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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

domingo, 6 de octubre de 2024

La economía cubana y la Asamblea Nacional del Poder Popular


Se han esbozado ideas muy difíciles de implementar. Van en contra de mejorar el nivel de vida de la población, entre ellas topar los precios, lo cual traerá consigo la desaparición de productos esenciales para la alimentación de los cubanos.

September 10, 2024


carballo/stockadobe.com

En la más reciente sesión del Parlamento cubano, en julio de 2024, se constata cómo en los últimos tiempos las esperanzas quedan cada vez más truncas. Y lo peor no es que no se vean medidas y pronunciamientos que puedan indicar que el país se acerca a la salida de la crisis económica, sino que los discursos demuestran --además de falsas expectativas-- la ausencia de estrategias coherentes, contradicciones y hasta algunas veces medias verdades.

No sería conveniente adentrarse en el tema del populismo que entraña el tope de precios. No solo porque se ha hablado y escrito mucho sobre ese aspecto, tanto en Cuba como en el resto del mundo, sino porque históricamente se ha tropezado con la misma piedra, una y otra vez, hasta que después alguien se da cuenta que la medida no resuelve el problema de la capacidad adquisitiva de la población, y que trae muchos otros problemas. Y se vuelven a revertir esas medidas.

Discrepancias en los pronunciamientos de la Asamblea

Fue más que patético escuchar en esa Asamblea que se reconocía que los precios de las FGNE (Formas de Gestión No Estatal) eran más bajos que los de las TRD (tiendas estatales de recaudación de divisas), pero que era injusto hacer esas comparaciones. Si se hubiera respaldado esa opinión con la idea de antaño, de que los beneficios de una FGNE van a los bolsillos de los particulares, mientras que los de las TRD se destinan a los planes sociales y otras necesidades de todo el país, todavía hubiese habido coherencia y una línea defendible, aunque también muy endeble. Endeble, porque es el mismo pueblo el beneficiario de los planes sociales, el que primero tiene que desembolsar dinero para adquirir productos de primera necesidad a precios elevados.

Sin embargo, se trató de defender esos precios de las TRD con explicaciones no convincentes como las siguientes: Que las TRD se enfrentan a medidas del bloqueo y no compran los productos en los mismos mercados que los compran las FGNE.

Sin embargo, casi todas las FGNE se enfrentan a las mismas medidas del bloqueo de los Estados Unidos porque son de nacionalidad cubana. Algunas han obtenido licencias de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) para comprar en los Estados Unidos determinados productos, pero siempre bajo análisis minuciosos, no para cualquier compra, ni tampoco para todas las FGNE. Además, se olvida que los propios Estados Unidos compran una inmensa cantidad de productos en China, sin que los lejanos fletes afecten la toma de esa decisión. Igualmente, si algunas FGNE logran comprar productos en los Estados Unidos, pues están siendo más eficaces en burlar las leyes del bloqueo, por lo que más bien debieran recibir elogios.

Que las FGNE compran en mercados más cercanos o más baratos.

Si es así, es porque pagan a los proveedores foráneos, no porque no sean estatales. Si no pagasen, nadie les vendería. Y pagan por adelantado, una costosa y arriesgada práctica que no afecta a las empresas estatales. A esos mismos mercados pudieran acudir las TRD si tuviesen credibilidad en los pagos. Esto es lo que han perdido a lo largo de los años.

Si con todo su andamiaje de empresas grandes, trabajadores de experiencia, almacenes, medios de transporte propios, volúmenes de compra más elevados, menos intermediarios, y financiación de proveedores las TRD no logran comprar más barato que las FGNE, ello solo demuestra que son más ineficientes. Al pueblo no le importan esas explicaciones. Lo que le interesa es dónde adquirir sus productos más buenos y/o más baratos.

Que las FGNE trabajan con el mercado ilegal de divisas y no con el oficial de 1 USD–120 pesos que aplican las TRD.

