Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

lunes, 29 de junio de 2020

Apuntes al debate en torno al régimen cambiario de la economía cubana (I y II)

Fuentes: La Tizza
  
I
En días recientes, artículos de Omar Everleny Pérez,[1] Humberto Pérez,[2] Pedro Monreal y Joaquin Benavides[3] nos han recordado que lo urgente y coyuntural no nos pueden hacer perder de vista lo estratégico. Y es consenso, creo yo, que si hay una medida fundamental en lo estratégico para nuestra economía es el ordenamiento monetario. Desde esa óptica, considero importante apartar por un momento el debate en torno a la crisis por el coronavirus y analizar cuestiones de más largo plazo. Utilizaré los textos de los autores mencionados como referentes para enmarcar mi contribución a un debate que se encuentra ya en desarrollo en nuestro país.                 “El perdón”, Ernesto Rancaño, 2015
1. Sobre el cálculo de la demanda posunificación en el sector de la población planteado por Omar Everleny Pérez
Es lógico suponer que uno de los primeros puntos a considerar tras la unificación monetaria sería el siguiente: al convertirse los saldos de CUC en manos de la población a una misma moneda, el CUP, ¿cómo quedarían los balances financieros en este sector y su correspondiente demanda agregada? Everleny argumenta en este sentido:

Humberto Pérez propone «orientar a todos los que tengan ahorros en CUC en cuentas bancarias y/o en sus domicilios que procedan a cambiarlos por CUP en los bancos y las Cadecas a la tasa vigente de 1 CUC=24 CUP, dando un plazo de 2–3 meses y una fecha final para concluir dicho proceso». Mi observación principal respecto a esa propuesta es la siguiente: ¿se ha calculado qué cantidad de mercancía haría falta para satisfacer el enorme incremento de demanda que se produciría en la masa monetaria existente en CUP en el corto plazo? La propuesta implicaría que a la masa existente hoy en CUP habría que sumarle la que se obtenga después del canje de los CUC en circulación a una tasa de 1 CUC = 24 CUP. (Everleny, 2020b)

Everleny lleva razón en cuanto a que la masa de circulante en CUP se incrementará de manera significativa tras la unificación monetaria, pero de ello no se deduce ninguna variación en la demanda agregada de la población. Si bien los saldos monetarios en CUP aumentan, y por consiguiente el volumen de compras en dicha moneda, su incremento —asumiendo precios en CUC convertidos a la tasa de cambio oficial de forma similar— será igual a la desaparición del poder de compra que antes se encontraba en los saldos en CUC. Dicho de otra manera, los ciudadanos tendrán una X cantidad mayor de poder de compra en CUP, pero habrán perdido esa misma X cantidad de poder de compra en CUC.
La unificación en el sector de la población no lleva aparejados un incremento o disminución del poder de compra. En términos funcionales, el sector de la población se encuentra ya de hecho unificado. La unificación en realidad importante no es la monetaria, sino las de las tasas de cambio; y en este sentido, aún con dos monedas, el sector de la población funciona bajo una misma tasa. Las distorsiones introducidas por la multiplicidad cambiaria no operan de forma exclusiva desde un sector de la economía—población o personas jurídicas —.

Las distorsiones de la multiplicidad cambiaria afloran por el hecho de que, aunque se puedan distinguir dos sectores, la economía sigue siendo un todo indivisible. Y en dicho «todo indivisible» la dinámica de operar con dos tasas de cambio tan dispares introduce un sinfín de distorsiones que entorpecen la medición y el manejo orgánico de la economía.

La respuesta a la pregunta de Omar Everleny «¿Qué cantidad de mercancía haría falta para satisfacer el enorme incremento de demanda que se produciría en la masa monetaria existente en CUP en el corto plazo?»sería: ninguna. La demanda no se incrementa, el mismo volumen de mercancías que existe ahora pasará a satisfacer dicha demanda, comercializadas en CUP. La conversión de una a otra moneda, no incrementa o disminuye el poder de compra de la población en general.

En resumen: El principal problema de la unificación cambiaria sobre el sector de la población no está, en rigor, en la transformación de saldos de CUC a CUP —unificación monetaria— pues este sector está de facto unificado, sino en los efectos que se transfieran de la devaluación en la tasa de cambio del sector empresarial, y que distorsionarán el vector de precios en los mercados minoristas.

