Las mipymes crecieron hasta las casi 10 000 que se encuentran aprobadas hoy, con un impacto relevante en los presupuestos de los gobiernos locales, ventas en moneda nacional, volúmenes de importación y empleo
Trabajadores de una pequeña empresa privada laboran en un taller que ofrece servicios de tornería y mecánica, en La Habana. Muchas actividades del sector privado se han visto afectadas por la actual crisis energética en Cuba.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La Habana, 13 mar.- La crisis energética en Cuba, que el bloqueo petrolero de Estados Unidos está llevando a la asfixia, enturbia el desempeño del sector privado en la isla y el gobierno intenta paliar la situación ampliando el alcance de las empresas del rubro.
La Gaceta Oficial de la República publicó el 3 de marzo el Decreto-Ley 114 de 2025, aprobado en diciembre y que entrará en vigor el 3 de abril.
La norma permite la creación sociedades de responsabilidad limitada mixtas, con capitales integrados de empresas estatales y privadas, hasta ahora inexistentes en el derecho mercantil de este país insular caribeño.
Asimismo, establece los mecanismos para la adquisición de participaciones en micro, pequeña y medianas empresas (mipymes) privadas ya existentes, la absorción de estas por una entidad estatal y la concertación de contratos de asociación económica que no implican la creación de una nueva figura jurídica.
“Este decreto de ley es positivo, pero me parece que no es parte de una estrategia de largo plazo para fomentar una economía mixta en Cuba, sino que se ha aprobado para crear negocios que apuntalen a la empresa estatal cubana que está pasando por un momento muy complicado”, dijo a IPS el economista Daniel Torralbas.
Gran parte de la infraestructura de las empresas estatales, así como otras capacidades ociosas y trabajadores altamente cualificados, están siendo desaprovechados por falta de materias primas, combustible o, simplemente, del fluido eléctrico.
Actualmente Cuba solo logra, con su generación eléctrica, cubrir 40 % de la demanda nacional, mientras prioriza el suministro al sector residencial, sectores esenciales de la salud y algunos rubros exportables de la industria.
“Este decreto de ley es positivo, pero me parece que no es parte de una estrategia de largo plazo para fomentar una economía mixta en Cuba, sino que se ha aprobado para crear negocios que apuntalen a la empresa estatal cubana que está pasando por un momento muy complicado”: Daniel Torralbas.
Los cortes programados, acompañados de otros imprevistos, dejan sin luz a la población cubana durante 12 horas diarias y hasta más, con mayores afectaciones fuera de La Habana.
La situación se agravó desde el 29 de enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que amenazó con aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba.
Ese bloqueo petrolero ha provocado, por la falta de combustibles, la suspensión de varias rutas aéreas, así como el hundimiento del transporte y de las condiciones de vida de los 9,7 millones de pobladores de la isla.
La nueva ley permite una asociación público-privada “cualitativamente superior”, mientras que hasta ahora esas alianzas ocurrían sobre la base de contratos de producción.
Desde abril, las sociedades mixtas podrán exportar e importar directamente, sin intermediarios estatales, y sin estar limitadas por el listado de actividades prohibidas del sector privado, que comprende a muchos negocios de servicios profesionales, agregó el economista.
Sin embargo, existe mucha “discrecionalidad” en la aprobación de estas entidades, que se teme que puedan obstaculizar su creación.
Para su implementación, se necesita el aval de la contraparte estatal, del organismo superior al que se subordina, del Ministerio de Economía y Planificación, del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, así como de otros ministerios relacionados con la actividad que desempeñará la nueva empresa mixta.
“Es difícil que un proceso así sea rápido y transparente, porque no están explícitas las razones por las que se pudiera denegar un negocio de este tipo. Se corre el riesgo de que haya muchas solicitudes de creación, que no lo creo, pero que se aprueben muy pocas. Y eso no tendrá un impacto estructural en la economía cubana”, afirmó Torralbas.
La norma abre las puertas para que los privados puedan invertir en sectores históricamente vetados por el gobierno, como en la producción de azúcar, de medicamentos, agencias de turismo y otros.
Pero tiene limitantes por las diferencias que existen entre las formas de gestión privada y estatal, según el director ejecutivo de un negocio privado, quien prefirió mantenerse en anonimato.
“El privado usa prácticas no oficiales o lagunas legales para poder bandearse con las regulaciones y los tributos. Y esto sería un desafío ejecutarlo en una colaboración público-privada. La mayoría de los negocios privados ‘inventan’ para poder competir y sobrevivir”, dijo.
Apertura durante la crisis
Según Torralbas, desde 2016 el gobierno cubano ya manejaba la posibilidad de la propiedad mixta entre partes nacionales, a través de un documento llamado la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, que marcaba una estrategia de transformaciones económicas en el país.
Además, el Decreto-Ley 34, de 2021, que regula el sistema empresarial estatal cubano, ya contemplaba la posibilidad de que las entidades estatales se asociaran con actores no estatales para crear nuevas personas jurídicas, pero no se emitió el reglamento que lo hiciera efectivo.
Pocos meses después, en agosto de ese año, el gobierno permitió la creación de las mipymes, con una base jurídica que sufrió varias transformaciones en los años siguientes, así como periodos de flexibilización y contracción de los controles para la actividad de las emergentes empresas privadas.
Las mipymes crecieron hasta las casi 10 000 que se encuentran aprobadas hoy, con un impacto relevante en los presupuestos de los gobiernos locales, ventas en moneda nacional, volúmenes de importación, empleo, pero todavía con grandes limitaciones en el acceso a divisas por vías oficiales, a créditos bancarios y debido a la burocracia.
