En estos años aciagos aprendimos que en el complejo reajuste que vive nuestro Estado socialista a veces este hasta puede perder, desde distintas perspectivas, y que al hacerlo esa estructura esencial para la libertad y la justicia en Cuba perdemos los que lo hemos elegido para representar nuestros sagrados intereses y los de la nación
Publicado: Sábado 24 mayo 2025 | 08:04:05 pm.
ronquillo@juventudrebelde.cu
Cuando en un análisis público en el año 2017, todavía en fase de despegue el sector privado en el país, un funcionario apostillaba, como quien eleva a los elementos una plegaria divina: «El único que no puede perder es el Estado», algunos en el auditorio ponían caras de «poema». Si el único que no puede perder es el Estado, ¿a quién le corresponde hacerlo entonces, a nosotros?, parecían preguntarse…
Unos ocho años después aprendimos que en el complejo reajuste que vive nuestro Estado socialista a veces este hasta puede perder, desde distintas perspectivas, y que al hacerlo esa estructura esencial para la libertad y la justicia en Cuba perdemos quienes lo hemos elegido para representar nuestros sagrados intereses y los de la nación.
Ahora mismo, en medio de las duras disyuntivas de asfixia despiadada y reconfiguración socialista profunda, podemos apreciar, sin mayores profundizaciones académicas o de otra naturaleza, solo con el ojo del periodista atento a los dilemas nacionales y de la cotidianidad, algunas circunstancias en que nuestro Estado sufre pérdidas:
—Cuando toma decisiones sin suficiente consenso que no dan en la diana de la solución de los problemas.
—Cuando establece disposiciones, sin medir todos los alcances y circunstancias, y que luego deben ser revertidas.
—Cuando se adoptan normas que luego son violadas sin que se ejerza suficiente control.
—Cuando en un escenario donde se favorece y requiere de la convivencia y articulación de diversos actores económicos se pierde la capacidad de concertación.
—Cuando se evade el fisco, importante mecanismo de redistribución de la riqueza.
—Cuando se falla en la atención diferenciada a los más impactados por la crisis.
—Cuando se difumina su capacidad reguladora…
—Cuando adopta medidas para proteger la capacidad adquisitiva de las familias de menos ingresos que terminan por perjudicarlas.
—Cuando anuncia medidas circunstanciales que se extienden en el tiempo y permanecen sin explicación alguna…
Solo nombro algunas de las que son más evidentes y de las que más preocupación pública suscitan por el momento, sobre todo entre esa mayoría de cubanos con plena conciencia de la responsabilidad esencial de nuestro Estado en la preservación de la independencia nacional y la justicia social como principios irrenunciables.
No faltan quienes, para intentar defender las rectificaciones y transformaciones actuales, o con su guerra sucia comunicacional, pretenden levantar un extraño muro entre los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos con los del Estado que estos eligieron para representar la soberanía de sus intereses y los de su país.
Las visitas de Díaz-Canel a los municipios y su diálogo directo con el pueblo, evidencian la prioridad que el Gobierno le confiere al contacto con las masas y los actores estatales y empresariales para conocer las mejores experiencias y también los principales problemas, en ese irrevocable camino de la construcción del socialismo. Foto: Estudios Revolución
Lo anterior, como afirmé en otro momento, resulta una seña difusa e inquietante en tiempos en que reconfiguramos los alcances y papeles del Estado. Nuestro debate nacional incluye, entre otros dilemas, cuál debería ser el cuerpo exacto y la función de esa institución, cuyo origen y atribuciones fueron analizados por numerosos estudiosos del socialismo, desde Carlos Marx y Federico Engels, autor este último de un texto emblemático como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, hasta nuestros días.
Lo cierto es que la teoría y la práctica socialistas han tenido en esa interrogante una prueba de generaciones. Lo acabamos de comprobar durante el 6to. Seminario Teórico entre el Partido Comunista de Cuba y su homólogo vietnamita que tuvo lugar hace unos días en La Habana, en la que el tema de la propiedad y el papel del Estado en las desafiantes condiciones del siglo XXI suscitaron las mayores inquietudes y los debates.
El fundador del primer Estado de obreros y campesinos y autor de un texto trascendental como El Estado y la revolución, dedicó energías intelectuales sustanciales a este asunto que consideró decisorio. Durante una conferencia pronunciada en la Universidad Sverdlov, el 11 de julio de 1919, Vladimir I. Lenin reconoció que el tema del Estado es uno de los más complicados y difíciles, y tal vez aquel en el que más confusión han sembrado los eruditos, escritores y filósofos burgueses.
«Porque es un problema tan fundamental, tan básico en toda política y porque, no solo en tiempos tan turbulentos y revolucionarios como los que vivimos, sino incluso en los más pacíficos, se encontrarán con él todos los días… a propósito de cualquier asunto económico o político… Todos los días, por uno u otro motivo, volverán ustedes a la pregunta: ¿qué es el Estado, cuál es su naturaleza, cuál es su significación?».
