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viernes, 9 de febrero de 2024

La lección de Lenin para Israel y Ucrania


Si hay un elemento del legado político de Vladimir Lenin que vale la pena elogiar un siglo después de su muerte, es su percepción de lo que se necesita para permanecer verdaderamente fiel a la propia causa. Ya sea en Israel o en Ucrania hoy, el único camino político a seguir es el que evita el dogmatismo ciego y el oportunismo cínico.

LIUBLIANA – Se ha cumplido un siglo desde la muerte de Vladimir Lenin y más de tres décadas desde que se derrumbó su proyecto bolchevique. Pero si bien gran parte de su vida política fue muy problemática desde la perspectiva actual, su pragmatismo implacable, como podríamos llamarlo, todavía tiene validez.

Recordemos el conocido compromiso de Lenin con el “análisis concreto de la situación concreta”. Hay que evitar tanto la fidelidad dogmática a la causa como el oportunismo sin principios. En condiciones del mundo real que cambian rápidamente, la única manera de permanecer verdaderamente fiel a un principio –de seguir siendo “ortodoxo” en el sentido positivo del término– es cambiar la propia posición. Así, en 1922, después de haber ganado la guerra civil contra todo pronóstico, los bolcheviques abrazaron la “Nueva Política Económica”, permitiendo un ámbito mucho más amplio para la propiedad privada y el mercado.

Al explicar esta decisión, Lenin utilizó la analogía de un alpinista que debe retroceder “para poder saltar más adelante”. Después de enumerar los logros y fracasos del nuevo Estado soviético, concluyó: “Comunistas que no se hacen ilusiones, que no se dejan llevar por el desaliento y que conservan su fuerza y ​​flexibilidad para 'comenzar desde el principio' una y otra vez al abordar una situación extremadamente extrema. tarea difícil, no están condenados (y con toda probabilidad no perecerán)”.

Se oyen ecos de Søren Kierkegaard, el teólogo danés de quien los marxistas pueden aprender mucho. Cualquier proceso revolucionario, creía Lenin, no es gradual sino repetitivo, un movimiento en el que se repite el comienzo una y otra vez.

¿Qué mejor forma de captar dónde nos encontramos hoy? Después del “oscuro desastre” de 1989, que puso fin definitivamente a la época que comenzó con la Revolución de Octubre de 1917, ya no se puede atribuir ninguna continuidad a lo que “la izquierda” ha significado durante los dos últimos siglos. Aunque quedarán en nuestra memoria momentos imborrables como el clímax jacobino de la Revolución Francesa y la Revolución de Octubre, esas historias se acabaron. Todo debería repensarse desde un nuevo punto de partida.

Un nuevo enfoque es más importante que nunca ahora que el capitalismo global se ha convertido en la única fuerza revolucionaria verdadera. Lo que queda de la izquierda está obsesionado con proteger los viejos logros del Estado de bienestar, un proyecto que ignora en gran medida cuánto ha cambiado el capitalismo la textura de nuestras sociedades en las últimas décadas.

Hay excepciones, por supuesto. Entre los pocos teóricos y políticos que han reconocido este proceso tal como es se encuentra Yanis Varoufakis . Sostiene que el capitalismo se está transformando en tecnofeudalismo, razón por la cual la retórica anticapitalista tradicional está perdiendo fuerza. La implicación es que deberíamos abandonar la socialdemocracia y su idea central de un Estado de bienestar liberal de izquierda.

De una manera propiamente leninista, Varoufakis ve que el objeto de nuestro análisis crítico (el capitalismo) ha cambiado, y nosotros debemos cambiar con él. De lo contrario, sólo estaremos ayudando al capitalismo a revitalizarse en una nueva forma.

La forma de pragmatismo de Lenin de ninguna manera está al alcance sólo de la izquierda. El mes pasado, Ami Ayalon, ex líder del Shin Bet (el servicio de seguridad interna de Israel), pidió un cambio de paradigma: “Nosotros, los israelíes, tendremos seguridad sólo cuando ellos, los palestinos, tengan esperanza. Ésta es la ecuación”. Como Israel no estará seguro hasta que los palestinos tengan su propio Estado, las autoridades israelíes deberían liberar a Marwan Barghouti, el líder encarcelado de la Segunda Intifada, para que dirija las negociaciones para crear uno.

"Mire las encuestas palestinas", dice Ayalon. “Él es el único líder que puede llevar a los palestinos a un Estado junto a Israel. En primer lugar, porque cree en el concepto de dos Estados y, en segundo lugar, porque ganó su legitimidad sentándose en nuestras cárceles”. De hecho, muchos ven a Barghouti (que ha estado encarcelado durante más de dos décadas) como una especie de Nelson Mandela palestino.

O consideremos un ejemplo aún más sorprendente. La semana pasada, el jefe del ejército ucraniano, Valeriy Zaluzhnyi, tras informes de los medios de comunicación de que pronto podría ser destituido de su cargo, publicó un comentario en el que exponía sus prioridades para Ucrania e identificaba las más importantes para el esfuerzo bélico. "No se puede subestimar el desafío para nuestras fuerzas armadas", escribió. "Se trata de crear un sistema estatal completamente nuevo de rearme tecnológico".

Lo que eso significa es redoblar la apuesta por “los sistemas no tripulados –como los drones– junto con otros tipos de armas avanzadas, que proporcionan la mejor manera para que Ucrania evite verse arrastrada a una guerra posicional, donde no poseemos la ventaja”. El “General de Hierro”, como a veces se le llama, reconoció entonces que, con aliados clave lidiando con sus propias tensiones políticas, Ucrania debe prepararse para una reducción del apoyo militar.

Considero el breve comentario de Zaluzhnyi como una intervención leninista (es decir, pragmática de principios). Es cierto que los izquierdistas radicales y el propio Zaluzhnyi considerarán absurda esta caracterización, y no soy un experto en las luchas de poder que se libran actualmente en Ucrania, ni en el papel de Zaluzhnyi en ellas. Lo único que digo es que Zaluzhnyi ha combinado hábilmente la fidelidad al objetivo (mantener la independencia de Ucrania y la integridad territorial como Estado democrático) con un análisis concreto de la situación en el campo de batalla.

Para decirlo sin rodeos, hemos superado la fase heroica de resistencia popular al invasor y el combate personal cuerpo a cuerpo en el frente. Ucrania debe reorientarse adoptando nuevas tecnologías apropiadas para una guerra prolongada y adelantándose a la creciente reticencia de los países occidentales a entregar ayuda indefinidamente. Ucrania también necesitará poner su propia casa en orden, actuando con más decisión contra la corrupción y los oligarcas, y articulando claramente por qué está luchando.

Por encima de todo, Ucrania necesita una visión compartida que no sea estrictamente nacionalista ni esté definida por la sospecha de que la izquierda ucraniana es prorrusa. Para resistir los efectos del agotamiento de la guerra, los ucranianos deben ponerse en la piel del alpinista de Lenin.


Slavoj Žižek, profesor de Filosofía en la Escuela Europea de Graduados, es director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres y autor, más recientemente, de Heaven in Disorder (OR Books, 2021).

