Óscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, durante su intervención en el 22 Congreso de la CTC. Foto: Abel Padrón Padilla
El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, compareció este viernes ante los delegados del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para presentar el Programa Económico y Social del Gobierno 2026 y las recientemente aprobadas 176 Transformaciones Económicas y Sociales, que fueron discutidas en el pleno del Comité Central del Partido, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional y, más recientemente, en la sesión ordinaria del Consejo de Ministros.
En su intervención, el alto funcionario contextualizó las medidas en un escenario inédito para la Revolución. “Nuestro país enfrenta uno de los momentos más complejos que no tiene precedente, caracterizado por una combinación de medidas que nunca se habían aplicado, que prevén incluso el empleo de sanciones secundarias”, afirmó.
Pérez-Oliva explicó que el cerco estadounidense tiene un objetivo claro: la dependencia forzada. “Los Estados Unidos, mediante el uso de la fuerza y las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, pretende arrastrarnos de manera forzosa a la dependencia económica de los Estados Unidos”, denunció.
En ese sentido, subrayó que la génesis de las transformaciones radica precisamente en buscar salidas a un escenario que busca aislar a Cuba “desde el punto de vista económico, comercial, bancario y financiero”.
“Es importante tenerlo presente cuando se analizan estas transformaciones”, añadió, al tiempo que insistió en el impacto del bloqueo energético: “Sin energía no puede haber economía. Sin energía no podemos producir. Producimos con limitaciones, la economía se paraliza, no se genera riqueza. Si no se genera riqueza, no se puede distribuir la riqueza. Ese es el principio del socialismo, la justa distribución de la riqueza que se genere en la sociedad”.
El vice primer ministro detalló que el Programa de Gobierno 2026 es el resultado de un amplio proceso de consulta popular que comenzó en diciembre de 2023 y se ha ido perfeccionando en sucesivas presentaciones ante la Asamblea Nacional.
“Es resultado de un amplio proceso de consulta que comprendió la celebración de casi 100 000 reuniones en todo el país. Participaron cerca de 2 millones de personas en los centros laborales, los núcleos del Partido, las organizaciones sindicales”, precisó.
Se realizaron más de 196 000 propuestas, de las cuales tres objetivos concentraron la mayor cantidad de planteamientos: la estabilización macroeconómica, las políticas sociales y la producción nacional con énfasis en los alimentos. “No por gusto coincide que esos son los tres ejes que tuvieron más opinión", reflexionó Pérez-Oliva.
La versión final del programa incrementó los objetivos específicos, quedando en 163 acciones y 45 indicadores, superior a la versión de 2025, y se actualizó el alcance de cuatro objetivos generales a partir de los planteamientos populares.
Uno de los temas centrales abordados fue la transformación del sistema de subsidios. “Nuestra economía no puede continuar, sencillamente porque es una ecuación matemática, aplicando el subsidio igualitario de producto a toda la población. La economía no lo resiste”, sentenció el ministro.
En ese sentido, explicó que se está trabajando en mecanismos para “subsidiar a las personas que lo necesitan”, lo que permitirá “disponer de mayores recursos para repartir realmente entre los necesitados”.
El titular del Comercio Exterior destacó además el consenso social en torno a otros desafíos: la reducción gradual de la inflación, el fortalecimiento del sistema de salud, la consolidación de la bancarización, la calidad de la educación, el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y la transición energética. “Todo lo que está escrito aquí tiene una respuesta directa en las transformaciones económicas y sociales que recientemente aprobamos”, afirmó.
Sobre el control del déficit fiscal, Pérez-Oliva reconoció que este año, ante la contingencia energética, se ha deteriorado, por lo que se requieren medidas para reducir el gasto innecesario, perfeccionar los mecanismos de control fiscal y modernizar el sistema de la Oficina Nacional de Administración Tributaria.
“El sistema empresarial tiene que vivir totalmente sin subsidios del Estado y tiene que autogestionarse”, enfatizó.