Resulta terrible tener que reconocer, al más alto nivel, que las FGNE tienen que trabajar en un mercado ilegal de divisas porque no tienen otra solución. Pero es más bien es un problema para las FGNE, no una ventaja. No solo porque sus directivos pueden tener dificultad por esa ilegalidad, que de por sí es una desventaja enorme. También porque las FGNE no pueden cobrar en MLC, pero las TRD sí.

Las FGNE tienen que someterse a la incertidumbre del tipo de cambio USD/CUP cuando determinados negocios les pueden traer pérdidas, así como a la incertidumbre y a los costos de convertir efectivo en divisas en saldos en el exterior. Las TRD pagan y cobran en divisas y el tipo de cambio contra la moneda nacional no les afecta, sea a 24 o a 120 o a cualquier otro. Les da igual. Lo que tienen que hacer las TRD es tener productos demandados por la población y venderlos cobrando en la divisa que previamente la población depositó en sus cuentas bancarias.

Lo que sucede es que el Estado cubano no les paga a los proveedores, aunque las TRD tengan suficientes saldos en sus cuentas en divisas. En definitiva, todo es del mismo dueño y el Estado puede decidir tomar los recursos del banco, aunque las cuentas de sus empresas queden con saldos positivos, pero sin respaldo real. Esa es la realidad que algún día tendrá que cambiar, pero en la actualidad ni se discute porque se considera que las necesidades del Estado son más perentorias que las de las empresas estatales creadoras de esas riquezas.

Así no se solucionarán los problemas de la economía cubana, aunque mañana mismo se aprobara una Ley de Empresas y sus directivos recibieran amplias facultades. Y en lugar de ver cómo solucionar esas “trabas” o “distorsiones” de las TRD, más bien parece que se busca que las FGNE tengan los mismos problemas que las primeras.

Pronunciamientos sin planes de implementación

Analicemos ahora el plan de medidas propuesto a la Asamblea Nacional. No es muy habitual escuchar discursos tan contradictorios, en los que un dirigente en el mismo día menciona una cosa al principio y después --casi de inmediato--, se contradice a sí mismo con otra muy distinta.

“Todas las transacciones a lo interno de la economía se realizarán en CUP, exceptuando la ZED Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, entidades extranjeras y otras que se aprueben”. El listado de las excepciones mencionadas en la segunda parte de la frase es tan amplio que de por sí invalida la primera parte. Pero más adelante se agrega el cobro en divisas de los “servicios portuarios” y “aceptar el efectivo en divisas en determinados sectores y actividades como el turismo”. Subrayo en determinados sectores porque no está limitado al turismo. Y en determinados sectores pudiera estar comprendido cualquiera.

Se vuelve a mencionar que es inadmisible que el tipo de cambio de la moneda nacional se fije desde el exterior, pero --al igual que en diciembre de 2023--quedan en el aire las medidas a adoptar para que así no suceda. Solo se agrega que hay que “ir reduciendo la brecha cambiaria en la economía, administrando los desequilibrios”. Pero aquí, parcialmente, también nos quedamos esperando cómo lograrlo.

Digo parcialmente porque es cierto que después se agrega que eso se logrará recogiendo “el exceso de circulante del peso” al “avanzar en la dolarización parcial de la economía y en el proceso de bancarización” e ir incrementando “la recaudación tributaria y fiscal”. ¿Cómo interpretar que “todas las transacciones a lo interno de la economía se realizarán en CUP” cuando unos minutos después se menciona que para eliminar la brecha cambiaria y administrar desequilibrios hay que “avanzar en la dolarización parcial de la economía”? ¿Qué podemos esperar sobre la idea que prevalecerá en los próximos meses en esas frases contradictorias entre sí?

No se informó en la Asamblea cómo se lograría reducir el exceso de circulante cuando se conoce el enorme déficit del presupuesto aprobado por esa misma Asamblea Nacional.

