Primer ministro: La implementación de las transformaciones entra en su etapa más importante y difícil. Comentario HHC

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Dianet Doimeadios Guerrero, Abel Padrón Padilla

En este artículo: Cuba, Economía, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

29 julio 2026 

Primer ministro Manuel Marrero Cruz interviene en la Asamblea Nacional del Poder Popular, miércoles 29 de julio de 2026. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

La implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas hace apenas un mes por la Asamblea Nacional del Poder Popular avanza con un elevado nivel de cumplimiento, aseguró este miércoles el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al presentar un balance del trabajo realizado desde la sesión extraordinaria del pasado 18 de junio.

Ante los diputados, el jefe de Gobierno explicó que el proceso ha estado marcado por la actualización de las medidas a partir de las orientaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz, los acuerdos del Comité Central del Partido, los criterios de economistas y expertos, así como 171 propuestas formuladas por los propios parlamentarios, de las cuales 165 fueron incorporadas a la fase de implementación.

Marrero recordó que el país desarrolla estas transformaciones en un escenario particularmente complejo, agravado por el recrudecimiento de la política de Estados Unidos contra Cuba, que ha impactado sectores estratégicos como la energía, la producción de alimentos, el turismo, las finanzas, la salud pública y el comercio exterior. Pese a ello, afirmó, el Gobierno mantiene como prioridad la modernización del modelo económico y social cubano.

Más del 90 % de las transformaciones previstas para esta etapa ya fueron aprobadas

Como parte de la organización del proceso, explicó que fueron creados grupos de trabajo encabezados por miembros del Gobierno para conducir los principales ejes temáticos, se desarrolló un amplio programa de capacitación dirigido a las estructuras del Partido y del Gobierno en todos los niveles y se elaboró un cronograma legislativo que identifica 138 normas jurídicas necesarias para respaldar las transformaciones.

De las 121 transformaciones previstas para los meses de junio y julio, precisó, ya habían sido aprobadas 110, equivalentes al 90,9 % del total planificado, mientras otras cinco avanzaban parcialmente y el resto sería sometido a consideración antes de concluir la presente semana.

Mayor autonomía para la empresa estatal y nuevas reglas para el sector no estatal

Uno de los cambios de mayor alcance se concentra en el sistema empresarial estatal. Marrero informó que fue aprobado el decreto ley que regula su organización y funcionamiento, norma que responde a 16 de las 17 transformaciones previstas para la empresa estatal socialista.

Entre las nuevas facultades sobresalen la posibilidad de aprobar sus propios sistemas salariales, realizar cualquier actividad lícita, definir precios y tarifas, efectuar inversiones financieras, flexibilizar el destino de las utilidades y decidir sobre la terminación del vínculo laboral de los trabajadores, siempre bajo los principios establecidos. También se fortalece la participación de los trabajadores y la responsabilidad social de las entidades.

En paralelo, se eliminan restricciones en materia salarial, de manera que el fondo de salarios dependerá esencialmente de la capacidad económica y financiera de cada empresa, previo acuerdo con el sindicato. Según el Primer Ministro, esta constituye la transformación más importante en materia de organización del trabajo y salarios aplicada en los últimos años.

Respecto a las formas de gestión no estatal, informó que fueron aprobadas todas las mipymes y cooperativas no agropecuarias que permanecían pendientes de autorización y cumplían los requisitos establecidos, con lo que el país supera ya las 15 000 entidades de este tipo.

Asimismo, destacó la aprobación del decreto ley que regula la creación, funcionamiento y extinción de las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia, acompañado por una significativa reducción de requisitos, trámites y plazos para su constitución.

Como parte de estas transformaciones, recordó que este martes entró en vigor el Decreto 160, que flexibiliza las actividades autorizadas para el sector no estatal al eliminar totalmente 46 prohibiciones y modificar parcialmente otras 36, con el propósito de ampliar la participación de estos actores en el desarrollo económico y social del país.

Planificación más flexible y descentralización de decisiones

En materia de planificación económica, Marrero explicó que se modifica la concepción tradicional para transitar hacia un modelo más flexible, basado en incentivos, con mayor autonomía empresarial y una planificación estratégica y financiera.

Entre las decisiones adoptadas sobresale la descentralización de la aprobación de inversiones para empresas estatales, sociedades mercantiles, proyectos con inversión extranjera y municipios, de acuerdo con sus capacidades financieras. Solo requerirán aprobación central aquellas inversiones superiores a los 1 000 millones de pesos.

Redimensionamiento del Estado y fortalecimiento de los municipios

El Primer Ministro señaló que otro de los ejes fundamentales es la reorganización de la Administración Central del Estado, proceso encaminado a separar las funciones estatales de las empresariales, reducir estructuras y lograr una gestión gubernamental más eficiente.

Como parte de este redimensionamiento ya fueron aprobadas propuestas en los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes, que implican la reducción de más de 92 000 cargos, concentrados fundamentalmente en plazas administrativas vacantes. El resto de los organismos concluirá este proceso en septiembre.

En el ámbito territorial, destacó la actualización de las normas para fortalecer el desarrollo local, la descentralización de competencias y la gestión de la contribución territorial, lo que permitió asignar a 111 municipios el sobrecumplimiento de los ingresos obtenidos en 2025 para destinarlos a sus estrategias de desarrollo.

Energía, agricultura y protección social entre las prioridades

Al abordar el sector energético, Marrero reconoció que los prolongados apagones continúan siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país. Frente a ese escenario, informó que ya se han instalado 1 464 MW de fuentes renovables de energía, que representan el 13,8 % de la generación eléctrica nacional.

Añadió que se han colocado 4 292 sistemas fotovoltaicos en centros vitales y viviendas, además de más de 11 000 sistemas destinados a hogares de personas con enfermedades crónicas, médicos, maestros, científicos y otras prioridades sociales. También fueron flexibilizadas las normas para la importación y comercialización de combustibles por empresas extranjeras y se aprobaron nuevos incentivos fiscales para estimular inversiones en energías renovables.

En la agricultura, señaló que se flexibiliza la gestión y el uso de la tierra, se actualiza el modelo de funcionamiento de las cooperativas y se introducen incentivos para estimular la producción agropecuaria.

Las transformaciones sociales, añadió, atraviesan todo el programa. Como parte de ese trabajo concluyó la caracterización de los perfiles priorizados en provincias y municipios, identificándose más de 876 000 personas en situación de vulnerabilidad.

Además, anunció que ya está disponible, a través de la plataforma Soberanía, un trámite digital para solicitar asistencia social, herramienta que permitirá a cualquier ciudadano gestionar ayudas para sí mismo o para otra persona que requiera protección, como complemento al trabajo que desarrollan las estructuras municipales y los consejos populares.

A ello se suman beneficios fiscales destinados a favorecer el empleo y los ingresos de personas en situación de discapacidad que laboran en talleres especializados, así como la incorporación de la responsabilidad social como principio para los actores económicos estatales y no estatales.

