Una bomba de inflación que no va a cerrar el déficit fiscal.

Por Dr Oscar Fernández

Es un hecho. El gobierno acaba de destapar un conjunto de decisiones sumarísimas que, apuntando a solventar el enorme déficit fiscal que se acumula, hará estallar una bomba de inflación a corto plazo. Y la razón es muy sencilla. El enfoque sigue siendo exactamente el mismo que ya ha demostrado de sobra su fracaso: Rentismo y Control, en lugar de apostar decididamente por el Fomento.

Del alud de medidas lanzadas por el Primer Ministro en su paquete sorpresa, me voy a detener en dos de las que entrarán en vigor con carácter inmediato: el crecimiento de los aranceles y la extensión del impuesto sobre las ventas a la comercialización mayorista.

Como el análisis giró en torno a las importaciones privadas, primero debe aclararse que no hay ninguna reducción arancelaria, al menos para este sector. Todas las importaciones que realicen los privados a partir del año próximo enfrentarán pagos arancelarios aproximadamente 5 veces superiores, al considerarles ahora una tasa de 1x120cup (antes era 1x24). Por algunos productos se van a pagar aranceles aún mayores porque la tarifa arancelaria será mayor. Para otros productos los aranceles van a aumentar menos porque su tarifa tendrá bonificación. Pero absolutamente todos van a subir. Este incremento, nos guste o no (pues así ocurre en cualquier economía con mercados restringidos por la oferta o con bajos niveles de competencia), será probablemente traspasado por toda la cadena hasta llegar al precio del consumidor final, con un impacto directo sobre el poder de compra de los ingresos personales de todos.

A esto se suma, además, la nueva obligación al sector privado de tributar el 10% de impuesto sobre las ventas, no solo por la comercialización minorista sino también por la mayorista. Por cierto, el principio de igualdad que obliga a que un sistema tributario exija iguales tributos a contribuyentes con condiciones iguales, en este caso no se cumple. Hasta el día de hoy las empresas estatales no tienen gravadas sus ventas mayoristas, sería bueno que se explicara la razón de esta diferencia. Y espero que el resultado no sea extenderlo también a las estatales.

Pero, lo más importante es que este es un impuesto profundamente inflacionario por su efecto acumulativo en los precios a lo largo de la cadena. Ya se ha advertido de todas las maneras posibles. Oídos receptivos con capacidad de decisión logaron hacerle contención por un año. Pero ahora sus defensores volvieron a la carga, desatendiendo todas las alertas.

Todo esto tiene lugar en un contexto donde se avecinan incrementos en otros precios con alto poder de traspaso y, por tanto, con un elevado potencial multiplicativo, como el precio de los combustibles y la electricidad.

Los aranceles, los impuestos a las ventas mayoristas, los combustibles y la electricidad son variables altamente inflamables. Al aumentarlos todos, no habrá productos que escapen a sus efectos.

La recaudación va a aumentar sin dudas, pero ¿quién pagará verdaderamente esos incrementos? El consumidor final. El mismo que está pagando el caos de precios resultante de un ordenamiento trunco, y de la inacción posterior de la política monetaria. ¿Qué más se le va a añadir a los precios?

Pues sí. Se le van a añadir incrementos a la canasta básica, al transporte estatal, el agua, el gas licuado, entre otros que gradualmente se nos irán informando.

Entonces, para mitigar el golpe inflacionario las autoridades de finanzas van a utilizar una herramienta que ya conocemos: ¡Controles de precios! Controles, topes, fichas de costo, tasas máximas de rentabilidad, precios concertados, inspectores, disciplina, controles.... Una y otra y otra y otra vez apostando a lo mismo. ¿Cuánta más evidencia se necesita para demostrar la inefectividad de estos métodos?

“La solución está por el camino de lograr mayores ofertas” afirma uno de los ministros. Sin embargo, ¿qué medida de fomento productivo entra en vigor el próximo 1ro de enero? ¿Cuáles son las medidas de fomento que están diseñadas para implementarse en el transcurso del 2024?

El objetivo declarado es incrementar los ingresos del presupuesto a corto plazo. Y esto es, sin dudas, una necesidad imperiosa. Pero el enfoque es errado. Aumentar las obligaciones de aproximadamente la misma cantidad de contribuyentes que estarán desarrollando aproximadamente el mismo nivel de actividad económica no va a cerrar la brecha del presupuesto. No hay forma. Es el equivalente a querer exprimir más la misma colcha ya despeluzada. El año próximo estaremos frente al mismo problema con mucho menos para exprimir.

¿Se puede hacer algo diferente por este objetivo? Sí, por supuesto. Solo una expansión significativa de la base imponible (muchos más contribuyentes) tienen el potencial de colocarnos en una senda de crecimiento de los ingresos públicos.

Este país debería proponerse para 2024 cerrar el año con una cifra cercana a las 30mil Pymes, para luego aspirar a llegar a unos 100mil en 3 años. Esto, además de una magnífica fuente de creación de oferta y empleo, además de impactar directamente en la reducción de precios vía competencia, además de significar una vía probada y efectiva para perforar el bloqueo, también podría aportar a una verdadera expansión de la base imponible, suficiente para revertir el déficit fiscal e incluso incrementar los gastos sociales.

Este país debería proponerse cerrar el 2024 con más de mil negocios de inversión extranjera y más de 3mil para el año siguiente, en lugar de la cifra casi récord de 30 que se aprobaron este año. No hay que apostarlo todo a las grandes inversiones. Necesitamos de muchos pequeños proyectos operando rápidamente, cubriendo alguna de las infinitas demandas insatisfechas a nivel local, y que de paso comprometan a cubanos de la diáspora con capacidad de influencia en la política norteamericana hacia Cuba.

Este país debería proponerse cerrar el 2024 con 500 empresas estatales menos (todas las ineficientes sin futuro), y aunque se mantengan otras mil empresas estatales aún protegidas de la quiebra, deberíamos aspirar a que las otras 500 empresas estatales funcionen con plena autonomía, operando en condiciones de mercado, pagando salarios competitivos, y asumiendo todos los riesgos y fracasos de su gestión.

Hay muchas cosas que se pueden hacer y no se hacen. ¿Tozudez, dogma? No lo sé. Pero el costo de todos estos errores es hace rato irreversible. De nuevo, quienes decidieron imponer estas medidas en las actuales circunstancias, cometen el mismo error que cuando impusieron el Ordenamiento, o pretendieron forzar la bancarización. Políticas necesarias, pero aplicadas con una secuencia incorrecta y bajo condiciones inapropiadas, producen un resultado muy diferente al que dicen perseguir.

Es un patrón que se repite una y otra vez y la responsabilidad está en unas pocas manos. Ni pies en la tierra, ni mirada al futuro. Es un tren sin destino seguro donde cada día son muchos los que se bajan.