Por CARLOS LAGE CODORNÍU Y KARINA CRUZ SIMÓN
Introducción
La Conceptualización defiende el funcionamiento del peso cubano como «única moneda y centro del sistema financiero nacional», la cual «cumple adecuadamente sus funciones de dinero». Para ello, aboga por garantizar el «equilibrio monetario y financiero», mediante la gestión de «la cantidad de dinero necesaria en circulación», la tasa de interés, una «tasa de cambio fundamentada», y otras herramientas regulatorias dentro del esquema de planificación (Partido Comunista de Cuba, 2017).
Otras lecturas de la Conceptualización evidencian el alcance de la política monetaria: primero, la estabilidad monetaria es un prerrequisito para el «desempeño eficaz y eficiente de la economía», «premisa fundamental» del modelo; segundo, colocar a los salarios como «la fuente fundamental de ingresos» de la población depende del poder adquisitivo de la moneda en la cual estos se expresan; tercero, los procesos de sobre emisión monetaria abren espacio al incremento de las desigualdades y la acumulación de capital mediante la concentración de mercados, el arbitraje y la especulación.
De esta forma, la política monetaria, entendida como las acciones de las autoridades dirigidas a garantizar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, adquiere una relevancia medular dentro del modelo económico. Dicha relevancia crece en la medida en la que, como parte de las transformaciones de la Actualización, se descentraliza la planificación, se otorga autonomía a empresas públicas y gobiernos locales, adquieren mayor protagonismo las formas de propiedad privada y cooperativa, y crecen las relaciones comerciales, financieras y culturales con el exterior.
Sin embargo, para una economía pequeña, subdesarrollada y —desde hace seis décadas— bloqueada, alcanzar la soberanía monetaria ha sido toda una quimera. Cuba no tuvo su propio sistema monetario hasta 1914. Desde entonces y hasta 1959 el peso cubano coexistió con el dólar, para luego circular en solitario durante tres décadas, pero dentro de un modelo donde las relaciones monetario-mercantiles tuvieron un papel subsidiario. El colapso del campo socialista llevó a profundas reformas las cuales incluyeron, en 1994, el reconocimiento de una dolarización parcial de facto mediante la despenalización de la tenencia de divisas. Desde 2004, la dualidad monetaria pasó a ser entre dos monedas nacionales, pero en 2019 se regresó a un esquema de dolarización parcial, esta vez institucional y «plástico».1 En 2021, en un contexto de aguda contracción del Producto Interno Bruto y desequilibrios macroeconómicos acumulados, se implementó el proceso de Ordenamiento Monetario.2. Casi dos años después persisten la multiplicidad de monedas y tipos de cambio.
A 15 años de iniciada la actualización del modelo y siete de la aprobación de la Conceptualización, ¿se puede decir que se hace política monetaria en Cuba?, ¿cuáles son los márgenes de maniobra de las autoridades?, ¿cuáles restricciones institucionales limitan el actuar de la política monetaria?.
Para responder a estas preguntas el presente capítulo inicia con una descripción de la evolución de las principales variables monetarias en la última década. Asimismo, se estudian los factores que explican la estabilidad monetaria alcanzada en el sector de los hogares desde 1996 y su deterioro desde mediados de la década pasada. Por último, se discute un grupo de restricciones institucionales y estructurales las cuales limitan la conducción de la política monetaria en Cuba.
Estabilidad monetaria en la última década: indicadores
En el último decenio se experimentaron cambios trascendentales en la economía cubana, a partir del inicio de la Actualización. En este proceso, un objetivo central ha sido ubicar al peso cubano en el centro del funcionamiento de la economía nacional. Pese a ello, la evolución de las variables monetarias refleja un distanciamiento de este propósito.
