ROMÁN ROMERO LÓPEZ|FOTOS: PERFIL DE FACEBOOK DE CITMA AVILEÑO
Ciego de Ávila, 19 dic (ACN) Fuerzas conjuntas de los Ministerios del Interior (MININT), de laAgricultura (MINAG), Energía y Minas (MINEM) y la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) en Ciego de Ávila, enfrentaron unaactividad ilegal de extracción de oroque involucró a unos 300 individuos.
Una nota informativa del Cuerpo de Guarda Bosques dio a conocer que el hecho tuvo lugar en un terreno perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Agroforestal del municipio de Baraguá, con la participación de residentes del lugar y en las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín.
En el lugar fueron detectadas y destruidas casas de campaña rústicas, donde pernoctaban alrededor de 100 personas; y se observaron excavaciones profundas, precisa el documento.
Los testimonios de ciudadanos detenidos in fraganti revelaron que las piedras extraídas eran trasladadas hacia el territorio camagüeyano, donde las comercializaban a mil pesos moneda nacional, considerando que el gramo de oro tiene un valor de dos mil 500, expresa el documento oficial.
Como resultado de las acciones de enfrentamiento se radicaron cuatro denuncias por el delito de Tráfico Ilegal de Minerales y otra por Uso Indebido de Recursos Naturales, además de la realización de advertencias oficiales a 34 ciudadanos vinculados a la extracción ilegal.
Especifica la nota, además, que fueron aplicadas 90 multas por violaciones a decretos leyes, ocupados 50 sacos con 47.4 kilogramos de piedra mineral, dos bicicletas, un vehículo de tracción animal (con un caballo incluido) y herramientas empleadas para la excavación y detección de metales.
Asimismo, se aplicaron medidas profilácticas a 70 personas procedentes de las provincias de Las Tunas y Camagüey.
El plan de gobierno para la prevención y enfrentamiento a los hechos que afectan los recursos naturales es resultado de un estudio riguroso sobre las deficiencias en el manejo, a partir del cual se afianza la responsabilidad de los organismos responsabilizados por la protección y el uso sostenible del medio ambiente.
Considerado uno de los negocios más lucrativo del mundo, el comercio ilícito de especies protegidas de la vida silvestre y otros recursos naturales constituye un problema internacional al que Cuba no escapa.
Más de 200 personas han sido multadas en la provincia de Ciego de Ávila, durante el actual año, por incurrir en ilegalidades asociadas a la depredación de la flora y la fauna silvestres, incidentes que afectan la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
La tala de madera y la captura y comercialización de aves constituyen las manifestaciones más representativas y se definen como prioridades en el Plan Gubernamental para la Prevención y Enfrentamientoa Ilícitos contra la Flora, Fauna y otros recursos naturales, informó la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA).
A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, el Cuerpo de Guardabosques (CGB), Tropas Guardafronteras y la Oficina Nacional de Inspección Estatal Pesquera permanecieron activos contra la tala de árboles y las capturas de aves y especies marinas, precisó Jany Lima Moreno, especialista de la ORSA.
DaylonFundora Caballero, jefe del Departamento de Recursos Naturales de la Subdelegación de Medio Ambiente, aludió al riesgo que representan estos hechos, en su mayoría ocurridos en las seis áreas protegidas de la provincia.
Incineración de jaulas ocupadas
Están concentrados en el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila (GHNCA), identificado como la zona de mayor biodiversidad y declarado Sitio Ramsar desde el año 2002 por sus valores naturales e importancia internacional, destacó.
La caza furtiva ha tenido un impacto en la disminución de psitácidos como las cotorras y los cateyes, con una distribución muy restringida a las zonas conservadas, donde se extreman la vigilancia y protección, enfatizó el también especialista en Áreas Protegidas y Biodiversidad.
El contrabando de especies de aves silvestres es una de las causas esenciales del declive y la extinción, con un impacto negativo superior en islas oceánicas como Cuba, donde las poblaciones de muchas especies son limitadas en número y distribución, expresó.
Añadió que las aves ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas y desempeñan un rol decisivo como controladores biológicos, dispersores de semillas y polinizadores, por tanto, preocupa y se arrecia el combate contra la captura y el tráfico ilegal.
Fundora Caballero precisó que, en menor medida, la provincia reporta casos de extracción de reptiles, jutías, moluscos, corales, estrellas de mar u otros animales que resultan llamativos.
Señaló como debilidad que la Empresa Provincial para la Protección de la Flora y la Fauna, administradora de las áreas protegidas, carece de fuerzas, medios y potestad legal para contrarrestar de manera constante y oportuna los actos ilícitos que atentan contra los recursos naturales.
Nota HHC: He confeccionado un post con informacion de dos sitios web diferentes.
