Ricardo Torres: “El costo del esquema actual es invisible, pero es alto”

CUBA

Por Ricardo Torres Actualizado Nov 18, 2020

LA HABANA. Sobre el próximo reordenamiento monetario al que las autoridades cubanas están llamando al país existen aún múltiples interrogantes. Es lógico, en primer lugar, porque se trata del costo de la canasta de consumo, de las principales fuentes de ingresos y la seguridad económica de la población. Pero también la incertidumbre es acarreada por el hecho de que se trata de seis procesos que ocurrirán simultáneamente, como explica el profesor y economista cubano Ricardo Torres.

1. Sale una moneda de circulación, que es el Peso Convertible (CUC)
2. Unificación de los tipos de cambios, pues ahora existen varios para diferentes sectores
3. Devaluación de la moneda nacional (CUP)
4. Modificación (incremento) de los precios mayoristas y minoristas
5. Eliminación de subsidios
6. Incremento de salarios y pensiones

Todo esto comienza, como han indicado las autoridades, el denominado Día Cero. Pero los impactos de cada una de estas medidas no van a ocurrir simultáneamente.

Un tipo de cambio, una misma economía

Si tenemos en cuenta, como explica el profesor Torres, que el tipo de cambio (depreciado o apreciado) refleja la escasez o abundancia de divisas en una economía, cuando existe escasez de divisas en el país—como es el caso—, la moneda nacional tiende a perder valor. Pero la especulación incide también en estos valores, especialmente en el mercado informal, que es actualmente el único circuito donde la población que no recibe remesas puede adquirir divisas y acceder a productos esenciales que se ofertan en Moneda Libremente Convertible (MLC) y no en CUC.

“Entonces el tipo de cambio es el precio que viene a equilibrar la economía doméstica con el mercado externo. Si exportas menos, tu moneda nacional va a perder valor [aumenta el precio de la divisa], y cuando la moneda se deprecia, las importaciones te cuestan más caras. Por lo tanto, importas menos, y vuelves a ajustar la balanza”, explica Torres. Esto es una ecuación objetiva, más allá de consideraciones de otro tipo, que no tiene en cuenta las consecuencias para la ciudadanía de importar menos.

En todo caso, esto es una regla para economías de mercado, que no es el caso de Cuba. Según el economista, desde los noventa funciona en la Isla un esquema monetario y cambiario que descansó en dos signos monetarios, usados por sectores diferentes de la economía y con tipos de cambio diferentes. Durante mucho tiempo, dice, el tipo de cambio del CUC estaba garantizado por el Banco Central. En el caso de CADECA, fue el mecanismo para la población que le quitó la venta de divisas al mercado informal, que empezó por el tipo de cambio formal de 120 pesos por un CUC.

“Así sobrevivimos, pero eso de todas formas creó problemas. Porque se segmentó la economía por tipos de monedas y de accesos a esas divisas. Además de problemas en la medición de la actividad económica, porque no todos los pesos se transan con el mismo tipo de cambio. Este es un gran motivo para devaluar la moneda ahora, entre otros. Es necesario ese ordenamiento. El costo de tener el esquema actual es invisible, pero es muy alto y lo estamos pagando todos los días”, afirma Ricardo Torres.

Otro motivo, indica, son los “incentivos perversos” que introdujo para los exportadores ese tipo de cambio, ajustado a la baja con el tiempo hasta el 1×24 de hoy para la población, pero de uno por uno para el sector empresarial. Sencillamente se les entrega un peso cubano por cada dólar que exporten. Tal y como explica Torres, ese tipo de cambio de uno por uno para el sector empresarial es una realidad contable, no económica. Un peso en realidad no compra un dólar. Y tampoco las empresas pueden comprar cantidades ilimitadas de dólares a esa tasa, porque esa cantidad es asignada, es planificada anualmente.

Con este reordenamiento, tal y como han expuesto las autoridades, se espera que los insumos nacionales se abaraten frente a los productos importados. Al menos en los casos en los que ambos productos tengan una calidad similar. Otra cosa es si la industria nacional puede responder a esos incentivos, donde concurren aspectos institucionales y productivos. ¿Hay capacidad ociosa en muchas empresas que es fácilmente utilizable sin inversiones? No es seguro. Además, muchos insumos para esas otras producciones son importados.

Repartir el mismo pastel

Otros serán los impactos en la población. En palabras del profesor, “la riqueza que se crea en el país en el momento inicial del ordenamiento no cambia. No hay un peso más de producción, entonces no hay ganancia del poder adquisitivo para la media de la población, porque se trata del mismo pastel”.

Según las intervenciones de los funcionarios en las Mesas Redondas sobre el tema, se espera que las personas asalariadas del sector público salgan en una mejor posición económica de este proceso. Pero si un grupo recibe más, ¿significa que otro grupo recibe menos? De acuerdo a Torres, esto no se puede ver en términos de salarios, sino en términos de bienes y servicios. “Si unos grupos de población van a ganar en poder adquisitivo, lo que significa que van a comprar más pollo, por ejemplo, el resultado es que esa cantidad de pollo se resta para otro grupo, porque la cantidad del producto en el país sigue siendo la misma”.

Ahora bien, para muchas personas el ingreso garantizado a partir de estos cambios es cero. Esto modela, según opina el economista, dos grandes grupos poblacionales más vulnerables que otros a los impactos negativos del proceso de reordenamiento. En primer lugar, todas las personas del sector informal de la economía, que no son pocas, puesto que no acceden a salarios del sector público ni a pensiones del sistema de Seguridad y Asistencia Social. No es posible tampoco considerar de facto que todo este grupo como personas no trabajan porque no lo desean. En ese micro país hay mucha diversidad y causalidades que deben ser tomadas en cuenta por la dirección del país.

En segundo lugar, se encuentran los trabajadores por cuenta propia y el sector privado en general, ya que no reciben un ajuste salarial automáticamente al iniciar el proceso. “El día que comience, los privados tendrán que calcular cuánto pueden vender, a qué precio, y a partir de ahí determinar los salarios. En el sector estatal, eso ya va a estar calculado previamente a los cambios. El sector privado tendrá que ajustarse, después de las ventas”, explica Torres.

No estamos hablando de poder adquisitivo, que es otra discusión y estará más claro cuando finalmente se inicie el reordenamiento. Aquí se trata en primera instancia de los mecanismos de compensación, de la protección con que contarán las personas para este tránsito.

Otro asunto que indica el profesor es el tema de los ahorros. “Este es un tema más sensible, porque esos ahorros se van a depreciar. Las personas que han ahorrado, por ejemplo, en cuentas de plazos fijos durante años, al incrementarse los precios, esos ahorros van a valer menos. Aunque dejen el dinero en el banco, ese dinero perderá valor”, dice. La medición son los bienes y servicios a los que se puede acceder con ese dinero antes y después.

Y también están los precios, con tendencia al alza desde hace un tiempo, debido a la presión que ejerce en ellos la escasez. Por una parte, la dirección del país explicó que para garantizar que los precios del sector privado no crezcan más allá del diseño esperado, se van a implementar rebajas de impuestos, aumentará el mínimo deducible para las actividades permitidas y habrá una negociación con los gobiernos locales.

Para el profesor, no están claras las garantías de ese control sobre los precios, por varias razones. Según explica, “no hay garantías de que las negociaciones con los gobiernos locales sean efectivas; también existe un proceso inflacionario en marcha debido a la escasez aguda y por las mismas expectativas de las personas ante el reordenamiento; y, por ejemplo, está el mercado informal. ¿Cómo puedes negociar con el sector informal, si por definición no tiene rostro? Y este es una parte muy importante de nuestra economía, más ahora que ya abrieron los aeropuertos”.

“No conozco ninguna teoría económica —agrega— para controlar los precios en el sector informal, como no sea desaparecerlo, que no exista porque no haga falta. Eso no se hace administrativamente. Entonces este sector actúa como ancla, porque brinda los bienes y servicios que no encuentras en el sector formal. Por lo tanto, si el costo de la vida crece, también lo harán los precios de ese mercado”.

También respecto a los precios, habría que analizar el costo calculado de la canasta básica —que no es solamente la canasta familiar normada que se recibe por la libreta de abastecimiento—. En su exposición, Torres indica que los precios tenidos en cuenta para esos cálculos continuarán creciendo después el Día Cero, por lo que es de esperar que a medida que pase el tiempo, el costo de esa canasta por la que se fijarán salarios y pensiones ya no sea de 1500 pesos.

Demasiados factores externos inciden además en el aumento del flujo de divisas que contribuye a estabilizar el valor de la moneda nacional; y muchos de ellos no están en manos de las autoridades cubanas. Entre ellos, el profesor menciona la recuperación de la industria del turismo en el mundo y las medidas para revertir sanciones a viajes y remesas que podría tomar el presidente electo en Estados Unidos Joe Biden, una vez instalado en la Casa Blanca. Ninguno de ellos depende de Cuba.

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Devaluación monetaria

By Rodrigo Borja

Es la disminución del valor oficial de una moneda por decisión de la autoridad pública. Entraña un cambio en la relación de valor que ella mantiene con otra u otras monedas que le sirven de referencia o, para decirlo en otras palabras, una modificación de la paridad cambiaria.

Por tanto, la devaluación significa disminución de la capacidad adquisitiva del signo monetario, tanto con relación a otras monedas como a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.

Sus efectos son beneficiosos para las exportaciones de un país, ya que ellas reciben divisas de mayor valor con relación a la moneda local, y encarecen las importaciones, puesto que se requiere más cantidad de dinero que antes para pagar las compras al exterior. Por eso, cuando un país tiene problemas de balanza de pagos, la devaluación se usa, entre otras medidas económicas, para restablecer el equilibrio por la vía de alentar las exportaciones y desalentar las importaciones.

La devaluación difiere de la desvalorización monetaria, puesto que ésta es una depreciación de facto y no deseada de la moneda, a causa de diversos factores de la economía, mientras que aquélla se origina en una resolución voluntaria de la autoridad pública que decreta la reducción del valor en oro de la moneda y, por tanto, de su paridad de cambio con las demás monedas.

La operación contraria a la devaluación es la revaluación monetaria, que consiste en la decisión de la autoridad estatal de subir el valor de la moneda nacional en relación con las monedas de otros países y modificar, por tanto, la paridad cambiaria con ellas.