Un rasgo que ha caracterizado el entorno monetario en los últimos años es la existencia de altas tasas de crecimiento de la cantidad de dinero, en contraste con una economía que desde 2010 ha mostrado señales de estancamiento y que en 2020 se contrajo un 10.9 % (Ver ilustración 1). Entre 2010 y 2019 los agregados monetarios M2 y M2A,3 aumentaron como promedio anual 8.0 % y 8.2 %, respectivamente, mientras que el PIB a precios constantes creció a un ritmo de apenas un 2.1 % anual.
Dentro de los agregados monetarios, el componente que experimentó mayor dinamismo en este período fue el efectivo, el cual se expandió un 9.7 % en promedio anual. Como resultado, la proporción del efectivo respecto a los activos monetarios totales de la población (M2A) ha mostrado una tendencia creciente, pasando del 50.0 % en 2010 al 56.0 % en 2019. Ello refleja una mayor preferencia por el circulante, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para promover el uso de medios de pago electrónicos.
En 2020 el M2 y el M2A registraron un crecimiento anual de 24.0 % y 22.4 %, respectivamente; como resultado de las medidas asociadas al incremento salarial del sector presupuestado en 2019, el enfrentamiento a la pandemia de covid–19 y el Ordenamiento Monetario. En este año el efectivo se incrementó un 22.0 %.
Entre 2010 y 2019 se registraron niveles bajos y estables de inflación, al tomar como referencia tanto los cálculos de la ONEI como estimados internacionales. En este período, los valores promedios de crecimiento de los precios se ubicaron entre un 1.0% (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2021) y 5.0% (EIU, 2022) (ver ilustración 2).
Sin embargo, la existencia de cifras reducidas de inflación no es coherente con una combinación de altas tasas de crecimiento de la cantidad de dinero y un estancamiento del producto.
Estas incongruencias responden a que, en la economía cubana, dada la existencia de una proporción importante de precios regulados y segmentación de mercados, los desequilibrios monetarios no solo se expresan a través de inflación, sino también de ahorro forzoso, inflación reprimida, depreciación del tipo de cambio informal y mayores presiones a la inconvertibilidad de la moneda nacional.
Por otro lado, a pesar de la estabilidad de precios y los esfuerzos de incrementos salariales en los últimos 25 años, el salario real aún no ha superado el nivel previo a la crisis de los años noventa. El salario real de 2019 representaba el 72 % del valor de 1989. Ello planteaba la singularidad de que, si bien la inflación era baja, los niveles de precios eran altos con relación a los ingresos de los hogares.
En el período 2020-2022 hubo un quiebre de la tendencia de estabilidad de precios, al registrarse los mayores valores de inflación en 25 años (ver ilustración 2). Ello respondió a una conjugación de factores internos y externos, donde destacan la crisis generada por la pandemia de covid–19, el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU., las medidas asociadas a la redolarización de la economía y al Ordenamiento Monetario, así como la acumulación de distorsiones estructurales y desequilibrios macroeconómicos de etapas precedentes.
En 2019, 2020 y parte de 2021 se registró una importante recuperación de los salarios reales, producto de varios incrementos de los ingresos estatales, asociados a medidas puntuales del gobierno y el Ordenamiento Monetario. Sin embargo, la inflación ha anulado estos impactos. Según diferentes estimados, para 2022 se habría retrocedido entre 3 y 4 años en términos de salarios reales. Este comportamiento podría continuar de persistir la inflación y no ajustarse los salarios en términos nominales.
Para una economía pequeña, abierta y con crecientes vínculos comerciales y financieros con el exterior, el tipo de cambio resulta una variable monetaria primordial. Por más de dos décadas el tipo de cambio informal se mantuvo estable y su trayectoria tomó como referencia el tipo de cambio (fijo) oficial en el sector de los hogares, dentro de una banda implícita dada por los márgenes comerciales del sistema financiero y el gravamen a la compra de dólares en efectivo.
