Por Fernando M. García Bielsa
“El abismo entre los principios sobre los que se fundó este gobierno… y los que se ponen en práctica a diario al amparo de la bandera es muy amplio y profundo”
W.E.B. Dubois, sociólogo, historiador, activista, 1897
En contra de la imagen que se trasmite al mundo y las pretensiones de los gobernantes de Estados Unidos de mostrarse como modelo de democracia y como paladín defensor de los derechos humanos en el mundo, son notables las injusticias y los abusos que se cometen a diario contra amplios sectores de su población.
Las luchas del pueblo afroamericano han puesto en evidencia el racismo institucional y la represión sistemática al que son sometidos, los asesinatos y la brutalidad policiaca en sus comunidades y la discriminación que sufren desde hace doscientos años en muy disímiles ámbitos. Es solo la punta del iceberg.
Aquí pretendemos aproximarnos a lo que concierne a la injusticia y abusos de su sistema judicial y al régimen de prisiones, donde también se manifiesta el arraigado racismo de esa sociedad, la vulnerabilidad generada por la pobreza y el color de la piel, así como por el carácter clasista y la excesiva dureza contra la disidencia política. Solo en instalaciones penitenciarias se gastan aproximadamente 80 mil millones de dólares cada año.
Un factor muy influyente ha sido la naturaleza lucrativa que se extiende entre esas entidades con la multiplicación de prisiones privadas: empresas guiadas por el afán de ganancias, siempre necesitadas de más fuerza de trabajo a la que explotar. Por otra parte, más de 7 millones – aproximadamente uno de cada 40 estadunidenses– estaban bajo supervisión judicial (presos, con libertad condicional, o en un proceso judicial). Una vez que están en el sistema de justicia penal, a menudo es difícil salir.
La opresión social, económica y política de los no blancos por parte del sistema establecido han significado que las minorías raciales tienen muchas más probabilidades que los blancos de ser encarceladas y de convertirse en víctimas de prácticas discriminatorias del sistema de justicia criminal y de la sociedad estadounidense en general. Las vías de avance y autoexpresión abiertas a los miembros de la mayoría blanca dominante no lo están para estas minorías.
La desigualdad racial perpetuada por las estructuras institucionales dominantes también aumenta la probabilidad de que los afroamericanos, los indios americanos, los puertorriqueños, los mexicoamericanos, las personas de ascendencia musulmana, se involucren en actividades delictivas, o que luchadores sociales de esas procedencias resulten criminalizados por razones políticas.
EL SISTEMA JUDICIAL
Sin que llegue a negar la carga adversa con que el peso de la ley y el racismo se ensañan contra las personas de piel negra o mestiza, resulta interesante citar la afirmación del Dr. Paul Craig Roberts, subsecretario del Tesoro en la administración Reagan y columnista del Wall Street Journal, cuando en enero de 2017 afirmó “…. Lo que nos ciega el énfasis en el racismo es que el sistema de justicia es corrupto porque la justicia no juega un papel en él”
En mi criterio da fuerza a la evidencia de que el sistema de instituciones judiciales es mucho más despiadado al relegar y ser en general incapaz de impartir justicia.
Se ha dicho que quizás la peor de las instituciones fallidas de Estados Unidos sea el sistema de justicia penal, que en su integración es bastante masculino y blanco. En sus niveles intermedio y alto ha imperado siempre un claro predominio de juristas de derecha y de centroderecha, generalmente anglo-sajones procedentes de las clases altas y de importantes bufetes donde antes han servido a grandes empresas capitalistas.
El sistema de justicia penal es visto como una maquinaria en contra de los pobres debido a sus complejas y arcanas maniobras procesales que requieren asistencia legal calificada, experimentada y costosa, que da pie a una distorsion de la justicia y básicamente niega a sus ciudadanos más vulnerables la posibilidad de obtener un juicio justo.
Uno de los aspectos que muestra que la justicia está ausente en el sistema de justicia, o que se produce una gruesa distorsión de la misma, es que los acusados, aun siendo inocentes y para evitar altas condenas, se ven obligados a aceptar un “acuerdo de culpabilidad” fuertemente manipulado en el cual el acusado queda en franca desventaja.
Alrededor del 97 por ciento de los casos penales se resuelven sin juicio, mediante tales acuerdos que en realidad son una forma de extorsión. Se ha vuelto rutinario que la policía falsifique pruebas, que los fiscales sobornen el perjurio y retengan pruebas exculpatorias. En un acuerdo de culpabilidad, el fiscal normalmente ofrece una pena de prisión reducida si el acusado acepta renunciar a su derecho a un juicio con jurado y admitir su culpabilidad en un procedimiento sumario ante un juez. Por lo general el abogado defensor, especialmente si es designado por el tribunal o es un defensor público, instará al sospechoso a aceptar una sentencia menor en lugar de arriesgarse a una mucho más larga.
