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miércoles, 26 de agosto de 2026

No hay un loco en la casa rosada

Por Julio C. Gambina

La reorganización capitalista en Argentina iniciada en 1975/76 se aceleró desde diciembre del 2023. En este tiempo de medio siglo cambió el modelo productivo y con él se recreó el bloque del poder, con adecuación jurídica e institucional, disputando consensos electorales que otorguen legalidad a la reaccionaria reestructuración.

No eran locos los dictadores, ni Menem, Macri o Milei, aun cuando alguien pudiera diagnosticarlo. Se trata de una “política económica” deliberada que en un plan de largo aliento se viene cumpliendo.

Vamos por parte, la novedad en este tiempo histórico, 2023-26, es la dinámica productiva del sector energético y minero, incluso de la actividad asociada al desarrollo de las nuevas tecnologías.

Si antes por un siglo (1880-1975/6) lo dinámico se concentraba en el sector agrícola ganadero y una industria principalmente orientada al mercado interno, lo nuevo apunta a potenciar la inserción subordinada en el mercado mundial, abasteciendo de las materias primas demandadas, especialmente petróleo, gas, cobre, litio, plata, oro, etc. Materias esenciales para atender la crisis energética y de productividad del capitalismo contemporáneo.

El sector financiero se constituyó como elemento central de las transformaciones desde 1977. En el libro “Bases para una Argentina moderna”, de 1981, el ex ministro de la dictadura genocida, Martínez de Hoz, hizo su balance destacando a la reforma financiera como el logro de transformación estructural más importante y trascendental de todo su programa. Esa ley sigue vigente y cumplirá 50 años en 2027.

La legislación financiera proponía la “desregulación”, facilitando la libertad de establecer tasas y restringiendo cualquier “control” sobre el sistema, una cuestión interesante para pensar y discutir en la coyuntura el “acuerdo entre privados” del discurso oficialista y el crecimiento de la “mora” de 6 millones de endeudados.

Con la ley se permitió todo lo que no estaba prohibido y alimentó las tendencias especulativas que se generalizaron y constituyen una característica del capitalismo actual.

Esa legislación estimuló la privatización y extranjerización del sistema financiero, agravando la dinámica de subordinación a las tendencias globales asociadas a la especulación y al endeudamiento externo. Ese es el marco para el aliento a las fintech, las plataformas y en definitiva la legalización de mecanismos usurarios, a los que se suma el accionar narco de fuerte penertracion en las barriadas.

La gestión Milei es un paso estructural profundo en el sentido que se pensó hacia 1975/76. El modelo productivo anterior necesitaba ser reformado para el desarrollo del capitalismo bajo las nuevas condiciones de acumulación ante la crisis de los 60/70 en el ámbito global. De ahí la liberalización, hoy narrada desde el ideario liberal libertario o anarco capitalista.

Era una tarea que no podía llevarse a cabo con la correlación de fuerzas sociales y políticas construidas históricamente hacia mediados de los 70, por eso, el terrorismo de Estado fue la condición de posibilidad para una tarea que lleva medio siglo, más allá de los interludios de la acción sociopolítica de este tiempo (1975-2026).

La tarea no está terminada y cada gestión reaccionaria asume que llevó adelante lo que la anterior no pudo.

Así, bajo gestión Menem, se resolvieron tareas que la dictadura no materializó, caso de las privatizaciones y la reforma estatal.

Macri supuso un salto en el cambio del régimen político, con el primer no radical ni peronista en sentarse en el sillón presidencial, dejando un antecedente que se ratificó en 2023.

Milei, por su parte, no escatima en destacar sus “logros”, los del poder, que explicita en la reforma laboral y la extensión de la desregulación, y muy especialmente la sintonía con la política exterior de EEUU bajo gestión Trump.

Por eso, el cambio productivo sienta las bases para el cambio de la política y que se manifiesta en la construida “crítica a la política” que se manifiesta en extensión de la abstención electoral y una máxima relativa a que la política no resuelve la cotidianeidad.

En ese marco, la apuesta estuvo en una apariencia: el ascenso de la anti-política, o sea, Milei. Claro que es “otra política”, la que reafirma el proyecto reaccionario desde la dictadura de 1976.

No es una locura, es un proyecto reaccioanrio de reorganización capitalista.

¿Cómo superar este momento?

La primera convicción es que no se puede volver hacia atrás y así como el poder reconfiguró su propuesta, el contra-poder necesita avanzar con su realidad de crítica, protestas, resistencias y oposiciones, incluidos desencantos y desilusiones, en organización popular para transformar los deseos, reivindicaciones o propuestas alternativas en un “programa” de transformación socioeconómica para una sociedad con otros propósitos.