Las primeras operaciones devaluatorias se efectuaron bien entrado el siglo XX. Francia la hizo en 1926, Inglaterra en 1931, los Estados Unidos en 1933. Desde entonces la devaluación devino en un instrumento de manejo macroeconómico, aunque sus efectos son muy negativos sobre el nivel de precios y, consiguientemente, sobre la situación económica de la gente pobre que, con sus ingresos fijos, no tiene medios de defenderse. En los últimos años ella ha formado parte del repertorio de “recetas” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los organismos multilaterales de crédito para los países del >tercer mundo.

Hay básicamente tres clases de devaluación: una que persigue estabilizar la economía, al consagrar una desvalorización ya producida en la unidad monetaria, y que busca el crecimiento de la producción sobre bases más sólidas; otra de carácter “defensivo” que sirve para proteger los intereses de un país ante la devaluación decretada por otro con el cual mantiene intercambios comerciales; y una tercera, que es la devaluación “ofensiva”, destinada a fomentar las exportaciones y ampliar sus mercados mediante el establecimiento de nuevas relaciones de precios.

El sistema económico y monetario mundial de la postguerra, que se estableció en la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods en julio de 1944, implantó un estricto control de los desplazamientos internacionales del capital financiero y una alta rigidez cambiaria. Algunos economistas atribuyen a esos controles las elevadas tasas de crecimiento económico, productividad y empleo que se dieron en el mundo en aquella época. En cambio, en la era de la globalización, la absoluta libertad de movimiento de los capitales por los mercados financieros del planeta llevó a la “flotación” de las monedas y a la acentuada volatilidad de los tipos de cambio. Lo cual indujo a las instituciones financieras y bancarias y a las empresas productivas a movilizar sus capitales, diversificar sus inversiones y comprar activos financieros de diversa clase en distintos países para defenderse de los riesgos del cambio. Es decir, les indujo a especular. Canadá, Alemania y Suiza en 1973, Estados Unidos en 1974, Inglaterra en 1979, el Japón en 1980, Francia e Italia en 1990 suprimieron todas las restricciones a la movilización internacional de capitales. El sistema fue copiado por los países latinoamericanos bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los países de Asia resistieron por más tiempo. Pero, de todas maneras, el sistema desembocó en una economía internacional de especulación.

En esa línea de acción, los especuladores compran divisas cuando están baratas para venderlas cuando están caras. Muchas de esas transacciones tienen cortísimos plazos: en instantes, horas o días se hacen movimientos cambiarios de ida y vuelta. Y los Estados resultan impotentes para controlar ese flujo de capitales “desregulados”, con sus bruscos cambios de dirección y oscilaciones caóticas en las cotizaciones. Se trasladan de la Bolsa de Tokio a la de Frankfurt, o de la Bolsa de Londres a la de Sao Paulo miles de millones de dólares en un instante. En el ciberespacio se mueven capitales varias veces superiores al monto de las transacciones de la economía real y forman las llamadas “burbujas financieras”.

Aunque no compartimos las tesis del monetarismo, que exageran la influencia de la moneda y de la política monetaria en el curso de la economía de los países, no podemos dejar de reconocer que la firmeza cambiaria contribuye a estabilizarla. Una baja pronunciada de su divisa significa para un país, desde la perspectiva macroeconómica, la disminución de sus importaciones frente al aumento de sus exportaciones por la vía del encarecimiento de los bienes y servicios extranjeros, pero además determina la elevación de los costes de producción de las empresas que trabajan con materias primas e insumos importados, con la consiguiente pérdida de <competitividad del país en esas ramas industriales. Y, desde el punto de vista microeconómico, el deterioro cambiario implica la reducción del poder de compra de la gente porque los alimentos y artículos que vienen del exterior cuestan más. Recuerdo que en la crisis de Indonesia (1997-1998), en que la moneda nacional —la rupiah— perdió el 50% de su valor, millones de personas cayeron en la penuria puesto que el arroz importado que consumían masivamente subió de precio. Algo parecido ocurrió en Ecuador cuando el gobierno demócrata-cristiano decidió a comienzos del año 2000 devaluar la moneda nacional —el sucre— en cinco veces, como paso previo para ir hacia la dolarización: hubo un empobrecimiento repentino y general de la población, que vio drásticamente mermado su poder de compra. En cambio, el alza de la cotización de la moneda nacional produce el fenómeno contrario: se abaratan las importaciones y se encarecen las exportaciones. Todo lo cual demuestra los efectos que las fluctuaciones de la moneda —vía devaluación o desvalorización o vía revaluación o revalorización— tienen para la economía de un país.

Después de la tormenta... el país que nos debemos

Aunque el país logró prepararse y tomar las medidas necesarias para evitar, en primer lugar, pérdidas de vidas humanas, así como daños materiales, la tormenta tropical Eta impactó, fundamentalmente, en la agricultura, los viales, las viviendas y el abasto de agua

Autor: Yudy Castro | castro@granma.cu

Autor: Yaditza del Sol González | internet@granma.cu

Autor: Leidys María Labrador Herrera | leidys@granma.cu

Autor: Mailenys Oliva Ferrales | internet@granma.cu

19 de noviembre de 2020 02:11:51

Tras las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Eta, en los macizos cafetaleros cubanos hay grandes cantidades del cerezo goteado, o con un alto grado de maduración. Foto: Archivo de Granma

Aunque el país logró prepararse y tomar las medidas necesarias para evitar, en primer lugar, pérdidas de vidas humanas, así como daños materiales, la tormenta tropical Eta impactó, fundamentalmente, en la agricultura, los viales, las viviendas y el abasto de agua, informó este miércoles Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, en el programa Mesa Redonda.

El propio 8 de noviembre, recordó, tuvo lugar una reunión del Órgano Económico y Social del Consejo de Defensa Nacional, encabezada por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la cual fueron evaluadas las áreas de mayor riesgo, el estado de los embalses y, a partir de la experiencia de los cubanos en el enfrentamiento a estos eventos, se adoptaron todas las medidas para minimizar los daños.

Cuba se preparó, dijo Gil Fernández, al tiempo que repasó el sistema de trabajo establecido por el Gobierno, en contacto directo con los territorios, para llevar adelante la recuperación.

Tras el paso de la tormenta, apuntó, la máxima dirección del país recorrió las provincias más afectadas, donde fueron constatados los perjuicios y, sobre todo, el apoyo del pueblo para revertir las pérdidas.

Como parte de las medidas, apuntó, fueron evacuadas alrededor de 89 000 personas, unas 73 000 en casas de familiares y amigos, lo que demuestra la vocación solidaria de los cubanos, y otras 16 000 en centros de evacuación.

«Se aprecian daños para el país y la economía, pero lo más importante es que estamos enfrascados en la etapa de recuperación, en la cual el pueblo ha participado de manera disciplinada», resumió.

Durante su intervención, reconoció la situación tensa de la economía, de ahí la importancia de trabajar con mucho empeño para recuperarnos en el menor tiempo posible, pues los daños son reales.

Respecto a las proyecciones para 2021, Gil Fernández acotó que «se incrementan los niveles de actividad en determinados renglones agrícolas, y las acciones de recuperación nos pondrán en mejores condiciones para enfrentar el nuevo año, pues en muchos lugares la solución a los impactos está siendo definitiva».

La recuperación, subrayó, no se concreta de un día para otro; pero el país dispone de los recursos básicos fundamentales para asumir el restablecimiento de la agricultura, el área hidráulica, y a ello se suman las reservas operacionales con las cuales funciona la economía. Todo ello, apuntó, nos permite responder con prontitud ante los daños, a pesar de las limitaciones.

Al concluir, el Ministro de Economía y Planificación evocó el pensamiento del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, quien nos enseñó a trabajar con firmeza, consagración, capacidad de respuesta, disciplina y, sobre todo, con la unidad de nuestro pueblo.

«Nos corresponde mirar hacia adelante, buscar reservas y potencialidades. Ya nos vamos recuperando en algunas actividades y las tareas de mayor importancia de la estrategia avanzan, lo que nos permite laborar no solo en pos de la recuperación, sino a favor del desarrollo económico y social», concluyó. 

PRINCIPALES AFECTACIONES EN LA AGRICULTURA

La campaña de frío tributa al país más del 60 % de la producción del próximo año, al menos en los cultivos principales; de ahí que desde el mes de julio se empiecen a preparar las tierras para iniciar en septiembre la siembra de viandas, hortalizas, granos y otros alimentos, recordó Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura durante su intervención.

Nuestra agricultura, señaló, llegó a esta campaña con antecedentes no muy favorables, debido al paso de la tormenta tropical Laura en agosto y las afectaciones que provocó en la producción de plátano en varios territorios, así como las abundantes lluvias reportadas en las últimas semanas, que han dificultado la preparación de las tierras.

«El paso de Eta vino a acentuar esta situación que ya teníamos».

Tras el balance realizado hasta la fecha –pues todavía hay lugares donde, debido a las inundaciones, no se ha podido terminar de cuantificar las pérdidas– se reportan afectaciones en 12 cultivos:

• Plátano: se afectaron 1 858 hectáreas, con un estimado de 6 962 toneladas, en tanto se han recuperado 356 hectáreas.

Según destacó Rodríguez Rollero, el país se encuentra inmerso en un proceso gradual de reordenamiento de las plantaciones, pues en el caso del plátano no se elimina la cepa, se queda, y esa plantación se va preparando para volver a la producción. 

• En el caso del frijol, que es un cultivo de ciclo corto, muy susceptible a la humedad, se reportan daños en 3 451 hectáreas, con un estimado de 1 458 toneladas, y se han recuperado 294 hectáreas.
• Maíz: se dañaron 1 415 hectáreas, con un estimado de 468 toneladas, y se han recuperado 158 hectáreas.

Tras estos daños y otras problemáticas que ya se venían reportando en este cultivo, no se podrá cumplir el plan previsto de entrega al balance.

