Por Sayli Sosa Barceló OPINIÓN
Pueden presentarse muchas trabas para formalizar un núcleo en el Registro de Consumidores y de ahí acceder a la distribución controlada de productos necesarios
El nuevo modo de distribuir productos de primera necesidad, empleando para ello la base de datos del Registro de Consumidores, ha sacado a la luz algunos “encadenamientos” que atentan contra la efectividad de una modalidad diseñada para ser más justa y equitativa. Ante la obligatoriedad de presentar la libreta de abastecimientos para efectuar la compra, saltan como liebres las deudas del ordenamiento en varios niveles.
La primera de ellas tiene que ver con los atrasos en la legalización de las viviendas. En Ciego de Ávila, al cierre de 2022, apenas se logró concluir 3549 trámites, lo que deja más de 8000 pendientes, según trascendió en una reciente reunión de trabajo, donde las máximas autoridades de la provincia chequean los principales indicadores económico-sociales del territorio.
No quiere decir que esas más de 8000 legalizaciones sin terminar coincidan en su totalidad con núcleos sin formalizarse, pero no es menos cierto que para poder darse de alta en las Oficinas del Registro de Consumidores (ORC) es obligatorio presentar la propiedad de la vivienda. Entonces, de cara a una entrega de productos basada en ese sistema, la lentitud con la que avanzan los trámites en las dependencias del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (INOTU, antes Planificación Física) es un impedimento.
En realidad, no lo son solo para el acceso a alimentos, sino en sí mismas. Se traducen en personas que no pueden resolver un asunto vital como el techo que los cobije y dilatan en el tiempo la solución a ilegalidades, por solo citar dos de los ejemplos más socorridos. Aunque se ha tratado de recortar los atrasos, y no en todos los municipios tienen la misma magnitud, lo insoslayable es que no se logra.
Sobre la jurisdicción de INOTU gravita, además, la construcción de asentamientos ilegales y precarios, no siempre detectados a tiempo y con las acciones previstas por la ley. Son núcleos familiares que, una vez levantadas las cuatro paredes, comienzan a exigir los derechos de todo ciudadano, habiendo violado deberes elementales. En este sentido, se ha remarcado hasta el cansancio que la principal responsabilidad recae en los tenentes de la tierra, porque aquí todo el suelo tiene un administrador, aunque a veces no lo parezca.
El otro pendiente que podría atentar contra el normal desenvolvimiento de la nueva modalidad de distribución es la digitalización del Registro de Consumidores, que todavía no sobrepasa el 82 por ciento aquí. Cuatro municipios (Chambas, Morón, Primero de Enero y Ciego de Ávila), al estar por debajo del 90 por ciento, disminuyen el dato provincial. No necesariamente el lento avance de este objetivo es proporcional a las altas y bajas en las ORC, pero sin dudas son un obstáculo, al que se suman otras variables.
Según resoluciones vigentes del Ministerio de Comercio Interior, los consumidores que estén interesados en abrir un núcleo deben presentarse en las ORC con el documento de legalidad de la vivienda (propiedad); carné de identidad de todos los componentes, actualizados por la dirección, según documento de legalidad; Modelo-6 de alta y baja de la ORC de origen; sello por valor de 5.00 pesos por cada Modelo-6 de alta y baja presentado; y libreta de abastecimientos de la vivienda que está comprando, o, en su lugar, en caso de no existir dicha libreta, la persona que le realiza la venta.
¿Nota todas las vallas a saltar? Desde las colas para sacar o actualizar el carné de identidad, pasando por las demoras mencionadas en lo concerniente a la legalización de la propiedad de las viviendas, hasta la casi permanente ausencia de sellos timbrados de 5.00 pesos en la red de correos, convierten en misión, si no imposible, bastante difícil, la posibilidad de contar con un núcleo reconocido y una libreta de abastecimientos, y de ahí al acceso a alimentos que no están disponibles en ninguna otra red de distribución.
Son asuntos a los que prestarles atención urgente.
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