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domingo, 2 de mayo de 2021

El gran desfase: ciencia veloz y política atroz

Bien harían los políticos en adoptar el espíritu de experimentación que desde siempre distingue a los científicos

MOISÉS NAÍM
01 MAY 2021 - 05:00 CEST


Rueda de prensa del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una pantalla gigante en Osaka (Japón), en marzo de 2020.TAKETO OISHI

Los científicos nunca tuvieron dudas de que tendríamos una vacuna contra la covid-19. Y no se equivocaron. Muy pocos, sin embargo, pronosticaron que esa vacuna estaría disponible tan pronto. La experiencia histórica sugería que la vacuna tardaría años en desarrollarse y a estar disponible en grandes cantidades. Los científicos comenzaron a investigar la covid-19 en enero de 2020 y pronto estuvieron listos para iniciar la fase 3 de las pruebas clínicas que evalúan la efectividad de la vacuna. Lo normal es que cualquier medicamento o tratamiento tarde años en estar listo para las pruebas de la fase 3. En este caso, lo lograron en seis meses.

Esto de pronosticar correctamente la tendencia que llevan los cambios, pero equivocarse en la velocidad con la cual ocurren se ha hecho frecuente. Lo vemos, por ejemplo, en el cambio climático y la revolución digital basada en la inteligencia artificial. En ambos casos los expertos han anticipado correctamente la naturaleza de los cambios, pero no la extraordinaria rapidez con la que ocurren.

El desarrollo científico y tecnológico es una de las tendencias que desde siempre ha definido a la humanidad. Otra tendencia histórica es que las nuevas tecnologías suelen tener consecuencias no anticipadas sobre la sociedad, la economía y la política. Y por supuesto sobre los gobiernos, que siempre están desfasados y van a la zaga del cambio tecnológico.

Lo que ha ocurrido con la vacuna de la covid-19 —su invención, producción y distribución— es un revelador ejemplo de este peligroso desfase que hay entre la tecnología y la política. Mientras que el esfuerzo científico fue global, la respuesta de los gobiernos fue local. Si bien laboratorios en diferentes países compartían datos e información, importantes gobiernos, como el chino por ejemplo, la escondían o tergiversaban. Los científicos mostraron visión, flexibilidad y velocidad, los gobiernos han sido miopes, rígidos y lentos. Todo esto no quiere decir que no haya habido rivalidades entre algunos científicos y feroz competencia entre compañías farmacéuticas. Pero todos vimos cómo mientras los científicos respondieron con eficacia ante la crisis, en muchos países, políticos y gobernantes negaron la existencia misma de la pandemia o la minimizaron, ridiculizaron el uso de mascarillas o mantener el distanciamiento social, promovieron tratamientos fraudulentos o el uso de amuletos con poderes mágicos. En la India, Brasil y México, la pandemia está causando estragos. Narendra Modi, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador no son responsables de la pandemia pero sí lo son de haber reaccionado tarde y mal ante la tragedia que viven sus países.

Las normas, reglas y valores que orientan la conducta de los políticos son, por supuesto, muy diferentes de las que orientan a los científicos. Mientras que para los científicos el mérito individual es muy importante, los políticos privilegian la lealtad de sus colaboradores y toleran la ineptitud. Para los científicos, las decisiones se deben basar en datos y evidencias, mientras que en los políticos tradicionales pesan mucho sus experiencias previas, las anécdotas y las intuiciones. En tanto que la investigación científica busca el cambio a través de la creación y adopción de nuevos conocimientos, la política suele privilegiar ideas y formas de actuar cómodas y conocidas —a pesar de que en sus discursos todos los políticos se presentan como agentes del cambio—. Finalmente, el método científico se basa en la razón y la comprobación empírica de afirmaciones cuya validez puede ser verificada y replicada por otros. En la política, en cambio, privan las pasiones y creencias personales así como las creencias religiosas y el pensamiento mágico.

Todo lo anterior no significa, por supuesto, que entre los científicos no se den conductas influidas por pasiones, intereses y prejuicios, o que entre los políticos no haya casos de meritocracia, racionalismo y promoción de cambios. Pero lo que este contraste revela son algunas de las fuentes del desfase entre ciencia y política.

El rezago de la política se manifiesta de manera brutal en el estancamiento de los gobiernos, en su funcionamiento y en especial los procesos de toma de decisiones en materia de políticas públicas. Bien harían los políticos en adoptar el espíritu de experimentación que desde siempre distingue a la ciencia. Este, junto con la apertura a nuevas ideas, a la evaluación desapasionada de la evidencia, y a la fuerza de la realidad empírica podrían comenzar a recomponer la credibilidad de las democracias ante las múltiples crisis que las acechan.

Reducir la brecha que hay entre la ciencia veloz y la política atroz es, sin dudas, muy difícil. Pero también indispensable.

viernes, 28 de abril de 2017

¿Que deberían esperar los economistas de los funcionarios?


Por Pedro Monreal, El Estado como tal.

Frecuentemente, los ciudadanos exigen a los economistas que no discutan tanto y que acaben de “arreglar” la economía. Hay un pequeño detalle: los economistas no tienen poder para hacer eso que se les pide. 

Me refiero aquí a los economistas que hacen trabajo académico, es decir aquellos que se dedican a investigar para producir conocimiento. Es precisamente ese tipo de economista el que quizás es percibido como que “no escribe con claridad”, “discute demasiado”, “no influye tanto”, y “no resuelve” los problemas concretos. 

