Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

miércoles, 14 de octubre de 2026

Cinco visiones desde Cuba sobre las 176 medidas: aportes y límites para transformar el modelo económico.

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Por su amplitud y por el momento en que se presenta, el paquete de 176 medidas aprobado en junio de 2026 es una referencia ineludible en el debate sobre la transformación económica de Cuba.


Tras su publicación, surgieron diversas interpretaciones de economistas e instituciones cubanas que desde hace años analizan las reformas necesarias.

Este texto examina, desde una perspectiva económica y con tono respetuoso, cinco de esas visiones: las de Julio Carranza y Luis Gutiérrez, Juan Triana Cordoví, Joaquín Benavides, Ricardo González Águila y el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). No pretende juzgarlas, sino propiciar un intercambio sustantivo sobre la transformación económica de Cuba.

No se incluye la visión de Omar Everleny Pérez, colega afiliado al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (Cárdenas, Cuba), porque sus análisis de las 176 medidas se han desarrollado principalmente en los proyectos Cuba Transformación y Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba.

La brevedad del texto obliga a presentar cada visión de forma esquemática. Pido disculpas por las simplificaciones que esto pueda implicar y espero que el conjunto se reciba como una contribución constructiva al debate colectivo.

Mi concepción del modelo económico y del régimen político al que debería conducir la transformación de la sociedad cubana difiere de la que enmarca los cinco enfoques aquí comentados. Esa concepción se expone en el documento del proyecto Cuba Transformación, publicado en julio de 2026.

Toda propuesta de transformación económica parte, inevitablemente, de una concepción del modelo económico y del régimen político deseados, influida por posiciones ideológicas y experiencias de vida. De ahí las diferencias de fondo entre las propuestas inscritas en una “economía socialista” regida por un partido único como “fuerza dirigente superior” y las que propugnan una economía social de mercado y un Estado democrático de derecho. Estas diferencias normativas son reales y relevantes.

Sin embargo, la utilidad práctica del debate actual no está principalmente en confrontar visiones normativas, sino en examinar la arquitectura operativa de la transformación: los elementos concretos que permiten convertir orientaciones generales o listas de medidas en un proceso aplicable, controlable y ajustable. La cuestión no es solo “qué” reformar, sino “cómo”, “cuándo”, “en qué orden” y “cómo verificarlo”.

En ese plano —instrumentos de política, disyuntivas de aplicación, mitigación de costos, secuencias e indicadores de resultados— pueden surgir acuerdos y aprendizajes entre economistas con premisas distintas.

Como estos componentes determinan la eficacia de toda reforma amplia, centrarse en ellos permite superar las diferencias de principio y promover un intercambio más productivo sobre las condiciones reales de la transformación.

El análisis se organiza en las siguientes secciones:

- Presentación crítica de las cinco visiones.

- Intensidad y radicalidad de cada visión.

- Evaluación crítica conjunta.

- Sugerencias.

- Conclusiones.

Presentación crítica de las cinco visiones.

Julio Carranza - Luis Gutiérrez.

El principal aporte de esta visión es exigir el paso de orientaciones generales a una arquitectura operativa concreta, con medidas interrelacionadas, una secuencia explícita e indicadores de seguimiento.

Este planteamiento coincide con la evidencia de reformas en economías de escasez: sin reglas creíbles de insolvencia, una distinción clara entre precios libres y administrados, y un calendario verificable para reducir las asignaciones administrativas, existe un alto riesgo de que las 176 medidas queden en el plano declarativo.

La visión ganaría precisión si señalara, con ejemplos del paquete, qué medidas ya incorporan secuencias o indicadores y cuáles dependen de regulaciones aún no publicadas. Así se distinguiría mejor entre lo diseñado y lo pendiente de operacionalización.

Juan Triana Cordoví.

La interpretación de Triana, que destaca las “176 a la n” oportunidades en los ámbitos empresarial, territorial e individual, ayuda a contrarrestar el pesimismo paralizante y subraya el potencial dinámico de la descentralización de facultades.

Su principal limitación es que ese énfasis en el potencial no se acompaña de un examen suficientemente detallado de las restricciones de oferta —energía, acceso a divisas y reglas de insolvencia— que determinarán si las oportunidades se materializan.

El argumento sería más sólido si explicara cómo una mayor autonomía puede ampliar efectivamente la oferta en sectores muy dependientes de insumos importados. Esto permitiría diferenciar mejor el potencial de expansión de los resultados observables.

Joaquín Benavides.

La distinción de Benavides entre reforma y transformación, así como su preocupación por evitar que las medidas se reduzcan a ajustes de gestión, aporta un criterio normativo útil en un tono constructivo.

La principal limitación es la falta de detalle sobre los instrumentos económicos —reglas de precios, restricción presupuestaria dura, cierre de empresas y secuencia cambiaria— necesarios para convertir la intención transformadora en resultados observables. Sin esa operacionalización, la “transformación” corre el riesgo de quedar en el discurso y carecer de criterios de evaluación independientes de la narrativa oficial.

Ricardo González Águila.

Entre los aportes técnicos más precisos de esta visión se encuentran la identificación de los cuatro pilares del paquete y la advertencia sobre el momento adecuado para reformar los precios y el sistema cambiario en un contexto de severa escasez de recursos. Esos pilares abarcan una nueva articulación entre empresa, propiedad, planificación, precios, subsidios, moneda y sistema financiero; una planificación más financiera y guiada por señales de mercado; y medidas de descentralización y apertura.

Esa visión es coherente con la experiencia de reformas en economías con alta dependencia externa y desequilibrios acumulados.

La visión sería más operativa si definiera condiciones mínimas de estabilización, reglas de ajuste parcial e indicadores que permitan corregir la secuencia en tiempo real. Así se reduciría el riesgo de que una cautela justificada derive en postergación indefinida.

Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).

Hasta ahora, el Centro de Estudios de la Economía Cubana no ha publicado un texto dedicado específicamente a las 176 medidas. No obstante, las menciona en la introducción del Reporte sobre Economía Cubana. Enero-Junio 2026, donde las califica como el paquete más amplio desde los años noventa.

El reporte reconoce que el paquete responde a reformas reclamadas durante años por el propio Centro y otros especialistas, o pendientes de políticas anteriores. A la vez, advierte que su capacidad para reactivar la economía dependerá de una aplicación eficaz en medio de graves restricciones de recursos y desequilibrios macroeconómicos.