• Tomate: hubo pérdidas de 1 105 hectáreas, con un estimado de 2 489 toneladas. Se han recuperado 45 hectáreas.
• Yuca: se dañaron 4 052 hectáreas, con un estimado de 10 225 toneladas. «En este caso, como se trata de un cultivo susceptible al exceso de humedad, una gran cantidad se pudrió bajo la tierra, y hasta la fecha se han logrado recuperar 646 hectáreas».
• Cebolla: hubo pérdidas de 74 hectáreas, con 831 toneladas, y no se reporta recuperación.
• Boniato: se dañaron 875 hectáreas, con un estimado de 1 126 toneladas, y se han recuperado 189 hectáreas.
• Arroz: se afectaron 9 945 hectáreas, con un estimado de 19 576 toneladas de arroz cáscara húmedo, que representan unas 10 000 toneladas de arroz consumo. Se perdieron totalmente cerca de 2 800 hectáreas y 7 300 toneladas.

Aunque cumplimos el plan reajustado para este año, de unas 104 000 toneladas  de arroz, en el sistema de agricultura, y como parte de la campaña de frío, cosechamos el arroz, lo ponemos en silo y lo dejamos para molinar en el mes de enero del próximo año, precisó el Ministro.

No obstante, como consecuencia de las afectaciones, no podremos hacer todo lo que teníamos proyectado, puntualizó, pues el exceso de agua arrastró el arroz, y tapó plantaciones que ya estaban florecidas.

El llamado es a sacarle la parte positiva a estos daños, cosechar todo el arroz que sea posible y preparar una buena campaña de frío.

• En el caso del café, hay afectaciones en 882 toneladas de café cereza por goteo, y un estimado de 114 toneladas de café oro.
• Cacao: los daños se observan en 74 hectáreas, con un estimado de 0,92 toneladas.
• Tabaco: de 1 171 hectáreas, se reportan 584 perdidas y 222 afectadas. Por otra parte, hay más de 189 600 canteros de semilleros tradicionales de tabaco totalmente perdidos y 88 445 afectados, así como 329 millones de posturas destruidas.

Como media, las principales afectaciones en los cultivos antes mencionados se reportan en Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Pinar del Río.

• En la agricultura urbana, suburbana y familiar, se afectaron más de 39 000 canteros.

De forma general, precisó el Ministro de la Agricultura, tras el paso de Eta se afectaron 24 691 hectáreas, con una producción estimada de 43 162 toneladas de productos agrícolas; no obstante, se han recuperado

1 688 hectáreas.

• En relación con los animales y la infraestructura asociada a la agricultura, no se reportan perjuicios afectaciones de consideración. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA RECUPERACIÓN 

• Se impulsa el desarrollo de las campañas de siembra de cultivos varios, tabaco y arroz, como parte de la campaña de frío, sin renunciar a una sola hectárea de lo planificado, aun cuando haya que cambiar la estructura de cultivos.
• Se prioriza la zafra cafetalera, para cosechar todo el café maduro que existe y evitar el goteo del grano. La intención es que se acopie el que está en el suelo hasta donde sea posible.
• Se estimula la preparación de la tierra y la siembra de la campaña tabacalera.
• Se cosecha al máximo el arroz maduro acamado, se estiman bien las pérdidas y se adoptan medidas para iniciar, cuando sea posible, la campaña de frío.
• Se recuperan y siembran las casas de cultivos, en las que se desmontaron las cubiertas. 

UNA VEZ MÁS PRUEBA SU VALÍA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CUBANA

La infraestructura hidráulica con que cuenta el país fue vital para evitar que, durante el azote de Eta a la Isla, las intensas lluvias tuvieran nefastas consecuencias en materia de inundaciones, afirmó Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (inrh).

De acuerdo con el directivo, la existencia de un sistema de trabajo conjunto con el Instituto de Meteorología, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y la Defensa Civil, permitió una preparación previa al paso del evento.

El monitoreo constante de la situación climatológica hace posible informar, de manera oportuna, no solo a la máxima dirección del país, sino a organismos grandes consumidores de agua y que, a la vez, pueden sufrir significativas afectaciones, como es el caso del grupo empresarial Azcuba, la Agricultura y la Industria Alimentaria.

«Se ha trabajado para fortalecer el sistema de alerta temprana, lo que permitió anticiparse 72 horas al paso del evento, para realizar las operaciones necesarias que pudieran evitar mayores daños e inundaciones», aseguró. 

SITUACIÓN HIDROLÓGICA DEL PAÍS

• Hasta octubre, precipitó en Cuba el 102 % de la media histórica para el periodo, y solo en ese mes llovió el 140 % del promedio registrado.
• En los primeros cinco días de noviembre llovió el 60 % de la media para el mes, por lo que se recibió al evento con suelos saturados y volúmenes importantes en los embalses.
• Del 6 al 12 de noviembre se acumuló el 152 % de la media para el mes (occidente 193 %, centro 223 %, y oriente 84 %). 

DURANTE EL AZOTE DE ETA:

• 121 estaciones tuvieron acumulados superiores a 200 mm.
• 34 superiores a 300 mm.
• 9 superiores a 400 mm. 
• 2 superiores a 500 mm.

«La infraestructura hidráulica existente en el país permitió retener un alto porciento de esos volúmenes en nuestros embalses, y que el resto no se vertiera de manera súbita», explicó el Presidente del inrh.

Al iniciar el evento, los embalses cubanos se encontraban a un 69 % de llenado y, durante el evento, se superó la media en 102 millones, y se llegó, así, al 75 %.

Rodríguez Rodríguez explicó, además, que durante el paso de Eta se lograron recuperar 848 millones de metros cúbicos de agua, pero el volumen vertido fue de 1 449 hectómetros, «quiere decir que, si no existieran los embalses, hubieran sido más de 2 000 millones de metros cúbicos inundando diferentes zonas», apuntó.

Aunque los daños fueron mínimos y de poca trascendencia en este sector, hubo 103 equipos sin roturas, porque fueron evacuados a tiempo y ya se colocaron todos. De las 26 averías en conductoras, 23 ya fueron resueltas, y la falta de electricidad en áreas del sector se restableció, en menos de 48 horas, en todos los casos.

De acuerdo con el titular del inrh, el compromiso con el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y con la máxima dirección del país y con el pueblo, es que cada cosa que se haga en función de recuperar las afectaciones tenga más calidad que antes.

La experiencia, tras el paso de la tormenta tropical, fortalece la voluntad del país de seguir adelante con lo previsto en el planeamiento hidráulico, que incluye la construcción de 530 embalses, de los cuales ya se han materializado 242. 

 

¿POR QUÉ HAY RESTRICCIONES DE ABASTO EN ALGUNAS ZONAS DE LA HABANA?

En respuesta a esta interrogante, el Presidente del inrh señaló que «el hecho de que haya llovido no implica que espacialmente haya llovido en todos los lugares. El hecho de que una cuenca esté en estado normal no significa que tenga el nivel medio que deberíamos tener para esta fecha».

«Aunque se han recuperado algunas fuentes, otras, como es el caso de Ariguanabo, no llegan a ese nivel medio necesario y, por ese motivo, existen restricciones para el abasto», afirmó.

Finalmente, refirió que, en lo logrado hasta hoy, ha sido determinante el vínculo con los consejos de defensa provinciales, así como con los ministerios de Economía y Planificación, y de Finanzas y Precios, para tener claridad de la disponibilidad de recursos y ser más objetivos en todo lo que se haga. De igual manera, calificó de beneficioso el contacto con el pueblo a través de las redes y el apoyo de los medios de comunicación.

«Se ha estado intercambiando con gobernadores e intendentes, porque el plan de desarrollo hidráulico hay que llevarlo hasta los municipios», concluyó.

 

El programa constructivo en el país apuesta, durante esta etapa de recuperación, a la búsqueda de soluciones rápidas, eficaces y más duraderas, de cara a futuros eventos meteorológicos. Foto: Leidys María Labrador Herrera

SOLUCIONES RÁPIDAS Y MÁS DURADERAS PARA EL PROGRAMA CONSTRUCTIVO

Con significativas afectaciones en viviendas y viales a lo largo de todo el territorio nacional, asociadas a las intensas lluvias de Eta, el programa constructivo en el país apuesta, durante esta etapa de recuperación, a la búsqueda de soluciones rápidas, eficaces y más duraderas, de cara a futuros eventos meteorológicos.

René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, manifestó que, a pesar del impacto negativo del fenómeno hidrometeorológico, se podrá honrar el plan de la vivienda para este 2020, que es de 41 014 viviendas, de las cuales, hasta el cierre del mes de octubre se habían culminado 40 215 casas, lo que representa el 98 % de lo comprometido.

Precisó que este programa se ha comportado de forma creciente en los últimos años, con el propósito de frenar el deterioro del fondo habitacional en Cuba, mediante las moradas construidas por el Estado; las viviendas subsidiadas, conocidas como células básicas para familias vulnerables, y las construcciones por esfuerzo propio.

 

ESTOS PROGRAMAS EN 2020 SE COMPORTAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

 

• 23 429 casas construidas por esfuerzo propio.
• 10 547 por el plan estatal.
• 6 239 subsidios (células básicas).
• Aun cuando estas cifras demuestran que se trabaja para fortalecer el ritmo constructivo en el país, Mesa Villafaña señaló que, previo a las afectaciones de la tormenta tropical, en la Isla se han reportado en los últimos 20 años 1 160 886 daños asociados a eventos climatológicos.

 

De estas afectaciones, dijo, han sido resueltas 1 107 330 viviendas, quedando pendientes 53 556 casas, de las cuales el 96 % son derrumbes totales o parciales, teniendo en cuenta que se le ha dado prioridad a la solución de los daños de cubiertas.

Respecto a los impactos negativos provocados por Eta, informó que aún se cuantifican los perjuicios, tanto en el fondo habitacional como en los viales, debido a que quedan zonas de la montaña donde pudieran aparecer nuevos reportes.

Para ello, «se visitan los hogares, para conformar las fichas técnicas, evaluar la magnitud de la afectación y los recursos que demandan, a partir de que más del 95 % de los aseguramientos está en los territorios», significó. 

SE REPORTAN PRELIMINARMENTE 779 AFECTACIONES:

• 49 derrumbes totales.
• 160 derrumbes parciales.
• 62 derrumbes totales de techo.
• 470 derrumbes parciales de techo.

