La estatización de la
economía cubana comienza con la nacionalización de las compañías petroleras en
mayo de 1959 y 23 grandes empresas en 1960, ambos grupos propiedad de capital
estadounidense; posteriormente se nacionalizaron otras empresas de capital
foráneo y nacional; fue un proceso que concluyo en 1968 con la “Ofensiva
Revolucionaria”, mediante la cual se estatizo hasta el último tenducho del
lugar más apartado del país. La agricultura ya había pasado a manos del Estado
(excepto las tierras que fueron entregadas a los campesinos mediante las dos
Leyes de Reforma Agraria y las pequeñas fincas, que no fueron nacionalizadas, a
los pequeños productores.
Mientras en Cuba se producían estas transformaciones, en el mundo socialista
de la época ya estaba en marcha la polémica alrededor del Sistema de Gestión de la Economía Socialista,
la que giraba en torno al llamado Cálculo Económico de la URSS, las Relaciones
Monetario Mercantiles y la vigencia de la Ley del Valor en el Socialismo. Cuba
participa del debate representada por Carlos Rafael Rodríguez, a la sazón presidente
del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se estableció entonces un
sistema de autogestión descentralizado, al estilo del Calculo Económico, y el
Che, en ese momento Ministro de Industria, que rechazaba la presencia de la
Relaciones Monetario Mercantiles entre las empresa del Estado, creó y puso en
funcionamiento el Sistema Presupuestario de Financiamiento, sistema muy
centralizado, donde las empresas funcionaban bajo los límites de un
presupuesto, controlado por una Contabilidad rigurosa y la eficiencia se medía
por la reducción de los costos, como parte del sistema se crearon las Empresa Consolidadas.
Fue un período de alto idealismo, con repercusiones trascendentes en la economía
de la nación, se pretendió construir la Sociedad Comunista en paralelo con el
Socialismo. Surge, en 1967, el Sistema de Registro Económico, con él se
eliminan la Relaciones Monetario Mercantiles entre todas las empresas del
Estado, por tanto no hay relaciones de cobros y pagos (sólo mediaba una
conciliación de documentos entre deudor y acreedor). La Contabilidad desapareció,
incluida la carrera universitaria de Contador Público, y en su lugar surgió la Licenciatura en Control Económico, mediante
ella los profesores del momento lograron mantener la enseñanza de esta
Ciencia.
Ocho años después, en 1975 se acordó por el I Congreso del PCC establecer
lo que se llamó el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE),
que se nutrió con la experiencia de los países socialistas de Europa, pero fue
una copia incompleta.
Se reestructuraron los Organismos de la Administración Central del Estado
(OACE), y se constituyeron los Órganos Locales del Poder Popular (OLPP) a
partir de los acuerdos del propio Congreso del PCC.
El proceso de establecimiento del nuevo SDPE comenzó con el reordenamiento
del Sistema Empresarial a partir de diferentes criterios de cada uno de los
OACE y los OLPP, ambos recientemente reestructurados y constituidos
respectivamente.
En 1982, se dicta la primera Ley de Inversión Extranjera con varias
restricciones.
El SDPE tuvo como premisa la planificación vertical, centralizada en alto grado, con un sistema de asignación de
recursos. Se reconoció la vigencia de las categorías mercantiles y resurgió la
Contabilidad aunque con serias dificultades, muchas motivadas por indisciplinas
administrativas de los funcionarios que debían tributarle la información primaria, al extremo que un
número importante de entidades fueron calificadas con “Contabilidad no
confiable” muchos nos preguntamos: ¿es eso Contabilidad? Las categorías de valor
sólo tuvieron efecto de cálculo.
Se estableció, por el recién creado Comité Estatal de Estadísticas (los organismos globales pasaron a nombrarse
Comité Estatal, copiando la nomenclatura soviética) el Sistema de Información
Estadística Nacional: un amplio conjunto de indicadores con el objetivo de
controlar el Plan a ello se sumó el Sistema de Información Estadística
Complementaria creado por los OACE, sin embargo, a pesar del elevado número de
indicadores el centro de atención para
los principales directivos de las empresas y organismos estuvo dirigido en lo
fundamental al cumplimiento del Plan de Producción.