Comentario de Lector(a): Si Flora y Fauna no tiene recursos para custodiar las áreas que le han dado a su custodia. Y por la que generalmente le tienen asignados recursos a partir de los famosos Proyectos de Conservación. Entonces para qué posee esas áreas en su patrimonio. Algo parecido ocurre en el Sur del Jíbaro. A Flora y Fauna le entregaron más de 4000 HECTÁREAS que pertenecía a la Empresa AGROFORESTAL de Sancti Spiritus. Incluida la casa de visita de Romero en las cercanías de Peralejo. Municipio de La Sierpe. Sin embargo en las arroceras del Sur del Jíbaro con trasmayos y redes delincuentes ambientales cazan de noche los patos migratorios que luego venden a 35 pesos en La Sierpe..La pregunta que hace la Empresa de Flora y Fauna. Y demás autoridades como el Servicio Estatal Forestal, Cuerpo de Guardabosque, PNR, CITMA , etcétera.
Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) vuelve a sesionar de manera íntegra y presencial
Foto:José Manuel Correa
Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) vuelve a sesionar de manera íntegra y presencial, luego de dos años sin reunirse de esta forma en su sede habitual del Palacio de Convenciones de La Habana, a causa de la situación epidemiológica que ha impuesto la COVID-19.
Gracias al trabajo en el enfrentamiento a la pandemia, un esfuerzo que debemos mantener, con rigor, nos volvemos a reunir todos en este salón, después de haber sesionado por videoconferencia en los últimos encuentros, comentó el presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, ante la presencia también del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.
Como parte del trabajo previo al Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, que se desarrollará los días 21 y 22 de diciembre, este sábado, los diputados realizarán un intercambio con los ponentes de los cuatro proyectos de leyes, que posteriormente se llevarán a la aprobación del Parlamento.
Se trata, de la Ley de Tribunales Militares, la del Proceso penal militar, la referida al Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, además del Código de las Familias.
La agenda del día también contempla el lanzamiento de una aplicación móvil que contiene las últimas leyes de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular, además del nuevo sitio web de la ANPP, todo como parte de la conmemoración por el aniversario 45 de los órganos del Poder Popular.
Con la presencia de 504 diputados, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, señaló que estos proyectos de leyes guardan total sintonía con las leyes aprobadas en la sesión anterior de la Asamblea; en tanto, todo el proceso de elaboración, criterios y recomendaciones —emitidos respecto a las normas mencionadas— fue y es válido para los presentes proyectos.
Como parte de las consultas, dijo, se recibieron propuestas tanto de los diputados, como de las estructuras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y dependencias y oficinas del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, además de las universidades, entre otros.
En total, se recibieron 162 criterios nuevos, y fue aceptado el 65 % de las recomendaciones, puntualizó.
Foto: José Manuel Correa
PROYECTO DE LEY DE TRIBUNALES MILITARES
Sobre esta propuesta de normativa que, de ser aprobada remplazaría La Ley No. 97 «De los tribunales militares», que data del 21 de diciembre de 2002, se recibieron 28 criterios de los parlamentarios y el 89 % fue incluido para perfeccionar el contenido y cuerpo legal del proyecto, informó Remigio Ferro.
Asimismo, de los organismos y universidades llegaron 29 propuestas y, de ellas, el 76 % fue aceptada, mencionó.
Como resultado de esas consultas, señaló, se adicionaron cuatro artículos. Estamos hablando del Artículo 3, que precisa que los tribunales militares se atienen a las disposiciones del Minfar en las cuestiones de orden militar.
«Por otra parte, los Artículos 90 y 91, definen la democión definitiva y la temporal de los magistrados y jueces profesionales militares; y el Artículo 115, relacionado con los requisitos, las funciones y atribuciones de los secretarios y trabajadores».
Entre los principales cambios al documento, se encuentra la modificación de 23 artículos, algunos con transformaciones sustanciales y otros, en aras de perfeccionar su redacción, comentó.
Por ejemplo, aludió, se sustituye la expresión «instituciones armadas» por «ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior», a tenor con lo dispuesto en nuestra Carta Magna.
PROYECTO DE LEY DEL PROCESO PENAL MILITAR
Sobre este Proyecto de norma jurídica denominado Ley del proceso penal militar, el Presidente del Tribunal Supremo Popular, precisó que la misma se propone, en caso de ser aprobada, reemplazar a la vigente Ley No. 6, del 6 de agosto de 1977, aun en vigor en el país.
Sobre este Proyecto –dijo– se recibieron de los diputados 31 criterios, que contenían 31 propuestas, de las cuales se aceptaron unas 28.
Foto: José Manuel Correa
Asimismo, en la consulta con otros organismos se recibieron 72 nuevos criterios con 72 propuestas, de las se aceptaron 29 (40 %) y quedaron improcedentes 43.
A partir de las consideraciones recibidas se realizaron algunos cambios y modificaciones, entre los cuales –según dio a conocer Remigio Ferro– se encuentra la modificación de la parte expositiva del Proyecto para optimizar la calidad de su redacción y la mejor comprensión de su texto, al tiempo que se mejoró la redacción de algunos artículos y la sistemática de la Ley.
Igualmente se modificaron 207 artículos de la Ley, en cuatro de ellos se introdujeron cambios sustanciales y los restantes fueron perfeccionados en su redacción.
Se varió la redacción del artículo 92 sobre la competencia de los tribunales militares, para que abarque otras categorías de efectivos del Ministerio del Interior (militares y combatientes).