La principal limitación es la ausencia, hasta el momento, de una propuesta operativa compartida que complemente la implementación oficial, especialmente en materia de secuencia, condiciones previas de estabilización e indicadores de seguimiento.

Intensidad y radicalidad de las cinco visiones.

Para comparar de forma sistemática las cinco visiones, se evalúan su intensidad y su radicalidad ante el paquete de 176 medidas.

La intensidad refleja el rigor analítico y técnico con que se examinan la implementación, los riesgos y los mecanismos operativos. La radicalidad señala en qué medida una visión propone cambios dentro o fuera del marco oficial de una economía socialista dirigida por el Partido.

Una visión presenta alta intensidad cuando, además de evaluar el alcance y la orientación general de las medidas, analiza en detalle su ejecución, identifica riesgos concretos, detecta fallas en la secuencia, las reglas o los mecanismos de ajuste y exige precisiones operativas, como indicadores, condiciones previas y disyuntivas. La intensidad es baja o moderada cuando se resalta el potencial del paquete, pero se profundiza menos en los obstáculos, las condiciones de eficacia y los criterios de seguimiento.

Una radicalidad alta cuestiona los fundamentos del modelo o propone modificarlos de forma sustancial, por ejemplo, en las relaciones de propiedad, el tipo de planificación, el papel del mercado o los límites del régimen político. Es moderada o baja cuando la visión se mantiene dentro de ese marco y se concentra en profundizar, articular y mejorar la implementación de lo anunciado, sin ampliar el alcance de la transformación.

Esta doble lectura no establece una jerarquía de valor, sino que precisa los énfasis y el alcance de cada contribución. Así, centra el debate en la arquitectura operativa de la transformación: el diseño técnico e institucional que permite aplicar una reforma más allá de sus orientaciones políticas generales.

Las cinco posiciones se inscriben en el reformismo socialista de mercado y no cuestionan el liderazgo del PCC. Sus diferencias radican en la intensidad de la crítica y el grado de radicalidad.

1. Julio Carranza - Luis Gutiérrez.

Intensidad de la crítica: Alta (la más elevada de las cinco visiones).

Consideran las 176 medidas “un avance muy importante y amplio” y un paso esencial hacia la reforma integral que Cuba necesita. Sin embargo, sostienen que no forman por sí mismas un programa articulado: faltan objetivos precisos, una separación entre urgencias sociales —alimentos, energía, agua y medicamentos—, estabilización macroeconómica y transformación estratégica, así como secuencias, etapas, indicadores, fuentes alternativas de financiamiento y un horizonte claro. En suma, señalan la ausencia de una arquitectura operativa.

Radicalidad: Media.

No proponen ir más allá del marco socialista ni cambios políticos. Su radicalidad es principalmente metodológica y de diseño: exigen una secuencia rigurosa, priorización de urgencias y capacidad de ajuste. Alertan sobre riesgos de deterioro adicional si no se atienden las urgencias.

2. Juan Triana Cordoví.

Intensidad de la crítica: Baja-media.

Es la visión más optimista. Presenta las medidas como “176 a la n (potencia) de nuevas oportunidades” que eliminan restricciones históricas y facilitan la actividad de los actores territoriales, empresariales e individuales. Aunque reconoce la falta de secuencia y de respuestas al “cómo, cuándo y quién”, prioriza actuar de inmediato por la urgencia antes que esperar un diseño perfecto. Destaca los primeros 10-12 ejes, entre ellos energía, agricultura e inversión extranjera.

Radicalidad: Media-baja.

Apoya la expansión del sector privado y una reducción significativa del número y alcance de las empresas estatales (concentración en lo realmente estratégico), pero siempre dentro del modelo existente. Su énfasis es más en aprovechar las oportunidades abiertas que en exigir una arquitectura más ambiciosa.

3. Joaquín Benavides.

Intensidad de la crítica: Baja.

Apoya de forma enfática el contenido de las 176 medidas y valora especialmente la introducción de un mercado regulado por una planificación no burocrática, la igualdad de condiciones para todos los actores económicos y la protección social para que nadie quede desamparado. No formula críticas sustantivas al diseño de las 176 medidas en sí (secuencia, arquitectura operativa, profundidad, etc.).

La intensidad crítica se dirige casi exclusivamente hacia afuera del paquete: contra la burocracia y los “neoestalinistas”, contra la posibilidad de que se convierta en “un Plan de medidas más” como los anteriores, exige evaluación a fondo de cuadros de primer nivel (incluyendo al Primer Ministro), de responsables de organismos centrales y de gobiernos municipales, reclama que “todo comience ya”, sin esperar a la burocracia, y que la población perciba cambios concretos e inmediatos.

Radicalidad: Media.

Defiende la introducción de mecanismos de mercado (especialmente en agricultura) para romper el inmovilismo burocrático y avanzar hacia un socialismo viable, manteniendo un marco de planificación no burocrática, protección social, y liderazgo del PCC. La radicalidad de la visión es de tipo económico-organizativa (mercado regulado y desburocratización), pero no rebasa el marco oficial de las transformaciones aprobadas.

4. Ricardo González Águila.

Intensidad: Alta en el plano analítico y moderada-alta en el plano de exigencias de implementación.

Estructura la lectura del paquete en torno a cuatro pilares que afectan fundamentos institucionales del modelo. Esta valoración positiva del alcance se combina con una intensidad crítica elevada cuando se refiere a las condiciones de implementación, especialmente al timing de las reformas cambiarias y de precios. No se limita a una adhesión general al paquete de las 176 medidas, sino que señala riesgos concretos de efectos negativos en un contexto de restricción severa de recursos, lo que eleva el nivel de exigencia técnica respecto a la secuencia y a la viabilidad de corto plazo.

Radicalidad: Moderada.

Se mantiene dentro del marco de la visión general del CEEC. Su radicalidad se expresa sobre todo en la claridad con que identifica que el éxito depende de transformaciones reales en los fundamentos institucionales (abandono progresivo de la asignación física de recursos, mayor peso de las señales de mercado, descentralización de precios) y en la advertencia de que, sin credibilidad y sin una implementación cuidadosa, el potencial del paquete puede no materializarse. No propone ir más allá del marco oficial en términos de propiedad o de régimen político, pero sí es relativamente exigente al señalar que ciertas reformas (cambiaria y de precios) pueden ser contraproducentes si se realizan en las condiciones actuales de debilidad económica. Su radicalidad es más de carácter técnico-secuencial que de carácter institucional o sistémico.

5. Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).

Intensidad de la crítica: Media.

Califican el paquete como el más amplio desde los años 90 y como respuesta a reformas solicitadas durante años. Reconocen que elimina obstáculos para las empresas estatales y crea reglas más equitativas. Al mismo tiempo, advierten de forma reiterada que el éxito o fracaso dependerá de la secuencia y la forma de implementación, en un contexto de economía debilitada, menor capacidad estatal y sanciones. En los debates del reporte semestral Enero- Junio 2026 aparecieron matices (algunos miembros más cautelosos con el timing de reformas cambiarias y de precios).⁠

Radicalidad: Baja-media.

Posición analítica e institucional. No proponen un paquete alternativo más profundo; su aporte es diagnóstico y de alerta sobre riesgos de implementación. Se mantienen estrictamente dentro del marco socialista de mercado.
Evaluación crítica conjunta.

Las cinco visiones comparten tres rasgos: reconocen que las 176 medidas constituyen el paquete más amplio y explícito de transformación del modelo desde los años noventa; analizan el problema desde un marco técnico-económico, no solo político o doctrinal; y coinciden, con distintos énfasis, en que el resultado dependerá más de la implementación que de la letra del documento.

También comparten limitaciones importantes. Ninguna ofrece todavía una secuencia temporal completa con indicadores de seguimiento que permita evaluar de forma independiente si se superan los umbrales de la planificación centralizada: fin de la asignación administrativa de recursos, predominio de precios formados en los mercados y una restricción presupuestaria “dura” para las empresas.

Además, tienden a concentrarse en el potencial del paquete y prestan menos atención a las disyuntivas de corto plazo y a los mecanismos para corregir desviaciones.

Las cinco visiones presentan una intensidad analítica de moderada a alta y una radicalidad, en general, moderada. Carranza-Gutiérrez y Ricardo González muestran la mayor exigencia técnica: los primeros reclaman una arquitectura operativa completa, y el segundo advierte sobre los riesgos del momento elegido para las reformas cambiarias y de precios. Triana pone el acento en las oportunidades abiertas, mientras Benavides insiste en que la transformación debe superar los ajustes de gestión. El CEEC combina atención a las restricciones macroeconómicas con una posición moderada dentro del marco oficial. En conjunto, ninguna visión rebasa sustancialmente los límites del modelo socialista dirigido por el Partido; su exigencia se concentra en la profundidad y coherencia de la implementación.
Sugerencias.

Carranza-Gutiérrez
Sería útil identificar, con ejemplos de las 176 medidas y sus normas, cuáles ya incluyen secuencias o indicadores y cuáles dependen de regulaciones posteriores. Esto aclararía qué parte de la arquitectura operativa está definida y cuál falta por diseñar.

Juan Triana
El análisis ganaría solidez si detallara las condiciones de oferta —energía, divisas y reglas de insolvencia— que determinan si las oportunidades se convierten en producción. También convendría explicar cómo una mayor autonomía empresarial puede superar la dependencia de insumos importados.

Joaquín Benavides
La distinción entre reforma y transformación sería más útil si se tradujera en instrumentos concretos: reglas de precios, restricción presupuestaria dura, mecanismos de cierre de empresas y criterios de secuencia. Así, el criterio normativo podría convertirse en una herramienta independiente de evaluación y seguimiento.

Ricardo González
La advertencia sobre el momento de las reformas cambiarias y de precios podría complementarse con condiciones mínimas de estabilización, reglas de ajuste parcial —como precios duales en sectores seleccionados o subastas de divisas con límites temporales— e indicadores para corregir la secuencia en tiempo real. Esto ofrecería una vía operativa para avanzar sin convertir la cautela en postergación indefinida.

Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC)
Sería valioso que el Centro publicara una propuesta institucional que sistematizara la secuencia, las condiciones previas de estabilización y los indicadores necesarios para evaluar las 176 medidas. Integrar sus distintas posiciones internas en una propuesta operativa común reforzaría su contribución al diseño de la implementación.
Conclusiones.

Las cinco visiones elevan la calidad del debate y aportan elementos técnicos valiosos, pero todavía no conforman una arquitectura operativa alternativa o complementaria a la implementación diseñada por el gobierno. Su mayor contribución potencial consiste en exigir, de forma respetuosa y fundamentada, una secuencia verificable, reglas creíbles de insolvencia e indicadores públicos que permitan distinguir entre la continuidad de la planificación centralizada y una transformación efectiva.

Las cinco visiones muestran, además, escasa articulación entre sí. Aún no se integran en un diálogo común las preocupaciones de Ricardo González y del CEEC sobre el momento de las reformas cambiarias y de precios, las de Carranza-Gutiérrez sobre la arquitectura operativa, las de Triana sobre las oportunidades territoriales y empresariales, y las de Benavides sobre el alcance transformador.

Estas visiones tienen relevancia práctica para la política económica actual porque ofrecen criterios que pueden mejorar el diseño de las 176 medidas: secuencia verificable, reglas creíbles de insolvencia e indicadores de seguimiento. Sería conveniente que impulsaran un debate interno —con participación de funcionarios— para avanzar hacia una arquitectura operativa más precisa, en diálogo con economistas y científicos sociales cubanos residentes en el exterior y con profesionales de otros países que estudian Cuba.

Principales textos escritos y enlaces de acceso de las cinco visiones (únicamente los directamente relacionados con las 176 medidas).

1. Julio Carranza y Luis Gutiérrez Urdaneta

Textos principales:

“La transformación de la economía cubana hoy: lo urgente y lo estratégico” (17 de julio de 2026).


“Volver sobre las urgencias y el horizonte estratégico para las reformas económicas en Cuba” (18 de agosto 2026).

2. Juan Triana Cordoví

“Cuidado con la letra chiquita en el maremágnum legislativo de las 176 medidas” (9 de septiembre 2026).


“¿Hará suyo el pueblo un programa de reformas que desconozca o no trate adecuadamente sus realidades?” (19 de agosto de 2026).


“Bienvenidos los riesgos” (8 de julio de 2026)


Comentarios adicionales en presentaciones del CEEC y en otros artículos de OnCuba sobre las oportunidades abiertas por las medidas.

