El Decreto-Ley 133, publicado el pasado 2 de septiembre en la Gaceta Oficial, flexibilizó las competencias de los actores económicos no estatales, al reducir requisitos y trámites, ampliar las posibilidades de contratación y permitir una mayor diversificación de actividades.
La entrada en vigor de estas disposiciones abre una nueva etapa para el sector, cuyos principales cambios y posibilidades fueron explicados este miércoles en la Mesa Redonda por Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales (Inaene).
Según explicó la funcionaria, las transformaciones aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 18 de junio, y respaldadas ahora por las normas jurídicas correspondientes, responden a reclamos y preocupaciones planteados por el propio sector y eliminan limitaciones que condicionaban su funcionamiento.
“Hoy realmente le abren nuevas oportunidades y posibilidades para poder funcionar y desarrollarse”, afirmó.
Un nuevo respaldo jurídico para las transformaciones
López Acea explicó que, tras la aprobación de las transformaciones, se desarrolló un amplio proceso de actualización normativa para garantizar su implementación. En ese trabajo participaron el Inaene, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Planificación y los organismos rectores de las diferentes actividades.
Como resultado, fue aprobado el Decreto-Ley 133, modificativo de las normas que regulan la creación y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
La presidenta del Inaene destacó además la aprobación de tres normas complementarias: el procedimiento para la creación y funcionamiento de las mipymes y las empresas privadas con más de 60 trabajadores, así como disposiciones del Banco Central de Cuba y del Ministerio de Educación.
“Se ha hecho un trabajo bastante integral, podrá ser perfectible, pero realmente nos permite trabajar con un respaldo legal todas estas transformaciones”, señaló.
Con la entrada en vigor de estas disposiciones, agregó, se crean las condiciones jurídicas para implementar y facilitar el desarrollo de las formas de gestión no estatal, con el propósito de que estas aporten más a la economía y a la solución de problemas que enfrenta el país.
Menos requisitos y posibilidad de contratar más trabajadores
Entre las principales modificaciones, López Acea señaló la reducción de los requisitos para la aprobación, creación, constitución y funcionamiento de las formas de gestión no estatal.
La simplificación alcanza a las mipymes, a las empresas privadas con más de 100 trabajadores y al trabajo por cuenta propia.
La funcionaria subrayó que los requisitos se han reducido “a los mínimos necesarios” y que las nuevas reglas establecen términos para responder en períodos más cortos a las solicitudes de aprobación.
Consideró que el cumplimiento de esos plazos constituye un reto para las instituciones encargadas del proceso, que deberán darle seguimiento, exigir calidad y garantizar que las respuestas se produzcan dentro de los términos establecidos.
Otro cambio de particular importancia es la posibilidad de que las empresas privadas puedan superar el límite de 100 trabajadores.
López Acea explicó que ya existen mipymes que esperan la entrada en vigor de las nuevas disposiciones porque han alcanzado niveles de actividad que requieren ampliar sus plantillas.
La medida, sostuvo, evita que empresas que han logrado desarrollarse tengan que limitar su producción y sus servicios o recurrir a niveles de informalidad para continuar creciendo.
“Esto realmente desata las fuerzas productivas”, afirmó.
La posibilidad de contratar más trabajadores también abre la puerta a la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de áreas de producción, la incorporación de nuevos turnos y la extensión de determinadas cadenas de servicios a varios municipios o territorios.
Se amplía el objeto social y las actividades permitidas
Otro de los cambios señalados por la presidenta del Inaene es la ampliación del objeto social de los actores económicos no estatales.
Explicó que se ha reducido significativamente el grupo de actividades que estos no podían realizar y que, con las nuevas disposiciones, pueden incursionar en prácticamente todas las ramas de la economía, aunque algunas permanecen sujetas a condiciones y autorizaciones específicas por las características de la actividad.
Entre los ejemplos mencionó el trabajo que se desarrolla para establecer el procedimiento relacionado con la minería y la pequeña escala, una actividad de particular importancia para territorios de la zona oriental del país y que había sido demandada tanto por pobladores como por los propios territorios.
En el transporte, destacó la aprobación de mipymes dedicadas al ensamblaje y comercialización de triciclos, motocicletas y remolques eléctricos, así como de automóviles eléctricos.
