21 julio 2026
A pesar del consenso sobre la necesidad de hacer cambios en la economía cubana, las medidas anunciadas el 25 de junio de 2026 han abierto más preguntas que certezas. Llegan en medio de una crisis que combina contracción productiva, colapso energético y éxodo migratorio, agravada por el recrudecimiento del cerco estadounidense. Y bajo estas circunstancias es imposible no preguntarse quiénes podrán acumular riqueza, qué ocurrirá con los trabajadores de los sectores menos rentables, cómo se evitará que privilegios burocráticos muten hacia formas oligárquicas, y qué papel jugará el mercado.
¿Alcanza con leer este paquete como un ajuste técnico para salir de la angustiosa crisis?
Para aportar a este debate converso con el investigador cubano Wilder Pérez Varona, doctor en filosofía, ensayista e investigador cubano, quien ha dedicado tiempo a analizar la recomposición del imaginario político en Cuba, sobre todo en el ecosistema digital. En estos momentos, investigador posdoctoral del CONICET por la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina).
En el diálogo Wilder examina qué relaciones de poder redefine la reforma, qué estructura social empieza a consolidarse detrás del lenguaje del «perfeccionamiento del socialismo» y si es posible sostenerla sin transformar, también, el ordenamiento político que la administra.
Estamos frente al paquete de reformas más abarcador en los últimos 30 años.
¿Son solo medidas técnico/económicas?
No. El paquete aprobado de 176 medidas tiene un contenido profusamente técnico —tipos de cambio, sociedades por acciones, procedimientos de quiebra—, pero su naturaleza es decididamente política. Estas medidas no solo cambian la economía; cambian quién tendrá poder sobre la riqueza del país durante las próximas décadas.
Es cierto que nacen de una emergencia. Cuba enfrenta una crisis productiva, energética y demográfica a la que es difícil hallar precedentes, agravada por el endurecimiento del asedio estadounidense. Hoy Washington restringe el comercio, intenta impedir el acceso al financiamiento, desalienta la inversión extranjera y obstaculiza el suministro de combustible, mostrando que existe una estrategia deliberada para cerrar cualquier margen de recuperación económica.
Pero reconocer el peso del bloqueo no significa asumir que las reformas son políticamente neutras. Toda reforma económica redistribuye poder. El problema no es únicamente cómo producir más, sino quién decidirá sobre esa riqueza y quién se beneficiará de ella.
El cambio más importante de este paquete no es que exista más mercado, sino que se redefine la relación entre propiedad y poder. Una empresa puede seguir llamándose socialista mientras los trabajadores y la ciudadanía no tengan ninguna capacidad real para decidir sobre ella, con lo cual la propiedad social se vuelve una ficción jurídica.
GAESA es el ejemplo más claro de ese mecanismo. Más allá de las noticias recientes sobre liberación de activos, podría conservar su capacidad de gestión con estas reformas, y convertirla en participación accionaria sobre las mismas empresas que ya dirigía. La propiedad sigue siendo, en el papel, del pueblo; quien decide sobre ella sigue siendo, en los hechos, quien ya decidía antes de la reforma.
Hay consenso en que el modelo de estatismo burocrático agotó sus posibilidades. Cuba necesita empresas más dinámicas, mayor autonomía de gestión y nuevos espacios para la iniciativa económica, pero ¿autonomía para quién y bajo qué controles?
Las medidas proponen fortalecer a las empresas y a los nuevos actores económicos, pero apenas hablan de democratizar las decisiones sobre la riqueza que producen. Estamos descentralizando empresas, pero no necesariamente poder.
Eso también modifica la lógica del proyecto socialista. Durante décadas, con muchas contradicciones, la igualdad fue el punto de partida del modelo. Como afirmó el propio Díaz-Canel, hoy la secuencia parece invertirse: primero acumular, después redistribuir. El crecimiento deja de estar subordinado a la justicia social; la justicia social pasa a depender del crecimiento.
Esto es un cambio de filosofía económica. El mercado puede ser un instrumento útil para desarrollar una economía socialista. Lo que no puede hacer es sustituir la política. Si las nuevas oportunidades de acumulación no van acompañadas de transparencia, regulación democrática y control social, el riesgo es que terminemos sustituyendo una burocracia poco eficiente por una nueva élite económica estrechamente vinculada al poder estatal. El Programa Nacional de Valoración de Activos, sin un sistema judicial independiente ni transparencia sobre quién compra qué, puede convertir a gerentes y cuadros militares en accionistas legales de las mismas empresas que hoy administran a nombre del Estado. Esto es, con matices, lo que ocurrió en buena parte de la transición postsoviética.
Por eso el debate no debería reducirse a Estado o mercado. La discusión de fondo es si estas reformas ampliarán la socialización del poder económico o si abrirán el camino a una nueva estructura de privilegios.