3. Joaquín Benavides Rodríguez

“¿Transformación o Reforma? En mi opinión, Reforma” (6 de octubre de 2026).


“Topar precios significa un error garrafal” (4 de septiembre de 2026)


“¿Debería el Gobierno de Cuba solicitar un Crédito Millonario al Banco de los BRICS?” (22 de agosto de 2026).


“La reforma económica frente al aislamiento. Un solo escenario: aplicarla” (16 de agosto de 2026)


“Reforma de la Economía. Hay que defenderla de la burocracia y de los neoestalinistas, que ya empiezan a sacar las uñas pintadas de ideología falsa” (29 de junio de 2026).


4. Ricardo González Águila

“Cuba: ¿la reforma económica será esta vez diferente?” (21 de junio de 2026).
También disponible en La Joven Cuba: https://jovencuba.com/autor/ricardo-gonzalez/

5. Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC)

Texto/documento principal: Reporte sobre Economía Cubana. Enero-Junio 2026 (presentado en septiembre 2026), que incluye en su “Introducción” un breve análisis y valoraciones sobre las 176 medidas.


El pesado fardo de la frase “un mal necesario”


¿Por qué calificar de "males necesarios" decisiones que nos debían permitir “cambiar todo lo que necesariamente debe ser cambiado” para sobrevivir incluso como nación?




La transformación, reforma, actualización de la economía cubana se inició desde finales de los ochenta del siglo pasado. En aquella época, Cuba reconoció la necesidad de la inversión extranjera y esta acompañó al Período Especial. También se admitió la expansión del “sector privado”, constreñido en aquellos momentos a los trabajadores por cuenta propia; las representaciones comerciales de empresas extranjeras y los inversionistas foráneos y los campesinos individuales que a estos efectos no añadían nada nuevo; la legalización del dólar y su circulación; la aparición de las tiendas de recaudación de divisas, de hoteles y autos de renta solo para extranjeros…

Ese largo, complejo y doloroso proceso, desde sus inicios, arrastró el pesado fardo de esa expresión: “un mal necesario”. Esas tres palabras se tradujeron en acciones concretas, frases dentro de un discurso, consignas, medidas y acciones de control, decisiones de política dirigidas a que todo el mundo entendiera que todo eso que parecía distante de lo que fuimos era una “anormalidad”. Lo más rápido posible se “rectificaría” y se regresaría a la “normalidad”.

Eso suponía regresar a aquel modelo construido sobre la singularidad de un tipo de relaciones internas y externas, donde un Estado “proveedor” y omnipresente se podía ocupar de todo, o de casi todo, y donde la responsabilidad individual sobre la economía de las familias era la menor de las preocupaciones.

Esa “singularidad” también comprendía un sector externo que disfrutaba de un mercado seguro, con una relación de precios de intercambio con el socio principal —la URSS y el campo socialista— que, si bien se afirmaba que eran mutuamente beneficiosas, no parece discutible que eran mucho más decisivas estratégicamente para Cuba que para aquel socio.

Y ello no solo era en términos monetarios, sino también en términos de seguridad estratégica, algo que, lamentablemente, hoy resulta evidente.

Aquella relación le daba al país la posibilidad de proyectar su futuro, de mejorar las condiciones de vida de la población, de poder armar un sistema educativo y de salud capaz de proveer el insumo más decisivo de cualquier proceso de desarrollo; seres humanos instruidos y saludables y familias cuyo estatus no se medía en el ingreso percibido, sino en títulos universitarios ganados por sus miembros.

Esa singularidad transmitió la idea/convicción/cultura/certeza de la capacidad del Estado para atenderlo todo, resolverlo todo, porque, entre otras cosas, disfrutaba de una holgura fiscal importante combinada con las “ayudas” solidarias que sistemáticamente el país recibía.

Alimentar la creencia/cultura/práctica de la introducción de un grupo de cambios, algunos de ellos muy difíciles de “asimilar” desde la cultura construida por décadas, fue también un recurso político para reducir/manejar los costos políticos de esas nuevas realidades, diseñadas desde el Estado, manejadas por el Estado y controladas por el Estado.

Eran “males necesarios” con los que habría que lidiar por un tiempo, pero que serían “desalojados” de los espacios que ocupaban. Eran no solo males necesarios, sino también temporales, y así muchos lo entendieron y otros muchos, sin entenderlo bien, los aceptaron.

La pregunta aparece de inmediato. ¿Por qué calificar de “males necesarios” decisiones que nos debían permitir “cambiar todo lo que necesariamente debe ser cambiado” para sobrevivir incluso como nación?

Reutilizar esa expresión en las condiciones actuales no parece lo más acertado.

Primero que todo, porque primero que todo son contextos diferentes, en tanto Cuba enfrenta hoy un aislamiento extremo, dirigido por Estados Unidos:
  • El bloqueo es distinto, no solo más duro, sino ejercido no desde la “tradicional” política hacia Cuba, que siempre estuvo muy influenciada por la “política doméstica”, sino desde la inquina visceral de un norteamericano de origen cubano hacia Cuba.
  • A diferencia de inicios de los años noventa, una parte importante de nuestra población actual no creció ni se formó en aquel intervalo de tiempo que va de los setenta a los noventa y eso tiene un peso importante en la forma en que esta generación se construye/imagina su presente y su futuro.
  • Llevamos treinta años sumergidos, atrapados, en una crisis o en múltiples crisis que se alimentan unas de otras, y su falta de solución alimenta muchos males innecesarios.
  • Una parte de la estructura productiva del país la hemos perdido y es más costoso recuperarla que intentar su sustitución.
  • Desde hace mucho tiempo se agotaron las reservas materiales que nos permitieron resistir el primer envite de la crisis de los noventa y no hay ya cómo reponerlas.
  • Al parecer, la zona de influencia política de Cuba se ha reducido sustancialmente y los antiguos “apoyos” apenas si hacen tímidas declaraciones a favor del país.
Creo que se aleja mucho de lo deseado y de lo que nuestro país necesita volver a levantar ese argumento del “mal necesario” para justificar/explicar la necesidad de aplicar correctamente y en el tiempo adecuado el paquete de medidas que tantas controversias ha generado.

Para algunos, las 176 medidas han abierto la caja de Pandora y han permitido que escapen todos los males contenidos en ella.

Recuerdo, no obstante, que ya esos males existían: inflación, desempleo, pobreza e indigencia, emigración de personas calificadas, reducción drástica de la calidad de vida, corrupción y otros muchos más.

