El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez asisten a la segunda jornada del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continúa este viernes la segunda jornada del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El Jefe de Estado cubano aseguró en la red social Twitter que los debates han sido fuertes y muy comprometidos con el futuro del país. «Ese es el Parlamento que necesita Cuba: crítico, reflexivo, aportador», escribió.
Hoy los diputados analizarán la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la efectividad de las medidas adoptadas para el control de los precios, y la situación actual y perspectivas del sistema energético del país.
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FALTA UN ACTUAR NECESARIO EN EL CONTROL DE PRECIOS
Al presentar el informe sobre la efectividad de las medidas adoptadas para el control de los precios, el titular del Ministerio de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, destacó que el índice de precios al consumidor, al cierre del año 2022, registró un crecimiento de 39%.
En el transcurso del primer semestre del presente año –dijo– se ha mantenido la tendencia al alza de los precios, que al cierre de junio muestra un crecimiento acumulado de 18%, y en comparación con igual período del año anterior, de 45%.
Pesan en nuestra economía los elevados déficits fiscales, que en los últimos ejercicios económicos han estado determinados precisamente por la necesidad de respaldar, en un escenario de crisis económica, las demandas crecientes de gastos vinculados a las políticas y programas sociales, incluida la atención médica y la vacunación de toda nuestra población en el combate contra la pandemia de la COVID-19.
Todo esto, precisó, en medio de un escenario inflacionario en que se desarrolla la economía cubana en los últimos años, determinado por factores objetivos entre los que destaca el alza de los precios en el mercado mundial como consecuencia de la crisis económica global derivada de la COVID-19, que si bien ha sido superada en el ámbito sanitario aún están latentes sus secuelas combinadas con las afectaciones al comercio exterior derivadas de los conflictos bélicos internacionales.
Agregó que, para Cuba, la situación resulta más compleja por los efectos negativos, cada vez más intencionados, del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estado Unidos
ORIENTACIONES PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS
- Regulación de precios por los gobiernos locales para una determinada nomenclatura de productos de impacto en la población.
- Concertación de precios de acopio y a la población con los diferentes actores económicos.
- Vinculación directa de las entidades presupuestadas que prestan servicios básicos (salud, educación, deporte y cultura) que les permitan concertar precios y suministros estables.
- Aprobación por las autoridades locales de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios en los procesos de concertación de precios cuando se alcance una reducción estable de los precios.
- Control y exigencia a las entidades comercializadoras estatales sobre el ajuste de sus márgenes comerciales a los límites establecidos.
- Intensificación de las acciones de comunicación sobre los precios concertados y los resultados de los controles de precios realizados.
Sin embargo, la evaluación de la aplicación de estas medidas en el período trascurrido desde su aprobación, muestra que los resultados alcanzados son insuficientes y, no logran un impacto apreciable por la población en cuanto a la presencia de productos y disminución de los precios, que favorezcan su capacidad adquisitiva.
Precisó que ello está determinado por diferentes elementos, entre ellos, la reciente aplicación de los sistemas de trabajo aplicados en los municipios y provincias.
En cuanto a la concertación de los precios, acotó que las acciones se limitan al trabajo de los comités de contratación de precios agropecuarios, desatendiendo otros productos y servicios igualmente básicos para la población que prestan actores económicos no estatales.
Asimismo, falta objetividad en la concertación de precios agropecuarios y de otros productos, determinado por la insuficiente contratación del acopio de las producciones en cada municipio; que en su mayoría no abarca el potencial productivo, ni integra a todas las formas productivas.
En este punto destacó que existe insuficiente contratación del acopio de las producciones en cada municipio, que en la generalidad de los casos no abarca el potencial productivo, ni integra a todas las formas productivas.
De igual forma, se acuerdan precios sobre productos agropecuarios que no tiene real presencia en la red de comercialización: mercados y puntos de venta; y no siempre se implica a los productores y comercializadores, ni se reconocen los costos y gastos en los que se incurre, sino que constituyen topes de precios que no comprometen a la producción y el acopio.
En la limitada efectividad de las medidas aplicadas, destacó, ha incidido la falta de coherencia en la asimilación del concepto de precios abusivos o especulativos, lo que demanda del perfeccionamiento por el MFP, de las definiciones regulaciones sobre formación y control de precios, que garanticen su adecuada implementación.
Con este objetivo, agregó Regueiro Ale, fue emitida la Resolución 148/2023 «Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas».
Esta norma, que entró en vigor este 21 de julio, es resultado de un amplio proceso de conciliación que actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios, con criterio inclusivo para todos los actores económicos, incluidos los no estatales, como expresión de contar con un único sistema empresarial.