También se adicionaron, como causas de incapacidad para actuar como peritos, las siguientes: ser subordinado del imputado, del acusado, tercero civil responsable, de la víctima o del perjudicado; o tener relación de parentesco con alguna de las autoridades actuantes.
Foto: José Manuel Correa
En cuanto al sobreseimiento, recogido en el artículo 409, se prevé la posibilidad de la víctima o el perjudicado de establecer recurso contra la decisión de archivar actuaciones.
Por último, se uniforma la redacción de la ley con las leyes No. 140 y 143, «Ley de los tribunales de justicia» y «Ley del proceso penal», en cuanto a denominaciones, plazos y la Disposición Final Tercera.
Abrió el debate sobre el Proyecto Ley del Proceso Penal Militar Idaliena Díaz Casamayor, diputada por el municipio de Guantánamo, quien reconoció que esta propuesta protege los derechos de este sector, y aunque está un poco más distante del funcionamiento de la sociedad civil, responde a lo planteado en la Constitución. Díaz Casamayor se refirió al Artículo 297, apartado tres, relacionado con el registro y expresó su preocupación sobre los casos en los que algún sujeto no esté de acuerdo con este proceso, cómo se procedería a la hora de firmar el acta correspondiente, así como si sería necesario la intervención de una tercera persona.
Al respecto de esta cuestión, Remigio Ferro explicó que la práctica sostenida hasta ahora es que, si la persona que es objeto de esa intervención, no está de acuerdo con el acta de registro lo debe consignar, y de ser posible, reflejar sus razones y estas deberán ser valoradas en su momento por los tribunales.
Por su parte, Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, declaró que a partir de esta falta de consentimiento estaría interviniendo la Fiscalía General. El fiscal a cargo velaría porque esa prueba se realice con la legalidad requerida.
Asimismo, Miguel Charbonet, diputado por Artemisa planteó sus consideraciones respecto de algunos términos empleados en varios Artículos, y realizó varias propuestas, entre ellas, la de considerar el delito de revelación de secretos militares como Causa Única.
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PROYECTO DE LEY DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO Y LA GESTIÓN DEL SUELO
En la sesión de la mañana también se analizó el Proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo.
Sobre este particular, Diana Rosa Suárez Matías, directora jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, comenzó explicando que es un proyecto que no tiene antecedentes en el país. Hasta el momento se había regido la actividad por un Decreto-ley que data de 1978.
El proyecto se debatió de manera abierta y se recibieron criterios y propuestas de diputados, la población, las universidades.
En el caso de los organismos y universidades se recibieron 40 criterios, propuestas 38 y aceptadas 42. De la población fueron recibidos 120 criterios, propuestas 105, aceptadas 42, improcedentes 63.
Hubo un amplio debate de la norma. Esto llevó a modificaciones importantes en el proyecto, con prevalencia de los temas de redacción. Esto perfecciona la propuesta.
Con respecto a las modificaciones, se incorporaron los temas de identidad a partir de la salvaguarda de la riqueza patrimonial de la nación, se sintetizó el contenido del segundo Por cuanto, el Por tanto tuvo un pequeño ajuste que se sustituye por Acuerdo.
Tuvo un debate importante la estructura del Proyecto de ley porque no facilitaba la comprensión de la norma.
Quedó un Título uno con Disposiciones generales. En los capítulos tres y cuatro se perfeccionó el título, fueron haciéndose referencias a los diputados y la población que participó.
Los artículos 1 y 2 sufrieron modificaciones. Matías Suárez detalló las modificaciones que se hicieron a los apartados, capítulos y por cuanto, realizadas luego de las consultas con los diputados y la población.
En el Capítulo 3 el Artículo 11 se refiere a los objetivos de la ley, cambia la redacción en algunos aspectos, se incorporan objetivos nuevos, se ordenan de manera que sean coherentes. Se incorpora la disciplina territorial y urbana en función de que se pueda lograr lo que se pretende. A solicitud de la población se incluyó un nuevo principio que es la preservación del patrimonio.
En su intervención Diana Rosa Suárez Matías se detuvo en el Artículo 18, de fuerte debate por los diputados.
Este apartado generó dudas y preguntas porque en la responsabilidad del Consejo de la Administración Municipal está asignar suelos a las personas autorizadas a construir por esfuerzo propio.
Explicó que hay municipios que por restricciones urbanísticas no tienen disponibilidad de suelo para entregar a la población, cuando se traspasaron las funciones del Instituto Nacional de la Vivienda a Planificación Física, una de las funciones traspasada fue la asignación de suelos.
Se emitieron resoluciones complementarias: la 54 y la 55. La 55 es el procedimiento para la asignación de suelos urbanizados. Se previó una protección a la población que reside en los municipios donde no existe disponibilidad de suelo.
Se incluye en el Título II un nuevo artículo porque es importante tener una protección a un grupo de instrumentos que tienen importancia estratégica para el desarrollo del país.
Foto: José Manuel Correa
Tras una explicación enjundiosa a los diputados, la Directora Jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, abordó los cambios ocurridos en las disposiciones finales.