Este nuevo esfuerzo por cambiar y las medidas asociadas a él no son un mal necesario. Prefiero verlas, aun cuando pueda discrepar de algunas, como un recurso para evitar que otros muchos males innecesarios nos sigan impidiendo avanzar.

martes, 13 de octubre de 2026

¿ Qué socialismo queremos para Cuba?

  Por Ramón Labañino Salazar, octubre 13, 2026, Bohemia

Proyectar el Socialismo posible y anhelado es tarea de todos. Acá BOHEMIA comparte algunas consideraciones desde la Academia comprometida.


En medio de esta batalla de ideas en la que andamos metidos todos, un colega y amigo me puso el tema sobre la mesa desde la honestidad más pura del revolucionario. Y tiene razón. Hablar de qué socialismo queremos y podemos construir en Cuba no es un ejercicio académico, es la única forma de entender de verdad los cambios que estamos viviendo. Lograr un consenso sobre ese modelo es lo que nos va a enfocar a todos en el camino que debemos seguir.

Según el marxismo-leninismo, no se puede transformar la sociedad sin conocer las condiciones objetivas y subjetivas sobre las que se interviene. Bajo ese principio, y aplicado a la Cuba de hoy, podemos encontrar respuestas. Es vital lograr un consenso claro sobre el modelo de país que queremos, de modo que las propuestas económicas se ajusten a eso.

Marx insistía en que el socialismo no es un ideal abstracto, sino un movimiento real que surge de las contradicciones del capitalismo y de las condiciones históricas concretas. En Cuba, eso significa que no basta con repetir definiciones clásicas, es traducirlas a nuestra realidad: bloqueo, envejecimiento poblacional, migración, escasez de divisas, empresas estatales con necesidad de autonomía real, sector privado en expansión, cooperativas, inversión extranjera.

Ahora bien, el consenso no puede ser una camisa de fuerza ideológica. El marxismo-leninismo no es un catecismo, es una guía para la acción. Lenin, en «El Estado y la revolución» y en «La enfermedad infantil del izquierdismo», insistía en la necesidad de analizar la correlación de fuerzas y no limitarse a fórmulas. Por eso, el consenso debe ser vivo, revisable y anclado en la práctica.

El Partido Comunista debe ser la vanguardia de la clase obrera y debe estar «fundido» con el sindicato. Esto es plenamente marxista-leninista. Sin embargo, en la práctica cubana hay un enorme desafío: recuperar y fortalecer el papel de los sindicatos en su capacidad de representar de manera real los intereses de los trabajadores. La fusión no puede ser burocrática, sino orgánica: el Partido debe escuchar, no solo dirigir. Si el sindicato no es un espacio real de participación y conflicto legítimo, la vanguardia se convierte en aparato y la clase trabajadora en sujeto pasivo. Eso contradice la esencia del socialismo.

En términos marxistas, la dictadura del proletariado es la forma de Estado que garantiza la transición al socialismo y la eliminación de la explotación. En Cuba, después de más de sesenta años, el debate no es si existe o no, más bien cómo se ejerce. ¿Es una dictadura de la clase trabajadora o una dirección política que habla en su nombre? El marxismo exige claridad: el Estado no es neutral. Si el Partido dirige y el Estado ejecuta, hay que evitar que ambos se confundan y que la ciudadanía quede fuera de las decisiones.

Sobre Economía: plan, mercado, marketing y socialismo

Proponer que empresas estatales, cooperativas, privadas y extranjeras convivan «en igualdad de condiciones», con planificación y mercado, y con marketing, se acerca a lo que Lenin planteó en la NEP (Nueva Política Económica) y a lo que Gramsci llamaría «hegemonía» en el terreno económico. Sin embargo, hay un riesgo: la igualdad de condiciones no puede ser formal, porque el mercado tiende a concentrar poder. El socialismo no debe renunciar a la planificación estratégica ni a la propiedad social de los medios fundamentales de producción. El mercado puede ser un instrumento, no un fin. El marketing debe estar «ajustado a las condiciones de una sociedad socialista». Eso exige regulaciones fuertes, transparencia y control popular.

Salvar la economía cubana, y con ella al país, no es un debate académico es una necesidad vital.

El consenso que logremos para salvarnos no puede quedarse en élites políticas o académicas. Debe bajar a los barrios, a los centros de trabajo, a los jóvenes, a los que se van y a los que se quedan. El socialismo que queremos no se construye solo con planos, se construye con personas que sientan que este proyecto les pertenece.

Desde el marxismo-leninismo aplicado a la Cuba de hoy, mi valoración es que el socialismo que necesitamos no puede ser una copia de modelos, sino una creación propia, crítica y participativa. Como decía Marx, «los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo». Invitamos a transformar: es la esencia que nos imponen estos tiempos.

Propuestas nuevas

A continuación, exponemos un conjunto de propuestas desde una perspectiva marxista-leninista, aplicable a la Cuba de hoy, organizado en cuatro bloques: consenso teórico, institucionalidad y poder popular, economía política concreta, y condiciones subjetivas y culturales. Después exponemos algunas ideas metodológicas con vista a lograr el consenso. Cada propuesta intenta ser realista, humana y anclada en nuestras condiciones objetivas.

I-Propuestas sobre el consenso teórico

Definir el socialismo cubano como proceso, no como modelo cerrado. Ese diseño debe ser flexible y revisable cada cierto período (por ejemplo, cada quinquenio), con mecanismos de evaluación popular. El marxismo no es un plano terminado, es una brújula. Importante: crear espacios permanentes de debate teórico en universidades, sindicatos y comunidades, donde se discuta qué socialismo queremos, en el no haya miedo a la crítica.

Recuperar el concepto de «transición socialista» sin dogmatismo. Cuba lleva más de sesenta años en transición. Reconocer abiertamente que no hemos llegado al socialismo pleno no es una vergüenza, más bien una realidad que se explica históricamente por el acecho sin tregua del imperialismo estadounidense y asimismo por razones propias que exigen autocrítica. Eso permite diseñar políticas para una etapa larga, con metas intermedias medibles: reducción de desigualdades, democratización económica, fortalecimiento del poder popular

Incorporar la categoría de «modo de vida socialista». No basta con definir la economía o el Estado. Debatir qué modo de vida queremos: relaciones cotidianas, tiempo libre, salud, educación, vivienda, cultura, solidaridad. El socialismo se juega de manera determinante en la vida cotidiana, no solo en el PIB.