Se puede afirmar que a la hora de medir los resultados en esos años el
indicador de mayor relevancia fue la Producción Bruta, otros indicadores como
el Fondo de Salario planificado o la Productividad (calculada sobre la
Producción Bruta) recibieron alguna atención sobre todo porque el Fondo de
Salario era asignado a través del Banco, quien lo controlaba por el porciento
de gasto salarial respecto a la Producción Bruta, o como se le llamó “Gasto de
Salario por peso de Producción”.
Esta forma de medición no conducía a buscar la eficiencia, implicaba hacer
Producción para cumplir el Plan y para ello se trabajaba con el surtido y los
precios, el mercado no tenía participación alguna, el espacio designado al
Contrato no era suficiente. Las reconocidas Relaciones Mercantiles no
funcionaban: las cuentas por cobrar y pagar eran saldos en el Mayor, madre de
la cadena de impagos que todavía nos acompaña.
Se decretó la libre contratación de la Fuerza de Trabajo, pero no se
lograron resultados halagadores, los índices de cumplimiento del plan de
productividad y los muy anunciados crecimientos sobre el año o los años
anteriores, enmascararon un alto nivel de Subempleo, con sus correspondientes
consecuencias.
Con el uso de los Medios de Producción no hubo mejor resultado: las
inversiones se dilataban en el tiempo, un elevado inventario de obras en
ejecución, algunas de ellas con equipos en el país listos para ser instalados y
pocas terminaciones, a lo que se agregaba el tamaño de muchas de las
inversiones que respondían al criterio del
gigantismo socialista imperante
entonces. Los inventarios de materiales crecieron innecesariamente, a tal punto que se creó una campaña contra los
inventarios ociosos. En suma, el valor de recursos inmovilizados llegó a
límites extremos, lo que fue más grave teniendo en cuenta el alto componente
importado.
El SDPE contempló un Fondo de
Estímulo, y un Fondo de Desarrollo, el primero no avanzó más allá de la
experimentación en algunas empresas “experimentales” y el segundo nunca se creó.
Como principio de dirección estaba explicita “la autonomía relativa de las
empresas”, en la práctica éstas estuvieron tutoradas por sus organismos
superiores, la autonomía nunca estuvo presente.
La concepción restringida del modelo, su praxis más limitada, las serias
insuficiencias en la administración y uso de los recursos, dieron al sistema
más penas que las glorias esperadas de él; nueve años de experiencia.
A partir de 1986, con la intención de encausar la economía por una
trayectoria más certera, objetiva y promisoria se inició, coincidiendo con el III Congreso del
PCC, el llamado “Proceso de
rectificación de errores y tendencias negativas”: se adoptaron decisiones
encaminadas a resolver los problemas relacionados con las deficiencias del
sistema de gestión vigente.
Se llamó a la organización del proceso
inversionista, del trabajo y los salarios, al aprovechamiento de la jornada
laboral, a desinflar las plantillas,
elevar efectivamente la productividad, reducir verdaderamente los costos de la
producción, buscar la rentabilidad.
No hubo un rediseño del Modelo, la Planificación continuó altamente
centralizada, se mantuvo el conjunto de empresas, aun cuando muchos organismos
realizaron reorganizaciones que las involucraban.
Estas decisiones no implicaron autonomía en la gestión.
En pleno proceso de rectificación se produjo el derrumbe del campo socialista
europeo. El país, con una economía altamente importadora, entró en una profunda
crisis económica al perder el 85 por ciento de su comercio exterior, tuvo
que enfrentar el doble bloqueo con las
duras consecuencias que esto traía, Estados Unidos aprovechó la oportunidad
para fortalecerlo. Entramos en el Período Especial en tiempos de Paz, comenzó
en el año 1991.
