Por Katia Siberia
Al principio fui la socarrona que repitió la oración anticipando incredulidad.
“¿Cómo? ¿Que la Alimentaria le vende vinagre a la EMBER?”, pregunté y sentí que vociferaba hasta los signos de interrogación.
La idea me parecía la de un olmo dando peras. La de una Industria, impedida de panes y dulces, que se iba a bailar a casa del trompo. Y el trompo, por supuesto, era la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER). El baile, el vinagre.
Donde alguien pudiera decir encadenamiento, actividades secundarias o ampliación del objeto social, yo veía, en primer lugar, un camino “obligado” por la ausencia de harina y azúcar. Porque si la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria recibiera las 29 toneladas diarias de harina y las 50 mensuales de azúcar —e incluso pudiera acceder a más yuca para convertirla en harina—, probablemente no aparecería en este reportaje. Sus nuevos “objetos” hubieran tributado a ampliar sus utilidades, no a reducir las pérdidas.
Sortearlas terminaría siendo casi una hazaña laboral, un premio de innovación que le sería entregado la semana pasada, y un monto recortado de 34 millones de pesos a 14 millones. Hasta ahí redujeron sus pérdidas. Hicieron añicos sus predicciones entre el vinagre, la harina de yuca, las chicharritas de plátano, el sirope off derivado de la melaza, y otras alternativas que ni así impidieron que unos 300 trabajadores, de los más de 1700 que aún se empeñan, se quedaran laborando.
Cansados de ganar poco más de 2000.00 pesos cada mes, y durante todo un año, fueron a “salvarse” a sí mismos. Ninguno se quedó a intentar revertir la tendencia negativa y cabría preguntarse si hubieran podido, si estaba, literalmente, en sus manos.
Parece que no.
“Ya en febrero me van a volver a sentar en el grupo de las empresas con pérdidas”, dice enjuto Rafael Pina Jova, el director que asumió las riendas de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria, tres meses antes de que comenzara la debacle financiera; o, para ser exactos, de materias primas. Causa primero, consecuencia después.
El lunes 10 de enero, cuando hablamos, todas las dulcerías de la provincia estaban paralizadas. No habían trabajado ningún día del mes. Tres días después, la Fábrica de Conservas La Trocha iniciaba su primer día de trabajo. Era viernes 13 y rompían el maleficio: algo de yuca había entrado y comenzaban su procesamiento hasta dejarla hecha harina.
Hoy la Industria Alimentaria demanda más yuca de la que le llega. ¿Acaso no estaremos en condiciones de suministrarle más?
“¿Y así tú crees que vamos a cumplir los planes, generar ingresos o no tener pérdidas? Me veo sentado en la reunión de febrero, otra vez en el grupo de las empresas con pérdidas, adonde no estará sentado el que no suministró el azúcar o la harina o el combustible…”, adelanta Rafael.
Según su lógica, la falta de gestión que le imputan en algunos análisis, en el actual contexto tendría que significar casi tener su propio central para garantizar su azúcar —“porque hasta el central fuimos y tenían solo una tonelada”—, tener sus propias gallinas para disponer del huevo, tener la tierra para plantar la yuca, porque ni eso han tenido de manera constante.
—¿Que no hay yuca? —pregunté en tono menos dramático, creyendo que el aumento de las áreas significaría per se…
—No, sí hay, pero muchos la venden a precios que nosotros no podemos pagar.
Hay un punto en el que una empresa con pérdidas es una empresa perdida. Entonces, otras articulaciones deben propiciar engranajes en otro nivel
Sin embargo, esa tampoco sería la razón primera de que la Alimentaria se “encadenara” con la EMBER. La historia, en síntesis, luce disparatada.
“Ellos tenían los pomos y nosotros no podemos acceder a las preformas PET, que son en MLC o con respaldo en CL y, si pudiéramos, no tenemos sopladora para obtener los pomos. Antes, cuando nos asignaban pomos en moneda nacional, cada mes comprábamos la cuota permitida, 21 000, en Santa Clara, donde vendían las tapas en paquetes de 5000; por lo que siempre teníamos que quedarnos con 4000, para no dejar 1000 pomos sin tapas. Por eso tuvimos ese ‘excedente’. Al final, nuestro vinagre se ha hecho con semillas de guayaba y de tomate, con frutabomba, con plátano burro, y la EMBER lo ha mezclado con el de ellos. Y con sus pomos y nuestras tapas…”, concluye Danys Enrique Cabrera Rubio, director comercial de la Alimentaria, como si los puntos suspensivos fueran su punto final.