Se trata de recomponer una reiterada historia de multiplicidad de acciones de los de abajo, los explotados, oprimidos y desposeídos, en una búsqueda muchas veces apropiada por núcleos de poder que utilizan la fuerza de la crítica para apuntalar objetivos particulares ajenos a la mayoría empobrecida. Remito a una dinámica de organización de la cotidianeidad que se desarrolla más allá de los tiempos institucionales.

He sostenido que los tiempos electorales no necesariamente convergen con los de la construcción popular, por lo que desde el poder se intentan adecuaciones más funcionales a los objetivos de transformación reaccionaria, mientras la acumulación de poder popular demora su organización. En esas condiciones es que aparece el plan B a la reelección de Milei y si no se instala nadie como opción y no peligra la política “reformista” (reaccionaria) en curso, insistirán con el liberal libertario, pese a sus formas y modos de gestión.

Desde el contra-poder se requiere articular la multiplicidad de propuestas programáticas que pueblan las calles de la protesta, sea por los derechos humanos, la educación y la salud pública, los ingresos salariales o previsionales, la igualdad de género y diversidades, el medio ambiente y un conjunto de derechos afectados por la política de la ultraderecha. No es tarea sencilla ante los límites de las identidades políticas que disputan la gestión gubernamental, especialmente desde el peronismo y la izquierda institucionalizada.

Existe una amplia base social que remite a esas identidades y que reconocen las dificultades para construir nueva representación política en este tiempo de cambios profundos en la estructura económico social.

Son tres los ámbitos de construcción de alternativa. Uno remite a la extensión de la organización de la crítica, la protesta y el descontento; otro a la articulación de programas diversos, a veces contradictorios, caso del empleo, el salario y la lucha ambiental; y principalmente las formas políticas de síntesis organizativas no solo de confrontación, sino de anticipo del imaginario para la sociedad deseada.

Cómo pasar del modelo productivo actual de apropiación concentrada del producto social orientado al mundo vía exportaciones, a un uso difundido en la sociedad de la producción actual para una mejora integrada de la población, sin afectar el medio ambiente.

Lo resumimos en la materialización de la soberanía alimentaria, energética, minera o financiera.

Ello supone una confrontación con los actuales propietarios y beneficiarios de ese orden, que no resignan su potestad desde el privilegio de la propiedad privada de los principales medios de producción.

Sin duda, se trata de una tarea ideológica propagandística que dispute “sentido común”, lo que exige transformarlo en imaginario dominante.

Es la batalla ideológica, en un sentido de confrontación con el empeño de la ultraderecha por afirmar su deseo a favor de la propiedad privada y la posibilidad de acumular bajo condiciones de consensos extendidos, aunque más no sea por un tiempo.

Veamos, el consenso en la “estabilidad” de la dictadura sentó las bases del cambio estructural consolidado en los ´90, “estabilidad monetaria” mediante, y continuado bajo gestión Macri y que ahora pretende continuarse por dos periodos.

Los consensos, aún temporales, son esenciales para definir mutaciones en la organización económica de la sociedad, aun cuando luego sean criticados.

Revertir las privatizaciones y la reaccionaria reforma del Estado es aún una asignatura pendiente, como lo es reversar la reforma financiera de la dictadura, o las restricciones a la aplicación de derechos laborales o sindicales, especialmente luego de la reciente reforma laboral.

Se conoce la estafa de las privatizaciones, ahora medida en crecientes subas de las tarifas, pero cuesta ganar consensos en la necesidad de reorganizar la producción de bienes y servicios bajo formatos no subordinados y contrarios a la lógica de la ganancia.

En síntesis, lo que ocurre es parte de una propuesta de cambio económico y político que tiene medio siglo. Ante esa situación emergen nuevas posibilidades históricas de construir base social y política para pensar un proyecto que entusiasme desde la satisfacción de las necesidades de la población que hoy sufre la reaccionaria reconversión.

Se trata de pensar en una transición desde este presente de ajuste y reaccionaria reorganización capitalista a un proyecto de perspectiva emancipadora en contra del capitalismo.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2026

 


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Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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lunes, 29 de diciembre de 2025

Los logros políticos de Milei y la masacre social


Por Julio C. Gambina

Milei termina el año con Presupuesto 2026 aprobado y una legislación para inducir la inclusión de “dólares del colchón” en el sistema financiero. Son dos cuestiones esenciales en la lógica del gobierno.

El presupuesto era demandado por el poder mundial, los acreedores externos, el FMI, el Tesoro de EEUU, los futuros inversores internacionales y el poder local a ellos asociado.