La emulación estadounidense de China exige nuevas reglas

9 de febrero de 2024 DANI RODRIK

Mientras Estados Unidos aplica políticas industriales para servir a sus propios intereses nacionales y China se apega a su modelo económico impulsado por el Estado, la cooperación no estará a la orden del día. Pero podría resultar un poco más fácil si ambas partes reconocieran que sus políticas no son demasiado diferentes ni necesariamente perjudiciales para la otra.

CAMBRIDGE – Es común pensar que las tensiones entre Estados Unidos y China son el resultado inevitable de marcadas diferencias entre los dos países. Estados Unidos tiene una economía de mercado totalmente capitalista, mientras que el gobierno chino mantiene una mano firme sobre el timón económico. A pesar de todos sus defectos, Estados Unidos es una democracia, mientras que China es un régimen de partido único que no admite desafíos políticos. Aunque Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, el creciente poder económico y geopolítico de China amenaza la hegemonía estadounidense.

Pero si bien todo eso es cierto, muchos conflictos entre Estados Unidos y China surgen de sus crecientes puntos en común. El relativo declive de Estados Unidos lo ha hecho sentir más inseguro, lo que ha impulsado políticas económicas y de seguridad nacional que recuerdan la propia estrategia de décadas de China de priorizar la fortaleza y la renovación económicas nacionales sobre los requisitos de una economía global abierta y “liberal”. Paradójicamente, a medida que Estados Unidos emula estrategias que le sirvieron bastante bien a China, las tensiones en la relación bilateral se multiplican.

Aunque China se volvió hacia los mercados después de 1978 y liberalizó significativamente su economía, las políticas del Partido Comunista de China reflejaron algo más que la búsqueda del crecimiento económico. Eran parte de un proyecto nacional de rejuvenecimiento diseñado para restablecer a China como una gran potencia. En consecuencia, China jugó el juego de la globalización según sus propias reglas, protegiendo y promoviendo sus propias industrias mientras aprovechaba los mercados externos. El Estado nunca fue demasiado tímido para intervenir y subsidiar lo que consideraba industrias estratégicas (ya sea desde un punto de vista comercial o de seguridad nacional).

Una vez escuché a un formulador de políticas chino describir esta estrategia como “abrir la ventana, pero colocarle una pantalla”. La economía china obtendría aire fresco (tecnologías extranjeras, acceso a los mercados globales, insumos críticos) pero mantendría fuera elementos dañinos como los flujos de capital desestabilizadores a corto plazo, una competencia excesiva que podría dañar sus incipientes capacidades industriales o restricciones a las acciones del gobierno. capacidad para conducir la política industrial.

El fenomenal crecimiento económico de China fue en última instancia una gran ayuda para la economía mundial, ya que creó un gran mercado para las empresas e inversores de otros países. Además, sus políticas industriales verdes han hecho una contribución sustancial a la transición global hacia una economía baja en carbono al reducir los precios de la energía solar y eólica.

Naturalmente, otros países se han quejado de las prácticas intervencionistas y mercantilistas de China. Lo más importante es que la rápida expansión de las exportaciones chinas –el llamado “ shock de China ”– causó estragos económicos y sociales en las comunidades manufactureras más afectadas y en las regiones rezagadas de las economías occidentales, creando un terreno fértil para el eventual ascenso de populistas autoritarios de derecha. como Donald Trump. Sin embargo, mientras las políticas de las economías avanzadas estuvieron impulsadas por una lógica consumista y fundamentalista de mercado, estos efectos no causaron una enorme tensión en las relaciones con China.

Por el contrario, muchas elites intelectuales y políticas pensaban que los enfoques occidentales y chinos de la economía eran complementarios y se apoyaban mutuamente. Los historiadores Niall Ferguson y Moritz Schularick acuñaron el término “ Chinaamérica ” para describir la relación aparentemente simbiótica en la que China subsidia sus industrias y Occidente consume felizmente los bienes baratos que China le envía. Mientras esta concepción reinó en Occidente, los trabajadores y las comunidades que salieron perdiendo recibieron poca ayuda o simpatía; se les dijo que se volvieran a capacitar y se mudaran a áreas con mejores oportunidades.

Pero la situación era insostenible y los problemas planteados por la desaparición de buenos empleos, las crecientes disparidades regionales y la mayor dependencia extranjera de industrias estratégicamente importantes se volvieron demasiado grandes para ignorarlos. Las autoridades estadounidenses comenzaron a prestar más atención al lado productivo de la economía, primero bajo Trump y más sistemáticamente bajo Joe Biden , cuya administración ha adoptado un conjunto diferente de prioridades que favorece a la clase media, la resiliencia de la cadena de suministro y la inversión verde.

La nueva estrategia gira en torno a políticas industriales que no son tan diferentes de las que China ha practicado durante mucho tiempo. Se subvencionan las nuevas tecnologías y las actividades manufactureras avanzadas, al igual que las tecnologías renovables y las industrias limpias. Se fomentan los proveedores locales y el contenido nacional, mientras que se discrimina a los productores extranjeros. Las inversiones de empresas chinas en Estados Unidos son objeto de un intenso escrutinio. Bajo la doctrina de “ patio pequeño, valla alta ”, Estados Unidos busca restringir el acceso chino a tecnologías consideradas críticas para la seguridad nacional.

Si estas políticas logran producir una sociedad estadounidense más próspera, cohesiva y segura, el resto del mundo también se beneficiará, del mismo modo que las políticas industriales chinas beneficiaron a sus socios comerciales al expandir el mercado chino y reducir el precio de las energías renovables. La implicación, entonces, es que estas nuevas políticas y prioridades no necesitan una profundización del conflicto entre Estados Unidos y China; pero sí requieren un nuevo conjunto de reglas para regir la relación.

Un buen primer paso es que ambas partes abandonen la hipocresía y reconozcan la similitud de sus enfoques. Estados Unidos continúa criticando a China por supuestamente aplicar políticas mercantilistas y proteccionistas y violar las normas de un orden internacional “liberal”, mientras que los políticos chinos acusan a Estados Unidos de darle la espalda a la globalización y librar una guerra económica contra China. Ninguna de las partes parece ser consciente de la ironía: China puso una mampara en su ventana abierta; Estados Unidos está poniendo una valla alta alrededor de un pequeño patio.

Un segundo paso importante es buscar una mayor transparencia y una mejor comunicación sobre los objetivos de las políticas. En una economía global interdependiente, es inevitable que muchas políticas dirigidas al bienestar económico nacional y a las prioridades sociales y ambientales internas tengan algunos efectos secundarios indeseables en otros. Cuando los países adoptan políticas industriales para corregir fallas importantes del mercado, sus socios comerciales deben ser permisivos y comprensivos. Esas medidas deben distinguirse de aquellas que explícitamente buscan empobrecer al vecino (lo que significa que generan beneficios en el país precisamente porque perjudican a otros).

En tercer lugar, es importante garantizar que las políticas restrictivas de seguridad nacional estén bien orientadas. Estados Unidos caracteriza sus controles de exportación como medidas “cuidadosamente adaptadas” a “una pequeña porción” de tecnologías avanzadas que plantean preocupaciones “directas” de seguridad nacional. Estas limitaciones autoproclamadas son dignas de elogio, pero existen dudas sobre si la política real sobre semiconductores se ajusta a esta descripción y sobre cómo podrían ser medidas adicionales. Además, Estados Unidos tiende a definir su seguridad nacional en términos demasiado expansivos.