Es difícil admitir que el proceso de bancarización va a lograr que se alcancen esas metas porque una exitosa bancarización podría ayudar a no tener que imprimir tanto efectivo, a resolver el problema con los cajeros automáticos, a conocer y controlar las ventas de los actores económicos, a hacer más fácil incrementar la necesaria recaudación fiscal y ofrecer otras ventajas. Pero de por sí no resuelve los problemas profundos de la economía, los desequilibrios. Y apenas ayudaría a reducir la brecha cambiaria.


Foto: OnCuba News | Negocio privado de comida

Sin olvidar que esas mismas FGNE no pueden bancarizar todos sus ingresos, no porque no quieran pagar impuestos --que también los hay, por supuesto--, sino porque necesitan ese efectivo para comprar divisas en el mercado ilegal y mantener el ciclo de compras y ventas. Como se ha preguntado otras veces: ¿los vamos a meter a todos en la cárcel o hay que buscar otras soluciones? Y esas soluciones existen.

Se repiten una vez más, como en años anteriores, los pronunciamientos acerca de que hay que incrementar y diversificar los ingresos externos en divisas. Cómo ya resulta más complicado. Seguidamente, parece que se desea que en esa dirección apunten los nuevos esquemas de autofinanciamiento en divisas en la producción de acero, la comercialización de equipos electrodomésticos y la eficiencia energética, la reactivación de los servicios técnicos a la población, la industria ligera y la química, el fomentar la exportación de miel y carbón vegetal y promover la producción de granos.

Sin embargo, un esquema de autofinanciamiento en divisas entraña que de lo que una empresa exporte, un porcentaje determinado quedaría en su poder o para ser usado a su discreción. No hay dudas de que eso ayuda a incrementar los ingresos en divisas por exportaciones. Pero de todo lo mencionado más arriba, en ese caso solo está la exportación de miel y carbón. Y quizás algo de acero que no vaya al consumo interno.

El resto son actividades con erogaciones en divisas, pero con cobros en el mercado interno ¿en moneda nacional? Incluso aunque los cobros fuesen en MLC en TRD, las otras actividades mencionadas no tributan al incremento de los ingresos por exportaciones y no tienen un origen de ingresos directos externos. Es cierto que el esquema de autofinanciamiento en divisas funcionaría si todo eso se comercializa en MLC en TRD (lo que va en contra de la voluntad de operar a lo interno solo en CUP), lo curioso es que el sistema bancario acaba de reanudar los pagos que debía hacia el exterior, y lo está haciendo a partir de los saldos en divisas de las empresas, es decir dejando una vez más a las empresas sin los recursos financieros que le pertenecen.

Pocos comentan que ese esquema de tomarle los fondos a las empresas se ha convertido en una catástrofe para la economía del país. Desde finales de 2021 (¡hace casi tres años!) apenas salen transferencias hacia el exterior a partir de los saldos de las empresas extranjeras, de las FGNE y de la disponibilidad de CL (liquidez externa) de las empresas estatales.

Y sigue sin tratarse el tema de cómo estimular los ingresos de los trabajadores cañeros, de los que siembran café, cacao y un largo etcétera (no solo del campo) para lograr incrementar las exportaciones de todos esos productos que se pueden producir y ahora se importan.

Medidas a las FGNE dañan a toda la economía

Una de las contradicciones más gruesas de las mencionadas en la Asamblea Nacional del pasado mes de julio es muy peligrosa por las consecuencias negativas que pudiera traer en los próximos meses en abastecimientos en el mercado, en cantidad de FGNE en funcionamiento, trabajadores contratados, ingresos fiscales, etc.

