La profundización del bloqueo económico en 2026, al que se le añadió el energético, rompió lo que quedaba de férrea resistencia gubernamental a una reforma integral y dio lugar a las “176 medidas” que profundizan la tendencia a la privatización de la economía, mientras intentan preservar el predominio de la empresa estatal. Esa bipolaridad estatal-privada, en la que el cooperativismo es la pata coja, no augura el renacer del socialismo.
“Economía” tiene tantos apellidos como sabores de helado en la antigua Coppelia. Pero en este artículo hablaremos solo de tres —como los sabores actuales en un buen día.
Según el Diccionario de la lengua española, “economía” viene del griego oîkos ‘casa’ y νέμειν némein ‘distribuir’, ‘administrar’. Se define como “Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo”; y también “Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos”. La economía socialista
La definición de “economía socialista” depende mucho del país que dice establecerla o ejercerla, desde el modelo estadocéntrico de la difunta URSS y la actual República Popular Democrática de Corea, pasando por las “economías socialistas de mercado” de China y Vietnam, hasta llegar a Cuba.
La Constitución cubana (ANPP 2019) establece en su artículo 18: “En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”. Pretende una economía “con” mercado —regulado y controlado— y no “de” mercado.
El documento gubernamental Transformaciones económicas y sociales (Gobierno de la República de Cuba 2026) propone varias medidas para transformar el sistema de planificación de la economía que otorgan un mayor papel al mercado, entre ellas “Transitar hacia un modelo de planificación financiera donde el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos (empresas acceden a insumos por mercado, encargo estatal por contrato, satisfacción de demandas del mercado interno)” e “incorporar en las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo y Estrategias Territoriales las actividades de los actores económicos no estatales”.
Sobre todo, se destaca la intención de descentralizar a nivel municipal el “Fomento del desarrollo económico local (diversificar tejido productivo, capacidad de exportar/importar, generar y retener divisas, estimular inversión extranjera)” y la “Gestión administrativa y de recursos humanos, presupuestaria, financiera y tributaria local”.
No se abandona la dirección planificada de la economía, sino que esta se centra en lograr equilibrios macroeconómicos, transitar hacia un modelo de planificación financiera para el sector estatal, incorporar a los actores no estatales y descentralizar a los territorios funciones antes reservadas al nivel central.
Conocido como “las 176 medidas”, el documento constituye el proyecto reformista más profundo desde los Lineamientos de 2011 (PCC 2011); llega con una década de retraso, con la economía seriamente deteriorada, el país sometido a un bloqueo genocida de Estados Unidos, sin apenas ingresos externos ni capital de inversión extranjera. Conserva un espíritu estadocéntrico, aunque se abre al sector privado, incorporándolo a la planificación central, y una descentralización territorial que constituye más una desconcentración de funciones, con pocos recursos —humanos y materiales— para implementarla.
¿Economía social de mercado o economía social y solidaria?
Un equipo de cinco economistas cubanos convocados y auspiciados por The Cuba Study Group (CSG) —una organización con sede en Washington D. C. que aboga por su visión de una “Cuba libre”— elaboró una propuesta para transformar la economía cubana. Cuba Transformación propone construir una “economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho”. (De Miranda Parrondo et al. 2026)
Müller-Armack, fundador de la teoría de la “economía social de mercado”, proponía precisamente integrar los principios de libertad del mercado con la regulación social, encarnando la filosofía de “mercado en la mayor medida posible, intervención estatal en la medida necesaria”. (Kurokawa 2012)
En el fondo, la expresión es un eufemismo para referirse a una economía de mercado bastante libre y con limitada regulación, acompañada de una determinada política fiscal y social. Teóricamente, se sostiene en tres pilares:
(1) Mercado libre: Los precios, la empresa privada y la competencia son el motor; el Estado no produce y deja de ser dueño de los medios de producción;
(2) Estado fuerte pero limitado: Un Estado árbitro que no controla, pone y hace cumplir las reglas, garantiza estabilidad monetaria, protege la propiedad y los contratos; y
(3) Corrección social: La riqueza que genera el mercado se redistribuye para garantizar oportunidades reales, seguridad social, educación pública, seguro de desempleo, vivienda. (Carranza 2026)
Pero, como dice Wilder Pérez Varona, todos estamos de acuerdo en que Cuba necesita un mercado dinámico que articule a todos los actores económicos; la clave es quién gobierna el mercado: “El problema nunca ha sido elegir entre Estado y mercado; es decidir quién ejerce el poder sobre la economía […] Si la riqueza termina concentrando también el poder político, el problema ya no será únicamente la desigualdad; será la formación de un nuevo bloque dominante”. (Dacal Díaz 2026)
Y eso regresa como un bumerán sobre el “Estado democrático de Derecho”: basta mirar la realidad de los Estados seudodemocráticos del continente para ver en qué situación se encuentran los derechos civiles y humanos en esos países.
