El cultivo de frutas, su comercialización, procesamiento industrial y exportación resulta aún una asignatura pendiente en el país caribeño.
Empleadas laboran en la selección de mangos para su procesamiento en la minindustria estatal Villa Roja, en la provincia cubana de Artemisa. Con una moderna línea tecnológica inaugurada en abril, la pequeña fábrica procesa en pleno pico de la cosecha de seis a siete toneladas de la fruta.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
Artemisa, Cuba, 20 jul.- Mientras supervisa la llegada de decenas de cajas con mangos recién cosechados en su finca, el agricultor Osmany Cordero valora las minindustrias como soluciones locales para minimizar las pérdidas de cosechas y aportar valor agregado a las producciones de frutas en Cuba.
En el pequeño local, flanqueados por una despulpadora y otros equipos artesanales, más de una decena de trabajadoras y trabajadores lavan y cortan los frutos de tonalidades verdes, amarillas y rojizas. Luego envasan en nailon las tajadas y las refrigeran para la venta hasta meses después de su cosecha.
“La otra parte la molemos en las máquinas que creamos; extraemos pulpa y elaboramos mermeladas o jugo natural. Las semillas quedan intactas y las enviamos a un banco de germinación donde las posturas se usan para injertos de otras frutas”, explicó Cordero a IPS en la miniplanta ubicada en su finca San Juan El Brujo.
Con 67 hectáreas, la finca inaugurada en julio de 2013 se asocia a la cooperativa de créditos y servicios Antero Regalado, en la periferia de la ciudad de Artemisa, capital de la provincia homónima a unos 60 kilómetros al oeste de La Habana.
Se trata de la primera y mayor finca de su tipo dedicada a la siembra de frutales, con el empleo además de la técnica de intercalarlos con cultivos de café y tubérculos, en esta provincia de medio millón de habitantes del occidente cubano.
Otros 15 trabajadores atienden también las plantaciones de guayaba, fruta bomba (papaya), mamey, piña, banana y algunas consideradas novedosas en este país insular caribeño, como guanábana, pera, cereza, chirimoya, canistel (Pouteria campechiana), mamón chino o rambután (Nephelium lappaceum), ciruela y melocotón, entre otras.
Se construyeron nuevas estructuras para montar la moderna línea de producción. Se trataba de una fábrica muy deteriorada, con equipos obsoletos. Tal transformación fue posible gracias al proyecto Agrofrutales”.
Duniel Pérez
“También hemos exportado aguacate”, precisó Cordero, quien destacó el manejo agroecológico en su finca, mediante abonos naturales, rotación de cultivos “y unas 60 colmenas de abejas que contribuyen con la polinización”. “No utilizamos químicos ni conservantes en todo el proceso”, explicó.
A ello contribuyen el abono natural y dos cochiqueras (corrales para cerdos) que alimentan un biodigestor, ahora inactivo por la escasez de animales, debido a las dificultades financieras del país para comprar piensos y otras materias primas.
“El biogás era muy beneficioso, porque con él cocinábamos el almuerzo de los trabajadores y la comida de los animales. Residuos de cosecha y de la minindustria también iban al biodigestor y reducía la contaminación”, se lamentó Cordero.
Cultivar más frutas
El cultivo de frutas, su comercialización, procesamiento industrial y exportación resulta aún una asignatura pendiente en este país caribeño, con problemas estructurales en la agricultura que obligan a importar de 70 a 80 % de los alimentos que consumen sus 11 millones de habitantes.
Persiste la pérdida de significativos porcentajes de cosechas, junto con el constante aumento de los precios por la galopante inflación.
El envejecimiento de plantaciones, reducción de variedades autóctonas, el impacto de huracanes y sequías, al igual que la escasez de insumos para la atención integral a los cultivos influyen en la caída de la producción frutícola.
Un caso sintomático es el de los cítricos, que además de recibir los golpes de ciclones tropicales fue atacado por plagas y la enfermedad conocida como Huanlongbing, que devastó las plantaciones citrícolas del país desde 2007.
De cosechas de un millón de toneladas de naranjas, toronjas (pomelos), mandarinas y limones en 1990, la producción descendió en 2020 a poco más de 43 000 toneladas, muestran estadísticas de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
A fines de la década de los 90 se gestó un movimiento popular enfocado en recuperar la fruticultura e incentivar el cultivo de las especies más conocidas, las de menor presencia y algunas devenidas exóticas.
En 2009, por recomendación del Ministerio de la Agricultura, se creó el grupo técnico asesor para rectorar la actividad técnica de las plantaciones, y estimular la creación de fincas integrales, donde los frutales permanentes se intercalan con cultivos de ciclo corto como el tomate, maíz y frijoles, a fin de aumentar la rentabilidad.
La proyección estratégica para aumentar la producción de frutas en Cuba se propone, satisfacer las demandas de la población, la industria e incrementar exportaciones.
Pone énfasis en la biodiversidad y conservación del medio ambiente mediante la reforestación, así como en el uso y desarrollo de tecnologías menos agresivas, de prácticas protectoras de las cuencas hidrográficas y de la fertilidad de suelos.