Las dos primeras cosas –escribir y discutir- es exactamente la naturaleza del trabajo que hacen. Viven por eso y de eso. Las otras dos –influir y resolver problemas prácticos- no son cosas que les “toca” hacer, sino que a veces se les permite hacer. Para que no haya dudas, eso depende de las decisiones de quienes tienen poder: los funcionarios y los políticos. 

No me refiero, por tanto, a los economistas –que no son pocos en Cuba- que trabajan como funcionarios (especialistas y dirigentes) y cuya tarea es otra: diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas. Tampoco me refiero a los economistas que trabajan en la esfera empresarial (estatal, no estatal, y extranjera). 

Si los economistas académicos forman parte de un proceso más amplio y muy complejo, en el cual las decisiones respecto a la utilización de la evidencia científica que ellos han producido es el resultado de relaciones de poder que ellos no controlan, ¿qué tipo de reacción deberían esperar de los funcionarios cuando les presentan una evidencia producida por la investigación que pudiera ser relevante para las políticas públicas? 

No me interesa discutir ahora en el plano normativo –“lo que debería ser”-, respecto al cual cualquiera pudiera hacer un discurso, sino a la manera concreta en que funciona esa compleja relación entre economistas y funcionarios y políticos. 

Sugiero intentar comprender esas posibles reacciones mediante la utilización de la tipología aportada por Fred Carden, investigador canadiense, basada en un estudio desarrollado durante ocho años con los datos de 23 proyectos de investigación financiados por el Centro Internacional de Canadá de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en Asia, África y Latinoamérica, y que fue publicado en 2009 bajo el título “Del conocimiento a la política. Máximo aprovechamiento de la investigación para el desarrollo”. No encuentro en la red una versión en idioma español que esté disponible en acceso abierto, pero la versión original en inglés del libro (238 paginas) puede ser descargada aquí

A continuación, se identifican esquemáticamente los cinco “contextos de políticas” planteados por Carden, a los que he agregado en forma de preguntas –a modo ilustrativo- mis anotaciones relativas al caso de Cuba.

  1. Existencia de una demanda clara de evidencia por parte del gobierno.
Es el tipo de situación que el economista académico debe agradecer. En ese contexto, la construcción de una relación fluida de trabajo entre el académico y el funcionario es crucial. Normalmente, la investigación se necesita de manera expedita y por tanto tendrían ventaja los académicos que hayan estado trabajando sobre determinados temas, antes de que estos hubiesen adquirido prioridad política. Por lo general, es una situación que incluye el establecimiento de mecanismos precisos para evaluar el impacto del trabajo académico.
¿Es este el caso de los proyectos de investigación comprendidos en los Programas Nacionales de Ciencia y Técnica (PNCT) apoyados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)?
2. Interés del gobierno en la investigación, pero en condiciones en que el liderazgo del gobierno no existe en cuanto a conectar la investigación y las políticas.
Es una situación en la que el economista que esté interesado en encontrarle una “salida” práctica a su investigación debe ser capaz de entender cómo funcionan las relaciones de poder en el campo especifico de la política pública que intenta influir. Adicionalmente, la “comunicación científica” pudiera ser muy importante para tratar de convencer a los funcionarios que asuman el liderazgo en el proceso de “absorción” de la investigación.
¿Es este el caso de temas como el micro-financiamiento?
3. Interés del gobierno en la investigación, pero con carencia de capacidad estatal para aprovechar la investigación.
Es un contexto en que el economista académico debe tratar de encontrar la manera de demostrarle al funcionario que pueden obtenerse resultados relevantes en áreas específicas y con un empleo de recursos humanos y materiales relativamente modesto. Tratar de convencer al gobierno de hacer una gran inversión en un tema interesante para el cual los gobiernos no tienen capacidad actual, no sería muy efectivo.
¿Es este el caso de la utilización de los métodos del “pensamiento sistémico” (complejidad), por ejemplo, el empleo de “fractals” para estimar fluctuaciones de precios o respuestas del mercado ante regulaciones estatales?
4. Un tema nuevo logra activar la investigación, pero no motiva el interés de los funcionarios.
Un contexto de este tipo requiere que el economista trate de establecer “alianzas” por fuera de la comunidad académica, especialmente con los grupos sociales que pudieran ser beneficiados o afectados por ciertas políticas, para de conjunto, abogar frente a los funcionarios respecto a la necesidad de que estos se interesen en el tema. Obviamente, se trata de algo que no es fácil hacer en Cuba.
 ¿Es este el caso de la investigación relativa a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)?
5. El gobierno trata la investigación y la evidencia producida por ella con desinterés, incluso con discordia.
Es un contexto en que al economista no le quedan muchas más opciones que abrirse el paso “a codazos”, o “esquivando”, para poder realizar sus investigaciones. Su trabajo pudiera consistir esencialmente en producir conocimiento en espera de un momento políticamente “favorable” que le permitiese comunicar directamente la evidencia a quienes se encargan de diseñar y de aplicar las políticas.
¿Es este el caso de los “puntos ciegos” que existen en temas cruciales como la pobreza y la desigualdad?
Personalmente, encuentro muy útil la tipología de Carden. Ojalá pudiera ser provechosa para otros colegas.