Es que, por un lado, se menciona que no hay una “cacería de brujas” contra las FGNE, que solo se trata de “ordenar”. Pero seguidamente se informa que se implementarán “los cobros y pagos de las FGNE desde cuentas en bancos cubanos”. Dicho así, parece algo muy normal en cualquier país y no habría nada que objetar. Pero se olvida que:Las FGNE están obligadas a comercializar en CUP, por lo que para pagar sus obligaciones en divisas por importaciones, tendrían que convertir CUP a divisas que los bancos cubanos no son capaces de venderles en la actualidad. Las FGNE solo encuentran divisas en el mercado informal, pero después no tendrían cómo justificar su ingreso en sus cuentas bancarias en Cuba.Desde Cuba, las FGNE no pueden pagar directamente a los proveedores extranjeros. Tienen que hacerlo a través de la empresa estatal importadora. Si logran justificar e ingresar divisas en sus cuentas y transferir los saldos a las cuentas de las importadoras estatales, después se enfrentarán a la realidad de que los bancos cubanos no están realizando transferencias hacia el exterior desde esas cuentas.

Varias preguntas se imponen.¿Cómo se puede normar que todos los cobros de las FGNE se hagan en bancos cubanos si luego con esos saldos no se pueden comprar divisas, ni se pueden realizar todos los pagos que necesitan hacer las FGNE?¿Cómo se puede normar que todos los pagos de las FGNE se hagan desde bancos cubanos si el sistema bancario apenas está realizando pagos hacia el exterior? Y esto último se reconoce en el mismo discurso cuando se afirma que “cumpliremos nuestros compromisos”, pero acotándose más adelante que “en dependencia de las posibilidades del país”. Tradúzcase “posibilidades del país” en “espere bastante, a que eso llegue algún día”.

De la forma como se está llevando la economía, esas “posibilidades del país” cada vez se van haciendo más y más remotas.

Desde su creación, gran parte de las FGNE (las importadoras) han tenido que convivir con el peligro de violar leyes y normativas en relación con la compraventa de divisas en el mercado informal, de efectuar cobros en divisas, de convertir efectivo en divisas en saldos en el exterior, de no bancarizar todos sus cobros porque con esos saldos en bancos no podrían mantener las compras en el exterior, lo que también implica violar la ley por subdeclarar ingresos y por evasión fiscal y tributaria.

Más recientemente, le impusieron precios topados a una serie de productos. Y ahora se amenaza con obligarlos a pagar todas sus obligaciones a través de sus cuentas en bancos cubanos, cuando se sabe que los bancos cubanos hace tiempo libremente no transfieren fondos hacia el exterior.

Se van agregando más y más argumentos para demonizarlos y juzgarlos de todos los males habidos y por haber.

Se puede esperar a que pocas FGNE importadoras pudieran sobrevivir, a menos que gran parte de sus ventas las realicen a través de compañías online existentes, es decir por páginas de comercio electrónico, con cobros en el exterior. O sea, no vendiendo sus productos en el mercado nacional. Y sin importación y mercado mayorista, tampoco sobrevivirían las FGNE minoristas de nuestros barrios. ¿Es esto lo que se persigue?

Conclusiones

En conclusión, si uno se atiene a lo expresado por las autoridades cubanas en la Asamblea Nacional, el escenario futuro está cargado de incertidumbres, retrocesos y hasta desesperanza en las FGNE que han abrigado al desarrollo de la economía nacional, desde sus propios recursos y de habilidad gerencial.

Se han esbozado ideas muy difíciles de implementar. Van en contra de mejorar el nivel de vida de la población, entre ellas topar los precios, lo cual traerá consigo la desaparición de productos esenciales para la alimentación de los cubanos.

Con un sistema bancario deteriorado y no confiable para los clientes, es muy complejo que se avance en la bancarización que el gobierno propone para un mayor control de las finanzas de las FGNE.

Reporte CEEC sobre Economía Cubana Enero - Julio 2024 (I)

Introducción

En el año 2024, el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC-UH) celebra su XXXV aniversario de fundado y de continuo bregar en las áreas de la investigación económica desde diferentes enfoques, de la docencia y preparación a jóvenes profesionales, y de la recomendación de políticas a las autoridades competentes. Este mismo año su colectivo ha decidido retomar la publicación de un reporte semestral sobre el estado de la economía cubana.