Se incluyeron algunas nuevas, la primera mantiene su redacción, la actual segunda se abre en una segunda y una tercera, la tercera constituye un aspecto novedoso, la cuarta es la actual séptima, la actual tercera pasa a la quinta, la actual cuarta pasa a la sexta, la actual quinta pasa a la séptima y se introduce una nueva disposición final: la octava.
Concluyó su intervención comentando que se ajustó la estructura del proyecto, en los títulos I y II, se modificaron 55 artículos, siete con cambios sustanciales, los restantes fueron perfeccionados en su redacción, y se incorpora un nuevo artículo.
Sobre la normativa, Homero Acosta comentó que parecía ser una ley sencilla pero, a partir del proceso de consulta y análisis con los diputados, así como las opiniones emitidas por la población a través del correo habilitado, se han suscitado varias modificaciones importantes.
Al referirse a la propuesta de ley presentada en esta jornada de trabajo, Lourdes Caballero Garzón, diputada por Santiago de Cuba, señaló la pertinencia o no de ajustar la redacción del Artículo 18, en lo referido al término « aprobar» los instrumentos del plan de ordenamiento territorial, en función de la extensión de las funciones correspondientes.
Al respecto, Diana Rosa Suárez señaló que los territorios, al necesitar un plan parcial para la edificación de las viviendas, siempre se aprobarían el instrumento, lo que este puede estar sujeto a cambios, en aras de enriquecerlo.
Destacó, además, que corresponde a las autoridades provinciales asignar el suelo urbanizado para la construcción por esfuerzo propio, en los casos que le competa y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y las causales específicas que establece la Ley No. 65, «Ley General de la Vivienda».
Sobre este tema, el diputado Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, mencionó la necesidad de esa interrelación con los municipios y sus autoridades, para conocer las áreas de desarrollo en cada territorio.
Asimismo, el diputado José Cantero, pidió que se revisara esta cuestión, en aras de que armonice con lo refrendado en la Constitución de la República y la autonomía que se le otorga a los municipios para la gestión de sus recursos, lo que incluye la utilización de los suelos.
Por otra parte, la diputada Belkis María López, por el municipio de Santa Clara, expresó la necesidad de incluir el tema de la recogida de los desechos sólidos dentro de las políticas públicas y las normas que regirán el ordenamiento territorial y urbano.
Foto: José Manuel Correa
En tanto, Jennifer Bello Martínez, diputada por Cárdenas, Matanzas, reflexionó sobre cómo se garantiza la participación popular en la formulación de los instrumentos de ordenamiento, y lo necesario de incluir, —además del conocimiento y la colaboración—, la toma de decisiones, por parte de cada uno de los actores que participan en estos procesos.
Con el tema de las construcciones por esfuerzo propio y las intervenciones arquitectónicas interiores, la diputada Mariela Castro Espín destacó la posibilidad de determinar una figura, sin que medien burocratismos, que asuma la función de asegurar que los arreglos internos o edificaciones acometidas, no afecten la carga o estructura de la vivienda, en aras de evitar derrumbes u otras afectaciones de este tipo.
Al concluir, el primer ministro de la República, Manuel Marrero, indicó que, a raíz de las modificaciones y cambios que se han introducido a la propuesta de normativa, el grupo redactor debe reunirse y efectuar una sesión de trabajo, donde también participen otros diputados y funcionarios que dominen el tema de la territorialidad.
Por su parte, Esteban Lazo expresó que esta reunión debe realizarse con premura, en esta misma jornada, para que puedan socializarse sus modificaciones antes de llevarla a la aprobación del Parlamento o, de lo contrario, no incluirla en la sesión ordinaria de la ANPP.
En tal sentido, la vice primera ministra, Inés María Chapmán, resaltó la importancia de la ley, en aras del ordenamiento urbano y territorial, dado que responde a muchos planteamientos e interrogantes de la población.
PROYECTO DE LEY DEL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS
La versión 23 del Proyecto de Ley del Código de las Familias fue presentada ante los legisladores por Oscar Silvera Martínez, diputado y ministro de Justicia, quien resaltó el enriquecimiento que ha tenido la propuesta a partir de las consultas especializadas, los debates e intercambios con la población y los diputados, así como su publicación en noviembre en el sitio web del Parlamento cubano.
Destacó Silvera Martínez que al Proyecto del Código de las Familias lo caracteriza un sello de identidad cubano y latinoamericano, con una visión multidisciplinaria de la protección de las familias y como expresión de la «constitucionalización del Derecho de las familias».
Esta propuesta –que consta en su estructura de 11 títulos y un grupo de disposiciones transitorias y finales– refleja en su normativa, al decir del Ministro de Justicia, la pluralidad y diversidad familiar, la inclusión e igualdad y no discriminación, el afecto como eje central en las relaciones familiares, el carácter educativo y pedagógico, así como el papel del lenguaje simbólico y no neutro.
«Código de sumas y multiplicaciones, de alternativas y opciones», sintetizó Silvera Martínez acerca de la esencia de esta propuesta que será sometida a votación parlamentaria y popular.
Homero Acosta reconoció la brillantez en la exposición de los ponentes de este proyecto y resaltó que si llegamos aquí, a este análisis, es porque aprobamos, desde nuestra Constitución, una transformación profunda de las instituciones fundamentales del derecho de familia.