“La situación que tiene Cuba con el combustible nos ha beneficiado porque han aumentado mucho los servicios, pero sigue siendo difícil tener acceso a partes y piezas para el mantenimiento”, dijo a IPS Dorca Rodríguez, fundadora y socia de Vélo Cuba, un emprendimiento femenino enfocado a la ciclomovilidad sostenible desde 2014, que se estableció en septiembre de 2021 como una de las primeras mipymes en Cuba.
Algunos negocios, que inciden directamente en soluciones a la escasez de combustible, como este taller de reparación de bicicletas, que ayuda a paliar el problema de la movilidad de la población, han aumentado en las últimas semanas sus ventas y servicios.
En el actual panorama de inflación, una industria estatal casi inoperante y una mayor escasez de carburantes, el Estado vuelve a ofrecer, en el transcurso de apenas un mes, un mayor alcance al sector privado, con la autorización de sociedades mixtas, de residencias privadas para el cuidado de personas, más exenciones de impuestos al importar de paneles solares, así como el permiso a importar combustibles por privados.
El problema de las asociaciones mixtas es que llegan “demasiado tarde”, cuando Cuba está en su peor momento económico, dijo Torralbas.
Para Marcos Milanés, director ejecutivo Cuban Engineer, pequeña empresa privada de desarrollo de software, “la época de crisis afecta a todos”, y su negocio, uno de los quizás no tan perjudicados directamente por la escasez de combustible, es un ejemplo de ello.
“Sin electricidad no hay datos móviles. Además, las baterías de laptops y estaciones portátiles de energía no duran lo que los apagones (cortes eléctricos) actuales. La productividad también baja porque es difícil mentalmente trabajar en apagones, con calor, poca iluminación, más preocupaciones”, dijo.
Una pequeña empresa privada dedicada a la producción y comercialización de microvegetales en La Habana. Las alianzas públicas-privadas pueden ofrecer grandes beneficios al sector privado, pero sería más efectivo si se implementa como parte de una reestructuración empresarial que transforme el sector estatal.
Combustible para algunos
El gobierno cubano autorizó el 6 de febrero la importación de combustibles por empresas privadas, junto a medidas de racionamiento de combustible, y otras del llamado plan de contingencia ante el bloqueo petrolero que Estados Unidos oficializó a finales de enero.
El 25 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una nueva guía, indicando a las empresas estadounidenses que consideraría favorablemente las solicitudes de licencias para la reventa a empresas privadas cubanas de petróleo de origen venezolano.
El anuncio amplía otra guía emitida por el Departamento de Comercio ese mismo día, que autoriza las exportaciones de petróleo a Cuba para “actividades económicas del sector privado y aquellas vendidas directamente a particulares para uso personal o familiar”, sin necesidad de autorización gubernamental, y con la condición de que no se puede vender petróleo al gobierno cubano.
La medida suaviza el cerco petrolero a Cuba, días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos derogara la orden ejecutiva del 29 de enero firmada por el presidente Donald Trump que amenazaba con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.
En todo caso, Trump ha insistido en varias ocasiones en que a las actuales autoridades cubanas les queda poco tiempo, desde el secuestro en Caracas del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, el 3 de enero, por tropas estadounidenses.
El viernes 6 Trump insistió en una entrevista que “Cuba también va a caer… va a caer muy pronto”
Pero desigualdades entre los privados que pueden importar el combustible y los que no, dependen mayormente de los dólares, con un primer grupo que puede mantener un suministro de combustible debido a su alta capacidad financiera y su necesidad de mantener cadenas logísticas con almacenes y flotas de camiones.
“Un grupo muy pequeño podrá sostener el suministro, pero la inmensa mayoría del sector privado está en una situación de mucha vulnerabilidad e incertidumbre. El precio de ese combustible importado es muy elevado: más de tres dólares el litro de gasolina y de diésel”, dijo Torralbas.
Por otra parte, aunque está prohibida la reventa del combustible importado, ya que Cuba solo permite que sea para el autoconsumo, “estoy seguro que una parte se va a desviar para el mercado negro, y entonces es donde entra la segunda capa de las mipymes que puede comprarlo”, agregó.
En el mercado oficial, aun con la dolarización general de la venta de gasolina, su precio excede por poco un dólar por litro, pero está topado a 20 litros por vehículo, que deben hacer filas durante meses a través de la lista de espera de una plataforma digital.
En el mercado negro, el litro de gasolina cuesta, por su parte, el equivalente a entre ocho y diez dólares el litro.
De acuerdo a Torralbas, si Cuba autorizara a sus empresas privadas vender el combustible que importan, podría atenuarse un poco más la escasez, pero no al punto de cubrir, con capital privado, la pérdida de los envíos procedentes de México o Venezuela.
Además, almacenar, transportar y manipular el combustible conlleva retos técnicos e infraestructurales, aunque estos quizás pudieran solucionarse con la nueva norma de sociedades mixtas, acotó este especialista en el sector privado de Cuba.
“En teoría, ahora se pudiera convertir una gasolinera estatal que actualmente no está vendiendo combustible, en una mixta: la empresa estatal aporta la infraestructura, los vehículos especializados y la mano de obra, y las mipymes privadas, la divisa para importar gasolina”, dijo.
Sin embargo, empresas mixtas con alianzas público-privadas, centradas en la importación y comercialización de combustibles, necesitarían un aval más luego de conseguir los de varios ministerios cubanos: la de Estados Unidos y su política de bloqueo petrolero al gobierno de la isla.
ED: EG
