WASHINGTON, DC – Con más de dos tercios de la población del continente africano todavía sin vacunar contra la COVID-19, está claro que el régimen global de preparación y respuesta frente a las pandemias (PRP) sigue estando seriamente subfinanciado y no cuenta con sistemas de entrega eficaces y resilientes. Si bien el Acelerador de Herramientas de Acceso contra la COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A)) ha ayudado a abordar la enorme desigualdad en el acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas, carece del respaldo necesario para apoyar de manera integral a los países de bajos ingresos.
Estudios científicos y económicos han demostrado que una futura pandemia que se transmita por vía aérea podría matar a millones de personas y causar un caos económico, especialmente en el contexto de una urbanización en aumento e intensificación del cambio climático. Es inevitable la aparición de un nuevo patógeno y, cuando venga, bien podría significar una amenaza existencial para la humanidad. Al igual que con la lucha contra el cambio climático, los costes de la inacción son mucho mayores que los de actuar a tiempo.
En octubre pasado, la Presidencia italiana del G20 publicó un mapa de ruta de PRP para asegurar que el mundo esté mejor preparado para el próximo desafío de salud global. En los próximos días, los ministros de finanzas y directores de los bancos centrales de los países del G20 recibirán un informe de avances de la Fuerza de Tareas Conjunta sobre Finanzas y Salud del G20, la entidad creada para monitorear su desempeño.
Un próximo paso de crucial importancia es crear un Fondo Financiero Intermediario (FFI) adecuadamente financiado. La OMS y el Banco Mundial estiman que existe una brecha de financiación de al menos $10, 5 mil millones para el PRP. Debemos considerar esa cifra como el mínimo absoluto de fondos adicionales necesarios cada año para asegurar un acceso igualitario a las vacunas, las pruebas y las terapias, la vigilancia de patógenos, e investigación y desarrollo, la manufactura y la infraestructura de salud.
No hay ninguna buena razón para que el G20 no sea capaz de reunir otros $10,5 mil millones al año. Es una ínfima fracción de los billones de dólares destinados a mitigar la actual pandemia, por no mencionar los billones que se perderían en caso de otra crisis sanitaria global.
En todo caso, para tener éxito el FFI debería cumplir con cuatro condiciones. La primera es que no debe financiarse mediante promesas o iniciativas de reposición ocasionales, ya que son demasiado inestables. En su lugar, los gobiernos deben acordar la entrega por adelantado de los fondos para los primeros cinco años, al tiempo que adoptan medidas para generar compromisos financieros para el FFI en sus presupuestos anuales.
Este fondo inicial debería promover mecanismos financieros combinados e innovadores para apalancar las inversiones del FFI. Los gobiernos, bancos de desarrollo, filántropos y corporaciones ya están creando nuevas formas de colaboración para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Los líderes del G20 deben crear un grupo de expertos para identificar mejores prácticas de los modelos de financiación verdes que se puedan utilizar para inversiones en PRP.
Más aún, debido a que los países de ingresos bajos y medios enfrentan estrechas limitaciones fiscales, toda inversión adicional que hagan en sus sistemas de salud pública y PRP debería ser reconocida como contribución en especie al FFI (siempre que sea compatible con los objetivos generales del fondo).
Segundo, el FFI debería contar con un mecanismo de evaluación basado en indicadores acordados en común sobre el impacto socioeconómico de una inversión, para asegurar el uso eficiente de estos nuevos recursos y dar confianza a los donantes de que hay un retorno medible de su compromiso de largo plazo con el FFI.
Tercero, la financiación del FFI no debe socavar programas que estén dando respuesta a otras necesidades urgentes de salud pública. Los aportes de los países de ingresos altos se deberían hacer en adición a la ayuda para el desarrollo oficial ya existente, a fin de asegurar que el FFI no signifique recortes a otras partidas destinadas a ayudas.
Por último, como reconoció la Declaración de Roma de los Líderes del G20, el FFI debe apuntar a un acceso universal y una gobernanza inclusiva para asegurar su legitimidad ante los países de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, la innovación y producción farmacéuticas deberían estar regidas por el principio de inteligencia colectiva, que llama al aprovechamiento común más amplio posible de los conocimientos subyacentes,
El FFI debe alejarse del marco ya caduco y desigual de donantes y beneficiarios. La representación dentro de su estructura de gobernanza formal se debería distribuir por igual entre países de ingresos bajos, medios y altos. Asimismo, debe haber un núcleo de instituciones de implementación global y regional, como la OMS y los Centros de Control de Enfermedades africanos, así como representación de expertos independientes de toda la sociedad.
Para evitar disputas burocráticas entre entidades de gobernanza global, el Banco Mundial debería albergar al FFI, con la OMS desempeñando un papel líder en el desarrollo y ejecución de estrategias. Al mismo tiempo, ambas organizaciones deberán reconocer que la mejor manera de desarrollar conocimientos, experiencia y capacidad es fomentar la máxima participación de todos los actores interesados, a través de relaciones de colaboración plenamente transparentes.
La Presidencia de Indonesia del G20 de este año debe asegurar que el FFI se haga realidad. Pero primero, quienes se reúnan en los encuentros de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ponerse de acuerdo sobre su financiación y arquitectura, garantizando que el FFI cumpla con las cuatro condiciones descritas arriba.
Si algo nos ha enseñado la pandemia de COVID-19, es que necesitamos un radical cambio de dirección. Un PRP bien diseñado y completamente financiado es un paso crucial en el camino a lograr la misión de Salud para Todos de la OMS.
MARIANA MAZZUCATO, Professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London, is Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose and Chair of the World Health Organization’s Council on the Economics of Health For All. She is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Penguin Books, 2018), and, most recently, Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022).
Alan Donnelly, a former member of the European Parliament, is Founder and Convenor of the G20 Health and Development Partnership.
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