Reveló además que el presupuesto del Estado dedica 92 000 millones de pesos a subsidiar el sistema empresarial, de los cuales la mitad se destina a la energía eléctrica.
“Para poder resistir la economía a esos niveles de subsidios tiene que alcanzar niveles de productividad y eficiencia que no logramos en estos momentos”, admitió. Sin embargo, destacó que ocho provincias y 73 municipios alcanzaron resultados superavitarios, “un paso de avance” en la gestión territorial.
En cuanto al mercado cambiario, el vice primer ministro informó que se amplía el acceso de los actores económicos al segmento tres del mercado cambiario, “lo que debe convertirse en un incentivo para que las empresas puedan ser más eficientes”.
También abordó la consolidación del proceso de bancarización a través de incentivos, flexibilizando los umbrales de las operaciones electrónicas, y advirtió sobre las dificultades con el pago a trabajadores y jubilados por falta de efectivo, así como las indisciplinas y violaciones en el sector estatal y no estatal.
En el objetivo de incrementar y diversificar los ingresos externos, Pérez-Oliva señaló que se han enfocado en fomentar exportaciones de servicios con baja dependencia del combustible, como los servicios informáticos, la telemedicina y las industrias culturales, “en donde existe un gran potencial en el país que todavía no aprovechamos lo suficiente”.
También destacó que, con las nuevas transformaciones, los municipios podrán exportar directamente desde sus sistemas empresariales locales. “La palabra exportar se dice muy rápido, para exportar hay que tener conocimiento, hay que estudiar el mercado”, advirtió, y subrayó la necesidad de preparar a los compañeros que participarán en este proceso.
Mencionó además el crecimiento de las operaciones de comercio electrónico y la importancia de incentivar los proyectos de cooperación internacional, que han estado dirigidos a la energía renovable, la producción de alimentos y la mejora de los sistemas de salud y educación.
Sobre la producción nacional, Pérez-Oliva fue categórico: “Si no hay producción nacional, no podemos consumir, pero tampoco podemos exportar. Es decisivo, es vital, es obligatorio desarrollar e incrementar la producción nacional”.
Y lanzó un mensaje a los trabajadores: “Muchas veces pensamos que por la vía de la ayuda de países amigos vamos a lograr cosas que hoy no tenemos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que de esta situación tenemos que salir con la solidaridad de los países amigos, pero todo va a depender de lo que seamos capaces de hacer nosotros. Lo que nos toca hacer a nosotros en Cuba nadie va a venir a hacerlo desde afuera”.
Puso como ejemplo la producción de arroz con la cooperación vietnamita, y señaló: “no tiene sentido que gastemos 300 millones de dólares anuales en divisa en un producto que se puede producir en las tierras cubanas y que el campesino cubano también sabe producir”.
En cuanto a la empresa estatal socialista, el vice primer ministro anunció que se busca ponerla “en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos. Muchas veces decimos: ‘La empresa estatal socialista es el elemento fundamental del desarrollo del país’. Pero si la ponemos en condiciones de verdad, la empresa estatal socialista no puede crecer, no puede producir, no puede remunerar a los trabajadores”, explicó.
La transformación incluye la reordenación de las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE) para “eliminar escalones innecesarios” que “generan burocracia y demora en la toma de decisiones”, y el fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias con acceso directo al comercio exterior, e incluso la posibilidad de asociación con capital extranjero.
El alto funcionario también abordó el desarrollo territorial. “Hay que trasladar competencias, hay que trasladar facultades”, afirmó, y precisó que “el Estado diseña y establece las políticas, y los municipios, al amparo de esas políticas, desarrollan su actividad económica”.
En ese contexto, destacó la importancia de que la riqueza generada en cada territorio se quede en el territorio: “La empresa puede ser del municipio o puede ser de subordinación nacional. Lo importante es que la riqueza que genera la empresa se quede también en el municipio”. Este enfoque, dijo, se viene analizando en la nueva ley tributaria en la que trabaja el Ministerio de Finanzas y Precios.