Inversión extranjera, turismo y comercio: nuevas medidas para dinamizar la economía

En materia de inversión extranjera, Marrero informó que ya comienzan a materializarse los primeros resultados de las transformaciones aprobadas. Entre ellos destacó la constitución de la primera empresa mixta entre una compañía extranjera y una mipyme privada cubana, así como la autorización del primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible.

También fueron aprobados el primer negocio de inversión extranjera en La Habana Vieja y la creación de la primera zona con regulaciones especiales para el establecimiento de una empresa de capital totalmente extranjero dedicada al turismo de salud.

El Primer Ministro señaló además que más de un centenar de actores económicos han recibido autorización para comercializar combustible de forma mayorista y que esa cifra continúa creciendo tras la flexibilización de los procedimientos aprobada recientemente.

Como parte de la modernización parcial de la economía, explicó que se actualizó el sistema de gestión, control y asignación de divisas con el propósito de que las monedas libremente convertibles lleguen al sector primario de la economía, incentiven la producción nacional y favorezcan mayores encadenamientos entre los diferentes actores económicos.

Nuevas transformaciones para recuperar el turismo

Al referirse al turismo, Marrero describió el complejo escenario que enfrenta el sector como consecuencia de la escasez de combustible y el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

Informó que actualmente permanece cerrado el 73 % de las instalaciones hoteleras del país, con alrededor de 25 000 trabajadores en situación de disponibilidad, mientras siete cadenas hoteleras internacionales han cesado sus operaciones en Cuba, lo que representa el 46 % de las habitaciones administradas bajo esa modalidad.

Frente a ese panorama, explicó que ya fueron aprobadas diez de las trece transformaciones previstas para el sector. Entre ellas figuran nuevas modalidades de negocios con la participación de todos los actores económicos, incentivos tributarios para proyectos vinculados al ecoturismo y otras modalidades especializadas, la autorización para desarrollar servicios privados de alquiler de vehículos, la regulación de agencias de viajes privadas y la certificación de guías turísticos y agentes de ventas.

Asimismo, anunció la creación de una contribución especial del 1 % destinada a financiar la sostenibilidad, la promoción y el posicionamiento de los destinos turísticos del país.

Más flexibilidad en transporte, comercio y seguros

En el ámbito del transporte, el jefe de Gobierno destacó la aprobación de las tres transformaciones previstas, dirigidas a actualizar la política para la transmisión de la propiedad de vehículos, flexibilizar la importación y comercialización de automotores e incentivar la movilidad eléctrica.

En el comercio, la gastronomía y los servicios ya fueron aprobadas siete de las diez transformaciones concebidas. Estas incluyen la actualización de la política de comercio interior, la simplificación del otorgamiento de licencias comerciales, la puesta en marcha del proyecto Mercado de Barrio, la creación de mercados mayoristas de abasto para personas naturales y jurídicas, así como nuevas regulaciones para los procesos de licitación y las compras públicas.

En materia de seguros, fueron adoptadas medidas para dinamizar la comercialización de pólizas en divisas destinadas a cubrir riesgos asociados al transporte, los viajes y la asistencia médica en el exterior. Además, se estableció con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil para todos los propietarios de vehículos automotores, con el objetivo de garantizar la cobertura por daños materiales o personales ocasionados a terceros.

Economía digital e inteligencia artificial al servicio de la gestión pública

Marrero informó igualmente que las transformaciones alcanzan el ámbito de la economía digital y del conocimiento, donde se aprobó que el sector privado pueda comercializar servicios de centros de datos, sujeto al marco regulatorio correspondiente.

Destacó además el empleo de herramientas de inteligencia artificial durante el proceso de implementación de las transformaciones, lo que ha permitido desarrollar un cuadro de mando para monitorear en tiempo real las 176 acciones aprobadas, dar seguimiento a sus indicadores y procesar las opiniones ciudadanas sobre cada uno de los ejes temáticos.

“Comienza la etapa más importante y tal vez la más difícil”

En las conclusiones de su intervención, el Primer Ministro afirmó que, tras poco más de un mes de trabajo, el país ha logrado organizar la implementación de las transformaciones económicas y sociales y aprobar 110 de las acciones previstas.

Sin embargo, advirtió que el mayor desafío comienza ahora.

“A partir de ahora comienza la etapa más importante y tal vez la más difícil”, expresó al subrayar que el reto consiste en garantizar la aplicación efectiva de cada transformación, evaluar sistemáticamente sus impactos y corregir oportunamente las desviaciones que puedan surgir durante el proceso.

“Lo más importante es que ya tenemos aprobadas 110 transformaciones que depende de nosotros llevarlas a los hechos”, afirmó.

Marrero reconoció la resistencia del pueblo cubano frente a las dificultades actuales y agradeció la confianza depositada en la Revolución, al tiempo que aseguró que el Gobierno continuará trabajando para que las medidas aprobadas se traduzcan en un mejoramiento gradual de las condiciones de vida de la población.

Como cierre de su intervención, evocó palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para ratificar que la actualización del modelo económico constituye una vía para fortalecer y consolidar el socialismo cubano, proceso que —afirmó— exige audacia, inteligencia, realismo y la participación de todo el pueblo. HHC azul y negritas nuestras.

Comentario HHC: De todo lo expuesto lo mas importante, es lo que dice el Pimer Ministro " el reto consiste en garantizar la aplicación efectiva de cada transformación, evaluar sistemáticamente sus impactos y corregir oportunamente las desviaciones que puedan surgir durante el proceso", y agregaria rendiciones de cuentas efectivas y periodicas.

Lo anterior ha sido el Talon de Aquiles de nuestro proceso, por años, con ello se pudieron evitar muchos errores y falta de resultados. Pero como la historia no se puede escribir hacia atras, queda el avance hacia el futuro de manera proactiva, en medio de las peores condiciones  para ello, por la saña inmoral y cobrade de los EEUU.

Me llama la atencion la falta de información imperante, la ONEI  no ha publicado un capitulo del Anuario Estadistico del 2025, y estamos ya en el 2do Semestre. Sin informacion oportuna, no hay evaluación efectiva de los resultados y menos corregir los errores o desviaciones.

Cuba Transformación sin transformar Cuba: menos manifiestos, más políticas públicas

Una lectura crítica del proyecto Cuba Transformación, del Cuba Study Group, a la luz de las reformas anunciadas por el gobierno cubano y estudios de democratización y desarrollo económico.

Por Arturo López-Levy Dos Aceras

Abstracto:

La publicación de las ponencias del proyecto Cuba Transformación , elaboradas por Ricardo Torres, Pedro Monreal, Mauricio de Miranda, Pavel Vidal y Omar Everleny Pérez, ha enriquecido un debate imprescindible sobre el futuro económico de Cuba. La discusión adquiere una relevancia adicional tras el anuncio, por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel, de un paquete de 176 transformaciones económicas, circunstancia que invita a evaluar ambas propuestas dentro de un mismo contexto de reforma. Ese intercambio de ideas merece ser celebrado. Cuba necesita más deliberación pública y menos dogmatismo. Pero también requiere un debate más preciso sobre las políticas públicas concretas que podrían hacer viable una transformación económica sostenible para un desarrollo con equidad y una república soberana.

