Significado y alcance de las elecciones legislativas 2026 en Estados Unidos

Por Fernando M. García Bielsa 

A pocos días del 3 de noviembre, cuando se realizarán importantes elecciones para determinar la composición del Congreso y de varios gobiernos estaduales en Estados Unidos – y en medio de bastantes incertidumbres y especulaciones - se siguen dando a conocer numerosas encuestas acerca de los posibles resultados, así como sobre el impacto que en ellas tiene la figura y las acciones del Presidente Donald Trump.

Estos comicios determinarán la composición de los órganos legislativos, renovando la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los cien escaños del Senado, y la ocurrencia de posibles cambios significativos en las mayorías parlamentarias. Unos 60 legisladores en ejercicio de la Cámara de Representantes —23 demócratas y 37 republicanos— no se presentan a la reelección en 2026 (es decir, se trata de cupos abiertos).

No es el propósito de estas notas hacer predicciones de resultados, salvo apuntar que se da por seguro que conllevarán la pérdida del control por el Partido Republicano, al menos, en la Cámara de Representantes y con opciones también de conquistar mayoría en la cámara alta. Los republicanos defienden en el Senado una mayoría actual de 53 a 47 y los demócratas necesitan ganar cuatro bancas netas para controlarlo.

Asimismo, en muchos de los 50 estados del país habrá elecciones regionales. Estados Unidos cuenta con 26 gobernadores republicanos y 24 demócratas. En estas elecciones, los republicanos defienden dos gobernaciones en estados que Kamala Harris ganó en 2024 (Nuevo Hampshire y Vermont). Los demócratas defienden cinco gobernaciones en estados que Trump ganó en 2024 (Arizona, Kansas, Michigan, Pensilvania y Wisconsin). Hay 22 gobernadores en ejercicio que se retiran este año. Habrá también múltiples elecciones para alcaldías y otros cargos.

La economía doméstica marcada por inflación, tasas de interés y precios, es un factor decisivo que influye en muchos votantes. También influye en la proyección internacional, incluyendo el creciente rechazo a las guerras, en particular a la agresión contra Irán y su dramático impacto en el precio de los combustibles.

Debido a jubilaciones y derrotas en elecciones primarias dentro de distritos electoralmente seguros, el próximo año habrá en torno a un centenar de nuevos miembros en el Congreso; y esto sin contar los escaños que pudieran cambiar de partido. Un fuerte sentimiento en contra de los legisladores en ejercicio impregna las bases de ambos partidos.

Los republicanos están enfocados en defender algunos distritos estratégicos para consolidar su mayoría, mientras que los demócratas buscan capitalizar cualquier nueva caída de la popularidad presidencial para recuperar el control de una o ambas cámaras.

Aunque obstáculos estructurales dificultarán que los votantes sean escuchados durante estas llamadas “elecciones de mitad de mandato”, por lo general, el partido del gobierno en ejercicio tiende a perder escaños durante las elecciones de medio término, lo que representa un desafío para los republicanos que buscan mantener su actual control del Congreso.

Estado actual de la base de apoyo de Trump

El Presidente mantiene cierta capacidad de conectarse con el fuerte malestar generalizada y muchos de los prejuicios que predominan en buena parte del electorado, aunque para muchos otros aparece cada vez más como desconectado de la realidad, con un liderazgo inestable y autoritario, como un hombre errático y senil, y cuyas capacidades de concentración lo estarían abandonando.

No pocos analistas apuntan que se ha producido una erosión en la coalición de votantes que le permitió sus anteriores victorias, incluyendo perdida del alegado respaldo que habría logrado entonces entre segmentos de clase trabajadora y del electorado latino, de gran importancia en estados del Medio este y en el Suroeste respectivamente. Se ha aludido incluso a cierto debilitamiento del llamado movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo) que Trump lidera.

No obstante, Robert Reich, ex ministro y referente liberal demócrata, expreso la importancia de reconocer que las fuerzas que llevaron a Trump a la presidencia —en dos ocasiones— siguen arraigadas en Estados Unidos, mientras que otras decenas de millones de estadounidenses se sienten frustrados ante la polarización creciente, el aumento generalizado de los precios de los combustibles, el actuar autoritario y cambiante del Presidente, las consecuencias de la descabellada agresión contra Irán y el alto costo de la vida, entre otros factores[1]

Se sigue manifestando apatía y cierto rechazo respecto a un sistema político bipartidista corrupto que no refleja el sentir de sus bases de seguidores.

Los sondeos nacionales muestran una carrera muy reñida. Algunas pesquisas indican una ligera ventaja para los demócratas en la intención de voto genérica (con márgenes cercanos al 53% frente al 47%), aunque otros sondeos reflejan una competencia más ajustada dependiendo del estado y el distrito.

Por otro lado, es evidente que existe una puja entre un ala progresista que ha cobrado alguna fuerza en algunas bases del Partido Demócrata y la burocracia que controla las estructuras nacionales, quienes sostienen que la influencia de “socialistas de izquierda” podría alejar a votantes moderados y beneficiar a los republicanos.

Las exiguas opciones del sistema electoral

Por otra parte, la Corte Suprema ha desmantelado las leyes que limitaban la influencia del gran capital en la política. Hoy en día, los grandes donantes ejercen un poder mayor del que se recuerde. Los 20 principales donantes ya han gastado más de 1200 millones de dólares este año —todos, salvo dos, apoyando a los republicanos.