En ese contexto, la Dirección del país repensó la Política Económica y se
decidió, en primer lugar, salvar las conquistas sociales alcanzadas por la
Revolución hasta ese momento, de modo que las medidas de política económica que
se adoptaran no se convirtieran en un castigo para el pueblo como habitualmente
ocurre en otras latitudes, se dijo no al neoliberalismo para enfrentar la
crisis, si a la objetividad, el raciocinio y la valentía para enfrentar los
riesgos que cualquier nueva medida pudiera contener.
En 1992, se reformó la
Constitución a fin de ajustarla a las
nuevas condiciones que estaba viviendo el país, ello permitió emitir una nueva
Ley de Inversión Extranjera la que ofreció una mayor apertura al capital
extranjero que la vigente desde 1982; se constituyeron varias Empresas Mixtas
en diferentes sectores de la economía.
Se constituyó la Banca
Central y la red de Bancos Comerciales. En 1993, se despenalizó de la tenencia de divisas, se autorizaron las
remesas desde el exterior, se dolarizó la economía, surgió la dualidad
monetaria y se puso en circulación el
CUC, con una paridad de 1.0 CUC / USD, hasta que en un momento de entusiasmo,
el Banco Central decidió sobrevaluar el CUC en un 8 por ciento, medida que aún
hoy tiene sus efectos. Paralelamente, fueron creadas varias Instituciones
financieras no bancarias, alguna con participación de capital foráneo, lo que
contribuyó al financiamiento del comercio y la inversión.
Se radicaron en el país un
número importante de filiales o sucursales de empresas extranjeras, Se flexibilizó
el Comercio Exterior, y se otorgaron licencias de importación y/o exportación a
mayor número de empresas. En años más
recientes esa política varió hacia una nueva centralización más férrea, lo que
acentuó nuevamente el carácter monopólico del comercio exterior.
Se crearon Sociedades Anónimas de capital 100% estatal, que
operaron con determinado grado de
autonomía.
Se aplicó un conjunto de
medidas para el saneamiento financiero interno, entre ellas: Red de
establecimientos para la venta en divisa, ley del Sistema Tributario, medidas
para reducir subsidio a las empresas y los gastos presupuestarios e incrementar
los ingresos tributarios, fueron suspendidas un grupo de gratuidades.
En la agricultura se crearon
las Unidades Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC), las que nacieron muy apadrinadas por la empresa de acopio
con sus efectos en la autonomía de las mismas. Se entregaron tierras en usufructo. Se autorizaron
los Mercados Agropecuarios
Se autorizó el trabajo por
cuenta propia, con un número limitado de actividades, las que posteriormente fueron reducidas.
Con este conjunto de
medidas se logró enfrentar la crisis y el doble bloqueo, pero pareciera que la
intención no era que permanecieran porque siete u ocho años después de iniciado
este proceso el país retomó con más pujanza la política centralizadora. No hubo una
reestructuración de la economía, no se renovó el modelo de gestión; las
empresas estatales, con alguna que otra reorganización promovida desde arriba,
continuaron bajo la misma tutela y el mercado continuó sin una presencia real y
objetiva en la gestión de la economía.
Durante el VI Congreso del
PCC, del 16 al 19 de abril de 2011, se aprobaron los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución, éstos fueron actualizados en el
VII Congreso del PCC, celebrado en abril de 2016, en el que también se aprobó
la Conceptualización del Modelo Económico y Social, se adoptó la decisión de
continuar el rumbo socialista actualizando el modelo económico y cambiando todo
lo que debía ser cambiado para hacer más próspero y sustentable el desarrollo.
Ya, desde 2011 era muy evidente la necesidad de producir profundas
transformaciones en la forma de gestionar la Economía.