2. Sobre la propuesta de tasa de cambio y recolocación del poder de compra, de Humberto Pérez

En su artículo del 6 de marzo pasado, Humberto Pérez plantea un mecanismo por el cual se podría traspasar a los salarios una parte del poder adquisitivo que logran las remesas a una tasa de cambio 1×24, disminuyendo esa tasa a un nivel de 1×18:
A partir de la fecha que se determine, concluida la fase de conversión de los CUC en CUP para la población, la tasa de cambio a utilizar para cambiar divisas a los extranjeros y a la población residente se reducirá en un determinado por ciento. En esta relación el CUP se revaluará en lugar de devaluarse. Los extranjeros y residentes que reciben remesas y otros ingresos en divisas directamente de extranjeros: paladares, taxistas, rentadores (sic) de habitaciones, empleados de firmas extranjeras, los que reciben propinas, las jineteras, etc., recibirán una cantidad menor de CUP por cada USD o equivalente en otras divisas extranjeras que presenten en los bancos y Cadecas en lugar de los 24 CUP que venían recibiendo. Si la entrada de divisas directas al país a través de la población —remesas y otros ingresos— se convierte actualmente en aproximadamente 70–80 miles de millones anuales de CUP a la tasa de 1×24, el pasar a una tasa menor representará una reducción de la demanda solvente primaria procedente de esas fuentes exógenas. Si, por ejemplo, la tasa de cambio se reduce de 1×24 a 1×18 —en un 25 %—, esa entrada de divisas convertida a CUP resultaría de solo 50–60 miles de millones anuales, o sea, unos 20 miles de millones menos de circulante por esa vía en manos de la población.
Y esta será la fuente financiera principal para dar respuesta a los aumentos salariales y de las pensiones arriba mencionados. El monto de esta reducción se trasladaría como aumentos salariales y de las pensiones, desde la minoría de la población privilegiada que hoy los disfruta, hacia la mayoría de la población cuyos ingresos legales no les alcanzan para vivir, como está reconocido oficialmente.
Según los datos de la Onei, el total de salarios, pensiones y asistencia social que reciben los trabajadores y la población en general es de apenas unos 40 miles de millones de CUP.

Si se usa el equivalente a los 20 miles de millones de CUP disminuidos por la reducción de la tasa de cambio a 1×18 para cubrir los aumentos de salarios y pensiones, ello permitiría en un solo año aumentar estos en un 50 %, sin incrementar la masa monetaria total en circulación y sin crear, por tanto, inflación. (Pérez, 2020a)

En principio, el razonamiento de Humberto Pérez es correcto: es posible transferir mediante la devaluación de la moneda y un aumento nominal del salario una parte del poder de compra de las remesas y otros ingresos en divisas que operan en el sector de la población. Es una política realizable, pero en la práctica existen razones para no considerarla factible. Emplearé algunos argumentos para defender este punto:
a) La reducción de la tasa de cambio, una revaluación, afecta de manera directa la competitividad de la economía. Es cierto que puede reorientar poder de compra a lo interno, pero a costa de reducir la competitividad externa del sector turístico, tanto privado como estatal. En sentido amplio, hacer menos competitivo en el ámbito internacional el «Destino Cuba». La economía de nuestra Isla, tan dependiente de divisas, no puede darse el lujo de perder competitividad en un mercado tan volátil y con competidores regionales tan grandes como es el turismo.
b) El cálculo de la recomposición de poder de compra presentada por Humberto Pérez es un cálculo estático dentro de una economía dinámica. El propio tipo de cambio ante una revaluación, como propone el autor, puede tener serias influencias sobre las decisiones de los agentes económicos, en términos de ahorro, inversión privada y consumo del sector no estatal, sin adicionar las variaciones sobre el sector externo, vía demanda o expectativas. El cálculo propuesto obvia todas estas influencias para valorar solo las variaciones cuantitativas de flujos, sin saber si serán afectados por la política que propone, pues parte de asumir que la propia tasa de cambio no tiene influencias sobre aquello que calcula.
c) La tercera razón está en el equilibrio del mercado cambiario de la población. Algunos podrían pensar que una tasa de cambio menor no tendría un efecto muy extremo sobre las remesas, pues estas se determinan por factores muchas veces llamados extra-económicos, aunque esta no sea una definición completamente rigurosa. Aun así, dicho efecto es del todo impredecible. Ahora bien, una menor tasa de cambio podría expandir la demanda de divisas en el sector de la población, al incrementarse el valor del CUP. Esto puede tener dos salidas posibles: o bien el gobierno interviene ampliando la oferta y por tanto vendiendo reservas; o, por el contrario, aplica mayores controles cambiarios, entendiendo por controles cambiarios en el sector de la población una restricción administrativa de la oferta de divisas. Cualquiera de ambas soluciones es negativa. La primera porque agrava la restricción de divisas de la economía. La segunda porque desequilibraría la tasa de cambio informal, al agregarle a este mercado toda la demanda no satisfecha en el mercado formal. Una depreciación de la tasa de cambio informal supone un aumento de los precios de todos los productos importados por los privados, y la consecuente disminución del poder de compra de la población de estos productos, que en muchas ocasiones no se encuentran en las tiendas estatales.
Asimismo, no hay garantía alguna que la tasa de cambio informal se ajuste a la baja en una revaluación del tipo de cambio formal. Es de esperar, por el contrario, que una mayor demanda de divisas insatisfecha en el mercado formal acelere una depreciación de la tasa de cambio informal. Esta política podría generar una brecha significativa entre la tasa de cambio formal e informal, creando un nuevo problema para las autoridades económicas del país, uno que no se ha visto en más de 20 años. Esto podría conllevar a crear incentivos a una mayor dolarización de la economía y alejaría —o complicaría— el objetivo final de la política de unificación.
d) Por otra parte, aun cuando se pudiera llevar adelante dicha política en un primer momento, no hay garantías de que un tipo de cambio menor, revaluado, permita sostener el esquema cambiario. El crecimiento de la demanda de divisas, así como un menor flujo de entrada de divisas obligaría a la larga a una corrección devaluatoria, o a aplicar controles cambiarios generalizados, lo cual es, justo, una de las cuestiones que el ordenamiento monetario trata de superar. Una devaluación forzosa de nuestra moneda sería una muy lamentable culminación del proceso de ordenamiento monetario. Sería catastrófico para los equilibrios macroeconómicos, porque habría un mayor volumen de salarios que no se podrían reducir, a la vez que se incrementa el poder adquisitivo de los flujos externos.
e) Para finalizar, queda un criterio fundamental de naturaleza política, pues esta es una medida de muy altos costos políticos. Humberto Pérez supone que las remesas solo llegan a un número muy pequeño de cubanos, y aunque no contamos con una medición exacta, podemos afirmar que el efecto real de las remesas no beneficia a una «minoría». El costo político de una medida tan impopular no es posible asumirlo en las condiciones actuales.
A lo anterior, es válido adicionar que existen dos problemas de fondo en la propuesta de Humberto Pérez, a mi juicio:

