En la segunda jornada de trabajo en comisiones, los parlamentarios debatieron sobre temas diversos
12 de julio de 2017 01:07:48
El funcionamiento de la enseñanza secundaria básica y las tendencias de fluctuación laboral del potencial científico, centraron este martes los debates de los diputados de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, informó que entre los cambios del perfeccionamiento que lleva a cabo el sistema nacional de educación, específicamente para la secundaria básica, se encuentra que los docentes impartirán una sola asignatura; la Educación Cívica recibirá el nombre de Educación Moral y Ciudadana, y su programa se sustentará en las bases históricas del civismo; mientras la enseñanza de la Biología tendrá un enfoque evolutivo y de prevención, y se introducirá el dibujo en séptimo grado, por solo poner algunos ejemplos.
Los diputados abogaron –entre otros asuntos– por seguir apostando a los círculos de interés desde los organismos de la producción y los servicios, enaltecer la labor del maestro, fomentar una cultura de rechazo a las adicciones, disminuir el éxodo de los profesores, y aprovechar todos los espacios posibles en la formación cultural de niños y jóvenes.
En otro espacio de la jornada, dedicado al análisis de la fluctuación del personal científico, Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, ofreció una información sobre el comportamiento del tema en el periodo 2014-2016.
Según explicó la titular, en la etapa se informaron por las entidades alrededor de 300 400 bajas, y la fluctuación se concentró en la subordinación local y Organismos de la Administración Central del Estado, entre ellos la construcción, los sistemas de educación, industria, transporte, agricultura, salud pública, y en el sector empresarial, en la OSDE BioCubaFarma.
Tienen gran peso las bajas –en el caso de los graduados de nivel superior– en las ciencias pedagógicas, técnicas, sociales y humanísticas, así como la economía; en los técnicos de nivel medio, se comportan mayormente en el sector de la economía y los servicios; mientras, en los obreros calificados, la mayor incidencia está en el área de la construcción, especificó la Ministra.
Al respecto, José Fidel Santana, viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), explicó la inestabilidad de los recursos humanos de ese sector en los últimos años, a través de múltiples causas, desde el envejecimiento, el éxodo y la no oportuna formación del relevo de personal de alta calificación, hasta el insuficiente reconocimiento, tanto en el aspecto moral como material, y la incidencia de que el salario no constituya una fuente motivadora.
A propósito, varios diputados reconocieron que se trata de un tema estratégico para el país, que ha sobresalido en las fiscalizaciones realizadas por la Comisión a las entidades del sector. Es un fenómeno complejo y debemos tener inteligencia para discutirlo, puntualizó Yuri Valdés, representante del municipio de La Lisa, y alertó que se requieren acciones concretas para frenarlo.
Miguel Limia, de la provincia de Granma, comentó que estamos frente a un asunto que compromete el cambio estructural de nuestra economía. La ciencia y la innovación están entre nuestras potencialidades fundamentales para proyectar el desarrollo, por ello confiamos en que la dirección del país encontrará solución a este problema.
El diputado Eulogio Pimentel, por el municipio de Nuevitas, en Camagüey, explicó que en el caso de las empresas que basan su economía en la ciencia, el salario de la actividad científico técnica no debe asociarse al nivel de actividad de la empresa, sino que debe ser considerado como un gasto en inversión. Esta es una industria basada en el conocimiento, las reglas no son las mismas que las de una industria basada en convertir materia prima en valores, argumentó.
Ismael Drullet, diputado por San Luis, Santiago de Cuba, dijo que el tema toca a otros sectores del país. «En educación hay un éxodo sostenido durante años. Se hizo un aumento del salario en el 2009, y cuando se realiza el análisis, el curso de menor éxodo fue el siguiente al del aumento salarial».
En el encuentro –al que asistió la ministra del Citma, Elba Rosa Pérez Montoya– otros diputados se pronunciaron por la necesidad de motivar a los jóvenes, trabajar más con los jubilados, fortalecer el trabajo político ideológico, promover que las publicaciones científicas tengan un impacto económico remunerativo, entre otras acciones que pudieran estimular la permanencia.