Desde 2019 se rompió esta tendencia, como resultado de una caída abrupta de la oferta de divisas —en lo fundamental por la disminución de las remesas y el turismo— y una expansión considerable de la demanda —aumento de salarios y pensiones, reducida oferta en pesos y dolarización de un segmento del comercio minorista—.
Entre septiembre de 2019 y octubre de 2022 el tipo de cambio informal registró una depreciación acumulada del 574 % (Ver ilustración 3).
Como muestra el análisis anterior, hasta 2019 la economía cubana preservó una relativa estabilidad en sus principales indicadores monetarios, en especial en el sector de los hogares. Aunque prevalecían fenómenos de inflación reprimida, ahorro forzoso y otras manifestaciones de desequilibrios monetarios, durante este período los arreglos institucionales y de política existentes fueron exitosos en la preservación del poder adquisitivo del peso en el sector de los hogares.
Anclas nominales y deterioro de la disciplina monetaria
Una tormenta perfecta de shocks externos e internos 4 explica en gran medida el deterioro del entorno monetario desde 2019. No obstante, desde antes se fueron abandonando arreglos institucionales que resultaron esenciales para alcanzar la estabilidad macroeconómica con posterioridad a la crisis de los años noventa. La pérdida de estas anclas no solo generó presiones inflacionarias adicionales, sino que redujo el margen de maniobra de las autoridades para gestionar shocks externos y el impacto de ajustes nominales de la magnitud del Ordenamiento Monetario.
En primer lugar, la escasa variación de precios en el comercio minorista estatal durante décadas representó una importante ancla de precios finales, costos y expectativas. En 2010 el 87.2 % del consumo de los hogares se realizaba en estos establecimientos (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2021), lo cual generaba una referencia para la formación de precios de bienes sustitutos o complementarios, estabilidad a la compra de insumos y certidumbre para las inversiones del sector privado.
Sin embargo, en 2020 el peso del comercio estatal dentro del consumo final de los hogares se había reducido en 16 puntos porcentuales respecto a 2010, mientras que el comercio privado había crecido 13 puntos (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2021). Si a ello se suman sesgos de medición y el incremento de la oferta informal de bienes —tanto nacional como importada—, se puede suponer un peso mucho mayor del sector privado en la determinación de precios finales.
En segundo lugar, existió por más de 20 años un mercado cambiario sostenible en el sector de los hogares (Cadeca), que operaba como ancla de costos y expectativas. El esquema garantizó durante este período disponibilidad de divisas para satisfacer la demanda de los hogares —incluidos privados y turistas—, así como el financiamiento de actividades del sector estatal. Sin embargo, el efecto combinado del incremento de medidas coercitivas norteamericanas, la crisis de la pandemia de la covid–19 y la dolarización de la economía llevaron a la suspensión de los servicios de venta de divisas a los hogares a través de Cadeca y del sistema bancario al tipo de cambio oficial.5 Ello otorgó un protagonismo creciente al mercado informal de divisas, donde la depreciación del peso supuso una de las principales y más volátiles fuentes de presiones inflacionarias.
Por otra parte, cierta disciplina fiscal,6 y una política de ingresos restrictiva limitaron las presiones de demanda entre 1996 y 2014. En este periodo los déficits fiscales promediaron un 3.0 % del PIB. Por su parte, los salarios estatales evolucionaron de manera discreta desde los años noventa, con la excepción de aislados incrementos en sectores dinámicos o de importancia sistémica.
A partir de 2015 comienza a observarse un deterioro de la disciplina fiscal. Desde ese año y hasta 2019 el déficit fiscal promedió un 7.1 % del PIB, al generar en ese periodo tanta deuda pública como entre 1996 y 2014. El impacto de la pandemia de la covid–19 y la crisis internacional, así como las medidas asociadas al Ordenamiento Monetario llevaron los déficits fiscales a 17.7 % y el 11.7 % del PIB en 2020 y 2021, respectivamente (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2022). Las expansiones sostenidas del gasto público generaron presiones al incremento de los precios, en especial en un escenario de aguda contracción de la oferta de bienes y servicios, e implementación de políticas de descentralización y desregulación de los mecanismos de formación de precios.