1) Se intenta resolver el problema de los salarios insuficientes en la economía cubana con medidas monetario-cambiarias. Aún cundo las medidas redistributivas de este tipo puedan tener un impacto de corto plazo, a la larga los «trucos de circulación o artificios cambiarios» no pueden resolver un problema asociado en lo fundamental a la eficiencia del sector productivo.

2) Le otorga a la devaluación del tipo de cambio dos objetivos de política económica que, en principio, pueden ser contradictorios entre sí. Una devaluación intentaría llevar el tipo de cambio del sector empresarial a un nivel coherente con los equilibrios macroeconómicos de la economía, a la vez que lo iguala al tipo de cambio de la población. Una revaluación del tipo de cambio de la población, persiguiendo un objetivo de política redistributivo, puede ir en contra del objetivo general de la devaluación y forzar a la economía a posteriores devaluaciones. Otorgar diferentes objetivos de política económica a un mismo instrumento, en este caso la tasa de cambio, puede llevar al incumplimiento de ambos objetivos. La devaluación no puede perseguir por sí misma objetivos salariales-redistributivos que atenten contra el éxito de la política de ordenamiento.

En resumen, no se deben emplear artificios cambiarios para solucionar problemas estructurales de la economía.

El problema del poder de compra de la población tiene una dimensión redistributiva, pero es en esencia un problema de la producción.

El objetivo del ordenamiento monetario —en especial la devaluación del tipo de cambio de las empresas y la consecuente unificación cambiaria de ambos sectores— no puede perseguir objetivos salariales de corto plazo. Solo puede contribuir a ellos de forma indirecta, mediante las ganancias de eficiencia en el mediano plazo.

3. Sobre los ajustes de precios y subsidios posunificación propuestos por Humberto Pérez, Omar Everleny Pérez y Pedro Monreal

En el centro de las propuestas de Humberto Pérez y Omar Everleny se encuentran sus recomendaciones en torno a la variación de los precios, una vez realizada la unificación monetaria y cambiaria. Ambas propuestas se encuentran en sentidos totalmente opuestos y resulta interesante el análisis de las fortalezas y debilidades de cada una.
Recordemos que el proceso de ordenamiento monetario intenta superar, entre otras cosas, un escenario en donde existen dos tasas de cambio, una para el sector jurídico[4] —1CUP x 1CUC x 1 USD— y otra para el sector de la población —25CUP x 1CUC x 1USD—. Esto condiciona la presencia de un gran número de impuestos y subsidios implícitos en la tasa de cambio. Entiéndase por ello, subsidios que aumentan e impuestos que disminuyen el poder de compra en el sector empresarial, en sus actividades hacia el exterior y con el sector de la población. Al realizarse el ordenamiento y desaparecer dichos impuestos y subsidios, se obtendrá una evaluación más clara de la situación financiera de las empresas estatales. Muchas de ellas pasarían entonces a ser irrentables al dejar de ser subsidiadas de forma implícita por el tipo de cambio, mientras otras mejorarán sus finanzas al eliminarse los impuestos que pesaban sobre ellas por el tipo de cambio. Estas variaciones afectarían los niveles de precios minoristas, en lo fundamental aquellos que tenían dentro de sí un gran componente subsidiado por el tipo de cambio. Una de las grandes cuestiones a decidir en el momento de la unificación es cómo controlar o disminuir los efectos nocivos de esas variaciones en los precios.
Dicho esto, podemos comenzar con la propuesta de Humberto Pérez:
Sobre estas bases, los precios minoristas en los mercados regulados pueden y deben permanecer sin cambios y en los mercados de oferta y demanda continuar estableciéndose libremente como hasta ahora sin intentar influir artificialmente en ellos, de tal manera que a la población consumidora no llegue ningún efecto inmediato derivado de las simples modificaciones de tasa de cambio realizados en la esfera interempresarial.

Por ello no concuerdo con Everleny en que la devaluación del CUP traerá consigo una fuerte inflación y un aumento de los precios de venta minoristas de manera «dolorosa e inevitable».