Hay varios mitos y conceptos que deben deconstruirse, en primer lugar, entender que este Código no es solo del matrimonio, y que defiende los principios de igualdad, de no discriminación, el respeto a la dignidad humana, y el derecho a fundar una familia, lo cual —insistió—, está además refrendado en la Carta Magna.
Este proyecto no impone modelos o tipos de familia, sino que reconoce la diversidad que existe en nuestra sociedad, subrayó. Estamos ante un Código del cual nos debemos sentir orgullosos, con independencia de cualquier diferencia de criterio, convencidos, además, de que el pueblo va a entender, mayoritariamente, lo que llevaremos a aprobación al Parlamento, comentó. Aquí están reflejadas, destacó, las ideas de Fidel, de Vilma, de Raúl.
El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el análisis del Proyecto de Ley del Código de las Familias comentó que en estos días se ha transitado por consultas especializadas y cuando tenemos profesionales tan capaces de llevar a un texto de una ley la realidad del país y darle una robustez, uno se siente orgulloso de ser cubano y de tener compatriotas como ustedes.
La diputada Mariucha Lenzano Pascual, por Santiago de Cuba, puso en reflexión si aquel hijo, que se le suspende la obligación de brindar alimento a su padre, porque este, en vida, nunca lo atendió y no cumplió con sus responsabilidades parentales, tiene derecho o no a gozar de los bienes que ese padre deja al fallecer.
Al respecto, el profesor Leonardo Pérez Gallardo comentó que la decisión del Tribunal no es debido a una negativa injustificada y que la causa de no brindar alimentación, no es por el imputado, sino por la actitud del padre en vida, así que también puede recibir los beneficios de la herencia. La inquietud, no obstante, será tomada en cuenta por el grupo redactor.
Oscar Silveira Martínez, sobre el artículo 69, planteó que en el camino del perfeccionamiento de la Ley de registro del estado civil es una conquista de la Revolución que se garantiza la inscripción de los niños y que el proceso está en perfeccionamiento en el proceso de constituir una inscripción de nacimiento de calidad.
Esa construcción nos lleva a adelantar el proceso del registrador por la madre para que los datos que se consignan sean positivos. El artículo 69 va a preservar el derecho del padre a reclamar la filiación ante cualquier irregularidad en el proceso de inscripción.
Sobre los procesos de adopción, la diputada Mariucha Lenzano también preguntó sobre el derecho de los abuelos a adoptar al nieto ante el fallecimiento de los progenitores, así como la posibilidad que tienen de hacerlo los hermanos.
Al respecto, González Ferrer, señaló que el Código admite la adopción entre parientes, pero tiene entre sus limitantes la adopción entre los familiares en línea recta, lo que incluye a los abuelos; no obstante, si pueden solicitar la tutela del menor.
Nueva sesión de la Asamblea Nacional: ¿qué temas definen la agenda de trabajo?
Luego de dos años sin reunirse íntegra y presencialmente, debido a la situación epidemiológica del país, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) vuelve a sesionar con una agenda variada e intensa, en su sede habitual, del Palacio de Convenciones de La Habana.
Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP, explicó este miércoles a la prensa que, previo al próximo día 21, cuando inicia oficialmente el Octavo Periodo de Sesiones en su IX legislatura, los diputados tendrán varias jornadas de trabajo desde las comisiones permanentes.
El día 18 se realizará un intercambio con los ponentes de los cuatro proyectos de leyes que serán analizados en el periodo de sesiones: la Ley de Tribunales Militares, la del Proceso penal militar, la referida al Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, además del Código de las Familias.
Esa misma jornada, informó, se lanzará una aplicación móvil que contiene las últimas leyes de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular, además del nuevo sitio web de la ANPP, todo como parte de la conmemoración por el aniversario 45 de los órganos del Poder Popular.
El segundo día, continuó Acosta Álvarez, se reunirán las comisiones permanentes de trabajo con un programa amplio, que incluye, como tema común, sesiones dedicadas al Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado y los objetivos del Plan de la Economía 2021, así como las perspectivas para 2022.
También se encuentra en la agenda de algunas comisiones el proceso de control e implementación de normas jurídicas aprobadas por el Parlamento, como la Ley de aguas terrestres, la de Pesca, y la de los Símbolos Nacionales y el Decreto-Ley del servicio postal, entre otros.
En correspondencia con su comisión, los parlamentarios discutirán sobre el perfeccionamiento del Poder Popular, el avance del programa materno-infantil y asuntos sobre el deporte, ejemplificó Acosta Álvarez.
Otras, subrayó, elaborarán de conjunto los dictámenes de los proyectos de leyes que serán sometidos a aprobación de la Asamblea.
El día siguiente, acotó, está destinado a informar a los diputados sobre asuntos de mucho interés, como la marcha de la inversión extranjera y la cooperación internacional, la situación del perfeccionamiento del sistema del comercio interior, además del cumplimiento de las 63 medidas para dinamizar las producciones agropecuarias.