De acuerdo con el Anuario Estadístico 2021 de la Onei, el año anterior existían en el país 95 200 hectáreas de frutales, excluyendo los cítricos, y se produjeron 855 236 toneladas.
El mayor porcentaje corresponde a mango, guayaba y papaya, que representan alrededor de 70 % del total y el resto se reparte entre el aguacate, piña y mamey, junto con especies de presencia muy discreta como las anonáceas, entre otras.
Respaldo internacional
Con una moderna línea tecnológica inaugurada en abril, la minindustria estatal Villa Roja procesa en pleno auge de la cosecha de seis a siete toneladas de mango diarias, “y no se está perdiendo, objetivo principal de este proyecto”, subrayó en diálogo con IPS su director, Duniel Pérez.
Asentada en la comunidad de Badón, en la periferia de Artemisa, la minindustria emplea a casi 40 trabajadores, en su mayoría de los alrededores, quienes elaboran pulpas, jugos, mermeladas y dulces en almíbar.
Pérez subrayó que “se construyeron nuevas estructuras para montar la moderna línea de producción. Se trataba de una fábrica muy deteriorada, con equipos obsoletos. Tal transformación fue posible gracias al proyecto Agrofrutales”, del cual Artemisa es uno de los cinco municipios cubanos beneficiados con su implementación.
Con apoyo financiero del gobierno de Canadá, y el acompañamiento del Ministerio de la Agricultura y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la iniciativa que comenzó en 2017 busca potenciar el desarrollo de los tres principales cultivos frutales -mango, guayaba y papaya-, bajo el concepto del encadenamiento productivo.
También se sustenta en otros preceptos como estimular el empleo de las energías renovables y, en lo social, la igualdad de género.
El proyecto identificó las principales causas de la escasa adopción del modelo de gestión con enfoque de cadena en tales cultivos.
Entre las deficiencias señaló la carencia de conocimientos sobre los eslabones de las cadenas, limitada disponibilidad de insumos, insuficiente y obsoleta capacidad instalada, brechas de género, desconocimiento y escaso uso del seguro y deficiente control de la calidad.
Procesar frutas, verduras y hortalizas sin el equipamiento moderno del cual hoy dispone hubiera resultado complejo y con rendimientos más bajos, reconoció el agricultor Luis Yhanes, quien desde 2021 gestiona la minindustria privada bautizada con su apellido.
Ocho trabajadores, incluidos miembros de la familia Yhanes, supervisan que salgan con los estándares de calidad y presentación mermeladas, pastas, salsas, jaleas, jugos, vinagre, aliños y encurtidos, una parte de las cuales se comercializan entre la población de Artemisa y otra mediante convenios con empresas en La Habana.
“Aquí no existía nada. Levantamos esta minindustria desde cero. Estamos muy agradecidos del equipamiento aportado por el Prosam (Proyecto de Sostenibilidad Alimentaria en los Municipios)«, reconoció a IPS Yhanes, cuya finca de 13 hectáreas se encuentra asociada a la cooperativa de créditos y servicios Antero Regalado.
Además de Artemisa, otros cuatro municipios fueron beneficiados con el proyecto que durante cinco años (2015-2020), coordinó el Instituto de Suelos del Ministerio de Agricultura, con apoyo del gobierno de Canadá y las organizaciones humanitarias internacionales Care y Oxfam.
Prosam buscó fortalecer la gestión del desarrollo agrícola municipal e incrementar la producción sostenible de alimentos diversificados, mediante un enfoque de cadenas de valor, favoreciendo e integrando determinados eslabones, a fin de promover el autoabastecimiento local con prácticas agroecológicas.
También proyectó contribuir a la elaboración de planes productivos que combinaran la demanda de la población con los intereses de quienes producen la tierra.
Yhanes señaló que además de la necesaria estabilidad en la producción de frutas, otros factores pueden afectar la estabilidad de los resultados, como la rotura de los equipos y la dependencia del suministro energético del Sistema Eléctrico Nacional.
Este último se sostiene fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles y plantas térmicas con décadas de explotación y cuyas constantes roturas y mantenimientos provocan cortes del servicio, a veces por periodos prolongados.
“Sería útil disponer de paneles solares para halar el agua que consumimos y mantener los equipos funcionando. También nos golpea la transportación, no disponer de vehículos propios y depender de otras personas y entidades para comercializar nuestros productos”, sostuvo el agricultor.
En julio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la Política para Impulsar el Desarrollo Territorial, que aspira a incentivar el crecimiento económico mediante el aprovechamiento de los recursos locales.
En igual fecha, el gobierno aprobó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, mientras dos años después, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento, aprobó la ley de igual nombre.
Para la concreción de tales políticas públicas, de importancia estratégica dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, las minindustrias de producción de alimentos deben recibir mayores respaldos financieros y tecnológicos con el objetivo de diversificar producciones, elevar la calidad, cubrir demandas locales y de otros territorios e, incluso, exportar.
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