Tampoco comparto la idea de Everleny que frente a ello la respuesta es producir como compensación fuertes incrementos de salarios los que deberían ascender hasta los 3000 CUP mensuales y en casos a 8000 CUP y más. (Pérez, 2020a)
Sobre este tema también se manifestó Pedro Monreal:
Ese nuevo nivel de precios minoristas —impactados por una devaluación— estaría reflejando condiciones económicas más realistas que las actuales. Por tanto, esos nuevos niveles de precios, lejos de ser obstaculizados, deberían ser favorecidos. También debe ser favorecido un sistema que ofrezca flexibilidad para hacer ajustes frecuentes de precios (Monreal, Benavides y Carranza, 2020).
La expresión «simples modificaciones de la tasa de cambio» que sostiene Humberto Pérez puede sonar engañosa, y de hecho lo es si se toma en cuenta que la tasa de cambio es justamente el precio relativo más determinante de una economía abierta y pequeña como la nuestra. Sumémosle a eso que después de varios años acumulando desequilibrios, la necesaria corrección de la tasa de cambio del sector estatal será significativa. De todas maneras, vale la pena seguir con detenimiento su razonamiento: subsidiar los saldos deficitarios de la actividad empresarial posunificación evitando así trasladar la carga de precios a la población.
Por otra parte, las posturas de Monreal y Everleny, con matices diferenciadores, se encuentran en la otra vertiente: dejar que la devaluación se exprese en los precios de forma automática y ajustar el poder de compra de la población vía incrementos nominales de los salarios.
Para desarrollar la argumentación, me basaré en esta posición de ambos autores considerándola en su forma «pura», es decir, obviando los matices añadidos. Contrastándola con la posición de Humberto Pérez, vemos en este debate lo que podría llamarse «soluciones de esquina». Y aunque algunas veces las soluciones de esquina pueden ser superiores a las intermedias, sostengo que no se cumple en este caso. Hay que determinar un punto intermedio donde, por un lado, se defina qué tanto puede subsidiar la economía —el presupuesto— sin caer en déficits extremadamente desestabilizadores, y por el otro, se adopte de manera previa un criterio de demarcación de la asignación de subsidios. Dicho criterio trasciende los límites de este trabajo, aunque pretendo desarrollarlos en otro lugar. Aun así, sostengo que el criterio de demarcación no puede estar asociado de manera única a la rentabilidad empresarial.

Es probable que muchas editoriales cubanas no sean rentables, ni ahora ni después de la unificación, pero el criterio no puede ser que la lectura sea una actividad rentable. Los derechos humanos no se rentabilizan. La cultura popular es un derecho humano, el deporte es un derecho humano, la protección de los más desfavorecidos es un derecho humano. Pero también concurren criterios de soberanía nacional en temas como la defensa, las telecomunicaciones, industrias estratégicas, o los derechos asociados a servicios públicos universales —además de la salud y la educación— tales como: el servicio de transportación de la población, el agua y la electricidad, que no pueden caer bajo una óptica rentabilizadora. Los subsidios son, como cualquier otra forma de redistribución secundaria, una manera de ubicar el excedente social en función de las necesidades sociales, y ese horizonte no se puede perder de vista.

La gran ventaja de la unificación, en cuanto al tema de los subsidios, es que permite poner de manifiesto las innumerables partidas cuasi fiscales presentes en nuestra economía. Transparenta nuestro presupuesto y posibilita que el poder público decida sobre una base firme a quién subsidiar y a quién no. Permite delimitar las funciones de los agentes de la economía: orientar a las empresas a producir ganancias y al gobierno a subsidiar aquellos rubros que sean de interés social. Esto refuerza el marco institucional y permite asignar roles y responsabilidades a cada eslabón de nuestra economía.
No defiendo en ningún caso que el ajuste posunificación se realice de manera exclusiva mediante subsidios. Existen ventajas claras en que las empresas puedan fijar precios coherentes a los determinados por la eficiencia mercantil y las condiciones de los mercados internos, puedan tomar señales de precios y costos para planificar sus producciones y responder a los estímulos del mercado. En gran medida para eso también se hace el ordenamiento monetario.
Pero estos traspasos de precios generan sus consecuencias, que no tienen por qué considerarse negativas, pero que a la larga necesitan correcciones de política económica. No se puede perder de vista que, mientras más se permita la modificación de precios mercantiles debido a la devaluación, será necesario realizar correcciones nominales a los salarios, para evitar la erosión del poder de compra de la población.
Un incremento de precios progresivo no sería descabellado. Sustituir subsidios por correcciones de precios, acompañado de un mecanismo de indexación progresiva de salarios, permitiría regular los desequilibrios macroeconómicos que surjan en el proceso. «Indexación progresiva de salarios» significa que se realicen ajustes nominales en los salarios de acuerdo al crecimiento del nivel de precios, con el fin de que el salario real — la cantidad de bienes y servicios a los que pueden acceder los asalariados — no se vea afectado por el aumento de precios.

Una gradualidad en las correcciones de precios a la par de una indexación progresiva de salarios puede dar mayor flexibilidad a la política económica posunificación.

Es un hecho que la combinación óptima para un proyecto de país como el nuestro no pueden ser las soluciones de esquina, sino una conjunción de las alternativas de política económica: una parte del ajuste debe venir en subsidios, otra parte por el aumento precios. La indexación de los salarios, aunque sea paulatina y no del 100 %, debe tender a la totalidad y, tras cerrarse un ciclo no mayor a 1 año, el poder de compra del salario debe ser —al menos— igual que antes de realizarse la política cambiaria.

Como dijimos en el primer punto, la devaluación no persigue ni puede perseguir objetivos salariales, pero proteger el poder de compra de la población debe ser un principio de la política económica en un Estado socialista.

