Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana
Ricardo Torres
Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, American University, Washington D.C.
"La edificación de la nueva sociedad en el orden económico es también un trayecto hacia lo ignoto". RCR
Todavía hay que ponerle mucho orden, pensamiento y empeño a la comercialización de productos agropecuarios por medios de pago electrónico
Hace ya más de un mes que entró en vigor la Resolución 111 de 2023 del Banco Central de Cuba que, entre otros aspectos, abrió el camino para acelerar en el país los procesos de bancarización.
Pero, ¿qué sucede con los productos agropecuarios? Una indagación de este diario en tres provincias del Oriente cubano demuestra que la bancarización en los agromercados está todavía lejos de lo logrado por otros sectores.
LAS TUNAS, RESOLVER VARIOS ASUNTOS ANTES DE BANCARIZAR
La mipyme tunera Mercasa tiene por objeto social la comercialización de productos agropecuarios. Durante los años de la pandemia potenciaron el comercio electrónico, y aún hoy mantienen esa opción para un número importante de sus clientes. Fueron de los primeros en asumir la bancarización en los establecimientos que gestionan. Sin embargo, no todo ha marchado como lo previeron.
Armando Prieto Carmenate, económico del mercado El Tunero, gestionado por Mercasa, dijo a este medio de prensa que prestan el servicio por la plataforma EnZona, pero «no ha tenido el impacto que estábamos esperando. Yo creo que nos falta cultura en materia de pago electrónico, porque son muy pocas personas las que utilizan el servicio».
Pero las dificultades no se limitan a la cultura de la población al respecto, o a su preferencia por el pago en efectivo, van mucho más allá, como explicó a este medio Argel Frank Fundora Acosta, socio de la mipyme.
«De manera general, vemos positivo el tema de la bancarización, pero no ha funcionado para nuestra empresa como esperábamos en dos vertientes fundamentales: la relación con nuestros proveedores y la acogida por parte de la población.
«Nuestros proveedores son esencialmente productores, y hacen resistencia a vender por esta vía. Si no les podemos pagar en efectivo, se llevan sus producciones al mercado informal. Los que nos aceptan la transferencia, que son muy pocos, alegan entonces que luego, para retirar el efectivo, el proceso es engorroso, porque, o tienen que ir varias veces al cajero para sacarlo todo, o entrar al banco y justificar allí la procedencia del dinero para poderlo sacar. La consecuencia es que hoy las ofertas están deprimidas», afirmó.
«Con respecto a la venta directa al pueblo, comenzamos con EnZona, ubicamos los equipos, pusimos códigos qr, pero las personas acceden a ese servicio en un porcentaje ínfimo. No se cubre el costo de lo que invertimos. Ahora estamos trabajando para la utilización también del Transfermóvil, a ver si tenemos mejor impacto, y con Fincimex, para instalar un pos».
Por otra parte, Jorge Luis Aleaga Fonseca, jefe de la sección de Comercialización de la Delegación Provincial de la Agricultura señaló:
«Realmente la bancarización es una asignatura pendiente para los mercados y puntos de venta. Razones existen muchas, pero consideramos que algunas de las más puntuales tienen que ver con las peculiaridades del sector productivo nuestro, que aún necesita mucho del efectivo. También es parte de nuestra gestión, creo que este es un asunto al que debemos ponerle mayor intencionalidad», concluyó.
Dado su carácter de proyecto novedoso, con una mayor apertura para la gestión comercial, este asunto ha funcionado mucho mejor en el agromercado de nuevo tipo Leningrado, así lo explicó una de sus especialistas, Lesvia Véliz Rojas.
«Hemos logrado implementar muy bien el tema de la bancarización, con buenos resultados, tanto en la venta minorista como la mayorista. Estamos también en proceso de solicitud de un servicio de Caja Extra. Mantenemos notables ingresos al banco por estas vías de pago.
«Nos funciona muy bien, pero sí debemos decir que es un proceso complejo, porque no es un secreto para nadie que el sector campesino todavía no se ha bancarizado al nivel que se necesita. También están los que, por una pequeña parcela, se declaran productores, pero en realidad son intermediarios y quieren su dinero en efectivo, porque lo que hacen es comprar mercancía de otros y revenderla bajo la protección que les da su condición de productor, pero no trabajan la tierra.