López Acea llamó la atención sobre la necesidad de acompañar ese crecimiento con servicios de carga y una infraestructura energética adecuada. El desarrollo de estas alternativas de transporte, advirtió, no debe convertirse posteriormente en una nueva presión sobre el consumo eléctrico.
La ampliación también comprende las actividades comerciales. El comercio mayorista queda establecido para los diferentes actores económicos no estatales, con las limitaciones correspondientes para los trabajadores por cuenta propia, y se amplían las posibilidades de participación en mercados de abasto y de insumos.
En educación, las nuevas disposiciones actualizan actividades relacionadas con el cuidado de niños y mantienen la posibilidad de realizar labores de repaso bajo las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación.
En el caso de la salud pública, igualmente se amplía el grupo de actividades permitidas, asunto que, señaló, ha generado particular interés y numerosas solicitudes de información por parte de la población.
Una persona podrá ser titular de más de una mipyme
López Acea destacó asimismo que las nuevas normas permiten que una persona natural sea titular de más de una mipyme.
La modificación ofrece alternativas para organizar mejor las actividades económicas, especialmente en aquellos casos en que una empresa ha acumulado un objeto social amplio y puede resultar más conveniente separar determinadas líneas de negocio en nuevas entidades.
De acuerdo con la funcionaria, ya existen intereses de titulares de mipymes en crear nuevas empresas para desarrollar otras actividades.
A partir de la entrada en vigor de las normas, el Inaene procesará, evaluará y autorizará las solicitudes mediante las direcciones de desarrollo. La funcionaria aclaró que el proceso de centralización se encuentra actualmente en el nivel municipal, por lo que los territorios cuentan con facultades para autorizar estas actividades, mientras el Instituto mantiene funciones de acompañamiento, asesoría y seguimiento.
Mipymes podrán solicitar tierras para producir alimentos
Entre las transformaciones que calificó como más novedosas, López Acea mencionó la posibilidad de que las mipymes soliciten derechos sobre determinadas áreas de usufructo y superficie para desarrollar actividades agropecuarias.
Hasta ahora, explicó, esta posibilidad no estaba permitida.
De esta manera, una mipyme que reúna las condiciones necesarias podrá solicitar tierras para producir alimentos. La funcionaria vinculó esta medida directamente con la necesidad de incrementar la producción nacional.
“Si tiene el insumo, si tiene financiamiento, pues que produzca, que le aporte a este país, que le aporte productos, alimentos que son importantes para la alimentación de la población”, expresó.
La transformación también ofrece una alternativa para productores individuales que actualmente cuentan con cientos de trabajadores contratados y que desean avanzar hacia una empresa privada, solicitar más tierras y ampliar su producción agropecuaria.
Las disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales y sus normas complementarias fueron igualmente publicadas, por lo que estas posibilidades forman ya parte del nuevo marco jurídico.
López Acea mencionó además los derechos reales de superficie como otra vía para que empresas que han alcanzado determinado nivel de desarrollo puedan continuar creciendo, incorporar nuevas producciones, desarrollar miniindustrias o mejorar tecnológicamente sus procesos.
Un solo sistema empresarial
Al hacer un balance de las transformaciones, la presidenta del Inaene consideró que las principales barreras reclamadas por el sector han sido atendidas, aunque reconoció que el proceso seguirá siendo susceptible de perfeccionamiento.
“Se le han quitado prácticamente todas las trabas para que puedan desarrollarse”, afirmó.
Pero, más allá de ampliar las posibilidades de los actores no estatales, López Acea insistió en que las transformaciones deben contribuir al fortalecimiento del sistema empresarial cubano como un todo.
Explicó que se concibe un sistema empresarial único, en el que las formas de gestión estatal y no estatal puedan actuar en igualdad de condiciones, articularse y complementarse para contribuir al desarrollo económico del país.
En ese propósito adquieren particular importancia los territorios. Los consejos de administración municipal disponen ahora de nuevas posibilidades para fortalecer sus sistemas empresariales mediante la incorporación de mipymes, empresas privadas y cooperativas agropecuarias capaces de contribuir a la solución de problemas locales.