Por otro lado, si bien la transformación propuesta por los economistas del CSG reafirma “la plena soberanía del pueblo cubano y la independencia de la Nación”, añade que, para ser viable, “requiere que Estados Unidos sea contraparte activa de una solución negociada […] al mismo tiempo, la transformación propuesta no implica aceptar condiciones que comprometan la soberanía nacional a cambio del levantamiento de esas sanciones.” (De Miranda Parrondo et al. 2026)
El más simple principio de realidad descarta la fantasía de que hoy, bajo el régimen de Trump-Rubio, cualquier negociación con Estados Unidos exija menos que la rendición total del gobierno y Estado cubanos y la restauración del capitalismo bajo el dominio de ese país: la “Doctrina Donroe”.
Uno de los autores, el economista Pedro Monreal, preguntaba en su Substack: “Si la alternativa no es una economía social de mercado ni un Estado de Derecho, ¿qué modelo económico y político proponen sus críticos para Cuba?”
Desde hace una década, algunos en la academia cubana hemos estado proponiendo una alternativa: la economía social y solidaria (ESS). (Colectivo de autores 2017; Betancourt 2020; Colectivo de autores 2021)
La economía social y solidaria: concepto y alcance
José Luis Coraggio (2009) sostiene que las economías realmente existentes son siempre mixtas, resultado de la articulación de tres esferas: la pública, la empresarial y la popular. La economía pública abarca bienes y servicios provistos por gobiernos a distintas escalas, generalmente gratuitos o subsidiados.
La economía empresarial puede ser capitalista (orientada al lucro y la acumulación) o socialista (orientada a planes sectoriales y generación de ingresos estatales). La economía popular está compuesta por individuos, familias, comunidades y colectivos que actúan por utilidad material, pero también inspirados en valores de solidaridad y cooperación.
En la intersección de estas tres esferas surge la “economía solidaria”, donde coinciden servicios públicos, planificación participativa, empresas público-privadas y sociales, y cooperativas y organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una economía alternativa centrada en la reproducción de la vida y no del capital, sin patrones y con trabajo autogestionado por los trabajadores. (Hintze 2013)
El socialismo cubano ha sido, históricamente, social y solidario. La razón de ser de la economía socialista ha sido satisfacer las necesidades materiales de la sociedad y apoyar el proceso de transformación social, no así generar utilidades para el Estado. Pero el término nunca se ha asimilado en el discurso oficial, que prefiere hablar de “economía socialista”, esencialmente promovida desde el Gobierno central, de arriba hacia abajo, y con fuerte predominio del sector estatal.
Con la transformación de la economía cada vez más hacia un modelo mixto de creciente presencia del sector privado (mipymes, trabajadores autónomos), y el deterioro de los servicios públicos producto del bloqueo económico, energético y financiero de Estados Unidos, la esencia solidaria del modelo cubano se ve cada vez más debilitada.
A diferencia de los modelos tradicionales de acumulación —capitalista o socialista—, la acumulación solidaria no se basa en la apropiación privada del excedente ni en el control estatal, sino en la cooperación, la autogestión y la participación democrática. Es una dinámica que combina la generación y uso de recursos económicos con el fortalecimiento de vínculos sociales dentro de los emprendimientos y empresas de economía social y solidaria. (Moreno y Khoury 2025)
La economía social y solidaria en Cuba: potencial y aspiración
Por tanto, la economía social y solidaria en Cuba es, potencialmente, la unión de las esferas pública, empresarial y popular, a las que incorporamos la asociativa. Postulamos que es posible para Cuba desarrollar una (macro)economía que en su esencia sea social y solidaria, compuesta por un conjunto de actores económicos —estatales, cooperativos, asociativos y privados—, que asuman como parte de su gestión (micro)económica de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, los principios de responsabilidad social y medioambiental, y que promueva la acumulación solidaria (Betancourt 2026).
Una de las claves para construir una economía verdaderamente social y solidaria en Cuba es asumir conscientemente la responsabilidad social y medioambiental empresarial (RSE) desde el modelo macroeconómico hasta el comportamiento de todos sus actores, pasando por las políticas públicas que lo faciliten.