Los Lineamientos y la
Conceptualización son precisos en los principios y en los objetivos que
pretendemos lograr, en ellos se expresa que:
- En el
Modelo Económico y Social actualizado, el sistema de entidades de carácter
empresarial está compuesto por todas las formas de propiedad estipuladas por la
ley: de propiedad socialista de todo el pueblo, cooperativas, empresas mixtas,
privadas, así como de organizaciones políticas, de masas, sociales y otras
entidades de la sociedad civil.
- Todas
las entidades de carácter empresarial interactúan en beneficio del desarrollo
económico y social, funcionan bajo similares condiciones en los mercados y
están sujetas al cumplimiento del marco regulatorio y de control definido por
la ley
- Consolidar
el papel primordial de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los
medios fundamentales de producción
- La
propiedad socialista de todo el pueblo pertenece a los ciudadanos cubanos por
su condición de propietarios comunes. El Estado actúa en representación y
beneficio del propietario
- Las
entidades empresariales de propiedad de todo el pueblo están encargadas de
desempeñar de manera efectiva el papel principal en la producción de los bienes
y servicios de carácter mercantil, a partir del principio general de cubrir sus
gastos con sus ingresos, obtener utilidades y cumplir sus responsabilidades
sociales
- La
autonomía necesaria en la gestión y elevada responsabilidad social en el
cumplimiento de las funciones
- La
modernización de la estructura organizacional ‒incluidos los métodos de gestión
- La
remuneración debe ser suficiente para la satisfacción de las necesidades
básicas, el bienestar y la prosperidad del trabajador y su familia, en
dependencia de los resultados del trabajo aportado
- Reconocer,
regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado
- Perfeccionar
el Estado, sus … métodos de dirección,… concentrarlo en las funciones que le
son inherentes
- El
Estado norma sus relaciones con las entidades empresariales… A su vez, no
interfiere en la necesaria autonomía en la gestión de estas entidades.
- El
control: Es sistemático, eficiente y riguroso a cada nivel… A su vez, se
corresponde con la autonomía y las facultades otorgadas a los actores, y
permite su desempeño eficaz sin interferir en la gestión de estos.
- Estos conceptos fueron preceptuados en los Fundamentos Económicos de la Constitución de la República de 2019.
En los nueve años transcurridos desde el VI congreso se han desarrollado
algunas acciones no integrales, que implican a la propiedad socialista, la
cooperativa, la privada (inversión directa) y mixta (empresa estatal con
capital extranjero); pero es ineludible reevaluar la organización del sistema
económico productivo del país, con un enfoque sistémico que incluya todas las
formas de propiedad, buscando que la legítima y sana competencia, en igualdad
de condiciones ante el mercado, desempeñe su papel de premiar al más
competitivo.
La propiedad socialista de todo el pueblo se ejerce a través de la empresa
estatal socialista, donde el Estado actúa como representante de la propiedad.
La empresa estatal es el actor principal del modelo de desarrollo que queremos
establecer, la Constitución es bien precisa en ello:
ARTÍCULO 27. La
empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional.
Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel
principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus
responsabilidades sociales.
La más reciente regulación ha implicado la reorganización del sistema
empresarial estatal cubano desde arriba y en sentido vertical con la creación
de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), a las que se
subordinan las Empresas, y las Unidades
Empresariales de Base (UEB) subordinadas a una u otra; en esta reorganización
algunas empresas pasaron a convertirse en UEB, perdieron la personalidad
jurídica.
Aun cuando “las organizaciones superiores de dirección empresarial surgen por
necesidad de la dirección del Gobierno en sus diferentes instancias o
para sustentar la separación de las funciones estatales de las empresariales,…”
(DECRETO No. 335/2017), en muchos casos
las empresas continúan teniendo las mismas ataduras o tal vez más: se
subordinan a una OSDE, que la tienen más cercana, pero también tienen un OAC al
que responder. La autonomía está escrita en los textos, la práctica es otra.
Debe ser reestudiado el Sistema Empresarial Estatal, principal generador de
riqueza, de forma tal que nos cuestionemos:
- ¿Qué
empresa necesitamos?
- ¿Qué
empresa tenemos?