Estados Unidos seguirá dando prioridad a sus preocupaciones económicas, sociales, ambientales y de seguridad nacional, y China no abandonará su modelo económico impulsado por el Estado. La cooperación no estará a la orden del día. Pero puede resultar un poco más fácil si ambos países reconocen que sus políticas no son demasiado diferentes ni necesariamente perjudiciales para el otro lado.


Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Harvard Kennedy School, es presidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton University Press, 2017).

Cuba en datos: Presupuesto, deuda y proyecciones para el 2024

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Edilberto Carmona Tamayo


 



La reducción del déficit fiscal en Cuba es un tema de vital importancia para el desarrollo económico y social del país. El déficit fiscal se produce cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos, lo que lleva a un aumento de la deuda pública y a una serie de repercusiones negativas a largo plazo.

Además, la reducción del déficit fiscal también contribuiría a la estabilidad macroeconómica del país. Un menor déficit implicaría una disminución en la necesidad de financiamiento a través de la emisión de deuda.

Al decir del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, “la contención y reducción del déficit fiscal son los desafíos inmediatos del desempeño del presupuesto estatal”.



Pasos para reducir el déficit fiscal: Aumentar los ingresos

El presupuesto del Estado de 2024 respalda los objetivos y metas considerados en el plan de la economía, con prioridad en la satisfacción de los servicios básicos de la población y el avance de la recuperación de la actividad económica, de sectores primarios y estratégicos.

Se proyectan ingresos netos por 333 316 millones de pesos, cifra que tiene carácter de mínimo y financia solo el 69% de los gastos totales, con una participación del sector estatal en un 88%, lo cual ratifica su papel fundamental en la economía.

Los ingresos tributarios derivados de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones son el 64% de los ingresos totales, lo que refleja una recuperación del sistema tributario como fuente esencial de los recursos presupuestarios.



Para lograrlo, los niveles de ingresos se soportan en la implementación de las medidas tributarias prorrogadas para el 2024, que implican tanto a entidades estatales como a nuevos actores económicos, y “buscan consolidar la aplicación de los tributos bajo los principios de generalidad y equidad tributarias, así como potenciar la captación de ingresos presupuestarios acordes con la capacidad económica de cada contribuyente”.

Los aportes por la utilidad empresarial son el 22% de los ingresos totales, con un crecimiento del 15% (72 756 millones de pesos), lo que ratifica la trascendencia del desempeño empresarial en la generación de ingresos presupuestarios y la necesidad de implementar todas las medidas que impulsen la eficiencia.



Entre tanto, se proyectan aportes de las formas de gestión no estatal en el orden de 39172 millones de pesos, que en su mayoría son fuente de ingresos de los presupuestos municipales, con un crecimiento proyectado del 58% (14 363 millones de pesos más).

En la proyección presupuestaria para 2024, los presupuestos locales reciben una consideración especial con el propósito de favorecer la autonomía financiera de los presupuestos municipales y provinciales.

“En ese sentido, se ha decidido ceder las recaudaciones del impuesto sobre los servicios de telecomunicaciones, que significan aproximadamente a 2 600 millones de pesos”, anunció Regueiro Ale.

Explicó que, en su conjunto, los presupuestos locales planifican un resultado negativo, ascendente a 21 209 millones de pesos, mejorando con respecto al estimado de 2023 y marcando una tendencia de recuperación en comparación con ejercicios fiscales anteriores.

Dictámenes sobre los presupuestos de los municipios, elaborados por el Ministerio de Finanzas y Precios, muestran que todas las provincias mejoran el resultado presupuestario, excepto La Habana, que mantiene su condición de superavitaria, lo que implica al 78% de los municipios.

Medidas para lograr el crecimiento tributario

  • Aplicación de impuestos especiales a la comercialización de un grupo de bienes y servicios no esenciales para la población, a partir del incremento de sus precios de ventas, entre ellos, cigarros y tabacos cigarros por el incremento de los precios de ventas minoristas.
  • Eliminación de las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales de 6 meses y un año en ocasión de su constitución.
    Extensión de la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las mipymes.
  • Incremento de las cuantías a pagar por concepto del Impuesto sobre el Transporte Terrestre.
  • Actualización de los valores referenciales de las viviendas para aplicar los impuestos asociados a las compraventas de estos bienes entre personas naturales y regulación de su pago al momento de formalizar la transmisión.
  • Reconocimiento de la tasa de cambio de 1USD = 120.00 CUP = para el cálculo de los aranceles en las operaciones de importación por las formas de gestión no estatales.
  • Adecuaciones en el tipo impositivo del impuesto sobre ingresos personales por las gratificaciones que obtienen personas naturales que laboran en sucursales de firmas comerciales extranjera Oficina de representación de bancos, compañías financieras no bancarias y otras representaciones de entidades extranjeras acreditadas en el país incluyen agencias de prensas, sedes diplomáticas y representaciones de organismos internacionales.
  • Incremento de la efectividad de las acciones de fiscalización contenidas en el plan integral de control fiscal que implementa la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, vinculado a la consolidación de las directivas aprobadas para la prevención y el enfrentamiento a las indisciplinas e incumplimientos tributarios y conductas evasoras.

Otra de las adecuaciones en temas de impuestos es un incentivo que se realiza con la aplicación del impuesto aduanero o del arancel.

“Un incentivo que está dirigido a fomentar las importaciones de bienes intermedios, de insumos, de materias primas que propicien el desarrollo del sector productivo en nuestro país, tanto de los actores económicos estatales como de los no estatales, incluso de la concertación y de la articulación de procesos productivos que puedan realizar de forma conjunta.

“Se explicaba en la Asamblea que ya al cierre de noviembre las importaciones realizadas por los actores económicos no estatales superan los 1 000 millones de dólares. Es una cifra importante y esas importaciones se caracterizan, por lo general, por ser productos terminados. Eso no aporta valor agregado a nuestra economía.

“Lo que realmente va a lograr que haya una reactivación en la economía es que logremos el desarrollo productivo, que haya procesos productivos de creación de bienes, de prestación de servicios, con las capacidades que tiene nuestra industria, que tenemos que seguir desarrollando. Eso lo podemos hacer con los actores estatales y también en una mayor integración real, no solo como suministradores, como ha ocurrido en ocasiones, sino también que se compartan responsabilidades, riesgos en estos procesos.

“Hay una capacidad importadora que debemos estimular en función de que, en lugar de productos terminados, se importen insumos y materias primas”, explicó.
Precisó que el incentivo consiste en una reducción en un 50% del impuesto aduanero, la tarifa arancelaria que está establecida actualmente para la importación de esa mercancía.

Reconoció que hay complejidades, “porque una mercancía, en dependencia del destino, puede ser un producto terminado o puede ser una materia prima. La misma harina de trigo pudiera ser el insumo de un proceso productivo o un producto listo ya para la venta en una comercialización minorista”.

Por eso –informó–, la resolución que próximamente emitirá el MFP para regular el nuevo marco que facilita las importaciones de insumos y materias primas, implicará el análisis particular de cada proyecto de importación, del destino, la verificación de está destinada hacia un proyecto productivo que aporte a dinamizar nuestra economía.

