La ONAT trabaja en propuestas para simplificar el sistema tributario. Foto: Radio Rebelde.
La detección de operaciones financieras irregulares, la investigación de posibles delitos y la recuperación de los recursos defraudados forman parte de las acciones que desarrollan las autoridades cubanas para enfrentar la evasión fiscal, una conducta que afecta los ingresos destinados al Presupuesto del Estado.
Durante una emisión del programa televisivo Hacemos Cuba, representantes del Ministerio del Interior (Minint), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) explicaron los mecanismos de investigación y las consecuencias legales del incumplimiento de las obligaciones tributarias.
El teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Minint, señaló que la prevención constituye la primera prioridad en el enfrentamiento a estas conductas.
Explicó que las investigaciones pueden comenzar a partir de una denuncia por evasión fiscal o como resultado de otras pesquisas en las que se detecten indicios de posibles irregularidades tributarias.
En esos casos, los órganos investigativos examinan bienes, cuentas bancarias y flujos financieros para determinar la naturaleza de las operaciones, identificar a los responsables y recuperar los fondos defraudados.
Rivero Crespo precisó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la ONAT, la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, la Aduana General de la República y la Contraloría General de la República, entre otras instituciones.
Añadió que, en dependencia de la complejidad de los hechos, las investigaciones pueden revelar otros delitos asociados, como el lavado de activos, así como la existencia de bienes susceptibles de confiscación o comiso.
¿Qué ocurre si el evasor paga la deuda?
Moraima Velázquez Romero, fiscal jefa del Departamento de la Dirección de Procesos Penales de la FGR, explicó que el delito de evasión fiscal está regulado en el artículo 319.1 del Código Penal cubano.
Aclaró que la responsabilidad penal no se limita a quienes incumplen sus obligaciones tributarias, sino que también puede alcanzar a personas que, por las funciones que desempeñan, falsean información relacionada con esa actividad.
Uno de los aspectos abordados fue la posibilidad de que el contribuyente investigado reconozca la deuda y decida pagarla antes de la conclusión del juicio oral.
Según explicó la fiscal, la legislación contempla que, en determinadas circunstancias, el pago de la obligación permita adoptar decisiones como el archivo de las actuaciones o la no presentación del caso ante el tribunal.
No obstante, precisó que esa posibilidad está condicionada a que no haya existido falsedad ni maniobras destinadas a engañar a las autoridades tributarias.
La representante de la Fiscalía también señaló que durante la investigación pueden adoptarse medidas cautelares, entre ellas la fianza y el embargo preventivo, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.
La ONAT, autoridad facultada para presentar la denuncia
Belkis Pino Hernández, vicejefa primera de la ONAT, explicó que la Administración Tributaria desempeña una función determinante en estos procedimientos, pues es la autoridad facultada para presentar las denuncias por presuntos delitos de evasión fiscal.
Durante las acciones de control pueden detectarse irregularidades, como la utilización de una doble contabilidad, que constituyen indicios de posibles conductas delictivas.
En tales circunstancias, la ONAT coordina con los órganos investigativos del Minint para esclarecer los hechos.
Pino Hernández señaló que la Administración Tributaria también dispone de mecanismos para recuperar las deudas con el Presupuesto del Estado, entre ellos el embargo de bienes y cuentas bancarias.
Precisó que el embargo de cuentas figura entre las medidas más utilizadas, pues permite destinar los fondos depositados en ellas al pago de las obligaciones pendientes.
La directiva insistió en que el propósito fundamental de la institución es lograr el cumplimiento voluntario de los deberes tributarios antes que recurrir a medidas sancionadoras.
Cambios para facilitar el cumplimiento tributario
Como parte de las transformaciones económicas, la ONAT trabaja en propuestas para simplificar el sistema tributario, incluida la posible recuperación de un régimen simplificado para contribuyentes que desarrollan actividades de menor complejidad.
Pino Hernández explicó que este mecanismo permitiría agrupar determinadas obligaciones en un solo tributo, a diferencia del régimen general, que establece pagos separados y la presentación de una declaración jurada anual.
Asimismo, informó que se estudia la actualización de la escala progresiva del impuesto sobre los ingresos personales, teniendo en cuenta las condiciones actuales y los planteamientos recibidos de los contribuyentes.
También destacó los beneficios fiscales destinados a inversiones en fuentes renovables de energía y a determinadas iniciativas de responsabilidad social, sujetos a los controles y requisitos establecidos.
Los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la cultura tributaria, tanto mediante el conocimiento de las disposiciones legales como a través de la responsabilidad individual y colectiva.
En ese sentido, subrayaron que la prevención, el control y la actuación coordinada de las instituciones son esenciales para evitar la evasión fiscal y proteger los recursos públicos.