«Nosotros, entre tanto, al que tiene tarjeta le hacemos la transferencia, y al que no, le pagamos en efectivo, y buscamos un equilibrio. De cara al pueblo, contamos con las dos plataformas de pago, pero las personas utilizan más el Transfermóvil», afirmó.
PAGOS ELECTRÓNICOS EN MERCADOS GRANMENSES, ASUNTO PENDIENTE
Parada frente a una de las tarimas del concurrido mercado agropecuario Jesús Menéndez, enclavado en la cabecera provincial de Granma, la bayamesa Carmen Medina consultó los precios, luego su cartera, y al final tuvo que desistir de comprar los plátanos y las malangas que le interesaban, porque su dinero «estaba en tarjeta, y el vendedor solo aceptaba efectivo».
«He caminado casi todo el mercado y prácticamente ninguna tarima tiene la opción de Transfermóvil o EnZona», expresó a este diario. «Esto es una realidad que nos golpea, a diario y que debe transformarse próximamente, pues no solo es un reclamo de la población, sino también una oportunidad para mejorar nuestros flujos financieros mediante el proceso de bancarización», apuntó Ángel Luis Ramírez Quiala, jefe del colectivo laboral del mercado Jesús Menéndez, entidad que ya empleó durante un tiempo la plataforma de pago EnZona, con una muy buena aceptación por parte de los clientes.
Según explicó el directivo, en estos momentos no explotan la pasarela porque los pagos que se realizaban por esa vía iban a una cuenta que no pertenecía directamente al mercado, e implicaba otras operaciones y complejidades que se eliminarán cuando dispongan de su propia cuenta.
Al respecto, Ivet Espinosa Pacheco, técnica comercial del mercado Jesús Menéndez, dijo que, aunque ya realizaron las contrataciones correspondientes para operar con el Transfermóvil y EnZona en una cuenta única que pertenece al colectivo laboral, aún están a la espera de ambas habilitaciones, y de la capacitación que deben recibir los trabajadores. «Queremos prestar esos servicios, pues se revierten en beneficios para nuestro mercado. Reduciremos el número de visitas al banco y, además, podremos emplear la Caja Extra», aclaró.
No obstante, tal como pudo constatar Granma en ese y otros mercados del territorio, muchos de los concurrentes (particulares) mantienen como única modalidad de pago el efectivo.
«En ese sentido también hay que trabajar más –reconoció Ángel Luis–, quien informó que, de los 34 concurrentes que laboran en el mercado de Jesús Menéndez, solo dos aceptan pagos por los medios electrónicos.
«Los vendedores alegan que los campesinos con los que realizan las contrataciones de sus productos quieren el pago en dinero físico. O sea, el panorama es complejo, aunque pretendemos que al menos en cada área exista una opción de pago electrónico», afirmó.
Por su parte, el concurrente Alexander Morales Silvera comentó que, desde que tiene puesto en su tarima el cartel que anuncia en letras mayúsculas «Acepto pago por transferencia» y el código QR, sus ventas han incrementado y la población lo agradece.
SANTIAGO, BANCARIZACIÓN DE AGROMERCADOS MÁS LEJOS QUE CERCA
En la densamente poblada y urbanizada provincia de Santiago de Cuba, la producción y comercialización de productos agropecuarios se intensifica.
Sin embargo, la imprescindible bancarización de las operaciones entre los campesinos, las estructuras, el sistema empresarial y, obviamente, el sector no estatal, con su desenlace en los procesos de venta a la población, está lejos de lo planificado y mucho más de lo perentorio.
Basta con el dato de los 46 agromercados que hay en el territorio –17 en el municipio cabecera– (de estos 26 pertenecen a la Empresa de Acopio y 20 están arrendados), en apenas cinco ha llegado el sistema de pagos por código QR: Chicharrones, El Avileño, Gallo, El Santiaguero y Ferreiro –todos en la Ciudad Héroe– añadiéndose las dificultades que pululan para la comercialización en esta modalidad.
