Réplica al artículo "La transformación del modelo cubano frente a las alas de Ícaro", firmado por el economista Pedro Monreal, publicado el 28 de julio en OnCuba.
Por Rafael Hernández
Sin tener que recurrir a citas de autores famosos que lo avalen, permítanme partir de una noción elemental: cualquier cambio económico significativo ya es un cambio político.
No solo porque la economía no es una habitación separada —salvo para los economistas tecnócratas—, sino porque la manera en que la sociedad procesa esos cambios y reacciona frente a ellos se manifiesta en actitudes políticas que marcan el consenso efectivo aquí y ahora. Consenso heterogéneo y contradictorio que afecta la receptividad, eficacia y también los costos de las reformas, sobre todo cuando las medidas son tardías.
El grado de apoyo o de no oposición a esos cambios influye también, en última instancia, en la velocidad y rectitud de su implementación. Que se hagan ya y se hagan bien reduce el riesgo de que se extravíen o se degraden, a manos de una burocracia tendiente a la inercia y a no ceder su cuota de poder, por razones obvias.
La experiencia muestra que la propia cautela “sin pausa, pero sin prisa” ha tenido antes un efecto ralentizador. Esto facilita la gestación de un frente opositor formado por los “realistas desengañados”, en auge hoy gracias al descreimiento fomentado por el acumulado de políticas ineficaces, y a la decepción de los “custodios del socialismo verdadero”, que ya no se limitan a aceptarlos a regañadientes, sino que se dedican a levantar cargos de traición a los ideales.
Para evitar que alguien coja el rábano por las hojas con lo que estoy argumentando, aclaro que no se trata de aplaudir en vez de debatir críticamente. Digo que ignorar esas medidas o reaccionar ante ellas, antes de que se pongan en práctica, declarándolas de entrada nefastas y contraproducentes, cuando no contrarias al interés del pueblo, es algo diferente a evaluarlas en su alcance, integridad, parcialidad, riesgos, y a recomendarles correcciones y adiciones.
Analizarlas en su formulación y contenido está bien y así debe ser, especialmente desde las ciencias sociales. Pero adelantarse a juzgar efectos que dependen de su implementación y aplicación reales parece soslayar que la política es lo que se hace. Sobre todo si se limita a pronosticar impactos negativos, en el contexto profundamente alterado de una crisis tan policrítica como la actual, donde cualquier alivio es un paso de avance. Y aunque se justifique el recelo ante esa entidad llamada “el gobierno”, a la que se considera incapaz de aplicarlas como se debe.
Ignorar las políticas que promueve este gobierno, y que son debatidas públicamente, incluye a veces ignorar también a quienes las han propuesto durante los últimos 35 años, poniéndolas por escrito y publicándolas. Especialmente cuando el análisis de “los problemas de la economía” abarca no solo el círculo gremial de los economistas y la reflexión crítica y rigurosa de un comité ilustrado, sino discusiones múltiples con la puerta abierta.
Mi modesta experiencia en ese terreno, como algunos lectores saben, consiste en organizar un espacio de debate público que cumple 25 años en febrero próximo —Último Jueves—, donde han participado investigadores, practicantes, funcionarios, activistas, artistas, religiosos, líderes comunitarios, cubanos y no cubanos, residentes en Cuba y en el extranjero, y se han abordado temas de carácter económico, social y político, caracterizados por reunir puntos de vista siempre diferentes, algunos muy críticos.
Al final de este artículo voy a listar una selección de los debates más recientes (desde 2023) que, aunque se han publicado en las redes desde hace muchos años, algunos no saben que existen.
Volviendo al eje de mis consideraciones en “¿La caja de Pandora?…”, añado que no haber cogido al toro de los cambios políticos por los cuernos y pospuesto tanto tiempo su reconocimiento ha tenido un rebote negativo sobre la profundidad y continuidad de “esas reformas económicas”.
No en balde la mayoría de las numerosas medidas que se han venido acordando desde el lanzamiento de la Actualización del modelo, hace ahora quince años, muchas bien articuladas y sistémicas, no llegaron nunca a pasar la prueba de la aplicación. ¿Por qué?