Carmen Rosa es una cubana de 39 años y madre soltera. Coincidimos mientras esperaba algún transporte en los alrededores de la terminal de Santiago de las Vegas, adonde había acudido con la esperanza de llegar puntual a su trabajo en una MiPyme de venta de electrodomésticos, ubicada por los alrededores de 100 y 51, en Marianao.
Es martes. Pero para Carmen, desde enero de este año, todos los días son iguales y llegar a su destino se ha convertido en un calvario. La escasez y los costos del transporte dentro de la capital han multiplicado sus gastos. Tras la Orden Ejecutiva del 29 de enero, todo se ha hecho mucho más difícil, aunque ya de por sí lo era para los cubanos. Carmen dice no conocer los detalles, pero en la práctica sufre las consecuencias de una obsesión que ha estado presente en todos los sucesivos gobiernos de Estados Unidos: la de destruir la revolución cubana.
Su caso, sin embargo, no es un hecho aislado. Es la puerta de entrada a un fenómeno mucho más vasto, cuantificable y documentado, que atraviesa hoy la economía, los servicios y la vida doméstica de la Isla. Detrás de la mujer que espera un ómnibus que no llega hay una cadena de decisiones tomadas fuera de Cuba, pero cuyos eslabones se cierran aquí, sobre el asfalto, sobre las terminales, sobre los aeropuertos y sobre las bodegas donde deberían estar llegando alimentos a las comunidades más vulnerables.
Los alimentos que no llegan: 20 000 toneladas detenidas por falta de combustible
El equipo país de Naciones Unidas en Cuba reportó que contaba con alrededor de 20 000 toneladas de alimentos preposicionados en el territorio nacional, cuya distribución a comunidades vulnerables avanzaba muy lentamente a causa del déficit de combustibles. Vale la pena detenerse en la cifra.
Es uno de los ejemplos más claros de la contradicción que marca la realidad del país: los recursos existen en algún punto de la cadena, pero la falta de combustible impide que circulen. En la práctica, la carencia energética no solo afecta el transporte de pasajeros; también limita la capacidad del país para hacer llegar la ayuda humanitaria y los suministros básicos a quienes más los necesitan.
Por razones similares, las autoridades del Ministerio del Transporte en Cuba han debido implementar medidas organizativas para compactar el número de recorridos de viajes interprovinciales, transporte de carga y otras modalidades de transportación. La decisión puede leerse en dos planos. En el plano administrativo, es una respuesta lógica ante un recurso escaso: si no hay combustible suficiente, se concentran los recorridos para aprovechar al máximo cada litro disponible. En el plano humano, significa menos viajes disponibles, más hacinamiento en los que se mantienen y más presión sobre una población que ya enfrenta enormes dificultades para trasladarse.
El cielo cerrado: la crisis del combustible de aviación
En el caso de la transportación aérea, ha sido mucho más difícil hallar alternativas ante la imposibilidad de adquirir los combustibles requeridos. La aviación no admite las mismas soluciones organizativas que el transporte terrestre: no se puede compactar un vuelo transatlántico ni reducir el jet fuel que consume una aeronave sin afectar su operación. Es el eslabón más rígido y más vulnerable de toda la cadena.
De hecho, a solo unos pocos días de anunciarse la Orden Ejecutiva del 29 de enero, la aeronáutica civil de Cuba tuvo que anunciar la imposibilidad de abastecer combustible de aviación (Jet A-1) en los aeropuertos cubanos. La velocidad de esa consecuencia es reveladora: apenas unos días separan la firma del documento en Washington de la paralización del suministro en los aeropuertos de la Isla. No hubo margen para buscar alternativas ni proveedores sustitutos. El cerco energético se manifestó, en este caso, como un interruptor que se apaga.
Ello ha tenido un efecto nefasto para el turismo en Cuba, al reducirse las vías de ingreso de viajeros al país: al cierre de 2025, las contrataciones realizadas con turoperadores internacionales proyectaban índices de ocupación favorables para la temporada de invierno que comenzaba a inicios de 2026, pero la imposición del cerco energético generó un cambio abrupto en esas perspectivas de recuperación.
Ese impacto ya se refleja en las cifras: la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba ha reportado un declive en las llegadas de turistas a la isla, con un total de 448 857 viajeros recibidos hasta marzo de 2026, lo que representa un 59% menos en comparación con el mismo período del año anterior, descenso debido a las presiones del bloqueo económico de Estados Unidos y su impacto en el abastecimiento de combustible.