“Este es un beneficio para todos los actores sin distinción: estatales o no estatales, incluso para proyectos conjuntos”, añadió, y apuntó que es de implementación inmediata, con su próxima publicación en la Gaceta Oficial.

“Como estamos disminuyendo los aranceles para estos insumos y materias primas, es necesario incrementar las tarifas arancelarias para la importación de mercancías que tienen similares en producciones nacionales. Es una protección para nuestra industria y la economía nacional.

“Estamos hablando productos de los que ha habido una importación considerable, fundamentalmente por actores económicos no estatales, pero también por entidades estatales”, dijo.

El arancel que actualmente se está pagando por esta mercancía como promedio oscila en la categoría general del arancel. Regueiro Ale apuntó que el arancel se maneja con dos categorías, una general y una de nación más favorecida, que, dadas nuestras condiciones del comercio, es la que más se aplica, entre un 10 y un 5%.

“Es decir, la tarifa efectiva viene siendo de un 5%, y la medida concibe un incremento de la tarifa general a un 30% y de aplicación efectiva para la nación más favorecida de un 15%. Incrementamos los aranceles para estos productos que tienen producción nacional similar que debemos continuar estimulando y protegiendo con nuestros recursos endógenos, nuestra infraestructura, con nuestra industria, con la combinación de los sectores primarios y el sector de manufactura, buscando favorecer las exportaciones y también mayor presencia de nuestras producciones en el mercado nacional. Es una regulación general, para todos los actores que realicen importaciones”.

Ejecución de los gastos

La proyección de los gastos totales máximos para el año 2024 es de 480 707 millones de pesos (un 37% de crecimiento).

No solo asegura los principales sectores y programas sociales, sino que abarca demandas de financiamientos del sector empresarial y gastos financieros asociados a la deuda pública, que no fue posible atender en años anteriores.
A sectores y programas sociales, con prioridad en la salud pública, la educación, la cultura, el deporte, la asistencia y la seguridad Social, se destina el 63% de los gastos totales.



Al sistema de salud se destina aproximadamente el 26% del gasto de la actividad presupuestada, el que en mayor parte se materializa en los presupuestos municipales, para financiar fundamentalmente el nivel primario de atención.

Con ello se asegura la prestación de 110 millones de consultas en la atención primaria de salud, 375 000 ingresos en hospitales nacionales (incluido el consumo de medicamentos que necesitan los pacientes) y la continuidad del proceso de reparación y mantenimiento constructivo de las instalaciones, además de tareas de saneamiento e higienización.

El presupuesto para la educación respalda una matrícula total de 1 388 000 estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza. Incluye transportación; alimentación en círculos infantiles, seminternados, centros internos y hogares de niños y adolescentes sin amparo familiar; recursos de base material de estudio y de vida, y la merienda escolar para secundaria básica.

A la par, se aseguran en la enseñanza superior gastos para una matrícula de 389 392 estudiantes.

El presupuesto de la seguridad social abarca el 15% de los gastos de la actividad presupuestada. Crece en 3 075 millones de pesos y respalda las prestaciones de más de un 1 824 000 jubilados y pensionados. Se extiende de 12 a 15 meses la prestación social por maternidad.

En el presupuesto del Estado para 2024, se concibe la protección mediante la asistencia social a 186 783 familias y 339 754 beneficiarios en situación de vulnerabilidad, a lo cual se destinan más de 6 000 millones de pesos.

“Se protege a las madres de hijos con discapacidad severa y se aseguran los asistentes a domicilio, el pago de servicios de transportación para recibir atención médica especializada fuera del territorio de residencia, así como el pago del consumo eléctrico a pacientes con enfermedades crónicas, para mantener su vitalidad en el domicilio”, dijo el ministro.

Asimismo, se prevé la atención a personas y familias que lo requieran como parte de la implementación gradual del tránsito del subsidio a productos al subsidio a personas.

Se proyecta un crecimiento en el gasto para cultura, que garantiza el incremento de las ofertas artísticas culturales, el respaldo a la enseñanza artística, el cumplimiento de políticas aprobadas y el programa de desarrollo de la cultura, la celebración de importantes eventos culturales como el Festival Internacional de Ballet y la Bienal de La Habana, y la publicación por las editoriales de títulos para la Feria Internacional del Libro, entre otros.

También se respalda la actividad del deporte y se garantiza la preparación de los atletas en el último año del presente ciclo olímpico, su clasificación y participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024. En 2024, el béisbol tendrá participación en múltiples eventos, incluidos la Serie del Caribe y el Torneo de Campeones.

Se destinan recursos financieros en el entorno de los 21 812 millones de pesos a financiar, entre otros, la compensación del precio de importación de pienso para las producciones ganaderas; la compensación de precios de importación de productos principales, que se comercializan con precios centralizados e inciden en la canasta de alimentación normada; la diferencia del precio de importación de la leche y el minorista de venta a la población; pagos a los bancos por la bonificación del 50% de intereses bancarios y primas de seguro por los financiamientos otorgados a las bases productivas, la ganadería genética, programas de zoológicos y conservación de la flora y la fauna.

Se incrementan los niveles de subsidios presupuestarios para cubrir las diferencias entre precios y tarifas de varios servicios y consumos básicos de la población, y los costos y gastos en cuya producción se incurre, para lo que se destinan más de 80 000 millones de pesos, con un crecimiento de aproximadamente en 38 472 millones de pesos respecto al estimado de 2023.

Se financian, fundamentalmente, las tarifas eléctricas del sector residencial y agropecuario, la comercialización de combustibles, los medicamentos controlados, la leche para niños, embarazadas y dietas médicas, las tarifas de transporte y las tarifas del agua.

“Estos subsidios deben transformarse gradualmente en subsidios a personas, lo que trasciende el ejercicio fiscal proyectado”, precisó Regueiro Ale.

Dentro del presupuesto, en el área de tecnología e innovación, se planifican 2 184 millones de pesos a 17 programas nacionales, 10 programas sectoriales y 63 programas territoriales, dirigidos a elevar el impacto de la ciencia y las innovaciones en los sectores estratégicos del país.

Además, se incluyen 525 millones de pesos para el Fondo Nacional de Ciencia e Innovación (Fonci) y 100 millones de pesos para el Fondo Nacional de Medio Ambiente.



A las inversiones materiales, que respalda el plan de la economía, se destinan 28 182 millones de pesos, nivel similar al estimado de 2023.

La ejecución del programa de la vivienda es respaldada con la asignación de aproximadamente 5 196 millones de pesos.

Por concepto de capital de trabajo se proyectan 4 690 millones de pesos, de los que 2 000 millones corresponden a la banca comercial para la continuidad del fomento agrícola y el fondo de la siembra de la caña, y 1 267 millones a la recuperación de la actividad industrial del níquel.

Al sector azucarero van 564 millones y a la agricultura, 110 millones, mientras 650 millones se destinan a la Unión Nacional Eléctrica y 99 millones de pesos para agua y saneamiento.



¿A cuánto asciende el déficit?

Para 2024, el presupuesto del Estado proyecta un déficit fiscal de 147 391 millones de pesos, superior al estimado en 49 027 millones, resultado de recaudar ingresos netos por 333 316 millones e incurrir en gastos totales por 480 707 millones.

