Francia: “Cueste lo que cueste” a ritmo de Hamlet
Pese a haber estado en primera línea del frente contra la peor crisis que sufre Francia desde la Segunda Guerra Mundial, Bruno Le Maire, ministro de Economía, encontró tiempo en 2020 para escribir sus Memorias provisionales. En ellas hace un trepidante recuento de una pandemia cuya alta factura —más de 41.000 millones solo en “ayudas de emergencia” a empresas y trabajadores— nadie podía imaginar. Pero de la que dice no arrepentirse.
“Preservamos competencias que a Francia le costó décadas crear y evitamos un tsunami de quiebras”, dijo en enero ante el Senado. Pero según reconoce en su libro, en el que cita la máxima de Hamlet de “estar preparado para todo”, para un conservador como él no fue fácil. “Después de tres años de esfuerzos para reducir los gastos públicos y hacer que el déficit bajara del 3%, después de meses de discusiones presupuestarias arduas, en las que contábamos cada millón, mi director de gabinete me propone gastar en 24 horas 300.000 millones de euros”, cuenta sobre el vértigo que sintió los 15 primeros días de marzo en que se “jugó la economía de Francia” a pesar de que el presidente, Emmanuel Macron, había dado una consigna clara, “cueste lo que cueste”. Tan nervioso estaba que consultó a su amigo Mario Draghi. “Me dijo: gasta tu dinero, amigo. Es tiempo de gastar. Ahora mismo. Más tarde, será demasiado tarde”. Y Francia gastó.
En marzo, París aprobó préstamos garantizados por el Estado por hasta 300.000 millones de euros (al final se concedieron 135.000 millones en 2020). Además, dio el visto bueno a un paquete de ayudas a empresas y trabajadores por 45.000 millones iniciales, que a finales de año llegó a los 87.000 millones para adaptarse a los nuevos golpes de la crisis, sobre todo el segundo confinamiento, a finales de octubre, y la decisión, a mediados de diciembre, de mantener cerrados sine die los sectores de la restauración y la cultura. De esa partida, finalmente se gastó la mitad: más de 23.000 millones de euros fueron al paro parcial; casi 12.000 millones al “fondo de solidaridad”, las ayudas a pequeñas y medianas empresas obligadas a cerrar o a reducir fuertemente su actividad, que se han ido ampliando y adaptando, para centrarse sobre todo en los sectores más afectados —turismo, restauración y cultura—, y 4.000 millones más en exoneraciones fiscales, entre los principales desembolsos.
Finalmente, la economía francesa se contrajo el año pasado un 8,3%. La cuenta es alta y es probablemente uno de los factores que están pesando más en las decisiones del Gobierno, que lleva semanas dudando si dictar o no un nuevo confinamiento. Si lo hace, se estima que la economía se contraerá este primer trimestre un 1%. Si se sigue como hasta ahora —con toque de queda y la hostelería y la cultura cerrados—, el PIB crecerá en torno al 1,5%. Confinar o no confinar, esa es la cuestión.
Alemania: ayudas directas, inyecciones de capital y bajadas del IVA
La pandemia ha obligado a Alemania a destinar el mayor paquete de ayudas de su historia para proteger empleos y empresas, de 750.000 millones de euros. Solo en subvenciones directas ya ha desembolsado unos 80.000 millones, dijo el ministro de Economía, Peter Altmaier, en el Parlamento la semana pasada. De ellos, 23.000 millones se han destinado al equivalente a los ERTE españoles, el kurzarbeit, o jornada reducida subvencionada, para evitar despidos. El Estado asume temporalmente entre el 60% y el 87% del salario que deja de percibir el trabajador por la reducción de jornada. En agosto se aprobó prorrogar el kurzarbeit hasta finales de 2021. El ministro de Trabajo, Hubertus Heil, ha reconocido que la medida es “muy cara”, pero “el desempleo masivo resultaría económicamente y socialmente mucho más caro”. Además de estas medidas, los Estados federados tienen sus propios programas.