Mi principal objeción al proyecto Cuba Transformación es que evita responder algunas de las preguntas fundamentales que debe afrontar cualquier programa serio de reforma económica. Las ponencias formulan principios generales difíciles de objetar —la necesidad de instituciones efectivas, de un Estado regulador y promotor del desarrollo y de una economía social de mercado—, pero permanecen en un nivel de abstracción que termina desplazando el verdadero núcleo del debate: el diseño de las políticas públicas.

La política fiscal es esencial para una economía social de mercado :

Resulta paradójico que los mismos ponentes que durante años criticaron al gobierno cubano por presentar programas cargados de objetivos generales, pero escasos en instrumentos concretos de implementación, reproduzcan ahora una limitación semejante. Hablar de una economía social de mercado sin desarrollar una propuesta fiscal específica es, por recurrir a una conocida metáfora, como analizar a Hamlet sin mencionar al príncipe de Dinamarca.

Toda economía social de mercado presupone un Estado con capacidad para promover el desarrollo, regular la competencia, garantizar bienes públicos y redistribuir parte de la riqueza nacional. Sin embargo, esas funciones dependen de una estructura fiscal capaz de financiarlas. La cuestión decisiva no consiste únicamente en definir el modelo económico deseable, sino en explicar cómo se sostendrá financieramente.

Las ponencias apenas ofrecen respuestas sobre aspectos centrales de esa discusión. ¿Qué sectores recibirían incentivos tributarios? ¿Cuáles deberían beneficiarse de exenciones temporales para estimular la inversión? ¿Qué estructura impositiva permitiría financiar la salud pública, la educación, la infraestructura y la protección social durante el proceso de estabilización económica al que se refiere Pavel Vidal? ¿Cómo se distribuirían los costos de esa transición entre empresas, trabajadores y consumidores?

En este punto aparece, además, un supuesto que merece mayor discusión. Pavel Vidal plantea la posibilidad de que Estados Unidos apoye financieramente un proceso inicial de estabilización. Sin embargo, esa hipótesis parece difícil de sostener a la luz de la legislación vigente, particularmente de la Ley Helms-Burton, y del endurecimiento reciente de las sanciones estadounidenses. Salvo que se produzca una modificación sustancial de la política de Washington o un acontecimiento extraordinario que altere radicalmente el contexto bilateral, ese escenario requiere una justificación mucho más desarrollada.

Estas cuestiones no constituyen detalles técnicos. Representan el núcleo de cualquier estrategia de reforma económica. Sin respuestas suficientemente elaboradas, la discusión corre el riesgo de convertirse en una declaración de principios más que en un programa de políticas públicas.

Salvo que Cuba descubriera una fuente extraordinaria de rentas —como importantes reservas de recursos naturales explotadas exitosamente—, la sostenibilidad de un Estado social dependerá inevitablemente de su capacidad tributaria. No existe un Estado de bienestar sin una política fiscal consistente. Precisamente por ello, sorprende que unas ponencias que reivindican mayores niveles de transparencia y racionalidad institucional dediquen tan escasa atención a un aspecto tan decisivo como el diseño del sistema tributario.

En política económica no basta con describir el destino deseado; También es indispensable explicar quién financiará el recorrido. Toda reforma implica costos de oportunidad, ganadores y perdedores. Los recursos públicos son necesariamente limitados, y su asignación supone decisiones distributivas de carácter político. La sociedad cubana necesita conocer esas decisiones para poder evaluar con rigor cualquier propuesta de transformación económica.

Dos ausentes: La guerra económica contra Cuba y las 176 medidas del gobierno cubano.

Existe, además, una segunda limitación que atraviesa buena parte del proyecto Cuba Transformación : la escasa atención concedida al impacto de las sanciones estadounidenses sobre la economía cubana.

Es legítimo debatir el peso de los errores de política económica interna cubana. Lo que resulta más difícil de justificar es que un programa de recuperación económica para Cuba analiza la crisis actual sin incorporar de manera sistemática el efecto acumulado de más de seis décadas de sanciones económicas, financieras y comerciales, intensificadas en los últimos años mediante nuevas restricciones al turismo, a las transacciones financieras y, más recientemente, al suministro energético. Cualquier evaluación seria de las posibilidades de crecimiento, estabilización macroeconómica e inserción internacional del país debe partir de esa realidad.

Reconocer la incidencia de las sanciones no implica eximir al gobierno cubano de responsabilidad por sus propios errores. El Estado cubano ha retrasado durante décadas reformas indispensables, ha mantenido restricciones institucionales que limitan el dinamismo económico y ha cometido errores significativos en la conducción de la política económica. Muchas de las recomendaciones formuladas por los economistas de Cuba Transformación merecen ser consideradas seriamente por las autoridades. Sin embargo, un diagnóstico equilibrado exige analizar simultáneamente las limitaciones internas y las presiones externas, pues ambas se vinculan inextricablemente y condicionan el margen de maniobra de cualquier estrategia de desarrollo.

Desde esa perspectiva, las ponencias dejan sin responder varias cuestiones fundamentales. ¿Cómo modificaría el levantamiento —o, por el contrario, el endurecimiento— de las sanciones estadounidenses la viabilidad de las reformas propuestas? ¿Qué escenarios alternativos contemplan los autores para una economía sometida a distintos grados de presión externa? ¿Qué efectos tendría la continuidad de las sanciones sobre la capacidad del Estado para financiar la estabilización, atraer inversión extranjera o reconstruir la infraestructura energética? Estas no son preguntas accesorias, sino variables determinantes para evaluar la factibilidad de cualquier programa de transformación.

La reflexión de los cinco economistas no ocurre en medio de un vacío. Los líderes del Cuba Study Group que patrocina las reflexiones de Cuba Transformación han afirmado que la isla tiene una única opción, plegarse a negociar en términos totalmente hostiles y llegar a un acuerdo de desmantelamiento del actual régimen político, impuesto desde Washington. Hasta ahora los cinco economistas han optado por mencionar las sanciones y la política estadounidense, cuando las mencionan, como algo que no merece discutir, o que va a jugar un papel positivo, cuando Estados Unidos ofrece un paquete de ayuda a la transformación. ¿Cómo se pasa de la hostilidad extrema a la ayuda benevolente a las transformaciones? No es preciso afirmar que los cinco economistas asumen las mismas premisas que ha expuesto Carlos Saladrigas, o Ricardo Herrero en su artículo con Michael Bustamante en Foreign Affairs, pero tampoco que no. En política es tan importante lo que se dice como lo que no. Es justo decir que hay falta de claridad.

La omisión resulta especialmente significativa porque las sanciones no constituyen únicamente un problema de política exterior estadounidense. Sus efectos inciden directamente sobre variables centrales de la política económica cubana: la disponibilidad de divisas, el acceso al crédito y al sistema financiero internacional, el costo de las importaciones y la relación comercial con terceros países, la inversión extranjera, el suministro de combustibles y, en consecuencia, el funcionamiento cotidiano de prácticamente todos los sectores productivos.

