Nuevas regulaciones económicas

 

La Joven Cuba Lee en el blog o lector De Redacción en 23 agosto 2024 A más regulaciones, menos crecimiento económico La noticia es que por fin se publican las nuevas regulaciones para el sector no estatal. Algunos de los contenidos habían sido adelantados ya por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su sesión de julio de este año y otros se habían filtrado unos días antes. Las regulaciones entrarán en vigor el próximo 18 de septiembre y han creado ya gran incertidumbre entre empresarios. En total se aprobaron ocho decretos y nueve resoluciones. Entre las más llamativas se encuentran: Decreto-Ley 88/2024 «Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas»: regula la creación, funcionamiento y extinción de las mipymes. Establece los criterios para la clasificación en micro, pequeñas y medianas, define las obligaciones fiscales, contractuales y de responsabilidad social de estas entidades, e introduce disposiciones sobre su autonomía y la gestión de su patrimonio. También regula las relaciones laborales dentro de estas empresas, especificando las condiciones bajo las cuales se pueden contratar trabajadores y la normativa que rige sus actividades económicas. Asimismo, aborda cuestiones como la responsabilidad empresarial y la protección al consumidor. El procedimiento aprobado para la aprobación de una nueva mipyme comienza con la presentación de una solicitud al Consejo de la Administración Municipal (CAM) correspondiente al domicilio social de la empresa. El CAM es el encargado de autorizar la creación «siempre que se encuentren en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal, solucionen otras necesidades del municipio o respondan a prioridades económicas y sociales del país». Decreto-Ley 89/2024 «De las cooperativas no agropecuarias»: establece el marco normativo para la constitución, funcionamiento y extinción de cooperativas en sectores no agropecuarios. Regula aspectos como la personalidad jurídica, el patrimonio, la responsabilidad de las cooperativas y sus obligaciones fiscales y contractuales. Además, se describen los procedimientos para la creación y registro de estas cooperativas, así como las normativas que deben seguir en su gestión interna y en la relación con sus socios. Decreto-Ley 90/2024 «Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia»: define los requisitos para la obtención de licencias y permisos, así como las condiciones bajo las cuales se pueden desarrollar actividades económicas individuales. También incluye disposiciones para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y establece los mecanismos de control que serán aplicados para supervisar el trabajo por cuenta propia. Decreto-Ley 91/2024 «De las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias»: introduce un marco legal para sancionar las contravenciones relacionadas con el ejercicio del trabajo por cuenta propia, así como en mipymes y cooperativas no agropecuarias. Establece las conductas que serán consideradas infracciones y las sanciones correspondientes. Además, define los procedimientos administrativos que se seguirán para aplicar las sanciones, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas y preservar el orden en el sector económico no estatal. Entre las sanciones principales se incluyen multas, la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias, permisos y otras autorizaciones, así como la clausura total o parcial de establecimientos y el comiso de bienes. Decreto-Ley 92/2024 «Del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, y los titulares de los proyectos de desarrollo local»: establece un régimen especial de seguridad social aplicable a los trabajadores por cuenta propia, socios de cooperativas no agropecuarias, mipymes privadas y titulares de proyectos de desarrollo local. Detalla las prestaciones y beneficios a los que tienen derecho estos actores económicos, así como las contribuciones que deben realizar para acceder a la seguridad social. Decreto-Ley 93/2024 Modificativo de la Ley 113 «Del sistema tributario»: actualiza el marco fiscal aplicable a los actores económicos no estatales y especifica las obligaciones fiscales de los actores no estatales y los procedimientos que se deben seguir para su cumplimiento. El instrumento estipula que las mipymes deben abonar un impuesto sobre las ventas, con un tipo impositivo del 10% sobre el total de los ingresos mensuales obtenidos por el desarrollo de su actividad. Además, están obligadas a pagar un impuesto del 5% sobre las remuneraciones mensuales pagadas a sus empleados. Asimismo, deben contribuir al desarrollo local con un tipo impositivo del 1% sobre los ingresos totales obtenidos. Finalmente, los socios de estas empresas están obligados a pagar la Contribución Especial a la Seguridad Social que se calcula con una escala progresiva. Cabe destacar que la obligación para estas empresas de abonar un impuesto sobre utilidades, aplicando un tipo impositivo del 35% con carácter trimestral, no fue modificada, por lo tanto, se mantiene vigente. Decreto 107 «De las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia»: renueva la lista de actividades que están prohibidas para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. Decreto 108 «De la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales»: establece la creación de una nueva entidad subordinada al Consejo de Ministros, y cuya como misión principal es «dirigir y controlar la política del Estado para el desarrollo y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias, y los trabajadores por cuenta propia». Entre las funciones clave del nuevo Instituto se incluyen la coordinación y evaluación de propuestas de políticas en colaboración con organismos de la Administración Central del