Introducción
Desde hace varios años, un conjunto de factores domésticos y externos afectan al país y su desenvolvimiento en materia económica. La inestabilidad política en América Latina, donde se encuentran importantes aliados; los conflictos propios de los países europeos donde se localiza una parte importante del intercambio externo de Cuba; y la prevalencia y sofisticación de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos; complejizan cualquier estrategia de desarrollo y agravan las insuficiencias internas.
Las secuelas de la COVID-19 que aún experimentamos, unidas a un proceso de descapitalización general del país —en materia de finanzas y de fuerza laboral calificada— dan al traste con un modelo que ya no se sostiene mediante acciones aisladas carentes del alcance y la sistematicidad necesarias. El pacto social sobre el cual durante mucho tiempo se ha basado una parte considerable de la estabilidad sociopolítica se ha visto afectado debido al deterioro constante en los niveles y la calidad de los principales indicadores sociales (salud, asistencia social y educación) del país.
Importantes desbalances macroeconómicos, una ausencia casi total de inversión extranjera, falta de incentivos para la producción, la subutilización de las capacidades instaladas y la errónea asignación de los escasos recursos, unidos a un fenómeno migratorio desfavorable, han conformado un semestre de retroceso socioeconómico y dibujan un panorama en extremo difícil para los hacedores de política, a la vez que repercuten negativamente en las expectativas de las familias, las empresas y demás concurrentes en el mercado cubano.
El presente reporte pretende recoger los hechos económicos de mayor significación de los últimos seis meses. Se encuentra estructurado en cuatro secciones principales, comenzando por consideraciones sobre la evolución de la política económica y desde el análisis de los anuncios oficiales realizados (Sección I); a continuación, una mirada al comportamiento macroeconómico (Sección II); seguida por un estudio de la dinámica sectorial (Sección III), que incluirá diferentes actividades de la economía nacional — y que, si bien de un reporte semestral a otro mantendrá algunas de ellas, a lo largo de las diferentes ediciones también intentará incluir otras en dependencia de la coyuntura—; y, finalmente, un análisis sobre el comportamiento de los principales indicadores de la política social (Sección IV).
La reforma económica
Luego de treinta años de reforma económica, los problemas fundamentales que padece la economía cubana no parecen ceder. Todo lo contrario, se profundizan y complejizan aún más. Así, a los desequilibrios macroeconómicos ya “clásicos” se han sumado otros “padecimientos” como la creciente desigualdad, el incremento de la pobreza y la persistencia de una migración que impacta negativamente el tejido social y compromete el esfuerzo de recuperación de la economía.
Es preciso ubicar todo lo anterior dentro de un contexto externo poco conveniente, signado por las tensiones entre las grandes potencias, con América Latina inmersa en un giro de centro derecha; el gobierno venezolano en plena confrontación política —nacional e internacional— luego de haber sido declarado ganador de las recientes elecciones, cuyo resultado pudiera influir considerablemente en las relaciones entre Cuba y Venezuela; y amplias probabilidades del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Esto último aleja todavía más la posibilidad de algún relajamiento del bloqueo y de las medidas que ese mismo presidente impusiera a Cuba desde 2016.
En medio de estas realidades, la alternativa ha sido retomar las relaciones con aliados históricos como Rusia, China, Venezuela, Brasil y México.
¿Más o menos apertura económica?
En ese contexto, la dirección y el sentido de las medidas de reforma económica adquieren mayor relevancia. Luego de la apertura que significó la aprobación del Decreto-Ley que permitió la creación y funcionamiento de las Mipyme en el verano de 2021, se ha desarrollado una clara tendencia a reducir sus espacios de actuación, identificando el crecimiento y penetración de las PYME como una de las razones por las cuales la empresa estatal no alcanza a recuperar los espacios que antes ocupaba.
En la segunda sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del año 2023, el Primer Ministro lanzó un grupo de medidas dirigidas a combatir las distorsiones e impulsar la economía. No existe, sin embargo, un documento oficial donde dichas medidas aparezcan ordenadas en un programa, en una secuencia adecuada, con fechas y metas de cumplimiento.