A esto se suman leyes, de mayor o menor alcance, mediante las cuales los estados restringen el derecho al voto. Se espera una reducción de cientos de miles de votos emitidos., sobre todo entre los sectores de menos ingresos.

Como señalamos en un anterior artículo[2], ambos partidos oligárquicos utilizan artimañas para “halar las brasas hacia su sartén”, entre ellas la estructuración caprichosa de los límites de "distritos electorales seguros", donde la oposición pueda ser descartada y los resultados estar prefabricados.

Las mecánicas del proceso electoral y el peso decisivo del dinero corporativo hacen que se dé por segura la reelección de la inmensa mayoría de los legisladores en ejercicio. Casi todas las bancadas son firmemente demócratas o republicanos. Existen muy pocos distritos congresionales realmente competitivos. Según algunos cálculos serian alrededor de 30 los escaños donde resulta más difícil prever un ganador. O sea, la definición de los eventuales cambios en la mayoría de ambas cámaras depende mayormente de los resultados electorales en esas circunscripciones; muchos de ellos por márgenes muy estrechos.

Se ha configurado un sistema político en el que la competencia es exigua, los multimillonarios dominan el gasto electoral y los votantes de color cuentan con escasa protección frente a los abusos.

Posibles amenazas a la integridad del proceso electoral

El clima político también está marcado por debates y preocupaciones sobre posibles hechos que podrían alterar la supuesta limpieza del proceso electoral y los derechos de voto. Personalmente, el Presidente ha estado esbozando pasos al parecer dirigidos a poner en marcha una serie de acontecimientos para invalidar y manipular el resultado de las elecciones de mitad de mandato y se ha dedicado a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso y los posibles resultados. Se ha señalado que si no tienen éxito estarían, incluso, preparados para anularlas.

Entre otras, han impulsado herramientas notoriamente imprecisas e incompletas para verificar la ciudadanía de los votantes inscritos y para seguir agitando sus políticas antiinmigrantes, que la Administración pretende utilizar como pretexto para depurar los padrones electorales aduciendo que los demócratas han propiciado a muchos indocumentados ingresar a los listados.

Podrían asimismo presentar una oleada de demandas alegando fraude electoral, exigirán recuentos en todo el país, difundirán propaganda incesante sobre supuestas ciber interferencias de China e Irán, amenazarán con procesar a los funcionarios electorales estatales e incluso podrían llegar a incautar máquinas de votación, entre otras maniobras.

Si la administración Trump no logra impedir que los demócratas recuperen el Congreso en estas elecciones — tal como sugieren casi todas las encuestas principales—, es poco probable que los partidarios del culto MAGA acepten el resultado sin oponer resistencia.

Incluso, el actual presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, podría valerse de algunas triquiñuelas para alterar el resultado de las elecciones legislativas, y hasta podría, luego, intentar impedir en enero la acreditación de diputados demócratas recién electos y hasta provocar una crisis constitucional, en un intento desesperado por asegurar el control republicano.

Lo que viene después

De superarse esa etapa, debe quedar instalada una mayoría demócrata en la Cámara. Se sabe que el liderazgo de ese partido está preparando “una vasta agenda de supervisión” que es “tan sólida como desalentadora y que abarca varios comités de la Cámara”, informó AP. Con el poder de la mayoría vienen mayores presupuestos y personal, y la capacidad de investigar, emitir citaciones, y escarbar en las debilidades de sus oponentes y del propio Presidente.

El resultado apunta a redefinir el margen de maniobra del presidente Trump en el último tramo de su segundo mandato, pudiendo redefinir su presidencia y su capacidad para impulsar su agenda legislativa…. El equilibrio de poder en el Congreso será determinante para el futuro de políticas clave, como las regulaciones migratorias, el gasto público y las políticas comerciales. Una derrota del Partico Republicano podría exponer a su administración a investigaciones o posibles procesos de impugnación (impeachment) por parte de una mayoría demócrata

El despliegue por parte del gobierno de agentes federales de inmigración en varias comunidades estadounidenses para abusar de los derechos de los ciudadanos e inmigrantes estadounidenses por igual, así como su guerra ilegal contra Irán (con la consiguiente crisis de asequibilidad) también han alimentado los llamados a un juicio político.

Tanto líderes republicanos como los demócratas están discutiendo la posibilidad de que un Congreso controlado por los demócratas pueda intentar destituir al presidente Trump por tercera vez, luego de dos anteriores frustradas tentativas en 2019 y 2021. Los demócratas han estado considerando variantes o bases para un juicio político contra el mandatario desde el regreso de este a la Casa Blanca el año pasado.

Se da por seguro que, al menos, van a investigar a familiares del Presidente y a algunos secretarios del Gabinete. Aun sin dominio en el Senado, los demócratas en la Cámara de Representantes tendrán el mayor peso en el control del presupuesto y la facultad de investigar: podría citar integrantes del gabinete como Rubio, Hegseth y Bessent, auditar las operaciones en el Caribe, el salvataje a la Argentina y otros asuntos.