Semejantes cuestionamientos saltaron del invierno ruso a la calidez caribeña, a bordo de la tropicalizada Revolución Cubana, primer intento de levantar una experiencia socialista en el hemisferio occidental. Como señalé en otros momentos, también desde los primeros días este proceso fue perseguido por el «fantasma» del tipo de Estado sobre el cual se estructuraría, y la forma en que se relacionaría con el resto de las instituciones y los ciudadanos.
Si nos atenemos a los manuales, los revolucionarios lo usaríamos en la fase de transición hacia el comunismo —donde desaparecería—. En nuestro caso, como instrumento de las mayorías trabajadoras frente a la subversión burguesa. Lenin delineó su teoría de la dictadura del proletariado; mientras Antonio Gramsci concibió la compleja concepción de la hegemonía, ofreciéndole al Estado proletario connotaciones educativas e ideológicas superestructurales.
Ernesto Guevara, cuyas inquietudes filosóficas marxistas y predisposición para una práctica socialista disruptiva y provocadora son bien reconocidas, debió responder desde el temprano 1965 a la provocación, en un documento que nos queda entre las más lúcidas de sus meditaciones. En carta a Carlos Quijano, editor del semanario uruguayo Marcha, el Che admitió que es común escuchar de boca de los voceros capitalistas, como un argumento en la lucha ideológica contra el socialismo, la afirmación de que este sistema social o el período de construcción del socialismo al que estamos nosotros abocados, se caracteriza por la abolición del individuo en aras del Estado.
En la misiva apunta, entre otras consideraciones, la siguiente: «Esta institucionalidad de la Revolución todavía no se ha logrado. Buscamos algo nuevo que permita la perfecta identificación entre el Gobierno y la comunidad en su conjunto, ajustada a las condiciones peculiares de la construcción del socialismo y huyendo al máximo de los lugares comunes de la democracia burguesa, trasplantados a la sociedad en formación… Se han hecho algunas experiencias dedicadas a crear paulatinamente la institucionalización de la Revolución, pero sin demasiada prisa. El freno mayor que hemos tenido ha sido el miedo a que cualquier aspecto formal nos separe de las masas y del individuo, nos haga perder de vista la última y más importante ambición revolucionaria que es ver al hombre liberado de su enajenación».
Por ello, tras las graves escaramuzas sufridas por el socialismo, algunas de las cuales pudo avizorar el propio Che, no será sencillo el salto de un Estado expansivo, con su herencia de paternalismo, como el que intentamos superar en Cuba, a uno mucho más pequeño en estructura, aunque más grande por su modernidad, eficacia y sensibilidad social.
Consolidar las políticas sociales universales, entre las que cobra especial relevancia la educación, es una aspiración del Estado cubano en su propósito, no solo de actualizarse y perfeccionarse en su actuación, sino de concentrarse en las funciones que le son inherentes. Foto: Abel Rojas Barallobre
La disyuntiva no se decide solo en el avance, o las retrancas, de las políticas públicas que determinan la suerte de la profunda transformación estructural del país, una de las más notables del mundo actual, aunque no falten los interesados en pasarlo por alto. También se da en la subjetividad individual y en la social, razón por la cual se manipula para la combustión política, precisamente para demeritar, hasta caotizar y desarmar ese Estado.
Con tantos años de preminencia estatal en casi todos los ámbitos, acostumbrados a esperar que parte importante de las soluciones a nuestros dilemas surgieran de esa estructura, no tenemos siempre la predisposición «genética» para asimilar el cambio hacia un Estado cuyo peso y valor no dependerá tanto de su intervención directa en nuestra existencia como de su capacidad para erigirse en un potente y eficaz regulador de toda la sociedad.
Es lógico que ello ocurra, porque, pese a sus deformaciones, ese Estado ha sido esencial para promover la justicia, la dignidad personal y nacional, la equidad, la libertad, la solidaridad social e internacional y derechos fundamentales, entre otros atributos dignos de reconocerse y sin los cuales, sin duda, hubiera colapsado entre tantas tempestades propias e impuestas.
Pero si para ese cambio no están suficientemente preparados segmentos significativos de la ciudadanía, tampoco los responsables de hacer avanzar el Estado hacia dicho puerto, es previsible que las actuales confusiones entre Partido y Estado, entre funciones estatales y empresariales y otras interferencias, que enrarecen los límites y los terrenos de competencia de cada actor en el nuevo diseño institucional de la República se repetirán por un tiempo todavía imprevisible.
No por casualidad esta se recoge entre las principales transformaciones que fundamentan la actualización del modelo, incluidas dentro de la llamada Conceptualización de este. En el documento se establece que aspiramos a perfeccionar el Estado, sus sistemas, órganos y métodos de dirección, como rector del desarrollo económico y social, coordinador y regulador de todos los actores. Ello implica, se acentúa, que el Estado se concentre en las funciones que le son inherentes.