También ha habido ayudas millonarias a grandes empresas. A finales de mayo, el Gobierno acordó con Lufthansa un paquete de rescate valorado en cerca de 9.000 millones a cambio de una participación del 20% en el capital. En abril, el turoperador TUI recibió 1.800 millones de euros, a finales de verano otros 1.200 y en diciembre 1.300 más, entre créditos públicos y bonos convertibles.
A principios de julio, cuando la situación epidemiológica era muy estable, los tipos de IVA se redujeron del 19% al 16% y del 7% al 5% hasta diciembre para estimular el consumo. Un estudio del Instituto IFO concluyó que esa rebaja temporal del IVA apenas tuvo efecto y no compensó la pérdida de recaudación. La medida no se ha prolongado en 2021. El IVA para la hostelería al 7% se mantendrá durante todo el año, según acordó esta semana el Gobierno.
Las pequeñas y medianas empresas del comercio, el transporte y la hostelería reciben ayudas extraordinarias para paliar las pérdidas por los cierres obligatorios del segundo confinamiento, que empezó en noviembre, de forma que puedan atender a los costes fijos. El Gobierno sufraga el 75% de los ingresos que declararon en noviembre de 2019.
Durante la pandemia también ha habido ayudas directas a las familias. Entre octubre y noviembre se les ingresó 300 euros por hijo, y esta semana los socios de la coalición de Gobierno (los cristianodemócratas de la CDU y los socialdemócratas del SPD) han aprobado un nuevo ingreso de 150 euros. Es un bono compatible con otras ayudas y que se cobra independientemente de la situación de la familia. Se han aprobado asimismo deducciones fiscales para padres y madres solteros.
Reino Unido: hasta 10.000 euros para cada local de hostelería
Todo fueron parabienes cuando el ministro de Economía británico, Rishi Sunak, anunció el pasado 11 de marzo un giro presupuestario. Eran sus primeras cuentas públicas, y el objetivo era contener a toda costa los estragos de la pandemia. El paquete de medidas comenzaba a aparcar la ortodoxia fiscal, sin renunciar del todo a ella. El impacto de la covid-19 sería “relevante” pero “temporal”, decía el ministro. Financiación extraordinaria para el Servicio Nacional de Salud y ayudas limitadas a las empresas en forma de impuestos diferidos o avales de crédito. Seis días después, el Gobierno de Boris Johnson empezaba a comprender lo que se le venía encima. Para entonces se registraban ya más de 750 infectados cada día, y el índice de transmisión era de 509 casos por cada 100.000 personas (en el Reino Unido se mide cada semana). Se puso sobre la mesa un plan de 375.000 millones de euros que incorporaba ya subvenciones directas. El 15% del PIB. Arrancaba el Jobs Retention Scheme (Plan de Retención de Empleos), un sistema similar a los ERTE españoles que la ley británica no había contemplado. El Estado asumía un 80% del salario de los trabajadores retenidos en sus casas, hasta un límite de 2.800 euros mensuales. Sunak quiso ir rebajando gradualmente esta ayuda. En verano llegó a sugerir que estaba a punto de desaparecer. La presión política, y sobre todo la insistencia de un virus que nunca desapareció del todo, torcieron su voluntad. Por ahora el plan se mantiene vigente al menos hasta abril.
La hostelería ha sufrido el impacto como ningún otro sector. Las ayudas directas, a fondo perdido, para todos los negocios obligados a permanecer cerrados ascendieron a un límite de 3.400 euros mensuales. El 5 de enero, durante la tercera ola, el Gobierno fue más allá y comprometió hasta 10.000 euros, en un solo pago, que se podrían sumar a las subvenciones mensuales. El IVA (VAT, por sus siglas en inglés) de restaurantes, hoteles o pubs se mantiene rebajado del 20% al 5%, y el sector reclama que la cifra sea permanente y no provisional.
El Reino Unido está inmerso en niveles históricos de endeudamiento y es una de las economías europeas que ha sufrido un mayor descenso del PIB en 2020 (más de un 10%), pero el Banco de Inglaterra pronostica una rápida recuperación, gracias al acelerado plan de vacunas, y ha respaldado todas las ayudas directas.