Los factores que han llevado a un aumento múltiple de casos en el sistema de justicia penal federal son la federalización del derecho penal, el mayor tamaño y la composición cambiante de la lista penal federal, altos porcentajes de convictos sentenciados a prisión, y penas de prisión promedio más largas. Sumados a los cambios en las penas mínimas obligatorias, todos estos factores explican la gran cantidad de casos que está abrumando a los tribunales y haciendo que los acuerdos de culpabilidad sean una solución muy atractiva para el sistema.
Los fiscales pueden procesar a más personas, ser más productivos en el procesamiento de casos y más efectivos para obtener condenas mediante una declaración de culpabilidad. En tales casos la policía no tiene que presentar pruebas, y a los jueces se le aligera la tarea.
Para lograr sus fines, el gobierno impone rutinariamente una pena severa a los individuos procesados que si, por el contrario, deciden ejercer su derecho constitucional en un juicio con jurado. Con ello se incentiva un sistema masivo de negociación de sentencias que está fuertemente manipulado contra el ciudadano acusado.
Dado que declararse culpable elimina el jurado que sería designado para un juicio a gran escala, los jueces, pero especialmente los fiscales, obtienen un poder mucho mayor sobre la conducción del caso… Para el acusado, queda la ilusion de que se puede negociar. Con base en este eficiente sistema de justicia tipo “cadena de montaje”, el gobierno puede agregar más delitos al código penal para que la vida de los ciudadanos esté aún más controlada y regulada.
El sistema de justicia penal es en gran medida indiferente a la culpabilidad o inocencia del acusado. Es la razón principal por la que hay tantas condenas falsas en Estados Unidos y tantos estadounidenses condenados injustamente en prisión. De hecho, incluso los culpables son condenados injustamente, ya que es más fácil incriminarlos que condenarlos basándose en las pruebas.
Las malas conductas policiales y judiciales rara vez conllevan algún costo. La “ley” protege a los policías, fiscales y jueces que habitualmente la violan. Se han dado muchos casos en los que, por ejemplo, tribunales estatales y federales han eximido de responsabilidad a fiscales cuyas conductas atroces han resultado en el envío de personas inocentes al corredor de la muerte.
Numerosos han sido los casos de ejecuciones por error judicial. Personas inocentes de haber cometido un crimen tienen mayor predisposición a ser sentenciadas a muerte en Estados Unidos en aquellos estados en los que se aplica con fervor la pena capital, que generalmente tienen mayor índice de población negra y los juicios se efectuan bajo presión política. Florida, Georgia, Tejas y Alabama son los Estados que mayores errores cometen a la hora de aplicar sentencias a muerte.
Según el Centro de Información sobre Pena de Muerte, 17 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2020. Desde 1976, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos restableció la pena de muerte, los estados han ejecutado a 1.534 personas, incluyendo algunos por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Por su parte, el gobierno federal ha ejecutado cerca de otra veintena de reclusos en esos años.
Aunque aproximadamente la mitad de los 50 estados han abolido la pena capital, hay centenares de reclusos en el país en espera de ejecución. Actualmente hay unas 50 mujeres condenadas a muerte en Estados Unidos.
RACISMO Y REPRESION POLITICA
Las comunidades de color, especialmente los afroamericanos, son las que se ven más afectadas negativamente por políticas y prácticas sesgadas que incluyen las relaciones entre la policía y los ciudadanos, la detención preventiva, el peso que los antecedentes penales pueden tener en las sentencias y los cargos procesales desiguales.
Aunque los afroamericanos representan sólo alrededor del 12% de la población total de Estados Unidos, representan el 33 por ciento de la población penitenciaria federal y estatal. Eso se compara con los blancos, que constituyen el 64% de los adultos estadounidenses pero solo el 30% de los que están tras las rejas, según un análisis de Pew Research de los datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia.
Los Estados Unidos siguen ocultando que mantienen presos políticos, porque no queda bien para la imagen de una nación que se autodefine como líder del mundo libre. No dudan en levantar acusaciones sobre derechos humanos en otros confines, pero se niegan a limpiar su propio terreno.
Una nota discordante y significativa provino del embajador del gobierno Carter ante Naciones Unidas, Andrew J. Young, cuando en julio de 1978 dio una famosa entrevista al diario francés Le Matin. Dijo entonces: “Todavía tenemos cientos de personas en nuestras cárceles que podrían ser clasificadas como presos políticos”, aludiendo a los activistas que habían sido encarcelados en los años 60 y 70. Por sus dichos fue fuertemente impugnado por el Congreso y otros en su país.