MEDIOS EN FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN
La Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, debatió ayer acerca del tercer proceso de perfeccionamiento que lleva a cabo el Ministerio de Educación, fundamentalmente en lo relacionado con la enseñanza de la Historia.
En el encuentro, Silvia Navarro Quintero, directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, expuso que entre los principales resultados obtenidos hasta el momento, en ese sentido, se incluye la sistematización de las nuevas formas de trabajo; un grupo de herramientas informáticas que apoyan y optimizan el trabajo; y una primera versión de los Planes de Estudio de los niveles educativos.
Por otra parte, Martha Valdés López, miembro del colectivo de autores de los planes y programas de Historia, explicó a los diputados que para esa asignatura se propone un enfoque integral de la enseñanza, en la que se ve al hombre en sus relaciones con la sociedad.
Propone asimismo una organización lógica del contenido desde las etapas históricas por las que transitan las diferentes formaciones económico-sociales, así como el incremento de los sistemas de objetivos y contenidos referentes al estudio del área latinoamericana y afroasiática, y centrado en la lucha contra el imperialismo y la historia de la emancipación.
Este es un tema esencial, que tiene que ver mucho con la tradición pedagógica de nuestro país y lo que esta ha aportado a la sociedad. Y es un tema de futuro, que responde a las altas exigencias que se viven en el mundo actual, señaló al respecto Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Añadió que la Revolución Cubana se ha caracterizado por ser una revolución educacional permanente, encabezada por el pensamiento pedagógico de Fidel y de Raúl. Y porque lo mejor de la intelectualidad cubana ha estado, de una manera u otra, aportando a los procesos educacionales.
Es cierto que tenemos debilidades, que todavía no respondemos a las exigencias que demandan las condiciones actuales, pero estamos en un momento de mucha madurez, compromiso y deseos de hacer por este perfeccionamiento, subrayó el dirigente.
En la sesión de la tarde, la Comisión analizó los resultados obtenidos a partir de una indagación realizada en 22 municipios de nueve provincias del país, acerca de cómo perciben los niños y jóvenes la programación de la radio y la televisión (tanto local como nacional) dedicada a ese grupo etáreo.
Según la diputada Aymara Guzmán Carrazana, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí, entre estos resultados destaca que algunos horarios de la programación de dichos medios no resultan factibles, pues gran parte del público al que va dedicado tiene que asistir a otros espacios: clases de idioma, deportes, y otros.
En torno al consumo radial, la mayoría de los encuestados no la escucha por falta de hábito; y lo que más resulta del agrado de los que sí lo hacen son los cuentos, adivinanzas y saludos, explicó.
Respecto a la parrilla televisiva –apuntó–, el estudio arrojó que la programación infantil no es variada; y se recomendó que se televisen más series humorísticas y de aventuras.
Mientras, los diputados reconocieron el esfuerzo que realizan los medios, y coincidieron en que se requiere continuar profundizando en la inclusión de una mayor cantidad de productos comunicativos que transmitan nuestras tradiciones, símbolos y paradigmas.
En ese sentido, Alfonso Noya Martínez, presidente del ICRT, destacó la intención de mejorar en cuanto al uso de los medios en función de la educación, el entretenimiento inteligente y la participación ciudadana.
DISTRIBUIR, SOLO LA RIQUEZA QUE SE CREA
El pago de salarios sin respaldo productivo constituye una de las problemáticas que lastra a la economía cubana. Aunque la Resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) explicita que el salario a formar y distribuir responde al nivel de cumplimiento de los indicadores directivos y límites, todavía se sigue distribuyendo, en determinados lugares, la riqueza que no se ha creado.
En ello coincidieron los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, la cual analizó los resultados de la fiscalización realizada a entidades que efectuaron pagos sin respaldo productivo al cierre del 2016 y en el primer trimestre del 2017.
