Durante décadas, la economía cubana careció de reformas capaces de transformar las bases de su modelo. El discurso oficial hablaba de actualizar, perfeccionar, ordenar o corregir distorsiones, pero evitaba modificar sus fundamentos: la estructura de propiedad, los incentivos, la planificación centralizada, el papel del sector privado, la autonomía de las empresas estatales y la relación con los mercados internacionales.
Esta resistencia a las reformas estructurales fue una de las principales causas del prolongado estancamiento económico, el aumento de la pobreza y la desigualdad y el deterioro de los indicadores sociales.
Los anuncios de junio de 2026 rompieron —al menos sobre el papel— con esa lógica. Las 176 medidas esbozan una transformación institucional profunda. Por primera vez, el gobierno propone cambios que alcanzan la arquitectura del sistema económico y abordan varias de las causas estructurales de la crisis.
Esto no significa que la transformación vaya a ocurrir ni que, de hacerlo, tenga éxito. El gobierno enfrenta un problema de credibilidad y dudas legítimas sobre su capacidad técnica y política para conducir un proceso de esta complejidad. A ello se suma un factor externo decisivo: el creciente aislamiento de Cuba, resultado de la política exterior de la actual administración estadounidense.
El problema geopolítico: reformar desde el aislamiento
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión. Durante el primer semestre de 2026, nuevas sanciones profundizaron la desconexión de Cuba de la economía internacional y golpearon una estructura productiva ya muy debilitada.
La restricción sobre el suministro de combustible agravó la escasez y elevó el déficit energético hasta niveles sin precedentes. CMA CGM y Hapag-Lloyd suspendieron las reservas de carga hacia y desde Cuba. El desplome del turismo y el cierre de convenios médicos redujeron las exportaciones de servicios. Varias cadenas hoteleras abandonaron o redujeron sus operaciones, mientras Sherritt suspendió su participación directa en sus negocios cubanos. También quedaron interrumpidas las transacciones con Visa y Mastercard afectando seriamente el acceso al sistema de pagos internacionales.
Estos choques aceleran la contracción económica. En 2026 volverá a caer la actividad estatal y es probable que también lo haga, por primera vez, la actividad privada.
Las sanciones colocan al gobierno ante el desafío de transformar la economía mientras se restringen los recursos externos de los que depende la reforma. Las medidas buscan atraer inversión, ampliar los mecanismos de mercado, descentralizar decisiones y fortalecer los incentivos productivos, pero sus resultados requieren acceso a capital, financiamiento, tecnología, importaciones y mercados. El problema no es solo reformar, sino hacerlo desde el aislamiento.
Posibles escenarios ante la prolongación del aislamiento
Si el aislamiento de Cuba se mantiene, el resultado más probable es una profundización de la crisis, con efectos cada vez más graves sobre la alimentación, la salud, el suministro de agua, la energía y otros servicios esenciales, un contexto de creciente deterioro humanitario.
Ese deterioro podría desencadenar fracturas dentro del gobierno, cambios de liderazgo, una negociación con Estados Unidos o una intervención externa. Cualquiera de estos acontecimientos alteraría por completo el curso de la reforma y abriría un escenario político diferente.
El presente análisis no intenta anticipar esos posibles desenlaces. Se concentra en las trayectorias que podría seguir la reforma si el gobierno conserva la cohesión y la capacidad para mantenerse en el poder, y si no ocurre una intervención militar ni otra ruptura geopolítica que interrumpa el proceso.
Bajo estos supuestos, la pregunta central es hasta dónde puede avanzar la reforma y qué condiciones externas permitirían sostenerla. Se abren cuatro escenarios: 1) su paralización y reversión; 2) una aplicación parcial bajo el aislamiento; 3) su continuidad mediante una reorientación hacia otros socios; y 4) su aceleración si disminuyen las tensiones internacionales.
1-Reforma truncada y reversión. La crisis impide que la reforma avance. Los costos iniciales aparecen antes que los beneficios, aumenta la conflictividad y el gobierno responde frenando medidas, restableciendo controles y protegiendo a las empresas estatales. No sería necesariamente una cancelación formal. Las 176 medidas podrían mantenerse en el discurso, pero aplicarse de manera selectiva, lenta o contradictoria. Este escenario reproduciría lo ocurrido con procesos anteriores: apertura inicial, resistencia institucional y posterior paralización. Es un escenario muy probable si el aislamiento se mantiene y la crisis continúa agravándose.
2- Reforma parcial bajo aislamiento. El gobierno preserva la dirección general del programa, pero reduce su alcance y modifica su secuencia. Prioriza medidas con efectos productivos inmediatos y menores costos políticos: mayor autonomía empresarial, apertura al sector privado, liberalización selectiva, incentivos a la inversión y mecanismos cambiarios parciales. Las transformaciones más difíciles —reestructuración empresarial, reducción de subsidios, reforma fiscal o liberalización general de precios— se aplazan. Este sería probablemente el escenario central. La reforma avanzaría, pero no alcanzaría la profundidad necesaria para transformar completamente el modelo ni resolver los desequilibrios macroeconómicos.
3- Reforma sostenida mediante una reorientación geopolítica. Cuba consigue inversión, crédito, energía y mercados a través de China, Rusia, Vietnam, países del Golfo u otros socios. Ese apoyo permite sostener la reforma y amortiguar parte de sus costos. Pero esta integración tendría condiciones. Los nuevos socios exigirían garantías, rentabilidad, acceso a activos y reglas más estables. Cuba avanzaría hacia una economía más abierta, aunque vinculada preferentemente a un bloque geopolítico distinto del occidental.
El resultado podría ser una reforma real, pero con mayor dependencia externa, menor diversificación financiera y nuevas tensiones con Estados Unidos. No veo probable que esos socios sustituyan por completo los vínculos perdidos; sí que permitan evitar el colapso y sostener una transformación parcial.
4- Apertura externa y aceleración de la reforma. Una reducción de las tensiones con Estados Unidos —mediante negociación, cambio de política o algún acuerdo limitado— mejora el acceso a combustible, pagos, financiamiento, turismo e inversión. En ese contexto, la reforma gana credibilidad y puede generar resultados con mayor rapidez. Este sería el escenario con mayor potencial económico. La combinación de reformas internas y apertura externa podría atraer capital, estimular al sector privado y reducir los costos de la transición. Sin embargo, no es el escenario más probable en el corto plazo. Además, una relajación externa no garantizaría el éxito: seguirían presentes los problemas de diseño, secuencia, capacidad institucional y credibilidad.
¿Qué esperar de esta nueva ola de reformas?
En las condiciones actuales y bajo los supuestos presentados, la trayectoria más probable combina una reforma parcial con la búsqueda de recursos y mercados entre socios alternativos. Sería un resultado insuficiente para una sociedad que necesita mejoras urgentes en sus condiciones de vida. La continuidad del proceso dependerá de que produzca resultados antes de que sus costos económicos, sociales y políticos obliguen a frenarlo.
El aislamiento no impide iniciar la transformación, pero reduce su alcance, adelanta sus costos y retrasa sus beneficios. La reforma deberá mostrar resultados rápidamente para evitar que el deterioro económico y social termine frenándola.
* Ricardo González-Aguila es profesor de Economía e investigador en el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Posee un doctorado en Economía y cursó estudios de posgrado en Barcelona (España) y en el Reino Unido. Su investigación se centra en el crecimiento económico, la productividad, la política industrial y la economía cubana, temas sobre los que ha publicado extensamente. Ha trabajado como consultor para la CEPAL, la ONUDI y el PNUD, asesorando en materia de promoción de exportaciones y desarrollo del sector energético.