Los ingresos planificados financian el 71% del total de gastos.

El endeudamiento proyectado es de 201 760 millones de pesos. La cifra incluye las amortizaciones de deudas con vencimiento en el periodo y los financiamientos aprobados a bancos y entidades por la devaluación del peso cubano.


Cuba apuesta por mejorar economía sin relegar enfoque social

Publicado el 9 febrero, 2024 • 12:27 por Prensa Latina

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, subrayó este viernes como una prioridad de la gestión gubernamental para impulsar la economía el mantenimiento de la política social de la Revolución, enfocada en acompañar a los más vulnerables.


Parte de esa visión es el despliegue de las autoridades en la calle para potenciar el contacto con el pueblo, en aras de escuchar sus preocupaciones y compartirle las medidas en curso, comentó durante un encuentro con la Misión Estatal de la isla en Francia, en presencia de los embajadores en París, Otto Vaillant, y ante la Unesco, Yahima Esquivel.

Al ofrecer detalles de las estrategias de Cuba para enfrentar el complejo escenario económico imperante, señaló el compromiso con diversos programas sociales, como los destinados a la vivienda y a mejorar la situación de la salud y la educación.

Otras de las acciones con avances son la profundización del empoderamiento de la mujer y el combate contra cualquier forma de discriminación y de racismo, abundó Marrero.

También resaltan en la proyección del gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud, la generación de nuevos empleos y el abordaje a fenómenos relacionados con la dinámica demográfica, entre ellos el envejecimiento poblacional.

La estrategia que centra la labor gubernamental implica actualizar precios en servicios, lo cual tendrá en cuenta –aseveró el primer ministro- el principio de subsidiar a personas y no a productos y de apoyar a quienes lo necesiten.

El asunto de la seguridad alimentaria y el aporte en ese sentido de la producción nacional fue otra de las líneas de trabajo mencionadas aquí.

Marrero recordó que para Cuba el contexto es particular, ya que a las crisis globales y los conflictos que afectan a la comunidad internacional hay que agregarle en su caso las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos desde hace más de 60 años, una política recrudecida en plena pandemia de la Covid-19.

La hostilidad se hace igualmente presente a través de campañas de desestabilización y manipulación de la realidad, con manifestaciones en las redes sociales, expuso.

Cuba: los cambios que hay que hacer

Más de mes y medio después, aún no es público el programa que implementará los cambios en la economía anunciados en diciembre.




Sin dudas hacen falta cambios en Cuba, aunque se hayan realizado algunos. No es por falta de cambios que nuestra economía anda como anda y que una parte relevante de nuestra población decide un día tras otro emigrar. Ocurre, a mi juicio, que todos esos cambios, en su conjunto, han dejado intactas las raíces de los problemas.

Al menos en economía, parece que los elementos principales que está en nuestras manos transformar, permanecen casi en el mismo lugar. Hay un contexto exterior en el que prácticamente no podemos incidir, pero tampoco subvalorar, obviar o renunciar a revertirlo. Y sí, hablo en primer lugar de esa especie de telaraña que es el bloqueo 4.0, cuyo costo anual es más de cuatro veces lo que costó anualmente entre 1962 y 1989.

Si listáramos los cambios desde los 90 hasta ahora nos sorprenderíamos de cuántos han sido, y de cómo se agolpan unos con otros. Pero a diferencia de las penas de aquella memorable canción, en economía, sí nos matan.

Estamos abocados a nuevos cambios, han sido anunciados unos días antes de la Nochebuena, en mi opinión, no en el mejor momento, ni en la mejor forma.

Desde entonces a acá, mucho se ha opinado sobre los anuncios. Se ha insistido en que se realizarán cuando las condiciones estén creadas, pero, ¿cuáles son esas condiciones?

Lamentablemente más de mes y medio después, aún no es público el programa que implementará esos cambios y ello, lógicamente, abre espacios para todo tipo de especulaciones. Por lo pronto, hoy es comprobable su efecto sobre la tasa de cambio informal, la cual ha llegado a 300 CUP por un dólar estadounidense.


Foto: Kaloian.

Quisiera, a riesgo de repetirme, volver sobre cinco aspectos que me parecen relevantes a los efectos de ese programa que todos esperamos.

1- El ajuste de la economía cubana, entendiendo por tal la reducción drástica de gastos, y el redimensionamiento del aparato estatal y del sistema empresarial estatal, es necesario y constituye una condición sin la cual no fructificaran los esfuerzos por enrumbar a la economía nacional por el camino del crecimiento y del desarrollo económico. Posponer esta decisión acarreará más costos que beneficios en el orden político. Acompañar este ajuste con medidas que permitan distribuir esos costos no es una opción sino una necesidad.

2- Intentar la reducción del déficit fiscal, uno de los principales factores que influyen en el crecimiento de la inflación y en la devaluación del CUP, mediante el incremento de los ingresos tributarios y no tributarios vía elevación de impuestos y tarifas —el aporte por la inversión, para las empresas estatales— opera como un mecanismo de extracción de riqueza de aquellos que la producen y es contraproducente. Es contradictorio con la aspiración de crecimiento económico y mejora de la inversión, y en ese sentido es procíclico: contribuye al crecimiento de la inflación vía precios finales y reduce el salario real, y por esa razón es regresivo. Parece contraintuitivo que, habiéndolo reconocido como una de las causas de la inflación, el Parlamento cubano haya aceptado un presupuesto con el déficit más elevado desde inicios de los años 90.

3- La corrección de las distorsiones en el ámbito monetario obliga a salir de la situación de indefinición que hoy existe. No parece saludable económicamente prolongar indefinidamente la incertidumbre que genera la coexistencia de varias monedas —CUP, MLC, USD y la creación de nuevos medios de pago (Tarjeta de Clásica).

Resulta incongruente mantener el discurso acerca de la intención de reducir la dolarización con el hecho real de la expansión de la misma debido a políticas adoptadas por las propias autoridades que repiten aquel discurso.

Si, dadas las condiciones actuales de nuestra economía y la necesidad de divisas, la dolarización parcial de la economía es inevitable, entonces debe ser asumida íntegramente en un esquema funcional al propósito del crecimiento, tal como se hizo en los años noventa. Se deben crear desde el inicio las condiciones para prescindir de la dolarización en el más corto plazo posible. De hecho, sería preferible anunciar ese plazo. Si se entiende que el costo de la dolarización parcial es inaceptable, entonces elimínese y asúmase el costo que ello implica, pero alineemos la economía nacional al CUP. Lo peor es lo que hoy ocurre, entre otras razones, porque genera una gran incertidumbre que afecta duramente el ambiente negocios.


Foto: Kaloian.

4- El saneamiento del sistema empresarial en su conjunto no admite mucha más dilación. Obviamente, una parte de ese saneamiento estaría asociado a la adopción de políticas fiscales y monetarias, como parte del marco institucional del cual dependen todas las empresas y de políticas macroeconómicas, que impacten positivamente en su desempeño microeconómico y transparenten sus resultados en términos de eficiencia y productividad.

Pero, a la vez, se necesita redimensionar el sistema empresarial estatal. El año 2023 terminó con 323 empresas estatales en pérdidas. Una buena parte de ellas están concentradas en actividades de comercio y gastronomía subordinadas a los gobiernos locales, probablemente más del 20 %.