El público interesado en el futuro de Cuba se beneficiará de la lectura de estas ponencias. Sus autores ofrecen diagnósticos valiosos y propuestas que contribuyen a elevar la calidad del debate nacional. No obstante, el análisis permanece insuficientemente desarrollado en aspectos esenciales para comprender el funcionamiento de una economía social de mercado con equidad. Las ponencias explican con mayor detalle cómo ampliar los espacios del mercado que cómo articular las relaciones entre mercado, Estado y protección social a lo interno y en la política económica exterior. Tampoco desarrollar suficientemente los mecanismos mediante los cuales el sector privado y el sector público deben integrarse en un mismo sistema económico, preservando simultáneamente la competencia, la eficiencia y la cohesión social.

En algunos de estos aspectos, incluso, cabe preguntarse si las 176 anunciadas recientemente por el gobierno cubano no avanzan más allá de las formulaciones generales medidas contenidas en Cuba Transformación . Esa comparación resulta indispensable. La discusión ya no gira exclusivamente en torno a la necesidad de introducir mayores espacios de mercado; Sobre ese punto existe hoy un consenso mucho más amplio que hace apenas una década. El verdadero debate consiste en determinar cuáles reformas son políticamente viables, económicamente sostenibles e institucionalmente implementables bajo las severas restricciones que enfrenta el país.

Por esa misma razón sorprende que las ponencias apenas dialogan con el paquete de medidas anunciadas por el gobierno de Díaz-Canel. Independientemente de la valoración que merezcan esas iniciativas, constituyen actualmente el principal marco oficial de reforma económica en Cuba. Ignorarlas reduce el alcance práctico del análisis y priva al lector de una comparación que habría permitido identificar coincidencias, diferencias y posibles espacios de convergencia entre ambas propuestas. Por ejemplo, el gobierno, a través del viceministro Carlos Luis Jorge, ha afirmado la disposición a una “solución razonable” a demandas de restitución de activos confiscados a cubanos emigrados, con disposición a invertir. ¿En qué medida esa postura coincide con las visiones de los cinco economistas sobre la importancia de la diáspora cubana en la recuperación del país? ¿Es insuficiente? ¿Cuáles deben ser las respuestas desde la diáspora o los gobiernos de los países donde se asientan esos emigrados, en primer lugar, Estados Unidos? Las loas a lo positivo que puede ser la diáspora y Estados Unidos son buena poesía. Las recomendaciones de política económica suelen precisarse en prosa.

El orden de las prioridades también merece una reflexión. Resulta difícil analizar con rigor la crisis alimentaria, el deterioro del gasto social, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios o incluso el retroceso de indicadores históricamente emblemáticos, como la mortalidad infantil, sin incorporar al análisis el efecto que las últimas sanciones han tenido sobre la disponibilidad de divisas, combustibles, financiamiento e inversión más elementales. Ello no significa atribuir todos los problemas del país a factores externos; significa, simplemente, reconocer que cualquier diagnóstico que excluya una de las principales restricciones estructurales de la economía cubana nace inevitablemente incompleto.

Democracia, estado de derecho y economía :

Un tercer aspecto merece especial atención. Pedro Monreal y Mauricio de Miranda sostienen que la transición hacia un sistema democrático pluripartidista y un Estado de derecho constituye una condición indispensable para el éxito de la reforma económica. Se trata de una perspectiva normativa defendible. Sin embargo, las ponencias dedican escasa atención a la abundante literatura de economía política comparada que cuestiona la existencia de una única secuencia institucional para los procesos de transformación económica.

Llama la atención limitada la consideración de las experiencias de China y Vietnam, cuyos procesos de reforma combinan una progresiva liberalización económica con una apertura política mucho más restringida. Es cierto que ambos casos presentan importantes déficits en materia de derechos civiles y libertades políticas, desde una perspectiva liberal. Pero precisamente por ello constituyen contraejemplos que cualquier análisis comparado debería abordar con profundidad antes de afirmar que la democratización liberal constituye una condición necesaria para el desarrollo de una economía social de mercado.

Más llamativa aún resulta la ausencia de referencia al concepto de Estado de derecho —traducido habitualmente como “gobierno mediante el derecho” o “Estado mediante el derecho”— desarrollado por el politólogo chino Pan Wei. Su propuesta no pretende sustituir el ideal liberal del Estado de derecho ( rule of law ), sino explicar una secuencia alternativa de construcción institucional en la que el fortalecimiento de la capacidad administrativa del Estado, la profesionalización de la burocracia y la institucionalización de un orden jurídico relativamente previsible preceden a una eventual ampliación de la competencia política. Aunque esta perspectiva ha sido objeto de críticas desde posiciones liberales, constituye uno de los principales referentes teóricos del debate contemporáneo sobre las reformas institucionales en China y difícilmente puede ignorarse en una discusión comparada sobre los procesos de transformación económica.

Las ponencias parecen descartar esa posibilidad desde el inicio al afirmar que Cuba carece de tiempo para un proceso gradual de reformas. Sin embargo, esa afirmación constituye una hipótesis empírica que requiere demostración, no un supuesto que pueda darse por establecido. La urgencia de la crisis económica es indiscutible, pero de ella no se desprende necesariamente que una apertura política liberal con elecciones multipartidistas deba preceder a la transformación económica ni que ambas deban avanzar al mismo ritmo.

Defender el empoderamiento de la ciudadanía en Cuba es perfectamente legítimo. También es evidente la necesidad y la conveniencia de la descentralización económica y política. Aunque la transferencia de poder desde los niveles centrales a los locales es un dilema complejo, resalta, como refiere Gerard Roland, que durante la primera fase de las reformas de los socialismos en el este de Asia las ganancias más importantes de productividad y ampliaciones de capacidades productivas ocurrieron en las empresas, a nivel de villas y pueblos, no exigir privadas, sino en integraciones público-privadas. Kelan Lu ha demostrado la importancia de la descentralización y de las políticas provinciales y municipales en China para atraer inversión extranjera directa, particularmente de los emigrados.

Sin embargo, nada de esa trayectoria encaja bien con la exigencia de Monreal y de Miranda sobre la imprescindibilidad de una transición previa o paralela a “un estado democrático de derecho”. Durante décadas, la literatura sobre modernización ha sostenido una secuencia diferente. Autores como Samuel Huntington, Seymour Martin Lipset y Adam Przeworski, desde perspectivas distintas, coinciden en señalar que el desarrollo económico modifica la estructura social, fortalece nuevos actores económicos y amplía progresivamente las demandas de participación política. Aunque discrepan en aspectos fundamentales, ninguno de ellos sostiene que existe una secuencia universal aplicable a todos los procesos históricos.

La evidencia empírica tampoco permite concluir que las democracias liberales presentan, de manera sistemática, un mejor desempeño económico que los regímenes no democrático-liberales. La investigación comparada muestra resultados considerablemente más matizados. Existen democracias liberales con trayectorias económicas exitosas y otras profundamente estancadas, del mismo modo que existen regímenes con visiones alternativas que han impulsado procesos extraordinarios de crecimiento y otros que han conducido a graves fracasos económicos. Más que el tipo de régimen considerado aisladamente, la calidad de las instituciones estatales, la capacidad administrativa, la estabilidad macroeconómica y el diseño de las políticas públicas parecen explicar una parte mucho más significativa de esas diferencias.