La funcionaria señaló que ya existen experiencias de actores económicos no estatales que asumen responsabilidades sociales, establecen encadenamientos y asociaciones con entidades estatales y participan en tareas relevantes para los territorios.
A su juicio, el desarrollo de estas relaciones permitirá apreciar en el futuro cercano los resultados de las nuevas transformaciones.
El bloqueo también limita al sector no estatal
López Acea se refirió finalmente al impacto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, así como de las medidas que afectan el acceso energético.
Consideró que estas condiciones trascienden el funcionamiento cotidiano de los actores económicos no estatales y afectan sus niveles de operación y sus posibilidades de desarrollo.
El escenario, señaló, constituye una barrera para que estas entidades puedan incrementar su aporte a la economía y, al mismo tiempo, limita su capacidad para ofrecer mayores niveles de producción y servicios a la población.
Por ello, sostuvo que la eliminación de trabas internas debe estar acompañada por condiciones que permitan a estos actores desplegar las capacidades productivas que las nuevas normas jurídicas buscan favorecer.
Descargue (389 KB) el Decreto Ley 133 de 2026 del Consejo de Estado, modificativo de los decretos-leyes 88 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas”, 89 “De las cooperativas no agropecuarias y el 90 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia”.
Nuevos procedimientos agilizan la creación de MIPYMES
Las nuevas normas complementarias al decreto modificativo de los decretos leyes 88, 89 y 90 establecen procedimientos más ágiles para la creación, fusión y extinción de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las empresas privadas con más de 100 trabajadores y las cooperativas no agropecuarias, explicó este miércoles Carmen Rosa López, directora para la atención a las MIPYMES del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), durante la Mesa Redonda.
Entre esas disposiciones se encuentra la Resolución No. 2 de 2026, emitida por la presidenta del Instituto, que establece el procedimiento para la realización de estos trámites.
De acuerdo con López, la norma responde también a la transformación 19 y a las inquietudes planteadas por las propias personas que han solicitado este tipo de procedimientos, particularmente relacionadas con las demoras y las restricciones de tiempo.
En ese sentido, señaló que la resolución busca garantizar una mayor inmediatez en la atención de las solicitudes y avanzar en los trámites “en el menor tiempo posible y con los requisitos mínimos indispensables para ello”.
Uno de los principales cambios radica en el papel que asumirán las direcciones de desarrollo municipal de los consejos de la administración, que tendrán bajo su responsabilidad la recepción, tramitación y verificación de las solicitudes.
La funcionaria precisó que, por el momento, las solicitudes para la creación de estas formas de gestión continúan realizándose a través de la Plataforma de Actores Económicos No Estatales, de acuerdo con las normas actualmente vigentes.
Corresponderá entonces a las direcciones de desarrollo municipales validar la información presentada y comprobar que se cumplan los requisitos establecidos en el decreto. Dentro de ese proceso deberán revisar, además, que el objeto social solicitado por la MIPYME se corresponda con las actividades actualmente autorizadas.
Esta comprobación adquiere particular importancia a partir de las regulaciones vigentes sobre las actividades económicas que pueden desarrollar los actores no estatales. López recordó que el Decreto 160, publicado en septiembre de 2026, precisa cuáles son las actividades que no pueden realizarse y cuáles están autorizadas bajo determinados requerimientos o condiciones.
Una vez concluida la revisión, la dirección de desarrollo municipal emitirá el documento que certifica la creación de la MIPYME y la aprobación de su objeto social. Al mismo tiempo, informará al Consejo de la Administración correspondiente acerca de la aprobación y de la estrategia de desarrollo territorial a la que responde el actor económico acreditado.
La persona solicitante también recibirá, mediante la plataforma, la notificación de que su solicitud ha sido aprobada, lo que le permitirá continuar con los procedimientos correspondientes ante las restantes entidades y organismos.
A partir de ese momento se inicia una segunda etapa que incluye la apertura de la cuenta bancaria y el depósito, por parte de los socios, del capital inicial de la MIPYME. Posteriormente se desarrollan los trámites ante notaría, el Registro Mercantil y la inscripción en el registro de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), hasta completar el proceso y disponer de la cuenta corriente de la entidad.
La Resolución No. 2 también establece los plazos para cada uno de estos procedimientos. López aclaró que cuando la norma establece un periodo determinado lo hace en términos de límite máximo, por lo que no necesariamente el trámite tendrá que consumir la totalidad del tiempo previsto.