Durante el primer semestre del año anterior, 91 empresas deterioraron el gasto de salario por peso de valor agregado bruto por una suma de 29 millones 266 000 pesos.
El Ministerio de la Agricultura (Minag), el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), el Instituto de Recursos Hidráulicos y los Consejos de Administración concentraban el 65 % de estas entidades.
Ya al cierre del 2016, el número de empresas con irregularidades de esta naturaleza ascendió a 99 y el monto superó los 72 millones 600 000 pesos.
En el primer trimestre del 2017 los resultados no son muy diferentes: 61 entidades pagan sin respaldo productivo por un valor de 13 millones 862 000 pesos. Reinciden el Minag, el GEIA y los Consejos de Administración.
Según el diputado Armando Utrera Caballero, vicepresidente de la Comisión, entre las causas fundamentales figuran las deficiencias en la contabilidad y la planificación, toma de decisiones arbitrarias sin colegiar y falta de control de los organismos superiores, así como insuficiencias en la aplicación del pago por resultados, ya sea por desconocimiento o irresponsabilidad.
Aunque la tendencia marca una disminución, tomando en cuenta que en el 2010 existían 1 072 empresas con estas distorsiones, se debe continuar profundizando en el cumplimiento de los indicadores directivos y en la aplicación efectiva de los sistemas de pago, resumió Utrera Caballero.
La diputada por el municipio de Santiago de Cuba, Pilar Heredia Castillo, fue la primera en cuestionar hasta cuándo íbamos a convivir con la gestión deficiente de algunos directivos. «Pagar lo que no se ha hecho significa robarle al Estado. Hay que tomar medidas ya y el sindicato tiene que asumir su papel».
Con ese criterio coincidió Juana Caridad Herrera, diputada por el municipio de Primero de Enero, en Ciego de Ávila. «Hay que ser más fuertes con algunos directivos porque no siempre se debe a problemas de capacitación. Debemos tomar medidas para que la empresa devuelva lo que dilapidó. Eso significa respeto, respeto al pueblo y al Gobierno».
Isis Diez, diputada por Las Tunas, señaló que existen empresas que no cumplen las ventas, por ejemplo, y se sobregiran en el fondo de salario. Todos se preocupan por el salario medio, pero no discuten los indicadores ni cómo crecer productivamente.
En ese sentido, René Hernández, viceministro de Economía y Planificación (MEP), alertó que «un pago de salario sin respaldo productivo es una inyección en la oferta monetaria que después no tiene una capacidad de absorción el Estado de resarcirse, y estamos ante un elemento de inflación o de desequilibrio financiero interno».
Cuando se hacen pagos indebidos, se deforma al trabajador y entonces el problema no es solo económico sino ideológico. Los análisis deben ser más rigurosos, pues resulta inconcebible que pasen meses sin que ninguna estructura superior se percate de las desviaciones, insistió Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de la República.
También Gustavo Santos, representante de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, intervino en el debate, pues la indisciplina informativa de las entidades coadyuva a que los registros no sean confiables. La información, comentó, se basa en tres pilares: cobertura, oportunidad y calidad de los datos, y hoy persisten deficiencias en los tres.
Ante el interés de los diputados, representantes del Minag abundaron en las estrategias implementadas para impedir los pagos sin respaldo productivo.
Adriana Ballester Hernández, directora de Personal, explicó a Granma que «durante el 2016, los errores en la planificación, junto a otras problemáticas, trajeron consigo el pago de altos salarios que no se correspondían con el cumplimiento de los indicadores directivos. Llegamos a un momento en el cual las ventas, como sistema, se sobrecumplían solo un 4 %, mientras el fondo se salario en un 38 %».
Como resultado de las disposiciones adoptadas, agregó, «al cierre del primer trimestre de este año, el Minag cumple sus ventas netas al 117 % y el valor agregado se sobrecumple en un 22 %, mientras que el fondo de salario crece en un 4 % respecto a lo planificado. Es decir, hemos estado observando la correspondencia entre el crecimiento de los indicadores directivos y el salario».