El vinagre, a granel, también ha sido una opción
Demasiados absurdos ha visto para creer que las variables que entorpecen la ecuación de la eficiencia se despejan solo con el empeño de los dolientes. Y Rafael Pina está siendo testigo. A juzgar por la materia prima que tiene aprobada en su plan de 2023, ya prevé que unos 300 trabajadores quedarán disponibles. Perderá otros 300. ¿Con qué manos ideará las nuevas alternativas si las ya aplicadas no le permitieron el salto para poder, al menos, pagarles un salario digno a los que lo acompañan?
Las pérdidas deterioran varios indicadores: la confianza es uno de ellos.
Saga de males en peores
Aunque confianza era lo que le sobraba a La Cuba —dado su histórico esplendor—, el ordenamiento allí elevó fichas de costo y disparó los gastos de productos y servicios que tambalearon sus cuentas hasta que, irremediablemente, terminó en el acápite de las 21 empresas avileñas con pérdidas. De las siete de la Agricultura listadas, ella encabeza el deterioro, con 73 millones de pesos perdidos.
Nadie lo hubiese creído hace dos años. Ahora cualquiera puede decir: era de esperarse. Ya no solo por la pudrición de la papa y la ausencia de fertilizantes en grandes volúmenes para que los plátanos rindieran lo esperado, sino por un indicador que no auguraba un resultado diferente. “Para obtener un peso deben gastar más de cuatro.”
“¡¿Cuánto?!”, dije otra vez en el tono de lo inadmisible, y así me hubiera quedado si el argumento no hubiese venido de Susivey Márquez Toledo, coordinadora de Objetivos y Programas para la Economía en el Gobierno Provincial, y jefa de la Comisión Económica Territorial (CET) que, a inicios de diciembre, escudriñaba La Cuba.
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Entonces la deuda cerraba noviembre con 70 millones y ya vemos que en solo un mes (diciembre) sumó tres. Esa es la tendencia, admitiría la especialista, consciente de que “habrá que ver qué producciones son financieramente saludables y hacia ahí enfocar su economía, pero no pueden seguir produciendo para perder”.
Los campos de La Cuba ya no son lo que un día fueron. Lo atestiguan sus veteranos trabajadores
Perdían hasta en los platanitos que le vendían al Turismo y, las razones, según Víctor Limia de la Rosa, especialista de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, iban en dos direcciones. “Costos (indirectos) que no han contemplado o Turismo impuso un precio de compra desconociendo el valor real de lo que sucede en el campo”.
En ese campo, amén de crearse 17 colectivos laborales, vinculados directos a los resultados, a solo cinco les daban sus cuentas.
A juzgar por tal arista, el problema excede la forma de gestionar el surco. Con qué y a qué precio, serían las preguntas. O, como apuntaría Susivey, qué sembramos para ser rentables, al menos.
Esa lógica, sin embargo, tiene un componente político que no siempre se obvia en detrimento de la economía, como ya vemos. Necesidades macro, indicaciones del “nivel central” o planificación centralizada que define que el plátano y la papa de la capital se siembren en Ciego de Ávila, y una parte del arroz que nos comemos, en el Sur del Jíbaro, por ejemplo.
En la concreta: planes y cambios que no se definen en la base, aun cuando las pérdidas se generen allí. Si así no fuera, la Empresa Avícola avileña no estaría incluida en el pelotón de las pérdidas con unos 29 millones.
Su directora, Leyda Martínez Arnáez, lo venía anunciando a Invasor desde octubre, cuando confesara que al intentar evitar las pérdidas, incurría en más. Un callejón ¿sin salida?, pues “el costo por huevo del plan aprobado roza los 2.00 pesos y cálculos recientes lo han llevado a casi 3.00”. En consecuencia, mientras más huevos aportaran al balance nacional de la canasta básica, con precio invariable, más perdían ellos, lamentaba.
¿Y qué deberían hacer? ¿Cerrar las naves donde están las ponedoras y no reemplazar a esas decrépitas y, de paso, disminuir los envíos a otras provincias que comen desde aquí? ¿Fomentar la cría de gallinas semirrústicas —con comida plantada por ellos también—, cuyos huevos (criollos) no constituyen balance nacional y sí pueden comercializarse a la población a precios diferenciados? O sea, que las gallinas de patio “financien” a las cerca de 400 000 ponedoras que aquí se engordan, como promedio, a sabiendas de que tal empeño tomaría años y que no ponen al mismo ritmo.
Ninguna de esas variantes sería tan viable como cambiar de un plumazo la ficha de costo. Ajustar los planes. Facultad que no tiene —ni tuvo— Leyda, la directora avileña.