Desde esa perspectiva, la cuestión relevante no consiste únicamente en determinar si Cuba debe democratizarse, sino en analizar qué secuencia institucional ofrece mayores probabilidades de producir crecimiento económico, estabilidad política y ampliación de las libertades. La experiencia internacional sugiere que no existe una trayectoria única. Buena parte de la literatura comparada apunta a que la consolidación de una economía mixta, la expansión gradual del pluralismo económico y una liberalización política progresiva pueden generar condiciones más favorables para acuerdos duraderos que una transformación simultánea de todas las instituciones políticas y económicas. Monreal y de Miranda ofrecen una perspectiva ideológica legítima, pero no demuestran que adoptar la misma sea una precondición necesaria para una transición óptima a una economía de mercado.

En el caso cubano existe, además, un elemento que las ponencias apenas consideran. Mientras permanezca vigente una política estadounidense específicamente orientada a influir en la evolución política interna de la isla mediante sanciones económicas, cualquier proceso de competencia electoral se desarrollará bajo un contexto excepcional de presión externa ilegítima. Esa circunstancia introduce un problema adicional de soberanía que no puede separarse del análisis sobre la democratización. Ignorar esa interacción empobrece la discusión sobre las posibles secuencias y políticas de la reforma y reduce la complejidad de un problema cuya naturaleza es, por definición, simultáneamente económica, política e internacional.

No hay mérito alguno en la premisa de que a corto plazo, un gobierno cubano plegado a las demandas de la Ley Helms recibiría un alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos. El tema es que la adopción de la opción plattista tiene importantes costos políticos y económicos, como el desmantelamiento de las capacidades para una política interna y externa independiente, la condición martiana, a largo plazo. Trump no está jugando cuando afirma su aspiración a “poseer a Cuba pronto”.

Reconocer esa complejidad no implica restablecer importancia a la importancia de las leyes, a la seguridad jurídica para los inversionistas, ni a las libertades políticas. Significa, simplemente, aceptar que las trayectorias de reforma rara vez responden a modelos lineales y que la experiencia aconseja desconfiar de las secuencias y alternativas presentadas como históricamente inevitables (Cuba’s only Choice»). Incluso desde el realismo, Cuba, como gobierno y país, tiene espacios y alternativas para negociar su inserción internacional en esta hora difícil. En ese esfuerzo, las preguntas de Cuba Transformation tienen importantes méritos, y sus respuestas, grandes déficits.

Cuba reduce las actividades prohibidas para el sector no estatal y anuncia nuevas flexibilizaciones (+ PDF)

 Por: Oscar Figueredo Reinaldo

En este artículo: Comercio, Cooperativas, Economía, Empresas, MiPyME, Sector no estatal

28 julio 2026 | 22 |    

• Se aprueba la gestión de servicios farmacéuticos para MiPymes y cooperativas
• Salud Pública autoriza residencias de cuidados diurnos y permanentes para adultos mayores
• MINCIN flexibiliza el comercio mayorista para el sector no estatal
• MITRANS flexibiliza importación de vehículos eléctricos y gestión de terminales
• 
  
  
  
  

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram

En consonancia con las trasformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional, las autoridades cubanas han anunciado la reducción de las actividades no autorizadas para el sector no estatal.

La medida, que incluye la derogación del Decreto 107 y la implementación de un nuevo marco legal, busca ampliar la participación de los actores económicos privados en la economía nacional, en un contexto de profundas dificultades financieras y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

La información fue ofrecida en conferencia de prensa por la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, quien detalló los alcances de esta actualización normativa que impacta directamente a empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.

Un proceso de escucha y actualización en medio de un contexto complejo

López Acea explicó que el nuevo decreto es el resultado de un "proceso de revisión, actualización e intercambio" con los propios actores económicos no estatales. "Escuchamos cuáles eran sus preocupaciones, algunas insatisfacciones, las recomendaciones y sugerencias", señaló, subrayando que el objetivo es que estas actividades no solo contribuyan al aporte económico con sus resultados, sino también a la mejora de los servicios y ofertas para la población.

La funcionaria enmarcó la decisión en el complejo escenario que atraviesa la isla, agravado por "el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos". Asimismo, vinculó la actualización a las transformaciones económicas y sociales aprobadas en la reciente Asamblea del Poder Popular celebrada en junio, que aconsejaron proceder a revisar las actividades que debían autorizarse o flexibilizarse para estar en coherencia con los nuevos lineamientos del país.

Coherencia con otras medidas estructurales: el Decreto-Ley 114

La presidenta del instituto fue enfática en señalar que esta flexibilización no es un hecho aislado, sino que forma parte de un paquete de medidas estructurales. En este sentido, recordó la existencia del Decreto-Ley 114, que ya permite la asociación económica y la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y no estatales.

"Esto complementa todas estas medidas que se han venido tomando y realmente permite, facilita la participación de los actores económicos no estatales en la economía del país", afirmó López Acea, subrayando que el nuevo decreto y el Decreto-Ley 114 actúan de manera sinérgica para derribar barreras y facilitar la inserción del sector privado en el entramado productivo nacional.

Reducción histórica de actividades prohibidas

El punto central del anuncio es la notable disminución de las actividades vedadas para el sector no estatal. Según detalló la presidenta del instituto, el anterior Decreto 107 contenía un listado de 125 actividades prohibidas. Con la nueva normativa, que deroga al anterior, se ha producido una reducción sustancial:

• 46 actividades se eliminan totalmente del listado de prohibiciones, lo que significa que ahora quedan autorizadas sin restricciones.

• 35 actividades se modifican, lo que implica que se flexibilizan sus condiciones de operación o se abren nuevas aristas dentro de ellas, lo que a su vez "libera otras actividades" y radica otras prohibiciones.

En términos prácticos, esto se traduce en que el nuevo decreto mantiene un número significativamente menor de actividades reguladas o prohibidas, ampliando de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados en la isla.

Sectores estratégicos y ramas económicas beneficiadas

López Acea detalló que la flexibilización abarca un amplio abanico de sectores productivos y de servicios, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y del capital humano formado en el país. Entre las ramas que se verán beneficiadas, mencionó:

• Industria y manufactura: con énfasis en actividades vinculadas al Ministerio de Industria.

• Energía y minería: con autorizaciones que involucran al Ministerio de Energía y Minas.

• Transporte: con nuevas posibilidades de participación para actores no estatales.

• Comercio: ampliando el espectro de servicios y bienes ofertados.

• Salud y Educación: dos sectores sensibles donde se abrirán espacios para la participación privada, siempre en consonancia con las políticas sociales del país.

"De manera coherente con las transformaciones económicas y sociales que se han venido aprobando, estamos favoreciendo no solo el desarrollo de las fuerzas productivas en el entorno estatal, sino también en esa conexión con el sector estatal", puntualizó la funcionaria.