DEBATES AL INTERIOR DEL COMERCIO
A partir del aseguramiento metrológico que el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) ejecuta en el país, y que abarca la red mayorista y minorista, se pudo constatar que dificultades que habían sido objeto de análisis en diciembre del 2015, como la asignación de instrumentos de medición en las tiendas de materiales de la construcción y el sistema de atención a la familia (SAF), así como la contratación para los servicios de calibración y verificación, muestran un estado positivo.
No obstante, persisten inquietudes relacionadas con la aplicación del sistema internacional de unidades, en la relación kilogramo-libra, y las violaciones de las normas, el etiquetado, envase y almacenamiento de los productos que se comercializan.
Así refirió Tania Duconger, presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios, al iniciar el intercambio con los diputados este martes, que estuvo enfocado en los instrumentos de medición y su vínculo con la protección al consumidor.
En torno a estas problemáticas, la titular del Mincin, Mary Blanca Ortega, expresó que el plan de pesas y básculas del año 2016 ascendió a 3 405 medios. Sin embargo, solo se ejecutó el 68 % del plan proyectado por incumplimientos de la industria, quedando pendiente más de 1 000 instrumentos, con mayor afectación en las pesas de 15 kg.
Asimismo, el levantamiento metrológico realizado en los grupos empresariales del comercio en marzo del 2017 arrojó que del total de utensilios de medición, se encuentran verificados el 81,7 %, y de ellos aptos para el uso el 77,6 %.
Por otra parte, indicó Ortega, en las tiendas de materiales de la construcción se validó por la Oficina Nacional de Normalización (ONN) el medidor de áridos como medio de comprobación de volumen; y en el caso del aceite de la canasta básica familiar, se aprobó un medidor autorizado por un término de cinco años, ya que la solución final es el producto envasado que permita cumplir con las normas de metrología e inocuidad de los alimentos, agregó.
Reconoció igualmente que persisten problemas como las indisciplinas de los trabajadores que prestan el servicio directamente, y que en la medida de lo posible, hace falta pasar al sistema métrico internacional en la venta a granel.
La diputada Liannet Mesa, de Mayabeque, señaló que los instrumentos utilizados por los trabajadores por cuenta propia asociados a este sector tienen que regirse por las normas establecidas, pues resulta frecuente la venta de productos en formatos no aprobados, como bolsas de nylon y otros envases.
En tanto, Silvia Martínez, por el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, dijo que a partir del control y fiscalización realizado en el territorio, se pudo detectar que en algunos mercados agropecuarios y SAF las pesas digitales estaban rotas y no cumplían su función.
En cuanto a los inventarios ociosos y de lento movimiento, la ministra Mary Blanca Ortega informó que a partir de un estudio realizado en 103 entidades de la economía nacional, se pudo detectar que la gestión empresarial en estos temas es débil y que no basta con atender los inventarios desde lo contable, sino que hay otros procesos determinantes como el estudio de la demanda, el conocimiento y la preparación de los especialistas, el sistema del transporte, hasta el funcionamiento de los almacenes.
Al cierre de abril, el 94 % de los inventarios se encontraba en el sistema empresarial y el resto, en las unidades presupuestadas. Pero dentro de ese sistema empresarial hay 14 entidades y ministerios en los que se concentra casi el 80 % de los inventarios, y con estos organismos tenemos que hacer un trabajo diferenciado y ver puntualmente qué está incidiendo en la cadena logística, precisó Ortega.
En lo relacionado con el tratamiento a las nuevas formas de gestión, Mirurgia Ramírez Santana, directora de servicios del Mincin, explicó que se han constituido 174 cooperativas no agropecuarias vinculadas al sector, de ellas 142 de gastronomía y 32 de servicios personales y técnicos.
Desde que comenzó el experimento en el 2014, podemos apreciar un incremento en la oferta y la calidad de las prestaciones, un mayor interés por realizar acciones constructivas y de mantenimiento, así como mejores ingresos para los trabajadores, comentó Santana.