A lo anterior se sumó la relajación de la política de ingresos mediante un incremento salarial al sector presupuestado en 2019 —el mayor de su tipo en décadas—, el aumento de salarios y pensiones asociado al Ordenamiento Monetario —estimado en 4.5 veces—y la flexibilización de los mecanismos de distribución de utilidades y pagos de salarios de las empresas estatales.
El principal conflicto de estas medidas, deseables desde el punto de vista social o como parte de otras políticas de la actualización del modelo, radica en haberse llevado a cabo en momentos de aguda contracción de la oferta total de bienes y servicios.
Para 2022 estas tres anclas habían sido abandonadas: i) protagonismo y estabilidad de los precios minoristas regulados en la estructura de consumo, ii) estabilidad del tipo de cambio de Cadeca y iii) control del déficit fiscal y la política de ingresos (ver ilustración 4).
Aunque la pandemia de la covid–19, el contexto internacional, el incremento de las sanciones norteamericanas y la implementación del Ordenamiento Monetario complejizaron de manera notable el escenario, el abandono de estas anclas revela causas anteriores y de fondo, las cuales responden a la gestión de conflictos de política en la actualización del modelo económico.
Por un lado, políticas como la reforma migratoria y la ampliación del sector privado produjeron cambios en el entorno que no se acompañaron de los andamiajes institucionales necesarios para gestionar la política monetaria en un nuevo contexto: mayor presencia del sector privado, menor segmentación entre el sector estatal y de los hogares, incremento de la economía informal,7 y mayores vínculos comerciales y financieros de hogares y privados con el exterior.
El recurrente uso en los últimos años de los controles de precios —herramienta útil para entornos jerárquicos, pero poco efectiva en otros más descentralizados—, podría reflejar esta insuficiente adaptación al nuevo escenario.
Por otro lado, el retraso en la implementación de transformaciones medulares anunciadas obligó a las autoridades a tomar medidas parciales para avanzar en otras esferas de la actualización y hacer frente a demandas de determinados sectores o shocks externos.
Así, el incremento de los déficits fiscales permitió proteger al sector exportador e incrementar los pagos estatales al sector agrícola —ante la postergación del Ordenamiento Monetario—, pero a costa de resquebrajar la disciplina monetaria y financiera (González, 2021).
A su vez, se apostó por la dolarización del comercio minorista como una vía para incrementar la atracción de remesas y competir con los circuitos de importaciones informales, en un entorno de contracción de los ingresos externos, pero a riesgo de generar presiones inflacionarias, depreciación del peso y profundizar las desigualdades sociales.
Las causas de las cosas: restricciones institucionales a la política monetaria en Cuba
La experiencia exitosa de los noventa mostró que incluso en entornos de mercados poco desarrollados y frente a múltiples shocks externos, es posible llevar a cabo estrategias de estabilización macroeconómica ágiles y duraderas. En apenas tres años —entre 1992 y 1994— se logró ajustar las principales variables macroeconómicas, que preservaron valores robustos hasta la segunda década del presente siglo. Sin embargo, luego de las primeras medidas estructurales y de saneamiento financiero no se avanzó de manera suficiente en la institucionalización de la política monetaria. 8
La persistencia de anclas nominales mostró una experiencia positiva de estabilización en el sector de los hogares, pero incompleta. Se trataba de una estrategia de política «pasiva», no basada en el uso de instrumentos y reglas de política explícitas,9 a la vez que persistían importantes desequilibrios en el sector empresarial. Una vez que se abandonaron las anclas, las autoridades quedaron sin esquemas de estabilización de precios y quedó revelada la existencia de distorsiones institucionales de fondo que explican los reducidos márgenes de maniobra para hacer política monetaria en Cuba.