Que exista mercado, y que por su naturaleza la planificación de la economía solo pueda realizarse sobre el mercado mismo, no determina ni que los precios han de ser precios de «equilibrio» mercantil, ni que deban regirse en su totalidad por patrones de eficiencia. Aunque hay sectores que deben ser sometidos a las reglas de la competencia y la rentabilidad como norma de su existencia, otros deben quedar al margen de estas.

Poner de manifiesto los desequilibrios que quedaban antes implícitos en un esquema de dualidad cambiaria, es el primer paso para poder tomar decisiones efectivas de política económica. Pero de esto no se deduce que dichas decisiones tengan que ser puramente financieras, basadas en la rentabilidad y la operatividad de la ley del valor, pues esta no es omnipotente sobre la actividad consciente de los seres humanos.
Si son de interés social empresas que hoy son irrentables en materia económica y que mañana se volverán irrentables en términos contables, estas pueden y deben ser subsidiadas. Otra cosa es que esto sea deseable en un horizonte temporal determinado. Si se sostienen con los recursos del presupuesto esto debe quedar recogido de manera correcta y transparente, para que sea una decisión consciente y no un efecto de una tasa y esquema cambiario defectuosos, de ahí la importancia del proceso de unificación.
En resumen, para contrarrestar parte de los efectos nocivos de la devaluación a lo interno del sector empresarial se deberá ejecutar una combinación de ajuste vía subsidios y aumento de precios, que permita sostener las actividades de interés social aun cuando estas sean económicamente irrentables. A la par, debe permitirse la expresión de los nuevos costos en nuevos precios para aquellas actividades que se decida deban regirse en lo fundamental por criterios de rentabilidad. Transparentar el destino de los subsidios del presupuesto es uno de los objetivos primordiales del ordenamiento monetario, así como fortalecer el marco institucional y delimitar las responsabilidades de los diferentes actores: el gobierno subsidia, las empresas producen riqueza.

Notas:

[1] Pérez, Omar Everleny (2020a): «Las tiendas recaudadoras de divisas en Cuba y sus aspiraciones». Recuperado de IPSCUBAm https://www.ipscuba.net/espacios/por-su-propio-peso/con-lupa/las-tiendas-recaudadoras-de-divisas-en-cuba-y-sus-aspiraciones/ Véase también Pérez, Omar Everleny (2020b): «Unificación monetaria en Cuba o adaptaciones en el funcionamiento de las TRD: ¿son excluyentes ambos procesos?» Recuperado de El estado como talhttps://elestadocomotal.com/2020/04/14/omar-everleny-perez-unificacion-monetaria-en-cuba-o-adaptaciones-en-el-funcionamiento-de-las-trd-son-excluyentes-ambos-procesos/
[2] Pérez Humberto (2020a): «Comentando los artículos de Omar Everleny Pérez sobre las tiendas en divisas y la unificación monetaria y cambiaria en Cuba». Recuperado de El Estado como talhttps://elestadocomotal.com/2020/03/08/3890
[3] Benavides, Joaquín; Carranza, Julio; Monreal, Pedro (2020): «Observaciones estimuladas por los comentarios de Humberto Pérez a los artículos de Omar Everleny Pérez acerca de la devaluación y los precios en Cuba». Recuperado de El Estado como talhttps://elestadocomotal.com/2020/03/09/joaquin-benavides-julio-carranza-y-pedro-monreal-observaciones-estimuladas-por-los-comentarios-de-humberto-perez-a-los-articulos-de-omar-everleny-perez-acerca-de-la-devaluacion-y-los-precios-en-cuba/
[4] Por «sector jurídico» se entiende el conjunto de entidades con personalidad jurídica de carácter estatal. Dicho sector comprende en lo fundamental a las empresas estatales y las unidades presupuestadas.
II
En la primera parte de este artículo, abordé el cálculo de la demanda post-unificación en el sector de la población, la propuesta de tasa de cambio y recolocación del poder de compra, realizada por Humberto Pérez, y los ajustes de precios y subsidios en el momento posterior a la unificación. En todos los casos, debato las propuestas y análisis de autores como Omar Everleny Pérez, Pedro Monreal y Humberto Pérez. A los tres puntos de la primera parte, hoy añado otros tres, con el ánimo de continuar profundizando en un asunto tan importante para Cuba como la unificación monetaria y cambiaria.