No obstante, reconoció, la falta de acompañamiento de las empresas durante el paso de las unidades a otra forma de gestión; la tendencia al incremento de los precios; la ausencia de consulta jurídica en los procesos de contratación; y las irregularidades en el cumplimiento de los abastecimientos, son deficiencias que todavía no superamos.
CADA CIUDADANO ES RESPONSABLE DE SU SALUD
«Hay que entender que la prevención es diaria. Solo así podremos prever las situaciones de vulnerabilidad y riesgo», señaló el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, ante los diputados de las comisiones de Salud y Deporte, y Defensa Nacional, que valoraron la situación epidemiológica del país, así como la efectividad y resultados de las medidas que se toman para prevenir y enfrentar las enfermedades transmitidas por el mosquito del género Aedes.
Francisco Pacheco, diputado por Santiago de Cuba, refirió que si bien el papel decisivo corresponde a la población, no puede desconocerse el peso que tiene la disposición de residuales, un tema que se ha discutido reiteradamente en esta comisión, y sobre el cual, opinó, aún no se aprecia un avance.
«Los millonarios recursos que el Estado destina a esta campaña y a la asistencia sanitaria, no pueden sustituir las acciones de prevención de salud», expresó el diputado por el municipio del Cotorro Pedro Esquivel Moreno.
Añadió que «hay que reconocer el trabajo de los jóvenes reservistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que están haciendo su tarea con responsabilidad. Pero van a los lugares, y tienen muchas veces que volver porque la población no cooperó. Así es muy difícil lograr sostenibilidad. Debemos ser más enérgicos al aplicar la Ley».
La teniente coronel Gloria E. Gely Martínez, jefa de Departamento del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil enfatizó que las epidemias pueden afectar la seguridad nacional, por lo cual la participación comunitaria, así como las acciones integrales e intersectoriales son claves. Las autoridades están siendo rigurosas, y afirmó que más de 30 000 multas han sido aplicadas por concepto de propagación de epidemias.
Al mismo tiempo, identificó entre las principales vulnerabilidades la inestabilidad de la fuerza de trabajo, la insuficiente venta de conexiones hidrosanitarias, tanques, aspersores manuales y tapas, y el manejo de residuales sólidos y líquidos; asimismo, los frecuentes eventos de sequía y el deterioro de las condiciones higiénico sanitarias en asentamientos humanos.
El doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y ministro de Salud Pública, señaló que la situación epidemiológica al cierre del semestre mostró un comportamiento favorable en el país, respecto a periodos anteriores.
Con relación al dengue, el titular refirió que se cerró el semestre sin transmisión activa de este virus, y en este momento solo se reportan casos de transmisión en dos áreas de la provincia de Holguín, donde ya se toman medidas para reforzar la vigilancia.
Sobre el virus del Zika, añadió que está presente en algunos territorios de las provincias de Guantánamo, Holguín, Cienfuegos y La Habana. «Aun cuando es localizada y esta transmisión se puede cerrar, hemos decidido extender la etapa intensiva hasta el 20 de julio en cinco provincias y 17 municipios, incluyendo a Santiago de Cuba, por los riesgos que pudiese tener, si bien en esta última no hay transmisión», explicó.
Entre las principales problemáticas, mencionó la calidad del trabajo de control de vectores, pero «no se trata solo de la labor del operario, sino de lo limitada que sigue siendo la participación comunitaria en algunos territorios. Hoy el 83 % de la focalidad está dentro de las casas, en los depósitos para almacenar agua», dijo.
De ahí que, apuntó el Ministro, siguen siendo prioritarias las medidas que al interior de los hogares y centros de trabajo se realicen para eliminar los criaderos; lo cual no quiere decir que no haya que actuar también en resolver los problemas de comunales y recursos hidráulicos, que hoy afectan e inciden en la estimulación a que las personas participen activamente de la campaña.