“Siempre se dice hasta”, explicó, al referirse a los plazos establecidos, y agregó que el procedimiento puede concluir en un periodo menor al límite fijado.
Una alternativa ante las limitaciones tecnológicas y energéticas
Otro elemento incorporado tanto en el decreto modificativo como en las normas complementarias es la posibilidad de realizar los procedimientos de manera manual cuando las condiciones del país, particularmente las relacionadas con la situación energética, impidan utilizar la plataforma tecnológica.
La directora para la atención a las MIPYMES explicó que existe una responsabilidad posterior de las oficinas para trasladar esa información a la plataforma, pero que la posibilidad de efectuar el trámite manual permite mantener una vía de solución ante una solicitud de creación de una forma de gestión.
De esta manera, las dificultades para acceder temporalmente a los sistemas digitales no deben convertirse en un impedimento absoluto para iniciar o continuar los procedimientos.
Cambios en el trabajo por cuenta propia
López también explicó las modificaciones introducidas en el procedimiento para el trabajo por cuenta propia, una de las formas de gestión alcanzadas por las nuevas disposiciones.
En este caso, la solicitud continúa realizándose de manera presencial en las oficinas de trámite de las direcciones de trabajo y, para las actividades vinculadas al transporte, en las oficinas encargadas de las licencias operativas.
Esta modalidad se mantendrá hasta que concluya la plataforma que se encuentra en desarrollo y que permitirá realizar las solicitudes de manera electrónica, con el propósito de facilitar y agilizar estos trámites.
Sin embargo, uno de los cambios sustanciales ya aplicados es la eliminación de la obligación de presentar un proyecto de trabajo.
La persona interesada solamente debe presentarse con su carné de identidad en una de las oficinas correspondientes y solicitar las actividades que pretende realizar. El funcionario encargado deberá comprobar los datos fundamentales y verificar que las actividades solicitadas se correspondan con las regulaciones vigentes y que no se incluya ninguna de las actividades prohibidas.
“En el propio acto se le entrega una certificación de que está aprobado como trabajador por cuenta propia”, explicó López, quien consideró este aspecto como uno de los cambios sustanciales del nuevo procedimiento.
Tras la aprobación, el funcionario comunica de inmediato la información a la ONAT para que la persona sea inscrita en el registro correspondiente. También se informa al banco para la apertura de la cuenta bancaria fiscal.
Posteriormente, el trabajador por cuenta propia puede recoger en las oficinas municipales de la ONAT los documentos que acreditan su condición y le permiten ejercer la actividad.
Entre estos documentos se encuentra, en primer lugar, la certificación que acredita su aprobación como trabajador por cuenta propia. A ello se suma su identificación o registro fiscal y la constancia de la cuenta bancaria fiscal destinada a sus operaciones.
La funcionaria aclaró que determinadas actividades mantienen requisitos adicionales, cuya observancia corresponde al propio actor económico.
En el caso de una actividad gastronómica, por ejemplo, pueden resultar necesarios permisos relacionados con Salud Pública y las condiciones higiénico-sanitarias, así como el correspondiente registro comercial. Se trata de requisitos que permanecen vinculados a la naturaleza de determinadas actividades y que deben ser gestionados por quienes pretendan ejercerlas.
Para López, la implementación de estos cambios constituye un reto, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los términos establecidos para las distintas formas de gestión.
El objetivo, subrayó, es que tanto los procedimientos para las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y las empresas privadas de mayor tamaño como los correspondientes al trabajo por cuenta propia puedan desarrollarse con mayor rapidez, reduciendo las cargas innecesarias para quienes solicitan autorización para desarrollar una actividad económica.
Servicios farmacéuticos no estatales se incorporan al sistema único de farmacias comunitarias
La apertura de nuevas actividades para las formas de gestión no estatal en el sector de la salud incluye, entre sus novedades, la prestación de servicios farmacéuticos y la comercialización minorista de medicamentos, productos farmacéuticos y medicinales, explicó la Dra. Maylin Beltrán, jefa del Departamento de Farmacia del Ministerio de Salud Pública (Minsap), durante la Mesa Redonda.