Donald Trump conservaría la capacidad de vetar proyectos presupuestarios y otros impulsados por los demócratas, al tiempo que varios ámbitos del proceso legislativo podrían hacerse más lentos y engorrosos, y anticipar negociaciones prolongadas y pocos incentivos para aprobar, por ejemplo, una ampliación del techo de la descomunal deuda que arrastra el país.

Los resultados de estas elecciones tendrán, por tanto, implicaciones considerables sobre el rumbo legislativo, económico y social del país para los últimos dos años de esta administración, y para algunos ámbitos de la política exterior y económica de Estados Unidos de cara al futuro inmediato- No obstante, no se debe sobreestimar su alcance dado que en esas áreas se mantiene bastante consenso y contubernio bipartidista y oligárquico.

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[1] https://www.courant.com/2026/10/17/robert-b-reich-the-beginning-of-the-end-or-the-end-of-the-beginning/

[2] Ver en este blog el articulo “El alto componente de farsa y de manipulación de las elecciones en Estados Unidos”.

Inflación en Cuba: la circulación monetaria como ancla y la crisis de oferta como detonante

Por Humberto Herrera Carlés

La inflación suele explicarse desde dos frentes que no compiten entre sí, sino que se complementan: la evolución de la producción y la circulación monetaria. En el largo plazo, la cantidad de dinero es el factor determinante; en el corto plazo, la producción y la brecha del producto explican por qué los precios se aceleran o se moderan. Aplicar ese marco al caso cubano permite entender por qué la inflación aparece concentrada en los alimentos y por qué, detrás de ese dato, hay una crisis de oferta que se amplifica por factores monetarios, cambiarios y de expectativas.

El marco general: el dinero manda en el largo plazo, la producción en el corto

La teoría cuantitativa del dinero sostiene que, a largo plazo, el nivel de precios está determinado por la cantidad de dinero en circulación. La producción tiene límites reales —tecnología, trabajo, capital, capacidad instalada—, mientras que el dinero puede crecer sin límite. Si la liquidez crece mucho más rápido que la capacidad de producir bienes y servicios, ese exceso termina reflejándose en precios más altos. La evidencia empírica respalda esta idea: los países con aumentos rápidos y sostenidos de su oferta monetaria tienden a terminar con inflaciones altas. Como señala el Banco Central Europeo, aunque muchos factores afectan los precios temporalmente, un aumento sostenido del nivel general de precios solo puede ser impulsado, en el largo plazo, por una política monetaria expansiva sostenida.

En el corto plazo, la relación no es tan directa. La producción importa, pero como factor que acelera o desacelera la inflación, no como su causa última y permanente. Cuando la demanda agregada crece más rápido que la capacidad de producción —una brecha positiva del producto— aparecen cuellos de botella y presiones al alza. Sin embargo, si la producción no puede crecer más, cualquier intento de estimular la demanda con más dinero terminará solo en más inflación. La producción determina cuánto puede crecer la economía sin inflación; la circulación monetaria determina si, al final, esa inflación se materializa o no.

El consenso actual de los bancos centrales integra ambas dimensiones: la inflación es, en última instancia, un fenómeno monetario, pero la producción y la demanda son el contexto que explica su dinámica de corto plazo. Por eso los bancos centrales ya no controlan directamente los agregados monetarios, sino la tasa de interés, para influir en la demanda y asegurar que la creación de dinero sea consistente con la capacidad real de crecimiento de la economía.

Cuba: los alimentos como epicentro estadístico

En Cuba, el sector que de forma más directa e inmediata impulsa la inflación es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las estadísticas oficiales son consistentes en señalarlo como el principal motor: para septiembre de 2026, ese rubro fue responsable del 73.39% del aumento mensual de los precios. Otras fuentes, como la CEPAL, confirman que es la categoría con más peso en el índice general. Dentro del sector, los productos que más presionan son componentes básicos de la dieta cubana: harina de maíz, otros cereales, arroz y carne de cerdo. Otros rubros, como bebidas alcohólicas y tabaco, pueden mostrar alzas interanuales llamativas —cercanas al 70% en algunos periodos—, pero su contribución al índice general es menor por su menor peso en la canasta de consumo familiar.

Ese dato no debe interpretarse como un simple exceso de demanda. La razón por la que los alimentos son el epicentro es una severa crisis de oferta. La producción agropecuaria e industrial ha disminuido significativamente, con limitaciones en insumos clave como fertilizantes y sistemas de riego, lo que afecta la productividad agrícola. A ello se suma una dependencia crítica de las importaciones: Cuba importa (ba) alrededor del 80% de lo que consume. Por lo tanto, cualquier caída en la disponibilidad de divisas para importar alimentos o insumos se traduce casi de inmediato en escasez y, por tanto, en precios más altos. Factores externos como las sanciones y la interrupción de importaciones de petróleo han dificultado aún más el acceso a esos bienes.

Los amplificadores: tipo de cambio, expectativas y liquidez en el mercado no estatal

La crisis de oferta del sector alimentos se ve amplificada por otros elementos del entorno macroeconómico cubano. El primero es el costo y el tipo de cambio: el precio de los alimentos importados no depende solo de su costo en el exterior, sino también del tipo de cambio informal. La depreciación del peso cubano encarece directamente esos productos en el mercado interno, y la dolarización parcial de la economía crea una dinámica de precios paralela.

