El análisis sobre el enfrentamiento a las ilegalidades, las indisciplinas sociales y la corrupción en la organización empresarial BioCubaFarma fue uno de los temas debatidos durante esta jornada de trabajo del Parlamento cubano por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
En presencia del diputado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, presentó un informe con los hechos extraordinarios de la entidad en el primer semestre de 2017, los cuales trajeron como consecuencia pérdidas económicas valoradas en 575 mil 345 pesos.
“La mayor incidencia se reportó en la Empresa de Servicios Generales (SERVIGEN), fundamentalmente por el hecho de corrupción ocurrido a finales de diciembre de 2016 en la UEB de Construcciones, donde trabajadores y directivos del área económica y de recursos humanos sustrajeron financiamiento destinado al salario de los trabajadores”, informó el directivo.
BioCubaFarma reporta 64 hechos extraordinarios de enero a junio de 2017, de los cuales 22 han sido clasificados como delitos, el 34,3 por ciento. Entre las empresas con más incidencias se encuentran los Laboratorios MEDSOL (12), EMCOMED (7), ESINES (5), SERVIGEN (4), MEDILIP (4), ETI (4), CNIC (3), Roberto Escudero (3) y Farmacuba (2).
Ante los parlamentarios, Martínez Díaz significó como tendencias delictivas más significativas el robo o desvío de medicamentos, alcohol, materiales de la construcción y piezas de computadoras. Aseguró que fueron aplicadas 239 medidas disciplinarias, como la separación definitiva de la entidad y el sector, demociones del cargo y amonestaciones públicas.
Del cuadro básico de medicamento del país, que está integrado por 801 productos, esta organización empresarial procesa 499 de los 505 de producción nacional que lo integran. Dada su importante misión, el grupo ha de velar y extremar el control para erradicar la mayor cantidad de vulnerabilidades.
El parlamentario por el municipio granmense de Campechuela, Miguel Limia David, abrió el debate preguntando cómo BioCubaFarma compromete a los jóvenes que laboran en sus empresas y cómo los trabajadores participan en la planificación. Para él, estos son elementos vitales para fortalecer la lealtad organizacional, “un concepto que va más allá del compromiso revolucionario, es sentirse identificado con la organización, con sus líderes y métodos de dirección”, apuntó Limia.
Yuri Valdés, diputado por el municipio de La Lisa, La Habana, explicó que poco a poco los trabajadores de la Ciencia se han ido involucrando y participando en la toma de decisiones de sus empresas. “Es muy complicado no hacer partícipe a los jóvenes en una entidad como Biocubafarma, donde el promedio de edad es de 42 años. Necesariamente son ellos los que intercambian, negocian y logran exportar hoy sostenidamente más de 400 millones de dólares, ahorrarle al país más de 2 mil millones. Detrás de cualquier noticia buena de nuestras empresas están los jóvenes”, comentó el Doctor en Ciencias.
Tabletas robadas, perjuicio a la economía y a la vida
Los medicamentos más vulnerables a ser sustraídos son las tabletas, los analgésicos, antipiréticos, y otros mucho más costosos, que se desfalcan para venderlos en otros países, como los hemoderivados y los biotecnológicos.
La vicepresidenta de BioCubaFarma, Tania Urquiza Rodríguez, detalló a Cubadebate que en la organización han identificado como hechos punibles más frecuentes: la sustracción de medicamentos, los robos comunes e incidentes relacionados con la seguridad informática. “Pero, sin dudas, el robo de medicamentos es el más susceptible, por el daño que hace desde el punto de vista social, atenta contra la vida, nuestro bien más preciado”, afirma la empresaria.
“Tenemos planes de medidas concretos en cada una de las empresas y de un plan general de vigilancia global donde se trata de cortar cualquier posibilidad de fuga de medicamentos, que no se da solo en los laboratorios, sino en cualquier punto del proceso productivo, en los almacenes, transportación hacia las droguerías y las farmacias”, expone Tania.
No obstante, al cierre de noviembre, en BioCubaFarma han acontecido durante este año 30 hechos de robo o intento de desvío de medicamentos. “Afortunadamente algunos han sido frustrados por los propios cuerpos de Seguridad y Protección de las empresas, pero el número de casos se ha incrementado con respecto al año 2016”, reconoce la directiva.
Los medicamentos más vulnerables a ser sustraídos son precisamente los más populares. “Las tabletas, los analgésicos, antipiréticos, y otros mucho más costosos, que se desfalcan para venderlos en otros países, como los hemoderivados y los biotecnológicos”, afirma Urquiza Rodríguez.