Otro testimonio significativo provino de Ramsey Clark, quien había sido Fiscal General y encabezara el Departamento de Justicia entre 1967 y 1969. Declaró en 2015:
“Los presos políticos no tienen reconocimiento legal, son tratados como enemigos del Estado”, expresó, en voz baja y pausada, traicionada a cada sílaba por el acento texano. “El objetivo es que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones, estableciendo el precio que se debe pagar si recurren a la rebelión y a la insubordinación.”
Ciertamente, a lo largo de su historia y hasta el presente, Estados Unidos ha retenido con excesivas condenas de cárcel a personas cuya detención se llevó a cabo sustancialmente por motivos políticos. Entre los prisioneros políticos estadounidenses destacados se encuentran socialistas pacifistas, activistas del movimiento de derechos civiles, objetores de conciencia y detenidos de la Guerra contra el Terrorismo.
La mayoría de los presos está formada por minorías raciales o nacionales, buena parte de ellos integrantes de la organización de los Panteras Negras y sus ramificaciones. Varios de estos reclusos están tras las rejas hace más de 40 años.
Tal es el caso, por ejemplo, de Leonard Peltier, preso político y ex líder del American Indian Movement, encarcelado desde hace 47 años después de un juicio amañado. La solidaridad que recibe en su país y desde el exterior, que no es poca, apenas trasciende. Peltier, de casi 80 años, ha estado en prisión durante 47 años por un crimen que se dice no cometió. Su juicio estuvo mal conducido y plagado de faltas y errores que nunca se sostendrían hoy en un tribunal de los propios Estados Unidos. Los fiscales ocultaron pruebas claves; el FBI amenazó y obligó a los testigos a mentir. Un miembro del jurado admitió en el segundo día del juicio que estaba en contra de la raza de Peltier, pero se le permitió quedarse de todos modos.
Otro ejemplo notable es Mumia Abu Jamal, de 70 años, es uno de los presos políticos más emblemáticos del mundo, ex Pantera Negra, activista y periodista revolucionario que ha sido victima de la injusticia estadounidense. Arrestado en 1981 bajo falsas acusaciones, fue condenado a muerte al año siguiente, lo que le mantuvo largos años en el pabellón de la muerte. Posterior al juicio, en declaración jurada, una taquígrafa del Tribunal afirmó haber escuchado al juez del caso decir en la antesala del lugar “Voy a ayudarlos a ejecutar al negro”. En 2011, luego de 30 años y de muchos esfuerzos que demostraron irregularidades en su procesamiento, la condena le fue conmutada por la de cadena perpetua, cuando un tribunal federal de apelaciones declaró por segunda vez dicha condena como inconstitucional.
Son ilustrativos también, entre otros, los casos de Sundiata Acoli (miembro de los Pantera Negras y del Black Liberation Army) y de Ed Poindexter y Mondo We Langa (nombre africano de David Rice), ex líderes de los Panteras Negras en Omaha, en el Estado de Nebraska, encarcelados durante unos 45 años. Langa murió el 11 de marzo de 2016. Acoli fue condenado a cadena perpetua junto a Asata Shakur luego de un tiroteo en 1974 en Nueva Jersey y después de habérsele denegado repetidamente el parole, fue liberado ya enfermo a fines de 2023 con casi 87 años de edad, y después de permanecer en prisión durante 49 años (!)
Realmente son muchos los casos de personas quienes padecen por años la espera de su ejecución y sobre los que, bien antes o después de ejecutados, se demuestra que eran inocentes. Desde 1973 han sido salvadas de la muerte cerca de 90 personas porque a último momento fueron reconocidas inocentes. Otros muchos no tuvieron igual suerte.
“Hay muchas condenas fabricadas, con presión sobre los testigos y supresión de evidencias favorables para los acusados”, dice abogado Robert Boyle, quien se dedica a la defensa legal. “Los presos políticos casi nunca reciben el beneficio de la libertad condicional que les corresponde. Además es enorme la presión de las asociaciones de policías para impedir la liberación de los que son acusados de la muerte de algún compañero.”
A menudo para las condenas se utiliza el término de “conspiración sediciosa” (basado en una añeja ley de 1861) como un instrumento de criminalización de la contestación popular”. “Esa regla deniega prueba material del crimen y lleva a la cárcel quien comete el delito de intención”
Todo empeoró notablemente después de los atentados de 2001 y de la declaración de la llamada “guerra contra el terrorismo”, con la aprobación de la Ley Patriota, que debilitó aún más las salvaguardias legales para los sospechosos de actuar contra el Estado. Nuevas olas de prisioneros, en su mayoría de origen musulmán, se convirtieron en blanco de esa suerte de “justicia”.
(Continua en una segunda parte…)