De aquellas medidas, se han puesto en práctica algunas, entre ellas: la elevación de precios de los combustibles y de las tarifas de electricidad, la imposición de un impuesto del 10 % a las ventas mayoristas, la elevación de la tasa de cambio para el pago de aranceles de aduana de 24 CUP por dólar a 120 CUP por dólar, la regulación del margen de utilidad para las operaciones entre las empresas estatales y las formas no estatales, la imposición de topes de precios para un grupo de productos; así como la más reciente —divulgada el 8 de julio RS25/24 del Ministerio de Finanzas y Precios— que topa los precios máximos minoristas de seis productos (pollo troceado, aceites comestibles excepto el de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo). Esta intervención directa, lejos de contribuir a la reducción de la inflación y a impulsar la producción nacional, es de esperar que produzca un nuevo incremento de precios, la reducción de la oferta por la vía de la importación, y el desplazamiento de la demanda hacia la carne de cerdo, que posiblemente experimente también un aumento de los precios.
Todo ello ocurre en el mismo contexto que importantes hechos de corrupción en los altos niveles de la dirección del gobierno y el tejido empresarial, divulgados en este primer semestre, con la consiguiente pérdida de credibilidad.
Una economía de guerra
Desde la más alta dirección del país se ha reiterado una y otra vez que la nación se encuentra en una situación de economía de guerra. Ello podría justificar volver a niveles de centralización típicos de los años sesenta y setenta del siglo xx, concentrar la asignación de todos los recursos en un mando único y destinarlos a la producción de alimentos y a la recuperación de la infraestructura energética, eliminar los magros espacios dados a la competencia, concentrar la distribución de los productos esenciales y suprimir la distribución por la vía del mercado.
Esta manera de manejar la economía no es nueva, se ha recurrido a ella en más de una ocasión, como respuesta a situaciones de crisis. A finales de los años sesenta provocó fuertes desequilibrios, escasez e incremento del mercado negro. También se implementó en la segunda mitad de los años ochenta, con similares consecuencias que dieron lugar al llamado “período especial”.
Sin embargo, hasta el momento el recurso más utilizado por las autoridades cubanas ha sido el de topar precios y utilidades al sector privado.
La debilidad del marco institucional
El saldo de estos primeros seis meses refleja, además, una característica que ha
acompañado a la economía cubana en este largo proceso de reformas iniciado en
los comienzos de la década de los noventa: la inconsistencia y falta de coherencia
del marco institucional. Varias estrategias que obedecieron a las necesidades emanadas de la COVID-19 y para enfrentar las sanciones de la administración de Trump
(aún vigentes en su mayoría en la actual administración de Biden), tanto de alcance macroeconómico como sectorial, corroboran la abundancia de normas que no alcanzan a cumplir sus objetivos.
Por otra parte, la prevalencia de una alta discrecionalidad por encima de la norma es una característica del manejo de la economía nacional, que no ha variado sustancialmente ni coadyuvado a obtener mejores resultados.
La combinación de factores que han provocado la persistencia y el incremento de distorsiones, así como la ralentización de la dinámica de la economía (ver sección II del presente reporte), está compuesta por: fallas estructurales de larga data; restricciones externas sobre las cuales no parece posible ejercer influencia de forma efectiva, al menos en el corto plazo; la pasividad del gobierno, que ha renunciado a recuperar el control del mercado monetario; y la permanencia de instituciones caracterizadas por su inconsistencia y falta de coherencia, tanto con las urgencias como con los propósitos de mediano y largo plazo.
Un país cada vez más diferente
En comparación con períodos anteriores, la economía y la sociedad cubanas son hoy más diversas y también mucho más diferentes, lo cual constituye un gran reto para las formas tradicionales de manejarlas.