- ¿Cómo
está gestionada?,
- ¿Posee
la verdadera autonomía para que el empresario desarrolle a plenitud sus aptitudes
profesionales?
- Grado
de eficiencia, factibilidad de cada una.
- ¿Cómo
medir la eficiencia y factibilidad en las condiciones actuales en que la moneda
en que se registra el costo de los insumos está sobrevaluada?
- ¿Cuáles son las actividades que corresponden a este sistema y que no deben pasar a otra forma de propiedad?
La propiedad cooperativa tiene una
experiencia acumulada con la producción agropecuaria, contiene las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las Cooperativas de Producción
Agropecuaria (CPA), las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y los los
productores privados, todas en
un marco regulatorio que incluye la muy conocida empresa estatal de Acopio. Sin
embargo, a pesar de la experiencia, los resultados distan mucho de lo esperado
por la mesa de los cubanos y por la industria alimentaria.
La más mínima observación nos lleva a la
convicción de que la distribución de la tenencia y las formas de explotación de
la tierra en la Agricultura cubana requieren una mirada profunda, las cifras
dicen:
De la producción agrícola no cañera en
2018
- Las
empresas estatales producen el 12,8 % con el 32.2 % de la superficie agrícola.
- El
sector no estatal produce el 87,2 % con el 67.8% de la superficie agrícola.
El resultado: la producción agrícola de
2018 fue inferior a cualquiera de los tres años que le precedieron en productos
tan importantes como viandas, tubérculos, plátano, cebolla, pimiento, maíz,
cítricos y frutas, incidiendo en ello las dos formas de propiedad, con mayor
peso la estatal. A continuación dos tablas resumidas de esta situación de la
agricultura cubana.
Como algo novedoso en 2012 se aprueba la constitución de las cooperativas
no agropecuarias (CNA); son permitidas para algunos sectores, la puesta en
marcha de cada una ocurre después de un dilatado proceso de aprobación, que
concluye en la más alta instancia del gobierno de la República, con una
legislación que dicta limitaciones para su pleno funcionamiento, a modo de
ejemplo:
- Contratación
de trabajadores: “Las cooperativas podrán contratar trabajadores hasta tres
meses, dentro del año natural, para las actividades y tareas que no puedan
asumir los socios en determinado período.
- “La contratación a que se refiere el párrafo anterior no puede exceder el diez por ciento (10 %) del número de socios de la cooperativa”.
Esta legislación tiene que ser revisada en busca de flexibilidad para la
constitución y libertad para el funcionamiento, libre de “esto es lo que está
permitido”, de manera que la iniciativa individual y colectiva pueda actuar
dentro de lo que no está prohibido.
Sobre la propiedad privada, reconocida por la Constitución de la República
como “la que se ejerce sobre
determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o
extranjeras; con un papel complementario en la economía.” sólo hemos llegado a promulgar
una nueva Ley de Inversión Extranjera en marzo 2014, a ello nos referimos más
adelante.
Durante varios años se viene desarrollando lo que se ha llamado trabajo por
cuenta propia, limitado a un listado de actividades permitidas, en la práctica estos
emprendimientos han avanzado hasta el límite de que algunos pudieran
convertirse en micro, pequeñas o medianas empresas, pero estamos ante la ausencia de una norma jurídica que
permita la empresa privada, norma que espera por “la ley de empresa”, según el
cronograma legislativo de la Asamblea Nacional será elaborada en 2022.
Nadie cuestiona que el país necesita las empresas de propiedad privada con
un papel complementario en la economía, el siguiente cuadro nos muestra:
Cuánta manufactura de diverso tipo pudiera tener el sello cubano, incluido
diseño, marca y producción si le abriéramos ese camino a las PYME, vía que
conduce a la sustitución de importaciones y a las exportaciones, sólo un
ejemplo: pensemos en textiles y calzado…, marcas existieron que exportaban.