La especialista señaló que esta posibilidad forma parte de un proceso más amplio de transformaciones y recordó otras actividades que ya han sido aprobadas en el ámbito de la salud o que guardan relación directa con este sector.
Entre ellas mencionó los servicios de cuidado a los adultos mayores, una actividad que adquiere particular relevancia ante la dinámica demográfica del país. En ese sentido, enfatizó que la ampliación de las formas de gestión no estatal no significa que el Sistema Nacional de Salud desatienda esa área.
También se han aprobado las actividades de rehabilitación, para las cuales se trabaja actualmente en los procedimientos y normas correspondientes, así como la fabricación de calzado ortopédico, con excepción del especializado, que requiere determinadas condiciones y medidas específicas.
La actividad que constituye una de las principales novedades es la relacionada con los servicios farmacéuticos. Según Beltrán, se ha aprobado la posibilidad de brindar estos servicios y realizar la comercialización minorista de medicamentos, productos farmacéuticos y medicinales, aunque existen determinados productos cuya venta permanecerá limitada.
La funcionaria subrayó que se trata de una actividad con características particulares debido a su impacto directo sobre la salud de la población.
“Estamos hablando de una actividad que es muy técnica, una actividad que está muy sensible”, afirmó, al explicar que los servicios farmacéuticos están destinados precisamente a brindar salud y asistencia a la población desde las farmacias.
Por esa razón, precisó, la actividad de los medicamentos se encuentra altamente regulada a nivel internacional en todos los eslabones de la cadena de suministro, desde la selección de los medicamentos y productos que se ofrecerán a la población hasta su utilización por el paciente, pasando por los procesos de transportación y distribución.
Beltrán explicó que las autoridades sanitarias cubanas han tenido que construir los procedimientos específicos para esta nueva actividad, pues constituye también una experiencia novedosa para el sistema.
Las farmacias no estatales dentro de una red única
Un aspecto central de la regulación será la integración de los establecimientos gestionados por actores económicos no estatales al Sistema Único de Farmacias Comunitarias.
La especialista aclaró que la red estatal de farmacias continuará funcionando y que las nuevas farmacias formarán parte de esa estructura comunitaria, con el propósito de ampliar las posibilidades de acceso de la población a medicamentos y productos farmacéuticos seguros, de calidad y de origen conocido.
“Va a permitir de alguna manera el incremento del acceso por nuestra población de medicamentos seguros, de calidad y cuyo origen se conozca”, señaló.
La intención, agregó, es ofrecer garantías a la población sobre los productos que consume, al tiempo que se mantienen mecanismos de regulación y control sanitario sobre toda la actividad.
Uno de los requisitos fundamentales consiste precisamente en que todos los productos comercializados en estos establecimientos cuenten con los registros sanitarios emitidos por las autoridades nacionales reguladoras.
En el caso de los medicamentos, equipos y dispositivos médicos, interviene el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), autoridad nacional encargada de la regulación de estos productos.
Beltrán explicó que el Cecmed no solo interviene en el registro de los productos, sino que también establece permisos y licencias y controla el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, incluidos los procesos relacionados con el transporte.
Otra de las autoridades reguladoras involucradas es el Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en lo relacionado con productos nutracéuticos, suplementos nutricionales, cosméticos, cosmecéuticos y productos destinados a la higiene personal y la salud.
La funcionaria destacó que se ha trabajado para ampliar el abanico de productos que pueden ofrecerse en estos establecimientos, posibilidad que también se contempla para las farmacias estatales y que ha quedado refrendada en el Reglamento General de Farmacias Comunitarias, una de las normas que ha debido ser actualizada a partir de las transformaciones introducidas.
Locales y personal especializado
Las nuevas farmacias deberán cumplir también requisitos específicos relacionados con las características de los locales donde funcionarán.
Beltrán explicó que estos requerimientos abarcan las condiciones de infraestructura y los recursos materiales necesarios para desarrollar la actividad, y que los establecimientos tendrán que obtener las correspondientes licencias de operación antes de comenzar a funcionar como farmacias.
Otro requisito esencial está relacionado con el personal.
Los establecimientos deberán contar con profesionales farmacéuticos que asuman la dirección o responsabilidad técnica de los procesos que se desarrollen en la farmacia.