El periodo de sesiones, el día 21 abre con los temas económicos, en primer lugar, los Objetivos del Plan de la Economía de 2021 y los del año próximo; posteriormente, la presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado, acompañado de su dictamen; y luego se presentarán y analizarán los cuatro proyectos de leyes.
El último día de la plenaria, coincidente con al aniversario 60 de la Campaña de Alfabetización, se reconocerá a los educadores cubanos, tras lo cual el Primer Ministro rendirá cuenta ante la Asamblea Nacional, cuyo informe ya tuvo un proceso de presentación, evaluación y consulta a los diputados.
Homero Acosta Álvarez destacó, como otros puntos en el orden del día, la ratificación de los acuerdos y decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado, y la actualización del cronograma legislativo.
Refirió que se reserva un espacio para el informe de rendición de cuenta del Gobierno de Sancti Spíritus, que se complementa con dos visitas realizadas por las comisiones permanentes a esa provincia y la recopilación de opiniones de los organismos de la Administración Central del Estado.
La rendición de cuenta de una estructura provincial a la Asamblea Nacional, reconoció, es un ejercicio que no se realiza hace más de 20 años, y con él tomamos experiencias para que sea de mirada crítica en cada uno de los gobiernos o instituciones que serán objeto de fiscalización por la Asamblea, específicamente los que se propongan para el mes de julio.
El Secretario de la ANPP aprovechó la ocasión para actualizar sobre las actividades por el aniversario 45 de los órganos del Poder Popular, como reconocimientos a fundadores y a cuadros, sesiones de las asambleas municipales y la reanudación de las visitas parlamentarias.
En ese contexto se han realizado las rendiciones de cuenta de los diputados a las asambleas municipales, y las de los delegados a sus electores, que ahora se refiere a la gestión del delegado, no a la de la administración. Ambos procesos son profundamente democráticos y de carácter autóctono, reflexionó.
Reconstruir Mejor, la iniciativa del Gobierno de Joe Biden para crear un futuro mejor para Estados Unidos, está en la cuerda floja política. Nadie sabe si va a convertirse en ley. Lo que sí sabemos es que, para salir adelante en el Congreso, tendrá que superar una combinación explosiva de mala fe, mala lógica y mala aritmética.
Empecemos por el principio: Reconstruir Mejor es, ante todo, un plan para invertir en el futuro de Estados Unidos. Alrededor de una tercera parte del gasto propuesto va destinado a los niños en forma de educación preescolar, cuidados infantiles y desgravaciones que reducirían significativamente la pobreza infantil. Otro tercio se dirige a ayudar a reestructurar la economía para limitar el cambio climático. Si se añade el proyecto de ley de infraestructuras ya aprobado, los planes de Biden se orientan casi en su totalidad al futuro.
Y hay motivos de sobra para creer que estas inversiones serían enormemente productivas. El caso de las ayudas infantiles es muy claro. Hay pruebas contundentes de que ayudar a los niños desfavorecidos hace que estén más sanos y sean más productivos cuando llegan a la edad adulta. Los beneficios son tantos que, incluso en un sentido estrictamente fiscal, ayudar a los niños puede acabar representando un ahorro a largo plazo.
Lo mismo se puede decir de la inversión en el medio ambiente. El debate al respecto se centra sobre todo en la mitigación a largo plazo del cambio climático, y con razón: la perspectiva del colapso de la civilización suele centrar la atención.
Sin embargo, es importante señalar que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles no solo reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero. También haría que disminuyesen otras formas de contaminación, en particular los óxidos de nitrógeno y el azufre, que tienen efectos negativos sobre la tasa de mortalidad, las enfermedades y el rendimiento de los cultivos. Y las ventajas de la reducción de la contaminación se verían enseguida. Un estudio reciente de la NASA indicaba que los beneficios para la salud de la política de mitigación del cambio climático no solo equivaldrían a billones de dólares, sino que, además, se harían tangibles tan rápidamente que compensarían los costes de la transición energética en una década o menos.
Entonces, ¿cómo puede nadie oponerse a estas inversiones?
Supongo que las convenciones de los medios de comunicación exigen que los periodistas finjan creer que los republicanos tienen objeciones de buena fe al plan de Biden, y que les preocupan los déficits, o el efecto de los incentivos, o cualquier otra cosa. Pero todos sabemos que su principal objeción es sencillamente el hecho de que se trata de una iniciativa demócrata, lo que significa que tiene que fracasar. Además, gravaría a los ricos y ayudaría a los pobres.
En realidad, ¿alguien puede recordar la última vez que los grandes líderes del Partido Republicano se preocuparon en serio por los verdaderos problemas políticos? El ejemplo importante más reciente que se me ocurre es la promulgación del Programa de Seguro Médico Infantil en 1997. Desde entonces, todo ha sido mala fe.
Aunque la principal fuente de oposición a Reconstruir Mejor sea el mero deseo de ver fracasar a Biden mientras los ricos siguen siendo lo más ricos posible, puede que parte de la preocupación de que el proyecto de ley aumente el déficit público sea sincera. La verdad es que el programa no tendría consecuencias significativas para el déficit. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el gasto está prácticamente cubierto, y los intentos de afirmar lo contrario no son creíbles. E incluso si el déficit aumentara, ¿por qué tendría que ser tan malo?