Italia: restricciones, ayudas estatales y protestas
En Italia, casi cada decreto del Gobierno para controlar la situación sanitaria, a menudo con el cierre progresivo de actividades económicas y con restricciones a la movilidad, ha ido acompañado de ayudas públicas. Las últimas, de cerca de 2.000 millones de euros, se aprobaron en noviembre. En total, el país ha impulsado unos estímulos de hasta 100.000 millones, desglosados en ocho grandes decretos económicos.
Una de las primeras medidas que se tomaron en marzo, una semana después de que se ordenara el confinamiento, fue el veto a los despidos por causas económicas, que aún sigue vigente. También se aprobó la suspensión temporal de las obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos, el retraso en el pago de hipotecas, un fondo para los ERTE y varios bonos de diferente tipo para niñeras, por el cierre de las escuelas o para adquirir material para la enseñanza a distancia, entre otras, o indemnizaciones para los trabajadores del turismo, el deporte o la cultura. El primer ministro, Giuseppe Conte, subrayó: “Sabemos que no bastará, pero queremos dar el mensaje de que el Gobierno responde hoy y responderá mañana”.
En la primera ola emergió con crudeza la histórica brecha entre el próspero norte y el depauperado sur, donde la economía sumergida y el trabajo en negro mantienen a cerca de cuatro millones de personas. En marzo, el Estado comenzó a repartir a través de los Ayuntamientos bonos alimentarios para las personas más desfavorecidas. Se anunció poco después de que la policía tuviera que intervenir en Sicilia tras algunos saqueos en supermercados. Y en mayo introdujo los subsidios de emergencia de hasta 400 euros para las rentas más bajas.
La presión sobre el Gobierno siempre ha sido alta y en octubre estalló una ola de protestas contra las restricciones y la falta de ayudas, en particular para la hostelería, el comercio o el taxi. El Ejecutivo respondió en apenas dos días con un nuevo paquete de estímulos de 5.400 millones.
El mayor reto ha sido sortear la enrevesada burocracia y agilizar el proceso para que las ayudas llegaran a tiempo. Al inicio, la confusión fue tal que, ante el temor de que los fondos quedaran estancados, las primeras compensaciones a fondo perdido de 600 euros para los autónomos se repartieron de forma indiscriminada a todos, sin filtros. Después, el mecanismo se endureció y hay sectores, como la cultura, que protestan porque aún no han recibido los subsidios prometidos.
Bélgica: ayudas adaptadas a cada ola del virus
Las intensas oleadas de contagios de Bélgica han llevado al Gobierno federal a imponer duras restricciones que han afectado a la actividad económica. El anterior ejecutivo de Sophie Wilmès cerró todos los negocios no esenciales: desde la restauración hasta el pequeño comercio. Bélgica, con una fuerte red asistencial, tendió una malla a empresas y trabajadores: puso en marcha los mecanismos de protección temporal del empleo, el chômage partiel, equivalente a los ERTE, activó un régimen de garantías por 50.000 millones y lanzó ayudas directas a los autónomos, que recibían 3.228 euros mensuales en caso de profesiones independientes con familia y 2.584 euros para quienes no tuvieran nadie a su cargo.
Los buenos datos de infecciones permitieron ir levantando las restricciones en mayo. Se hizo de forma progresiva: primero las tiendas, luego los gimnasios y equipamientos, posteriormente los restaurantes y en última instancia los bares. Lo hicieron con restricciones de aforo y horario, por lo que el Gobierno mantuvo una ayuda para acompañar a las empresas hacia la recuperación de entre 1.291 y 1.614 euros por persona, y desplegó rebajas fiscales —el IVA para la hostelería pasó del 12% al 6%— y aumentó bonificaciones para fomentar las inversiones del 8% al 25% de los montantes.