El segundo son las expectativas de inflación. En un entorno de escasez persistente y alta inflación, los vendedores ajustan sus precios no solo por los costos actuales, sino por lo que esperan que suban en el futuro. Esa inercia inflacionaria hace que el problema se perpetúe.

El tercero es la presión de demanda en el mercado no estatal. Aunque la demanda general está contenida por la caída de los salarios reales, en el segmento no estatal —que representa la gran mayoría de los puntos de venta donde se recogen los precios del IPC— puede existir una mayor liquidez en pesos que presiona los precios al alza en un contexto de oferta tan limitada.

La lectura integrada: no es una contradicción, es una secuencia

El marco monetario y el marco de oferta no se contradicen. La inflación cubana es el síntoma de un problema estructural de oferta —incapacidad de la producción nacional y de las importaciones para satisfacer la demanda—, pero ese problema se desenvuelve en un contexto monetario y cambiario que amplifica su impacto sobre los precios. La producción explica por qué la inflación se concentra en alimentos y por qué es tan aguda; la circulación monetaria y las expectativas explican por qué puede persistir y retroalimentarse.

Dicho de otro modo: en el corto plazo, la crisis de oferta alimentaria y la restricción de divisas son el detonante visible; en el largo plazo, la inflación no se estabilizará si la creación de dinero y las expectativas no se alinean con la capacidad real de la economía. La producción determina cuánto puede crecer la economía sin inflación; la circulación monetaria determina si esa inflación se materializa o no.

Implicaciones de política: una doble agenda

El control sostenido de la inflación en Cuba exige, por tanto, una doble agenda. Por un lado, atender la emergencia de oferta: recuperar producción agropecuaria ( la falta de inversiones en este sector por años , 2-3 % del total, nos está pasando factura), asegurar insumos, facilitar importaciones clave y mejorar la disponibilidad de divisas. Sin esa base real, cualquier ajuste monetario tendrá costos muy altos y efectos limitados. Por otro lado, construir un ancla nominal creíble: una política monetaria y cambiaria coherente, que evite que la liquidez y las expectativas sigan retroalimentando la inflación. La experiencia internacional muestra que ninguno de los dos frentes funciona por separado: sin oferta, el dinero se traduce en precios; sin ancla monetaria, la oferta insuficiente se convierte en inflación persistente.

En resumen, el sector alimentos es el epicentro estadístico de la inflación en Cuba, pero su comportamiento es el síntoma de un problema estructural de oferta. La producción y las importaciones explican el origen inmediato; la circulación monetaria, el tipo de cambio y las expectativas explican por qué ese problema se amplifica y se perpetúa. Entender esa secuencia es indispensable para diseñar una política antiinflacionaria realista. 

Apuesta Comercio Interior por mercados de barrio para estabilizar precios

Rodney Rafael Jimenez Muñoz | Foto: Tomada de MincinCuba

25 Octubre 2026

La Habana, 25 oct (ACN) El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) auspició el Primer Encuentro de Socialización de Experiencias con los gestores de los Mercados de Barrio, organizado por Impulso Consultora.

Esta cita reunió a trabajadores por cuenta propia, representantes de formas de gestión no estatal y funcionarios del comercio interior de La Habana Vieja, Cotorro, Plaza de la Revolución, El Cerro y Marianao.

El espacio fue moderado por Arturo Vázquez Hernández, administrador de Impulso Consultora y asesor de la ministra de Comercio Interior, y contó con la presencia de Inalvis Smith Luben, viceministra del sector.

Entre los principales objetivos resaltaron profundizar en el funcionamiento de esos mercados, intercambiar sobre la gestión, el abastecimiento y la atención al cliente, e identificar buenas prácticas, con una primera conclusión: el principal dolor de cabeza para los actores económicos es el abastecimiento, que incide directamente en los precios minoristas.

No se trata solo de que falten productos, dado que comprarlos exige, en muchos casos, pagar en dólares porque los suministradores no aceptan moneda nacional ni transferencias, con proveedores internos que resultan más difíciles que los externos.

Dicha situación encarece y complica todo desde el primer eslabón; quien gestiona un mercado de barrio tiene que conseguir la mercancía en condiciones que no dependen de él y que luego se reflejan en el precio final.

Los beneficios fiscales no bastan para resolver ese nudo, pues los proveedores no conocen o no tienen interés en las deducciones fiscales de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).

Al mismo tiempo, el incentivo del 10 por ciento (%) no termina de establecerse porque dichos proveedores tampoco tienen certeza de estar suministrando productos a un Mercado de Barrio.

Falta una certificación que otorgue seguridad jurídica al proveedor, que sepa que está vendiendo a un mercado reconocido y que podrá recibir los beneficios previstos, situación que se encamina a su resolución a partir de la propias experiencias presentadas.

En materia de precios, uno de los gestores explicó que cualquier empresa o negocio fija precios a partir de sus gastos con la llamada ficha de costo, y a lo que compran directamente, a través de importaciones, le reducen un 10%, y a lo que adquieren a mayoristas nacionales, un 5%, respecto a los precios locales.

Aun así, la población percibe y tiene razón en que los precios no son los que espera, y mucho menos los que necesitan los trabajadores que reciben salarios estatales o pensiones.

En el encuentro se manifestó que en la ficha de costos pesan factores como la dolarización, la variedad limitada de productos, la existencia de pocos proveedores e incluso la situación energética que eleva los costos logísticos y acelera la inflación.