Pérez-Oliva dedicó un espacio al tema de la defensa, en sintonía con el lema del Congreso. “No es solo en el terreno económico, no es solo en el terreno financiero. No es solo en el terreno de la información o más bien de la desinformación o la guerra mediática que todos los días se hace. También ha habido amenazas concretas de agresión y esas amenazas están latentes”, alertó, y citó la máxima de que “prepararnos para la guerra equivale a ganarla, para evitar ríos de sangre, derramar ríos de sudor trabajando en la preparación”.
Informó que se está circulando para opinión la ley de reordenamiento de la Administración Central del Estado, que reduce los ministerios de 27 a 21 organismos, “optimizando funciones y reduciendo trámites burocráticos”.
También destacó el despliegue de la plataforma Soberanía, “el elemento vital de interacción directa, expeditiva, entre el pueblo y el gobierno, sobre todo entre las personas más vulnerables y las autoridades que deben atender esa vulnerabilidad”.
Sobre las políticas sociales y la protección de familias vulnerables, el vice primer ministro reconoció que “lamentablemente en esta compleja situación económica ha crecido el número de personas vulnerables en nuestra sociedad”.
Puso como ejemplo que “ancianos viven solos en nuestro país que requieren una atención diferencial, que deben ser atendidos en las cuadras, en los municipios por los delegados de manera diferente, porque muchas veces tienen limitaciones para cobrar su jubilación, para adquirir los alimentos, para acercarse a los lugares donde se prestan servicios”.
También se refirió al objetivo de prevención y reducción de delitos e indisciplinas, y alertó sobre el robo de combustible y aceite en el sistema electroenergético, llamando a la comunidad a combatir estos hechos.
El vice primer ministro defendió el carácter soberano y revolucionario de las transformaciones.
“Esto no es un paquete neoliberal ni es el retorno al capitalismo. Son transformaciones que necesita el país, porque si no se genera riqueza, nosotros no podemos construir la sociedad justa que queremos. Construir la sociedad socialista y para eso se requiere una participación activa de todo nuestro pueblo”, enfatizó.
Recordó que decisiones similares se tomaron en el período especial, como la despenalización del dólar en 1992, y rechazó las acusaciones de que se trate de una “cortina de humo”: “Son transformaciones reales que tenemos necesidad de acometer para salvar la Revolución. No se están haciendo ni bajo presión ni para complacer a nadie, se están haciendo en ejercicio de nuestra soberanía”.
Finalmente, detalló el proceso de implementación: cada transformación tiene un responsable al máximo nivel de gobierno, un cronograma general y un sistema de indicadores de medición.
“Las transformaciones no se van a medir con explicaciones, se van a medir con indicadores”, sentenció. Se han creado dos grupos de trabajo: uno para el aseguramiento jurídico, presidido por Esteban Lazo Hernández, y otro para el aseguramiento político y comunicacional, presidido por Roberto Morales.
Se diseñó un procedimiento expeditivo para la aprobación de normas jurídicas, y se aclaró que las transformaciones no representan una modificación de la Constitución.
Un grupo de transformaciones quedará implementado en los próximos 30 días, en temas como actores económicos, administración central del Estado, energética, recuperación agrícola, precios, ámbito laboral y salarial, comercio y servicios, y la dolarización parcial de la economía.
Concluyó asegurando que “ambos documentos, el programa de gobierno y las transformaciones, son complementarios”, con un 76% de coincidencia, y que “la implementación de estas transformaciones nos exige actualizar los sistemas de trabajo que cada uno desarrolla a todas las instancias”.
Jornada laboral flexible y protección al trabajador: Las claves del nuevo Código de Trabajo
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, presentó este viernes ante los delegados del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) las modificaciones al anteproyecto de la Ley del Código de Trabajo, un documento que calificó como “revolucionario, novedoso y actualizado a los tiempos actuales”.
El titular explicó que la nueva legislación, que será presentada en julio a la Asamblea Nacional del Poder Popular, es el resultado de un proceso de consulta sin precedentes.