4. Sobre la propuesta de generalización de la experiencia de tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC)

En su trabajo del 4 de marzo publicado por IPS, Omar Everleny propone convertir las tiendas en CUC en tiendas en MLC, generalizando la experiencia de aquellas que ya operan en divisas, como forma de solventar la escasez crónica de productos en las tiendas en CUC.
Hay que recordar aquí que lo que se esgrime como causa para realizar esta conversión es un hecho objetivo de nuestro esquema cambiario: el CUC o el CUP que circula en el sector de la población no es luego convertible a USD dentro del sector empresarial. Ello está motivado por varios factores, entre ellos el exceso de emisión monetaria en que incurrió la economía durante varios años y la existencia, a lo interno del sector empresarial, de una tasa de cambio ultra-fija (1×1) que no es coherente con los equilibrios macroeconómicos de la economía. En estas condiciones, el exceso de circulante en el sector empresarial se regula mediante una asignación administrativa de divisas que no tiene un origen en la demanda solvente de estas por el sector empresarial. El CUC/CUP con que se compran los productos en las tiendas minoristas no garantiza luego la capacidad de dicha empresa de acceder a los financiamientos en USD para continuar su actividad. Estos financiamientos son en todo momento una decisión discrecional.
En tal escenario se da la apertura de las tientas en MLC, las que Omar Everleny propone generalizar:
(…) pasar todas las ventas de las tiendas minoristas a MLC, a través de tarjetas bancarias nacionales e internacionales, desapareciendo el CUC. No es una unificación monetaria, por cuanto seguiría existiendo el CUP, de conjunto con el USD, aunque este último no pudiese utilizarse en efectivo. La población podría seguir pagando en efectivo en CUP, pero dado el elevado tipo de cambio de Cadeca y los niveles actuales salariales, cabe esperar que el por ciento recaudado en CUP, del total de ventas de las tiendas en divisas, no sea significativo y no afecte la disponibilidad de divisas para el sucesivo reabastecimiento de las tiendas.
El planteamiento central que desarrollaré sobre la propuesta de Everleny, se refiere a un supuesto implícito que no comparto: asume que es posible, e incluso positivo, avanzar en el ordenamiento monetario y dolarizar la economía al mismo tiempo.
Desde diversos sectores se ha insistido en que operar un número reducido de tiendas a MLC no significa avanzar hacia la dolarización de la economía, pero no es posible ignorar los peligros que una generalización de esta propuesta traería consigo.
Es válido recordar que una demanda de divisas pequeña, en comparación con la entrada de remesas y otras fuentes de oferta de divisas, fue en gran medida lo que sostuvo el actual esquema cambiario de la población. Durante mucho tiempo, al nivel de tasa de cambio —1×25—, la oferta de divisas en el sector de la población fue mayor que su demanda de divisas. Esto se logró, entre otras muchas razones, por la reducción de la demanda de divisas para la realización de las compras en tiendas minoristas por parte de la población. La salida del dólar de la circulación mercantil estatal del sector de la población,[4] fue uno de los elementos que permitió dotar de mayor estabilidad al mercado cambiario de divisas CADECA.
Luego, este escenario se vio seriamente perturbado en el momento en que se implementó la política de las tiendas en MLC. Se evidenció la depreciación de las monedas nacionales con relación al dólar en el mercado informal —alrededor de un 10%—, así como un aumento de las restricciones al cambio de divisas en el sector formal, al aumentar el control de su oferta por parte del estado.
No es de extrañar este fenómeno pues, como es sabido, fue justamente la recuperación de la oferta en moneda nacional después del shock de los noventa y la salida del USD de circulación en 2004, lo que permitió la estabilización del mercado cambiario de la población. El aumento de la oferta de productos en MLC, a la escala que refiere Everleny, supondría un incremento exponencial de la demanda de divisas. Esto se traduciría en un shock de demanda al mercado cambiario formal e informal de la población, que generaría mayores controles cambiarios y una depreciación de la tasa de cambio informal. La prueba más certera de esto se encuentra, como ya dijimos, en los fenómenos ocurridos tras la apertura de un pequeño sector de mercado en MLC.
La generalización de esa experiencia significaría echar por tierra los esfuerzos de buena parte de nuestra política económica en los últimos 15 años.
El proceso de unificación es, sin lugar a dudas, el final de un ciclo comenzado ya hace más de 20 años para el ordenamiento del entorno monetario cubano. Es el final del proceso de desdolarización de la economía y momento cumbre de los esfuerzos de la política económica iniciada en el año 1993. La dualidad monetaria fue en este proceso una exigencia necesaria para salir, al menor costo social posible, de la dualidad entre una moneda nacional y una extranjera, proceso que sería revertido con una generalización de las tiendas en MLC.
Sacar el CUC de circulación para llevar una parte de la comercialización minorista a USD, tal como se propone, supone enfrentarnos a un escenario de retorno generalizado del uso del USD en las transacciones de la población, no solo en dichas tiendas sino también a lo interno del sector privado. Las expectativas de que exista un uso cada vez mayor del USD y menos de las monedas nacionales, así como la precaución ante una posible pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional, puede estimular una re-dolarización parcial de la economía difícil de revertir. Esto significa que volveríamos a un lugar muy similar al que nos propusimos salir hace más de 25 años con la voluntad expresa de nuestro gobierno y nuestro pueblo. A diferencia de lo que supone el autor, no es posible avanzar en su propuesta de re-dolarización parcial del comercio minorista sin crear un fuerte estímulo a la re-dolarización de todo el sector de la población.
Tampoco es posible, pues son políticas que van en sentido contrario, avanzar en el ordenamiento monetario e incentivar la dolarización de todo un segmento de la economía.