La RSE aparece recogida en el nuevo marco regulatorio para la empresa estatal, las mipymes y las cooperativas no agropecuarias, que la define como “el conjunto de compromisos voluntarios adoptados por la empresa, dirigidos esencialmente a los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente […] acciones adicionales al cumplimiento del objeto social y de las obligaciones definidas en el ordenamiento jurídico vigente […]”; y que “se financia con la creación de reservas voluntarias a partir de las utilidades retenidas por la empresa”. (Consejo de Estado 2026a; 2026b)
Igualmente, el Decreto-Ley 76/2026 la incluye entre los principios rectores de las cooperativas agropecuarias, al establecer que estas “contraen el compromiso de contribuir con el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus cooperativistas, sus familias, la comunidad y la sociedad en general”. Esta norma va aún más allá cuando instituye que “las cooperativas agropecuarias adoptan el Balance Social Cooperativo como instrumento principal de su gestión socioeconómica; para medir y rendir cuentas a los cooperativistas, en relación con el cumplimiento de su responsabilidad social.” (Consejo de Estado 2026c) (2)
Ninguno de los tres sectores —empresa estatal, empresa privada, cooperativa— tiene conciencia propia de integrar la economía social y solidaria, aunque objetivamente todos responden en parte a esa lógica. La empresa estatal socialista cubana siempre ha tenido objetivos solidarios implícitos, pero rara vez han sido explícitos o trazados por sus directores y trabajadores.
Las cooperativas, aunque están organizadas bajo los principios universales del cooperativismo, en ocasiones no los conocen o no los cumplen a plenitud, aun cuando algunas practiquen espontáneamente la responsabilidad social con su público interno (trabajadores y sus familias) y externo (comunidad en la cual están insertadas).
En cuanto al sector empresarial privado, está naciendo bajo la lógica del capital privado; solo la articulación público-privada, en combinación con una fuerte labor de promoción y generalización de la responsabilidad social empresarial, hará posible que se integre al modelo de economía socialista y contribuya al capital solidario.
Por último, está la economía asociativa, compuesta de asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, profesionales y religiosas, sindicatos, organizaciones de masas y asociaciones comunitarias y de base (como consejos de vecinos, agrupaciones de mujeres, redes de cuidadoras, proyectos de desarrollo local).
En algunos casos son actores económicos que producen y comercializan bienes y servicios sin fines de lucro, y desarrollan otras actividades para generar ingresos que ayuden a cubrir sus gastos. La legislación que las ampara (Ley 54 de Asociaciones, de 1985) es vieja y está en gran medida obsoleta, y aunque la nueva Ley de Asociaciones está prevista para 2026, según el último calendario legislativo, es improbable que la veamos este año.
En América Latina, las asociaciones son una figura central y muy extendida. A diferencia de las cooperativas, que son empresas de propiedad colectiva, las asociaciones son agrupaciones de personas con personalidad jurídica propia que persiguen un fin social o de interés general sin ánimo de lucro.
El asociacionismo suele ser la puerta de entrada a la ESS para comunidades que buscan resolver necesidades concretas, desde el acceso al crédito hasta la comercialización de sus productos; desde la creación de fondos de ahorro e inversión hasta el empoderamiento económico y social de mujeres y jóvenes a través de cadenas de comercio justo.
Muchas de estas formas asociativas no son posibles en Cuba en el actual marco político y legislativo. No existen asociaciones de mujeres fuera de la Federación de Mujeres Cubanas. No se pueden asociar las empresas privadas de productores y comercializadores fuera de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. No se pueden crear fondos de ahorro e inversión fuera del sistema bancario estatal.
Esto constituye otro freno al desarrollo de la economía social y solidaria y coloca sobre los hombros del Estado la responsabilidad de resolver muchos problemas sociales que los ciudadanos organizados en colectivos pudieran asumir de manera más autónoma y eficiente. La alternativa es abrirse al asociacionismo sin temor a que el Estado, a nivel nacional y territorial, no pueda controlar a las asociaciones, porque sí puede regularlas jurídicamente.
Conclusiones
Ante la pregunta de Monreal —¿qué modelo económico y político proponen sus críticos para Cuba?—, la respuesta es la economía social y solidaria.
