera instancia en las cifras del sector externo. Aunque en este lapso se incluye el período de reconstrucción parcial de los vínculos diplomáticos y políticos con Estados Unidos; ello no impidió el deterioro progresivo de las condiciones de la economía cubana. Si acaso, lo retrasó o enmascaró.
El análisis del contexto externo indica que este se fue endureciendo progresivamente, a partir de una serie de factores como el declive de la economía de Venezuela, los cambios políticos en Brasil, Ecuador y Bolivia; la reversión casi total de la apertura de Obama bajo la administración de Donald Trump; menor flexibilidad de la parte china en los vínculos comerciales y financieros con ese país; y más recientemente la posición plasmada en las negociaciones con el grupo de acreedores del Club de París; junto al interés de otros acreedores del Club de Londres en encontrar un solución para los adeudos pendientes.
Las cifras del Cuadro 1 dan cuenta de una desaceleración generalizada de la actividad productiva, con un elevado grado de sincronía. Las reducciones observadas en las exportaciones e importaciones son de magnitudes desconocidas desde comienzos de la década de los noventa. Los niveles importaciones a precios constantes son los más bajos en por lo menos doce años, mientras que los servicios individuales provistos por el gobierno no alcanzaban niveles tan reducidos desde 2006. El consumo de los hogares en el mercado se ubica en volúmenes similares a 2014. Este panorama tomado en su conjunto permite dar cuenta del nivel de un empeoramiento de las condiciones materiales en los hogares, cuya magnitud supera lo que muestran indicadores como el producto interno bruto. Ello en un contexto de mayor desigualdad y sin los amparos anteriores de la política social. A ello habría que agregar el hecho de que el descenso en la calidad de los servicios públicos no se capta adecuadamente en las cifras de las cuentas nacionales.
Llama la atención que este ciclo contiene un aspecto que lo diferencia de etapas precedentes. La contracción del consumo se ve reforzada por la elevada dinámica que han mostrado las inversiones, particularmente las que se relacionan con la construcción inmobiliaria-hotelera, y en menor medida las de infraestructura, una parte de las cuales se ha concentrado en la Zona de Desarrollo Especial del Mariel. La construcción de hoteles ha mantenido un ritmo creciente a pesar de que desde 2017 se ha venido reduciendo el nivel de ocupación, y la pandemia de la COVID-19 redujo a niveles ínfimos la llegada de visitantes foráneos.
El descenso en la producción ha estado acompañado por un deterioro de indicadores macroeconómicos claves, como el déficit fiscal, la inflación y el tipo de cambio. El tipo de cambio en el mercado informal habría pasado de un equivalente a 23 pesos por USD en julio de 2019, a mas de 65 pesos por unidad de la moneda norteamericana en septiembre de 2021. El índice de precios (IPC) calculado por la ONEI indica que estos se incrementaron 18 por ciento en 2020, y 62 por ciento en los primeros ocho meses de 2021 (ONEI 2021). Sin embargo, en ambos casos pueden existir subvaloraciones sustanciales. La razón estriba en que, debido a la creciente escasez de productos básicos, estos alcanzan precios mucho mas elevados en el mercado informal, que tiende a estar poco representado en el calculo de este índice. En la práctica, las familias tienen que acudir a este para acceder a ciertos productos, que no se encuentran disponibles en otros circuitos. Lamentablemente, en 2021 los precios crecieron tanto por la implementación del “ordenamiento monetario” como por la crisis económica, lo que ha desatado una espiral inflacionaria en la Isla. Es bien conocido que la inflación tiene efectos regresivos en la distribución del ingreso.
Las tendencias del Índice de Desarrollo Humano
Uno de los indicadores más recurridos e internacionalmente reconocidos para analizar las tendencias de largo plazo del desarrollo, es el Índice de Desarrollo Humano calculado anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el informe del año 2020, Cuba se ubica en el puesto 70 dentro de 189 países, en la categoría de “Desarrollo Humano Alto-DHA”. Este resultado posiciona a la Isla en el noveno lugar en el escalafón de América Latina y el Caribe (ALC) y puede catalogarse de muy bueno, considerando todo el conjunto de circunstancias únicas que rodean el desarrollo cubano.