El miedo como herramienta: la Orden Ejecutiva del 1ro de mayo
La Orden Ejecutiva del 1ro de mayo también prevé restricciones migratorias y de entrada a Estados Unidos para aquellos individuos que el gobierno de ese país considere hayan brindado apoyo material al Estado cubano. Esto es otro factor disuasorio e intimidatorio de peso para provocar el cese de las operaciones de terceros con Cuba. La lógica de esta disposición no es únicamente económica: también es psicológica. Introduce un riesgo personal para quienes, desde empresas extranjeras, mantienen vínculos comerciales con la Isla. Ya no se trata solo de sanciones a entidades, sino de consecuencias potenciales para personas concretas, con nombres, apellidos y proyectos migratorios.
Por temores similares, varias aerolíneas anunciaron la suspensión de sus operaciones con Cuba. Destaca el caso del operador Plus Ultra, entidad contratada por la aerolínea nacional Cubana de Aviación para cubrir la ruta Madrid-Santiago de Cuba-La Habana, el cual informó sobre la paralización de estos servicios el pasado 12 de mayo, bajo el argumento explícito de evitar riesgos derivados de la referida Orden Ejecutiva, que señaló como un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía.
La formulación empleada por Plus Ultra merece atención. La empresa no alegó falta de demanda, ni problemas técnicos, ni razones comerciales ordinarias. Alegó, textualmente, evitar riesgos derivados de la Orden Ejecutiva, y calificó la situación como un hecho de fuerza mayor ajeno a su control. Es decir, reconoce que su decisión no responde a su propia voluntad ni a su propio interés, sino a una presión externa que la obliga a retirarse.
Las herramientas de la presión: Ley Helms-Burton y la lista de países que patrocinan el terrorismo
La implementación de la Ley Helms-Burton, en particular su título III, así como la persecución financiera derivada de la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, han sido dos herramientas clave en la política de máxima presión contra Cuba y el reforzamiento del bloqueo desde 2019. Ambas actúan en planos complementarios.
El Título III de la Helms-Burton habilita demandas judiciales contra empresas que operan en propiedades nacionalizadas tras la Revolución, lo que introduce un elemento de inseguridad jurídica permanente para cualquier inversionista extranjero. La inclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo genera lo que se conoce como persecución financiera: dificultades para realizar transacciones bancarias, obstáculos para acceder a créditos internacionales y un escrutinio excesivo sobre cualquier operación que involucre a entidades cubanas.
El efecto combinado de ambas herramientas es un entorno en el que operar con Cuba se vuelve cada vez más costoso, riesgoso y burocráticamente complejo. No se trata únicamente de prohibiciones directas, sino de una acumulación de fricciones que, sumadas, hacen que muchos actores internacionales opten por la retirada. Es la lógica del desgaste: no se prohíbe todo de golpe, pero se dificulta lo suficiente como para que la operación resulte inviable en la práctica.
En ese contexto se inscribe otro hecho reciente: el 25 de noviembre de 2025 se presentó una nueva demanda contra la aerolínea estadounidense Delta por el demandante José Ramón López Regueiro, quien alega ser el heredero legal del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Más allá del resultado que pueda tener, su sola presentación envía una señal: cualquier empresa que opere en instalaciones cubanas puede convertirse en objeto de litigio. El efecto es preventivo y disuasorio, y se suma a la ya extensa lista de mecanismos que estrechan el cerco.
Los números del transporte: una brecha que se mide en miles
Los datos disponibles sobre el estado del transporte en Cuba permiten dimensionar con precisión la magnitud del problema. El Programa Nacional de Viales solo se implementó en 2025 en un 43%. El Programa de Reparación de Aeropuertos se llevó a cabo en un 58%. La transportación de pasajeros en La Habana se realiza actualmente con poco más de 100 ómnibus, cuando se requieren como mínimo 3 000 para dar un servicio de calidad. Además, la limitadísima asignación de alrededor de 40 000 toneladas de combustible que se destinó para la transportación de pasajeros en el último año solo pudo ser cubierta en un 65%, aproximadamente.
Cada una de estas cifras merece una lectura detenida. El 43% de ejecución del Programa Nacional de Viales significa que más de la mitad de las obras previstas para mejorar carreteras y caminos quedaron sin realizar. En un contexto donde el estado de las vías incide directamente en el consumo de combustible, en el desgaste de los vehículos y en la seguridad de los viajes, este dato no es un simple indicador administrativo: agrava el resto de los problemas. Un camino en mal estado consume más combustible y deteriora más rápido a los ómnibus que por él circulan.
El 58% del Programa de Reparación de Aeropuertos apunta en la misma dirección: poco más de la mitad de las intervenciones previstas se completaron, lo que deja instalaciones a medio rehabilitar en un momento en que la conectividad aérea resulta crítica para el turismo y para las comunicaciones del país con el exterior.