Se incluyen las filtraciones en cubiertas, las cuales recibirán soluciones con impermeables que se producen en el país.

Además, se reportan 251 afectaciones a facilidades temporales (personas afectadas por eventos anteriores).

El titular del ramo comentó que los territorios más afectados han sido Ciego de Ávila, con 305 viviendas; Sancti Spíritus, con 157, y Granma, con 134; seguidos por Pinar del Río (70); Villa Clara (62); Artemisa (29); Camagüey (10); Guantánamo (5), y Cienfuegos y Las Tunas.

Mesa Villafaña destacó la prontitud con la que se ha actuado en las provincias para dar respuestas a las personas afectadas, logrando que, hasta la fecha, hayan quedado resueltas 116 viviendas.Los mayores avances se encuentran en Granma, con 98; Ciego de Ávila, con 17, y Camagüey, con cuatro.

Aclaró que se priorizan las soluciones de derrumbe total y parcial de techo, las cuales deben quedar culminadas antes del cierre del año. Indicó que los derrumbes parciales y totales de viviendas «se incorporan a la erradicación de afectaciones climatológicas por eventos meteorológicos extremos, que es un programa priorizado dentro de las asignaciones de los recursos del país, con seguimiento por los gobiernos territoriales.

Puntualizó que se reportaron daños en los viales de 11 territorios, con más de 150 afectaciones principales, de ellas 97 en vías, 29 en obras de fábrica y 26 en puentes. «Estamos trabajando para resolver en noviembre y en diciembre estas afectaciones, con el apoyo de varias brigadas», expresó.

El directivo mencionó, entre las acciones para minimizar los daños en el sector, frente a los intensos periodos de lluvia, la integración de varias entidades, inversionistas y proyectistas, para acometer obras de mayor inversión, pero con más durabilidad y resistencia.

En ese sentido, destacó el reinicio reciente de la fábrica de cemento de Cienfuegos, detenida por afectaciones hidráulicas, cuya entrega diaria de 3 500 a 4 000 toneladas, permitirá agilizar las obras constructivas en todo el país.

El desempleo ni es socialista ni es revolucionario

Por Joaquin Benavides, La Joven Cuba

En Cuba el número de desempleados formales es de alrededor de 1 millón 200 mil hombres y mujeres en edad laboral, el 17% de la población capaz de trabajar.

Pocas tareas hay más importantes para un gobierno que se declare continuador de la Revolución y que se encuentre al frente de un Estado cuya aspiración sea el socialismo, que procurar empleo útil para su población de hombres y mujeres. Económica y socialmente pudiera ser considerado tan importante o más que garantizar educación y salud universales y gratuitas. El problema radica en que a largo plazo puede resultar una tarea casi imposible mantener altos estándares de educación y salud sin costo para todos sin lograr el pleno empleo.

Para quien lo dude, le invito a que piense si puede encontrar una fuente mayor de creación de riqueza que el trabajo. Y si es posible sin la creación de riquezas, crear y mantener esos altos estándares de educación y salud ya referidos. En la medida que sea empleada una fuerza de trabajo más calificada, mayores serán sus posibilidades de crearla.

Hablar de planificación centralizada a mediano y largo plazo y no plantearse el problema ni buscar una vía de solución para encontrar empleo útil para la totalidad de los hombres y mujeres de cualquier edad y calificación en capacidad y posibilidades de ocupación, es negar el principio mismo de la planificación y su utilidad para guiar el desarrollo y la justicia social. No es esta una crítica hueca, estoy constatando una realidad de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 30 años, por lo menos.

Algunas cifras ayudarán a ilustrar el problema.

Hasta el 31 de diciembre de 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la población en edad laboral ascendía a 7 millones 123 mil, de los cuales 3 millones 723 mil son hombres y 3 millones 399 mil son mujeres. Están ocupados en trabajos estatales, cooperativas, sector privado campesino y trabajadores por cuenta propia un total de 4 millones 642 mil, lo que representa el 65%. De ellos, son hombres 2 millones 830 mil, el 76% de los que tienen edad laboral; y mujeres, 1 millón 812 mil, el 53% de las que tienen edad laboral.

Entonces, con edad laboral y que no trabajan existen 2 millones 481 mil personas, lo que representa el 35%.

Tenemos problemas en el índice de natalidad y con la proyección de trabajadores a largo plazo, pero a mediano plazo tampoco es pequeña la reserva laboral sin utilizarse. De ese total se puede estimar sin mucho margen de error que 1 millón 200 mil son estudiantes en edad laboral y/o movilizados para el servicio militar. A estos habría que añadir, para excluirlos también en la población económicamente activa neta en la fecha tomada como referencia, a los que, teniendo edad laboral en el momento dado, estén incapacitados para el trabajo, total o parcialmente, permanente o temporalmente o acogidos a uno u otro régimen de seguridad social.

Quedarían como desempleados formales alrededor de 1 millón 200 mil hombres y mujeres en edad laboral, el 17% de la población capaz de trabajar. Este número resulta un muy negativo índice tanto desde el punto de vista económico como social.

Ocurre además que como efecto de la aplicación de la acertada estrategia económica planteada y, dentro de ella, el ordenamiento monetario que prevé la indispensable y necesaria devaluación del peso cubano (CUP) en las relaciones inter-empresariales, muchas de las actuales empresas estatales resultarán irrentables. Por ello, tendrán que redimensionarse y producir una drástica racionalización de personal, generando un excedente laboral cuantioso que se ha calculado en cientos de miles de trabajadores.

Dar empleo a 1 millón de desempleados y de trabajadores racionalizados con un salario mínimo de 2500 pesos mensuales, supondría un gasto anual en subsidios de al menos 30 mil millones de pesos. Que el Estado desembolse esa suma sería completamente imposible. Tendría el Presupuesto para ello que afectar los fondos que se dedican a educación y salud.

No habría otra posibilidad para resolver este problema consustancial al ideal socialista que introducir como parte de lo que autoriza la Constitución de la República al capital privado, a través de las micro, pequeñas y medianas empresas –conocidas mundialmente como Pymes–, y a la inversión extranjera. Además, podría también flexibilizarse y facilitar el trabajo por cuenta propia, para que a mediano plazo encuentre empleo productivo toda esa enorme reserva laboral, lo que la convertiría en un factor complementario importante para el desarrollo del país.

A partir de que se determine el llamado Día 0, el cual marca el inicio del ordenamiento monetario largamente esperado e imprescindible para que la economía pueda comenzar a funcionar de manera eficiente, esa gran masa de cubanos para los cuales no habrá aumento de salarios, pero sí incrementos de precios, no tendrán otra alternativa para subsistir y sostener a sus familias –ya que para ellos la asistencia social sería solo un paliativo– que buscar en un empleo informal la solución de sus problemas económicos.

El empleo informal no es legal y propicia que las autoridades, incluidas las policiales, en su esfuerzo porque todas las actividades económicas se ejerzan según lo establecido en las leyes, lo consideren un delito por el cual se debe responder ante los tribunales. Pensar en aceptar eso es una visión kafkiana.

Llegar a los extremos en los cuales debamos convivir con esa inmensa masa de desempleados o de empleados de manera informal solo por no ser capaces de tomar las medidas adecuadas que viabilicen el desarrollo de las Pymes, no sería racional, aunque algunos retrógrados siguen pensando que solo las empresas estatales pueden salvar al socialismo en Cuba.

Tales retrógrados se consideran socialistas, sin embargo asumen en el afán de defender su posición atrincherada que puede concebirse un gobierno socialista, proclamado como tal, a pesar de que más de un millón de sus conciudadanos en edad laboral no puedan acceder a un empleo legal y que, de paso, son llevados a delinquir para lograr el sustento personal y familiar. Quienes así piensan o son unos ignorantes teórica y políticamente, o hay mala intención al pretender con su retranca solapada que los cientos de miles de cubanas y cubanos obligados a mantenerse en la ilegalidad para poder trabajar y sostener a sus familias, se conviertan en una reserva de oposición política.

Creo que se puede entender perfectamente, sin necesidad de ser economista, que a las empresas estatales sería más adecuado denominarlas como públicas. En ellas deben concentrarse los principales activos que determinan la estrategia del desarrollo económico y social del país. Pero creo también que igual se puede entender perfectamente, si se examina de manera objetiva la situación, que al sector estatal o público ya no le es posible desde hace décadas garantizar empleo útil y productivo a todos los recursos laborales graduados, en su inmensa mayoría, de nivel medio en adelante.

El no haberle dado una solución correcta a ese reto ha sido la causa fundamental de que miles de graduados de todas las especialidades, formados en nuestras escuelas y universidades, hayan abandonado el país no solo en busca de mejores condiciones económicas y de vida, sino también dónde emplearse según las capacidades adquiridas en su proceso de preparación docente. Lo que el mantenimiento de ese error en la conducción económica le ha costado al país, es incalculable. Una enorme inversión de decenas de años en preparación de sus recursos humanos con vistas a asumir el desarrollo económico se ha perdido.

No sería racional que ese error continuara y se repitiera en el contexto de la nueva estrategia económica trazada. La confusión ideológica sobre el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas no debe impedir que un alto por ciento de hombres y mujeres en edad laboral del país puedan incorporarse legalmente a ganar su sustento y el de sus familias, y, además, contribuir decisivamente al desarrollo de la economía y el bienestar del resto de la población.

La política aprobada para el ordenamiento monetario les garantiza a todos los trabajadores que se mantengan vinculados al sector estatal de la economía y al resto de las actividades legalizadas una protección adecuada. Pero a los que no tengan un empleo legal, en la práctica se les condenaría a delinquir. Y esa no es ni puede ser una política revolucionaria y socialista.

El Gobierno cubano se deshace de miles de restaurantes para ahorrarse los subsidios

2020-11-19

Por Marc Frank

LA HABANA, (Reuters) - Cuba planea convertir la mayoría de sus restaurantes estatales en cooperativas y negocios privados en los próximos meses para dejar de subsidiarlos en 2021, según informes locales y una fuente con conocimiento del asunto.

El país ha estado casi en bancarrota por las fuertes sanciones de Estados Unidos, la pandemia y sus propias ineficiencias para enfrentar una deuda externa y un déficit presupuestario cada vez mayores.