No obstante, un análisis más atento deja entrever una evolución bastante menos favorable en la última década, lo que tiene una relación directa con la percepción de los cubanos en general, y los jóvenes en particular, sobre el progreso y sus perspectivas en Cuba. Las consideraciones siguientes se agrupan en torno a cuatro elementos principales.
El primero, si bien en términos absolutos, el país caribeño exhibe avances en el índice global y sus tres dimensiones (la salud, la educación, y el estándar de vida) desde 1990, el progreso ha sido más lento que en todos los grupos comparables (mundo, ALC y DHA). Como consecuencia, las amplias ventajas en educación y salud que exhibía Cuba 30 años atrás se han estrechado notablemente; mientras que la brecha histórica en ingreso se ha ampliado todavía más. La intensificación del contacto con el exterior sugiere que esas tendencias pueden sostener una percepción de empeoramiento de las condiciones de vida y paralización del desarrollo. Además, entre 2010-2019 el valor del IDH se estancó completamente, lo que implica necesariamente un deterioro relativo respecto a la mayoría de otros países que mantuvo el ascenso, aun en medio de una amplia dispersión internacional.
En segundo lugar, esa trayectoria se consigue en el contexto de una sociedad cuyos niveles de desigualdad han aumentado sostenidamente. Si bien el IDH ha introducido una metodología para recalcular el indicador global teniendo en cuenta la desigualdad, lamentablemente la ausencia de datos le han impedido incorporar el ajuste para el caso cubano. Este es un aspecto para tener en cuenta, porque los escasos datos disponibles sugieren un aumento significativo de la inequidad, lo que a su vez explicaría el hecho de que ciertos grupos y comunidades han quedado marginados incluso de las modestas tasas de crecimiento económico conseguidas; y por otro lado sufren desproporcionadamente los impactos de crisis como la asociada a la pandemia de la COVID-19.
El debate sobre desigualdad y equidad suele ser álgido en Cuba. La reducción de la desigualdad hasta los años noventa es un logro acreditado a la Revolución Cubana. Sin embargo, los mayores problemas están asociados a la escasez de datos comparables internacionalmente para determinar dónde se ubica la Isla en la actualidad. Las pocas estadísticas disponibles indican que el índice de Gini habría evolucionado desde un 0.22 en 1989 (Brundenius 1990), pasando por un 0.41 en 1999 (Monreal 2017) hasta un 0.45 alrededor de 2018 (Rodriguez 2019). La mayoría de los expertos estarían de acuerdo en que la desigualdad de ingresos ha aumentado sostenidamente, y que los ingresos monetarios determinan una proporción creciente del consumo total. Ello a pesar de que la universalidad y gratuidad de los servicios sociales básicos suaviza el impacto de esta evolución (Echevarría, Gabriele, y otros 2019). Aunque ya de manera muy parcial.
Un tercer aspecto es que los indicadores relativos a la educación y la salud se verifican en un contexto en el que se aprecia un deterioro de su calidad, junto a problemas de acceso a estos por parte de grupos y comunidades vulnerables (Echevarría, Equidad y Desarrollo: oportunidades y retos para Cuba 2016) .
Por último, diversos expertos han documentado inconsistencias en el enfoque aplicado para la medición del ingreso en el caso cubano, habida cuenta de las limitaciones que supone el cálculo del Ingreso Bruto Disponible en paridad de poder adquisitivo. Algunos cálculos que usan metodologías alternativas sugieren que las cifras que usa el PNUD en la estimación del IDH para Cuba están sobrestimadas, y muestran grandes variaciones a lo largo de una serie incompleta (Mesa-Lago 2020). Como consecuencia, la posición en el escalafón sería algo más baja.