Pero es el dato de los ómnibus el que pesa más. Poco más de 100 unidades para una ciudad que requiere como mínimo 3 000. Si se traduce a porcentajes, La Habana dispone de aproximadamente el 3,3% del transporte público que necesita. Es decir, de cada 30 ómnibus necesarios para operar con un mínimo de calidad, apenas circula uno. Esta proporción ayuda a entender por qué la espera de Carmen Rosa se prolonga, por qué los pocos vehículos que pasan van llenos y por qué el costo del transporte privado se ha multiplicado para quienes no tienen otra alternativa.
A ello se suma la cuestión del combustible: de las alrededor de 40 000 toneladas asignadas para la transportación de pasajeros, solo pudo cubrirse aproximadamente el 65%. Dicho de otro modo, faltó alrededor de un tercio de lo previsto. La combinación de ambos factores —pocos vehículos y menos combustible del previsto— configura un escenario en el que ni siquiera los recursos limitados pueden aprovecharse plenamente.
La comparación más dura: peor que el Periodo Especial
Tal escenario ha llevado a las autoridades del transporte en Cuba a valorar que la situación actual en este sector es más compleja que durante los años más difíciles del llamado “Periodo Especial‚ en la década de los 90 del siglo pasado.
Esta comparación, formulada por las propias autoridades del ramo, tiene un peso enorme. El Periodo Especial fue, para varias generaciones de cubanos, el ejemplo de la escasez extrema: los años en que se multiplicaron las bicicletas, se generalizó el transporte de tracción animal y la vida cotidiana se reorganizó en torno a la carencia. Que hoy las autoridades del transporte consideren la situación actual “más compleja” que aquellos años es una señal seria sobre la gravedad del momento.
La diferencia, según se desprende del escenario descrito, radica en varios factores. En los años 90 existía un contexto internacional en transformación, con el fin de la Guerra Fría y un mundo que, pese a las dificultades, ofrecía ciertos espacios de reinserción. Hoy el cerco se ha reforzado con instrumentos de alcance extraterritorial, con sanciones secundarias, con listas que penalizan financieramente y con órdenes ejecutivas que introducen riesgos personales para quienes operen con Cuba.
El saldo medible: 202 010 740 dólares en daños
Los daños generados al transporte en el último año alcanzan la cifra de 202 010 740 USD. Esta cifra condensa en un solo número la sumatoria de múltiples afectaciones: rutas suspendidas, infraestructura deteriorada, programas inconclusos, ingresos turísticos perdidos, horas de trabajo no remuneradas y gastos adicionales asumidos por la población para acceder a transportes alternativos.
Detrás de los 202 010 740 dólares hay, por tanto, una doble dimensión. La primera es económica y visible: lo que el país deja de ingresar, de invertir y de reparar. La segunda es social, más difícil de cuantificar pero igualmente real: el tiempo perdido por millones de personas, las oportunidades laborales y educativas truncadas por la imposibilidad de trasladarse y el desgaste físico y emocional de una población que enfrenta cada desplazamiento con dificultades.
Carmen Rosa, otra vez
Carmen Rosa sigue esperando. Su realidad no es un dato estadístico, pero los datos ayudan a explicarla. Los poco más de 100 ómnibus que circulan en La Habana donde se necesitan 3 000; las 40 000 toneladas de combustible cubiertas solo al 65%; las 20 000 toneladas de alimentos que esperan distribución; el 43% del programa de viales; el 58% del programa de aeropuertos; los 202 010 740 dólares en daños. Todas esas cifras terminan en su espera.
Ella dice no conocer los detalles de las órdenes ejecutivas, de la Ley Helms-Burton, de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo ni de las demandas judiciales. Y sin embargo, las sufre. Su calvario diario es la cara visible de una política de cerco que se expresa en números, pero se vive en horas: horas de espera bajo el sol, horas de trabajo perdidas, gastos multiplicados y la incertidumbre de no saber si mañana podrá llegar.
Entrega, de sol a sol. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
Las transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba incorporan un conjunto de medidas dirigidas a favorecer la recuperación de la agricultura, incrementar la producción de alimentos y crear mejores condiciones para quienes trabajan y desarrollan proyectos en el campo.
Durante la emisión de la Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, explicó los principales elementos de este proceso, su traducción en normas jurídicas y los mecanismos concebidos para facilitar el acceso a la tierra, fortalecer las cooperativas, ampliar las posibilidades de comercialización y garantizar insumos y financiamiento.
El ministro señaló que el eje temático relacionado con la recuperación agrícola mantiene vínculos con al menos 162 transformaciones, debido a que la agricultura tiene relaciones prácticamente con todos los procesos económicos que se implementan en el país.
La producción agropecuaria, afirmó, necesita recuperarse y transformarse para incrementar sus resultados. Para ello, ya se cuenta con un conjunto de normas jurídicas que permiten avanzar de las decisiones adoptadas a su implementación concreta.
Explicó que estas normas fueron trabajadas durante varios años y con participación cercana de los productores, buscando información y criterios que permitieran alcanzar mayor claridad y seguridad jurídica.