Otros de los temas que ocupó la agenda de los parlamentarios fueron las políticas sobre el envejecimiento, así como el seguimiento al estado constructivo de los hogares de ancianos y casas de abuelos; y la creación de nuevas capacidades para estas instituciones.
En el informe presentado por el diputado Francisco de Borjas Pacheco Álvarez, se dio a conocer que Cuba dispone actualmente de 280 casas de abuelos, 45 más a partir de la implementación de la política sobre el tema aprobada en el 2013. No obstante, se mantienen cuatro municipios sin esta modalidad de atención: Mariel, Caimito, Alquízar y Madruga.
Los hogares de ancianos aumentaron en seis, para un total de 149.
Durante este año está planificada la apertura de diez casas de abuelos, de ellas cuatro en La Habana y dos en las provincias de Camagüey, Granma y Santiago de Cuba. Respecto a los hogares de ancianos se prevé abrir uno en La Habana y otro en Las Tunas.
Sobre la certificación para el cobro de las nuevas tarifas establecidas para la atención a los adultos mayores en estos centros, el informe subrayó que hasta la fecha hay 192 instituciones sociales donde se aplican las mismas, el 47,5 % de las existentes.
Para el diputado Pedro Hernández, de Cienfuegos, es importante subrayar la justicia de la política, lo cual se aprecia en sus resultados; y señaló que al analizar el cambio de tarifas en estas instituciones, la mayor parte del pago, más del 70 %, se hace por la asistencia social, ya sea de modo total o parcial.
Por otra parte, explicaron que si bien se ha avanzado notablemente en relación con la reparación y mantenimiento, persisten dificultades por ejemplo con la mano de obra, aun cuando están los materiales.
Ariel Martínez Molina, diputado por Villa Clara, reconoció que allí el panorama es diferente al planteado en el 2014, cuando siendo incluso esta provincia la más envejecida del país no se ejecutaron siete millones de pesos destinados a mejorar las condiciones de estas instituciones. No obstante, mencionó además que existen todavía dificultades con el aprovechamiento de las plazas.
El doctor Alberto Fernández Seco, jefe del Departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, reiteró que con la participación conjunta de los ministerios de Salud y Trabajo se ha logrado aumentar paulatinamente las capacidades en las instituciones, recuperando camas, creando nuevas plazas y centros, y mejorando las condiciones para garantizar una mejor atención y calidad de vida.
La viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Yusimí Campos Suárez, reiteró respecto a la política aprobada para atender el envejecimiento, que no puede verse aislada de otras medidas, como las encaminadas a favorecer la mujer y madre trabajadora tanto en el sector estatal como no estatal.
EXIGEN RIGOR EN APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD VIAL
Diputados de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento alertaron que solamente durante los cinco primeros meses del año ocurrieron 1 670 accidentes de tránsito en el país.
Nelson Ojeda Díaz, diputado por el municipio de Ranchuelo, en la provincia de Villa Clara, advirtió que en las zonas rurales los animales sueltos en las vías constituyen una verdadera amenaza.
Amarilys Castanedo Alfonso, de la cabecera provincial de Matanzas, criticó la circulación a cualquier hora de los vehículos de tracción animal, cuando está prohibido que lo hagan de noche.
Otros parlamentarios coincidieron en la necesidad de que sea más rigurosa la aplicación del Código de Seguridad Vial en la nación, donde en el periodo de enero-mayo pasado hubo 314 fallecidos y 3 478 lesionados por colisiones.
Arnaldo Rodríguez Rosabal, inspector general del Ministerio de Transporte (Mitrans) señaló que entre las principales causas de accidentes se encuentran la desatención a la conducción del vehículo, el irrespeto al derecho de vía, y el exceso de velocidad.
A ello se añade que el 76 % de la infraestructura de carreteras posee un estado técnico de regular a malo y es inadecuado el completamiento de la señalización semafórica.
En consecuencia, la Comisión Nacional de Seguridad Vial, integrada por organismos de la administración central del Estado, implementa un plan de reducción de accidentes y medidas complementarias, dijo su presidente, Abdel Yzquierdo Rodríguez, titular del Mitrans.
