Una aproximación a la actualización del modelo económico cubano

Por Alejandro Rodríguez Martínez*, Segunda Cita

El triunfo de la Revolución cubana, el 1 de enero de 1959, es considerado por muchos como uno de los hechos históricos más importantes del siglo XX latinoamericano. Encabezado por el Comandante Fidel Castro, la llegada al poder del Movimiento 26 de Julio (M-26-7), mediante una genuina guerra popular de liberación, marcó un cambio decisivo en la historia republicana de la Isla. De esta forma, Cuba alcanzó, en medio del permanente acoso de los distintos gobiernos estadounidenses, importantes avances sociales que coadyuvaron a construir, sin lugar a dudas, una sociedad más justa y equitativa.

Existen tres momentos decisivos en la historia reciente de Cuba desde la perspectiva económica. En primer lugar, el establecimiento de un voluntarismo económico con el triunfo revolucionario de 1959. Luego, la adopción de un modelo económico socialista de dirección centralmente planificado en 1975. Y, por último, el proceso de transformaciones iniciado en 1990. Este último, a su vez, puede ser estudiado en diferentes etapas y se ha caracterizado por avances y retrocesos en el orden institucional.

Si bien cada uno de esos momentos ha tenido, en su centro, la existencia de fallas estructurales no resueltas, los cambios externos han estado siempre en la raíz de esas transformaciones. El traslado de centro cíclico de la economía nacional, desde la economía norteamericana a la economía soviética y, luego, la pérdida del centro cíclico soviético, ha condicionado, en gran parte, el carácter y la profundidad de las transformaciones emprendidas en cada momento (Hidalgo de los Santos, 2022). En este sentido, las reformas iniciadas a comienzos de los noventa respondieron a fallas estructurales no resueltas y a variaciones del contexto internacional.

El derrumbe del campo socialista, a inicios de la década del noventa, marcó un punto de inflexión en el desarrollo del proceso revolucionario cubano a partir de la desarticulación de todos los acuerdos económicos contraídos con las repúblicas socialistas. Además, la disolución del sistema de relaciones predominante con los antiguos países socialistas, no solo provocó afectaciones sustanciales en los mecanismos de funcionamiento de la economía, sino que, en vínculo con estas afectaciones, se produjo la evolución de la crisis del patrón de desarrollo económico asumido con la incorporación al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Las primeras propuestas insistieron en la necesidad de reestructurar las empresas estatales, aumentando su autonomía y adoptando nuevas prácticas y sistemas de contabilidad y administración.

Así, durante casi toda la década del noventa del siglo pasado, el gobierno cubano se vio obligado a adoptar importantes medidas en el carácter de la planificación, el régimen de la propiedad y la centralización del monopolio estatal en la esfera económica, con el fin de lograr la reanimación de la economía a partir de esfuerzos propios. En este sentido, al reconocer la existencia de la propiedad privada, el gobierno tuvo que redefinir el concepto de propiedad estatal como único medio fundamental de producción. Además, se priorizaron nuevos sectores como el turismo y la biotecnología, los cuales permitían el ingreso al país de moneda libremente convertible. Igualmente, se despenalizó el dólar y se legalizó el envío de remesas desde el exterior. A la vez, dichas transformaciones obligaron la rearticulación de las relaciones económicas externas de la nación. Por consiguiente, en el año 1995, se reestructuró la Ley de Inversión Extranjera.

La implementación de reformas que concedían un mayor espacio -aunque limitado- al mercado libre con precios establecidos por la oferta y la demanda, permitió la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). De esta forma, una gran parte de la tierra cultivable pasó a manos privadas en calidad de usufructo. Asimismo, posibilitó la creación del trabajo por cuenta propia, lo que trajo resultados alentadores en el corto plazo. La emergencia de nuevos actores diferentes a los “valores sociales tradicionales” de la Revolución fueron considerados como un “mal necesario” que debían corregirse una vez se sobrepasara la etapa crítica y cambiaran las condiciones externas en las que se desenvolvía el país (Romero Gómez, 2014).

Los objetivos de las transformaciones siempre estuvieron centrados en reanimar la economía a partir de esfuerzos propios. En cambio, esa reactivación sólo fue posible luego de la reforma constitucional de 1992, en donde se introdujeron los cambios adoptados. Sin embargo, debido a la ausencia de una estructura sólida de mercado y la persistencia de un sistema monetario dual, las metas propuestas fueron difíciles de cumplir. A la vez, el Periodo Especial, como toda crisis económica prolongada en el tiempo, desencadenó una crisis ética y de valores a nivel social presente en la actualidad, lo que ha permitido afirmar a muchos especialistas que estamos ante la presencia de una nueva sociedad.