Naturalmente, que ni los Lineamientos “económicos y sociales” ni la “reforma a la Constitución” alcanzaban a expresar el alcance de una transformación estructural e integral del socialismo en Cuba. Y cuando esos remilgos se revelaron como trabas a los cambios de fondo prometidos para lograr un socialismo “próspero y sostenible”, con sector privado y reforma del Estado, pero también descentralizado y democrático, el camino de una nueva Constitución se hizo imperioso.
Una Constitución que, con todos sus déficits e imperfecciones, sigue siendo la propuesta más sistemática e integral de un orden social, económico y político cubano.
Ningún paquete de cambios económicos, generados adentro y mucho menos afuera, tiene la legitimidad de una Constitución respaldada por el 86 % de los ciudadanos que votaron en 2019 por un orden político distinto. Es decir, por uno que postula “un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, …para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”. Y que incluye conceptos radicalmente nuevos sobre la propiedad, los derechos humanos, las libertades individuales, la ley, las atribuciones de los gobiernos locales, así como refrenda el acceso universal a la educación, la salud, el trabajo y el respeto a la dignidad de los ciudadanos sin diferencias marcadas por género, orientación sexual, color de la piel, etc.
Por todo eso se votó en 2019. Y seguimos esperando porque la mayoría de esas transformaciones se ejecuten en forma de leyes. Para que puedan convertirse en políticas reales.
Pregunto: ¿Es posible otra legitimidad que compita con la mayoría democrática expresada en aquel voto popular?
Claro que no siempre lo legítimo coincide con las ideas y sentimientos de una parte de la ciudadanía. Por ejemplo, resulta probable que alguno de los católicos asociados al Cuba Study Group en Cuba no hubiera votado a favor del Código de la Familia. De hecho, uno de cada tres cubanos que votaron en el referéndum del Código lo hicieron por el NO.
¿Es lícito argumentar que el derecho de familia vigente en Cuba gracias a ese Código y a esa Constitución resulta una expresión de “ideología de género” porque no refleja los principios, muy respetables por demás, de esos religiosos, no solo católicos, que rechazaron, a veces en términos bastante enardecidos, una legislación que existe, por cierto, en muy pocos países?
¿Un grupo de normas de ese derecho, que no se practican en ninguno de los otros países socialistas y tampoco en numerosos con “economías de mercado” —para hablar solo de la democrática Europa, en Italia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Hungría, Bosnia, Serbia, Turquía?
Pregunto: ¿De dónde sacan que una economía gobernada por el mercado, con un sistema multipartidista, elecciones tan libres como para poder ganarlas la ultraderecha, es un marco democrático que garantiza per se los derechos ciudadanos y un esquema de desarrollo social y humano por encima?
Lo que leemos en documentos y en las redes acerca de los cambios políticos que deben acompañar a una economía de mercado por parte de los abogados de la reforma antisocialista define de manera más bien vaga estos cambios. Para que en esta posdata no haya confusión con lo que estoy diciendo, voy a citar sus ideas.
Cuba necesita una economía de mercado que sea “social”. Porque “el sentido de la economía es la sociedad”. Cuba necesita “un Estado de derecho democrático, porque el pueblo se ha empobrecido precisamente por el carácter autoritario del sistema”, además de algunas “presiones externas”. Y en un sistema democrático, “el pueblo controla al gobierno”.
¿Lo que diferencia a una “economía social de mercado” (ESM) capitalista del socialismo plasmado en la Constitución sería un Estado democrático de derecho? ¿Todo lo que no fuera una ESM capitalista excluye la posibilidad de ejercer “control democrático sobre las instituciones públicas”, “restringe la libertad de información y expresión”, “consolida las élites burocráticas”? ¿No ha sido posible en Cuba, bajo este socialismo defectuoso que tenemos, avanzar en el campo de la libertad de expresión y de la manifestación de una sociedad plural capaz de defender la participación ciudadana y criticar públicamente las políticas gubernamentales?
Ante tanta carga doctrinal, se me ocurren maneras de verificar el sentido de estas propuestas, colocándolas ante escenarios políticos concretos.