El proceso integra varios componentes que, según el ministro, deben funcionar de manera articulada: la gestión y el uso de la tierra, los productores y el capital humano, las cooperativas, la comercialización, el mercado de insumos y el financiamiento.
La gestión y el uso de la tierra constituyen uno de los puntos centrales de las transformaciones. Pérez Brito reconoció que una parte importante de este recurso se encuentra actualmente ociosa o deficientemente explotada.
Entre las dificultades que inciden en esta situación mencionó el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético, la migración del campo hacia las ciudades y el envejecimiento de la población rural.
Frente a este escenario, las nuevas normas buscan facilitar la incorporación de más personas naturales y jurídicas a la producción agropecuaria y crear condiciones para que la tierra pueda aprovecharse con mayor eficiencia.
El ministro explicó que el conjunto de medidas está respaldado por 20 normas y un acuerdo: una ley, siete decretos-leyes, siete decretos, cinco resoluciones y un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros relacionado con la banca de fomento y la banca de desarrollo.
El objetivo es proporcionar seguridad jurídica para la inversión y hacer más atractivo el campo para nuevos productores, incluyendo personas jóvenes y quienes busquen desarrollar allí sus proyectos de vida.
En este sentido, ocupa un lugar fundamental la Ley 185, Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, y su reglamento, el Decreto 175. El ministro explicó que se trata de una norma integral que actualiza y flexibiliza disposiciones anteriores y establece un marco destinado a ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes quieran invertir y producir en el campo.
La legislación contempla el otorgamiento gratuito del derecho real de usufructo a personas naturales y jurídicas, ampliando las posibilidades de acceso a la tierra.
¿Quiénes pueden acceder a la tierra?
Uno de los cambios señalados es la ampliación de los actores que pueden solicitar tierras para desarrollar proyectos productivos.
Entre ellos figuran los campesinos y usufructuarios, sus familias vinculadas a la producción agropecuaria, forestal, tabacalera y acuícola; las cooperativas; las empresas estatales; los proyectos de desarrollo local; las pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas; los polos productivos agropecuarios y forestales; las modalidades de inversión extranjera y otras personas naturales o jurídicas relacionadas con la producción de alimentos.
El ministro destacó que también se contemplan posibilidades para el autoconsumo de empresas estatales y para cubanos residentes en el exterior que cumplan las condiciones establecidas.
La ampliación de las áreas no queda limitada a una superficie determinada cuando el proyecto requiera mayor extensión, según explicó, sino que puede crecer en correspondencia con la propuesta productiva.
La propiedad estatal de la tierra se mantiene. El ministro precisó que aproximadamente el 80 % de las tierras son propiedad estatal socialista, mientras que las empresas estatales que las administran pueden otorgar derechos de usufructo para que sean explotadas por otros actores.
También las cooperativas pueden entregar tierras sin perder su patrimonio, bajo las condiciones previstas en la legislación.
“La tierra es propiedad de nuestro pueblo. Por tanto tenemos que lograr producir”, puntualizó.
Menos trabas y mayor rapidez en los trámites
Uno de los objetivos señalados es reducir la burocracia asociada a la entrega y puesta en explotación de las tierras.
La normativa establece que puede concederse una administración provisional en menos de diez días, mediante una resolución del director de una empresa, aprobada por su consejo de dirección, o del presidente de una cooperativa, con la aprobación de su asamblea.
Esto permite que el productor pueda comenzar a trabajar mientras continúa la realización de otros trámites relacionados con permisos, certificaciones e inscripción del derecho de usufructo.
El ministro insistió en que el propósito es que los productores no tengan que invertir largos períodos de tiempo en gestiones administrativas antes de comenzar a producir.
Según informó, aunque la norma había sido publicada recientemente, ya se habían recibido solicitudes sobremás de 15 000 hectáreas de tierra, correspondientes a más de 13 mipymes y otros actores.
Además de esperar las solicitudes, el Ministerio busca identificar en los territorios a personas y proyectos con capacidades para producir y acompañarlos en la preparación de sus propuestas.
El acceso a insumos constituye otro de los elementos centrales de la transformación. Se han diseñado incentivos para que diferentes actores económicos puedan comercializar insumos y equipos agropecuarios tanto en divisas como en pesos, incluidos los combustibles.
El propósito es dinamizar la actividad agrícola y facilitar el acceso de los productores a los recursos que necesitan.
El ministro vinculó esta política con la necesidad de incrementar la producción y la eficiencia, pues los precios pueden reducirse en la medida en que aumenten los volúmenes producidos y mejore la eficiencia.
La legislación incorpora también la agricultura por contrato, una modalidad que permite establecer vínculos entre productores que disponen de tierras pero carecen de determinados recursos y otros actores capaces de aportar financiamiento o insumos.