Posteriormente, en el año 2003, se produjo un retroceso en el plano institucional con respecto de las reformas tomadas en la década del noventa. En este sentido, se inició un programa de evaluación y revisión de las transformaciones desarrolladas hasta ese momento. De esta forma, reemergió el gradual retorno a la utilización de prácticas centralizadoras, las cuales fueron justificadas, fundamentalmente, por el incorrecto manejo de los presupuestos de gastos e ingresos en divisas. A la vez, dichas insuficiencias fueron el resultado de las carencias que presentaba el mecanismo de regulación macroeconómica vigente en la economía.

El retorno a las prácticas centralizadoras debe entenderse también como una acción congruente con la cultura tradicional predominante en la dirección de la economía. Dicha tradición tiene sus orígenes en dos factores fundamentales. Por un lado, la aplicación de la política de bloqueo por parte de los Estados Unidos. Y, por otro lado, la introducción del sistema de dirección de la economía establecido por el CAME.

En términos prácticos, las medidas centralizadoras, lejos de encontrar soluciones efectivas a las diferentes restricciones presentes, tendieron a agudizar la persistencia de fallas estructurales en el modelo de funcionamiento de la economía. Al respecto, cabe mencionar que se produjo un estancamiento del proceso de perfeccionamiento empresarial, debido al pobre respaldo a las acciones de investigación e innovación. Además, disminuyó la propensión a incrementar y diversificar las exportaciones. Al mismo tiempo, se deterioró la importancia de preservar los estándares de calidad en la oferta de productos, particularmente de aquellos destinados al segmento de mercado que operaba en divisas. Igualmente, el creciente deterioro de la planta productiva, las insuficientes tasas de acumulación doméstica, la carencia de un sistema de incentivos laborales coherente y sistémico, así como, la dualidad cambiaria y monetaria condicionaron el paulatino deterioro económico.

Por otra parte, el retorno a las prácticas centralizadoras coincidió con el desarrollo de la denominada etapa de la “Batalla de Ideas”. De un modo u otro, estos programas representaron la reevaluación del rol del liderazgo estatal. A su vez, canalizaron los exiguos recursos materiales y financieros disponibles, en la nación, a la ejecución de un conjunto de programas sociales.

A partir del año 2011, el relativo estancamiento de la dinámica económica comenzó a avanzar gradualmente. Diversos factores incidieron con fuerza en esta evolución. Entre ellos, el impacto destructivo de fenómenos de naturaleza climatológica, el deterioro de los precios internacionales de los principales rubros de exportación, la incidencia negativa de la obsolescencia tecnológica de la planta productiva y la intensificación de las acciones relacionadas con la política de bloqueo económico establecidas hasta el año 2014, fecha en que se inició el denominado “deshielo político” con los Estados Unidos (Marquetti Nodarse, 2021). Igualmente, la inestabilidad mantenida por los ritmos de crecimiento de la economía estuvo relacionada con el incumplimiento de las metas planificadas, provocando que las cuotas alcanzadas resultaran insuficientes en relación con los requerimientos reales de la economía.

La constatación de los problemas estructurales anteriormente listados, llevó, a las máximas autoridades del país, a plantear la necesidad de un importante proceso de transformaciones estructurales en las formas de gestión y en la política económica. En este sentido, el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), realizado en el año 2011, discutió, analizó y aprobó el proyecto final de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, con el objetivo de actualizar el modelo económico cubano.

Es importante destacar que la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social por el PCC fue precedida por una amplia discusión popular en diferentes ámbitos de la sociedad cubana. El debate se inició en el año 2007, impulsado por las autoridades bajo la consigna de expresar libremente cualquier preocupación o sugerencia. La singularidad de este proceso, en contraste con lo que sucedió en 1991 con vistas a la celebración del IV Congreso del PCC -en el cual se fomentó la participación activa a través de intervenciones sobre problemas reales de la economía y la sociedad cubana de fines de los años ochenta-fue que, esta vez, las demandas del pueblo se fueron concretando de alguna forma y, en aquella ocasión, ganó la indiferencia y el miedo a la posibilidad de tergiversación política e ideológica.

En los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del PCC, actualizados en el VII (2016) y en el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 discutido en el último (2021), se definen las direcciones fundamentales para el desarrollo a corto y a largo plazo y los principios en los cuales se sustentan las definiciones estratégicas y tácticas de la economía. A saber, entre otros: la continuidad e irreversibilidad del Socialismo, el predominio de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción; el uso de la planificación, teniendo en cuenta las tendencias del mercado y, por último, la igualdad de derechos y de oportunidades sin que nadie quede desamparado.