El otro día me llamó la atención la declaración de Elon Musk de que el programa Reconstruir Mejor no se debería aprobar porque aumentaría el déficit presupuestario. Un dato interesante es que Tesla se fundó en 2003 y tuvo su primer año rentable en 2020. Es decir, estuvo 17 años gastando más dinero del que ingresaba porque estaba invirtiendo en el futuro. Si, como les gusta decir a muchos ejecutivos, el Gobierno se debe gestionar como una empresa, ¿por qué no iba a estar dispuesto a hacer lo mismo?
Insisto: la mayor parte del gasto propuesto consistiría en inversiones enormemente productivas.
Por último, se habla mucho de que Reconstruir Mejor podría empeorar la inflación, comentarios que parecen tener más que ver con la incapacidad para echar cuentas, por ejemplo, al confundir décadas con años y no dividir entre el PIB.
Es verdad que los 1,75 billones de dólares que cuesta el proyecto son, a simple vista, un montón de dinero. Pero el gasto se efectuaría en 10 años, lo que significa que el desembolso anual sería bastante inferior a los 1,9 billones de dólares del plan de rescate aprobado este año, y no digamos ya a los 768.000 millones de gasto anual en defensa que la Cámara aprobó la semana pasada.
Además, gran parte del gasto se pagaría con nuevos impuestos. Es más, nunca se debería citar una cifra presupuestaria que suene a mucho dinero sin situarla en su contexto. Recordemos que la economía estadounidense es enorme. La oficina presupuestaria calcula que, en su primer año, Reconstruir Mejor aumentaría el déficit en un 0,6% del PIB, un porcentaje que disminuiría con el tiempo.
No me consta que exista un modelo económico que indique que gastar a este nivel suponga una gran diferencia para la inflación. Y puesto que gran parte del gasto aumentaría la capacidad productiva de la economía, probablemente reduciría la inflación con el tiempo.
¿Reconstruir Mejor es perfecto? Por supuesto que no. Pero seguramente sea la mejor legislación que vayamos a tener en años. Y las afirmaciones de que deberíamos dejar pasar esta oportunidad porque nos preocupa la responsabilidad fiscal o la inflación son ignorantes en el mejor de los casos, y deshonestas en el peor.
De 75 a 100 viviendas al año deben construir, pero la disponibilidad de recursos y la fuerza no acompañan. Este año serán 43, apenas. Fotos: Alejandro García Sánchez
Las construcciones no avanzan como se quisiera, y aunque la cara visible sea la del constructor, no siempre las ejecuciones dependen de él. ¿Qué pasa con el Hospital, con el nuevo cementerio, con las viviendas que se levantan? Desde la UEB que emprende tales obras se ofrecen algunos detalles
Parece lo que es: un exceso, sobre todo si se dice de carretilla albañiles, pintores, carpinteros, electricistas, plomeros, soldadores, paileros… casi 500 hombres dirigidos por un arquitecto de 37 años que llegó a convencerse muy rápido de que todo lo que proyectaba se caía. Sus diseños no eran factibles. Acababa de salir del aula.
Pero cuando a Évora Hernández se le “derrumbó” su carrera, todavía no era el director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) No.2 Obras Varias Ciego de Ávila; la entidad de la construcción que es un eufemismo estructural porque empresas menores que ella no tienen ni la mitad de su encargo. No obstante, en su Ministerio insisten en decirle UEB.
Y en esa UEB, lo mismo repellan una pared que montan una fábrica. Es la encargada de terminar (algún día) el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola; la que está construyendo el nuevo cementerio, la que levanta edificios en Ortiz, la que ejecuta un secadero de arroz en Bolivia, la que tiene hombres en Camagüey…
Es un pulpo, obligado en planes a abarcar tanto que, 12 años después de que Pedro Manuel llegara allí, ya no se “derrumba” ante el peso de tamaña obra y otras desconexiones que lo mantienen tenso.
“Eso que me pasaba a mí, de alguna manera, sigue pasando. Hay un divorcio entre el inversionista, el proyectista y el ejecutor. El Hospital, es el mejor ejemplo”, comenta. En realidad es el peor. Una inversión mal asegurada con recursos en el almacén que no pueden usarse porque faltan otros. Ahí llevan casi tres años.
Se levantaron muros, estructuras, “y no podemos avanzar, primero debe hacerse el empotramiento eléctrico, sanitario e hidráulico y esos recursos faltan, son importados. Para ese nivel de complejidad, y en un Hospital no debemos usar los de la producción local, deben tener mayor calidad”.
Encima, el proyecto cambió. Aunque la noticia la daba el director del Hospital hace dos meses y era excelente el hecho de que el Luaces Iraola cuente con un área Pediátrica, con entrada independiente y mayor número de camas; “la transformación implica, incluso, demoler parte de lo que se levantó”, sostiene Pedro Manuel.