En primer lugar, el limitado desarrollo y regula- ción de los mercados de bienes y servicios provoca que la mayoría de los mecanismos de transmisión de la política monetaria que reconoce la literatura y la experiencia internacional no funcionen en las condiciones específicas de la economía cubana. Los controles extendidos sobre la variable precios, junto a una débil autonomía de las empresas estatales, provoca que los precios no sean herramientas eficaces de señalización, ni los principales criterios para la toma de decisiones por los agentes en amplios segmentos de mercado.
En segundo lugar, la economía cubana está signada por la segmentación de mercados —acceso diferenciado a los mercados de bienes, crédito y moneda entre el sector de los hogares y el estatal—, lo cual genera discontinuidades en los mecanismos de transmisión monetarios. Aunque el Ordenamiento Monetario y otras transformaciones recientes apuntan a su superación, aún permanecen barreras administrativas al libre flujo comercial y financiero entre segmentos.
En tercer lugar, en la economía prevalecen bajos niveles de bancarización e intermediación financiera, a pesar de los notables esfuerzos del gobierno en los últimos años por promover la mayor utilización de los medios de pago electrónicos y los incentivos positivos que en este aspecto generó la pandemia de covid–19. La mayor demanda por efectivo de hogares y privados y el bajo peso del crédito —apenas del 7 % del PIB— reducen la capacidad del sistema financiero de servir como canal «natural» de trasmisión de las intervenciones del banco central hacia los objetivos finales de política monetaria.
En cuarto lugar, en Cuba opera un régimen de tipo de cambio fijo con estrictos controles cambiarios que gestionan de forma administrativa los cre- cientes desequilibrios de la balanza de pagos.10 El manejo administrado de la cuenta corriente desconecta los flujos de divisas y la emisión monetaria, al tiempo que resalta la relevancia de la política monetaria, incluso ante la presencia de un régimen de tipo de cambio fijo. La agudización de la inconvertibilidad del peso y el incremento de la dolarización, representan en la actualidad los principales desafíos estratégicos para recuperar las funciones dinerarias del peso cubano.11
En quinto lugar, los procesos de creación de dinero están determinados de manera amplia por el rol del presupuesto del Estado en la economía. Entre 2010 y 2019, el déficit fiscal representó, como promedio, más del 55.0 % del incremento del agregado M2. Este fenómeno, el cual se amplifica si se tienen en cuenta las cuasifiscalidades,12 redunda en: i) el predominio de los subsidios y otras transferencias fiscales como fuente de financiamiento, en detrimento de la intermediación financiera y ii) el protagonismo de la emisión primaria —mecanismo fundamental de financiación del presupuesto—13 dentro de los procesos de creación de dinero.
En sexto lugar, se combinan débiles mecanismos de coordinación macroeconómica y ambigüedad en cuanto a la definición de la autoridad monetaria. A pesar de existir espacios de diálogo y coordinación macroeconómica, la persistencia de elevados déficits fiscales y la laxitud para implementar incrementos salariales en entornos inflacionarios dan cuenta de fenómenos de dominancia fiscal.14
Por su parte, el BCC rinde cuentas al gobierno por los resultados de la actividad comercial y la calidad de los servicios de los bancos comerciales, antes que por el cumplimiento de los objetivos de política monetaria (Cruz, 2021). Al mismo tiempo, las herramientas con que cuenta —encaje legal, servicios de ventanilla, intervenciones en el mercado interbancario, control de las tasas de interés— tienen muy poca capacidad de impactar sobre los objetivos finales de política. Como resultado, el BCC tiene el mandato de garantizar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda,15 pero no tiene los instrumentos ni rinde cuentas por ello.