¿Qué impactos se avizoran a la estructura socioclasista que se viene configurando en los últimos años?
Estas reformas, en caso de implementarse, cambiarán toda la sociedad. Y, sobre todo, cambiarán las relaciones de clase.
Durante décadas, el socialismo cubano consiguió construir una sociedad mucho más igualitaria que la existente antes de 1959. Esa igualdad relativa comenzó a erosionarse desde los años noventa con las remesas, el turismo y la expansión del sector privado. Lo nuevo es que ahora la diferenciación social deja de ser una consecuencia de la crisis para convertirse en un componente estable del modelo.
Habrá más empresarios, empresas más grandes y mayor concentración de riqueza. Claro que toda economía necesita actores capaces de invertir, innovar y asumir riesgos. La cuestión es quiénes serán esos empresarios, si emergen del trabajo productivo y de la innovación, o bien de la conversión de privilegios burocráticos en propiedad privada. Ese riesgo existe porque la frontera entre administrar recursos públicos y apropiarse de las oportunidades que genera la reforma puede volverse cada vez más difusa. La eliminación del tope de cien trabajadores para las mipymes y la posibilidad de que una misma persona sea titular de varias empresas sientan las bases para una acumulación de capital. La conversión de empresas estatales en sociedades por acciones, con particulares comprando participaciones, es el mecanismo concreto de esa concentración. Todavía no sabemos si esas acciones las comprará el emprendedor que arriesgó capital propio o el directivo que ya administraba la empresa antes de que se convirtiera en sociedad.
Al mismo tiempo, también cambiará el mundo del trabajo. El universo, hasta hace algunos años relativamente homogéneo, del empleo estatal dará paso a trabajadores con condiciones muy distintas según el sector, el acceso a divisas, las remesas o el vínculo con empresas privadas y extranjeras. El llamado «muro de la divisa» puede consolidarse, esta vez por diseño, como la principal línea de fractura de la sociedad cubana.
Esa desigualdad tendrá además color, territorio y apellido, porque quienes dispongan de capital inicial, familiares en el exterior o mejores redes económicas partirán con ventajas evidentes frente a quienes dependan exclusivamente de un salario en pesos. En el territorio se ve con mayor crudeza, ya que descentralizar hacia municipios sin base industrial ni atractivo turístico distribuirá más déficit que autonomía. Las diferencias sociales tenderán a reproducirse de generación en generación si el Estado renuncia a intervenir sobre ellas.
Otro cambio igual de importante es el tránsito de políticas universales hacia subsidios focalizados, tantas veces anunciada, que modifica la relación entre ciudadanía y Estado. Ahora se propone una plataforma que clasifica a las personas como «vulnerables» para decidir quién recibe ayuda y quién no. Los trabajadores de las empresas rentables se integrarán, de algún modo, al nuevo circuito de la economía; los de las llamadas empresas «zombis» quedarán expuestos a la quiebra o la liquidación. La igualdad deja de entenderse como un derecho y la «vulnerabilidad» —es decir, la pobreza— pasa a administrarse como una condición permanente. El riesgo es que el Estado deje de prevenir la desigualdad para limitarse a gestionar sus consecuencias.
El problema no es solo cuánto crecerá la desigualdad, sino qué tipo de poder producirá. Como es sabido, cuando la riqueza se concentra, también tiende a concentrarse la capacidad de influir sobre las decisiones públicas.
Por eso no basta con preguntarse si se consolidará una nueva burguesía. La pregunta decisiva es si Cuba contará con instituciones suficientemente democráticas para impedir que el poder económico termine capturando también el poder político. Las reformas redistribuyen mucho más que ingresos; redistribuyen poder. Y será esa nueva distribución del poder, más que las propias medidas económicas, la que terminará definiendo la Cuba que viene.
¿Por qué dices que modelo propuesto hace suponer la desigualdad como parte de su estructura y condición para su funcionamiento?
No es porque el Gobierno haya decidido que la desigualdad sea un objetivo, sino porque el nuevo modelo termina convirtiéndola en una condición para dinamizar la economía.
Ese es, probablemente, el cambio más profundo que introducen estas reformas y que, digan lo que digan, se aparta de los documentos rectores aprobados anteriormente.
Se puede seguir, medida por medida, cómo la inversión de la lógica que organizaba la producción según principios de distribución igualitaria queda incorporada al diseño técnico. La fijación salarial, ahora descentralizada y supeditada a la «capacidad económico-financiera» de cada empresa, condena a los trabajadores de los sectores menos rentables a la precariedad mientras habilita salarios liberados en el sector dinámico. Los procedimientos de quiebra, con indemnizaciones de apenas tres a seis meses, convierten la inseguridad laboral en un mecanismo más de disciplina de mercado, incluso dentro del propio sector estatal. Y la dolarización parcial estratifica el consumo hasta en servicios que antes eran gratuitos, se cobra a quien tiene, y se sostiene apenas una protección precaria para el resto. Estos mecanismos son piezas de un mismo diseño que necesita la desigualdad para funcionar, porque es ella la que genera el incentivo de mercado que el Estado ya no puede generar por sí mismo.