Con el fin de minimizar los riesgos de reincidencia, Tania asegura que cuando un trabajador incurre en una indisciplina de esta índole la administración lo separa inmediatamente de la empresa, además de responder ante la ley, “porque hemos comprobado que el cambio de puesto laboral no es efectivo, que vuelven a recaer y no podemos correr ese riesgo”.
Además velan por la correcta implementación del Plan de Captación de Personal, para que los posibles candidatos a integrar las plantillas de las entidades que pertenecen a este Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas sean personas de bien, cuya conducta haya sido verificada una y otra vez.
“Quienes incurren en el robo alegan que se llevan el medicamento para ayudar a un familiar que lo necesita, pero esta justificación no procede. En BioCubaFarma siempre estamos pendientes de las necesidades de las familias de nuestros trabajadores, siempre que alguien precisa de un producto lo buscamos, incluso si tenemos que trasladarlo de un centro productor a otro”, explica Tania.
“A veces, más que la afectación económica, que es muy importante, nos preocupan los riesgos que implica el expendio ilegal de medicamentos que pone en peligro la salud y la calidad de vida de la población. Quienes roban estos productos lo hacen por buscar beneficios monetarios y porque evidentemente tienen déficit de valores humanos y sociales, porque vender medicamentos a sobreprecio a un enfermo es, ante todo, inhumano”, agrega.
Pocos avances en la lucha contra las ilegalidades urbanísticas
Solo cinco provincias cubanas cumplieron el 50% de los planes para la erradicación de las ilegalidades, indicó este martes el General de División y presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, durante la sesiones de trabajo del X Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su Octava Legislatura.
“Continúan siendo débiles la planificación anual, la disponibilidad de recursos materiales y financieros, la organización en las acciones y la cooperación entre gobiernos, frente a las ilegalidades”, destacó Rodiles Planas.
Según explicó el dirigente, el año comenzó con unas 127 mil ilegalidades. La provincia de La Habana encabeza la lista con mayor cantidad de casos con más de 40 mil, mientras que Santiago de Cuba, Granma, Artemisa y Matanzas, superan las 10 mil violaciones.
Más adelante, dijo que las nuevas ilegalidades detectadas solo fueron eliminadas por los territorios de la Isla de la Juventud y Ciego de Ávila, y pasaron del primer a segundo semestre sin la atención requerida, mil 180, de las cuales 242 son infracciones estatales.
Sobre los barrios y focos precarios, el General de División advirtió que, de las 107 mil personas naturales, unas 52 mil 800 viven ilegales desde más de 20 años. Sin embargo, 54 mil 400 personas naturales que no están incluidas en estas zonas, permanecen ilegales sin que se le de tratamiento por parte de los gobiernos del país.
Entre las Ilegalidades más representativas, acotó Samuel Rodiles, la violación de las regulaciones urbanísticas y de proyectos, la ampliación y reposición de viviendas y el cambio estructural de locales y construcción de inmuebles sin la documentación establecida, entre otros, sobresalieron en estos dos periodos de sesiones.
“La falta exigencia, control y seguimiento por el grupo de enfrentamiento de los gobiernos municipales para la ejecución de acciones sobre las obligaciones de hacer impuestas; insuficiente intención y control en los consejos populares y el déficit de medios de transporte en las direcciones municipales de planificación física”, entre otros muchos problemas que dependían de la gestión de los gobiernos provinciales, fueron algunas de las principales causas del alto índice de ilegalidades que quedaron pendientes a fines de 2017, concluyó Rodiles Planas.
Resultados del control a la corrupción en sectores de Salud, Deporte y Comunales
En la Comisión de Salud y Deporte, los diputados debatieron acerca del enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades en los sectores de la salud, el deporte y comunales.
En la sesión se presentó un informe que resumía los resultados del control efectuado en las provincias del país.
El diputado camagüeyano, Nelson del Sol, refirió que estas actividades de la comisión generaron credibilidad del pueblo en el Parlamento. La fiscalización, dijo, ayudó a la solución de problemas en los diferentes lugares. Comentó, además, que se ha visto “un despertar” en los organismos de salud y comunales e insistió en la necesidad de ir buscando puntales que aseguren sostenibilidad en los elementos que se repiten en el descontrol interno, con el objetivo de evitar que vuelvan a sobresalir en próximas evaluaciones.
Por su parte, Fernando Pacheco, diputado por el municipio de San Luis en Santiago de Cuba, realizó un análisis general de las problemáticas en los tres ámbitos que ocuparon el debate. Refirió que como tarea pendiente está el control de los certificados médicos y de otras situaciones que aún no tienen solución.
