¿En qué consiste la responsabilidad social empresarial (RSE)? ¿Aparece explícita en el deber ser de cada organización, bajo cualquier forma de propiedad? ¿Cómo funciona en Cuba, en un escenario caracterizado, en los últimos cuatro años, por un número de actores económicos que casi duplica el total de 2020?
Hasta marzo de 2024 coexisten 19 071 formas de organización, entre empresas estatales, sociedades mercantiles con capital exclusivo del país, cooperativas y unidades presupuestadas, según ilustra el reciente informe de la Organización Institucional de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
En tal contexto, la responsabilidad de las empresas debiera adquirir una gran relevancia porque implicaría una gestión planificada que favorezca la mejora social, económica y el cuidado del medioambiente en sus comunidades de asentamiento.
Para el economista cubano Fernando Díaz González, la mencionada responsabilidad representa una inversión de retorno a mediano y largo plazo, un camino para recorrer cada día.
Como concepto económico en búsqueda de afianzamiento, amparado en la Norma Internacional ISO 26000:2010, la responsabilidad social empresarial brinda una alternativa viable hacia el desarrollo que, de ser interiorizada en las dinámicas organizacionales, propicia la cristalización de la imagen corporativa, la fidelización de los clientes y eleva la calidad de vida de los trabajadores.
Entonces, ¿cómo incentivar a la mayor cantidad de empresas para transitarlo? ¿Por qué cuesta tanto generalizar la responsabilidad social, de forma cotidiana, entre todos los actores de nuestra economía?
El movimiento de barrios vulnerables en transformación impulsado en Cuba, desde el Gobierno, a partir de 2021, reveló la urgencia de que los actores económicos de cada localidad asuman mayores niveles de compromiso social que ayuden a rebasar las múltiples vulnerabilidades y problemas materiales de la nación.
EL EQUILIBRIO EN MEDIO DEL TORBELLINO
En los últimos tres años, la Mayor de las Antillas experimentó un incremento de sus actores económicos, superior al récord establecido en 2010, cuando se produjo una ampliación del trabajo por cuenta propia (tcp), hasta entonces sin precedentes, con el otorgamiento de nuevas licencias, luego de una importante reducción de plantillas infladas en el sector estatal a lo largo del país.
Desde el 20 de septiembre de 2021, con la entrada en vigor de los decretos-leyes relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otras figuras no estatales, la cifra de empresas privadas ascendió hasta 8 686, estadística actualizada en este mes de abril, por la ONEI.
Sus servicios poseen mayor presencia en actividades tan sensibles como la industria manufacturera (2 750 mipymes), hoteles y restaurantes (1 939) y la construcción (1 705). Esas entidades emplean a alrededor de 262 000 personas, entre cuyos socios solo el 26 % son mujeres y el 25 %, jóvenes, de acuerdo con datos ofrecidos en la última sesión del Parlamento cubano en 2023.
Una mirada al sector estatal revela que, con un total de 1 971 entidades, las grandes empresas todavía le pertenecen, concentrando el 82 % de la producción mercantil total del país, dato revelado en el informe de balance del año 2023, del Ministerio de Industrias. Las mipymes estatales, en un estado embrionario, solo suman 135.
Tal panorama exige la articulación de cada parte del entramado empresarial para bien de la sociedad.
La resolución 201/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios, incluida en la Gaceta Oficial No. 64 Extraordinaria de 2023, dispone las facultades para crear reservas voluntarias en cada entidad con destinos como un fondo de Responsabilidad Social, lo que contempla la ayuda para transformar los barrios y aportar a su recuperación después de desastres naturales.
También plantea la posibilidad de abrir un fondo de adquisición, reparación y construcción de viviendas para sus empleados.
Sin embargo, ¿hay suficiente voluntad empresarial para aplicar esta norma? Existen excelentes ejemplos de lo que puede lograrse cuando la misión de la empresa busca impactos más allá de las ganancias.
En Camagüey, la Empresa de Productos Lácteos posee 11 casas lácteas en las que venden comidas elaboradas, a precios módicos, para personas en circunstancias de vulnerabilidad, detalla su director general, Danilo Porto Valdés.