Las autoridades cubanas han declarado una emergencia y están impulsando varias reformas orientadas al mercado aprobadas por primera vez hace una década bajo el entonces presidente Raúl Castro, pero que se estancaron por intereses burocráticos y conservadores.

En los últimos discursos, el sucesor de Castro, el presidente Miguel Díaz-Canel, sostuvo que se eliminarán los subsidios para los restaurantes estatales como parte de una reforma monetaria que se espera para fines de año.

La medida sacudirá lo que se conoce como el sector de la gastronomía, uno de los que no ha podido deshacerse de una reputación de mal servicio y robos notables desde que todos los restaurantes, hasta los más pequeños que vendían perros calientes, fueron nacionalizados en Cuba, en 1968.

“El plan que ahora se está poniendo en práctica exige que una pequeña minoría de los más de 7,000 restaurantes administrados por el gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas”, dijo un gerente senior del departamento de servicios de alimentos de La Habana, que pidió no ser identificado.

El gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios.

Había alrededor de 1,900 restaurantes de propiedad estatal en La Habana antes de que el Gobierno lanzara una serie de reformas iniciales bajo Raúl Castro, convirtiendo 258 en cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de arrendamiento, según el funcionario.

De ellos, el 60% había mejorado su servicio, aumentado los salarios entre un 600 y un 800 por ciento y controlando el hurto.

Ahora, más del 70% del resto seguirá su ejemplo, dijo el gerente y agregó que las autoridades de La Habana ya habían elegido alrededor de una docena de restaurantes que seguirán siendo estatales y 450 establecimientos que serán arrendados a empleados y otros interesados.

“El proceso nunca debería haberse detenido y pienso que esta vez sucederá ya que el sistema no podrá resistir un mayor escrutinio”, agregó.

Reuters aún no pudo determinar los detalles en todas las demás provincias de Cuba. Sin embargo, la Agencia Cubana de Noticias dijo la semana pasada que una nueva empresa estatal local mantendrá el 15% de los 486 restaurantes administrados por el gobierno en la central provincia de Camagüey.

Desde que Raúl Castro anunció que el Estado se retiraría de las actividades no estratégicas en un congreso del Partido Comunista en 2011, miles de restaurantes privados han abierto y competido con éxito con el sector estatal.

“Tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos”, dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil, en la Asamblea Nacional (Parlamento) el mes pasado, al hablar sobre la gastronomía estatal.

El subsidio en Cuba. Una política pública para la construcción y reparación de viviendas

Noris Tamayo Pineda^1  * 

Marvelis Velázquez Reyes² 

¹Dirección del Centro de Estudios de la Administración Pública, Universidad de La H
abana, La Habana, Cuba

²Subdirección de la Dirección Provincial de Vivienda de La Habana y colaboradora del CEAP

RESUMEN

En el siguiente trabajo se expone el estado del arte de la figura del subsidio ubicada como una política pública y su tractus evolutivo visualizado desde una perspectiva multidisciplinar, a partir de lo normado para la construcción y reparación de viviendas en Cuba. Se analiza, a través de conceptos conformados y la evaluación práctica de la participación de sus actores, la efectividad en la aplicación del procedimiento actual de la política de subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas en sus viviendas. Además, se reflexiona sobre la aplicación de esta política en la provincia La Habana, a partir de lo cual se analiza críticamente y se hacen propuestas para perfeccionar el marco normativo vigente con el ánimo de hacer aún más viable esta política inclusiva sobre la que se comulga en que si bien no resuelve el problema habitacional que tiene la ciudad, sí contribuye a aliviar la situación de viviendas que tienen muchas familias con baja solvencia económica.

INTRODUCCIÓN

El concepto de subsidio permite identificar a una asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico. Se trata de un sistema enfocado a estimular el consumo o la producción, así como de una ayuda que se otorga por un tiempo determinado. Puede estar dirigido a favorecer, por distintos motivos, a ciertas actividades productivas o regiones de un país, siendo establecidas por el Estado con el fin de alcanzar un propósito social determinado.

En el caso del subsidio para la construcción y reparación de viviendas, está dirigido a que personas de bajos ingresos que viven en malas condiciones o que carecen de residencias, para que mejoren o alivien su situación habitacional.

La siguientes reflexiones se encaminan a hacer un análisis crítico de la figura en cuestión, reconociendo su pertinencia a la luz del empeño inclusivo que anima a la sociedad cubana actual. Sobre esta base se realizan propuestas en pos de su perfeccionamiento.

1. Ideas preliminares sobre el subsidio como una política pública

En ninguna coyuntura podrá perderse de vista que en política pública es importante prestar atención a la definición del concepto, al papel del Estado en su formulación, implementación y evaluación, y valorar el rol de la sociedad civil en este proceso. Es que precisamente ellas forman parte del quehacer del andamiaje estatal, desde la puesta en práctica de planes hasta la omisión de los mismos ante las demandas sociales.

En el diseño e implementación de las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles. Estas pueden estar orientadas a toda la población, en este caso se habla de políticas universales, o dirigirse a solucionar algún problema de un grupo específico, en este caso se habla de políticas focalizadas.

Cuando se habla de política pública se está diferenciando el concepto de lo que sería la política vista como ámbito del gobierno de las sociedades humanas, o como la actividad de organización y lucha por el control del poder. En este caso, el concepto se refiere a «la política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas» (^{Aguilar, 1998}, p. 67).

No se pueden confundir las políticas públicas de las políticas sociales, en tanto estas últimas están implícitas en las primeras. Así, las políticas sociales deberán ser concebidas como aquellas políticas públicas que se implementan por el Estado para garantizar la gobernabilidad del sistema político a través de la satisfacción de determinadas demandas sociales concretas de sectores poblacionales diversos o específicos. En el caso de un sistema de transición al socialismo deben constituir parte consustancial a la propia esencia del proyecto social (^{Tamayo, 2016}).

En tanto objeto de estudio y de acción, las políticas públicas son un campo de abordaje interdisciplinario en el que deben dialogar la Ciencia Política, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Comunicación, el Trabajo Social, la Ingeniería y la Psicología, entre otras, para analizar, diseñar, planear, evaluar e implementar las acciones gubernamentales.

En un Estado de Derecho, las políticas públicas se refieren a materias o sectores diversos: educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etcétera. Es imprescindible partir de las necesidades de los mismos grupos sociales a quienes van a ir dirigidas estas políticas públicas, para poder llevar a cabo la implementación de proyectos reales, viables y sustentables. Para ello se necesita del trabajo de economistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, abogados, entre otros.

Sobre tal cimiento se configura el subsidio, que en su concepción más general permite identificar a una asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico. Se trata de un sistema enfocado a estimular el consumo o la producción o de una ayuda que se otorga por un tiempo determinado (^{Espina, 2010}).

Sentadas estas premisas se confirma la idea que en los momentos que Cuba está viviendo, de perfeccionamiento del modelo económico y social, se hace necesario enfatizar aún más la implementación de políticas públicas que conlleven desde todos los ámbitos a la inclusión, como esencia del proyecto social que defendemos.

2. El subsidio para la construcción y reparación de viviendas en Cuba revolucionaria. Situación actual

El Estado cubano, desde el año 1959, ha adoptado varias políticas de subsidios. No puede perderse de vista que la política crediticia y, sobre todo, la política de otorgamiento de subsidio a personas naturales para la construcción, conservación, rehabilitación, terminación y ampliación de vivienda, enuncian nobles principios de la Revolución, expresados en el Programa del Moncada.

Esta política se encamina a dar solución a las necesidades de aquellas personas con situación vulnerable de vivienda que, por sus escasos recursos económicos, requieren de una ayuda estatal, y permite que se equiparen a otro grupo de personas que no presentan esta misma situación.

Con tal propósito se les ha otorgado a los gobiernos locales la facultad de asignar financiamiento a determinadas personas para que con sus propios esfuerzos puedan resolver su problema habitacional, combinándose así la responsabilidad estatal con la individual.

Debe tenerse en cuenta en prima fase que los proyectos para la construcción de viviendas por esfuerzo propio se mantienen hoy subsidiados y lo máximo que se paga por él, cualquiera que sea la complejidad del mismo, es 325 pesos. Asimismo, hasta la entrada en vigor del «Acuerdo 7155», del 2011, la venta de los materiales de la construcción que se venía realizando por las empresas de Microbrigadas Sociales como venta por fondos mercantiles, toda era subsidiada sin tener en cuenta la capacidad económica del destinatario.

Con la entrada en vigor del «Decreto Ley 288/11», modificativo de algunos artículos de la «Ley General de la Vivienda», en noviembre del 2011, se suspendieron las limitaciones existentes en cuanto a los actos de transmisión de la propiedad por Compraventa y Donación, entre personas naturales, sin poner condición alguna. Esto resultó que beneficiados con la asignación de viviendas a precios subsidiados, una vez recibida la propiedad, la vendían en algunas ocasiones enmascarando el acto por el de Donación y obtenían beneficios económicos considerables, resultando desprotegido el Estado en este sentido.

El 16 de enero del 2012, se puso en vigor el «Acuerdo 7155 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros»¹ y su reglamento, relacionados con la implementación de una política de subsidio a personas naturales de bajos ingresos que carecieran de viviendas o vivieran en condiciones habitacionales vulnerables y estuviesen dispuestas a resolver el problema habitacional que presentan por sus propios esfuerzos. Estas medidas forman parte de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobada en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y ratificadas en su VII Congreso, referente a eliminar gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el principio de subsidiar a las personas necesitadas y no a los productos.

A pesar de que se han realizado esfuerzos por los gobiernos locales para lograr que esta política se aplique adecuadamente, existen varios factores que empañan su desarrollo, que van desde su formulación jurídica hasta, derivativamente, la materialización práctica.

A partir del reordenamiento económico en el que está inmerso nuestro país, se han implementado, entre otras, dos políticas que si bien no van a resolver el problema habitacional de nuestra población por sí solas, pueden contribuir a ayudar a las personas de más bajos ingresos, que carezcan de vivienda o que tengan una situación vulnerable, ocasionada generalmente por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y otros, así como por el mal estado técnico del fondo habitacional.