“En todo ese tiempo sólo logramos que una persona de Punta Alegre se sumara a la brigada y recibiera empleo por ello”, comenta Pedro Manuel
Por eso no extraña que ante las dificultades de Salud Pública para suministrar los recursos y los cambios recientes, confiese que “no tiene la menor idea de cuándo podrá terminarse el Hospital”.
Las incertidumbres, sin embargo, no rondan el nuevo cementerio. Afortunadamente desaparecieron los primeros días en que hubo que realizar enterramientos urgentes en la ampliación del viejo camposanto porque no había recursos en la provincia para emprender una obra como la que hoy se ejecuta.
Para enero debe estar lista la primera de cuatro grandes manzanas, cada una con capacidad para más de 2 000 inhumaciones. Aun cuando ha sido ejecutada con rapidez, Pedro Manuel asegura que al cremarse unos 500 cadáveres que permanecían momificados en tumbas herméticas que dificultaban la descomposición, se crearon capacidades en el viejo cementerio y en la nueva obra no ha sido necesario dar sepultura a nadie.
“Eso nos permite trabajar con tranquilidad. Antes fue muy, muy difícil exigirle a una brigada de hombres que veían, incluso, cómo allí se enterraba a sus familiares”.
Casos y casas
Otras complejidades, menos dolorosas, ponen en tela de juicio el avance de las obras. Y Punta Alegre lo demostró de la peor manera. Durante tres años la UEB No. 2 estuvo recorriendo más de 100 kilómetros para levantar unas 50 viviendas. Movían a reclusos que no tenían el mejor conocimiento de albañilería y la ejecución no fue de calidad.
Esa es hoy una de las dos limitaciones que más golpean a una UEB que lleva al unísono más de 10 obras cada mes y tiene hombres y maquinarias desperdigadas por toda la geografía avileña. Apenas cuentan con “12 albañiles de toda la vida” y los buenos eléctricos y plomeros permanecen, pero los albañiles fluctúan mucho.
Entre las obras de la cayería norte, las micro, pequeñas y medianas empresas y los trabajos particulares, pocos apuestan por quedarse en una brigada donde los salarios promedian 3 000.00 pesos.
Cortesía del entrevistadoLa fábrica de cemento de Camagüey, una obra también avileña
“Es cierto que cobran en función de lo que hagan, la norma es 120 bloques en ocho horas, lo que al subirlos al andamio se hace más lento y complejo. A veces depende de que traigan el recurso para poder cumplirla”.
Ese es el segundo dolor de cabeza: materiales en tiempo y de calidad. Los inversionistas de los organismos no se parecen entre sí. Comparemos los recursos de un hotel (inversión extranjera) y de la Vivienda (producción local en algunos casos).
Comparemos, incluso, los edificios de la Vivienda entre sí, donde “todos los años cambian los recursos y se trabaja con lo que haya en ese momento”, admite. En medio de esa realidad te encuentras que el tercer edificio del macizo cañero se atrasó en su entrega por la mala calidad de los accesorios y las pruebas de agua avizorarían lo que vecinos del lugar contarían a Invasor después. A menos de una semana de inaugurado ya había jucareños que no podían usar el lavamanos ni descargar la taza.
De espaldas a esa afectación del cliente, está la de la propia empresa, que no puede avanzar hacia otros objetivos, y afecta de algún modo el pago de los obreros. Así sucedió durante la pandemia en Bolivia con el montaje del secadero de arroz que también ejecuta la UEB No. 2.
Tuvieron que cerrarle el contrato a los bolivianos que allí laboraban por una obra interrupta, debido al déficit de recursos, y no fue posible reubicarlos en otra. “Lo que quedaba era albergarlos en Camagüey, donde estamos montando una fábrica de cemento, y no quisieron”.
Al final todos resultaron afectados, pues cuando se retome la actividad en Bolivia esa fuerza calificada ya tendrá un nuevo empleo. “Difícilmente podremos recuperarlos, en semejantes condiciones no podemos prometer estabilidad, entendemos que duden en volver”, lamenta Pedro Manuel.
De ese modo se resienten, además, los indicadores económicos que, a pesar de un año aciago, no los han dejado con pérdidas. Tampoco es que tengan grandes sumas para distribuir por resultados (200 000.00 pesos en el trimestre, por ejemplo). Los grandes gastos conspiran y dejan entreverlo.
“Sólo en la fábrica de cemento de Camagüey, que tiene doble turno, tenemos cuatro guaguas llevando a los constructores de Santa Lucía a Nuevitas. Al mes eso nos cuesta casi un millón de pesos. Un tanque de aceite está montado en más de 15 000.00 pesos y a cualquier retro se le va la zapatilla, son equipos muy viejos.
“En la obra que estamos haciendo por la circunvalación de la ciudad, delante de los Camilitos, sólo la tubería vale un millón de pesos y está valorada en alrededor de dos. Si sumamos el petróleo, el salario, las roturas, los atrasos… nos termina costando mucho y las utilidades son escasas, si son”.
Más allá de esos avatares que no siempre se ven en el acabado de una obra, las brigadas que pertenecen a esta UEB siguen siendo juzgadas por lo que les toca y por lo que no. De-construir lo que hacen es más fácil que preparar una carretilla de mezcla bajo el sol y empezar a salpicar.
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