En la situación económica que enfrenta el país, mantener funcionando cuasi artificialmente empresas no decisivas para el desarrollo y menos aún para la seguridad nacional, no parece tener ninguna racionalidad y de hecho se aleja de las ideas originales expresadas en la Conceptualización del Modelo Económico y Social. Otras, condenadas a tener pérdidas como parte de la política social, deberán esperar por los cambios radicales en la política de subsidios.

Mientras el discurso bipolar sobre el sector no estatal y en especial sobre las pymes, propicia el desaprovechamiento del propio sector, desincentiva el crecimiento de la inversión nacional privada, la cautela en encadenarse con el sector empresarial estatal y a la vez, desincentiva el desplazamiento de una parte de esas empresas hacia actividades productivas más complejas.

Ello resulta poco coherente con las estadísticas oficiales del sector empresarial no estatal, el cual, a pesar de las restricciones aún existentes, aporta el 15 % del PIB, emplea a más del 30 % de la fuerza laboral y contribuye con el 18 % de los ingresos tributarios.


Foto: Kaloian.

5- La necesidad de que ese programa de ajustes incorpore políticas que promuevan el cambio estructural no es un asunto reciente. Está en los orígenes mismos de este largo proceso de reformas. La incoherencia entre la constante “actualización” de los sectores estratégicos y la política inversionistas del país es un hecho.

Mientras el pueblo padece de un prolongado déficit de bienes y según los propios datos oficiales, el segmento de los alimentos lidera el crecimiento de los precios impactando negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos, la asignación de los recursos de inversión a los sectores que podrían contribuir a reducir ese déficit, ha sido en los últimos seis años más que insuficiente.

El turismo, sector en el que se pensó como factor clave de la recuperación y que concentró en estos seis años más del 30 % de la inversión, ha estado lejos de las expectativas, no sólo en términos de arribo de turistas, ocupación e ingresos, sino también en su débil capacidad de arrastre (efecto multiplicador) sobre el resto de la economía nacional. La distorsión monetaria, las diferentes tasas de cambio y las normas de gastos impuestas a los hoteles son parte de las causas de ese bajo efecto multiplicador.
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Sin dudas todo es tremendamente complejo. Las demoras y las marchas y contramarchas nos han hecho perder un tiempo valioso. Llegamos nuevamente a un año electoral en Estados Unidos, pero en condiciones económicas peores que la vez anterior.

Como casi siempre las elecciones en ese país tienen importancia para Cuba. Quizá como nunca antes en procesos anteriores, esta vez mi certeza acerca de que cualquiera sea el Presidente electo, y cualquiera sea su programa de campaña, las decisiones sobre la política hacia Cuba dependerán del balance de intereses que ambos candidatos tengan que hacer se refuerza todavía más. Cuba está físicamente muy cerca de Estados Unidos pero a la vez demasiado lejos de los intereses reales de las administraciones norteamericanas. Poco podemos hacer para cambiar esa realidad. Entonces, solo podemos hacer los cambios que están a nuestro alcance.

Nos queda emplear a fondo dos de las cualidades más importantes de los homo sapiens: la de anticipar el futuro y la de adaptarse incluso en ambientes extremadamente hostiles.

Porque los homo sapiens estamos en lo más alto de la cadena de los seres vivos no porque tengamos más dientes que un tiburón blanco ni porque nuestros colmillos sean más grandes que los del “rey de la selva”. El éxito del sapiens ha sido su increíble capacidad de adaptación a condiciones externas. Desembaracémonos de todo aquello que no nos permita emplear a fondo esas habilidades.

Cuba. Sesenta años y más de indigno bloqueo

By Resumen Latinoamericano on 9 febrero, 2024


Por José Luis Méndez y Méndez. Resumen Latinoamericano, 09 de febrero de 2024.

El 7 de febrero se sumaun año más de oficializar el indigno bloqueo, desde el ya lejano 1962, generaciones de gobernantes y políticos estadounidenses han heredado esa oprobiosa medida coercitiva unilateral, cada administración le ha añadido acciones de su propia cosecha para consolidarlo, endurecerlo, generalizarlo y hacerlo imposible de desmontar.

Seis décadas y más separan de la imposición del bloqueo genocida más prolongado de la historia en el marco de la despiadada guerra económica, financiera y comercial desatada entonces por Estados Unidos contra una naciente Revolución triunfante a noventa millas de sus costas en un país sometido desde 1902 por sus designios.

Omitieron valorar la resistencia del pueblo cubano y la solidez de los cambios políticos producidos, tampoco imaginaron la firmeza de la unidad monolítica que ha impedido introducir fisuras dirigidas a debilitarla.

Cuba, una joya ambicionada desde los tiempos de los Padres Fundadores de la nación estadounidense. El inter crimines o camino del crimen que llevó al país más poderoso del mundo a intentar en vano por más sesenta años a someter por privaciones y hambre a millones de cubanos, se inicia desde mediados de 1959, cuando Cuba, no se había declarado socialista ni empresas estadounidenses habían sido legítimamente nacionalizadas.

Resulta de interés evaluar la posición doctrinal asumida por Estados Unidos para justificar la adopción y permanencia del Sistema de Meiddas Coercitivas Unilaterales (SMCU). Para Estados Unidos, en principio, el llamado embargo se aplicaba solo en tiempos de guerra, mediante una declaración que prohibía la salida de barcos o bienes de sus puertos hasta una orden posterior.[i] Tal fue el caso de la denominada Embargo Act de 1807, que dispuso la prohibición de importar productos procedentes de Gran Bretaña, para enfrentar las restricciones impuestas por este país a todo el comercio neutral con Francia, en respuesta a su vez al bloqueo continental declarado en 1806 por Napoleón a la Corona inglesa.

Para ello, la Corte Suprema de Estados Unidos, al tomar como base el criterio de la supremacía nacional en la esfera comercial en el ámbito interno y externo, extendió la aplicación del embargo al ámbito del comercio. Este fue el fundamento legal por parte de Estados Unidos para la adopción de las primeras medidas de no otorgamiento de empréstitos para estabilizar la balanza de pagos, la disminución de la cuota azucarera, la prohibición de préstamos, el impedimento a transacciones financieras y el corte del suministro de petróleo a Cuba, las cuales se intensificaron en su alcance y contenido hasta llegar a la aprobación de la Ley de Asistencia Exterior de 4 de septiembre de 1961 y su Enmienda Hickenlooper, que faculta al Presidente a emitir la mencionada Orden Ejecutiva 3447 de 7 de febrero de 1962, en virtud de la cual se impuso el titulado embargo total sobre el comercio entre los Estados Unidos y Cuba, bajo el supuesto legal de las contramedidas ante la comisión de un hecho ilícito por parte del gobierno cubano al nacionalizar las propiedades estadounidenses en territorio cubano, a principios de los años sesenta.