En la Sociedad Mercantil Alimentos y Bebidas La Estancia s.a., encargada de asegurar la compota de la canasta familiar normada, la fuerza laboral aparece como el primer cliente, asegura su directora de Técnica y Desarrollo, Olga Mérida Sanjuán.
Un convenio colectivo los convierte en los primeros degustadores y evaluadores de cada producto; además de que reciben beneficios como el pago de las utilidades y un módulo para las plantas de producción.
La Empresa Comercializadora Importadora Exportadora de la Industria Ligera (Encomil) ha protagonizado varias acciones en el Cerro habanero, como la reparación de un centro de alimentación para ancianos, atiende tres consultorios médicos ubicados en sus alrededores, y ayuda a una escuela colindante, aquejada por la falta de agua, en la búsqueda de una pieza faltante para su cisterna, explica su director administrativo, Alberto Matamoros la Rosa.
¿Sucede lo mismo en el sector no estatal de la economía? Dar por sentada una respuesta sería injusto. La Resolución 201/2023 excluye a las formas de gestión no estatal de lo poco que regula en torno a las facultades para concretar su responsabilidad social.
Sin embargo, tanto los trabajadores por cuenta propia, como los socios de cooperativas y los empresarios privados, cuentan con ejemplos de altruismo dignos de elogio ante tragedias como la explosión del Hotel Saratoga, en La Habana; el incendio en la Base de Supertanqueros, en Matanzas; y los impactos del huracán Ian, en Pinar del Río, con el ofrecimiento de alimentación, transporte y hospedaje libres de costo para ayudar a los más desfavorecidos.
Durante la pandemia de coronavirus, trabajadores por cuenta propia del aserrío Los Pinos en Majagua, Ciego de Ávila, fabricaron centenares de camas para los centros de aislamiento durante el rebrote del verano de 2021.
Mientras, para satisfacer las necesidades dietéticas especiales de los niños aquejados con padecimientos metabólicos como la glucogénesis, la mipyme Jolyni S.U.R.L. donó a la Empresa Confitera y Derivados de la Harina, del Ministerio de la Industria Alimentaria, 8,5 toneladas de sémola clase a, que sirvió para mantenerles el suministro de pastas cortas integrales entre noviembre de 2023 y enero de este año, resalta Jorge Félix Peraza Noriega, presidente de Jolyni.
Roy Barthelemy Rodríguez, de la mipyme Ekoimagen S.R.L., lidera en La Habana Vieja el proyecto de desarrollo local Ekopeque, enfocado en la producción de materiales didácticos dirigidos a la niñez y adolescencia para fortalecer valores humanos.
Recientemente, inauguró el centro cultural Ekoespacios, en saludo al aniversario 27 del Programa Nacional Martiano; y de conjunto con la Oficina del Historiador de la capital impulsa el proyecto «Mundo diferente, derechos iguales», para identificar las personas con discapacidad y facilitar su inserción laboral.
OBSTÁCULOS ENTRE LAS EMPRESAS Y LA RESPONSABILIDAD
«Una empresa nace y se hace para la sociedad», afirma Martha Zaldívar Puig, profesora titular del Departamento de Ciencias Empresariales de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.
«Tienen que obtener altas ganancias para reproducirse y proveer para el ser humano que está trabajando en ella, a través de los salarios u otros mecanismos de atención».
En su opinión, «el sector privado tiene temor de unirse en alianzas con el Estado, aunque ya lo está haciendo y le va bien»; sin embargo, debe observarse mejor quién hace qué y cómo, para auspiciar los encadenamientos más convenientes con incentivos.
Por ende, enfatiza, la implementación de políticas públicas con las garantías imprescindibles resulta imperativo para superar la resistencia al cambio; así como resulta vital consolidar una cultura jurídica en torno al tema, aunque exista un llamado a redimensionar la mentalidad de los decisores para abrir nuevas puertas desde la responsabilidad social.
Voluntad tiene que haber pq el 99 por ciento de los Consejos de Dirección pertenecen al PCC, lo que no hay es liquidez, combustible y electricidad.
ResponderEliminar