Ahora bien, el riesgo de que la riqueza provenga del acceso privilegiado a información, a relaciones políticas o al control de recursos públicos existe en Cuba porque la reforma amplía las oportunidades de acumulación sin proponer mecanismos de transparencia y control social. Esta apertura puede terminar consolidando una oligarquía nacida desde el propio Estado. Y ese riesgo, una vez materializado, es muy difícil de revertir, en cuanto esa nueva burguesía consolida activos —vía el Programa Nacional de Valoración de Activos, vía la compra de acciones—, deshacer esa concentración exige un costo político que ningún actor con poder de veto va a estar dispuesto a asumir. La desigualdad, dicho de otro modo, no se disuelve con el crecimiento, tiende a fijarse.
Por eso me preocupa que el debate se reduzca a cuánto crecerá el PIB o cuánta inversión llegará al país. Una economía puede crecer y, al mismo tiempo, perder cohesión social. Puede aumentar la productividad y reducir la capacidad de la sociedad para controlar democráticamente la riqueza que produce.
La cuestión decisiva no es cuánto mercado admite una economía, sino quién gobierna ese mercado. Si la riqueza termina concentrando también el poder político, el problema ya no será únicamente la desigualdad; será la formación de un nuevo bloque dominante.
Si dentro de diez años Cuba es un país más próspero, pero también más oligárquico, habremos cambiado el modelo económico sin resolver el problema histórico de nuestro maltrecho socialismo.
¿Serán viables estas reformas económicas sin ajustes al ordenamiento político?
Tengo muchas dudas. No porque toda reforma económica exija automáticamente un cambio del sistema político, sino porque ninguna transformación de esta magnitud puede sostenerse sin democratizar el ejercicio del poder. Y cuando hablo de democratización me refiero a quién controla las decisiones económicas fundamentales y mediante qué instituciones la sociedad puede supervisarlas.
Las reformas proyectan enormes cuotas de poder hacia empresas, bancos, inversionistas y nuevos actores privados. Eso puede ser necesario para reactivar la economía. Lo que resulta difícil de comprender es por qué esa descentralización no viene acompañada de una ampliación equivalente del control ciudadano.
Estamos creando empresas más autónomas, pero no necesariamente más democráticas.
Ese ha sido, precisamente, uno de los grandes problemas del socialismo cubano. Durante demasiado tiempo confundimos propiedad estatal con propiedad social. Pero una empresa no pertenece realmente a la sociedad porque aparezca así en un documento. Pertenece a la sociedad cuando quienes producen su riqueza y quienes dependen de ella pueden conocer cómo funciona, participar en sus decisiones y exigir cuentas a quienes la administran.
La democratización económica no es un lujo para tiempos mejores; es una condición para que la reforma siga siendo socialista. Eso supone, más que hacer eficientes las empresas, transparencia sobre el uso de los recursos públicos, rendición de cuentas, instituciones capaces de prevenir conflictos de interés y espacios reales donde trabajadores y ciudadanos puedan intervenir en las grandes decisiones económicas. De lo contrario, la autonomía empresarial puede convertirse simplemente en autonomía frente a la sociedad.
Hay otro aspecto igualmente importante. Si las reformas crean nuevos empresarios, nuevas relaciones laborales y nuevas formas de propiedad, también deberían fortalecer la capacidad de organización de los trabajadores. Un país que transforma profundamente su economía sin ampliar la participación del trabajo corre el riesgo de desequilibrar aún más la relación entre capital y sociedad.
Todo esto resulta todavía más importante bajo las condiciones excepcionales que impone el bloqueo estadounidense. Precisamente porque Cuba enfrenta una presión externa extraordinaria necesita fortalecer su cohesión interna. La Sherritt, después de más de tres décadas operando en Moa, se retiró por sanciones que amenazaron cortarle el acceso al sistema bancario internacional, y terminó en una venta forzada, en condiciones de liquidación, a un fondo vinculado a un exasesor de la administración Trump. Conviene no perder de vista que, si bien Cuba necesita divisas para que la banca privada y el mercado cambiario funcionen, quien controla ese flujo de capital condiciona cualquier alivio a una transformación política que el Gobierno ha declarado fuera de la mesa. Solo en el discurso se puede desacoplar al mercado del sistema.