Este supuesto embargo impuesto a Cuba abrió paso al denominado boicot, definido con brillantez por el eminente internacionalista cubano Miguel D’estefano, quien lo considera como “la interrupción o suspensión de relaciones económicas, comerciales y financieras contra otro Estado como medio de presión y afecta como consecuencia las relaciones económicas internacionales”. Es evidente que tal definición sobrepasa los límites del apelado embargo y el boicot y sus efectos son propios de tiempo de guerra, al reconocerse la expresión bloqueo como parte integrante de una operación militar naval, aérea y/o terrestre, dirigida en contra de las fuerzas armadas de un Estado beligerante, con una intención de aislar a un territorio, cortarle los vínculos con el exterior y que sucumba el sistema imperante. El bloqueo es de larga data en el DIP y su nacimiento y desarrollo posterior encuentra relación directa con la guerra, de ahí que la inmensa mayoría de la doctrina internacional lo identifica como un acto de guerra. Es tal, y tiene como agravante que en términos oficiales Estados Unidos no está en guerra con su vecina Cuba, lo cual hace el genocida bloqueo, aún más ilegal.

Veamos entonces, cuándo y cómo fue el inicio, su desarrollo y puesta en marcha del proyecto asesino, que ha sido un fracaso para las intenciones imperiales de doblegar, pero que ha costado sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo a generaciones de cubanos, que han nacido y fallecido siendo víctimas del cruel bloqueo. Millones de cubanos sufren privaciones de todo tipo, pero el orgullo de ser cubanos y el patriotismo robustecido ha quebrado cientos de intentos por destruir las conquistas alcanzadas.

El once de junio de 1959, en el contexto de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria decretada el 17 de mayo de ese año, Estados Unidos, amenazó con la reducción de la cuota azucarera, la prohibición de inversión privada norteamericana y la eliminación de todo tipo de ayuda económica, si eran nacionalizadas propiedades norteamericanas sin una rápida compensación.

Cinco meses después, el trece de noviembre, como parte de una serie de maniobras encaminadas a obstaculizar la adquisición por parte de Cuba de las armas necesarias para su defensa frente a las actividades de los contrarrevolucionarios y las incursiones aéreas contra su soberano territorio nacional, el gobierno de Estados Unidos presionó al gobierno del Reino Unido con objeto de impedir la venta a Cuba de quince aviones de combate. También para el recambio de obsoleta tecnología aérea, ya planificada desde la dictadura y pactada con empresas inglesas.

El 26 de mayo de 1960, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió una Nota informando que la Ley de Seguridad Mutua de 1960 establecía que no se daría asistencia a Cuba a menos que el Presidente determinase que sería de interés nacional y hemisférico de los Estados Unidos. El 17 de marzo de ese año, se había aprobado un plan abarcador de acciones contra Cuba, que incluía la organización de la contrarrevolución interna y la estructuración de fuerzas paramilitares para agredir directa o indirectamente a la Isla. Los preparativos habían comenzado en Centroamérica.

Un mes después, el 29 de junio, las firmas estadounidenses dedicadas al refinamiento y suministro de crudo y TEXACO, ESSO y SHELL, tradicionales suministradoras de petróleo a Cuba, interrumpieron el suministro del producto y se negaron a procesar el crudo adquirido en la URSS, como resultado de las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países habían entrado en ruta de colisión, de una parte la isla agredida y de otra parte el coloso agresor.

La escalada agresiva estaba en pleno desarrollo y el paquete de medidas coercitivas unilaterales se aplicaba de manera escalonada, constante. Así el 6 de julio, apenas una semana después, se aprobó la Ley Pública 86-592 que enmendó la Sección 408 de la Ley Azucarera de 1948 y autorizó al Presidente de los Estados Unidos a determinar la cuota azucarera cubana para el resto de 1960 y el primer trimestre de 1961, sobre la base del interés nacional y con independencia de cualquier otra disposición en cuanto a cuotas.

Para concretar la medida de presión, que impedía a Cuba obtener dinero fresco y garantizar la balanza de ingresos y basándose en la autoridad conferidapor la LeyAzucarera de 1948, como fuera enmendada, elPresidente estadounidense David D. Eisenhower fijó la cuota azucarera de Cuba para el año 1960 en 39752 toneladascortas más elazúcar certificada antes de julio 3 de 1960 para su entrada, pero que no hubiese entrado aún, o estuviese almacenada para el consumo.

Tal medida, dictada por la Proclama Presidencial 3355 (25 FR 6414) implicó la reducción en 700 mil toneladas cortas de la cuota original de 3 119,655 toneladas cortas; esa cifra significó el 95% del remanente del tonelaje a exportar a Estados Unidos ese año, reduciendo en la práctica a cero dichas importaciones. Una partida de 2 379,903 toneladas cortas, valor bruto, habla sido certificada conforme a las regulaciones emitidas por el Secretario de Agricultura.

El 2 de septiembre de ese año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, promulgó un decreto eliminando de las licencias generales para la exportación a Cuba, a ciertos vehículos automotores y sus partes funcionales, para los cuales impuso se requirieran licencias validadas. Cinco días después, el Departamento del Tesoro, a fin de facilitar la ejecución de las regulaciones de exportación del Departamento de Comercio, emitió una disposición que incluyó a Cuba en una lista de países con destino a los cuales no se despacharían aduanalmente los navíos hasta tanto no se presentaran las guías de carga exportada completas y todas las declaraciones de exportación requeridas.

Las relaciones comerciales entonces todavía eren fluidas con Estados Unidos, que había sido el destino y origen cautivo de mercancías y materias primas desde y hacia Cuba, que como archipiélago dependía en lo fundamental de la vía marítima para sus relaciones comerciales. Las medidas tomadas estaban destinadas a entorpecer el libre ejercicio del comercio.

Dando continuidad a la escalada agresiva, a finales de septiembre de 1960, el gobierno de Estados Unidos notificó al gobierno de Cuba su decisión de suspender las operaciones de la planta de concentración de níquel en Nicaro, que era de propiedad norteamericana. Desde entonces ese rubro exportable dejaba ganancias y era una fuente de empleo para cientos de cubanos. Las transnacionales estadounidenses en gran número asentadas en Cuba, comenzaron a reducir sus producciones y captar talentos para ofrecerles empleos en sus matrices o en subsidiarias en otros países de Latinoamérica donde estaban representadas.

Al concluir ese mes de septiembre, ya Estados Unidos, privaba a sus ciudadanos del derecho constitucional a viajar, medida vigente seis décadas después. El último día el Departamento de Estado anunció haber recomendado a los ciudadanos estadounidenses “abstenerse de viajar a Cuba a no ser que haya razones apremiantes para hacerlo”.

El “goteo” de las medidas represivas se incrementó el 20 de octubre, cuando la invasión mercenaria se encaminaba a su fase final, el Departamento de Comercio enmendó las Regulaciones de Exportación, disponiéndose controles estrictos y totales que establecieran la prohibición sobre las exportaciones a Cuba, excepto para ciertos alimentos no subsidiarios, medicinas y suministros médicos especificados.

El inventario de cómo aislar a Cuba del mundo se engrosó, así en noviembre de 1960, se enmiendan las Regulaciones del Departamento Postal y se implantan las primeras medidas restrictivas en cuanto al servicio postal desde Estados Unidos hacia Cuba, situando a Cuba entre los países hacia los cuales las exportaciones desde Estados Unidos tienen impuestas restricciones particulares; asimismo se requiere a partir de la promulgación de esta disposición de una licencia general para regalos, incluidos como tales alimentos, ropas, medicinas y fármacos.