Todo el poder clamaba por “seguridad jurídica y política”, algo logrado con el resultado electoral del medio término (26/10/25), incrementado con la cooptación de legisladores de otros partidos, que convirtieron al oficialismo en la primera minoría en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario iniciado el 10/12/25.

Esa minoría fue incrementada en el Senado de la Nación, gracias a negociaciones con gobernadores, quienes instruyeron a sus representantes a acompañar el objetivo del gobierno nacional por aprobar el Presupuesto 2026. Hay que recordar que La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional, no gobierna ningún distrito.

Por eso sostenemos que la aprobación de la Ley de Presupuesto es un logro político, que se ofrece al poder económico, local y mundial como la capacidad de disciplinar al sistema político, a la democracia realmente existente. Al consenso electoral social le suma un amplio consenso legislativo.

Hemos sostenido que no importa tanto la veracidad de las cifras contenidas en el Presupuesto aprobado, ya que lo destacable es la capacidad de haberlo hecho aprobar, luego de dos años, 2024 y 2025, de funcionamiento sin el instrumento presupuestario.

Más allá de los datos del Presupuesto, la realidad es la continuidad de la política de austeridad fiscal, de ajuste sobre el gasto público.

Además, obtiene la autorización para endeudarse en divisas bajo legislación extranjera, imprescindible para acceder a recursos que puedan utilizar a los fines de cancelar vencimientos imposibles de resolver sin la suficiente acumulación de reservas internacionales.

Como tienen límites para acceder al mercado financiero mundial, insisten con los “dólares del colchón”, y por eso la Ley de inocencia fiscal.

La inocencia fiscal actualiza los montos del régimen penal tributario, que pasan de 1,5 millones de pesos a 100 millones como límite para la evasión simple, unos 68.000 dólares aproximadamente al tipo de cambio oficial actual.

Para la evasión agravada el límite se corrige desde los 15 millones a los 1.000 millones de pesos, equivalentes aproximados a 680.000 dólares.

Quien tenga esas divisas sin declarar, podrá depositarlas en los bancos sin que estos demanden explicación del origen de esos fondos, los que podrían venir de actividades ilegales, caso del narcotráfico u otros delitos asociados al capitalismo criminal.

Al ingresar al sistema financiero, esas divisas estarán reflejadas en las cuentas públicas, contribuyendo al acrecentamiento de las reservas internacionales.

Esa es la preocupación gubernamental por lograr la aprobación de la ley, oportunamente presentada por el Diputado oficialista José Luis Espert, enjuiciado por vínculos y negocios con el narcotráfico.

Ante las dudas de la banca, el Ministro de Economía salió a ofrecer a quienes tengan dólares no declarados, la disponibilidad del Banco de la Nación Argentina (BNA), el mayor banco del sistema, para receptarlos ante cualquier negativa de otras entidades financieras.

No es un dato menor para un gobierno liberal libertario hacer evidente la capacidad de intervención directa sobre una empresa bancaria, en este caso el BNA.

Ambas leyes constituyen un logro para la política oficial, que auguran la continuidad de la masacre social.

Por un lado, consolida la continuidad del ajuste fiscal que impacta en los ingresos de las/os estatales, el gasto en la salud y la educación pública, entre muchos derechos contenidos en el gasto presupuestario.

Por el otro, asegura condiciones para la rentabilidad del capital más concentrado, junto a la impunidad que supone el perdón ante la regularización por la tenencia de divisas no declaradas oportunamente.

Todo acontece en el marco de una tendencia recesiva, especialmente de la actividad económica orientada al mercado interno, con cierres de empresas y despidos, además de verificarse una merma en las inversiones externas directas en el 2025.

Es una apuesta gubernamental revertir esa situación en el 2026 y siguientes años, para hacer realidad el repunte del capitalismo que imaginan los liberales libertarios.

La cuestión de fondo pasa por el consenso político de la sociedad, que trasciende lo logrado en las elecciones de octubre o en el congreso en diciembre.

En efecto, el 2026, año sin elecciones y con impacto regresivo por el incremento de precios sostenido desde medio año, el descontento social puede crecer y transformarse en protesta extendida que discuta los consensos que enarbola el oficialismo.

Claro que no alcanzará con la extensión del conflicto social y que será necesario, que al mismo tiempo que se critica, se construya una propuesta alternativa al rumbo del gobierno y sus cómplices en el sistema político.

En todo caso, ¡esa es la aspiración y nuestro deseo para el 2026, por lo que nos despedimos deseando un feliz año nuevo!

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2025


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Julio C. Gambina
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