II- Propuestas sobre institucionalidad y poder popular

Revitalizar el sindicato como sujeto autónomo. Los sindicatos deben fortalecer su capacidad real de negociación colectiva, derecho y participación en la gestión de empresas. Que el Partido los escuche, pero no los sustituya. Lenin decía que los sindicatos son «correas de transmisión», también deben ser escuelas de dirección para la clase obrera.

Crear mecanismos de revocación de mandato. Si el pueblo deposita su confianza, debe poder retirarla. Los delegados de circunscripción y los altos cargos electos pueden ser revocados por referéndum popular a mitad de mandato. Esto es democracia socialista real, no formal.

Auditoría popular permanente sobre el Estado. Crear comisiones ciudadanas independientes que auditen el uso de recursos públicos, con acceso a información y capacidad de denuncia. Sin transparencia no hay socialismo, solo burocracia.

III- Propuestas sobre economía política.

Las empresas estatales deben ser autogestionadas por sus trabajadores. Que las mismas no dependan solo de ministerio: que tengan consejos de trabajadores con poder de decisión sobre producción, inversión y distribución de excedentes. Esto acerca la economía a la clase trabajadora real.

Establecer una fiscalidad progresiva y renta básica socialista con el fin de evitar que el mercado genere desigualdades extremas:

Establecer un impuesto progresivo a los ingresos altos y a los patrimonios.

Renta básica universal que garantice alimentación, salud y educación.

Las cooperativas como columna vertebral del socialismo. Priorizar cooperativas en agricultura, transporte, construcción y servicios. Que tengan acceso a crédito, tecnología y mercado en igualdad de condiciones. El cooperativismo es una forma socialista de propiedad, no un parche.

La inversión extranjera debe regirse por reglas claras y beneficio social. Que la inversión extranjera sea bienvenida si:

Transfiere tecnología.

Genera empleo digno.

Respeta derechos laborales.

Aporta al desarrollo local.

No extrae recursos estratégicos sin contrapartida.

El marketing es socialista, no capitalista. Marketing con enfoque social: información veraz, promoción de consumo responsable, priorización de necesidades sociales sobre ganancias. Que la publicidad no crea necesidades artificiales ni promueva desigualdad.

La educación política y económica para todo el pueblo es esencial. Sin cultura económica y política la democracia socialista es vulnerable. Incluir en escuelas, universidades y centros de trabajo cursos básicos de marxismo, economía política, fundamentos de economía y participación ciudadana, adaptados a cada nivel.

IV- Propuestas sobre condiciones subjetivas y culturales.

Combatir la burocracia como enemigo interno. La burocracia no es un accidente, es una tendencia inherente a todo Estado. Se propone:

Rotación de cargos.

Evaluación por resultados.

Reducción de trámites.

Sanción efectiva a la corrupción.

Participación popular en la fiscalización.

Por otro lado, se debe dar atención a la desigualdad racial, generacional, territorial y de género. El socialismo cubano no puede ignorar que hay cubanos con más oportunidades que otros. Para ello, crear políticas afirmativas destinadas a:

Jóvenes (empleo, vivienda, participación política).

Afrodescendientes (acceso a cargos, educación, cultura).

Mujeres (cuidado, empleo, liderazgo).

Oriente y zonas rurales (inversión, servicios).

También debemos avanzar en el diálogo con la diáspora. Reconocer a la diáspora como parte de la nación cubana, con derechos económicos, culturales y políticos limitados pero reales. Incentivar inversión, transferencia de conocimientos y participación en debates.

Crear espacios de participación juvenil real. Los jóvenes son el futuro y el presente. Propongo:

Consejos juveniles con poder de decisión en municipios.

Financiamiento de proyectos comunitarios liderados por jóvenes.

Representación proporcional en óganos de gobierno.

V- Propuestas metodológicas buscando el consenso.

Asambleas populares de consenso. Antes de aprobar cualquier reforma económica o política, realizar asambleas abiertas en barrios, centros de trabajo y comunidades, con metodologías participativas. No con el objetivo de validar lo ya decidido, más bien para decidir.

Sería oportuno crear un Observatorio ciudadano del socialismo. Crear un espacio independiente (no subversivo ni mercenario opositor) que monitoree indicadores de socialismo: igualdad, participación, bienestar, libertad, solidaridad. Que publique informes anuales y alimente el debate.

Definir indicadores de éxito socialista. No solo PIB o producción. Por ejemplo:

Reducción de desigualdad (Gini).

Participación popular en decisiones.

Acceso a salud, educación y vivienda.

Satisfacción de necesidades básicas.

Libertad de expresión y asociación.

Solidaridad internacional.

Defensa de nuestro Socialismo.

Consideraciones finales

Estas propuestas no son recetas. Son invitaciones al debate; debo decir algo con claridad: sin participación real del pueblo, sin crítica, sin autocrítica, sin democracia socialista, el socialismo se vacía. Y vaciarlo sería traicionar a quienes lo soñaron y a quienes murieron por él.

Como diría el Che: «El socialismo no es una sociedad de hombres perfectos, sino una sociedad que lucha por eliminar la explotación y la desigualdad.» Esa lucha sigue siendo nuestra tarea. Y esa tarea empieza por consensos claros, propuestas concretas y, sobre todo, pueblo organizado y consciente.

Nadie tiene en sus manos la verdad absoluta. Es nuestro deber luchar por el socialismo que queremos y cómo lo queremos. Lograr el consenso que nos lleve a ese futuro mejor para todos, es prioridad. Mas, esta es tarea de todo nuestro pueblo unido bajo una sola bandera: Socialismo

¿Liberar o topar los precios en Cuba? Diez preguntas necesarias

Por: Ayuban Gutiérrez Quintanilla




Imagen creada con inteligencia artificial usando ChatGPT

  1. ¿Cómo se forman los precios en una economía y qué diferencia hay entre precios libres y precios administrados?

El mercado es un espacio físico o virtual al que concurren, de manera estable, oferentes y demandantes para realizar transacciones de compra y venta de cierta cantidad de bienes, servicios o recursos a un precio determinado.

Los mercados son, a su vez, mecanismos de diferenciación y discriminación de actores (competencia), de asignación de bienes, servicios y recursos y ajuste de las proporciones a lo interno y externo de industrias, ramas y sectores.