El socialismo estadocéntrico —desde el inicio bajo el asedio del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos— respondió a una época de construcción de un modelo que sustituyera al capitalismo subdesarrollado dependiente y contó con el respaldo de la comunidad de países socialistas; sin embargo, generó una nueva dependencia, esta vez de la Unión Soviética.
El derrumbe de ese bloque hizo inviable el modelo monopólico estatal cubano y obligó en los años noventa del siglo pasado a tibias reformas de apertura al sector privado y expansión del cooperativo que evitaron el colapso, mientras se fortalecía y extendía el bloqueo económico. Pero el modelo se mostró incapaz de producir un desarrollo sostenible y de superar la dependencia de las importaciones.
La dirigencia del país se resistió a implementar el cambio profundo vislumbrado en los Lineamientos. La visión estratégica demasiado optimista plasmada en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista / Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 (PCC 2016) pronto mostró su inviabilidad a la luz de un modelo ya agotado.
A partir de 2021 comienza una apertura al sector privado y cooperativo no agrario con altibajos, pero que termina privilegiando al primero. La profundización del bloqueo económico en 2026, al que se le añadió el energético, rompió lo que quedaba de férrea resistencia gubernamental a una reforma integral y dio lugar a las “176 medidas” que profundizan la tendencia a la privatización de la economía, mientras intentan preservar el predominio de la empresa estatal. Esa bipolaridad estatal-privada, en la que el cooperativismo es la pata coja, no augura el renacer del socialismo.
La economía social de mercado tampoco es la alternativa para Cuba. En el fondo, es un eufemismo para referirse a una economía de mercado dominante con limitada regulación gubernamental. Conduciría inevitablemente a la concentración del poder económico y político en una nueva clase dominante capitalista, donde prevalecería el inversionista extranjero, y un Estado disminuido y debilitado, incapaz de hacerle frente. En esta condición, y en la era de la “Doctrina Donroe”, es prácticamente imposible preservar la soberanía nacional, conquistada a sangre y fuego por la Revolución.
Al asumir consciente y articuladamente la ESS y la RSE, el país tendría más herramientas para enfrentar los desequilibrios sociales e impulsar el desarrollo económico local inclusivo, en el marco de la construcción de un socialismo renovado. La ESS sirve como motor de desarrollo local, al articular las diferentes formas de propiedad, comunidades y gestores del conocimiento. Permite aprovechar mejor los recursos, aumentar exportaciones, reducir importaciones, restaurar el medioambiente, aumentar la resiliencia local y la identidad territorial.
El Estado central y los territorios pueden redistribuir y canalizar de manera diferenciada recursos hacia las zonas más necesitadas, así como favorecer más a comunidades y grupos vulnerables mediante políticas fiscales y precios beneficiosos. Las estrategias de desarrollo local pueden detectar oportunidades y recursos ignorados u ociosos para ponerlos en uso de manera inclusiva y movilizar recursos externos de fuentes actualmente desaprovechadas.
Las entidades de la ESS crean oportunidades, extienden la protección mediante la ayuda mutua y empoderan a las personas y comunidades mediante la gestión colectiva y participativa de sus miembros. La ESS es clave en el empeño de impulsar el desarrollo acelerado y sostenible y, a la vez, lograr que nadie se quede atrás en nuestro país. (Betancourt 2021)
En Cuba la economía socialista ha puesto a la persona por delante de la reproducción del capital, se ha propuesto satisfacer las necesidades materiales de la sociedad y apoyar el proceso de transformación social. Pero aún no se ha logrado, en palabras de Paul Singer, una economía sin patrones a través del trabajo autogestionado por los trabajadores. Para Singer, la autogestión generalizada de la economía y la sociedad es el principal papel de la economía solidaria en la lucha por el socialismo. (Hintze 2013)
La economía no solo produce bienes y servicios; produce también seres humanos, relaciones solidarias y también enajenadas, valores positivos y negativos hacia el trabajo y la fraternidad humana. El carácter participativo de la ESS empodera a la clase trabajadora, reduce la resistencia de la burocracia, desmonta estructuras excesivamente centralizadas, contribuye a la subsidiariedad —orientar la autoridad y la asignación de recursos al nivel más cercano a la gente para lograr más eficiencia y costo-efectividad— y a la solución de problemas sociales y desbalances territoriales que el Estado, por sí solo, es incapaz de resolver. La economía social y solidaria hace más socialista la economía cubana.
La decisión beneficia a las instalaciones de Moa Nickel, situadas en el oriente cubano y pertenecen a la empresa conjunta Moa JV.