Siguiendo tal línea de pensamiento, fue aprobado por el Consejo de Ministros el «Acuerdo 7384», de 28 de mayo del 2013, y la «Resolución 29/14», del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que posibilita la entrega de recursos a núcleos con situaciones graves de salud, discapacitados o que carezcan de ingresos ante la imposibilidad de trabajar. El financiamiento requerido se solicitará por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al de Economía.

No cabe dudas que a la sazón de su aplicación se han logrado beneficiar esencialmente personas expedientadas como asistenciadas sociales, lo que incluye, fundamentalmente, niños con cáncer, enfermos del SIDA y madres con hijos que presentan discapacidad severa.

En Cuba el valor de la vivienda no se determina según los gastos de producción, sino por su valor social. Este concepto creó el sistema dual de precios de la vivienda, donde el costo de construcción no es el mismo que el precio de transferencia al propietario final, que incluye un subsidio importante del Estado.

Este principio se mantiene para la vivienda en el sector estatal y a través del sistema de los subsidios a la población para la construcción mediante la venta de materiales. Los domicilios que se construyen por el Estado son financiados centralmente a través del Ministerio de Economía y Planificación y del Ministerio de Finanzas y Precios. Se entregan en propiedad mediante un precio legal que contiene una alta subvención, aproximadamente el 80 % del precio de la vivienda.

La forma actual del financiamiento de las viviendas nuevas se efectúa por subsidios directos, indirectos y cruzados, por ahorro de los propietarios y por crédito bancarios. En tanto, los subsidios indirectos son múltiples e incluyen la reducción del precio de los terrenos, hasta un monto simbólico para los constructores por esfuerzo propio. Los subsidios cruzados se generan por la venta de materiales de construcción.

3. Sobre modificaciones introducidas en el año 2017

A partir de la entrada en vigor, el 11 de mayo del 2017, del «Decreto Ley 342/17», se estableció que si la persona subsidiada para la construcción de una vivienda de 25 metros cuadrados con un subsidio decide venderla o donarla en los primeros 15 años, debe devolver al Estado el valor total del subsidio.

Ahora bien, el ya citado «Acuerdo 7155», del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con sus respectiva modificaciones,² ha regulado en sus diferentes coyunturas el otorgamiento de subsidios a las personas naturales que lo requieran con falta de solvencia económica, protegidas o no por la asistencia social, para la ejecución, reparación, conservación de viviendas por esfuerzo propio, con el propósito de pagar la adquisición de los materiales de construcción, la mano de obra para la ejecución, reparación, conservación de viviendas en ejecución por esfuerzo propio, la transportación de los materiales de construcción adquiridos desde los puntos de venta hasta las casas de las personas subsidiadas, la documentación técnica que exijan las acciones constructivas y el derecho perpetuo de superficie del terreno.

En correspondencia con lo antes expuesto, cada uno de los organismos que intervienen en este proceso emitieron las regulaciones correspondientes para complementar dicho acuerdo. En tal sentido el extinto Instituto Nacional de la Vivienda formuló la «Resolución n.º 391», de 28 de diciembre de 2011, que quedó modificada en la «Resolución n.º 77/13», de 23 de abril de 2013, que fue recientemente modificada, a su vez, por la «Resolución n.º 61/17», del Ministro de la Construcción. Esta estableció el «procedimiento para la actuación de las Direcciones Municipales de la Vivienda en el otorgamiento de subsidios a las personas naturales, con destino a acciones constructivas en su vivienda», cuyo objeto es regular la actuación de las referidas direcciones para el procesamiento de las solicitudes presentadas y el control en lo que les compete de la ejecución de los subsidios a personas naturales, otorgadas para realizar acciones constructivas en su vivienda, y queda establecido que son las Direcciones municipales de la Vivienda quienes procesan las solicitudes de subsidio que se presentan.

Se establece por primera vez en el país, en el ámbito inmobiliario, una política encaminada a subsidiar a personas y no a los materiales de la construcción, como se venía realizando hasta el momento. Esta política da la posibilidad de que todas las personas que se consideren con derecho a ser subsidiadas presenten su solicitud ante el técnico de inversiones de la vivienda que radica en las oficinas de trámites de las Direcciones Municipales de la Vivienda. Una vez que se libre la convocatoria establecida, es publicada por el Consejo de la Administración Municipal, a quien le corresponde realizar una evaluación técnica después de visitada la vivienda y se defina el monto por el cual debe ser subsidiada esa persona y las acciones constructivas a realizar. Se utiliza para ello la cartilla técnica elaborada y aprobada por el extinto Instituto Nacional de la Vivienda.

Por otra parte, la Dirección Municipal de Trabajo realiza un estudio socioeconómico del núcleo familiar que será beneficiado con el subsidio, sobre la base de la metodología elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que, entre otros aspectos, se recogen los ingresos del núcleo, los gastos, presencia de personas discapacitadas o con problemas de enfermedad severa, si se trata de personas protegidas o no por la asistencia social.

Conformado el expediente que contiene los documentos antes referidos, se debe elevar en el término de cuarenta días a partir de la presentación de la solicitud al Consejo de la Administración Municipal -en lo adelante CAM-, que es, en definitiva, quien decide en su reunión ordinaria el otorgamiento o no del subsidio a la persona que lo solicita. El resultado de dicha evaluación es publicado y define el monto del financiamiento aprobado y la acción constructiva que queda obligada a realizar. El Consejo de la Administración Municipal tiene cuarenta y cinco días para hacer la evaluación, por lo que el término para darle respuesta a la población es de setenta días a partir de la presentación de la solicitud.³

A partir de las recientes modificaciones se elimina el contrato que la Dependencia Interna del Poder Popular concertaba con la persona beneficiada, mediante el cual se obligaba a realizar con el dinero asignado las acciones constructivas dictaminadas y, en su lugar, se definieron estos aspectos en el Acuerdo que se le notifica a la persona beneficiada. Aquí se definen los montos por los cuales puede ser subsidiada la persona, en dependencia de la acción constructiva que va a realizar.

Una vez aprobado el subsidio se le hace entrega a la persona un cheque de gerencia con el cual abren una cuenta en el Banco para la administración de este financiamiento, por lo que todas las compras que se efectúen de los materiales de la construcción deben ser a través de los cheques que emita el Banco.

Cabe destacar que las tiendas de ventas de materiales de la construcción que existen en cada territorio para la venta a personas subsidiadas, subordinadas a las empresas de Comercio Minorista, así como las que, en Moneda Libremente Convertible, venden estas producciones en correspondencia con la disponibilidad de recurso que exista y los planes aprobados, están obligadas a reservarle el material a la persona beneficiada por el término de cinco días.

En la realización de la política han existido varias dificultades entre las que sobresalen el incumplimiento de los términos por las extintas Unidades Municipales Inversionistas de la Vivienda, hoy Direcciones Municipales de la Vivienda, y, en menor medida, de las Direcciones Municipales de Trabajo, los Consejos de la Administración Municipal, hasta la falta de algunos materiales de la construcción en las unidades de venta del Ministerio de Comercio.

Debe reconocerse que afectó, a nuestro juicio, la implementación de la política el haberse puesto en práctica sin realizarse una adecuada preparación al personal que participaría en su concreción, por los organismos correspondientes, lo que condicionó que en sus inicios se trabajara con un alto nivel de improvisación, incluyendo los Consejos de la Administración Municipal. Esta situación conllevó a que el Consejo de la Administración Provincial adoptara varias medidas organizativas y de control para ir evaluando la marcha de su implementación.

En otro orden, ya es sabido que para que un Estado pueda asumir una política social de subsidio a determinadas personas, debe contar con recursos financieros que le permitan sostenerla. Ahora bien, ¿cómo se garantiza el financiamiento para el subsidio a personas naturales con situación vulnerable o necesidad de vivienda?

El ya reiterado «Acuerdo 7155», del 2011, fue claro al definir que el financiamiento disponible para el subsidio se corresponde con el 48, 5 % del impuesto recaudado sobre la venta en la comercialización de materiales de construcción, desglosado de la forma siguiente: el 40 % se destinará a los Consejos de la Administración Provinciales y del municipio especial Isla de la Juventud; y el 8, 5 % se utilizará en la creación de una reserva central del Presupuesto del Estado, lo que fue modificado por el «Acuerdo 8093», de Abril del 2017, que aumentó al 51, 5 % el destinado a los Consejos de la Administración Provinciales y del municipio especial Isla de la Juventud.

La ejecución por esfuerzo propio es condición esencial que debe tener en cuenta el Consejo de la Administración Municipal al aprobar un subsidio, porque no es racional, en nuestra opinión, entregar un financiamiento a una persona que no pueda asumir la construcción por sus propio esfuerzos por tratarse de individuos que viven solos, que carecen de recursos y de apoyo familiar, que tienen invalidez física producida por su edad. Para estos casos el Estado debe reservar otras formas de ayuda.

Una experiencia extraída a partir de las afectaciones producidas del huracán Irma, fue el hecho de que empresas estatales en la provincia, cuyo objeto social lo permitió, ejecutaron la acción constructiva a personas subsidiadas. Tal ejercicio deviene una práctica interesante que podría extenderse ante otras situaciones.

De lo anterior se infiere que la voluntad y posibilidad de la persona de resolver su situación habitacional sus propios esfuerzos es imprescindible. En algunos casos le corresponde a la comunidad ayudar a resolver dicha situación, razón por la cual es tan importante que en cada uno de los Consejos Populares y circunscripciones donde exista una persona beneficiada, se tenga identificada, para que, además de contribuir al control del financiamiento que el Estado está poniendo en sus manos, contribuyan con el apoyo de la comunidad a la solución del problema habitacional de una persona cuya situación social lo requiere.

El referenciado Acuerdo del Consejo de Ministros estableció también que corresponden a los Consejos de la Administración Municipal decidir a qué personas y por cuál monto se va a subsidiar, sobre la base de que se cumplan determinados requisitos y prioridades. Se elimina de esta forma decisiones de organismos de forma unilateral, haciendo más colegiada la decisión y al margen de cualquier intención de beneficio personal.