“Se realizaron 40 591 reuniones, participaron más de 2 millones de trabajadores, en el cual se recibieron 96 250 propuestas. Es único que nosotros consultemos a todos los trabajadores y demuestra el carácter democrático, participativo, socialista del proceso”, afirmó Otamendiz ante el plenario.
El ministro detalló que los fundamentos para modificar el Código de Trabajo se encuentran en la Constitución de la República de 2019, en la actualización de la conceptualización del modelo económico cubano aprobada en el VIII Congreso del Partido, y en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
“La Carta Magna, ley de leyes, tiene un impacto indiscutible en el Código de Trabajo”, subrayó. También se han tenido en cuenta el Código de la Niñez y la Juventud, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y los 90 convenios internacionales ratificados por el país.
De las más de 96 000 propuestas recibidas, se aceptaron 41 403, equivalentes al 43%, mientras que otras no fueron acogidas porque “contradicen políticas aprobadas por el país” o “no corresponden a esta norma”, explicó el funcionario.
Uno de los aspectos más innovadores del nuevo código es la ampliación de la capacidad jurídica para establecer relaciones laborales. “Se modifica a 17 años la capacidad jurídica de un trabajador”, anunció Otamendiz, aunque aclaró que excepcionalmente, y conforme a la legislación vigente, se mantiene la posibilidad de que jóvenes de 16 años puedan trabajar.
En cuanto al servicio social, el ministro informó que no se aceptó la propuesta de reducción de 2 años y se mantiene el plazo de 3 años, aunque se incorpora a los jóvenes que realizan trabajo socialmente útil —no aptos para el servicio militar por razones de salud— y se incluye como causa justificada de suspensión del servicio social la superación en el extranjero.
El nuevo código establece, por primera vez de manera explícita, la prohibición del trabajo forzoso y ratifica la prohibición de la discriminación y la violencia contra la mujer en el ámbito laboral.
“Esto es algo novedoso en el código, donde estaba previsto en la legislación anterior no estaba prohibido expresamente", señaló Otamendiz.
Además, se sustituye el término “trabajador” por “persona trabajadora”, un cambio que responde a los criterios emitidos en la consulta popular.
El ministro enfatizó que el código es para todos los trabajadores en Cuba: “Aquí no estamos haciendo distinción entre el sector estatal y el no estatal. Regula el trabajo subordinado a partir de la relación del trabajo individual y se reconoce los derechos y obligaciones del ejercicio de actividades de los trabajadores que laboran de forma autónoma”, precisó.
En materia de protección al trabajador, el código incorpora novedades significativas. Se impone a los empleadores la obligación de contratar pólizas de seguro o utilizar otros mecanismos para proteger los ingresos de los trabajadores ante la interrupción o cese de la relación laboral por motivos económicos, tecnológicos o estructurales.
“Si inicialmente era obligatorio la póliza de seguro, a partir de los criterios de los trabajadores y la consulta con los expertos se incorpora utilizar otros mecanismos para proteger a los trabajadores”, explicó Otamendiz.
En caso de cese de la relación laboral, el empleador está obligado a indemnizar al trabajador, y se dispone una protección equivalente a 6 meses si no se le puede garantizar una oferta de empleo.
El ministro también destacó la descentralización de facultades. Se faculta a las entidades para determinar los trabajadores que cesen en la actividad laboral por motivos económicos, una decisión que anteriormente requería la aprobación del Ministerio de Trabajo.
En el ámbito de la negociación colectiva, se reconoce que las relaciones entre la organización sindical, la representación de los trabajadores y el empleador se basan en los principios de autonomía de la voluntad y plena igualdad entre las partes, lo que se formaliza en el convenio colectivo de trabajo.
“Para hacer efectiva la participación de los trabajadores, las decisiones del empleador se adoptan de común acuerdo con la organización sindical”, enfatizó Otamendiz. Se incluye además el procedimiento para la aprobación de los convenios colectivos y la negociación colectiva, así como la posibilidad de reclamación por vía judicial ante cualquier medida discriminatoria.