De esta manera, un productor puede asociarse con otro campesino, una persona natural o jurídica privada o un actor de inversión extranjera establecido en el país para poner en producción una finca que enfrenta dificultades.
El mecanismo permite que quien aporta los recursos pueda posteriormente participar como comprador, siempre respetando los destinos prioritarios establecidos en los balances municipales.
En este esquema, el ministro destacó la importancia de que el productor tenga garantizado un retorno que le permita recuperar lo invertido y continuar desarrollando su actividad.
Comercialización en condiciones de mercado
La flexibilización de las relaciones comerciales también abre nuevas posibilidades para las cooperativas, entre ellas la exportación, una opción que anteriormente no tenían en las mismas condiciones.
Al mismo tiempo, se pretende evitar que exista un único comprador para la producción. El ministro señaló que esto puede contribuir a reducir situaciones en las que productores enfrentaban dificultades para cobrar por sus productos.
Las nuevas relaciones comerciales buscan que tanto los actores estatales como los privados puedan recuperar lo invertido y continuar destinando recursos al desarrollo de sus actividades.
El proceso no se concentra únicamente en grandes extensiones o polos productivos. El ministro insistió en la importancia de la pequeña y mediana agricultura, los negocios familiares y la agricultura familiar.
También destacó la necesidad de desarrollar alternativas agroecológicas y técnicas más amigables con el medio ambiente, especialmente ante las restricciones existentes para acceder a determinados insumos.
La producción puede complementarse con actividades como el agroturismo y el ecoturismo, siempre que se mantenga la producción agrícola como actividad principal.
La norma permite además que determinados proyectos puedan ampliar su área cuando sea necesario y contempla posibilidades de desarrollar actividades complementarias vinculadas a la tierra.
En sentido general, el conjunto de medidas pretende crear un marco más flexible y seguro para que nuevos actores se incorporen a la producción y para aprovechar mejor las tierras que permanecen ociosas o deficientemente explotadas.
La estrategia articula tierra, cooperativas, mercados, comercialización, insumos y financiamiento, con el objetivo de que las transformaciones económicas y sociales puedan traducirse en resultados concretos en el campo.
El ministro reconoció que el contexto sigue siendo complejo. La agricultura enfrenta dificultades asociadas a la disponibilidad de insumos y combustibles, a la reducción de la fuerza de trabajo y a condiciones climáticas cambiantes. Sin embargo, defendió que el nuevo marco jurídico puede abrir oportunidades para enfrentar esas limitaciones mediante una mayor participación de productores y actores económicos.
La tarea que queda por delante es llevar las normas a la práctica, reducir las trabas y conseguir que las nuevas posibilidades de acceso a la tierra, producción, comercialización y financiamiento se traduzcan en más alimentos para la población y una mayor capacidad productiva en los territorios.
El desafío de la implementación: “Hay que lograr resultados”
En los últimos minutos de la Mesa Redonda, el Ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, abordó el reto de la implementación de estas transformaciones. “Exacto, grande, usted lo decía, lo importante es lograr ahora el resultado, la implantación. Nosotros tenemos indicadores ya, porque al final, si no logramos crecer la producción de alimentos, si no logramos mejorar los precios, los requisitos de nuestro pueblo, al final no tendremos resultados. Podemos tener mucho esfuerzo para lograr resultados y es clave: se tiene que ver en la mesa, en el plato y en los incrementos del bienestar en el campo, en el crecimiento del campo, en la explotación de la tierra, en el crecimiento de la masa ganadera. Nosotros vamos decreciendo la masa ganadera por año y el nivel importante de vacas de crecimiento”.
“Por eso la clave de estas medidas, como dije al principio, es la integración que tiene, porque es básico, fundamental para nosotros buscar incentivos para incrementar la producción, incrementar la protección de estos animales, el cuidado, porque uno puede criar, pero no producir. Hay que producir, hay que sembrar y hay que buscar eficiencia, porque si no buscamos eficiencia no podemos competir, no podemos mejorar el precio. Hay que lograr también varios destinos de la producción. Hemos logrado en las últimas siembras, en las últimas cosechas de primavera e invierno, más extensión de tierra sembrada, pero con menos rendimiento por la falta de insumos. Además, nunca es suficiente, hay que sembrar más sales, tenemos muchas sales vacías, deficientemente explotadas”, reconoció.
El ministro destacó la importancia de la integración. “Y además es importante, se ha logrado, usted lo decía, presidido por el vicepresidente Tapia, que dirige el eje y demás, con toda la integración. Es importante hablar de la integración. Nosotros no solos no estamos en este eje. Trabajamos con la INOTU, con GEOCUBA, con el MINTUR, con el Ministerio de Justicia, con el Tribunal Supremo, con la ANAP, con el MINCIN, con los bancos, con el Ministerio de Economía y Planificación, con el Ministerio de Finanzas, con el MINCIN. Es clave toda la integración de los organismos porque todos tienen relación con nosotros, relación con las normas, relación con todos los temas y muchos organismos más. Todos tenemos una relación de trabajo y se han creado grupos de trabajo por esta transformación, que tienen esa integralidad”.