Pesan también los márgenes comerciales ajustados con que deben operar los mercados de barrio que buscan mantener precios más bajos para todos los productos y la necesidad de guardar fondos para volver a comprar mercancía, por lo que un 10% de descuento se vuelve el límite.

Se ratificó que el Mercado de Barrio no realiza comercio mayorista y el proyecto es capaz de atraer a los actores económicos a buscar soluciones para estabilizar precios, pero la población, naturalmente, tiene expectativas que hoy no pueden cumplirse plenamente.

Algunos planteamientos apuntaron a la importación directa como vía para reducir precios, pero esa alternativa solo está al alcance de entidades con capital suficiente y no constituye, por sí sola, la solución para todos los que se insertan en el proyecto.

Hay, además, problemas que aparecen después de la venta; por ejemplo, las inversiones para mejorar los locales no siempre se pueden declarar como gastos al municipio por la informalidad imperante en la sociedad y aparecen también dificultades para recuperar lo invertido.

Así, los servicios contratados para invertir en el mercado de barrio generan gastos adicionales y a eso se suman dificultades con las pesas y su certificación ante la posibilidad de inspecciones.

En el terreno financiero, la situación también complica la operación, a través de la plataforma Transfermóvil y su servicio de Pago en Línea no hay acreditación in situ de los montos cobrados lo que dificulta la propia contabilidad diaria.

Persisten además dificultades para extraer el dinero bancarizado, y se planteó la necesidad de un mercado cambiario que responda a las demandas de quienes están comprometidos con el bienestar económico y social de la población.

Para próximos encuentros, los asistentes coincidieron en la necesidad de vincular a representantes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Transfermóvil y los bancos, porque varias de estas situaciones escapan de las competencias del Mincin.

También se subrayó la importancia del contacto con los factores de la comunidad, como delegados y presidentes de consejos populares, un vínculo que facilitaría el acceso a listas de personas vulnerables y la posibilidad de un tratamiento diferenciado donde las condiciones lo permitan.

Para mejorar la definición de los precios referenciales y conocer la satisfacción de los clientes, se planteó que las autoridades municipales, junto con las oficinas de estadística locales, apoyen en esos estudios.

La socialización de experiencias dejó propuestas concretas por parte de las autoridades a los actores económicos, como la diversificación de proveedores como vía para encontrar los mejores precios mayoristas; la certificación de venta que brinde seguridad jurídica a los suministradores de cara a la ONAT; la creación de alianzas entre actores económicos y autoridades municipales para tareas de impacto social; la introducción de varios formatos de venta, como el preempaque y la mensajería; la capacitación al personal en atención al cliente; y la iniciación de monitoreos a los precios locales y la utilización de una pizarra que muestre productos disponibles con sus precios y la referencia de la localidad.

Sin la confluencia de todas las instituciones que de un modo u otro influyen en el desarrollo de los Mercados de Barrio, el proyecto no podrá triunfar en el corto o mediano plazo.

El abastecimiento, los precios, los cobros digitales, la banca, la comunidad y las autoridades municipales forman una cadena donde si un eslabón falla, el precio final lo termina pagando la población.

Acerca del artículo de Joel Ernesto Marrill

Por Dr Fidel Vascos

Excelente artículo de Joel Ernesto al demostrar que la única medida para resolver definitivamente la inflación es el aumento de la producción y las importaciones.

Todas las demás decisiones administrativas y de control son ineficientes y de corto plazo. Ello indica que las 176 medidas aprobadas por la ANPP no resolverán el problema.

Existen transformaciones no abordadas en esas medidas que son las que hay que tomar y en el corto plazo. Entre ellas, me permito mencionar las siguientes: 

- En el sector agropecuario, no solo entregar las tierras en usufructo con numerosas condicionantes y bajo la amenaza de que se le pueden retirar a discreción de los directores de empresas estatales que las autorizaron. La tierra también tiene que entregarse en propiedad privada y cooperativa con capacidad posterior de compra – venta, herencia y sin objeto social predeterminado por el Estado.

- Asimismo, incrementar el actual límite de 60 ha de tierra en propiedad privada y aumentarla significativamente. 

- Con vistas a incrementar las importaciones, las inversiones y los créditos extranjeros, declarar oficialmente el interés del Estado cubano de reingresar al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo que nos daría la garantía que necesitan los capitales extranjeros para hacer negocios con Cuba. 

Estas medidas que propongo reducirían la inflación a límites tolerables y, además, crearían condiciones para unificar las tasas de cambio del CUP que hoy constituye otro importante obstáculo para el desarrollo de la economía cubana.

Sobre el actual proceso inflacionario y las regulaciones estatales de precios. Comentario HHC

Por: Joel Ernesto Marill

Publicado en: Agenda Económica, Debate Económico

En este artículo: Economía, inflación, Precios

24 octubre 2026 

El acelerado alza de varios precios claves para la vida y la reintroducción de regulaciones estatales de precios en determinadas regiones del país, ha vuelto a poner el tema de la inflación y los topes de precio en el centro del debate económico cubano.

Desde el inicio de la crisis económica actual en 2019, la economía cubana ha convivido con episodios de alta inflación en momentos concretos, combinando con periodos de relativa desaceleración en el crecimiento de los precios. Desaceleración que no implica una reducción de precios, sino, una reducción en su ritmo de crecimiento.