Estado, el control del cumplimiento de las normativas estatales, y la organización de actividades que fomenten el desarrollo y la inserción de los actores no estatales en la economía nacional. Además, se encargará de dirigir metodológicamente la creación de nuevos actores no estatales y de evaluar su desempeño, promoviendo su integración en el entramado productivo, especialmente en vinculación con empresas estatales. Al frente de dicha institución estará Lázara Mercedes López Acea, graduada de Ingeniería Forestal; su puesto más relevante fue asumir el cargo de secretaria del Partido de la Habana, cargo del que fue «liberada» en 2018 para luego reaparecer como viceministra primera del Ministerio de la Alimentación. Se desconoce las razones que llevaron a la esfera política a designar a López Acea al frente de tan importante responsabilidad, pues ni si su formación, ni su trayectoria —hasta donde se sabe más ideológica que económica— le permitirán tener un diálogo fluido con un sector tan heterogéneo como el de los empresarios privados. Esto significa que el Estado cubano actualiza su marco regulatorio en un contexto de crecimiento del sector privado y en medio de una fuerte crisis económica y política que ha provocado no pocas fracturas entre productores y decisores. Múltiples han sido las reacciones a las nuevas medidas. La consultora privada Auge publicó un resumen ejecutivo de los siete documentos, entre resoluciones y decretos leyes. Asimismo, su fundador, el empresario Oniel Díaz Castellanos, en su perfil de Facebook afirmó que «las nuevas regulaciones reiteran prohibiciones ya existentes y penalizan comportamientos de los actores económicos que han venido ocurriendo en el país no solo por codicia o indisciplina, sino por necesidad básica de supervivencia y por obligación forzosa de las circunstancias en que se desempeñan». Sobre el nuevo procedimiento estipulado para la aprobación de mipymes, Díaz Castellanos agregó que «abrirá espacios, lamentablemente, a la discrecionalidad y a la lentitud para cosas tan pedestres como modificar un objeto social, cambiar el domicilio de la empresa o abrir un nuevo establecimiento comercial». Algo en lo que no solo este empresario ha reparado, teniendo en cuenta los habituales problemas de personal que presentan las administraciones locales, lo cual pudiera ralentizar aún más el ya estancado proceso de aprobación de mipymes. Otra voz autorizada en el tema, la profesora e investigadora Ileana Díaz, expresó que «las nuevas normas muestran la intención de frenar nuevas mipymes». Entre las críticas también mencionan la intención de obligar a las mipymes a que respondan a las prioridades del municipio sin decir ni publicar cuáles son. En su análisis también destacó que uno de los problemas es poner en manos de externos, que no tienen por qué conocer el negocio, los formatos de determinadas empresas: «la creatividad en el mundo de los negocios es muy amplia y no debe ser restringida por patrones administrativos de control y restricción», sentenció. Otro tópico que causó cuestionamientos fue el de las importaciones, que según se puede interpretar, deben ser a través de empresas del Estado, lo cual genera la pregunta de si este honrará a tiempo su deuda con los proveedores. También queda la duda de cómo afectarán las medidas unilaterales coercitivas para traer productos de los Estados Unidos con estas nuevas reglas, algo que muchos privados estaban haciendo con cierta regularidad a través de distintos mecanismos, que de cierta forma habían logrado abrirle huecos al cerco comercial.  Sobre este aspecto, el empresario Alfonso Larrea, conocido por promover los lazos entre actores económicos privados cubanos y norteamericanos se preguntó «¿qué diferencia hay entre, un comerciante extranjero que importa mercancías al país y las comercializa en divisas y nuestras mipymes? ¿Porque prefieren que lo hagan ellos y no los nuestros? ¿No es eso una distorsión... histórica?» Nuestra opinión es que las nuevas medidas adoptadas por el gobierno cubano, aunque buscan corregir distorsiones resultantes de políticas económicas fragmentadas y desactualizadas, no parecen estar alineadas con las necesidades actuales de la economía del país. Las regulaciones introducen restricciones adicionales que podrían generar más problemas en el futuro, en lugar de impulsar el tan necesario crecimiento económico. En un contexto donde la economía cubana se mueve entre el estancamiento y el decrecimiento, y en el cual las cifras de migración son impresionantes, todo ello unido al empeoramiento de las condiciones de vida de la población, limitar a quienes tienen el potencial de dinamizar la producción es una estrategia profundamente equivocada. Las empresas privadas y cooperativas han demostrado ser vitales para llenar los vacíos que ha dejado el sector estatal, y cualquier política que apueste por el crecimiento debería aprovechar su potencial en vez de limitarlo. Desalentar a los empresarios cubanos a invertir en su país provocará, desde la fuga de capitales, hasta un mayor desabastecimiento que hará más crítica la ya alarmante inseguridad alimentaria, y la dificultad para adquirir insumos básicos, algunos de estos solo ofertados —al menos en pesos cubanos— por el sector privado. El tiempo no perdona, y no escuchar a los expertos y a quienes producen puede traer consecuencias incalculables. Hay consenso en la mayoría de estos en que es imperativa una reforma integral de la economía cubana, que permita al sistema empresarial —estatal y privado— operar de manera integrada y competitiva en beneficio de toda la sociedad. En tiempos de crisis, un razonamiento político estrecho y conservador puede traer consecuencias debastadoras. HHC:  Esta es solo la parte económica de una reseña mas amplia del sitio web LJC