Por Dr Pedro Monreal
sep 25
Agradezco a la revista Temas la invitación a participar en línea en la sesión de “Último Jueves” del 24 de septiembre, dedicada a “Partiendo los nudos de la política económica: las alternativas”.
Expuse brevemente mis opiniones sobre tres temas que los organizadores formularon como tesis para construirlas, analizarlas y caracterizarlas en su significado y contradicciones, y debatirlas críticamente atendiendo al alcance, las limitaciones y las omisiones de las distintas propuestas de política económica.
Estas fueron las tres tesis que comenté:
Tesis 1. “Una economía mixta: que fomente al máximo y articule los distintos sectores (público, privado nacional y extranjero, cooperativo, social, comunitario)”.
Tesis 2. “Un mercado libre regulado: que funcione hacia adentro y hacia afuera, de manera coherente, y que guarde una relación nueva con la planificación, de carácter estratégico”.
Tesis 3. “Un sector público descentralizado en un sistema político descentralizado: que haga valer esa cualidad en la gestión y el control empresarial e institucional, y en la autonomía territorial”.
Como el tiempo fue limitado, reproduzco un texto breve sobre cada asunto, basado en las notas esquemáticas que había preparado y no pude exponer por completo.
Formé parte del equipo de cinco economistas del Proyecto Cuba Transformación que elaboró el análisis y la propuesta para una primera fase de estabilización macroeconómica y medidas de emergencia. Desde esa plataforma abordé las tres tesis presentadas por Temas.
Mis comentarios parten de dos premisas:
- Centro el análisis en las 176 medidas del Gobierno cubano y sus normas complementarias, porque permiten evaluar con mayor rigor su viabilidad, efectos previsibles y relación costo-beneficio. Frente a enfoques ideológicos o programáticos de alto nivel, que suelen diluirse en abstracciones, examinar los instrumentos operativos no reduce el marco general. Lo somete a prueba y lo vuelve más útil para la deliberación pública.
- Toda medida de un programa de transformación económica, como el paquete presentado por el Gobierno cubano en junio, debe poder medirse: cambia un precio, un flujo, un derecho de acceso, un contrato o un dato publicado, o no ha ocurrido. Sin indicadores, plazos y fuentes, el cambio es inverificable y el programa se juzga por sus intenciones y por la Gaceta Oficial, no por sus mecanismos. La reforma se vuelve relato, y el cálculo, los incentivos y la corrección de rumbo quedan sin guía.
Comienzo con el primer tema: el «modelo mixto» y la articulación entre sectores.
Los demás se abordarán en próximas notas.
SOBRE LA TESIS 1: Se necesita un modelo económico que articule, no solo que permita.
Adelanto mi evaluación antes de desarrollarla: el predominio estatal es el punto de partida y, con las 176 medidas tal como están redactadas, también el de llegada.
El paquete no transforma sustancialmente ese modelo; busca administrarlo mejor. Además, difícilmente habrá una articulación sólida si el sector no estatal existe solo por autorización del Estado: eso es coexistencia tutelada.
Qué significan «economía mixta» y «articular». El concepto de «economía mixta» no pertenece al marco oficial cubano. Tampoco se emplea como tal en China o Vietnam, ni se utilizó en la Perestroika ni en las reformas socialistas tardías de Europa del Este.
«Mixto» describe un híbrido, no un proyecto. Un partido comunista en el poder necesita presentar la reforma como continuidad del socialismo, no como cambio de sistema.
Adoptar ese nombre implicaría reconocer que la meta ya no es el socialismo, sino la convivencia permanente de dos lógicas, lo que debilitaría la justificación del monopolio político.
Articular, por su parte, no es «convivir» ni «permitir», sino conectar distintas formas de propiedad en un mismo circuito productivo y comercial, bajo reglas transparentes.
La etiqueta preserva la continuidad ideológica, mientras el contenido responde a la supervivencia económica. Por eso el análisis se centra en criterios medibles: quién posee, a qué precio y con qué privilegios.
Qué no modifica el paquete. Las 176 medidas parten de una base estatal que permanece esencialmente intacta. Continúa el predominio sobre activos estratégicos, cuellos de botella —como la asignación de divisas— y reservas legales, incluida la lista negativa de actividades reservadas a entidades estatales.