Desde hace varios años, un conjunto de factores domésticos y externos afectan al país y su desenvolvimiento en materia económica. La inestabilidad política en América Latina, donde se encuentran importantes aliados; los conflictos propios de los países europeos donde se localiza una parte importante del intercambio externo de Cuba; y la prevalencia y sofisticación de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos; complejizan cualquier estrategia de desarrollo y agravan las insuficiencias internas.

Las secuelas de la COVID-19 que aún experimentamos, unidas a un proceso de descapitalización general del país —en materia de finanzas y de fuerza laboral calificada— dan al traste con un modelo que ya no se sostiene mediante acciones aisladas carentes del alcance y la sistematicidad necesarias. El pacto social sobre el cual durante mucho tiempo se ha basado una parte considerable de la estabilidad sociopolítica se ha visto afectado debido al deterioro constante en los niveles y la calidad de los principales indicadores sociales (salud, asistencia social y educación) del país.

Importantes desbalances macroeconómicos, una ausencia casi total de inversión extranjera, falta de incentivos para la producción, la subutilización de las capacidades instaladas y la errónea asignación de los escasos recursos, unidos a un fenómeno migratorio desfavorable, han conformado un semestre de retroceso socioeconómico y dibujan un panorama en extremo difícil para los hacedores de política, a la vez que repercuten negativamente en las expectativas de las familias, las empresas y demás concurrentes en el mercado cubano.

El presente reporte pretende recoger los hechos económicos de mayor significación de los últimos seis meses. Se encuentra estructurado en cuatro secciones principales, comenzando por consideraciones sobre la evolución de la política económica y desde el análisis de los anuncios oficiales realizados (Sección I); a continuación, una mirada al comportamiento macroeconómico (Sección II); seguida por un estudio de la dinámica sectorial (Sección III), que incluirá diferentes actividades de la economía nacional — y que, si bien de un reporte semestral a otro mantendrá algunas de ellas, a lo largo de las diferentes ediciones también intentará incluir otras en dependencia de la coyuntura—; y, finalmente, un análisis sobre el comportamiento de los principales indicadores de la política social (Sección IV).

I. POLÍTICA ECONÓMICA. TENDENCIAS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PRIMER SEMESTRE

La reforma económica

Luego de treinta años de reforma económica, los problemas fundamentales que padece la economía cubana no parecen ceder. Todo lo contrario, se profundizan y complejizan aún más. Así, a los desequilibrios macroeconómicos ya “clásicos” se han sumado otros “padecimientos” como la creciente desigualdad, el incremento de la pobreza y la persistencia de una migración que impacta negativamente el tejido social y compromete el esfuerzo de recuperación de la economía.

Es preciso ubicar todo lo anterior dentro de un contexto externo poco conveniente, signado por las tensiones entre las grandes potencias, con América Latina inmersa en un giro de centro derecha; el gobierno venezolano en plena confrontación política —nacional e internacional— luego de haber sido declarado ganador de las recientes elecciones, cuyo resultado pudiera influir considerablemente en las relaciones entre Cuba y Venezuela; y amplias probabilidades del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Esto último aleja todavía más la posibilidad de algún relajamiento del bloqueo y de las medidas que ese mismo presidente impusiera a Cuba desde 2016.

En medio de estas realidades, la alternativa ha sido retomar las relaciones con aliados históricos como Rusia, China, Venezuela, Brasil y México.

¿Más o menos apertura económica?

En ese contexto, la dirección y el sentido de las medidas de reforma económica adquieren mayor relevancia. Luego de la apertura que significó la aprobación del Decreto-Ley que permitió la creación y funcionamiento de las Mipyme en el verano de 2021, se ha desarrollado una clara tendencia a reducir sus espacios de actuación, identificando el crecimiento y penetración de las PYME como una de las razones por las cuales la empresa estatal no alcanza a recuperar los espacios que antes ocupaba.

En la segunda sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del año 2023, el Primer Ministro lanzó un grupo de medidas dirigidas a combatir las distorsiones e impulsar la economía. No existe, sin embargo, un documento oficial donde dichas medidas aparezcan ordenadas en un programa, en una secuencia adecuada, con fechas y metas de cumplimiento.