Entre las que la Conceptualización le atribuye se encuentran consolidar las políticas sociales universales y focalizadas con sostenibilidad, relevantes en la salud, la educación, la seguridad y asistencia sociales, la cultura, el fomento de la actividad física y deportiva, la formación en valores y la calidad de los servicios públicos; modernizar la administración pública; descentralizar facultades a los niveles territoriales y locales con énfasis en el municipio; aplicar de manera más efectiva la política de cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas, y perfeccionar el sistema de normas jurídicas sustentado en la Constitución de la República, asegurando los derechos de los ciudadanos.
En la proyección del modelo se adiciona que las funciones estatales en el ámbito económico y social —incluyendo las gubernamentales—, se derivan del carácter socialista del Estado cubano, rector de todos los actores económicos y sociales. Incluyen la elaboración, aplicación y perfeccionamiento de las políticas del Estado y el Gobierno, realizar su función de fisco, dictar regulaciones oficiales, así como dirigir su implementación y controlar su cumplimiento.
Ni los más connotados oponentes de nuestro Estado podrían negarle que parte importante del esfuerzo transformador de los últimos años en Cuba —pandemia coronavírica y obsesión enfermiza y oportunista anticubana de por medio—, se dirigió precisamente a este propósito, gracias a lo cual tenemos, además de una nueva estructura de este, enriquecida, equilibrada y compensada con el surgimiento del Gobierno, así como una amplia gama de políticas que promueven una singular metamorfosis de toda la sociedad.
Bastaría mirar el giro de 180 grados que ocurre en el ámbito de la propiedad, a partir de definiciones como la de que una cosa es el Estado como propietario, en representación del dueño colectivo, que es el pueblo, y otra los diferentes modelos en que esta puede gestionarse.
La ampliación acelerada del sector privado nacional, asociada al fomento de las pequeñas y medianas empresas y el trabajo por cuenta propia, el estímulo a otras formas económicas asociativas, la liberación de ataduras a las empresas estatales para favorecer su despegue autónomo, aún sin cuajar favorablemente, y la ya para nada «invisible» mano del mercado, por momentos exageradamente visible, decidiendo en la economía, acento de la ciencia y la innovación en la gestión y en el contacto sistemático con las bases, testimonian sobre un Estado que cambia dramáticamente sus roles en las nuevas reglas del juego legales e institucionales que se derivan de la nueva Constitución.
Es una prueba de confianza en el Estado revolucionario que una mayoría de ciudadanos miremos sus reacciones, y hasta las exijamos, frente a nuestros dramas cotidianos: inflación e inflazón galopantes azuzadas no pocas veces por los actores públicos y privados, desde lo básico en los mercados de alimentos hasta otros productos, servicios que se resienten, insolidaridad y desorden social, creciente migración, y otros demonios menos objetivos, aunque mediados por estos, como la pérdida de perspectiva o de fe en algunos segmentos.
Como subrayamos en otros momentos, lo único que no podríamos permitirnos es que en la readecuación y acomodo de sus funciones y responsabilidades se transforme de omnipresente a ausente, que la ciudadanía, sobre todos los segmentos más humildes y golpeados por la situación actual, perciban sicológica y sociológicamente que se les está dejando a su suerte. Sería ir contra la naturaleza misma de nuestro Estado.
Es bueno recalcar que ello no depende únicamente de las reacciones del Estado y del Gobierno centralmente —también esencial—, en la misma medida en que muchas atribuciones y decisiones se trasladan a otros escalones y se comparten competencias con otras instancias, para acabar con los verticalismos excesivos.
Un problema ya a la vista, que se deriva de lo anterior, es la falta de congruencia que está suscitándose entre las políticas, programas y planteos que se hacen desde las instancias de dirección principales del país y la recepción y concreción de estas en la vida práctica hacia las bases.
También es evidente que muchos años de decidir desde arriba atrofiaron la capacidad de maniobra política de nuestras instituciones y sus dirigentes, desentrenados para una sociedad mucho más diversa y plural, donde los intereses ya no son tan lineales u homogéneos. Ello reclama dominar los terrenos de la concertación, una palabra casi olvidada cuando se discute sobre las nuevas formas de participación en nuestro socialismo.
La intelectual Graziella Pogolotti aconsejaría aprender a tener «dos orejas y una boca», como en la moraleja de cierta fábula, escuchar dos veces y hablar una única vez. Que las decisiones sean tales, como decía un grande de nuestra historia, que se puedan hacer cumplir, para que no vuelvan a reproducirse las diferencias que se nos dieron entre lo legal y lo legítimo. Y una vez que las decisiones se concertaron justa y democráticamente, exigir por su cumplimiento y su control.
No hay nada mansamente paternal en todo lo anterior, como tampoco lo será alcanzar el Estado deseado. Como bien vaticinó el Gran Vladimir la pregunta aún nos persigue…Y nos perseguirá…