En este sentido, bajo la denominación de “actualización del modelo económico”, se han introducido múltiples modificaciones en la economía y en el sistema regulatorio cubano. Dentro de las transformaciones recientes, destacan varias que tienen como propósito el redimensionamiento de la economía nacional en términos de empleo, estructura de la propiedad y escala de producción. Dicho redimensionamiento abre más espacios y promueve un escenario en el cual, las consideraciones de mercado se van incorporando en el diseño de políticas para la regulación de la economía. Al mismo tiempo -y como resultado de las anteriores dinámicas- empiezan a consolidarse formas no estatales de propiedad y gestión, incluyendo la proliferación de nuevos emprendimientos que pueden ya clasificarse como micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

De igual forma, el nuevo modelo de desarrollo incluye la separación de las funciones estatales y empresariales a todos los niveles, la combinación de las distintas formas de gestión, el fortalecimiento del modelo de gestión de las empresas de todo el pueblo y de las unidades presupuestadas, el desarrollo integral del proceso inversionista, el fomento del desarrollo local, la reconversión tecnológica, el fortalecimiento del desarrollo agrícola, la recuperación y fomento de la industria, la elevación de la eficiencia energética, el incremento de la productividad del trabajo y la eficiencia económico-social y el perfeccionamiento estructural-funcional del sistema político.

Eventualmente, las reformas orientadas por los Lineamientos se han ido materializando en distintas leyes. Entre 2011 y 2014, el gobierno cubano aprobó un conglomerado de leyes y decretos tales como: la nueva Ley de Inversión Extranjera, el nuevo Código de Trabajo, la modificación de la Ley de Migración, entre otras. No obstante, el cambio más importante en la jurisdicción cubana comienza con el proceso de reforma a la Constitución a partir del análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

De este modo, el 24 de febrero de 2019 fue aprobada, en Referendo Constitucional, la nueva Carta Magna. Una de las razones para realizar esta reforma fue la necesidad de actualizar la Constitución con las nuevas transformaciones económicas ocurridas luego de la implementación del nuevo modelo económico y social. A la vez, era de vital importancia incorporar a la visión del país todos los principios, conceptos y postulados contenidos en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, en las Bases del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y en los Lineamientos.

En el marco de la «actualización del modelo económico cubano», la unificación monetaria se colocó como una prioridad. Sin embargo, el programa económico necesario para corregir la dualidad monetaria desde sus fundamentos estructurales fue inconcluso y en gran medida aplazado. Además, influyeron otros factores, como las tensiones coyunturales, la falta de experiencia del personal técnico en la materia, la débil coordinación entre las políticas macroeconómicas y la percepción de altos riesgos redistributivos con costos sociales. En consecuencia, aun cuando la unificación fue anunciada de manera sucesiva por la Comisión de Implementación de los Lineamientos, no fue hasta finales del año 2020 que se tomó la decisión, posiblemente en las peores circunstancias debido a la crisis sanitaria de COVID-19.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el período que corresponde a la etapa de la pandemia de COVID-19 -iniciado en marzo de 2020- ha resultado de los más prolífico en términos de nuevas políticas y normas para impulsar la reforma. En este sentido, el impacto combinado de la crisis sanitaria, el reforzamiento de las medidas adoptadas por la administración Trump y asumidas por la actual administración Biden, el efecto del cambio climático global, el conflicto ruso-ucraniano, la incertidumbre en el comportamiento de la economía mundial (expresado en las tendencias del comercio y los precios de las materias primas) y la reducción sustancial del turismo y de los flujos de inversión obligaron a repensar la reforma en sus componentes principales.

En consonancia con la nueva situación, se actualizó la estrategia económica, la cual descansó sobre tres ejes transversales. En primer lugar, la regulación del mercado. Luego, la competitividad y la innovación. Y, por último, la complementariedad entre los diferentes actores económicos. Además, los seis «motores» del proceso fueron identificados como: la empresa estatal socialista, las cooperativas agropecuarias, las cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia (TCP), las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y la inversión extranjera directa (IED). Igualmente, se tomó en cuenta la creciente emigración de personal calificado, la cual se ha incrementado en los últimos dos años y tiene un efecto negativo innegable en la capacidad del sistema productivo.

Por tales razones, se verificó una amplia reestructuración del programa económico. En este sentido, la actualización incluyó el reajuste del monopolio estatal del comercio exterior con el objetivo de atraer inversión extranjera directa, el fomento de zonas francas para la exportación e importación y la descentralización en el ámbito empresarial. Sin embargo, las asimetrías y deformaciones estructurales en la economía aún persisten y golpean duramente al pueblo cubano.