En el mes de agosto de 2026, la tasa de inflación mensual registrada -5%- se posicionó  como la mayor de los últimos 48 meses (Gráfico 1). Y aunque este valor específico se encuentra influenciado por factores coyunturales como la escasez de bienes básicos, producto a las disrupciones logísticas de las cadenas de importación –derivada de las sanciones a las navieras-, es necesario reconocer que la aceleración en el crecimiento de los precios ha sido constante y acumulativa durante todo lo que va de 2026.

Inflación en la economía cubana: causas estructurales en el periodo 2020-2026.

Las causas del proceso inflacionario cubano en los últimos años son múltiples,  y pueden atribuirse con mayor o menos incidencia en cada momento a los cuatro determinantes clásicos de la inflación:

Factores de oferta: Cuando cae la producción interna o la importación de bienes, disminuye la cantidad disponible y los precios se ajustan para hacer corresponder la menor oferta existente con la cantidad de dinero circulante. En Cuba este canal es especialmente relevante: la economía depende de importaciones para una parte sustancial de los alimentos y los insumos productivos, de modo que una caída de las importaciones o de la producción agropecuaria e industrial se traduce con rapidez en escasez y en alzas de precios.

Factores de costo: El aumento de los costos de importación -precio internacional, flete, seguros- y, sobre todo, el tipo de cambio al que se accede a la divisa, se traslada de forma muy directa a los precios finales de la economía, debido a la escaza oferta interna disponible para sustituir importaciones y el carácter abierto de nuestra economía.

Factores de demanda: La inflación es impulsada por la demanda cuando la cantidad de liquidez en manos de los hogares y actores económicos no estatales  crece más rápido que la oferta de bienes disponibles. Una mayor cantidad de pesos demanda una cantidad igual o menor de productos.

Factores de expectativas: Los actores económicos fijan precios igualmente en función de la inflación que esperan. Estas expectativas se forman a partir de la experiencia reciente y de los acontecimientos previstos -ajustes cambiarios, déficit, interrupciones de oferta-. Si los actores económicos anticipan alzas futuras de precios, adelantan el ajuste y la inflación se vuelve persistente, incluso cuando el impulso inflacionario inicial se ha agotado.

En el cuadro siguiente muestran el desempeño de alguno de los principales indicadores relacionados a la inflación por cada uno de sus factores explicativos.

Año	Inflación (dic/dic)	Liquidez en CUP (dic/dic)	TC informal (dic/dic)	Importaciones (MM USD)	PIB real
2021	77,3	50,3	107,3	8.245,7	+1,3
2022	39,1	46,9	108,0	7.488,0	+1,8
2023	31,3	35,8	49,6	7.331,0	−1,9
2024	24,9	18,8	8,5	7.233,0	−1,1
2025	14,1	28,0*	58,2	n. d.	−4,0**
2026 (ene-sep)	24,8	38,0*	71,3	n. d.	−10,3**

Como puede observarse, el proceso inflacionario cubano ha sido impulsado por una acelerada contracción de la oferta importada y la producción real, a la par de una acelerada expansión monetaria, que tuvo un pico inicial en 2021 con la Reforma Monetaria (Tarea Ordenamiento) y que tuvo una tendencia a la moderación hasta el año 2024, donde el crecimiento de los déficit fiscales volvió a impulsar al alza el crecimiento de la cantidad de dinero en la economía.

Proceso inflacionario actual: la aceleración de la inflación desde abril de 2026.

Entre enero y septiembre de 2026 el nivel de precios aumentó 24,8 %, frente a 10,9 % en el mismo período de 2025. La inflación interanual pasó de 12,5 % en enero a 28,4 % en septiembre. En términos generales el crecimiento del nivel de precios más que duplicó el ritmo observado en 2025.

Gráfico 2. Inflación mensual, enero-septiembre de 2026 frente a 2025 (%)

Sin embargo, este periodo se puede subdividir en tres sub-periodos (Gráfico 5):

• Primer trimestre (enero-marzo). La inflación acumulada fue de 5,5 %, algo menor que el 6,1 % de 2025.
• Segundo trimestre (abril-junio). La inflación mensual sube a 1,6 %, 1,9 % y 2,8 % y comienzan a ser superior a la del año anterior.
• Tercer trimestre (julio-septiembre). La inflación mensual llega a su máximo de 4,9 % en agosto y se modera a 3,4 % en septiembre.

Aunque no se cuenta con información oficial disponible para analizar este repunte inflacionario,  es posible atribuir la espiral inflacionaria de 2026 a tres factores fundamentales.

El primero es la contracción de la actividad económica, derivada del recrudecimiento de las sanciones, que la CEPAL estima en torno a 10 % del PIB para 2026 (−10,3 %), lo que reduce aún más una oferta interna ya deprimida. El segundo es la aceleración del ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero en la economía, resultado de la conjunción de un mayor déficit fiscal y del aumento de las remuneraciones en el sector público, que eleva los saldos monetarios de los hogares. El tercero son los impactos derivados de la posible reducción de importaciones por la disrupción logística de contenedores hacia Cuba.

Alternativas para frenar la inflación a corto y mediano plazo.

Distinguir entre diferentes causas de la inflación: oferta, costos, demanda y expectativa, ayuda a analizar igualmente cuáles son las mejores alternativas para frenar o reducir los impactos de la inflación sobre los segmentos poblacionales más vulnerables del país.