Según especialistas oficiales, el sistema empresarial estatal concentra más del 90 % del valor de los activos y posee la mayor parte de la infraestructura y la capacidad instalada. Las mipymes se concentran en manufactura ligera, gastronomía y construcción, no en redes, infraestructura crítica, tierras o plantas estratégicas.
Aunque existen unas 15 mil mipymes privadas, son unidades relativamente pequeñas: el número de actores no equivale al control de la base productiva.
El tejido empresarial sigue siendo predominantemente estatal: aproximadamente 2200 empresas estatales, 70 grupos empresariales, algo más de 300 sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y sus filiales, además de unas 2600 unidades presupuestadas.
El nuevo marco reconoce diversas formas de propiedad y contempla la enajenación de patrimonio público: venta de bienes estatales y adquisición de acciones por personas jurídicas y naturales, nacionales o extranjeras, con fondos de origen lícito.
No basta con observar la participación estatal en el PIB; también importa el peso cualitativo de la lista negativa.
Todavía no es posible evaluar el paquete con rigor, porque falta comprobar qué se ejecuta. Sí puede compararse lo anunciado con lo que permite la normativa vigente y preguntar si conduce a una verdadera articulación o solo a una coexistencia autorizada.
¿Cuándo existe una articulación real?
Hay articulación cuando se cumplen estas condiciones:
1. Una empresa estatal u otro actor de gran escala genera demanda abierta de insumos y subcontratos, y compra a empresas privadas, cooperativas, entidades comunitarias o empresas mixtas. Autorizar su existencia no basta.
2. Existe una relación entre socios, no entre portero y autorizado. Cada parte aporta capital, activos o gestión en condiciones simétricas, en vez de limitarse a conceder licencias, absorber o autorizar.
3. Rigen en la práctica las mismas reglas de acceso a los actuales cuellos de botella —divisas, importaciones, mercado mayorista y precios—. Si un actor no estatal accede solo con permiso estatal, está subordinado, no articulado.
4. La articulación se refleja en datos verificables sobre empleo, ventas y encadenamientos, desglosados por forma de propiedad.
No hay articulación si la empresa estatal reformada —o quien asigna divisas y licencias— decide si los demás pueden operar sin actuar como cliente ni socio. Abrir actividades sin crear esa conexión es coexistencia, no articulación.
Mi valoración del umbral que debería alcanzarse en doce meses. Ese umbral solo se supera si coinciden tres condiciones:
· Al menos un tercio de las 46 actividades liberadas y de las 35 flexibilizadas cuenta con actores no estatales registrados y en funcionamiento, no solo autorizados en el papel.
· Operan sociedades de responsabilidad limitada mixtas nacionales en sectores antes vedados a empresas exclusivamente privadas, sin reducirse a absorciones de entidades privadas por el Estado.
· Se publican datos de empleo y ventas por forma de propiedad en esos sectores, y el componente no estatal no retrocede respecto del trimestre en que se aprobó el Decreto 160, el 4 de agosto de 2026.
Conclusión.
Articular una economía no es autorizar la coexistencia, sino crear interdependencia entre actores bajo reglas comunes de acceso, contratación, riesgo y decisión. Ahí radica la principal falla. Flexibilizar un anexo de actividades o conceder permisos de forma unilateral facilita la entrada, pero no genera encadenamientos. La reforma de la empresa estatal debe probarse con hechos —demanda visible, compras realizadas y asociaciones en condiciones comparables—, no con decretos.
Si conserva el control sobre licencias, divisas e insumos, la empresa estatal no compite: raciona. El sector no estatal puede estar autorizado y seguir subordinado. Ceder la gestión de activos públicos sin modificar la base patrimonial, la capacidad residual de decisión ni las reglas de acceso tampoco crea paridad, sino tutela sobre el patrimonio estatal.
El privilegio sobre la escasez no consiste en la falta de bienes, sino en la ventaja institucional para acceder antes, a menor costo o bajo reglas distintas a recursos restringidos. El objetivo no es eliminar la escasez, sino asignarla mediante precios, contratos y méritos verificables, no por jerarquía administrativa.
Ampliar lo permitido sin eliminar ese privilegio no reforma el modelo: autoriza, pero no articula. El examen de las medidas confirma que la llamada «economía mixta» yuxtapone formas de propiedad sin integrarlas de manera efectiva. Se necesitarán doce meses para reunir evidencia sólida; por ahora, el diseño no resulta convincente como mecanismo de articulación.