Mayor participación, mejor aprovechamiento del capital humano

Uno de los argumentos centrales de la medida es la optimización del capital humano. La presidenta del instituto destacó que Cuba cuenta hoy con un alto nivel de técnicos y profesionales que se desempeñan tanto en el sector estatal como en el no estatal.

"La flexibilidad de esas actividades va a permitir que contemos con todo ese capital humano para poder impulsar la economía", afirmó, añadiendo que la nueva normativa también facilitará una "mejor utilización de la capacidad productiva existente en el país en diferentes ramas de la economía", lo que, de implementarse correctamente, podría aportar resultados significativos.

Expresión territorial: el impulso a las economías locales

López Acea hizo hincapié en que la flexibilización no solo tendrá impacto a nivel central, sino que tendrá una "expresión también en los municipios, en las localidades". La medida permitirá que todo el potencial de actores económicos, tanto estatales como no estatales, se ponga en función de las soluciones a los problemas locales y al desarrollo de actividades económicas desde el nivel territorial.

"Todo lo que estamos haciendo va a permitir no solo una mirada del nivel central, sino que también [...] va a permitir que todo el potencial que tenemos hoy de actores económicos, tanto estatales como no estatales, puedan aportar y puedan ponerse en función de las soluciones de los problemas locales", subrayó.

Cifras del tejido empresarial: más de 15.600 Mipymes aprobadas

En un dato relevante sobre el crecimiento del sector, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales informó que en la actualidad existen más de 15.600 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya aprobadas en el país. Se estima que para finales del mes de agosto, esa cifra ascenderá a prácticamente 16.000, a partir del proceso de aprobación de nuevas solicitudes.

"Con ese entramado de prácticamente hoy unas 15.600 y otras que están en proceso que completan casi unas 16.000, el sistema empresarial, el tejido empresarial del país realmente se incrementa", afirmó, destacando la consolidación de un ecosistema empresarial diverso y en expansión.

Aclaración: no es un proceso de privatización

En un momento clave de su intervención, Lázara Mercedes López Acea fue contundente al despejar cualquier interpretación que pudiera sugerir un giro hacia la privatización de la economía cubana.

"No es que estamos yendo a la privatización de la economía", enfatizó. "Mantiene la empresa estatal socialista ese papel fundamental que como empresa tiene, como este eje fundamental tiene, pero evidentemente se está ampliando y se le está dando más participación a los actores económicos no estatales".

La funcionaria explicó que la ampliación del espacio para el sector no estatal responde al potencial que estos actores tienen en términos de capital humano, recursos y capacidad de financiamiento e inversión, lo que les permite "incurrir en determinadas inversiones que pueden desarrollar las diferentes ramas de la economía" y, por tanto, tener una mayor participación en correspondencia con las necesidades del país.

Objetivos finales: bienestar de la población e igualdad de condiciones

López Acea resumió los dos grandes objetivos de esta flexibilización:

1. Aportar al bienestar de la población, mejorando la prestación de servicios y la oferta de bienes a los ciudadanos.

2. Poner en igualdad de condiciones a todos los actores económicos de la economía, favoreciendo el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector no estatal e incrementando el sistema empresarial del país en todas sus ramas.

"Estamos entonces definiendo en este decreto, en esta flexibilización del decreto, una reducción notable de las actividades que no estaban autorizadas, por tanto se autorizan o condicionan un nivel importante de actividades que permite la participación de los actores económicos no estatales en la economía y poder entonces también aportar al bienestar de la población", concluyó.

• Descargue en PDF la gaceta

Se aprueba la gestión de servicios farmacéuticos para MiPymes y cooperativas

El Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció este miércoles importantes novedades en el marco del nuevo decreto que reduce las actividades prohibidas para el sector no estatal, al tiempo que ratificó que la atención médica en sus tres niveles continúa siendo una actividad reservada de manera exclusiva al Estado.

La información fue ofrecida por Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea.

Lara Bastanzuri fue clara desde el inicio de su intervención: en el nuevo decreto que deroga el anterior Decreto 107, la atención médica sigue sin estar permitida para los actores económicos no estatales.

"La atención médica sigue siendo de encargo estatal, sigue estando la actividad médica en sus tres niveles de atención garantizada para la población cubana con los servicios hospitalarios gratuitos, como ustedes ya lo saben", afirmó la funcionaria.

Destacó que la actividad profesional y técnica que se realiza en la atención médica y en los servicios de salud "sigue estando regulada estatalmente y liderada, por supuesto, metodológicamente por el Ministerio de Salud Pública".

La gran novedad: servicios farmacéuticos para Mipymes, cooperativas y empresas privadas

Si bien la atención médica permanece como un ámbito reservado al Estado, la directora nacional señaló que "hay un grupo de actividades que sí hemos dado de alguna manera oportunidad de acompañamiento de las nuevas formas de gestión".

Lo más novedoso en el sector salud, según explicó, es la flexibilización para la participación de actores no estatales en la gestión de los servicios farmacéuticos. Esta apertura está dirigida fundamentalmente a:

• Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)

• Cooperativas no agropecuarias

• Empresas privadas

Estas figuras podrán, a partir de ahora, prestar servicios farmacéuticos, siempre que cumplan con un estricto conjunto de requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Requisitos y regulaciones para las nuevas farmacias no estatales

Lara Bastanzuri enfatizó que "todo el tema de la gestión de los medicamentos es altamente regulado" y que la participación del sector no estatal "también va a ser regulada". Para poder prestar el servicio farmacéutico, los interesados deberán cumplir con:

1. Locales adecuados: no puede ser el portal de una casa ni un local que no reúna las condiciones óptimas de humedad, temperatura y almacenamiento para preservar los medicamentos.

2. Personal farmacéutico calificado: se requiere contar con profesionales farmacéuticos capacitados para prestar el servicio.

3. Habilitación por Salud Pública: el Ministerio de Salud Pública habilitará los locales y, a partir de esa habilitación, se otorgará la licencia operativa que permitirá la extensión del objeto social de la entidad para brindar el servicio farmacéutico.

4. Medicamentos con registro sanitario: las farmacias no estatales solo podrán disponer de medicamentos que cuenten con registro sanitario y autorización de comercialización, garantizando así la seguridad de los productos que se ofrecen a la población.

Un complemento a la red estatal ante el desabastecimiento

La directora nacional explicó que esta medida está intencionada para que "un porcentaje de la población pueda hacer una alternativa a nuestra farmacia en el tema del desabastecimiento que ellos están teniendo".

El objetivo es que estas nuevas farmacias se conviertan en "un lugar donde la población puede encontrar el medicamento que necesita de forma segura", con la garantía de que los productos cuentan con registro sanitario y autorización de comercialización.

Lara Bastanzuri fue enfática en señalar que la red de farmacias comunitarias estatales no se ve afectada por esta medida. "Farmacias comunitarias que tienen precio, como ustedes saben, altamente subsidiado y que responden a las necesidades de la población y que además por encima de todas las cosas vamos a proteger", afirmó.