Los mercados completos y perfectos son solo una construcción teórica que tiene como utilidad servir de referencia para evaluar la eficiencia asignativa de un mercado realmente existente.

Los mercados tienen fallas que son estructurales y coyunturales. Entre las fallas estructurales de los mercados están la información imperfecta (información incompleta y la asimetría con respecto a la misma entre los agentes) y el poder de mercado (monopolio). Con respecto a la segunda es interesante que es resultado de la competencia, la cual facilita la concentración y centralización del capital, por lo tanto, el mercado crea su propia obsolescencia.

Cuando las fallas de un mercado llevan al racionamiento persistente se le denominan mercados incompletos, lo que implica una pérdida de eficiencia en su mecanismo de asignación.

Los precios expresan la relación entre la oferta y demanda de los bienes, servicios y recursos y son transversales a los mecanismos que formas los mercados, pues son el elemento fundamental en la diferenciación y discriminación de demandantes, los bienes, servicios y recursos se asignan en función de estos y es el elemento central de su mecanismo de ajuste.

En mercados sin monopolios (u oligopolios) la ley de la oferta y la demanda, expresión concreta de la ley del valor, regula el movimiento de los precios de manera objetiva (sin la intervención de agentes con poder de mercado). Cuando hay un exceso de demanda este ala los precios hacia arriba y cuando hay exceso de oferta este empuja el precio hacia abajo.

Los precios administrados o fijados es cuando el Estado fija un precio. Si el precio fijado genera un desequilibrio en el mercado (generalmente la intervención estatal genera exceso de demanda y racionamiento de la oferta) este es absorbido por otros mercados u otros elementos de la economía, como el ingreso.

Cuando el estado fija un número significativo de precios, los desequilibrios no son absorbidos por otros mercados y su efecto se traslada totalmente en forma de racionamiento a productores y consumidores. Una política muy amplia de fijación de precios va en contra de la competencia (con las consecuencias que esto tiene en la productividad del trabajo y el crecimiento, tiende a empeorar la eficiencia asignativa y pierde su capacidad de ajuste, alimentando la acumulación de desequilibrios).

  1. ¿Cuáles son hoy las principales causas del aumento de precios en Cuba?: ¿oferta, tipo de cambio, costos de importación, déficit fiscal?

Los incrementos de precios o inflación, tiene generalmente tres causas, la demanda, la oferta (costos) y las expectativas.

Los sostenidos déficits fiscales y su financiación, casi exclusivamente, mediante la emisión de dinero (sin respaldo de oferta) son la fuente fundamental de la inflación de demanda. Entre los precios afectados por esta causa está el tipo de cambio, provocando la devaluación sostenida de la moneda nacional ante las divisas.

La inestabilidad económica y política a nivel mundial ha incrementado los precios internacionales de nuestras principales importaciones, especialmente de bienes transversales como el petróleo, a lo que se une la política de máxima presión del gobierno de los EE.UU. Estos precios internacionales se trasladan a los precios internos mediante los costos y el tipo de cambio.

Las expectativas también juegan en nuestra contra, ya que la poca confianza en el futuro de los agentes que operan en nuestra economía tiende a crear posiciones alcistas para contrarrestar los altos riesgos de pérdidas o de fracaso empresarial. Este comportamiento genera las llamadas “profecías autocumplidas”, pues los agentes al tener una determinada expectativas sobre el comportamiento de variables que le son relevantes, terminan tomando decisiones que refuerzan la tendencia del comportamiento esperado de dichas variables.

En el caso de Cuba se suma un problema de subconsumo, poco común en economía capitalistas de desempeño medio o alto: la disminución de las producciones nacionales y las limitaciones en las remesas, provocada por la política yanqui, que provocan un alto racionamiento de la oferta, ahondada el exceso de demanda y hala los precios hacia su aumento sostenido.

  1. ¿Qué efectos concretos tuvieron los topes de precios aplicados en 2025–2026 sobre la disponibilidad de productos y el mercado informal?

Los topes de precios funcionan como una especie de mecanismo de fijación de precios, con los efectos explicados en la pregunta 1. A esto se suma que estas políticas necesitan de altos niveles de control institucional con importantes costos de transacción, de oportunidad y provocando importantes fricciones institucionales.

Al hacerse esta política en un contexto de fuertes restricciones institucionales, con una importante brecha de ingreso entre el sector privado (formal e informal), provoca un incremento de la corrupción. Ante esta debilidad, sumado a la disminución de la efectividad de otros mecanismos de control paraestatales, estas restricciones terminan provocando un trasvase de bienes y servicios a los mercados informales, opacos a la vista del estado y difícil de controlar su proliferación.

Esta etapa ha estado muy marcada por las sanciones yanquis y la contracción aún mayor de la oferta, en este contexto no hay manera de hacer una asignación eficiente de los recursos, por lo que la dinámica inflacionaria sigue alimentada por todas sus causas.

El reto es asignar lo más eficiente posible a partir de las restricciones que tenemos.

  1. ¿Por qué el Gobierno reconoció que los topes no contuvieron la inflación y vaciaron los anaqueles?

En Cuba los topes de precios no han dado resultados más allá de unas pocas semanas, entre otras cosas porque con la crisis se ha debilitado la capacidad institucional de controlar una medida que va en contra de la lógica de funcionamiento del mercado.

La reacción más común de los actores cuando ocurre un tope de precios es pasar a la informalidad el producto topado o la más compleja de las dos en términos políticos, seguir vendiendo en el espacio formal sin respetar el tope, lo que erosiona la confianza de la gente en la capacidad del Estado para implementar sus propias políticas.

En este contexto, se refuerza la tendencia inflacionaria al aumentar el riesgo de los vendedores, el que buscan compensar aumentando su ganancia presente.

  1. ¿La eliminación de topes en junio de 2026 podía generar un aumento inicial de precios? ¿Qué beneficios buscaba a mediano plazo?

Hay que entender que la tendencia de los precios es a aumentar debido a causas objetivas conocidas que no parecen cambiar su tendencia y a las limitaciones instituciones y sociales para controlar estas políticas. No son la eliminación de los topes de precios lo que hace aumentar la inflación, son las causas objetivas que están determinando el movimiento de la economía en Cuba.