Evidentemente, al otorgarle a los Consejos de la Administración Municipal una facultad que no tenían hasta el momento, los ha obligado a cambiar su forma de actuación. Si bien en el artículo 32 del Reglamento de la Administraciones Municipales y Locales del Poder Popular se establece que los Consejos de la Administraciones Municipales y Provinciales celebran sus reuniones, como mínimo dos veces al mes⁴ y en el Sistema de Planificación del Consejo de la Administración Provincial se programaban dos reuniones mensuales; lo cierto es que en virtud del nivel de solicitudes que se presentan resultan pocas. En ocasiones el órgano se ha reunido hasta cuatro veces al mes y en una sola sesión se han analizado hasta sesenta o más expedientes, aspecto que debe trabajarse con mayor exquisitez, pues lo voluminoso del análisis puede ir detrimento de la calidad del proceso.

En los momentos en que vive la nación, de perfeccionamiento del modelo económico y social, se hace necesario enfatizar aún más la implementación de políticas públicas que conllevan a la inclusión de todos, desde todos los ámbitos. De esta manera, los ideales de participación ciudadana se fortalecen y, con ello, el poder local, con lo cual las políticas públicas tendrán un mayor grado de legitimidad. También significaría acercar el poder de decisión hacia lo local y no solo desde el espacio nacional, con una perspectiva de desarrollo de manera sostenible, sustentable y necesariamente inclusiva. Este es un desafío para los municipios, especialmente para la consecución de objetivos estratégicos.

Cierto es que se han buscado alternativas para lograr celeridad en el desarrollo del proceso y que se cumplan los términos fijados por los respectivos Consejos de la Administración que han pasado a formar parte de sus procedimientos de trabajo referidas a la creación de comisiones, integradas por los organismos involucrados en la tarea para ir realizando una previa evaluación de los casos antes de ser presentados para su aprobación y, de esta forma, viabilizar el análisis. En algunos territorios se ha designado un miembro del propio órgano para visitar a la persona que solicita el subsidio y buscar una especie de contrapartida del trabajo realizado por el área inversionista de la vivienda.

A partir de la puesta en vigor del citado «Acuerdo 8093», 2017, se establecieron las convocatorias y se paralizaron las recepciones de solicitudes de subsidio en las Oficinas de Trámites de la Vivienda hasta que se publicara la primera convocatoria. Ha quedado establecido que es condición necesaria para solicitar un subsidio ostentar la condición de propietario, arrendatario o usufructuario, la que será acreditada por el documento legal correspondiente en dependencia con las distintas formas reguladas en la «Ley General de la Vivienda» y sus normas complementarias.

Sin embargo, esta apertura normativa también encuentra sus inconveniente, pues debe tenerse en cuenta que puede encontrarse personas limitadas porque el inmueble que ocupan en condición de usufructuarios y arrendatarios se encuentra en estado inhabitable, por lo que una acción de conservación no resuelve el problema de vulnerabilidad de la vivienda y no pueden realizar una acción mayor precisamente por la condición legal que ostentan.

Por otra parte, se considera que en la norma no debe utilizarse el término de familia a la hora de definir prioridades, a punta de partida de que no es a la familia a la que se le asigna el subsidio, sino a la persona que ostenta una de las condiciones antes relacionadas, aunque evidentemente la composición familiar y su situación social influya en la determinación y cuyas prioridades de selección son familias afectadas por catástrofes (ciclones, inundaciones, desplazamientos de tierra, incendios y otras consideradas como tales) con daño de pérdida total o parcial de viviendas. Fundamentalmente los casos pendientes de concluir la acción constructiva cuentan con la licencia de construcción por esfuerzo propio y las viviendas en avanzado estado de ejecución, los casos sociales críticos, madres con dos o más hijos menores de doce años y las familias o personas que necesitan solucionar obstrucciones y fugas hidrosanitarias.

Este último caso, referida a familia o personas que necesiten solucionar obstrucciones y fugas hidrosanitarias, es una de las problemáticas que más abundan en el fondo habitacional, fundamentalmente en los edificios multifamiliares, tema que tiene un valor añadido si se tiene en cuenta que los precios de los recursos que se ofertan en las tiendas recaudadoras de divisas para solucionar esta problemática exceden las posibilidades económicas de la mayoría de los cubanos.

Del estudio del «Acuerdo 8093», del 2017, se colige el espíritu legislativo de lograr uniformidad en las actuaciones; así se regula la habilitación de un Catálogo que permite uniformar la actuación de los técnicos de la Unidades Inversionista de la Vivienda en la elaboración del dictamen técnico, que tan fundamental es en este proceso.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y seguridad Social emitió la «Resolución n.º 47/2011», modificada por la «Resolución n.º 18/2017», que reguló el Procedimiento para la evaluación integral de la situación socioeconómica de las personas naturales solicitantes de subsidios para acciones constructivas de viviendas.

Definitivamente el marco regulatorio existente ha permitido: ganar en credibilidad de una parte de la población en los órganos de gobiernos, lograr una mayor intervención de los CAM en la solución de problemas habitacionales del pueblo, mejorar en la interrelación entre los organismos que participan en la solución del problema habitacional de las personas de baja solvencia económica y acumular mayores experiencias para la implementación de otras políticas públicas.

Sin embargo, debe reconocerse, devenida también de su implementación, que dispersión de entidades en la toma de decisiones entorpece el proceso, téngase a la vista que intervienen nueve entidades y organismos (Dirección Municipal de la Vivienda, Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, Consejo de la Administración Municipal, Banco Metropolitano, Dirección Municipal de Finanzas y Precios, Dirección Municipal de Planificación y Economía; Dirección Municipal de Comercio, Oficina del Arquitecto de la Comunidad y Dirección Municipal de Planificación Física). No se logra en todos los territorios la efectiva sinergia entre los elementos organizativos del municipio y otras instituciones que deben participar. Resulta aún insuficiente la preparación de los técnicos de la vivienda que deben evaluar, asesorar y controlar la ejecución de las acciones constructiva. De igual manera existe escasa disponibilidad financiera, también es limitada la disponibilidad de algunos recursos materiales de construcción, lo cual acarrea malestar en la población necesitada.

En este mismo sentido debe reconocerse que, si bien es cierto que las personas beneficiadas agradecen la ayuda del Estado, identificando esta política como acertada, los problemas que aún afloran ponen en riesgo su credibilidad.

A lo anterior se le añade otro tipo de limitaciones como existencia de desvinculados en la vivienda objeto de subsidio con capacidad para trabajar, ilegalidades constructivas en las viviendas, con pretensión de culminar estas acciones por la vía del subsidio y núcleos con altos salarios que pueden resolver su situación habitacional por otras de las vías establecidas. También han sido identificadas personas que si bien han utilizado el dinero en realizar acciones constructivas en sus viviendas, no han cumplido exactamente con el contrato concertado, toda vez que se han ajustado a sus necesidades y no a la evaluación especializada realizada por el técnico. Por ejemplo, se le aprobó terminar una célula básica habitacional de 25 m² y la persona prefirió avanzar en la ejecución de todo el inmueble.

En casi la totalidad de los casos el problema con la mano de obra es reiterativo. El trabajador por cuenta propia que se dedica a esta actividad tiene fijadas tarifas muy altas, por lo que el subsidiado no puede contratarlo si se tiene en cuenta que solo el 30 % del dinero asignado es para pago de mano de obra. Existe, además, incumplimiento de los contratos verbales suscritos por el subsidiado con el trabajador por cuenta propia, con las correspondientes afectaciones que ello conlleva, el que, además, carece de un asesoramiento legal oportuno.

Como parte del trabajo no estatal se ha incluido dentro de la lista de actividades autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia la de productor vendedor o recolector vendedor de artículos de alfarería u otros materiales con fines constructivos. Esta puede ser una fuente importante para fortalecer las ventas de materiales de la construcción con destino a la población y los subsidiados pudieran recibir su concerniente beneficio. Sin embargo, en entrevista sostenida con funcionarios de la Dirección Provincial de Comercio que atienden esta actividad se pudo verificar la inexistencia de contratos realizados por las Empresas de Comercio con el sector no estatal. Ello obedece fundamentalmente al hecho de que para poder contratar estas producciones debe estar certificada la calidad por el Ministerio de la Construcción, proceso al que temen someterse los productores particulares por razones obvias. Sin embargo, esas mismas producciones sin certificar son vendidas directamente a la población y, en muchas de las edificaciones que hoy se levantan o reparan, se utilizan estos materiales.

La práctica ha demostrado que es de vital importancia el momento de recepción del trámite por parte del técnico de la Vivienda y su necesaria preparación en el tema, en lo que, sin dudas, se han presentado dificultades desde la puesta en vigor de esta política a partir de la inestabilidad de este personal y su débil preparación, teniendo en cuenta que es la persona con quien el solicitante intercambia las primeras intenciones, siendo el momento adecuado para darle a conocer los beneficios que va a recibir, en caso de ser aprobado, y sobre todo la responsabilidad que asume con el Estado, no solamente desde el punto de vista moral sino también contractual y que dependerá de sus esfuerzos aliviar o resolver el problema habitacional que presenta, elemento que considero fundamental a partir de que el Estado debe garantizar que el financiamiento otorgado a la persona se utilice con este fin y no otro.

Independientemente que en las normas que entraron en vigor el 11 de mayo del 2017, se estableció la formulación de convocatorias y definieron nuevos elementos al realizar la evaluación socioeconómica por las DMTSS que contribuyen a que los CAM puedan evaluar de manera mucho más fácil, si la persona interesada está o no dentro de las prioridades, el funcionario que atiende en las oficinas de trámite viene obligado a recibir la solicitud y darle el curso que corresponda, generándole a las Direcciones Administrativas gran cantidad de trabajo.

Tampoco puede desconocerse que el financiamiento que se dispone para sostener la política proviene solo de la venta de los materiales de la construcción, lo que no resulta suficiente teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes que se presentan.

Resulta palpable la falta de cultura jurídica de la población en general que repercute en el cumplimiento de los contratos concertados, aparejada a la ineficaz divulgación dirigida a los núcleos con mayor necesidad y condiciones habitacionales más críticas.

A todo ello se le une las debilidades en el control administrativo y popular; las fisuras en el control interno también agudizan el espectro.