“Al menos tiene que haber un farmacéutico”, precisó la especialista.
A ello se suma un programa de capacitación diseñado para los titulares de estos negocios y sus equipos de trabajo. La preparación permitirá que quienes participen en la actividad conozcan las normas y procedimientos específicos del sector, incluidos los contenidos relacionados con el Programa Nacional de Medicamentos y el Reglamento de Farmacias.
¿Qué medicamentos no podrán venderse?
La apertura de estos servicios no supone la comercialización irrestricta de todos los medicamentos disponibles en el país.
Beltrán explicó que existe un grupo de productos cuya venta estará limitada, entre ellos aquellos destinados exclusivamente al uso institucional o al ámbito hospitalario.
También quedan fuera los estupefacientes, psicotrópicos y sustancias de efectos similares, debido a que están sometidos a controles específicos y a cuotas determinadas en el marco de los compromisos internacionales existentes.
La especialista aclaró que esta limitación no necesariamente será permanente.
“En este momento no estamos en condiciones hoy, lo cual no quiere decir que en lo adelante pudiera abrirse la posibilidad”, afirmó, al explicar que eventualmente determinadas farmacias, una vez que alcancen un adecuado nivel técnico-profesional y estabilidad en su funcionamiento, podrían asumir otras funciones.
En lo fundamental, estas nuevas farmacias comercializarán los productos destinados a la atención médica en la comunidad, de manera similar a los que actualmente se encuentran en las farmacias comunitarias estatales.
Importación mediante entidades autorizadas
Otro componente del nuevo modelo será la importación comercial de los productos que se destinen a estos establecimientos.
Beltrán explicó que dicha importación deberá realizarse mediante entidades que dispongan de las correspondientes licencias sanitarias y hayan obtenido los permisos requeridos.
Actualmente existen en el país dos entidades con esas autorizaciones: Medicuba y Farmacuba, que cuentan con experiencia acumulada durante años en la importación de este tipo de productos y conocen los requisitos establecidos para ello.
No obstante, la especialista señaló que en el futuro podrían incorporarse otras entidades que cumplan las condiciones exigidas.
Siete actores ya autorizados para avanzar en el proceso
La implementación de la nueva actividad ya comenzó mediante una prueba piloto desarrollada de manera conjunta por el Instituto y el Ministerio de Salud Pública.
Beltrán informó que hasta el momento se han recibido 76 solicitudes, mientras 41 actores económicos han presentado proyectos para desarrollar la actividad.
De ese grupo, siete actores económicos ya han sido autorizados para avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento.
Estos se encuentran actualmente realizando los procesos legales correspondientes y solucionando las no conformidades identificadas durante la evaluación, como paso previo a la obtención de la licencia de operación.
La funcionaria aclaró que, hasta el momento de la emisión de sus declaraciones, no existía todavía ninguna farmacia de este tipo aprobada para operar en el país.
Sin embargo, adelantó que la primera podría comenzar a funcionar próximamente, como resultado del proceso de revisión y perfeccionamiento de los procedimientos.
“Yo estoy segura de que en los próximos días tendremos esa farmacia”, afirmó.
La experiencia del piloto también ha permitido identificar aspectos que pueden ser simplificados para reducir los tiempos del proceso. Según explicó, las autoridades están trabajando precisamente en “acortar tiempo” y eliminar elementos que, durante la construcción del procedimiento, se ha comprobado que resultan innecesarios.
El propósito final es que estas nuevas farmacias contribuyan a ampliar el acceso de la población a los medicamentos, al tiempo que se integren a la red existente.
Beltrán insistió en que esa incorporación deberá producirse de manera gradual y bajo los mecanismos de regulación del Sistema Nacional de Salud, mientras las farmacias estatales continúan trabajando en la recuperación progresiva de su cuadro básico de medicamentos.
La especialista consideró que ambos componentes —la incorporación de nuevos actores económicos y el fortalecimiento gradual de la red estatal— pueden coexistir dentro del sistema, con el objetivo común de garantizar un mayor acceso de la población a medicamentos seguros y regulados.
Actores económicos no estatales amplían su participación en acciones de responsabilidad social
La responsabilidad social de los actores económicos no estatales ha experimentado un avance general en el país y se ha traducido en una participación cada vez más activa en la atención de problemáticas locales, afirmó Grisel Ávila Díaz, vicepresidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), durante la Mesa Redonda.