En resumen, la política monetaria se enfrenta a entornos macro y microeconómico los cuales restringen la actuación de los principales canales de transmisión monetarios, al tiempo que complejizan la evaluación, monitoreo y gestión de desequilibrios macroeconómicos. Los desajustes en el mercado monetario no se manifiestan única o esencialmente a través de la inflación, sino también mediante inflación reprimida, ahorro forzoso, excesos de liquidez, inconvertibilidad de la moneda, depreciación del peso en los mercados informales y presiones a una mayor dolarización.
Los instrumentos tradicionales de política que describe la literatura tienen muy poco impacto sobre los objetivos finales, mientras se adolece de una insuficiente coordinación macroeconómica, la cual se evidencia en la existencia de dominancia fiscal y en la indefinición sobre la autoridad monetaria en Cuba. A inicios de la tercera década del siglo, los márgenes de maniobra de las autoridades para gestionar el equilibrio monetario son reducidos. Ello explica, en parte, la insuficiente reacción ante los primeros shocks del Ordenamiento Monetario y los fenóme- nos inflacionarios recientes. Al no existir un esquema institucional de metas, objetivos, instrumentos y toma de decisiones, las autoridades deben recurrir a la experimentación y el empleo de medidas de corto plazo que suponen nuevos y mayores conflictos de política. Más allá de las soluciones particulares a la compleja coyuntura actual, se precisa institucionalizar los espacios de conducción de la política monetaria y la coordinación macroeconómica, fortalecer capacidades y dar continuidad a las reformas estructurales pendientes del Ordenamiento Monetario y la actualización del modelo.
Conclusiones
La Conceptualización otorga especial relevancia a la consolidación de las funciones dinerarias del peso cubano y su estabilidad, de manera que pueda colocarse como centro de gravedad del sistema monetario y financiero nacional.
Sin embargo, durante la etapa en que se ha enmarcado la Actualización se han registrado los mayores retrocesos en términos de estabilidad y fortalecimiento de la moneda nacional en los últimos 30 años. Si bien desde 2019 la conjugación de profundos shocks externos y medidas de política impactaron con severidad sobre las condiciones macroeconómicas, desde mediados de la década pasada se venía deteriorando la disciplina fiscal y monetaria, a la vez que se reflejaban limitaciones para adaptar la conducción de la política monetaria a cambios en el entorno.
Ello derivó en la pérdida de tres anclas medulares para el control de los precios en el contexto específico cubano: protagonismo y estabilidad de los precios minoristas regulados en la estructura de consumo, estabilidad del tipo de cambio de Cadeca y control del déficit fiscal y la política de ingresos. Más allá de la urgencia que supone la solución de los desequilibrios monetarios actuales y el análisis sobre las anclas que garantizaron décadas de estabilidad en el sector de los hogares, resulta relevante abordar los desafíos institucionales que limitan la actuación de la política monetaria en Cuba.
El bajo desarrollo de las relaciones monetario- mercantiles, los reducidos niveles de intermediación financiera, el peso preponderante del Presupuesto, así como los mecanismos de control cambiario, suponen la existencia de diversas formas de expresión de los desequilibrios monetarios (diferentes de la inflación) y la poca efectividad de los instrumentos tradicionales para impactar sobre los objetivos finales de política. La insuficiente coordinación macroeconómica y la indefinición de funciones respecto a la autoridad monetaria limitan la capacidad de respuesta institucional y de solución de conflictos de política ante shocks inflacionarios.
Se trata de desafíos complejos que no podrán resolverse en el corto plazo y requieren de una importante interconexión y secuencia con otras transformaciones de la actualización del modelo. Sin embargo, su solución empieza hoy, desde la generación de consensos y la comprensión de la relevancia de estos temas para avanzar en objetivos medulares de la Conceptualización.
Citas
1 La redolarización parcial de la economía se oficializó a partir de la creación de un grupo de mercados estatales dirigidos a la comercialización de bienes en moneda extranjera solo mediante tarjetas magnéticas: es decir, se excluye el empleo de efectivo en las transacciones.