De aquellas medidas, se han puesto en práctica algunas, entre ellas: la elevación de precios de los combustibles y de las tarifas de electricidad, la imposición de un impuesto del 10 % a las ventas mayoristas, la elevación de la tasa de cambio para el pago de aranceles de aduana de 24 CUP por dólar a 120 CUP por dólar, la regulación del margen de utilidad para las operaciones entre las empresas estatales y las formas no estatales, la imposición de topes de precios para un grupo de productos; así como la más reciente —divulgada el 8 de julio RS25/24 del Ministerio de Finanzas y Precios— que topa los precios máximos minoristas de seis productos (pollo troceado, aceites comestibles excepto el de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo). Esta intervención directa, lejos de contribuir a la reducción de la inflación y a impulsar la producción nacional, es de esperar que produzca un nuevo incremento de precios, la reducción de la oferta por la vía de la importación, y el desplazamiento de la demanda hacia la carne de cerdo, que posiblemente experimente también un aumento de los precios.

Todo ello ocurre en el mismo contexto que importantes hechos de corrupción en los altos niveles de la dirección del gobierno y el tejido empresarial, divulgados en este primer semestre, con la consiguiente pérdida de credibilidad.

Una economía de guerra

Desde la más alta dirección del país se ha reiterado una y otra vez que la nación se encuentra en una situación de economía de guerra. Ello podría justificar volver a niveles de centralización típicos de los años sesenta y setenta del siglo xx, concentrar la asignación de todos los recursos en un mando único y destinarlos a la producción de alimentos y a la recuperación de la infraestructura energética, eliminar los magros espacios dados a la competencia, concentrar la distribución de los productos esenciales y suprimir la distribución por la vía del mercado.

Esta manera de manejar la economía no es nueva, se ha recurrido a ella en más de una ocasión, como respuesta a situaciones de crisis. A finales de los años sesenta provocó fuertes desequilibrios, escasez e incremento del mercado negro. También se implementó en la segunda mitad de los años ochenta, con similares consecuencias que dieron lugar al llamado “período especial”.

Sin embargo, hasta el momento el recurso más utilizado por las autoridades cubanas ha sido el de topar precios y utilidades al sector privado.

La debilidad del marco institucional

El saldo de estos primeros seis meses refleja, además, una característica que ha acompañado a la economía cubana en este largo proceso de reformas iniciado en los comienzos de la década de los noventa: la inconsistencia y falta de coherencia del marco institucional. Varias estrategias que obedecieron a las necesidades emanadas de la COVID-19 y para enfrentar las sanciones de la administración de Trump (aún vigentes en su mayoría en la actual administración de Biden), tanto de alcance macroeconómico como sectorial, corroboran la abundancia de normas que no alcanzan a cumplir sus objetivos.

Por otra parte, la prevalencia de una alta discrecionalidad por encima de la norma es una característica del manejo de la economía nacional, que no ha variado sustancialmente ni coadyuvado a obtener mejores resultados.

La combinación de factores que han provocado la persistencia y el incremento de distorsiones, así como la ralentización de la dinámica de la economía (ver sección II del presente reporte), está compuesta por: fallas estructurales de larga data; restricciones externas sobre las cuales no parece posible ejercer influencia de forma efectiva, al menos en el corto plazo; la pasividad del gobierno, que ha renunciado a recuperar el control del mercado monetario; y la permanencia de instituciones caracterizadas por su inconsistencia y falta de coherencia, tanto con las urgencias como con los propósitos de mediano y largo plazo.

Un país cada vez más diferente

En comparación con períodos anteriores, la economía y la sociedad cubanas son hoy más diversas y también mucho más diferentes, lo cual constituye un gran reto para las formas tradicionales de manejarlas.

