¿Debemos seguir arrastrando la cultura empresarial del siglo XX y sus prejuicios?
Por Dr.C Juan Triana Cordoví, OnCuba
en Contrapesos
Y sí, poco antes de cumplir un año de ser adoptado el decreto ley que las hizo legal formalmente, 4 200 mipymes han visto la luz. Ha sido uno de los más largos procesos de gestación al cual yo haya asistido, que comenzó a mediados de los años noventa, más como una intención de investigación y búsqueda de alternativas. Ocurrió cuando la economía nacional comenzaba un proceso de recuperación, gracias —entre otras cosas—, a un proceso de reformas bastante heterodoxo, pero que tuvo la virtud de afincarse en cierta descentralización de la economía, poner en valor la inversión extranjera aunque fuera rodeada de innumerables prejuicios y darle más espacio, aunque a regañadientes, a los trabajadores por cuenta propia.
La dinámica de la economía respondió, a pesar de la tremenda distorsión cambiaria, de tener tres monedas operando en circuitos que apenas se comunicaban entre ellos, con una muy baja tasa de formación bruta de capital y de inversión. Bajo un férreo bloqueo que tuvo en la adopción de la Ley Helms- Burton una versión mas sofisticada y mejor diseñada para que ningún futuro presidente norteamericano trasnochado se le fuera a ocurrir la idea de levantarlo por cuenta propia.
La Inversión Extranjera Directa y ahora las pymes (antes los TCP) son probablemente de las decisiones que más hayan concentrado y unido ambos extremos de la crítica y la resistencia. En medio de este fuego cruzado para nada “amigo”, inversionistas extranjeros y empresarios privados nacionales luchan por no padecer del síndrome del perro caliente, ese de sentirse atrapado/aplastado por las dos partes.
Hace pocas semanas un grupo de empresarios privados cubanos desembarcó en República Dominicana con el afán de abrirse espacios en ese mercado y conectarse con el mundo de los negocios en ese vecino país. lo que más me llamó la atención fue que ese hecho, definitivamente histórico, pues fue la primera vez en más de sesenta años que algo así ocurría, fue poco divulgado en nuestra prensa nacional, fue poco seguido, y hasta hoy no he encontrado ninguna entrevista a alguno de los participantes sobre su experiencia.
Esa “misión comercial” no costó un centavo a las arcas públicas, ningún ministerio tuvo que erogar un centavo en visas, pasajes y dietas. Ni gastos de transporte hasta y desde el aeropuerto.
No sé si alguno de estos nuevos empresarios tuvo éxito inmediato, no sé tampoco si alguno logró firmar una primera operación, o si algún otro encontró a alguien interesado en financiar un nuevo proyecto de servicios o productos y “colaborar” para ampliar sus mercados. Pero tomaron riesgo, algo que resulta poco común en nuestro ambiente empresarial.
Alguien cercano, comentándome la noticia que acababa de ver en la prensa dominicana me sorprendió preguntándome ¿Ven acá y eso está permitido?
¿Alguien tenía que permitirlo? Me pregunté yo. ¿Existe alguna norma legal que lo prohíba? ¿A quién deben pedirle permiso, existe ese alguien? Pues no, no existe. Es cierto que no pedir permiso es algo fuera de lo “común”, pero solo eso, algo fuera de lo común que sería muy bueno que se convirtiera en común.
¿Acaso no es importante para Cuba, empeñada en reinsertarse en la economía internacional, que un grupo de empresarios nacionales inviertan en conocer nuevos mercados? ¿Es eso bueno o malo para Cuba? ¿O debemos seguir arrastrando la cultura empresarial del siglo XX y sus prejuicios?
La economía del siglo XXI requiere un nivel de inserción internacional (globalización) muy superior al de los años 60, pues bien, en el caso de la economía cubana de hoy esa inserción no puede pensarse ocurrirá solo desde las grandes empresas estatales, tal cual era lo “común” en décadas atrás.
La economía del siglo XXI funciona por redes y encadenamientos empresariales, nacionales y transnacionales en el caso de nuestro país, los nuevos actores fueron pensados para fomentar ese encadenamiento nacional y tendrán que participar obligadamente en los internacionales y en los transnacionales, no podrá ser de otra manera.
La economía del siglo XXI demanda una mayor dinámica de creación y extinción de empresas y una de las formas de facilitar esa creación y de minimizar los costos económicos y sociales de la extinción de empresas esta en el fomento de ese sector de pequeñas y medianas empresas, cuyo coste de creación y extinción es mucho menor comparado con las grandes empresas.
Obviamente la economía del siglo XXI no es esta economía que tenemos y menos aún aquella otra que tuvimos. En esa economía del siglo XXI se está verificando un cambio en los modelos de negocios. Ahora y en el futuro más centrados en el cliente , focalizados cada vez más en productos inteligentes, que utilizan cadenas cortas de comercialización y permitan respuestas en tiempo real, que se enfoquen más en garantizar el acceso y utilicen cada vez más prácticas de leasing y donde la competencia y la cooperación conviven y el trabajo en cooperación (coworking) genere una sinergia que agrega mucho más valor que la suma individual de los participantes. En esa economía, donde la escala de producción deja de ser lo decisivo, las mipymes, en virtud de los adelantos tecnológicos alcanzan otra dimensión.
Generar los incentivos imprescindibles para ello pareciera ser hoy una demanda hacia las políticas públicas. Poner a un lado viejos prejuicios parece ser una necesidad, mover los limites hasta más allá de lo posible para obligar a las empresas, a todas, a salir de su zona de confort parece lo adecuado.
Crear esa nueva institucionalidad (esas nuevas reglas de juego) que induzcan hacia esa economía del siglo XXI es una necesidad de ahora mismo. Hay que calzarse las botas del siglo XXI, porque este siglo XXI ya tiene más de veintiún años.
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