Por otra parte, la propuesta de Omar Everleny trae implícito el discutible argumento de que la generalización de tiendas en MLC traería aparejado un incremento de la captación de divisas en una magnitud tal que justifique dicha política. Esta proposición parece tener consenso en algunos sectores. Aquí me limitaré a argumentar algunas cuestiones en torno a la política de las tiendas MLC en general:
a) Es posible que las tiendas en MLC puedan captar una parte de las divisas que ahora se encuentran en el mercado informal. Aunque el cambio informal de divisas no es una actividad legal, se cuenta con ella para redistribuir las divisas de dicho sector, en manos de aquellos que la demanden para comprar en las tiendas de MLC. El mercado informal de divisas sería la vía de acceso para buena parte de aquellos cubanos que no reciben remesas o algún ingreso en divisa.
Que la vía de acceso a divisas sea CADECA no es realmente congruente con la política de captación de divisas para el país, pues el saldo neto de vender divisas a la población y que estas sean utilizadas luego para la compra en tiendas en MLC, es lógicamente cero.
b) Pasar el comercio minorista a MLC persigue, de manera implícita, regular el excedente de liquidez en el sector de la población mediante una reducción del poder de compra de los saldos nominales en CUC y CUP. El propósito de una generalización de las tiendas en MLC no sería solo captar divisas, sino evitar parcialmente la sobredemanda de productos con una moneda sin respaldo en divisas. Pasar una buena parte de la oferta minorista a una moneda libremente convertible, asegura de forma parcial la sostenibilidad del esquema importador, pero a costa de reducir la capacidad de compra de los saldos monetarios de la población.
Es cierto que a dichas tiendas concurrirá una parte de aquellos que hoy acceden en monedas nacionales, luego de convertirlas en el mercado cambiario, pero como comentábamos antes, no es sostenible que el mercado formal sea quien asegure un incremento exponencial de la demanda de divisas. El aumento de la demanda de divisas en el mercado informal, además de ser en principio un mercado ilegal, traería aparejada la depreciación del CUP y CUC, al convertir los mercados en MLC en prohibitivos para una buena parte de la población.
La depreciación del tipo de cambio informal y la restricción de cambio en el mercado formal significa, de hecho, una reducción del poder de compra de la moneda nacional en las nuevas tiendas.
Es cierto que ya en algunos casos dichas tiendas son prohibitivas para segmentos de la población. Sin embargo, el fundamento mismo de la generalización de esta política no sería otro que el de limitar la demanda de aquellos que tienen CUC y CUP, porque estas monedas NO son convertibles luego a lo interno de las empresas y no permiten sostener un esquema importador. Uno de los objetivos del ordenamiento monetario es lograr un esquema cambiario que garantice la convertibilidad de la moneda nacional en toda la economía.
Es «tolerable» que se venda un carro, una moto y hasta un Split en USD, pero ya sería otra cosa tener que ir al mercado informal o esperar grandes colas en CADECA para comprar un pomo de aceite. Como experimento puntual no lo comparto, porque va en contra de la política de ordenamiento monetario; como una propuesta generalizada lo considero insostenible.
c) Por otra parte, se supone que la principal fuente de ingresos de estas tiendas sean los flujos de remesas que se ingresarán en tarjetas para realizar compras en ellas. Y aunque a primera vista pareciera una política sin fallos, es necesario calcular el saldo neto de dicha política con respecto a esas remesas. Es cierto que muchas remesas acaban ahora en tarjetas en MLC, situación que se acentuaría si esta propuesta se generalizara, pero hay que tomar en cuenta que una parte de dichas remesas serían las que dejan de entrar por el resto de las vías formales, colocadas ahora por los emigrados en las tarjetas de MLC. Es poco realista suponer que las tarjetas tendrán una fuente diferente a la del resto de las remesas. El saldo neto en divisas de la política de tiendas en MLC, desde la perspectiva del país, no es realmente el ingreso de divisas por los mecanismos de pago — tarjetas AIS y demás — sino la suma de estos ingresos menos lo que se deja de percibir por los otros canales. Visto así, puede suponerse que su impacto es en realidad mucho menor.
c) Por último, debemos reflexionar — y esto es válido para la propuesta de Omar Everleny, pero también para los decisores del gobierno cubano que dieron luz verde a las tiendas en MLC — si son necesarias dichas tiendas para captar divisas informales y solucionar el problema de la escasez en la economía.
Mi posición al respecto es que una transformación de nuestro sistema de precios minoristas y de la configuración de ofertas puede ser más efectiva.
El solo hecho de la apertura de tiendas en MLC no resuelve el problema de fondo que son los desequilibrios entre la oferta y la demanda en el sector de la población. La venta en USD no resuelve por sí misma los déficits crónicos de oferta. Como vimos, buena parte de la demanda en CUP y CUC se reconvertiría en demanda en USD a través del mercado cambiario, lo cual haría retornar los excesos de demanda si no se produce un incremento de la oferta. El caso extremo de que se logren reducir los excesos de demanda con una oferta similar, ahora en USD, solo sería posible si la conversión de los saldos a USD, en el marco de una depreciación muy grande de la tasa de cambio informal, disminuye el poder de compra de las monedas nacionales, equilibrando el nuevo segmento de mercado. Esta opción, como ya vimos, es del todo inaceptable en mi criterio.
La cuestión de fondo radica en la corrección de la oferta, tanto en términos de volumen como de precios. Esto requiere el ordenamiento monetario para garantizar la convertibilidad de la moneda nacional a lo interno del sector empresarial. La propuesta de Omar Everleny Pérez no es congruente con dicho propósito y es costosa desde el punto de vista social, sin que dé una solución real al problema planteado. Los beneficios de dicha política no superarían sus efectos nocivos.
En resumen, no conviene avanzar en la generalización de las tiendas en MLC, pues las distorsiones que introduce son mayores que los beneficios que traería. Tampoco garantiza un ordenamiento aceptable del mercado minorista ni un incremento neto de la cantidad de USD que obtiene el sector estatal de la economía. La implementación de esta política iría en sentido contrario al proceso de ordenamiento monetario.