En este contexto, enfrentamos un importante dilema de política. Por un lado tenemos que las políticas estatales de fijación o control de precios mediante métodos administrativos no han funcionado en Cuba y tenemos fuertes restricciones para usar políticas indirectas (siendo las fiscales las más usadas últimamente); por el otro, la alternativas de regresar a un esquema de asignación central de un número de importante de bienes de primera necesidad por el esquema de la libreta de abastecimiento que garantice un colchón de consumo, sobre todo para los más afectados por los efectos inflacionarios.

La segunda opción siempre termina alimentando al mercado negro, pero principalmente, que no ayuda a impulsar a la productividad del trabajo, ni al emprendimiento empresarial, ni a la innovación, pues esta medida tendría que venir acompañado de un congelamiento más rígido de los salarios en el sector presupuestado y al regreso a un modelo centralmente planificado.

Por otro lado, solo tendría sentido si el Estado prohibiera la importación de los privados buscando hacerse nuevamente de los ingresos de las remesas para financiar las importaciones de estos productos de la canasta normada, los insumos productivos, así como inversiones, para aumentar la producción nacional de estos renglones. Sin embargo, el incremento productivo se vería limitado a relativo corto plazo por el desestimulo a la productividad.

El elemento principal de una economía de guerra es “todo para el frente”, lo que es una política muy difícil de mantener por tiempo prolongado por el efecto desestimulante sobre la productividad. La necesidad de aumentar la asignación de recursos de primera necesidad a sectores que no determinan el incremento de la producción, no al menos a corto o mediano plazo (generalmente lo hacen a muy largo plazo), como la defensa nacional y seguridad interior, la educación, la salud y el administrativo del gobierno.

El tiempo de duración de este estado depende de la voluntad de la inmensa mayoría de la población de luchar, la cual se fortalece por la unidad entorno a ideas y objetivos mayoritariamente compartidos y a un liderazgo capaz de movilizar la subjetividad del pueblo. En mi opinión, no nos encontramos en el mejor escenario con respecto a estos temas, por lo que el tiempo se convierte en una variable crítica.

La primera tendría importantes costos sociales en términos de desigualdad, que podrían ser compensados parcialmente por las políticas sociales del Estado y acciones de organización comunitarias, pero que probablemente seguiría incrementándose.

La ventaja es que al alinea el modelo económico hacia la competencia y, por tanto, hacia ganancias de productividad, tanto en el sector privado como en el estatal.

Acompañado de políticas de fomento productivo y creando un mejor ambiente de estabilidad macroeconómica puede contrarrestar algo los efectos de la política de máxima presión, así como demostrar a los inversionistas extranjeros la capacidad de generar ganancias, aún en condiciones extremas y diversificar y atomizar las formas de organización de la gestión empresarial, así como su propiedad, para hacer más difícil la aplicación especifica de las sanciones.

En esta alternativa dejaríamos de estar a la defensiva e iríamos a la micro ofensivas constantes y nos daría la oportunidad de ganar tiempo hasta que se defina la situación con el imperialismo yanqui.

  1. ¿Cómo se explica que, tras eliminar los topes, gobiernos locales hayan impuesto “precios de referencia” y límites al margen comercial?

Lo primero es que los “precios de referencia” son un eufemismo, son precios topados o una caricatura de estos. Creo que los gobiernos tienen una gran presión sobre ellos y algunos pueden que hayan valorado tener mayor fortaleza institucional o una población socialmente más disciplinada.

Creo que hay que hacer una evaluación puntual de cada caso, pero, independientemente de estas distintas circunstancias locales no se podrán sostener en el mediano y largo plazo.

  1. ¿Qué impacto tiene esta contradicción entre política nacional y decisiones locales en la credibilidad y coherencia de la regulación?

Creo en la descentralización territorial, por lo que el gobierno nacional tiene que dejar espacios en sus políticas para que los gobiernos locales tomen decisiones a partir de su realidad concreta, pero sin dudas este tipo de contradicciones públicas de políticas lacera la confianza en la capacidad del gobierno nacional de dirigir la economía, sobre todo de poder hacer efectiva sus decisiones.

  1. Si no se topan precios, ¿qué mecanismos alternativos de regulación podrían aplicarse sin desestimular la oferta?

En una economía con relaciones de mercado el Estado regula para aumentar su eficiencia haciendo políticas de protección y fomento de la competencia para evitar que determinados actores obtengan poder de mercado (monopolios u oligopolios), están las políticas tributarias que pueden estimular la inversión en el sector productivo o abaratar la oferta de un bien o servicio y las políticas de compras centrales del estado creando reservas de productos, dinero o divisas, para picos de demanda, entre otras.

  1. ¿Cómo proteger al consumidor en un contexto de inflación alta sin recurrir a controles coercitivos?

En una crisis inflacionaria hay muy pocas opciones para defender al consumidor, sobre todo a los de más bajos ingresos que son los más afectados. La alternativa principal es tratar de atenuar o eliminar las causas que la provocan.

Sin embargo, hay otras alternativas con mucho menor alcance en tema de impacto a la población dirigidas a protección por el Estado de los segmentos más vulnerables, fundamentalmente con asistencia material, la que debe ser complementada con formas comunitarias y locales de apoyo a estos sectores.

En estos apoyos complementarios siempre es importante la participación de todos los actores que actúan en lo local, especialmente en el ámbito comunitario, participación que puede ser movilizada política, solidaria y económicamente.

  1. ¿Qué combinación de políticas podría equilibrar mejor la protección social y el aumento de la producción y la oferta?

Lo principal es producir, sobre todo para la exportación, ya que la divisa son nuestro recurso más crítico hoy. Para ello son muy importante:

  • la estabilidad macro;
  • el desarrollo de un marco regulatorio que facilite y estimule el crecimiento de la actividad económica, especialmente la conectada a las exportaciones y al financiamiento externo (especialmente importante en nuestras circunstancias dirigidas al desarrollo del sector empresarial estatal y mixto);
  • políticas industriales que fomente la producción exportable y para el consumo interno.
  • políticas laborales (código del trabajo) que garanticen un ingreso mínimo a los trabajadores y la no explotación indiscriminada del trabajo;
  • políticas de protección social, especialmente a sectores con mayor vulnerabilidad;
  • desarrollo de un marco regulatorio y políticas públicas que fomente la actividad comunitaria, basada en la solidaridad, para apoyar a personas en situación de alta vulnerabilidad.