No se puede obviar que la mayoría de las personas beneficiadas con el subsidio son casos sociales, algunos de los cuales no tienen posibilidad de buscar una asistencia técnica profesional para llevar a cabo la construcción con la calidad requerida. El Estado tampoco tiene un mecanismo eficaz de asesoramiento a las personas que construyen por esfuerzo propio.

4. Hacia el perfeccionamiento normativo. Camino al fortalecimiento de una política cada vez más inclusiva

Las Direcciones de Trabajo controlan actualmente los núcleos protegidos por la asistencia social, de los cuales un elevado porciento presenta situaciones vulnerables o carecen de viviendas. Este pudiera ser el punto de partida para llevar adelante el perfeccionamiento en la implementación de política per se, eliminando la generalidad implícita en ella que, a la larga, lo que provoca es menor control en la ejecución del financiamiento aprobado y posibles errores en la aprobación de los casos.

Debe ser el MTSS el organismo rector en la aplicación de esta política; a partir de la evaluación social y económica del núcleo, solicitar a la DMV de oficio la determinación de la evaluación técnica para su posible propuesta de protección a través del subsidio.

Los Consejos de la Administración Municipal deben aprobar o no el otorgamiento del subsidio, por la trascendencia que tiene la construcción de vivienda en los territorios, pero solo deberían elevarse aquellos casos que se encuentren dentro de las prioridades; el resto de los casos la propia Dirección de Trabajo denegaría de oficio la solicitud.

Una vez aprobado el subsidio por el Consejo de la Administración Municipal, se devolverá el expediente a la Dirección de Trabajo, quien firmará con la persona beneficiada un Contrato o Convenio que servirá de sustento legal para la entrega del financiamiento. Debe condicionarlo a que se utilice para lo que se ha aprobado, definiéndose responsabilidad civil y penal en caso de incumplimiento. El financiamiento que se planifique en el presupuesto del Estado para este fin se le asignará a la Dirección de Trabajo.

Podría continuar correspondiendo a la Dirección de la Vivienda, a través del área de Inversiones, dar seguimiento a la ejecución de las acciones constructivas para las cuales fue aprobado el subsidio e informar a la Dirección de Trabajo correspondiente cualquier irregularidad que se detecte, incluyendo posibles incumplimientos de los contratos o convenios, a los efectos correspondientes. La Dirección de la Vivienda revisará los mecanismos establecidos para que el efecto del financiamiento otorgado para subsidio tenga un reflejo en la evolución del fondo habitacional, así como en la reducción de los casos de personas con anuencias de albergues y albergados.

Debe concebirse la posibilidad que el financiamiento que se obtenga a través de cualquier forma de iniciativa local y colaboración internacional se pueda emplear en función de subsidiar a personas de bajos ingresos y situación vulnerable de vivienda.

Muchas de las personas que solicitan subsidio son Arrendatarios o Usufructuarios, encontrándose los inmuebles en un estado técnico constructivo crítico, sin embargo, conforme a la Ley solo se le puede otorgar a estos casos hasta 11 000 pesos para realizar acciones de conservación mayor, lo que no resuelve el problema. En estos casos se le debe dar baja del fondo habitacional a estos inmuebles y reconocerle a la persona solicitante el Derecho Perpetuo de Superficie del terreno (DPS) y, a partir de ahí, autorizarle la construcción de una nueva vivienda. Con esta fórmula se resolverá el problema en su totalidad y ayudaría a la evolución del fondo habitacional del territorio.

Debe estudiarse con mayor intencionalidad, a nuestro juicio, la posibilidad de asociaciones de vecinos para la construcción con subsidio en los casos de personas que residen en ciudadelas. Tal estudio deberá abarcar por el Ministerio de la Construcción (MICONS) fórmulas para estimular la contratación de cooperativas no agropecuarias de la construcción para enfrentar las situaciones de mano de obras de algunas personas subsidiadas.

En tal empeño debe preverse el asesoramiento técnico y jurídico a la persona subsidiada que incluya vincular los profesionales de la construcción y otros relacionados con este programa a través de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, Centro Universitario José Antonio Echeverría (CUJAE) y Unión Nacional de Jurista de Cuba (UNJC), así como otras organizaciones y centros de estudios a fines.

En el perfeccionamiento de la implementación de la Política de Subsidio a personas naturales para la construcción, conservación, ampliación y rehabilitación de viviendas por esfuerzo propio de la población, se hace necesario introducir metamorfosis en el mencionado «Acuerdo n.º 8093/2017», el reglamento y las demás normas complementarias en el sentido siguiente:

-Modificar el apartado segundo de dicho Acuerdo con relación a que se autorice utilizar para subsidiar a personas naturales, además del financiamiento que proviene de la venta de materiales de la construcción, financiamiento de una reserva que pudiera constituirse en cada territorio a partir de iniciativas locales, o, incluso, las que pudieran obtenerse de proyectos de colaboración. Este presupuesto, una vez captado, le será asignado a las Direcciones de Trabajo para su control, aunque la aprobación de las personas se continúe realizando por los respectivos Consejos de la Administración Municipal.

1. Establecer subsidio para la compra de viviendas a partir del estudio de los precios actuales.

2. Modificar el apartado Sexto en relación de retomar el Contrato o Convenio entre la Dirección de Trabajo y la persona beneficiada, como fórmula de comprometer no solo moralmente al subsidiado sino también legalmente. Prever la asistencia técnica y jurídica por parte de entidades estatales u organizaciones y centros docentes a fines.

3. Modificar Anexo 1, el artículo 6 del «Reglamento para el otorgamiento de subsidio a personas naturales interesadas el realizar acciones constructivas en sus viviendas», en el sentido de que de oficio se radique el expediente correspondiente por la propia DMTSS, quien realizará una evaluación social del núcleo solo si se encuentra dentro de las prioridades y condiciones establecidas en el propio Acuerdo y la persona que va a ser beneficiada puede, por sí o con ayuda de su familia, enfrentar la construcción, reparación, rehabilitación de su vivienda se llevará al CAM, quien aprobará o no la solicitud. Se mantiene previamente la evaluación técnica de la DMV para definir monto y acción constructiva a realizar.

A partir de modificar el Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro los organismos que le corresponde, regularán su actuación, y deben tener en cuenta:

• Que el MININT, Fiscalía, Tribunales garanticen jurídicamente una mayor protección a la persona subsidiada en el caso de estafas u otros delitos que pudieran presentarse. Así como una mayor protección al Estado en el caso de incumplimientos por parte de la persona beneficiada de sus obligaciones.

• Definir en la norma por el MICONS la responsabilidad del Estado en relación a la asesoría técnica al subsidiado y la forma de implementarla.

• Establecer y regular mecanismos que permitan la posibilidad de que personas subsidiadas contraten a cooperativas de la construcción para que estas asuman todo el proceso de construcción utilizando el monto total del subsidio aprobado y definir otras formas de subsidio cooperado.

• Lograr vinculación de los profesionales de la construcción, asociados a la UNAIC y de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la CUJAE al desarrollo de esta política a través de mecanismos a nivel local que permitan un mayor acercamiento a las personas que son beneficiadas.

• Implementar estrategias locales que permitan que los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas de la construcción participen en la implementación de esta política a partir de la necesidad de fuerza de trabajo vinculada a la construcción.

• Divulgar de manera efectiva las ventajas de esta política para incrementar su credibilidad, así como preparar mejor a los funcionarios y trabajadores que participan en su aplicación, haciéndose extensivo a Jueces, Fiscales y demás profesionales del Derecho.

CONSIDERACIONES FINALES

La figura del subsidio es una política pública cuya naturaleza inclusiva alcanza gran dimensión en materia de construcción y reparación de viviendas; problemática compleja que en medio del proceso de actualización del modelo económico y social cubano requiere una visión crítico constructivista para el logro de su perfeccionamiento cabal, máxime si se tiene en cuenta que el procedimiento legal vigente, aún con las modificaciones introducidas, no logra resolver eficazmente el problema existente.

La propuesta que se presenta constituye la base para un futuro procedimiento que, fundamentalmente, simplifique la tramitación actual, proteja a personas con mayores necesidades sociales y con capacidad de asumir la construcción por esfuerzo propio y tutele mejor los medios financieros del Estado.

El estado del arte demuestra lo atinado de la propuesta a través de la cual se logra celeridad en el proceso, mayor profundidad en los análisis y toma de decisiones, mayor calidad en la construcción de las viviendas y, por consiguiente, favorecería la evolución del fondo habitacional, aumento de la credibilidad en la política y un mejor aprovechamiento de los recursos financieros que se destinan para este programa. Por otra parte, se incentiva la iniciativa local y se prevén otras formas de subsidios para personas de bajos ingresos; todo ello en correspondencia con los intereses que animan la voluntad estatal y, especialmente, la satisfacción de la población que debe ser la razón fundamental de la Administración Pública.

REFERENCIAS

Aguilar Villanueva, L.S. (1998). Estudios de las políticas públicas, La hechura de las políticas públicas. México: Editorial Miguel Ángel Porrúa. [ Links ]

Espina Prieto, M. (2010). Desarrollo, desigualdad y políticas sociales. La Habana: Publicaciones Acuario. [ Links ]

Tamayo Pineda, N. (2016). Inclusión para el desarrollo. Retos de la administración pública cubana actual, Revista Estudio del desarrollo social Cuba y América Latina, 4, (2), 44-50. [ Links ]

NOTAS ACLARATORIAS

1. El «Acuerdo 7155», del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, modificado por el «Acuerdo 7387», de 9 de Abril del 2013, el que a su vez fue modificado por el «Acuerdo 8093», del Consejo de Ministro, de 23 de Febrero 2017.

2. Modificado por el «Acuerdo 7387», de fecha 9 de Abril de 2013, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro, publicado en la Gaceta Oficial de la República, del propio mes y año, que fue igualmente modificado por el «Acuerdo 8093», de fecha 23 de Febrero 2017, publicado en la Gaceta Oficial 15 extraordinaria, de 11 de abril 2017.

3. «Resolución 47», de diciembre 2011 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, modificada por la «Resolución 18 de marzo del 2017. Procedimiento para el análisis de la capacidad económica, publicada en la Gaceta Oficial 15 extraordinaria, de 11 de abril de 2017. 

4. «Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular», aprobado por el «Acuerdo 6176 del Consejo de Ministros», noviembre, 2007.