Granma se llegó hasta El Santiaguero, y constató que el mencionado QR no se puede utilizar cuando no está presente el responsable que tiene vinculada la cuenta fiscal a la aplicación, ya que en esa circunstancia nadie tiene modo de constatar que se efectuó la transacción o que el cliente depositó el dinero por el valor del producto. En pocas palabras, como en muchos comercios, el QR «está por estar».
Igual situación impera en el Ferreiro, aunque se ha indicado que una premisa de la bancarización es que los clientes tengan las opciones de pagar, tanto en efectivo como a través de las pasarelas electrónicas.
Zaida Savigne González, económica del céntrico mercado, refirió que «instalar el servicio EnZona resulta costoso, y las personas no tienen la costumbre de pagar por esas vías. Una vez que lo hicimos, apenas uno o dos clientes lo utilizaban al mes. Ahora no tenemos condiciones tecnológicas».
Extender la digitalización es una tarea pendiente; asimismo, a las entidades hay que facilitarles el proceso y garantizar las condiciones tecnológicas indispensables.
¿Y ENTONCES…?
Todavía hay que ponerle mucho orden, pensamiento y empeño a la bancarización de los agromercados, o más específicamente, a la comercialización de productos agropecuarios por medios de pago electrónicos.
Este texto demuestra que no es un asunto aislado, que no es privativo de actores estatales o no, y habrá que buscar incentivos, tanto para quienes comercializan como para quienes desean ejercer el derecho de contar con las dos opciones para pagar sus compras.
Comentario HHC: Un artículo bastante objetivo. Aunque lo menciona muy por arriba, una de las causas fundamentales de la " atracción" por el dinero en efectivo es el mercado ilegal, tanto de productos y servicios, como de compra - venta en divisas para acceder, a su vez a otros servicios y productos tanto ilegales como legales.
Hay otros objetivos, incluso puede que no todos tengan un teléfono celular etc. El estado debe crear las condiciones adecuadas para exigir el uso de la bancarización en todas las empresas del país estatales y no.
En los agromercados y comercio interior, son de millones de CUP los que se mueven en efectivo, además de algunos servicios esenciales como transporte.
La bancarización es la ruta adecuada para controlar mejor la economía y con ello la evasión de impuestos.
Vuelvo a señalar que en China, en los mercados agropecuarios, la mayoría de las transacciones se hacen con el uso del QR, incluso el que paga con esta modalidad, tiene un descuento en relación al que paga en efectivo.
Por: Daniel Torralbas Socorro
Desde hace meses, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) están en el centro del debate en Cuba. Los altos precios, la comercialización de bienes importados o la discusión sobre si se han autorizado “muchas” son temas recurrentes en las conversaciones sobre el papel de este actor económico en el modelo de desarrollo.
Mientras en el resto del mundo está firmemente asentada la premisa de que las mipymes son fundamentales para el crecimiento económico y la generación de empleo, en Cuba bregan por establecerse como dinamizadoras del desarrollo. Desplegar su potencial es una oportunidad a explotar, en alianza con el resto de los actores y bajo el necesario liderazgo de la empresa estatal socialista, como establecen la Constitución de 2019 (refrendada por la mayoría de la población) y los documentos rectores de la política económica y social del Partido y el Gobierno, todos debatidos en consultas populares.
Entender el funcionamiento de las mipymes, y en general de cualquier tipo de empresa, pasa por comprender el contexto donde se desempeñan. Las primeras 35 mipymes fueron autorizadas en septiembre de 2021. Desde año y medio antes, Cuba padecía los efectos de la pandemia, la disminución de los niveles de actividad y el cierre de fronteras con la consecuente pérdida de ingresos en divisas del turismo y otros rubros de exportación. Las distorsiones macroeconómicas se agravaron, la escasez se profundizó y el nivel de vida de la población sufrió un deterioro mayor. Súmese la agudización oportunista de la guerra económica del Gobierno estadounidense en medio de aquella situación. Ese es el contexto en que las nacientes empresas privadas debieron desenvolverse e intentar desarrollarse.