TRABAJAR EN CONJUNTO, CLAVE PARA LUCHAR CONTRA LAS DROGAS
Aunque el éxito en la lucha contra la droga en Cuba es resultado de la concepción del trabajo en conjunto de todas las autoridades del país, este es un fenómeno que necesita un mayor enfrentamiento, coincidieron funcionarios de varios ministerios e instituciones durante la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Especialistas del Ministerio del Interior (Minint), la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal Supremo Popular y los ministerios de Educación (Mined), Educación Superior (MES), Salud Pública (Minsap), Turismo (Mintur) y Agricultura (Minag), abordaron la lucha contra este flagelo, coincidiendo en que la presencia de la droga en Cuba es ínfima, pero que siempre es una problemática que debe movilizar a la acción.
El contexto internacional «está influyendo en la detección de este fenómeno en la Isla, aseguró el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Nacional Antidrogas del Minint.
La tendencia de varios países a legalizar algunas drogas ha motivado que en Cuba, según Alexis Trujillo Morejón, viceministro de Turismo, se hayan detectado casos de turistas vinculados a este flagelo, muchos de ellos creen que «al estar despenalizadas en sus naciones, en Cuba también lo está».
Por su parte, la FGR continúa aplicando medidas severas contra el tráfico y el consumo. Asimismo, de conjunto con el Minag, ha previsto un plan de acciones para combatir el cultivo de plantas nocivas; y en coordinación con el Mined, Minsap y Minint han identificado los barrios y familias con proclividad a esas prácticas.
Para Carmen Borrego Calzadilla, jefa de sección de salud mental del Minsap, la atención a las familias «es una prioridad para neutralizar el consumo y tráfico de drogas».
En ese sentido, el diputado villaclareño Joaquín Bernal Rodríguez resaltó la efectividad de la red de servicios del Minsap, que incluye desde consultorios médicos hasta clínicas especializadas en salud mental, cuyo fin es revitalizar y fortalecer la estrategia dirigida a todos los miembros de las familias, principalmente a los jóvenes.
PRODUCIR ES ESENCIAL PARA PODER AVANZAR
Con la presencia de Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la ANPP, la Comisión Agroalimentaria abordó el tema del incremento y la diversidad de las producciones de alimentos en las montañas. La sostenibilidad de los programas de desarrollo, preparar a las estructuras administrativas de las cooperativas, la certificación de las semillas, entre otros, fueron aspectos analizados.
Además, se comentó de la mala situación de los caminos y su reparación, de la reorganización del sistema de la salud y de los centros docentes; la electrificación de las comunidades, las mejoras en los sistemas de comunicación; la venta de materiales de construcción para la reparación de las viviendas; y la apertura de puntos comerciales dentro de las comunidades rurales.
Esteban Lazo se interesó por la pérdida de volúmenes productivos de cultivos varios, debido a la falta de transportación, envases e insumos. Asimismo, indagó acerca de la disminución de los rendimientos del café por hectárea e interrogó acerca de la integralidad en los programas de desarrollo, con inclusión de las mejoras de condiciones para las familias, buscando la permanencia en esas zonas de los productores.
El diputado Miguel A. Arregui Martínez, presidente del Grupo Agroferestal de Montaña, explicó que actualmente laboran en el Plan Turquino 6 044 técnicos y profesionales, y a ellos deben adicionarse otros 5 000 hasta el año 2026, pedidos al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, para solucionar las necesidades de profesionales en los programas de desarrollo, aprobados en el 2010.
El dirigente refirió que a partir del 2013 se recibió financiamiento para acometer inversiones para el cambio de equipamiento, la reparación de caminos, el incremento de medios de transporte y la construcción de mini-industrias para enlatar las cosechas y excedentes productivos.
Mencionó que existe mayor motivación para cultivar café a partir del incremento de los precios de las cosechas, lo cual deriva en un mayor pedido de tierras en usufructo y el retorno de campesinos hacia las montañas.