La segunda oleada, sin embargo, obligó a Bélgica a dar otro cerrojazo en todos los negocios no esenciales. De nuevo, cada cierre iba acompañado de ayudas. El Gobierno actual, liderado por el liberal Alexander de Croo, recuperó las prestaciones de paro parcial y volvió a apuntalar los negocios de los autónomos. Las tiendas reabrieron en diciembre, pero no sucedió lo mismo con peluquerías, bares o restaurantes. El Gobierno federal decidió entonces dividir esas subvenciones en dos tramos: las empresas cerradas seguirán percibiendo entre 2.584 y 3.228 euros mensuales, mientras que las que han abierto pero puedan acreditar que su facturación ha caído un 40% recibirán entre 1.291 y 1.614 euros.
A todas esas ayudas hay que añadir las subvenciones y desgravaciones de los Gobiernos regionales. Bruselas, por ejemplo, otorga ayudas de 1.500 euros a comercios que tuvieron que cerrar y ha anunciado que prepara un paquete con cantidades más generosas para bares y restaurantes (entre 5.000 y 36.000 euros), alojamientos (entre 5.000 y 50.000 euros) y discotecas (entre 60.000 y 100.000 euros). También habrá ayudas concretas para el sector turístico, después de que el Gobierno cerrara la puerta a viajes no esenciales. Toda esa maraña de medidas ha tenido un efecto secundario: ha hecho revivir a empresas zombis. El Banco Nacional de Bélgica estima que unas 8.000 empresas han pasado a ser rentables gracias al dinero público. Un mal menor en un país en el que, según la entidad, una de cada cuatro empresas no podía atender sus obligaciones financieras por el coronavirus.
Cheques y cupones de alimentos en EE UU
La primera oleada de la pandemia provocó el cierre de la economía en buena parte del país, con el Estado de Nueva York como epicentro. Como consecuencia del confinamiento, millones de personas perdieron sus empleos y miles de negocios cerraron —especialmente en el sector servicios, golpeando sobremanera a los trabajadores precarios—. El Congreso aprobó en marzo el primer paquete de estímulos, de 2,2 billones de dólares (1,8 billones de euros). Del total, se destinó una línea de crédito de 367.000 millones (304.000 millones de euros) para las pymes afectadas por el parón económico, además de un fondo de 500.000 millones (415.000 millones de euros) para industrias, ciudades y Estados. El resto de ayudas se dirigía a las familias, mediante cheques directos de 1.200 dólares (996 euros) y cupones para la compra de alimentos subvencionados. También se amplió la duración del subsidio de desempleo. El que hasta entonces era el plan de rescate más potente de la historia de EE UU pronto se mostró insuficiente, a medida que se descontrolaban los contagios de la covid-19.
En diciembre, en el segundo programa de ayudas aprobado por el Congreso tras meses de bloqueo partidista, con un monto de 900.000 millones de dólares (747.000 millones de euros), se dispusieron 250.000 millones (207.000 millones de euros) adicionales para préstamos a empresas. Los particulares con ingresos anuales inferiores a 75.000 dólares (62.000 euros) recibieron nuevos cheques, pero esta vez de 600 dólares (498 euros), en sustitución de los ya extintos de 1.200. La aprobación del plan fue consecuencia directa de la recidiva del coronavirus tras el paréntesis veraniego, durante el que la mayoría de Estados reanudaron total o parcialmente la actividad económica (por ejemplo, los negocios de restauración y de ocio). La segunda oleada de la pandemia, perceptible en otoño, llegó a su punto culminante en el periodo de las vacaciones de diciembre, sobre todo en el Medio Oeste.
Coincidiendo con la tercera ola, y cuando el país bordea los 26,5 millones de casos y 450.000 muertos, el ambicioso plan anticoronavirus del presidente Joe Biden depende de la aprobación del Congreso. Casi dos billones de dólares (1,6 billones de euros), la mitad de los cuales se distribuirá en cheques de 1.400 dólares (1.162 euros) a las familias, y otros 440.000 millones (365.000 millones de euros) para apoyar a las pymes y comunidades más afectadas. La cuantía de este plan integral está cosechando críticas por parte de los republicanos, que reclaman recortarlo a un tercio. Hoy hay en EE UU 10 millones menos de empleos que antes de la pandemia de coronavirus. Mientras, la Reserva Federal (Fed) ha instaurado una larga era de tipos cero para animar el crecimiento y el empleo. 
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