Pero más allá del surtido de productos o servicios, lo decidirán los
emprendedores en el mercado, la experiencia del trabajo por cuenta propia nos
muestra que las PYMES, forjarán empleo, introducirán tecnologías, buscarán como
satisfacer el mercado, acercarán al productor y el consumidor, provocarán
convergencia entre dueño, empresario y trabajador.
Una característica importante es que no se requiere grandes inversiones de
capital, aunque se pueden ofrecer alternativas de préstamo o crédito a estas
empresas mediante productos que oferte la banca comercial nacional o la
extranjera.
En nuestro país existe un consenso general, tanto académico como político, en cuanto a la importancia y
necesidad del desarrollo de las PYME, sólo falta la decisión de empezar.
El pasado 17 de junio en un artículo titulado “Implementar la PYMES: un
posible cómo”, publicado por Oscar Fernández en Progreso Semanal nos presenta una
oferta para comenzar, donde nos dice: “Utilicemos el CNAE” (Clasificador
Nacional de Actividades Económicas), y más adelante agrega: “El primer paso
lógico sería identificar… aquellas clases de actividades económicas en las que
la participación del sector privado no es compatible con los objetivos de la
construcción del Socialismo cubano”.
Concuerdo con Oscar, con este método conoceríamos de muy buena tinta las
actividades no permitidas, dando paso a la libre elección y creatividad de los
posibles emprendedores.
¿Por qué no empezamos?
Si tenemos una ley de inversión extranjera, si invitamos al capital
extranjero con la emisión anual de una cartera de oportunidades de inversión
extranjera, ¿por qué nos lleva tanto tiempo hacer una ley que permita movilizar
el ahorro nacional, si todos convenimos en su importancia y beneficios para el
país?
La nueva ley de inversión extranjera de 2014, comparada con la anterior, ofrece mayores posibilidades y
facilidades a los inversionistas extranjeros, incorpora nuevos sectores. En
este marco regulatorio se ha desarrollado la inversión directa de capital y las
empresas mixtas entre empresas estatales y extranjeras, se creó la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel; sin embargo el reglamento para su aplicación
genera un camino extenso y complejo muy parecido a la ley precedente; lo que
constituye un freno, por impotencia, para el inversor; téngase en cuenta los
plazos de tiempo legales que puede tener constituir una nueva empresa en otras
latitudes.
Debemos ofrecerle mejores condiciones al inversionista foráneo para que una
vez identificado el negocio y manifestado los intereses mutuos el proceso
marche sobre ruedas por una autopista. Necesitamos el capital y toda empresa
que se cree bajo estas condiciones será una empresa cubana y sus productos
tendrán el sello “Hecho en Cuba”, con todo lo que implica hacerlo en el país:
en términos fiscales, de distribución de utilidades, generación de empleo y mercado, ya sea para consumo nacional solamente o
también para la exportación.
Lloviendo sobre mojado, asignaturas pendientes que influyen en todo el
sistema, las llevamos de arrastre por varios cursos:
- La dualidad monetaria y cambiaria; es de
necesidad imperiosa una política cambiaria que además de contribuir a la
sustitución de importaciones y a incentivar las exportaciones, permita reflejar
nuestros costos reales.
- Mercado
mayorista donde concurran todas las empresas, alternativas hay: la estatal, tiendas
en MLC con mercancías a consignación, tiendas privadas de capital totalmente
extranjero con ventas en MLC de las que pudiera existir más de un propietario
en competencia; todas las alternativas en el marco que regule la ley y
tributando al fisco en la moneda con la que operan.
- Reconocer objetivamente el Mercado con su contenido.
Para lograr prosperidad es necesaria la riqueza y ella depende de la
productividad de toda la sociedad, debemos reorganizar nuestro sistema de
gestión económico productivo incluyendo a todos los actores, haciendo que la
Empresa sea la Empresa, con una filosofía reguladora que estreche los límites y
abra las puertas a las iniciativas individuales y colectivas. Tenemos el
diseño, ¿cuánto hay que esperar para poner en marcha la obra?.