2 Este proceso tuvo entre sus principales objetivos: la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, la corrección de subsidios y gratuidades indebidas y la modificación de los ingresos de la población (salarios y pensiones).
3 El M2 y el M2A miden la cantidad de dinero que existe en la economía. El agregado M2 incluye el efectivo en circulación, las cuentas corrientes, el ahorro a la vista y el ahorro a plazo fijo en moneda nacional de personas naturales y jurídicas. El M2A contiene estas mismas partidas pero solo para el sector de la población.
4 Ejemplos son: el recrudecimiento del bloqueo, impactos de la crisis internacional sobre el financiamiento, los precios de alimentos y combustibles y las cadenas de suministro glo- bal, incrementos de salarios y déficits fiscales producto del Ordenamiento y el enfrentamiento a la pandemia de la covid-19, depreciación del tipo de cambio informal, incertidumbre macroeconómica y social, entre otros.
5 A mediados de 2022 el gobierno intentó recuperar el mercado cambiario oficial, al devaluar el peso en el sector de los hogares hasta un valor cercano al informal de 120 pesos por dólar. Sin embargo, desfases en su implementación, restricciones para acceder a las divisas, falta de reacción a cambios en el entorno y otros problemas de comunicación, afectaron la credibilidad de la medida, lo cual condujo a una mayor depreciación del peso en el mercado informal.
6 Aunque se preservó la disciplina en la relación déficit/PIB varios autores han documentado la existencia de importantes déficits cuasifiscales (Hidalgo y Doimeadiós, 2016).
7 El incremento de la economía informal expresa otro conflicto de política, en este caso entre la apertura al sector privado y las incongruencias en su regulación. Entre 2010 y 2019 el empleo en el sector estatal se redujo en más de un millón de personas, de las cuales una parte encontró trabajo en el sector no estatal de la economía. Sin embargo, el aumento de los puestos de trabajo en el sector no estatal no compensó la caída del empleo en el sector estatal. Sin bien ello puede ser explicado por varias razones, una de ellas es el aumento de la actividad informal (Torres, 2021).
8 En 1997, al amparo de los decretos leyes n.º 172 y 173, se creó el Banco Central de Cuba (BCC) junto a un sistema financiero de dos niveles, y quedaron separadas las funciones de banca central y comercial y diversificadas las instituciones financieras. En sus años iniciales el sistema logró progresos notables en la modernización, informatización y desarrollo de nuevos servicios e instrumentos de ahorro y crédito.
9 Desde los años noventa han existido varios grupos de coordinación macroeconómica donde, con la presencia del BCC, el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Comercio Interior, entre otros, se analiza el equilibrio monetario en el sector de los hogares. Sin embargo, las decisiones que se toman en estos espacios no tienen, por lo general, carácter vinculante.
10 La devaluación del 2300 % asociada al Ordenamiento perse- guía corregir los problemas de falta de convertibilidad que prevalecieron en los últimos 30 años. Sin embargo, la combinación de agudos shock de oferta y demanda de divisas impidieron que la nueva tasa garantizara el equilibrio y la unificación del mercado cambiario.
11 El dinero cumple tres funciones básicas: medida de valor, medio de circulación y medio de atesoramiento.
12 Las cuasifiscalidades ocurren cuando partidas de índole fiscal no quedan explícita y correctamente registradas en el presupuesto del Estado (Hidalgo y Barceló, 2013).
13 Desde 2014 el presupuesto emite bonos soberanos para financiarse. Durante los primeros años la compra de los bonos fue compartida entre los bancos comerciales y el BCC. Sin embargo, a partir de 2017 estos instrumentos de deuda han sido adquiridos en su totalidad por el BCC.
14 Situación en la que los objetivos de política monetaria se subordinan a los objetivos de política fiscal.
15 El Decreto Ley n° 361 establece dentro de la misión del BCC: «promover, conforme a sus facultades, la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y contribuir al desarrollo armónico de la economía».
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