En un contexto donde la aceleración inflacionaria esté gobernada por factores de demanda -exceso de cantidad de dinero, exceso de gasto público-, medidas de ajuste de demanda como el aumento de las tasas de interés –que contraen la inversión y el consumo, por tanto la demanda agregada- suelen ser eficaces para hacer retornar a las economías a su senda inflacionaria natural.

Sin embargo, en un contexto donde primen factores de costos u oferta en la inflación, los ajustes de demanda –recorte del gasto público, incremento de las tasas de interés- tienen un impacto mucho más limitado para incidir de forma realista sobre los niveles de inflación.

En términos agregados, si la oferta disponible de una economía -producción nacional más importación- se contrae, digamos en un 20%, el impacto de la aplicación de fuertes medidas de ajuste tendrá un efecto limitado para reducir el nivel de precios, y mucho menos incrementar los niveles de consumo real de la población.

No existe aumento de salarios o regulaciones administrativas, que permitan incrementar el consumo real en un contexto donde la oferta agregada se desploma. En este escenario, la inflación estaría expresando en el fondo el contexto productivo real de la economía: un escenario donde la demanda se ajusta a la oferta disponible mediante una inflación que “licua” o reduce el valor real del dinero, hasta llevarlo al nuevo nivel de oferta que existe realmente para respaldarlo.

En el escenario de la economía cubana, donde la inflación pareciera, al menos en esta última etapa de 2026, estar gobernada por factores de oferta y costo, el rango de acción de la política económica es sumamente limitado. En tal sentido conviene distinguir entre medidas paliativas a corto plazo y transformaciones que permitan modificar las condiciones estructurales de la economía –caída de la oferta, aumento de la cantidad de dinero, depreciación cambiaria- que están en el fondo del proceso inflacionario.

Sobre las segundas -las transformaciones de fondo- no me extenderé mucho en este texto, contemplan aquellas que permitan ampliar la oferta, la cantidad de divisas para importaciones o la reducción del déficit presupuestario. Todas estas medidas, aun correctamente ejecutadas, tienen un impacto lento y demoraran meses o años en surtir efecto en la magnitud necesaria para tener impactos perceptibles sobre los niveles de vida y la inflación. A corto plazo puede existir algún nivel de medidas paliativas que resulta necesario analizar.

En primer lugar tenemos las regulaciones administrativas de precios -topes de precios-. Si bien pueden palear el efecto de altos márgenes de ganancia sobre los precios en algunos mercados donde exista una baja competencia, resultan en la práctica insuficientes en un contexto donde la inflación viene gobernada por factores de oferta.

Los topes de precios no garantizan un acceso focalizado a las familias más vulnerables, permiten que familias con holgura económica se beneficien de los “precios topados” y al mismo tiempo si el precio topado se retrasa respecto a las condiciones reales de los costos de reposición en pesos -tipo de cambio, fletes- puede llevar una contracción de las importaciones y niveles productivos agravando la escasez.

Por su parte, la disminución de impuestos generales sobre el consumo, como los que sustentan los denominados “mercados de barrios”, son otro instrumento posible de contención de precios. El argumento en contra de la reducción de impuestos para combatir la inflación es en muchos casos similares a los del tope.

Son un instrumento no focalizado que permite que se beneficie de la reducción de impuestos familias con holgura económica, sin garantizar acceso a las de menos ingresos. A la par en las condiciones concretas de la economía cubana, resulta sumamente complejo verificar que una reducción de impuestos lleve a un precio sustancialmente inferior al de mercado, y la multiplicidad de cadenas de suministro privada hace que dichas reducciones se dispersen por una amplia variedad de surtido de productos y precios finales.

Otra alternativa para contener la inflación a corto plazo podría ser la intervención directa en el mercado cambiario. Como señalamos anteriormente la depreciación del tipo de cambio informal constituye uno de los factores de incremento de costos que más impacta en la inflación minorista del país. Sin embargo, sin reservas de divisas abundantes, cualquier intervención cambiaria que trate de fijar un precio de la divisa artificialmente bajo se encontrará con la persistencia de un mercado informal, que no por su carácter informal deja de ser determinante en mucha de las operaciones económicas del país.

Como puede observarse son reducidos los espacios de política con que se cuenta para incidir eficazmente sobre los precios en el corto plazo. La pregunta que en este contexto se impone es: ¿qué medida podría en la práctica tener un impacto sobre la inflación en el país?

Una respuesta posible podría ser, que más que garantizar luchar contra la inflación general, tratar de minimizar los impactos de la misma sobre sectores concretos de la sociedad.

Una alternativa posible sería implementar medidas que, sin ir en contra de las acciones de descentralización y flexibilización contenidas en las Transformaciones económicas y sociales, sí permitan disminuir de forma considerable los impactos del actual proceso inflacionario sobre los segmentos más vulnerables de la población.

Un esquema de compras mayoristas y distribución regulada por el Estado para familias de bajos ingresos podría funcionar para paliar el impacto de la inflación sobre el incremento de múltiples bienes básicos.