Los problemas coyunturales
La emergencia de salud derivada de la COVID-19 ha tenido implicaciones económicas para todos los países, pero su impacto no es simétrico. Durante 2020, la Isla enfrentó el choque externo negativo asociado a la COVID-19, con una actividad productiva debilitada por la acumulación de problemas domésticos, el enrarecimiento del entorno externo y desastres naturales. El impacto de esta emergencia llega por múltiples canales.
La contracción económica en los principales centros económicos tira hacia abajo la demanda externa. Entre los 12 principales socios comerciales de Cuba, solo China tuvo crecimiento positivo en 2020. Más de las dos terceras partes de las exportaciones tienen que ver directamente con la salud y las personas (servicios médicos, medicamentos, turismo), por lo que han sido duramente afectadas por la reducción de la movilidad internacional.
El modelo de venta de servicios de salud basado en el envío de profesionales despegó a partir de 2005 en el mercado venezolano. Desde sus inicios, se ha basado en acuerdos intergubernamentales. En años recientes ha sido objeto de críticas por gobiernos y organizaciones con enfoques diversos (Recio 2020); (Farber 2020). El turismo es una actividad fundamental para la Isla. Y lo es también para muchos hogares y pequeños negocios. El cierre de las fronteras ha sido devastador. Cada mes de cierre representa una pérdida de unos 140 millones de dólares. En 2020, el número de visitantes se redujo un 75 por ciento, lo que representa un retroceso a los niveles de 1997. Hasta julio de 2021 habían viajado unos 141 mil turistas extranjeros, el 5 por ciento de los niveles de 2019.
El cierre de fronteras también afecta severamente la importación individual de mercancías, uno de los canales de suministros usados por muchos emprendimientos. Desde 2013, Panamá, México, Guyana, Estados Unidos, Haití y Rusia se han convertido en destinos muy populares. Se ha estimado que las compras totales se situaban entre 1 500-2 000 millones de dólares anuales (The Havana Consulting Group 2021). Entre 2013 y 2019, los viajes de cubanos residentes en la Isla al exterior se incremento mas de dos veces y media.
Tradicionalmente se ha considerado que los emigrados cubanos son muy fieles a sus familias, pero el desempleo masivo en EEUU, donde vive la inmensa mayoría de esa diáspora, tendrá un impacto indiscutible. Por ejemplo, The Havana Consulting Group (una empresa de consultoría de negocios basada en Miami enfocada en la economía cubana) calcula caídas de entre 20-30% en los flujos (The Havana Consulting Group 2021) . Los canales informales también se han visto afectados por el cierre de los aeropuertos durante varios meses.
El panorama anterior se completa con los efectos derivados de las medidas restrictivas implementadas para el control de la COVID-19. Habría que señalar que el impacto del confinamiento y otras medidas de corte similar es asimétrico a lo largo de la economía. En ese sentido, el efecto más severo se nota sobre el sector de los servicios, que dependen desproporcionadamente de la interacción y el desplazamiento de las personas.
En el primer semestre de 2021, el desempeño de las ramas fundamentales ha quedado muy por debajo de las previsiones, aunque algunos renglones como el níquel y los servicios de telecomunicaciones exhiben un buen comportamiento. De acuerdo con las autoridades, el PIB de Cuba se contrajo un 2 por ciento hasta al cierre de junio de 2021. Ello extiende la caída de la economía a ocho trimestres consecutivos, contados desde el tercer trimestre de 2019. El inicio de la recuperación del turismo no se materializó y la zafra azucarera tiene el peor resultado en más de un siglo.
Los datos divulgados sobre las inversiones impiden determinar la dinámica de las mismas, debido a la inexistencia de una base uniforme de comparación luego de la reforma cambiaria. Sin embargo, se refuerzan dos tendencias recientes. La Habana ahora representa el 70% del total, mientras que los proyectos inmobiliarios (esencialmente asociados al turismo) alcanzan la mitad de lo invertido.