Dos años después, al cierre de septiembre de 2023, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) ha aprobado 8 964 mipymes privadas en las 15 provincias y en 167 de los 168 municipios del país, excepto Bolivia, en Ciego de Ávila.
En el escenario cubano, esta constante apertura y cierre de negocios puede ser ajena, pero es normal en el resto del mundo. Aunque en general el tejido productivo necesita más empresas de todas las formas de propiedad, la irrupción de las mipymes ha ratificado esa tendencia dinámica en la creación, rozando las 9 000 en dos años, de las que el 55% surgieron de cero y el 45% son resultado de reconversiones de negocios que ya operaban como cuentapropistas e incluso cooperativas no agropecuarias.
Sin embargo, no se puede perder de vista que las mipymes son también las que más perecen. La tasa de mortalidad en América Latina puede ser del 50 al 70% en el primer año de vida de la empresa, según los datos que se consulten. Significa que, por cada nuevos emprendimientos que surgen, quiebran otros tantos. Así es el ciclo natural de vida de las pymes, pues son entidades pequeñas, con influencia principalmente en las localidades donde están instaladas, vulnerables al impacto de shocks externos y generalmente con capacidades insuficientes para enfrentar las dinámicas de la gestión empresarial.
La comparación que frecuentemente se hace entre las 2 422 empresas estatales [1] y las casi 9 000 mipymes se centra en la cantidad en lugar del peso relativo de cada actor en la economía, que es donde debe enfocarse la cuestión. Una revisión rápida de estos datos despeja la inquietud de si las privadas están “desplazando” a las estatales. Es indiscutible la necesidad de reformar a fondo la empresa estatal para potenciar su desempeño, pero cuando se la denomina como el “sujeto económico principal” es porque existen condiciones objetivas que así lo garantizan: es propietaria de la mayor parte del patrimonio del país, posee los principales medios de producción y domina en los sectores estratégicos (producción de petróleo, minería, biotecnología, telecomunicaciones, transporte aéreo y por ferrocarril, entre otros), aporta el 87% del producto interno bruto (PIB), concentra el 92% de las ventas netas y el 75% de las exportaciones y emplea a 1.4 millones de trabajadores [2].
Por su parte, el sector privado y cooperativo (al que pertenecen las mipymes) representa hasta el 13% del PIB, apenas el 8% de las importaciones y una porción diminuta [3] de las exportaciones. En temas de empleo, para el caso específico de las mipymes, ocupan solo a 260 000 personas, según la estimación del MEP. Todos estos datos evidencian el dominio de la empresa estatal socialista en la economía.
En torno a las actividades económicas que realizan las mipymes, aparece la polémica de que se necesitan “más” mipymes dedicadas a la producción y “menos” al comercio. En primer lugar, las actividades principales de las mipymes cubanas son, por orden: 1) gastronomía, 2) construcción, 3) industrias manufactureras y 4) producción industrial de alimentos y bebidas. En el quinto lugar está la comercialización de bienes, que incluye tanto la venta de productos nacionales como importados.
En segundo lugar, la naturaleza de la actividad de comercio, principalmente la minorista [4], implica un proceso de intercambio directo con la población que hace más “visibles” este tipo de negocios. Sin desconocer la cantidad (y necesidad) de pequeños comercios que han ido apareciendo en calles, esquinas y plazas, no significa que todo el sector privado se dedique al comercio. Además de las mipymes, otros actores económicos como los trabajadores por cuenta propia se dedican a la actividad comercial.
En tercer lugar, para que haya más mipymes de producción, una política nacional de promoción y fomento de pequeños negocios debería diseñar un sistema de incentivos que las estimulen por encima de otras actividades económicas.
En el contexto que se ha explicado, producir implica invertir capital, mayores costos, mayores riesgos y mayor incertidumbre frente a la posibilidad de recuperar rápidamente el capital con la venta de un contenedor de productos importados. Por ejemplo, una mipyme de fabricación de calzado tiene hoy los mismos impuestos que una mipyme de comercio de cervezas importadas. Sin caer en la trampa de demonizar la comercialización, actividad legítima y necesaria dentro de las cadenas de valor y que está resolviendo en parte el consumo de un segmento del mercado, se hace necesario incentivar la producción con mecanismos económicos y financieros.