El universo empresarial muestra hoy una diversidad sin precedentes. Este se compone de 18 973 entidades, de las cuales 2 674 son estales, 11 046 son MiPYME privadas nacionales, 5 133 son cooperativas, 598 270 son trabajadores autónomos y 120 son empresas mixtas.

La existencia de un sector no estatal, que a pesar de las restricciones ha conseguido expandirse y alcanzar una relativa consolidación, se ha convertido en el suceso más trascendental de los últimos tres años. Hoy la cantidad de personas empleadas en el sector no estatal (trabajadores por cuenta propia, MiPYME, cooperativas de todo tipo, artesanos y artistas, etc.) iguala prácticamente a la cantidad de empleados en el sector empresarial estatal.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Economía y Planificación, existen hoy 11 350 actores económicos aprobados, de los cuales 11 046 son MiPYME privadas nacionales, 233 son MiPYME estatales y 71 son cooperativas industriales y de servicios; de estos actores, el 60% son negocios de nueva creación. Estos nuevos actores ocupan a 297 000 personas, de ellos, 213 000 son nuevos empleos. Es significativo que en estos tres años las nuevas formas de gestión hayan creado más puestos de trabajo que la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, operativa desde el 1ro de noviembre de 2013. Este hecho reviste mayor relevancia si se tienen en cuenta las diferencias en el acceso a los recursos y el tratamiento fiscal, entre las MiPYME nacionales y las empresas autorizadas a operar en el Mariel.

La existencia de estos nuevos actores no subordinados directamente a ningún ministerio sectorial ha constituido y constituye uno de los más difíciles retos para el diseño y manejo de la política económica, y pone en tela de juicio la capacidad de mantener los métodos tradicionales de planificación centralizada.

De hecho, es posible identificar un grupo de medidas que, más allá de los propósitos explícitos declarados, ralentizan la dinámica de crecimiento de estos nuevos actores.

Algunas de ellas son: la limitación de los objetos sociales y las actividades complementarias; la demora en la reducción de la lista de actividades no autorizadas, para permitir el ejercicio de un grupo de actividades profesionales (donde la inversión social ha sido descomunal); la introducción de elementos con discrecionalidad en el proceso de aprobación de nuevas MiPYME; y la eliminación de la exoneración fiscal por un año para las MiPYME de nueva creación.

Todas estas medidas resultan contraintuitivas si se atiende a que ese sector ha contribuido positivamente al incremento de la oferta, al empleo y a la mejora de los salarios de quienes se ocupan en este sector y sus familias.

En la primera sesión de 2024 de la Asamblea Nacional se anunciaron nuevas medidas que posiblemente reduzcan la tasa de crecimiento de estas empresas privadas nacionales y promuevan el cierre de algunas. Entre ellas se encuentran: establecer el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal; implementar de manera gradual y selectiva los cobros en divisas a los servicios portuarios; condicionar el servicio de importación y exportación al certifico de no adeudo fiscal; implementar los cobros y pagos de las formas de gestión no estatal (FGNE), desde cuentas en bancos cubanos; declarar el origen de los fondos de las FGNE. Mientras, por otra parte, no se legaliza ni regulariza un mercado cambiario que facilite y legalice el acceso a las divisas; ni la banca nacional se muestra respetuosa en el manejo de los fondos de estas empresas, con la consecuente debilitación de las expectativas de los agentes.

El llamado proceso de bancarización, que las autoridades han reconocido como realizado a destiempo y sin las condiciones mínimas requeridas, lejos de contribuir a generar mayor transparencia y confianza se ha tornado en todo lo contrario. Hoy constituye también una traba a la dinámica de los negocios tanto para el sector estatal como para el sector no estatal.

Fenómenos relativamente recientes por su magnitud y profundidad, como los crecientes niveles de desigualdad y pobreza, adicionan retos nuevos, de difícil manejo dado el débil desempeño de la economía, la poca holgura fiscal y la resistencia a introducir nuevas políticas y a crear instrumentos que faciliten la contención de estos problemas.