Sobre la jornada laboral, el ministro anunció una de las medidas más revolucionarias: la facultad de los empleadores para concertar jornadas reducidas y los pagos correspondientes para actividades profesionales y no profesionales, conforme al convenio colectivo de trabajo.
“Esto es lo más novedoso y más revolucionario que se ha propuesto en los últimos tiempos. Estamos diciendo aquí que un empleador va a tener la facultad de a partir de determinadas actividades, por los conocimientos y las competencias que tengan las personas, de definir que alguien puede estar contratado por 4 horas y pueda percibir el salario correspondiente. Y rompemos de alguna manera el trabajo de las 8 horas y el pago por las 8 horas de trabajo”, explicó.
El ministro puso como ejemplo la contratación de un ingeniero informático por 4 horas para atender una red. “Porque tiene que estar 8 horas, al final en 4 horas me está haciendo la actividad y yo le pago por el cargo y por las horas de trabajo”, reflexionó.
El código también reconoce el pluriempleo y la pluriactividad, promoviendo que las personas puedan tener más de un empleo para aumentar sus ingresos, siempre que no se afecte su salud.
“Estamos promoviendo que se incremente el pluriempleo, que se incremente la pluriactividad, que las personas puedan tener más de un empleo, pero siempre hay que tener en cuenta y hay que respetar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores”, señaló Otamendiz.
Se exige que el pluriempleo no interfiera con las obligaciones pactadas ni produzca una sobrecarga que afecte la salud. Además, se incorpora el principio de capacidad demostrada con un enfoque de competencias, actualizando el enfoque tradicional del código anterior.
El ministro informó que el nuevo código se estructura en cuatro libros: parte general, derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y administración del trabajo, integrando 15 disposiciones normativas que incluyen un decreto ley, cuatro decretos, tres acuerdos y siete resoluciones del Ministerio de Trabajo.
Este resultado, dijo, es fruto de consultas especializadas con académicos, expertos e instituciones. También se actualizan definiciones y se incorporan categorías derivadas de leyes recientemente aprobadas, como la Ley de Emigración, la Ley de Ciudadanía, la Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de Estado, y la política para la profesionalización de la profesión extranjera.
En cuanto a las transformaciones económicas y sociales, Otamendiz explicó que 12 medidas del paquete de 176 tienen impacto directo en el Código de Trabajo, entre ellas la fijación anual del salario mínimo.
“Estamos hablando de analizar, evaluar anualmente el salario mínimo. Esto no quiere decir que se incremente, estamos hablando de evaluar, analizar y en función de las posibilidades reales que tenga la economía, proponer cuál es el salario mínimo el próximo año, pero es un paso novedoso, revolucionario y que hace mucha falta”, afirmó.
Otra medida clave es la eliminación de la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo para técnicos de la salud, la investigación, maestros, profesores y funcionarios. “Creo que es un elemento positivo que sigue flexibilizando el empleo, haciendo un uso más racional de la fuerza de trabajo tan escasa que tenemos a partir de la situación demográfica”, señaló.
También se elimina el uso obligatorio de las entidades empleadoras en algunos casos y se faculta a los empleadores para la concertación de jornadas reducidas, siempre en el marco del convenio colectivo de trabajo.
El ministro concluyó su intervención con un mensaje de optimismo: “En sentido general, nosotros creemos que ha sido un código revolucionario, novedoso, actualizado a los tiempos actuales. Hemos contado decididamente con los criterios, las opiniones de los trabajadores cubanos, de los delegados de este congreso, y estamos convencidos que va a ser una victoria más de la Revolución, de nuestro nuevo Código de Trabajo”.
Finalmente, aseguró que las modificaciones se llevarán a cabo con celeridad. “Aún cuando parte del código no cambia la esencia, en muchos casos es la manera en el enfoque del artículo, de incorporar algunas categorías, pero es posible hacerlo y estamos en condiciones”, concluyó Otamendiz ante el plenario del XXII Congreso de la CTC.
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