La política nacional de fomento y promoción, de conjunto con las herramientas que tienen los gobiernos locales para estimular el surgimiento de emprendimientos que satisfagan los objetivos de las estrategias de desarrollo municipales, son parte del engranaje para articular un ecosistema empresarial efectivo y sostenible.
El surgimiento de las miles de mipymes existentes hoy no ha significado en ninguno de los casos la privatización del patrimonio estatal, entendida como la transmisión parcial o total de propiedad. Más bien, ha ocurrido un fenómeno positivo reflejado en la concreción de encadenamientos productivos donde, por ejemplo, un actor económico provee de materia prima a otro que de esa manera reactiva capacidades productivas que estaban ociosas o subutilizadas. El resultado es la producción de un bien que se destina al consumo de la población o de otras entidades. Cada encadenamiento resuelve una pequeña parte de un pequeño problema de una comunidad determinada.
En este sentido, debe superarse la discusión antagónica empresa estatal versus empresa privada y pasar a la discusión de cómo generar más encadenamientos productivos y más alianzas público-privadas. El sistema empresarial cubano es uno solo, y mientras más empresas se incorporen es más beneficioso para la economía y la sociedad. Más empresas se traducen en más producción de bienes y servicios para la población; más posibilidades de realizar proyectos personales de vida dentro del país; más empleo, con la incorporación de más personas al trabajo; más competencia que genera mayor eficiencia, innovación, calidad, e incluso disminución de precios; más especialización en la producción; más encadenamientos y más alianzas. Todo eso significa crecimiento económico y desarrollo.
Articulado con todo lo anterior, el control de las mipymes y en general de todos los actores económicos debe centrarse en que cumplan con las normas jurídicas vigentes, que las producciones y servicios tengan la calidad establecida, que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, entre otros. Para eso existen organismos de la Administración Central del Estado e instituciones con funciones definidas en la evaluación y el control de las diferentes políticas y actividades, tanto para las mipymes como para las empresas estatales y para cualquier actor de la economía. Por ejemplo, el Ministerio de la Construcción controla que los bloques y materiales cumplan las normas técnicas para la edificación de obras; el Ministerio de la Industria Alimentaria requiere el registro de todos los productores industriales de alimentos y bebidas y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y de inocuidad; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vela que se garanticen los derechos del sistema de protección social cubano (salario, vacaciones, licencia de maternidad, entre otros). El cumplimiento de dichas funciones pasa por facilitar el conocimiento público de las regulaciones, realizar acciones de capacitación y aplicar sistemas de inspección y control que hoy ya existen.
Las mipymes en Cuba están en su estado embrionario. Es lógico que, a dos años de surgidas en un entorno macroeconómico complicado y una situación económica en general difícil, se manifiesten distorsiones y problemas a corregir. Sin embargo, sus beneficios no deben ser obviados mediante generalizaciones y prejuicios basados en anécdotas o sin respaldo de datos. Los impactos locales de las mipymes requieren el nacimiento constante de miles y miles de emprendimientos que compitan en los diferentes mercados, satisfagan de a poco las necesidades de la población, se encadenen, reemplacen a los negocios que mueren y, de conjunto con la empresa estatal y todos los actores, impulsen la aceleración de la recuperación económica en el marco del proyecto socialista que el pueblo cubano escogió.
[1] Incluye la empresa estatal tradicional, empresas filiales, sociedades mercantiles de capital 100% cubano y mipymes estatales.
[2] Datos informados por el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 22 de julio de 2023.
[3] El ministro de Economía y Planificación informó en la misma sesión parlamentaria que las exportaciones de las mipymes y los trabajadores por cuenta propia representa el 0.2% del total de exportaciones del país.
[4] El comercio minorista se refiere a la venta de bienes con destino a la población. El comercio mayorista, en cambio, a la venta de bienes entre entidades.