Según explicó, este comportamiento ha sido posible, en buena medida, gracias a la comunicación y el vínculo establecido entre las autoridades territoriales, las instituciones y los propios actores económicos en cada localidad, lo que ha permitido identificar con mayor precisión las necesidades existentes y orientar las contribuciones hacia aquellas áreas de mayor sensibilidad para la población.
“La responsabilidad social ha avanzado de manera general en el país y se ha logrado por la comunicación y el vínculo de los territorios”, señaló Ávila Díaz.
La participación ha involucrado a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cooperativas no agropecuarias (CNA) y los trabajadores por cuenta propia, quienes han intervenido en la solución de diferentes problemas que afectan a las comunidades y, de manera directa, a la calidad de vida de la población.
Las acciones desarrolladas abarcan ámbitos diversos. La vicepresidenta del INAENE mencionó intervenciones de carácter constructivo, apoyo al aseguramiento alimentario, labores de higienización y transportación, entre otras iniciativas.
Una parte importante de estas contribuciones se ha dirigido a instituciones vinculadas con la salud, como hospitales, policlínicos, hogares de ancianos y hospitales maternos. También se han desarrollado acciones en instituciones educacionales, incluidos los hogares para niños sin cuidado parental y los círculos infantiles.
El trabajo de responsabilidad social también ha alcanzado a personas en situación de vulnerabilidad y a los sistemas de atención a la familia. En este ámbito, Ávila Díaz mencionó igualmente acciones relacionadas con los pagos a jubilados, asunto que calificó entre las problemáticas que requieren atención.
La participación no se ha limitado a las instituciones, sino que ha tenido un vínculo directo con las comunidades. De acuerdo con la vicepresidenta del INAENE, conocer las problemáticas específicas de cada territorio ha permitido que los actores económicos orienten sus aportes hacia necesidades concretas y mantengan una relación más cercana con las personas beneficiadas.
Apoyo ante las dificultades energéticas y otras contingencias
Entre las acciones desarrolladas durante el periodo también se encuentran iniciativas relacionadas con las dificultades energéticas que enfrenta el país.
Ávila Díaz explicó que distintos actores han contribuido mediante la instalación de fuentes renovables de energía en policlínicos, hospitales, escuelas y otros centros, como parte de las acciones destinadas a respaldar el funcionamiento de instituciones y servicios esenciales.
A ello se suma la entrega de combustible para apoyar la transportación de pasajeros y la recogida y traslado de desechos sólidos, una actividad que, según señaló, constituye actualmente una situación compleja para los territorios.
La responsabilidad social también se ha manifestado ante situaciones de emergencia. La vicepresidenta del INAENE destacó la participación de actores económicos en la entrega de donativos de alimentos destinados a las provincias afectadas por el huracán Melissa.
En estas acciones no solo se ha aportado mediante donaciones. Los actores económicos también han puesto sus medios y capacidades de transportación a disposición de las comunidades.
“Hubo una disposición de todos los actores para transportar alimentos, alimentos secos y congelados, incluso para transportar productos de higiene, ropa, calzado, todo lo que de una manera u otra se donó”, explicó.
De esta manera, la contribución ha abarcado diferentes etapas de la respuesta, desde la entrega de recursos hasta su traslado hacia los territorios y personas que los necesitan.
Una práctica que se extiende por el país
Ávila Díaz destacó que las experiencias acumuladas y las buenas prácticas desarrolladas hasta el momento muestran un impacto directo de la responsabilidad social asumida por los actores económicos.
A su juicio, estos resultados demuestran tanto la voluntad como la disposición de continuar contribuyendo al desarrollo del país desde diferentes ámbitos.
“Demuestran la voluntad de ellos y su disposición de continuar aportando, de continuar contribuyendo y demostrar que entre todos los actores económicos del país podemos seguir avanzando en el desarrollo de nuestra economía cubana y el desarrollo del país”, afirmó.
La vicepresidenta subrayó que este comportamiento no constituye una práctica circunscrita a La Habana ni depende exclusivamente de la labor del INAENE. Los actores económicos mantienen también un vínculo directo con las direcciones provinciales de desarrollo en los territorios, lo que permite identificar necesidades y coordinar respuestas de acuerdo con las características de cada localidad.