Con relación al deporte, consideró que hubo un excelente control del presupuesto y que se hizo más de lo que se podía.
En cuanto a comunales, mostró su preocupación por el traslado del combustible de los grupos electrógenos de montaña, “a donde CUPET se niega a llevar el combustible”. “Si los compañeros de comunales lo pueden llevar en tractores con carretas y en tanques, ¿cómo CUPET, que tiene transporte especializado para ello, no es capaz de llevar el combustible a la montaña?”.
En su intervención, Alina Vicente Gaínza, vicecontralora, informó que existen problemas en la documentación primaria que debe haber en las entidades y en las guías de autocontrol. Estas últimas, aclaró, están en proceso de revisión.
Instó, además, a mejorar el componente de información y comunicación en los organismos. “A veces los trabajadores desconocen qué está pasando con el control interno y se hallan ajenos a las determinadas situaciones que se dan en sus centros laborales”.
Con respecto a comunales, expresó que la situación de control tiene que ser atendida por los gobiernos. “Hay descontrol en muchas de las entidades. Existen muchos problemas con los inventarios”.
En el deporte, habló de situaciones con las nóminas, con las cuentas por cobrar, que “pueden ser un nido para enmascarar cualquier tipo de delito”.
Vicente dio a conocer también que fue preparada una guía para el control de presupuesto, destinada a los gobiernos, “para que en los territorios se revisen y dominen esos temas”. “A veces los compañeros llegan a instancias de gobierno y no tienen la preparación adecuada para llevar el tema del presupuesto”, sentenció.
Sobre este último tema, María Caridad Rubio, secretaria de la comisión, dijo que “el aparato económico de los gobiernos es muy débil. La mayoría de las personas no tienen el nivel y la preparación necesarias. Se decidió que los gobiernos utilicen el 1 por ciento de los ingresos y ese presupuesto, en ocasiones, no es bien manejado”.
También se debatió sobre el enferntamiento a las ilegalidades en el comercio interior
El Ministerio de Comercio Interior informó sobre el cumplimiento del plan contra las manifestaciones de indisciplinas sociales, delitos e iligalidades, basado en el Plan de Circulación Mercantil y la gestión eficiente de los inventarios.
Mary Blanca Ortega, titular de ese organismo, habló sobre cómo se ha cumplido la circulación mercantil minorista, el funcionamiento del trabajo de los cuadros en todo el sistema de comercio interior, entre otros temas.
La ministra expresó que la circulación mercantil minorista al cierre del pasado noviembre se viene cumpliendo al 102%, “de 24 millones 460 mil pesos planificados se han vendido 24 millones 971 mil pesos. Por tanto, a circulación se viene sobrecumpliendo”.
El ministerio, en la labor de control del abastecimiento, comprobó la presencia de los 49 productos de mayor impacto en la población. “Varios productos han tenido inestabilidad durante el año, tanto en la red en divisa como en la de moneda nacional, por eso estamos trabajando”. Algunos de esos productos son el yogurt, el picadillo, la salchicha, el cemento, la pintura, el acero y el papel sanitario.
Blanco Ortega aclaró que en ocasiones se cumple el plan, pero crece la demanda a niveles no previstos.
Pablo Hernández, diputado por La Habana. añadió un par de planteamientos al debate. “Pienso que el ministerio debe estar trabajando para 2018 en dos temas: uno es el incumplimiento con los proveedores y el otro es la refrigeración”.
Por su parte, la diputada villaclareña, Tomasa Molina agregó sobre el impacto del huracán Irma en su provincia: “Si algo nos dejó el ciclón fue la enseñanza de cuán necesario es ser racional y sistemático. Muchos no pensamos que se fuera dar una respuesta tan contundente a este desastre natural. El trabajo de Comercio al respecto ha sido muy serio. Aunque todavía hay cosas en las que tenemos que trabajar para mejorar, hay aceptación con el trabajo del MINCIN”.
Profunduziar en los controles realizados para enfrentar las indisciplinas sociales fue un tema recalcado por el diputado santiaguero, Raúl Caney.
Y Beatriz Cuevas, diputada por Granma, se refirió a las formas no estatales de gestión en el sector de la gastronomía. En específico recalcó que todavía existe falta de conocimiento de las normas legales en las cooperativas. “Quedan fisuras también en lo referente a la aplicación del reglamento interno, la contratación y de donde vienen los recursos y los precios de la cooperativa”, sentenció.
Estuvieron presentes en el debate, Gladys Bejerano, contralora de la República de Cuba, Odalis Escandell, viceministra primera del MINCIN.