En un esquema de este tipo el Estado compraría al por mayor productos básicos a proveedores privados y los distribuiría, a precio de costo o con subsidio, a los hogares vulnerables. En la práctica este es un mecanismo existente y que se emplea en determinados insumos o productos de forma puntual, pero que se podría extender como un mecanismo temporal de protección en un escenario donde las restricciones de oferta derivada de las sanciones económicas y el bloqueo petrolero amenacen la subsistencia alimentaria de sectores de la población.

El esquema anterior no elimina la inflación de mercado, pero separa la protección de los más vulnerables del precio general: el resto de la economía sigue ajustándose por el mercado, mientras los hogares priorizados acceden a una canasta estable. A diferencia de los topes o de las rebajas generales de impuestos, el apoyo llega a quien lo necesita y no distorsiona los precios del resto de los consumidores. Los incentivos para los importadores o productores locales no se reducen significativamente, pues el Estado pagaría el costo total más un margen de ganancia justo pactado con los suministradores, garantizando así un mercado seguro y rentable para los mismos.

El mayor impacto negativo de este esquema podría ser el impacto fiscal. Si bien el Estado podría vender plenamente al costo de adquisición los productos a las familias, en cuyo caso no existiría un subsidio presupuestario. En la práctica un esquema de este tipo siempre podría demandar un nivel de subsidio para compensar el bajo nivel de ingresos en algunos segmentos que accedieran al esquema.

Apuntes finales.

El esquema antes propuesto no implica como ya dijimos una transformación de fondo, sino una medida paliativa en un contexto donde la inflación más que un fenómeno puramente macroeconómico de origen fiscal, es el resultado de una severa contracción de la actividad productiva y la oferta agregada disponible. En dicho contexto intentar reducir la inflación mediante regulaciones administrativas de precios y reducción de impuestos, tiene un impacto real limitado para palear los impactos de la inflación sobre los segmentos más vulnerables.

Debido a su esencia estructural, es necesario insistir que la inflación en Cuba no es el resultado de un grupo de inescrupulosos que inflan artificialmente los precios o de una especulación sin base material alguna. La inflación actual en Cuba es un fenómeno derivado de una severa contracción de las variables de oferta que hacen en el fondo imposible mantener los niveles de consumo previos e impulsa a los precios a elevarse para restablecer el equilibrio entre la menor disponibilidad de productos y un nivel de demanda –medido por la cantidad de dinero- similar o superior.

Combatir la inflación, y en un sentido similar, alcanzar un escenario de mayor prosperidad material para todas las familias cubanas no será el resultado de medidas administrativas de corto plazo, ni de un impulso de supervisión de unos pocos meses, sino de la capacidad real de implementar las transformaciones económicas aprobadas, y que estas, aun en un contexto internacional tan hostil, sean capaces de revertir el declive de la actividad productiva en el país, y con ello dar sustento material a los salarios, pensiones e ingresos de las familias cubanas.

Nota: Todos los datos empleados en este texto, a menos que se indique lo contrario, son tomados de anuarios y publicaciones sistemáticas elaboradas por la Oficina Nacional de Estadística e Información.

Comentario HHC: Buen artículo, como tiene acostumbrado Joel. Aunque al citarse un grafico 5 ( inexistente), puede tratarse de un texto mas amplio, y que está reducido, pero no lo sabemos.

¿Son suficientes las medidas propuestas?

No, son necesarias pero insuficientes. El propio autor lo reconoce: su propuesta es "paliativa" y no una transformación de fondo. La valoración crítica es la siguiente:

Como medida de corto plazo, el esquema de compras mayoristas focalizado es superior a los topes de precios y a las rebajas generales de impuestos, por su focalización y menor distorsión. En ese sentido, es una mejora relativa dentro del menú disponible.

Pero no ataca las causas. Si la oferta agregada sigue contrayéndose (importaciones, producción interna) y la liquidez sigue expandiéndose (déficit fiscal, aumento salarial), el esquema solo redistribuye el impacto de la inflación, no la reduce. Incluso podría agravar el déficit fiscal y, con ello, la expansión monetaria.

Se requiere medidas adicionales complementarias, entre ellas:

1. Reforma cambiaria y unificación de tipos de cambio, con transición creíble, para reducir el canal de costos.
2. Reforma de incentivos a la producción interna (agropecuaria, industria ligera) para sustituir importaciones y ampliar oferta.
3. Consolidación fiscal creíble, que incluya reducción del déficit y control de la expansión monetaria, sin la cual cualquier subsidio se diluye.
4. Fortalecimiento institucional para la focalización de beneficiarios (registro de hogares, verificación de ingresos) y transparencia en la distribución.
5. Política de comunicación y anclaje de expectativas, para romper la inercia inflacionaria.
6. Apertura selectiva a inversión y divisas (remesas, exportaciones de servicios, inversión extranjera) para relajar la restricción externa.

Conclusión

El artículo es un aporte valioso y honesto al debate: diagnostica con rigor, desmonta soluciones populistas y propone una alternativa focalizada razonable. Su principal debilidad es que, al reconocer el carácter estructural del problema, deja el análisis de las soluciones de fondo incompleto y no resuelve la tensión entre el subsidio propuesto y la expansión monetaria que él mismo identifica como factor inflacionario. Las medidas propuestas son un paliativo útil y superior a las alternativas administrativas, pero no sustituyen —ni el autor pretende que lo hagan— las transformaciones estructurales que la propia dinámica inflacionaria exige.