La evolución de la situación sanitaria también ha sido desfavorable, lo que compromete la recuperación. Desde mediados de enero se han venido reforzando las restricciones para contener el peor rebrote desde el comienzo de la pandemia. Durante 2021, cada mes ha sido peor al anterior. En todo 2020, los casos acumulados llegaron a 12 056 infectados con la COVID-19. Sin embargo, entre enero y julio de 2021, esa cifra se multiplicó por doce, y alcanzó casi un millón de casos en total a fines de octubre de 2021. Ello en medio de una aguda escasez de medicamentos, y el visible colapso del sistema de salud en determinadas provincias del país. La Isla ha logrado producir sus propias vacunas, pero el inicio de la inmunización masiva no llegó a tiempo para impedir el impacto de la variante Delta. Entre mayo y agosto de 2021, Cuba ha tenido algunas de las peores cifras en las Américas y el mundo.
La reforma monetaria y cambiaria, hacia fines del primer semestre, no ha mejorado el ambiente macroeconómico y de negocios general, como consecuencia de errores de diseño e implementación junto a la pasividad a la hora de impulsar reformas estructurales relativas a la empresa estatal, y el sector privado. De acuerdo a la ONEI, hasta agosto los precios habían crecido como promedio un 63% respecto a 2020, pero se habrían casi duplicado para los alimentos, y casi triplicado para el transporte.
Adicionalmente, durante 2021 se agudizaron las tensiones en la red eléctrica nacional. La combinación de la posposición de mantenimientos, escasez de piezas de repuesto y combustible, determinaron un aumento de los muy “impopulares” cortes de electricidad (apagones). Los cortes se han extendido por hasta 8-10 horas como promedio diario en algunas zonas, con reportes de lapsos mayores debido a averías imprevistas. La percepción de la ciudadanía es que la distribución no es homogénea entre las zonas del país. Algunos barrios de La Habana son mas protegidos que varias provincias del interior, por ejemplo.
Las autoridades habían establecido una meta de crecimiento de 6% en 2021, y un pronóstico similar para 2022, con el objetivo de recuperar los niveles de actividad de 2018 (en 2019 el PIB se contrajo un 0,2%). Sin embargo, los resultados obtenidos en la primera mitad del año indican que esa meta no será cumplida. Los escenarios posibles dependen críticamente del inicio de la recuperación del turismo internacional, el control de la pandemia asociado a la vacunación masiva, y el relajamiento de algunas sanciones desde Estados Unidos, vinculadas con remesas y viajes.
El costo político de la parálisis de la reforma
Ya hace una década que la reforma económica fue aceptada al más alto nivel político, al menos nominalmente, pero su implementación fue de mal en peor. En el VI (2011) y VII (2016) Congresos se adoptaron unos documentos que debían servir de base para la transformación del modelo económico. Contra todo pronóstico, desde 2016 prácticamente no se implementó nada nuevo sino hacia finales de 2020, cuando las autoridades ya estaban sobrepasadas por la crisis económica. Si se intentó, entre 2017-2018, retroceder en áreas de amplia resonancia en la ciudadanía, como el trabajo por cuenta propia.
Pocas reformas son más urgentes y justificadas que la cubana. No es un secreto que el modelo cubano ha fallado por décadas en conseguir un desempeño económico decente. Los breves lapsos de dinamismo económico han estado asociados a una generosa compensación externa. Fue así en algunos años del acompañamiento soviético, y como resultado del efímero impulso de las exportaciones de servicios médicos a Venezuela. Conseguir una economía productiva incrementaría notablemente las posibilidades de mantener la independencia del país y aumentaría el costo de las sanciones económicas de Estados Unidos.