Precisó que estas instituciones "se mantienen con los mismos precios que hasta hoy tiene, se mantiene el personal farmacéutico brindando servicio" y que el país está inmerso en un grupo de medidas para incrementar la disponibilidad de medicamentos en la red estatal, en medio de la situación compleja actual.

Control y supervisión conjunta

La funcionaria adelantó que se establecerá un sistema de control conjunto entre el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales y el Ministerio de Salud Pública, para garantizar que "todo lo que se ha establecido que permitió la apertura de ese local no se distorsione".

Se supervisará:

• La calidad de los medicamentos que se reciben

• El servicio que se presta

• Los precios que se aplican

"De alguna manera de conjunto garantizaremos que esas entidades funcionen de forma adecuada como complemento a la actividad de medicamentos que gestiona hoy y que liderea el sistema de salud pública", concluyó.

Salud Pública autoriza residencias de cuidados diurnos y permanentes para adultos mayores

El Ministerio de Salud Pública anunció este miércoles la aprobación de una nueva modalidad de atención para adultos mayores a través de la forma de gestión no estatal, denominada residencia de cuidados diurnos y residencia de cuidados permanentes, que podrán operar con una o ambas modalidades de atención.

La información fue ofrecida por el Dr. Alberto Fernández Seco, jefe del departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública

Una respuesta al envejecimiento poblacional y la demanda de cuidados

El Dr. Fernández Seco contextualizó la medida dentro de la política que tiene Cuba para atender la dinámica demográfica, en un país que enfrenta un acelerado envejecimiento de su población. Actualmente, se estima que el 26,7% de la población cubana es adulta mayor, una cifra que se acerca al 27%.

"Uno de los retos que tiene la sociedad cubana hoy es el tema del cuidado", afirmó el especialista, quien explicó que los sistemas de salud fueron diseñados para la promoción, prevención, atención y rehabilitación, pero que el cuidado ha sido históricamente una responsabilidad asumida por el sistema de salud cubano.

Hasta ahora, el país cuenta con 156 hogares de ancianos y 307 casas de abuelos, instituciones de carácter social que continuarán ampliándose conforme a la política establecida, que incluye el incremento de estas instituciones, la recuperación de camas y plazas activadas, y la mejora del confort de las mismas en conjunto con los gobiernos locales.

Demanda de cuidados: cifras y necesidades

El Dr. Fernández Seco citó estudios que revelan la magnitud de la demanda de cuidados en la población adulta mayor:

• El 1,3% de los adultos mayores demandan cuidados permanentes.

• El 2,2% demandan cuidados diurnos.

Añadió que el envejecimiento, sumado al fenómeno migratorio (tanto al exterior como la migración interna), ha llevado a un incremento de personas adultas mayores que viven solas, lo que "demanda también un incremento de los cuidados".

Características de las nuevas residencias de cuidados

La nueva modalidad aprobada para el sector no estatal permitirá la creación de residencias de cuidados diurnos, residencias de cuidados permanentes o instituciones que combinen ambas modalidades. Estas vienen a complementar la oferta estatal existente y a responder a la creciente demanda de cuidado en el país.

El doctor detalló los principales aspectos regulatorios de esta nueva forma de gestión:

1. Capacidad máxima y cupo reservado para vulnerables

• Capacidad máxima: cada institución podrá tener hasta un máximo de 60 plazas, ya sea para modalidad interna (permanente) o semiinterna (diurna).

• 10% reservado para el Estado: de esa capacidad, el 10% de las plazas serán destinadas a personas vulnerables, con un mecanismo de asignación establecido por el Ministerio de Salud Pública, similar al que rige para la asignación de plazas en hogares de ancianos estatales.

• El pago de ese 10% será el establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios para las casas de abuelos y hogares de ancianos certificados.

"Ahí nos permite a nosotros que mientras más instituciones de este tipo ahora, más capacidades tenemos a favor para los casos vulnerables de la comunidad", destacó Fernández Seco.

2. Atención médica a cargo del médico de familia

Un aspecto clave de la regulación es que las residencias de cuidados no contarán con médico propio. La atención médica será garantizada por el médico de familia del área de salud donde esté enclavada la institución, quien la visitará al menos una vez al mes.

"La residencia de cuidados permanentes va a ser atendida por un médico de familia o por el médico determinado por el director del municipio una vez al mes", precisó el doctor, añadiendo que esta misma lógica se aplica ya en las casas de abuelos.

3. Capacitación obligatoria de cuidadores y titulares

La capacitación será impartida por las áreas de salud, que otorgarán un certificado que acredite que están preparados para el cuidado de adultos mayores.

4. Vínculo sistemático con el área de salud

El área de salud a la que pertenezca la institución mantendrá un vínculo constante con la residencia. Especialistas como el epidemiólogo, el higienista y la dietista del policlínico darán seguimiento a la institución, de manera similar a como ocurre con las casas de abuelos.

"Todo lo demás corre por supuesto por responsabilidad del titular", aclaró el doctor, en referencia a la alimentación y otros aspectos operativos y de gestión.

Complemento al sistema estatal, no privatización de la salud

El Dr. Fernández Seco fue categórico al señalar que esta medida "viene complementando el incremento de la demanda de cuidado" y que no constituye una privatización de la salud pública.

"Esto es social, no es asistencial. O sea, si de alguna forma estamos privatizando, cuidado, no la salud pública", enfatizó, dejando claro que la atención médica sigue siendo responsabilidad del Estado y que estas instituciones son un complemento al sistema de cuidados existente.

El especialista subrayó que para la elaboración de esta normativa se tuvieron en cuenta "todas las experiencias internacionales" con relación a estas modalidades de atención, que existen en cualquier parte del mundo.

Incluso se consideraron los errores cometidos internacionalmente, especialmente los evidenciados durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas instituciones de cuidados privadas "quedaron a la deriva porque no tienen una participación del Estado".

En contraste, Fernández Seco destacó que en el modelo cubano el Estado mantiene el control y la atención sistemática a este tipo de instituciones, por lo que "no queda improvisada, sino que está bien establecido".

MINCIN flexibiliza el comercio mayorista para el sector no estatal

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) anunció este miércoles importantes modificaciones en la regulación del comercio mayorista y minorista para los actores económicos no estatales, como parte del nuevo decreto que deroga el anterior Decreto 107 y reduce sustancialmente las actividades prohibidas para el sector privado en Cuba.

La información fue ofrecida por el viceministro primero del MINCIN, Yosvany Pupo Otero, durante la conferencia de prensa.

Antecedentes: resoluciones 56 y 18, y su polémica

Pupo Otero recordó que el Decreto 107, en su disposición transitoria única, mandató a la entonces ministra del Comercio Interior a establecer las normas para el ordenamiento de la comercialización tanto mayorista como minorista. Como resultado, en octubre de 2024 se emitió la Resolución 56, que resultó "polémica en su momento" porque establecía condiciones que limitaban la actividad comercial de los actores no estatales.

"A partir de esas polémicas y con un principio básico que siempre existe en el país que es oír a toda la población y en este caso a los actores, se desarrollaron recorridos por todo el país", explicó el viceministro, quien añadió que se escucharon los criterios de los actores económicos, que argumentaban que la normativa "no respetaba la voluntad de las partes".