Pero esa cohesión interna, que solía descansar en la legitimidad histórica de nuestro proyecto social, necesita construirse ahora sobre nuevas formas de participación, transparencia y confianza pública, porque el margen para el error se ha vuelto muy estrecho. Si al desmontar los subsidios universales no existe un Fondo de Protección Social ya capitalizado y operativo, la brecha entre el ajuste y la ayuda directa puede alimentar el mismo malestar social que estalló en julio de 2021.
Las reformas solo tendrán estabilidad si la mayoría siente que participa de sus beneficios, pero también de sus decisiones.
Otra vez, el desafío consiste en impedir que la modernización de la economía desemboque en una nueva concentración del poder, ahora bajo formas de mercado. Si el horizonte sigue siendo el socialismo —virtualmente ausente de las medidas anunciadas—, entonces la democratización política y económica no puede llegar después de la reforma. Tiene que ser parte de la reforma desde el primer día.
¿Qué modelos, fórmulas o concepciones consideras debieron ser tenidas en cuenta?
Creo que la discusión ha estado mal planteada desde el principio. Se nos ha hecho creer que solo existen dos caminos, o conservar un estatismo burocrático fracasado o avanzar hacia una economía cada vez más gobernada por el mercado. Pero el problema nunca ha sido elegir entre Estado y mercado; es decidir quién ejerce el poder sobre la economía.
Si algo ha demostrado la experiencia cubana es que la propiedad estatal, por sí sola, no garantiza el socialismo. Una empresa puede ser formalmente pública y funcionar de espaldas a la sociedad. Del mismo modo, admitir espacios de mercado no implica necesariamente abandonar un horizonte socialista. Lo decisivo es si la riqueza es sometida al control democrático o termina convirtiéndose en patrimonio de una minoría, sea burocrática o privada.
Por ejemplo, si las empresas estatales van a ganar autonomía, también deberían ganar participación de los trabajadores y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Si el sector privado va a crecer, el Estado debe impedir que el éxito económico se convierta en poder político mediante impuestos progresivos, regulaciones antimonopólicas y reglas estrictas contra los conflictos de interés. Si la inversión extranjera será más importante, la sociedad tiene derecho a conocer cuáles son las prioridades nacionales que esa inversión debe servir.
En otras palabras, sin contrapesos democráticos, el mercado deja de ser un instrumento para desarrollar el país y se convierte en un mecanismo para concentrar riqueza e influencia.
También habría apostado mucho más por las formas de propiedad verdaderamente sociales, como cooperativas, empresas cogestionadas por sus trabajadores, iniciativas de desarrollo local y espacios donde las comunidades participen en las decisiones sobre la riqueza que producen. Pienso, en concreto, en redes de bancos cooperativos y fondos municipales de desarrollo, gestionados localmente, capaces de captar remesas y reinvertirlas en la propia comunidad en lugar de canalizarlas hacia la acumulación privada de unos pocos actores. No porque estas experiencias vayan a sustituir al Estado o al mercado, sino porque distribuyen poder. Y, al final, de eso trata el socialismo, de impedir que el poder económico quede concentrado en pocas manos.
Hay además una lección que Cuba no debería perder de vista. Todas las transiciones económicas producen nuevas clases sociales. Aunque esto no pueda evitarse, sí se debería impedir que una nueva élite económica capture gradualmente al Estado. Ese riesgo es aún mayor en un país donde una parte importante de la economía ha estado históricamente administrada por estructuras estatales y empresariales muy concentradas. La transparencia, el control de las instituciones de gobierno a todos los niveles, la prensa pública y la participación ciudadana se vuelven entonces mecanismos para proteger el carácter público de la riqueza nacional.
Por supuesto, ninguna de estas discusiones puede hacerse ignorando el bloqueo estadounidense. Cuba necesita crecer bajo condiciones extraordinariamente adversas y tiene derecho a buscar los instrumentos económicos que le permitan sobrevivir. Pero precisamente porque enfrenta esa presión externa, es aún más importante preservar aquello que históricamente distinguió al proyecto socialista, la idea de que el desarrollo debía estar al servicio de la mayoría y no de una nueva minoría privilegiada.
En definitiva, creo que el verdadero debate no es si Cuba debe parecerse más a China, a Vietnam o a cualquier otro modelo. Cómo construir una economía capaz de generar riqueza sin renunciar a democratizar el poder sigue siendo, a mi juicio, la tarea pendiente.
Porque el futuro del socialismo cubano no dependerá únicamente de cuánto crezca la economía. Dependerá de si quienes producen la riqueza participan también en las decisiones sobre su destino. Si las reformas solo modernizan los mecanismos de acumulación, pero dejan intactas o incluso profundizan las relaciones de poder existentes, habrán cambiado la economía sin transformar aquello que, desde una perspectiva socialista, realmente importa: quién gobierna la riqueza colectiva y en nombre de quién se gobierna.
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