De manera novedosa actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios, con criterio inclusivo para todos los actores económicos, se establece para las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100% cubano las tasas máximas de utilidad por tipo de actividades (15% - 30%) y se regulan coeficientes máximos de gastos indirectos para las actividades de producción y de servicios.
PROYECCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS
- Fortalecer a nivel de gobiernos locales el sistema de trabajo para el seguimiento y control de los precios, para todos los sectores de la economía, estatal y no estatal.
- Consolidar el mecanismo de concertación de precios de productos de impacto en la población.
- Desplegar un amplio proceso de capacitación y preparación de las instituciones y actores económicos que asegure la implementación de la Metodología.
- Elaborar, aprobar e implementar la regulación general sobre índices máximos para la formación de precios en la actividad comercial que desarrollan las formas de gestión no estatal con base en la importación.
- Incrementar las acciones de monitoreo y control sobre los precios.
- Intensificar por el MFP y su sistema, el programa de verificación del ejercicio de las facultades de aprobación de precios, descentralizadas a organismos, órganos y a entidades empresariales.
- Perfeccionar el sistema de información sobre las decisiones de precios concertados y sobre los resultados de las acciones de control y enfrentamiento a las violaciones de precios.
«Estamos comprometidos y conscientes de la realidad que debemos revertir», concluyó el ministro.
Desde la Comisión de Asuntos Económicos, precisó su presidente, Félix Martínez, se propuso que los Consejos de Administración Municipal y Provincial adopten las acciones de manera inmediata para acatar lo establecido; que el MFP revise los precios de importación de productos terminados que realizan las formas de gestión no estatal, su relación con el pago de impuestos y fijación de márgenes de utilidad razonable para la venta final a la población.
El miembro del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, expresó que, desde el control popular, se deben tomar medidas y actuar, «lo que no estamos haciendo»; además de estar conscientes de las diferencias de ingresos en nuestra sociedad a la hora de establecer los precios.
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EN FOTOS, SEGUNDA JORNADA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA X LEGISLATURA PARLAMENTARIA
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A DEBATE PARLAMENTARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
A producir alimentos en el menor tiempo posible para materializar el contenido y propósito de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), exhortó el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, al presentar este viernes, ante el Parlamento, el informe sobre la implementación de la normativa.
Mencionó al respecto varias deficiencias como son la falta de conocimiento general de los contenidos de la Ley, problemas en el funcionamiento de las Comisiones y en la integración de los diferentes actores, y lentitud en el proceso de creación de autoconsumo en las entidades de la producción y los servicios que satisfagan parte de las necesidades nutricionales de los trabajadores y su familia.
También señaló la inadecuada articulación entre la Ley SSAN y la Estrategia de Desarrollo Local, las insuficiencias en el proceso de organización de las brigadas de pescadores en las comunidades pesqueras, así como deficiente aprovechamiento de las potencialidades del programa de la acuicultura.
Tapia Fonseca se refirió igualmente a la pérdida de prácticas comunes en las viviendas rurales como lo fue la cría de cerdos, gallinas, chivos, ovejos, conejos y otras aves, así como la siembra de yuca, plátano, frutas y otros cultivos en los patios.
A su vez, los planes de acción aprobados por las Asambleas Municipales del Poder Popular en algunos casos carecen de objetividad y correspondencia con las acciones fundamentales con los temas de la Ley SSAN, añadió.
En el informe expuesto se reflejó una insuficiente producción para garantizar los cinco kilogramos de proteína mensual per cápita, escasos niveles de siembra y de las existencias de cultivos en las viandas, bajos rendimientos en las producciones de hortalizas, falta de insumos y la presencia de plagas para el programa de granos, entre otros factores que obstaculizan el cumplimiento de las directrices de la Ley.
Asimismo, se señalaron los insuficientes mercados y puntos de ventas gestionados por las formas productivas y las empresas agropecuarias para comercializar directamente sus producciones y abaratar precios, además de la deficiente contratación a los productores, muestra del mal funcionamiento de las empresas y acopiadores.
Recordó Tapia Fonseca que la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo han impactado en la capacidad de los sistemas para reponerse y encontrar soluciones alternativas a las carencias, en algunos casos, casi absoluta de financiamientos e insumos como diesel y fertilizantes.
Como consideraciones finales del análisis hecho sobre la implementación de la norma, el Vice Primer Ministro subrayó, en primer orden, que la organización de los Sistemas Alimentarios Locales es la solución a la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y educación nutricional, por lo que se requiere desarrollarlos con urgencia, sostenibilidad y resiliencia.
Por su parte, los organismos, entidades y órganos locales del Poder Popular deben asumir las responsabilidades que les corresponden jurídicamente, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley SSAN, al tiempo que los planes anuales de la economía deben reflejar las potencialidades reales productivas de cada territorio en lo relativo a los procesos de siembra, producción, contratación y comercialización de alimentos.
ROBUSTECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES
«Nosotros vamos a tener de verdad producción cuando los sistemas productivos locales sean robustos», aseveró el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en el debate sobre la Ley SSAN.
El mandatario enfatizó, además, en que los sistemas productivos locales tienen que ser robustos en productividad y eficiencia, pero también en cuanto a subordinación dentro del propio territorio.
«Las principales formas productivas de un territorio tienen en lo fundamental que tener subordinación municipal. Eso no quiere decir que, de un sistema de subordinación municipal, por las características de lo que produce, una parte de su producción entre en un balance provincial o en un balance nacional», explicó.
Señaló, a su vez, que ese desarrollo local enfrenta un reto desde el punto de vista de la planificación, pues «si queremos esa autonomía y si queremos potenciar la robustez de sistemas productivos locales, la manera en que hoy distribuimos los recursos para los procesos productivos no puede ser la misma, sino que hay que cambiar también los sistemas de planificación y distribución de los recursos».
Rafael Santiesteban Pozo, diputado por Mayarí, Holguín, miembro del Consejo de Estado y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, destacó la capacidad que va teniendo la Ley SSAN para incorporar a todos los organismos, entidades y organizaciones a desarrollar acciones en función de incrementar la producción de alimentos.
«Es justo reconocer que el avance todavía es limitado, pero se debe resaltar ese gran esfuerzo que desarrollan campesinos, trabajadores y entidades, que demuestran que, a pesar de las complejidades del clima, la situación de los insumos y recursos, es posible producir y paulatinamente satisfacer las necesidades del pueblo y el resto de los destinos que están comprometidos», aseveró.
Para lograr un mayor avance en la norma, consideró el dirigente, es necesario que el concepto de autoabastecimiento se gestione con mayor disposición desde cada familia, productor, comunidad y organismo.
Santiesteban Pozo llamó a seguir perfeccionando los sistemas de trabajo que permitan acompañar más al que produce, a enfrentar las dificultades y tener la capacidad de incrementar los volúmenes productivos que permitan aumentar la satisfacción, y a un mayor control y aprovechamiento del uso de la tierra, en función de la Ley y del autoabastecimiento.
El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, señaló que los indicadores del Plan en relación con la demanda del pueblo se cumplen en un 30 %, por lo que no se satisface.
Ante estos resultados en la implementación de la Ley SSAN, reconoció que desde el sector de la Agricultura hay que trabajar en el perfeccionamiento de las estructuras empresariales, especialmente de las municipales, en la atención a los productores de las cooperativas y en la búsqueda de financiamiento proveniente de la inversión extranjera.
También enfatizó en el fortalecimiento de las funciones estatales, en el control de la masa ganadera y en consolidar los programas agropecuarios con más producción, más control y orden y más personas en el campo.
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PARLAMENTO RATIFICA ACUERDO QUE REGULA EL VÍNCULO DE LOS DIPUTADOS CON SUS ELECTORES
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó, este viernes, el Acuerdo que regula el vínculo de los diputados con los electores del territorio donde resultaron elegidos, con el propósito de hacer cumplir la responsabilidad de la relación estrecha que surge del diputado con el pueblo.
Sobre el Acuerdo, Homero Acosta Álvarez, diputado y secretario de la ANPP, precisó que se sustenta en referentes legales como la Constitución de la República y el deber de los parlamentarios de rendir cuenta del cumplimiento de sus funciones como tal, según lo establecido en la Ley, sumado a que la función del diputado rebasa el marco del territorio y la circunscripción.
Acerca de las acciones para desarrollar el vínculo reflejadas en la normativa, Acosta Álvarez se refirió a los recorridos por los municipios y distritos por donde fueron electos los diputados, el intercambio con los vecinos de esos territorios, la visita a los centros de trabajo y de estudio, así como la participación en plenarias, audiencias públicas, actos masivos, reuniones de trabajo y otras actividades.
El dirigente parlamentario puntualizó igualmente la periodicidad y organización de las acciones para mantener y fortalecer el vínculo de los diputados con los electores que representan, y las principales informaciones que deben conocer los legisladores, como por ejemplo el cumplimiento de los planes económicos y del presupuesto y las principales problemáticas políticas y sociales de sus territorios.
Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la ANPP y del Consejo de Estado, recalcó que el Acuerdo se trata de un sistema que no solo se basa en la visita de cada parlamentario, sino en el vínculo permanente con sus electores.
Asimismo, resaltó la importancia de que el diputado desempeñe un papel orientador, al tiempo que le corresponde también recoger opiniones y propuestas de la población que lo eligió de cómo enfocar determinados problemas, y establecer un diálogo con las personas comisiones de trabajo.
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