La reforma económica se estancó como consecuencia de rezagos ideológicos, el cálculo político, los fuertes intereses creados, y la escasez de personal técnico capaz en el sector público. Ya desde principios de siglo, la reticencia de hacer los cambios domésticos necesarios llevó a ubicar otra vez una parte mayoritaria del comercio exterior bajo acuerdos políticos. Los problemas económicos de Venezuela se traducen ahora en un pasivo para la Isla. Ciertos círculos conservadores han sido muy hábiles usando los espacios y la legitimidad de instituciones públicas para criticar, a veces solapadamente, la reforma económica. Eso sí, sin ofrecer otra alternativa que el modelo actual y la resistencia, términos que tienen cada vez menos eco en vastos sectores de la sociedad cubana, particularmente en los jóvenes. No resulta tan extraño que, ante la falta de avances en Cuba, los emigrados recientes hayan sido una de las bases más sólidas de las políticas de mano dura adelantadas por la administración de Donald Trump.
Los errores y omisiones anteriores se han exacerbado por las complejidades del cambio político. La mayoría de los factores estructurales que explican los rasgos generales del modelo cubano han cambiado radicalmente: liderazgo político basado en carisma y legitimidad proveniente de la historia; la existencia de socios externos capaces de ofrecer ayuda económica generosa; relativa homogeneidad de la población cubana a cuenta de la reducida desigualdad e ideología dominante; y aislamiento económico relativo del resto del mundo como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos.
Las tendencias descritas en el ensayo dan cuenta de una transformación profunda de la economía y la sociedad cubanas desde comienzos de los noventa, que se expresan en primera instancia en las familias, sus prioridades y proyectos de vida para hacer frente a un contexto hostil. La “actualización” podía haber sido el camino para conseguir atemperar el modelo cubano a estar nuevas condiciones. Su fracaso sugiere que la brecha se ha ahondado.
Conclusiones
El débil crecimiento económico y la acumulación de deudas sociales apuntan hacia el sostenido deterioro de las bases materiales del bienestar. Esto va más allá de las perdidas asociadas al cataclismo del COVID-19, o incluso las ultimas sanciones de la administración de Trump, sino que se puede identificar un proceso de largo recorrido de empeoramiento de estas condiciones. Adicionalmente, los problemas económicos afectan más a ciertos grupos y comunidades, los denominados “barrios” hospedan a algunos de los sectores más humildes de la sociedad cubana.
En un contexto de aumento tendencial de la desigualdad económica, la “actualización” fue más efectiva en la contención del gasto social, que, en la mejoría de la dinámica económica, lo que contribuyó a ahondar brechas históricas. La transnacionalización de los hogares cubanos los hizo vulnerables a la súbita interrupción de los flujos financieros y los viajes como consecuencia de las medidas coercitivas en Estados Unidos y el COVID 19. La expansión de la economía informal refuerza las tendencias anteriores y acentúa la desprotección del empleo. A su vez, niega recursos fiscales necesarios para corregir estos desequilibrios. En este escenario, los instrumentos y recursos paliativos al alcance del Estado cubano son inadecuados e insuficientes.
En 2021, Cuba ha vivido una tormenta perfecta, en términos económicos. Sus fuentes tradicionales de ingresos se han visto menguadas, la reforma que no ocurrió a tiempo no ha podido madurar, las sanciones de Estados Unidos se han incrementado, la COVID 19 ha producido estragos, y el entorno externo es extremadamente adverso. Los efectos visibles de este contexto -escasez, apagones- ahora encuentran terreno fértil en una nueva generación para la que los “logros” de la Revolución se han difuminado o son ya casi imperceptibles. El reto de la recuperación económica ahora choca con un escenario interno de mayor inestabilidad política. Desafortunadamente, el sistema político cubano no se encuentra bien habilitado para atender estas exigencias.
Referencias
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Mesa-Lago, Ricardo. 2020. "Vidal’s Results and Cuba’s Ranking in the Human Development Index." Cuban Studies (49): 119-128.
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Rodríguez, José Luis. 2019. "Intervención en panel de Ultimo Jueves." Temas.
The Havana Consulting Group. 2021. Havana Consulting Group. septiembre. http://www.thehavanaconsultinggroup.com.
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