“Y así hemos salido a los territorios y hemos dado, yo no diría, son intercambios, porque esto hay que lograr capacitarse, aprendemos todos los días, no nos conocemos esto completamente, son muchas normas, muchas transformaciones. La fiscalía también ha estado con nosotros, todos los organismos, o sea, el Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas, una integralidad para buscar realmente una salida a las normas, una implantación lógica de las normas y las trabas. Pero para eso hay que conocer las normas, la tienen que conocer también los que dirigimos, pero también tienen que conocer los productores”.
“Es importante los temas jurídicos, el acercamiento, el acompañamiento de nuestros jurídicos, porque son muchas cosas que hay que implantar, que hay que buscar, que son diferentes. En este tema es muy importante para nosotros la agricultura y son muchos productores: hay más de 400 mil tenientes de personas naturales y jurídicas en la agricultura y tenemos que seguirlo incrementando. Por tanto, ahí, nuestras cooperativas, más de 4 mil cooperativas, entonces hay que preparar y capacitar mucho, pero hay que hacerlo…”, subrayó.
La clave está en los territorios
Tenemos ahora toda esta diversidad de actores que forman nuestro sistema alimentario local, explicó el ministro.
“Hay que seguir, nosotros tenemos que seguir ayudando a ese municipio, ahí en el territorio. Nosotros tenemos que lograr llegar y estar más tiempo en los territorios, haciendo con los territorios, porque son cosas que cambian mucho.
Los municipios tienen una autonomía ahora, pero cómo la tienen que hacer. Hay que apoyar mucho a esos municipios, a esos intendentes nuestros, a esos consejos de manutención municipal, a esas empresas, porque una empresa no entregaba tierra, lo entregaba una comisión agraria municipal y provincial… Y ahora sí lo puede hacer. Ahora sí lo puede hacer, y esa comisión agraria quedaría para el control, para la fiscalización, para otros temas de conflicto y demás. Pero ahora el director tiene que lograr con su consejo de dirección dar ese servicio, dar esa transparencia, esa rapidez… Hacerlo rápido. Hacerlo rápido, lograr acompañar, hacer los pedidos, no lograr trabar eso. O sea, que reubicar algunas áreas, se hace falta reubicarlas”, agregó.
AZCUBA y la caña
El ministro se refirió también a la situación de AZCUBA. “Tiene también muchas áreas vacías, por la situación que tiene también. También da la posibilidad de entregarle muchas tierras ociosas, da la posibilidad también de entregarlas, porque tenemos que sembrar caña. También hace falta entregar tierras en usufructo y en sus áreas para producción, para sembrar caña, que eso es clave para nosotros. Además todos los exportables, el tema de los alcoholes, pero también alimento animal, que es básico. Y la caña es esencial para nosotros, es un cultivo que, como nuestro comandante jefe, es un cultivo que más convierte la energía solar en alimento, y que más organiza nuestro clima, que a veces viene junto el agua y después la sequía, la caña lo hace. Tenemos que recuperar la caña, es básico para nosotros, es un cultivo también agrícola, y da posibilidades para los productores también.
Sin duda es un reto extraordinario el que tiene por delante el país: hacer agricultura en las peores condiciones. Tabaco haciendo cosas también importantes en el país, mostrando caminos que se pueden seguir. Mostrando que podemos salir. El tabaco es uno de los programas que dobla el camino y ayuda a financiar también temas estratégicos de la agricultura. Esa es parte de a lo que vienen estas transformaciones: abrir caminos, derribar obstáculos, flexibilizar formas, incrementar más actores de la economía, tanto individuales como empresas y entidades, e incluso actores extranjeros, que puedan participar de la producción agrícola del país. Todo un desafío: hacer esto bien, implantarlo bien, desarrollarlo bien. Y ese es el camino que ahora se comienza a transitar, y que debe rendir frutos”, concluyó el Ministro de Agricultura.
En video, Mesa Redonda sobre las transformaciones en la Agricultura:
La isla actualizó las reglas sobre suelos y fertilizantes dentro de una reforma agrícola más amplia, mientras la degradación condiciona la capacidad de producir alimentos.
Por Valeria Cortés Alvarado. Periodista con visión global, especializada en tendencias y comercio internacional, y en su impacto sobre las cadenas agroalimentarias de América Latina.