Efectos Secundarios

El colapso económico posterior a 1990 cambió de forma notable el contorno de la sociedad cubana. En años recientes se ha conformado un cuadro socio-estructural donde se evidencia un proceso de heterogeneización social, que exhibe diferencias en cuanto a la propiedad, los ingresos y el tipo de trabajo de los individuos.

Unos de los aspectos a destacar en este proceso de reconfiguración de nuevos actores sociales a raíz de las crisis económicas, son los cambios en los imaginarios y prácticas de gran parte de la sociedad, especialmente en los jóvenes, entre los cuales se observan claramente las nuevas actitudes y expectativas sociales. La apertura al mercado y el consecuente aumento de las desigualdades trajo aparejado transformaciones en los valores y en las percepciones sociales de los cubanos. Precisamente, comportamientos y prácticas como la ostentación y los estilos de vida procedentes de sociedades capitalistas que antes de la década de 90 eran valorados como “aburguesamiento, marginal y políticamente incorrecto”, dejaron de ser rechazados y pasaron a ser parte de la cotidianidad y hasta se transformaron en paradigma para algunos.

Unido a estos cambios en la subjetividad social se produjo, paulatinamente, la deslegitimación del trabajo como medio de vida y elemento de realización personal, sobre todo en el sector estatal. La mayoría de la población cubana joven o en edad laboral considera que las condiciones de trabajo, de vida, y las posibilidades de ingresos reales en el sector estatal son inferiores a las que brinda cualquier otro empleo del sector privado. Por consiguiente, esto ha provocado un fuerte déficit de profesionales en sectores claves como la educación y la salud.

La superestructura cultural creada por la revolución cubana se enfrenta a un desfase en el que el espíritu revolucionario, el compromiso y la voluntad de la conciencia de los seres humanos se separan del horizonte que, hasta ahora, había reivindicado de manera efectiva: la dignidad humana. Con ello, la moralidad y el compromiso revolucionario se ven pervertidos. Se impone entonces, un imaginario sociopolítico distinto. Sin una efectiva capacidad superestructural de aglutinar a los hombres en torno a una identidad nacional, la sociedad civil se fragmentaría y dispersaría en conductas amorfas y perdería, con ello, su cohesión.

Otra de las transformaciones que se puede apreciar en la sociedad cubana pos Período Especial es la nueva connotación social que se le ha otorgado a la emigración. Anterior a 1990, emigrar hacia Estados Unidos o cualquier país capitalista estaba estrechamente asociado con apreciaciones clasistas o ideológicas, como “clase alta, burgueses, gusanos, antisocial, contrarrevolucionario”. Sin embargo, la valoración que se hace hoy al respecto es positiva y legítima, pues esta actitud se asocia directamente a una mejora en la situación económica y no a cuestiones ideológicas. Además, la emigración es considerada, en muchos casos, como una vía para solucionar los problemas económicos. Al respecto, es importante subrayar el papel que jugó la política de flexibilización de las regulaciones migratorias por parte de Cuba desde el inicio del Período Especial. Contra lo que habitualmente afirman los relatos mediáticos occidentales, ha sido la política estadounidense, y no la del gobierno cubano, la que en muchas ocasiones limitó el diálogo entre los emigrados y sus familiares y alentó la emigración ilegal como única vía de acceso a los Estados Unidos.

Por último, es importante mencionar algunas cuestiones que gravitan acerca de la posibilidad de cambios políticos junto con los cambios económicos. Desde un primer momento ha quedado explícito que no existieron ni existen intenciones de llevar adelante cambios políticos rotundos por parte del gobierno cubano. Lo que no quiere decir que la “mano del mercado” vaya ganando fuerza y desencadene procesos de presión por una liberalización política y apertura ordenada al exterior. No hay dudas de que, tendencialmente, los procesos de acumulación y formación de capitales que fomentan los cambios económicos podrían generar presiones para reformar el sistema político. Sin embargo, esto no significa que Cuba abandonará en el corto y mediano plazo su camino socialista y mucho menos se reconocerá como un país de economía capitalista.

Sin dudas, en la “actualización del modelo económico”, Cuba enfrenta complejos desafíos no solo en la gestión y dirección de la economía, sino también institucionales, sociales, políticos y en el plano subjetivo. Sin un cambio en las mentalidades, resulta difícil librarse de las secuelas de las “herencias del modelo soviético”, así como superar la confusión entre las funciones del Estado y el Partido y la fusión entre el Estado y el Gobierno. A la vez, se le hace necesario romper las barreras creadas por la inercia, el inmovilismo, la doble moral, la indiferencia e insensibilidad que, arrastraron las experiencias socialistas europeas, y en particular la soviética.

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*Alejandro Rodríguez Martínez tiene 22 años y es estudiante de 3er año de Relaciones Internacionales en el ISRI.