Un zarpazo demoledor en el entender de los estrategas norteamericanos, se puso en marcha el 16 de diciembre de ese año. De acuerdo con las facultades conferidas por la Ley Azucarera de 1948 el Presidente estadounidense emitió la Proclama Presidencial 3383 que redujo a cero la cuota azucarera cubana para el primer trimestre de 1961. Con esta medida se pretendió estrangular la economía cubana dependiente del azúcar como rubro principal exportable, ahora la irredenta isla tendría que buscar nuevos mercados para colocar sus producciones.

Terminaba un año de trascendentales medidas de presión, la invasión seguía su indetenible curso en este último estertor de la administración republicana y la ruptura de relaciones era una opción tomada, para dejar el camino libre a la sucesora gestión demócrata, el siguiente mandato sería la continuidad de la agresión diversificada con la agresión mercenaria como proa.

Pasaron los años, y el 17 de diciembre de 2014, cuando se firmó el acuerdo de restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, el bloqueo se mantuvo en esencia incólume, algunas tenues medidas han sido tomadas, pero no aliviaron el colosal paquete de medidas, incrementadas por la administración sucesora, asumidas, mantenidas e incrementadas por la política actual de “máxima presión”, encaminada a aprovechar los efectos acumulativos de las acciones punitivas en la economía cubana.

Los cambios anunciados en su momento por el presidente Barack Obama en su comunicadofueron difundidos por la Casa Blanca en una notificación donde se precisaba que las medidas serían implementadas mediante enmiendas de las normas del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio.

La administración demócrata actual en ejercicio en Estados Unidos y su presidente tienen la capacidad de decidir, actuar y además puede sin presiones internas ejercer su derecho soberano de adoptar sus prerrogativas inalienables para modificar la implementación de aspectos de la política de bloqueo contra Cuba.

Entre estas: Favorecer los intercambios científicos, entre los dos países, para de común acuerdo enfrentar la pandemia; posibilitar a entidades cubanas, bancos, empresas estatales y privadas abrir cuentas corresponsales en bancos de los Estados Unidos; revertir la política de persecución financiera contra Cuba; autorizar las exportaciones directas de productos estadounidenses a empresas cubanas estatales y privadas; permitir las importaciones en los Estados Unidos de servicios cubanos o productos que constituyen rubros exportables de la economía cubana estatal y privada como el tabaco, el ron, azúcar, productos de la biotecnología, incluyendo aquellos productos manufacturados en terceros países que contienen materias primas cubanas como níquel o azúcar; autorizar a las compañías norteamericanas a realizar inversiones en Cuba en el sector estatal y privado.

Además, autorizar a ciudadanos de los Estados Unidos a ejercer su derecho constitucional de viajar a Cuba, incluso recibir tratamientos médicos en la Isla. Eliminar el impedimento a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba con fines turísticos (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000).

Descartar la prohibición que impide la entrada a puertos de los Estados Unidos, durante 180 días, de los barcos que hayan transportado mercancías a Cuba.

Prescindir de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y de otras certificaciones indignas emitidas durante años.

Derogar la prohibición de realizar transacciones con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba (Ley Helms-Burton).ie

Eliminar el título III de la mencionada Ley, que afecta a estadounidenses y a ciudadanos de otros países.

La prohibición de otorgar financiamientos para las ventas de productos agrícolas de los Estados Unidos a Cuba. (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000).

Estas acciones evidencian que una modificación sustantiva del andamiaje del bloqueo es posible si el Presidente utiliza libremente sus amplias facultades ejecutiva, incluso con fines electorales en esta año electoral.

Solo hay cuatro aspectos del bloqueo en los que el Presidente de los Estados Unidos no puede actuar con plenipotencia, pues requieren un proceso de acción congresional para su eliminación o modificación, por estar regulados por leyes. Ellos son: La prohibición a subsidiarias de los Estados Unidos en terceros países a comerciar bienes con Cuba (Ley Torricelli).

La prohibición de realizar transacciones con proactivos monetarios cubanos en el exterior, así como la imposición de otros obstáculos que impiden a los bancos cubanos realizar sus transacciones internacionales con normalidad.

Como regla general vinculada a las intenciones de algunos demandantes, en casos contra el Estado cubano, de apropiarse como medio de compensación, de marcas comerciales y patentes cubanas, amparándose en lo dispuesto en la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo, aprobada en el 2002 y extendida hasta el 2014.

Estos intentos de apropiarse de estos bienes intangibles vinculados a la propiedad intelectual, no son nuevos. Es conocido el propósito de la compañía Bacardí de apoderarse de la marca de ron Havana Club, escudándose en la legislación que esta misma compañía promovió en los Estados Unidos, la Sección 211 de la Ley Federal de Asignaciones del Presupuesto de 1998, relativa al registro, la renovación o la observancia en ese país de marcas

La marca Havana Club ha sido una de las más asediadas de fábrica o de comercio, y nombres comerciales relacionados con activos nacionalizados en Cuba.

El 14 de mayo de 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó a la compañía cubana Cubaexport la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de la marca Havana Club, ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO), obstaculizado por la negativa de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, a otorgar a la entidad comercializadora cubana la licencia que le hubiese permitido renovar la marca registrada en ese país desde 1976 hasta el 2006. La OFAC argumentó que no emitiría la licencia porque el Departamento de Estado había ordenado no hacerlo debido a que ello no se correspondería con la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Lo cual es modificable en el amplio margen de facultades presidenciales inherentes a su investidura, que presiones de intereses creados ajenos a los estatales han tratado de coartarlo.

El intento de apropiación de marcas y patentes de empresas cubanas pone en entredicho los acuerdos internacionales en materia de marcas y patentes y tiene serias implicaciones comerciales internacionales.

Conforme al Derecho Internacional los Estados Unidos tienen la responsabilidad de que sus leyes, reglamentos y procedimientos judiciales y administrativos estén en conformidad con sus obligaciones con los Acuerdos de la OMC y con los tratados internacionales de marcas y patentes de los que es Estado parte.

Si bien el Congreso de los Estados Unidos es el órgano facultado para revocar las legislaciones que sostienen la política de bloqueo contra Cuba y decretar su fin, este acto puede estar precedido del desmontaje de la inmensa mayoría de las restricciones que la conforman, a través de acciones ejecutivas.

Con la firma de la Ley Helms-Burton por el presidente William J. Clinton, el 12 de marzo de 1996, quedó codificado en ley el bloqueo contra Cuba y la madeja de normativas ejecutivas que lo sustentan. Sin embargo, esa misma ley preservó las amplias facultades del Presidente para, a través de la emisión de licencias, permitir diversas transacciones prohibidas por el bloqueo.

Fuera de estas cuatro restricciones amparadas en las leyes estadounidenses mencionadas, el Presidente puede acudir a sus prerrogativas ejecutivas para modificar la implementación de la política de bloqueo contra Cuba.

El mundo no ha dejado de oponerse cada vez más al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, así lo muestran los resultados de las votaciones en la ONU que se realizan anualmente desde 1992.

El gobierno de Cuba ha expresado en varias ocasiones la buena voluntad de adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la estabilización de los vínculos entre ambos países, basados en los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en cuyo contexto el bloqueo es una violación fragrante.

Fuente: Cuba en Resumen