El universo empresarial muestra hoy una diversidad sin precedentes. Este se compone de 18 973 entidades, de las cuales 2 674 son estales, 11 046 son MiPYME privadas nacionales, 5 133 son cooperativas, 598 270 son trabajadores autónomos y 120 son empresas mixtas.
La existencia de un sector no estatal, que a pesar de las restricciones ha conseguido expandirse y alcanzar una relativa consolidación, se ha convertido en el suceso más trascendental de los últimos tres años. Hoy la cantidad de personas empleadas en el sector no estatal (trabajadores por cuenta propia, MiPYME, cooperativas de todo tipo, artesanos y artistas, etc.) iguala prácticamente a la cantidad de empleados en el sector empresarial estatal.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Economía y Planificación, existen hoy 11 350 actores económicos aprobados, de los cuales 11 046 son MiPYME privadas nacionales, 233 son MiPYME estatales y 71 son cooperativas industriales y de servicios; de estos actores, el 60% son negocios de nueva creación. Estos nuevos actores ocupan a 297 000 personas, de ellos, 213 000 son nuevos empleos. Es significativo que en estos tres años las nuevas formas de gestión hayan creado más puestos de trabajo que la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, operativa desde el 1ro de noviembre de 2013. Este hecho reviste mayor relevancia si se tienen en cuenta las diferencias en el acceso a los recursos y el tratamiento fiscal, entre las MiPYME nacionales y las empresas autorizadas a operar en el Mariel.
La existencia de estos nuevos actores no subordinados directamente a ningún ministerio sectorial ha constituido y constituye uno de los más difíciles retos para el diseño y manejo de la política económica, y pone en tela de juicio la capacidad de mantener los métodos tradicionales de planificación centralizada.
De hecho, es posible identificar un grupo de medidas que, más allá de los propósitos explícitos declarados, ralentizan la dinámica de crecimiento de estos nuevos actores.
Algunas de ellas son: la limitación de los objetos sociales y las actividades complementarias; la demora en la reducción de la lista de actividades no autorizadas, para permitir el ejercicio de un grupo de actividades profesionales (donde la inversión social ha sido descomunal); la introducción de elementos con discrecionalidad en el proceso de aprobación de nuevas MiPYME; y la eliminación de la exoneración fiscal por un año para las MiPYME de nueva creación.
Todas estas medidas resultan contraintuitivas si se atiende a que ese sector ha contribuido positivamente al incremento de la oferta, al empleo y a la mejora de los salarios de quienes se ocupan en este sector y sus familias.
En la primera sesión de 2024 de la Asamblea Nacional se anunciaron nuevas medidas que posiblemente reduzcan la tasa de crecimiento de estas empresas privadas nacionales y promuevan el cierre de algunas. Entre ellas se encuentran: establecer el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal; implementar de manera gradual y selectiva los cobros en divisas a los servicios portuarios; condicionar el servicio de importación y exportación al certifico de no adeudo fiscal; implementar los cobros y pagos de las formas de gestión no estatal (FGNE), desde cuentas en bancos cubanos; declarar el origen de los fondos de las FGNE. Mientras, por otra parte, no se legaliza ni regulariza un mercado cambiario que facilite y legalice el acceso a las divisas; ni la banca nacional se muestra respetuosa en el manejo de los fondos de estas empresas, con la consecuente debilitación de las expectativas de los agentes.
El llamado proceso de bancarización, que las autoridades han reconocido como realizado a destiempo y sin las condiciones mínimas requeridas, lejos de contribuir a generar mayor transparencia y confianza se ha tornado en todo lo contrario. Hoy constituye también una traba a la dinámica de los negocios tanto para el sector estatal como para el sector no estatal.
Fenómenos relativamente recientes por su magnitud y profundidad, como los crecientes niveles de desigualdad y pobreza, adicionan retos nuevos, de difícil manejo dado el débil desempeño de la economía, la poca holgura fiscal y la resistencia a introducir nuevas políticas y a crear instrumentos que faciliten la contención de estos problemas.