Fuente: AgroLatam.com
Autor: AgroLatam.com
Cuba avanza en la aplicación de un nuevo esquema regulatorio para el manejo de sus tierras agrícolas en medio de un problema que condiciona directamente su producción de alimentos: más del 75% de la superficie agraria del país está afectada por factores que limitan su productividad. La actualización del Decreto-Ley 50 sobre conservación y manejo sostenible de los suelos y utilización de fertilizantes fue publicada el 24 de septiembre y forma parte de un paquete de cambios legales implementados durante 2026 para intentar impulsar la recuperación del sector agropecuario.
La cifra permite dimensionar por qué la regulación va mucho más allá de una cuestión ambiental. Investigaciones del Instituto de Suelos del Ministerio de la Agricultura, difundidas por la FAO, identifican entre las principales limitantes erosión, compactación, baja materia orgánica, salinidad, escasa retención de humedad, pedregosidad y problemas de drenaje. Son condiciones que afectan el potencial productivo de las tierras y obligan a relacionar cualquier estrategia de recuperación agrícola con el estado del suelo.
La publicación de septiembre no creó desde cero el Decreto-Ley 50, vigente originalmente desde 2021. Lo que hizo fue reunir en una versión actualizada y concordada los cambios introducidos por el Decreto-Ley 126, aprobado el 22 de julio y publicado el 9 de septiembre de 2026. El propio texto oficial señala que la actualización responde a las transformaciones económicas y sociales orientadas a incentivar la recuperación agrícola.
Qué cambia para productores, suelos y fertilizantes
Uno de los puntos centrales es que los productores deben vincular la planificación agrícola con la capacidad real de sus tierras. La normativa establece que quienes utilicen suelos para producciones agropecuarias, cañeras, forestales y frutícolas tienen la obligación de elaborar sus planes de siembra de acuerdo con la agroproductividad de los suelos, considerando además el balance de nutrientes, su disponibilidad y las necesidades de cada cultivo.
El esquema alcanza a personas naturales y jurídicas que sean propietarias, usufructuarias o poseedoras de tierras y establece principios de sostenibilidad, prevención y responsabilidad. Esto último implica que quien genere efectos degradantes debe asumir las medidas preventivas y correctivas correspondientes. El objetivo oficial es preservar la fertilidad y utilizar de manera integrada los fertilizantes sin comprometer la capacidad futura de producir alimentos.
También cambia el control de los insumos. La Dirección de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de la Agricultura queda encargada del balance nacional de fertilizantes minerales, orgánicos, órgano-minerales y biológicos, además de correctores, estimulantes y enmiendas. Ese balance contempla la demanda vinculada con importaciones estatales, las donaciones recibidas por el Estado y la información sobre importaciones realizadas por otras personas naturales y jurídicas, junto con la producción nacional.
Para la actividad cañera aparece otra particularidad. La normativa permite excepcionalmente al Grupo Empresarial Azucarero ejecutar el servicio pedológico y agroquímico sobre los suelos destinados a caña. Esas dependencias deberán informar anualmente las áreas analizadas, la ubicación de los muestreos, los resultados obtenidos, el balance de nutrientes y las dosis recomendadas de fertilizantes y otros productos destinados al mejoramiento del suelo.
Un millón de hectáreas afectadas por salinidad
La dimensión del deterioro explica el énfasis regulatorio. Además de las distintas limitaciones que afectan a más de tres cuartas partes de la superficie agraria, alrededor de un millón de hectáreas están afectadas por salinidad o sodicidad. La FAO ha advertido que este fenómeno impacta producciones como frutas, hortalizas, papa, raíces tropicales, maíz y arroz.
El país ya viene implementando proyectos para recuperar capacidad productiva. En agosto de 2026, la FAO informó que el proyecto Resiliencia Climática en los Ecosistemas Agrícolas de Cuba (IRES) avanzaba sobre tierras afectadas por degradación, sequía y proliferación de marabú en siete municipios, con el objetivo de reincorporarlas a la producción y fortalecer la seguridad alimentaria.
La actualización sobre suelos tampoco aparece aislada dentro del ordenamiento agrícola cubano. La Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, publicada en septiembre, obliga a los productores a utilizar la tierra en armonía con el ambiente, aplicar fertilización integrada, promover la rehabilitación de los suelos y emplear tecnologías que mitiguen los efectos del cambio climático. También incorpora el aprovechamiento de residuos agropecuarios y forestales para mejorar las tierras.
Cuba cuenta además con un Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos y ha recibido cooperación internacional para fortalecer laboratorios y servicios de análisis agroquímico, herramientas que permiten determinar nutrientes, salinidad, acidez y otras variables antes de definir fertilización y manejo. En un territorio donde más del 75% de la superficie agraria enfrenta algún factor que limita su productividad, recuperar suelo fértil se convirtió también en una cuestión de producción y disponibilidad de alimentos.
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