Imaginemos que la ANPP discutiera una ley de asociaciones que defina los requisitos para registrar organizaciones de carácter económico, religioso, étnico, cultural, gremial, deportivo. Y que, a partir del concepto de oposición leal, se admitieran algunas, cuyas bases estuvieran dirigidas a fomentar políticas identificadas con los presupuestos de desarrollo y justicia social, equidad, participación y democracia ciudadanas, control popular, sustentabilidad, independencia y soberanía. Y que en ese proyecto de ley se especificara que ninguna de esas organizaciones políticas podría legalizarse si tuviera vínculos de cualquier tipo con agencias del USG, ni con sus asociados en el exilio militante anticomunista.
Supongamos que las reglas electorales existentes abajo se abrieran hacia arriba, y organizaciones legales ya existentes o nuevas, que reunieran a mujeres, productores agrícolas, empresarios, artistas, académicos, religiosos, jóvenes, personas mayores, LGTB, trabajadores domésticos, científicos, gremios, profesionales, sindicatos, eligieran a sus representantes en un proceso de consulta interna y los registraran como candidatos a la ANPP.
Y que los ciudadanos cubanos residentes afuera pudieran participar en ese mecanismo electoral, incorporándose a esas organizaciones existentes en la isla. Esta ampliación del proceso de nominación de candidatos solo estaría limitada por la prohibición de usar fuentes de financiamiento, internas o externas, que crearan desiguales oportunidades entre los candidatos propuestos.
Si entre las muchas legislaciones pendientes, basadas en la Constitución y en los derechos que reconoce en materia de expresión pública y participación ciudadana, se introdujeran estas reformas políticas, ¿sería posible que los reformistas antisocialistas reconsideraran sus presupuestos doctrinales? ¿Que admitieran, por ejemplo, como saben quienes han hecho investigaciones en Vietnam, que a pesar de que existe un solo partido, y que no se trata precisamente de una ESM, la Asamblea Nacional ejerce un control del gobierno y le exige rendición de cuentas, de manera efectiva y transparente?
Nunca respondo a los comentarios que suscitan mis artículos en esta columna. Tampoco lo voy a hacer ahora, aunque, como es obvio, he leído todas las propuestas y conozco la manera de pensar de los autores, porque la mayoría han sido mis amigos durante muchísimos años.
Que discrepemos no me parece dañino ni contraproducente; al contrario. Algunas de sus observaciones me recuerdan el conocido recurso que los franceses llaman l´homme de paille. O sea, simplificar lo que el otro dice para dispararle desde la cintura.
En cambio, prefiero terminar estos comentarios dispersos con una invitación.
Como aparece el programa de debates de Último Jueves para 2026, publicado antes que todos estos documentos dedicados a “las transformaciones”, tenemos previsto un panel titulado “Partiendo los nudos de la política económica: las alternativas”. Lo vamos a celebrar el último jueves de septiembre.
Todos los que quieran discutir esas transformaciones, las formuladas en documentos y las que ya están en fase de ejecución, y otras, especialmente quienes hayan elaborado algunas y quienes quieran debatirlas, están invitados a participar activamente, en modo presencial o a distancia.
Posdata de la posdata
Termino esta larga posdata con una digresión sobre los mitos griegos, evocando mis años juveniles como profesor de literatura y teatro clásicos en la Escuela de Letras.
Según la leyenda, Ícaro y su padre quieren fugarse de la isla de Creta y no saben cómo, porque el rey Minos no los deja. Así que inventan una salida ilegal, consistente en irse volando con unas alas hechas de plumas de verdad. Ícaro, embullado con eso de volar, se remonta demasiado y termina quemado por el sol, como diría Nikita Mijalkov.
Moraleja 1: Acercarse demasiado al fuego del sol puede derretirle las alas a uno y conducir no precisamente al sueño de la libertad.
Moraleja 2: Volar es una ciencia y uno no la lleva consigo como un par de alas postizas.
Mucho más compleja y menos moralizante, yo diría que más política, es la historia de la caja de Pandora, ese recipiente prohibido que guarda fuerzas maléficas, y una vez destapadas, resulta imposible encerrar de nuevo. Ciertamente, las acciones humanas no tienen marcha atrás; pero la esperanza habita en el fondo de esa caja, y esa es la única manera en que puede salir.