Tampoco la tuvieron en la Empresa Agropecuaria de Chambas, cuando el conteo real del ganado los hizo percatarse de que los números, con sus planes, decían una cosa, y ellos, en los potreros, tenían otra: 2000 cabezas de ganado menos, sobre las que se calculó su valor en el matadero o el precio de los 550 litros de leche que debía dar cada vaca de las ausentes…, el entuerto llevaría al propio delegado de la Agricultura en ese territorio a preguntarse: “Periodista, ¿y cómo explicamos que nos faltan 2000 reses?”.
Hoy, con casi 26 millones de pesos perdidos, por esa y otras razones, deben estar sacando la primera de las conclusiones: los planes obedecen a una realidad, no a un entusiasmo, un compromiso o a un dato ofrecido sin “ajustar”.
Empero semejante desajuste no causaría el estrago de 69 millones en la Agroindustrial Ceballos. Llevar los números a rajatablas no se tradujo allí en envases para las producciones de un combinado detenido en reiteradas ocasiones. Hace más de un año, antes de que el saldo negativo se afianzara, ya sus directivos hablaban de unos 800 trabajadores que debían quedar disponibles.
El contexto servía de pretexto para que, al calor de los acontecimientos, Alexis Marrero Hernández, presidente de la Asociación de Economistas de Cuba en la provincia se cuestionara “qué tipo de gestión tendrían que hacer los trabajadores de la Agroindustrial para revertir el deterioro, si partimos de que la dirección es colectiva”.
¿Señales o cortinas de humo?
Aun cuando el especialista reconoce que la empresa se ha transformado sin que pudieran revertir el saldo negativo al cierre de diciembre, una reciente estrategia, de cara a 2023 —a la que Invasor todavía no accede— podría significar el despegue. Quizás.
Obligadas están las 21 empresas que cerraron con pérdidas en el territorio, si bien un informe de la Dirección Provincial de Economía y Planificación señala que apenas seis las tuvieron planificadas: Agroindustrial Azucarera Primero de Enero, Azucarera Enrique Varona, Suministros Agropecuarios, Porcino, Acueducto y Alcantarillado, y la Industria Alimentaria.
Las razones esgrimidas grosso modo por miembros de la CET, van desde las dos entidades azucareras que no molieron en 2022, y Suministros, que debió adquirir productos a un precio mayor del aprobado para venderlos; hasta la deficiente gestión de cobro de Acueducto y el bajo nivel de recursos de la Alimentaria.
Fuente: Informe de la Dirección Provincial de Economía y Planificación
Solo Porcino logró escapar de la triste saga y, más allá de reestructurarse, hasta colmenas “se puso a criar”. Los que siguen añorando la carne de cerdo —con toda la lógica de su parte— deberían entender que, para cuando el pienso y las precebas vuelvan a las cochiqueras, la Empresa —con toda la lógica de su parte— tendría que haber sobrevivido, pagado salarios y mantenido sus instalaciones. Generar ingresos mientras, para evitar una recesión dañina en extremo.
El “zapatero a su zapato” carece de fundamentos ante un escenario complejísimo. Y la política de flexibilización de los objetos sociales lo deja muy claro.
No es muy halagüeño el panorama a su alrededor si nos detenemos en otro de los acápites del mencionado informe: de las 80 empresas del territorio avileño, 41 incumplieron sus ventas netas en 2022.
Encima, un dato ofrecido por Yusmey Hidalgo Rodríguez, subdirector de Organización y Retribución del Trabajo, en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, apuntala dicho incumplimiento con una práctica, inconcebible a estas alturas.
Del mismo modo, su razonamiento reconoce a quienes toman la delantera y aplican el Decreto 53 del 2021, que faculta a las entidades a definir el salario de sus empleados, cuando no planifican pérdidas, registran utilidades, aportan por rendimiento a la inversión y disponen de una contabilidad confiable.
Es el caso de la Empresa Provincial de Abastecimiento y Servicios a la Educación (EPASE), una entidad que antes cerraba con 10 millones de pesos y ya hoy cierra con más de 100, declara el subdirector de Trabajo, quien especifica que, en total, solo 14 empresas avileñas aplican ese incentivo: pueden definir sus montos de salario.
Lamentablemente, las generalidades muestran otro rostro. De las alrededor de 1700 entidades estatales del país, más de 500 se promediaron con pérdidas durante cada mes de 2021. El 2022 concluyó con 480, a pesar de que el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández informara que se aprobó que 87 operaran con pérdidas planificadas.
El hecho de que se vaticinen 83 este nuevo año —apenas cuatro menos— habla de lo previsible de un asunto que solemos “sobrecumplir” con creces. Un preludio del que Ciego de Ávila no es ajeno.