Aseguró que para el 2018 se sembrarán 8 000 nuevas hectáreas de café y el pronóstico para el 2020 es que se deben producir más de 16 000 toneladas de ese producto que puedan sustituir las importaciones.
Los diputados hicieron mención al proceso de recuperación en los municipios afectados por el huracán Matthew y reconocieron los grandes esfuerzos realizados por el Gobierno para llevar a la normalidad a las comunidades rurales de la zona, en el menor tiempo posible.
A su vez, los diputados argumentaron la necesidad de una mayor capacitación a los productores en los temas medioambientales, para un mejor tratamiento a los suelos y los ecosistemas.
A debate se sometió también el control y fiscalización a la producción de alimento animal. Sobre el particular los diputados consideraron que hay avances con respecto a igual intercambio realizado en el 2016, en tanto ya existe una estrategia definida, aunque quedan elementos por resolver, como la guía para los productores y el transporte adecuado para el traslado de la carne.
La aspiración es lograr la sostenibilidad del sistema productivo y garantizar el cumplimiento estricto de las normas de la bioseguridad para la salud de los animales.
Ya Cuba cuenta con dos vacunas terapéuticas producidas en los centros científicos del país, una para combatir la peste porcina y otra para las enfermedades del conejo.
Otro tema tratado en la sesión vespertina fue el incremento productivo y el perfeccionamiento de la comercialización, en el cual se brindaron elementos sobre cómo se recuperan las empresas nacionales de Frutas Selectas y Acopio, principales responsables de la distribución de los productos agropecuarios.
Todos coincidieron en advertir el avance en este renglón económico y se precisó la necesidad de continuar con el perfeccionamiento de las acciones.
AFECTACIONES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO
Los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía intercambiaron sobre el tratamiento que los diferentes organismos han dado al tema de las ilegalidades vinculadas con el ordenamiento territorial y urbanístico.
Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física refirió que en el 2016 se evidenció un discreto avance en la erradicación de ilegalidades en el país, aun cuando no en todos los territorios las autoridades competentes reaccionan con inmediatez a los problemas y persisten dificultades de planificación y disponibilidad de recursos.
En el año mencionado las entidades estatales reportaron 37 216 ilegalidades y de las 8 318 que previeron erradicar, eliminaron 6 337, quedando pendientes 30 879, más 512 nuevas detectadas.
Entre las principales deficiencias, Rodiles Planas, mencionó que continúan apareciendo ilegalidades y la coordinación de las autoridades nacionales con los gobiernos municipales es insuficiente.
Para el 2017 –significó– urge erradicar las irregularidades de esta naturaleza que ya existen y evitar que surjan otras, para lo cual es necesario la capacitación y estabilidad de la fuerza de trabajo en las direcciones municipales de planificación física, que las personas jurídicas y naturales conozcan mejor las regulaciones establecidas y continuar el perfeccionamiento del proceso inversionista.
En la información presentada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos sobre su Plan Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades se aprecia que los principales problemas se relacionan con conexiones ilegales de redes y conductoras, mal funcionamiento de sistemas de tratamiento de residuales, entronques de residuales al sistema pluvial, y mal empleo de la faja de protección de ríos y embalses. Para resolver tales dificultades se realizan acciones de coordinación y control entre las partes con responsabilidad en el tema.
En cuanto al Ministerio de Energía y Minas resaltaron como irregularidad las 143 000 viviendas que reciben servicio a través de tendederas eléctricas. El organismo apuntó que si bien resolver este problema requiere gran cantidad de recursos, entre el 2015 y el 2016 se lograron normalizar 29 000 viviendas.
De igual modo el Ministerio de Industrias informó que en el 2016 tenía 131 ilegalidades, de las cuales 34 se erradicaron, quedando por resolver 97; mientras que el de la Construcción de 232 ilegalidades el pasado año, erradicaron 153 y quedan pendientes 31.