En ese sentido, aseguró que la responsabilidad social ha mostrado un comportamiento favorable “a lo largo y ancho” del país.
Los propios actores, explicó, se acercan a las instituciones, preguntan por las necesidades existentes, participan en las acciones convocadas y realizan aportes, pero también establecen vínculos entre diferentes territorios.
“Nos convocan y participan y se suman y aportan y se suman y se vinculan y se entrelazan entre una provincia y otra”, afirmó.
Para Ávila Díaz, esta articulación constituye una de las experiencias positivas derivadas del proceso, pero también refleja una disposición que trasciende la actividad económica y se relaciona con la solidaridad ante las necesidades de otros.
Lo observado hasta ahora, concluyó, constituye una buena práctica y una expresión de responsabilidad social asumida por los diferentes actores económicos, en un proceso en el que la cooperación entre instituciones, territorios, empresas y trabajadores por cuenta propia busca contribuir, desde distintos frentes, a enfrentar las dificultades y mejorar las condiciones de vida de la población.
Actores no estatales buscan mayor articulación con el sector estatal
Las transformaciones implementadas en el ámbito de los actores económicos no estatales también han favorecido una mayor articulación con el sector estatal y un acercamiento a las capacidades productivas existentes en el país, afirmó Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).
Durante su intervención en la Mesa Redonda, López Acea señaló que los cambios no solo han creado oportunidades para el desarrollo de estas formas de gestión, sino que también han contribuido a que sus integrantes se reconozcan como parte del sistema empresarial cubano.
“Las transformaciones también les han dado la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse, pero también de sentirse parte del sistema empresarial del país”, sostuvo.
En ese proceso, explicó, los actores económicos no estatales han buscado alternativas para establecer vínculos con las empresas estatales y aprovechar las capacidades productivas existentes.
Según la presidenta del INAENE, existe actualmente un interés creciente por conocer y utilizar las capacidades industriales del país, tanto para favorecer las propias actividades de estos actores como para contribuir al desarrollo de la economía nacional.
“Están buscando soluciones para aprovechar más esa capacidad industrial en beneficio de su propia actividad, pero también en beneficio del país”, afirmó.
López Acea consideró que esta dinámica constituye otro reflejo de las transformaciones que se vienen desarrollando y de la manera en que los diferentes actores económicos pueden complementar sus capacidades.
A ello sumó un componente que, a su juicio, también explica la respuesta que han ofrecido estos actores ante las dificultades: los valores sociales y la sensibilidad que caracterizan a los cubanos.
La presidenta del INAENE destacó que esa disposición se manifiesta cotidianamente en la actitud de quienes acuden a las instituciones para buscar alternativas y aportar soluciones frente a los problemas existentes.
“Ante los problemas que hoy están surgiendo, muchas veces hay una presencia en ese instituto tocando una puerta”, comentó.
Explicó que los proyectos presentados diariamente ante el INAENE abarcan áreas directamente vinculadas con necesidades de la población y con sectores estratégicos para el funcionamiento de los territorios.
Entre las propuestas mencionó iniciativas relacionadas con el acueducto, el transporte y la alimentación, así como proyectos sustentados en ideas innovadoras y creadoras que podrían contribuir al desarrollo de diversas actividades.
Para López Acea, este flujo de propuestas constituye una muestra de que las transformaciones han encontrado aceptación entre los actores económicos y de que existe disposición para participar activamente en la búsqueda de soluciones.
“Nosotros, entre todos los cubanos, en cualquier modalidad de gestión que nos desempeñemos, podemos de verdad superar las dificultades y avanzar en la economía y buscar el bienestar de la población”, afirmó.
La presidenta del INAENE situó así la articulación entre las distintas formas de gestión como un elemento relevante para enfrentar las actuales dificultades económicas: aprovechar capacidades existentes, generar nuevas soluciones y promover una participación más activa de los diferentes actores en función del desarrollo del país y del bienestar de la población.
Las nuevas normas incluyen modificaciones a la inversión extranjera, como por ejemplo, que ahora pueden contratar a su personal sin la criticada mediación obligada de empleadoras locales estatales.