La migración externa e interna, y su intensidad, es otro de los aspectos que diferencia al país en estos tiempos. El abandono de las zonas rurales genera, además, obstáculos al crecimiento de la producción agropecuaria e incrementa el precio de la fuerza laboral. Es reducida la posibilidad de introducir tecnología que compense el déficit de mano de obra, debido, entre otros factores, a la falta de inversiones y la poca disponibilidad de créditos y facilidades para importarla directamente.

Mientras tanto, la emigración externa, por una parte, desestructura a las familias y, por otra, hace perder la inmensa inversión social en crear un capital humano de calidad, lo que compromete cualquier proyecto de crecimiento y desarrollo futuro.

Un programa de estabilización macroeconómica

Luego de estos primeros seis meses de 2024, resulta difícil identificar los elementos principales del muchas veces anunciado programa de estabilización macroeconómica. Hasta el momento no existe ningún documento oficial público que permita examinar su coherencia y su consistencia, tampoco se conocen los indicadores y metas que faciliten evaluar su marcha y contrastar lo planeado con lo alcanzado.

A la luz de hoy las medidas tomadas se han centrado en incrementar los ingresos del presupuesto estatal mediante el aumento de precios y tarifas. Mientras tanto, no han sido consideradas dentro de las urgencias, o no han sido implementadas, medidas como el redimensionamiento de los ministerios, la reducción de los gastos del aparato burocrático del Estado, el redimensionamiento del sector empresarial estatal, o la sustitución del subsidio a productos por el subsidio a personas; medidas que se desprenden del propio comportamiento de la economía nacional y de las dificultades derivadas del exceso de gastos del Estado.

Durante la primera sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 2024, se aprobó la política para la creación de la norma que reglará el funcionamiento de las empresas estatales, mientras la nueva resolución que norma la actividad de las PyME y de los proyectos de desarrollo local fue publicada finalmente en agosto y aún se evalúa su alcance e impacto. De esta última, destaca el traslado de las facultades de aprobación de nuevas MiPYME a los municipios, las limitaciones en el objeto social y la obligatoriedad de desarrollar actividades asociadas este. También se limitarán las actividades complementarias y solo se permitirá, como norma, que las nuevas empresas desarrollen su labor en el municipio donde hayan sido aprobadas.

Igualmente se anunció la implementación de esquemas cerrados de financiamiento en divisas y el posible uso del dólar físico en operaciones a lo interno de la economía nacional en actividades seleccionadas del circuito estatal.

El segundo semestre del año transcurrirá bajo estas condiciones. Por una parte, se incrementarán las acciones de control y fiscalización sobre todos los actores de la economía; por otra, se intentará frenar el deterioro de la economía. Para ello han sido anunciados nueve componentes de la estrategia para el segundo semestre. Algunos de estos componentes requerirán un cambio sustancial en la asignación de recursos, tales como impulsar la actividad productiva, en especial la producción de alimentos, el sostenimiento del sistema electroenergético nacional, y el incremento de los ingresos en divisas.

Otras propuestas —como contener el gasto y posponer inversiones, realizar ajustes al plan y al presupuesto, proseguir el trabajo para elevar la disciplina, enfrentar la corrupción y las ilegalidades, descentralizar las competencias, y perfeccionar lo referido a la atención social— si bien es cierto que pueden requerir de menos recursos, sí demandarán la adecuación de las políticas públicas asociadas y de la coordinación entre ellas.

Atendiendo a todo lo anterior, es de esperar que el segundo semestre transcurra bajo presiones externas, fuertes tensiones financieras, un incremento de la discrecionalidad en las decisiones, la reducción de la dinámica de crecimiento del sector no estatal, y marcadas presiones inflacionarias provocadas por la esperada reducción de la oferta de bienes; como consecuencia directa de las nuevas restricciones y limitaciones impuestas al sector no estatal, la imposibilidad de una mejora sustancial de dicha oferta desde el sector estatal y la producción doméstica, así como la expansión de la dolarización de la economía.

Continuará