La migración externa e interna, y su intensidad, es otro de los aspectos que diferencia al país en estos tiempos. El abandono de las zonas rurales genera, además, obstáculos al crecimiento de la producción agropecuaria e incrementa el precio de la fuerza laboral. Es reducida la posibilidad de introducir tecnología que compense el déficit de mano de obra, debido, entre otros factores, a la falta de inversiones y la poca disponibilidad de créditos y facilidades para importarla directamente.
Mientras tanto, la emigración externa, por una parte, desestructura a las familias y, por otra, hace perder la inmensa inversión social en crear un capital humano de calidad, lo que compromete cualquier proyecto de crecimiento y desarrollo futuro.
Un programa de estabilización macroeconómica
Luego de estos primeros seis meses de 2024, resulta difícil identificar los elementos principales del muchas veces anunciado programa de estabilización macroeconómica. Hasta el momento no existe ningún documento oficial público que permita examinar su coherencia y su consistencia, tampoco se conocen los indicadores y metas que faciliten evaluar su marcha y contrastar lo planeado con lo alcanzado.
A la luz de hoy las medidas tomadas se han centrado en incrementar los ingresos del presupuesto estatal mediante el aumento de precios y tarifas. Mientras tanto, no han sido consideradas dentro de las urgencias, o no han sido implementadas, medidas como el redimensionamiento de los ministerios, la reducción de los gastos del aparato burocrático del Estado, el redimensionamiento del sector empresarial estatal, o la sustitución del subsidio a productos por el subsidio a personas; medidas que se desprenden del propio comportamiento de la economía nacional y de las dificultades derivadas del exceso de gastos del Estado.
Durante la primera sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 2024, se aprobó la política para la creación de la norma que reglará el funcionamiento de las empresas estatales, mientras la nueva resolución que norma la actividad de las PyME y de los proyectos de desarrollo local fue publicada finalmente en agosto y aún se evalúa su alcance e impacto. De esta última, destaca el traslado de las facultades de aprobación de nuevas MiPYME a los municipios, las limitaciones en el objeto social y la obligatoriedad de desarrollar actividades asociadas este. También se limitarán las actividades complementarias y solo se permitirá, como norma, que las nuevas empresas desarrollen su labor en el municipio donde hayan sido aprobadas.
Igualmente se anunció la implementación de esquemas cerrados de financiamiento en divisas y el posible uso del dólar físico en operaciones a lo interno de la economía nacional en actividades seleccionadas del circuito estatal.
El segundo semestre del año transcurrirá bajo estas condiciones. Por una parte, se incrementarán las acciones de control y fiscalización sobre todos los actores de la economía; por otra, se intentará frenar el deterioro de la economía. Para ello han sido anunciados nueve componentes de la estrategia para el segundo semestre. Algunos de estos componentes requerirán un cambio sustancial en la asignación de recursos, tales como impulsar la actividad productiva, en especial la producción de alimentos, el sostenimiento del sistema electroenergético nacional, y el incremento de los ingresos en divisas.
Otras propuestas —como contener el gasto y posponer inversiones, realizar ajustes al plan y al presupuesto, proseguir el trabajo para elevar la disciplina, enfrentar la corrupción y las ilegalidades, descentralizar las competencias, y perfeccionar lo referido a la atención social— si bien es cierto que pueden requerir de menos recursos, sí demandarán la adecuación de las políticas públicas asociadas y de la coordinación entre ellas.
Atendiendo a todo lo anterior, es de esperar que el segundo semestre transcurra bajo presiones externas, fuertes tensiones financieras, un incremento de la discrecionalidad en las decisiones, la reducción de la dinámica de crecimiento del sector no estatal, y marcadas presiones inflacionarias provocadas por la esperada reducción de la oferta de bienes; como consecuencia directa de las nuevas restricciones y limitaciones impuestas al sector no estatal, la imposibilidad de una mejora sustancial de dicha oferta desde el sector estatal y la producción doméstica, así como la expansión de la dolarización de la economía.
Continuará