Posteriormente, en 2025 se emitió la Resolución 18, que extendió los plazos para que las Mipymes y cooperativas no agropecuarias pudieran desarrollar su actividad comercial.

Derogación de las resoluciones 56 y 18

Con la entrada en vigor del nuevo decreto, Pupo Otero anunció que se derogan tanto la Resolución 56 como la Resolución 18 de la ministra del Comercio Interior, que establecían el proceso de emisión, tramitación y control de todas las licencias comerciales vinculadas a la actividad de los actores económicos no estatales.

"Con las modificaciones que acaba de explicar Mercedes y que ya son públicas en Gaceta en el día de hoy, no tiene razón de ser que exista la resolución 56 y la resolución 18", afirmó.

Novedades en la sección F del nuevo decreto

El viceministro detalló los principales cambios introducidos en la sección F del nuevo decreto, relativa a las actividades de comercio, gastronomía y servicios:

1. Comercio mayorista: voluntad de las partes y sin condicionamientos

• No está condicionada a relaciones con entidades estatales: la realización de la actividad del comercio mayorista ya no está condicionada a que los actores no estatales establezcan relaciones contractuales con entidades estatales. "Está sobre la base de la voluntad de las partes", enfatizó Pupo Otero.

• Puede ser actividad principal o secundaria: tampoco se exige que el comercio mayorista sea la actividad principal de la entidad. Puede desarrollarse tanto como actividad principal como secundaria, eliminando así una de las principales críticas a la normativa anterior.

• Se mantiene la prohibición para trabajadores por cuenta propia: sin embargo, el nuevo decreto mantiene la prohibición de que los trabajadores por cuenta propia realicen actividades de comercio mayorista. Los argumentos, según Pupo Otero, son "múltiples", relacionados con la cantidad de trabajadores vinculados a esta actividad y las complejidades que conlleva.

2. Comercio minorista: abierto a todos los actores

El comercio minorista "lo podrán seguir haciendo todos los actores", incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, las Mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los productores, quienes también podrán vender sus producciones tanto al por mayor como al por menor.

Obligación de inscripción en el Registro Central Comercial

Pupo Otero recordó que todos los actores económicos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Central Comercial, una norma que "data de 1993" y que se mantiene vigente. Esta obligación no es exclusiva para los actores no estatales, sino que aplica a todos los actores económicos y otros que se autoricen en este proceso.

El viceministro adelantó que próximamente se modificará el Decreto 184 que rige este registro, con el objetivo de "flexibilizar términos" y "agilizar trámites". Estas modificaciones responden a dos ejes temáticos de las transformaciones económicas y sociales:

• Eje temático número 1: reducir los términos y trámites, y eliminar la limitación de que las actividades productivas y de servicios deban realizarse solo como actividad principal o secundaria.

• Eje temático número 19: transformaciones en el comercio, la gastronomía y los servicios, dirigidas a una mayor presencia de los actores económicos no estatales.

Requisitos técnicos y formales sin carácter retroactivo

Un elemento novedoso que se incorpora es la exigencia de requisitos formales y técnicos para la inscripción en el Registro Central Comercial, siguiendo el derecho comparado de "cualquier parte del mundo", donde para realizar una actividad comercial se deben cumplir ciertos requisitos.

Pupo Otero aclaró que estos requisitos no tienen carácter retroactivo: los actores que ya estén funcionando "perfectamente podrán seguir funcionando su actividad sin tener que hacer ninguna modificación". Existirá un término para la comprobación de estos requisitos, permitiendo que el actor económico "vaya creando las condiciones y fomentando las ofertas de bienes y servicios".

El viceministro destacó la posibilidad de que los actores no estatales utilicen la infraestructura existente del comercio estatal, en línea con la transformación 149 del eje temático número 19, que prioriza "las formas de gestión no estatal" en el proceso de transformación de la gestión administrativa del comercio, la gastronomía y los servicios.

"Es una ventaja poder utilizar la red que hoy existe a lo largo de todo el país", afirmó.

Beneficios para la población y el mercado interno

Pupo Otero resumió los beneficios de estas modificaciones:

• Mayores ofertas de bienes y servicios para la población.

• Eliminación de condicionamientos que limitaban el acceso a bienes en las modalidades mayorista y minorista.

• Favorecimiento del mercado interno cubano, al ampliarse las posibilidades de participación de los actores económicos no estatales.

"Es un decreto que permite que todos ganemos y el que más gana es la población", concluyó el viceministro.

MITRANS flexibiliza importación de vehículos eléctricos y gestión de terminales

El Ministerio de Transporte (MITRANS) anunció este miércoles importantes flexibilizaciones en el sector del transporte como parte del nuevo decreto que reduce las actividades prohibidas para los actores económicos no estatales, incluyendo la importación directa de vehículos eléctricos y la gestión de terminales de pasaje y carga.

La información fue ofrecida por Danna Álvarez, directora general de la dirección de planificación, organización e información del MITRANS, durante la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer las medidas del nuevo marco legal que deroga el anterior Decreto 107.

Importación directa de vehículos eléctricos con exoneración de impuestos

Una de las principales novedades anunciadas por Álvarez es la autorización para que personas jurídicas estatales y no estatales autorizadas puedan realizar la importación directa con carácter comercial para el ensamblaje y comercialización de vehículos eléctricos.

La medida abarca las siguientes clases de vehículos:

• Ciclos motor

• Motores

• Motocicletas

• Ciclos

• Autos

"Vamos a permitir o se permite la importación directa con carácter comercial para el ensamblaje y comercialización de vehículos eléctricos", afirmó la directora.

Condiciones para la importación

La funcionaria precisó que esta importación deberá cumplir con dos condiciones esenciales:

1. Estación de carga con fuentes renovables de energía: los vehículos importados deberán venir acompañados de su correspondiente estación de carga, que debe utilizar fuentes renovables de energía.

2. Cobertura total: la estación de carga debe garantizar cobertura total para el funcionamiento de los vehículos.

Exoneración de impuestos

Álvarez destacó que, en este sentido, los importadores serán exonerados de impuestos, lo que representa un incentivo significativo para fomentar la movilidad eléctrica en el país y la participación del sector no estatal en esta actividad.

Gestión de terminales y explotación de espigones

Además de la importación de vehículos eléctricos, el MITRANS valoró la flexibilización de otro grupo de actividades "muy importante para la economía del país" que pueden incrementar su desarrollo con la participación de los actores no estatales.

Entre estas actividades se encuentran:

• Gestión de terminales de pasaje: especialmente en el transporte automotor y ferroviario.

• Gestión de terminales de carga: también con énfasis en el transporte automotor y ferroviario.

• Explotación de espigones: instalaciones portuarias que permiten el atraque de embarcaciones.

• Terminales portuarias: aquellas que no sean de interés nacional para el país podrán ser gestionadas por actores no estatales.

"Se valoró la flexibilización de otro grupo de actividades muy importante para la economía del país y que puede incrementar o puede aumentar en su desarrollo", señaló Álvarez.