5. Sobre la determinación de la tasa de cambio post-unificación propuesta por Omar Everleny Pérez

El tipo de cambio que se configure tras la unificación es, sin lugar a dudas, uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta. Este determinará el carácter del propio esquema cambiario resultante, así como la posibilidad de sostenerlo sin incurrir en excesivos controles. En relación con esto el autor argumenta:
(…) muy pocos artículos se refieren a algo más importante aún. Y me refiero a la forma de fijar el tipo de cambio del USD contra el CUP en los días, meses, años posteriores.
En los países socialistas de Europa del Este, y en Cuba, ese tipo de cambio siempre fue establecido por el Estado de manera fija y quedó inamovible por largo tiempo. Pero recordemos que el dinero es una mercancía más, con un valor relativo y fluctuante en cada momento. Puede que calculemos un tipo de cambio adecuado para el día cero, pero después la masa monetaria en CUP tendrá su propia dinámica, en dependencia de salarios, inversiones, subsidios, gastos del Estado —por ejemplo, el reciente incremento de los salarios en el sector presupuestado—, respaldo a eventos extraordinarios, como huracanes y epidemias, etc.
Y los ingresos netos en divisas también se moverán en una u otra dirección, en dependencia de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, inversión externa, flujo de remesas, créditos recibidos y amortizaciones de deudas, etc. En una economía de mercado, el equilibrio entre esas dos masas monetarias se refleja en el tipo de cambio de la moneda nacional, bien sea fluctuante y hallado por el mercado por la ley de oferta y demanda, o controlado por el Estado, pero con modificaciones periódicas, de manera que el tipo de cambio no se aleje demasiado de la realidad. Cuando el control del Estado es excesivo y la tasa de cambio queda inamovible por largo tiempo, suele surgir un tipo de cambio de mercado negro, que cada vez puede que se aleje más y más del oficial (Everleny, 2020b)
Como argumenta el autor, no tiene mucho sentido proponer un valor X o Y para la tasa de cambio del momento post-unificación, pues la propia naturaleza de la tasa de cambio implica constantes variaciones en sus elementos determinantes. Pone así de manifiesto una cuestión neurálgica: el tipo de cambio hay que pensarlo para el día a día y no solo para el momento de la unificación. Por ello, más que proponer un valor exacto me gustaría reflexionar sobre la naturaleza que este debería presentar.
Vayamos por partes. Es común encontrar en la literatura convencional y en buena parte de lo que se ha escrito en Cuba sobre el tema, un énfasis recurrente en la determinación de un «tasa de equilibrio» para la economía. El propio planteamiento de Omar Everleny va enfocado a señalar que una tasa fija, administrada por el Estado, tendería a la larga a alejarse de la realidad macroeconómica. La opción contraria, propuesta por varios autores, está en una tasa de cambio flexible —flexible intervenido, flexible en bandas o fijo ajustable— que permite ir corrigiendo paulatinamente los desequilibrios macroeconómicos mediante ajustes del tipo cambio. Se señala también que las experiencias socialistas han tenido una tendencia histórica a presentar inconvertibilidad cambiaria en esquemas de tipo de cambio fijo sostenidos por varios años.
Es cierto que un tipo de cambio fijo necesita un compromiso de política monetaria y fiscal orientado en gran medida a la defensa del tipo de cambio. La acumulación de desequilibrios monetarios y fiscales en un esquema de tipo de cambio fijo, trae como consecuencia la inconvertibilidad de las monedas locales y la necesidad de imponer controles cambiarios. Pero un tipo de cambio fijo no siempre implicaría inconvertibilidad de la moneda. Mientras sea defendible por intervenciones cambiarias del Banco Central —es decir, comprar o vender los excedentes de divisas— y no por controles cambiarios, podrá reflejar un estado macroeconómico interno sostenible. Aun así, se puede volver insostenible si se aleja mucho de su estado de equilibrio, en cuyo caso la venta de Reservas Internacionales como paliativo a la situación podría ocasionar una drástica disminución de estas divisas, y la necesidad de imponer controles a las operaciones cambiarias.
El tipo de cambio fijo permite garantizar una estabilidad macroeconómica que no se tiene en otros esquemas. Mientras sea defendido de forma adecuada, gracias a una coordinación de política, funciona como un elemento positivo para la planificación de la economía y la actuación prospectiva de sus agentes. Por demás, el hecho de que sea fijo no significa que no sea ajustable de ser necesario. La elección del régimen de cambio requiere un profundo debate que tendrá un papel esencial en el éxito a largo plazo del ordenamiento monetario y cambiario.
Por otra parte, es importante entrar a reflexionar sobre la naturaleza que debe poseer el tipo de cambio adoptado. Sostengo que la búsqueda de un «tipo de cambio de equilibrio» es también bastante cuestionable, tanto por el hecho de que este pueda ser calculado —pues es en esencia inobservable— como por el hecho de que sea deseable para una economía periférica como la nuestra. Las economías subdesarrolladas presentan una tendencia a mantener un tipo de cambio sobre-devaluado, para poder disminuir la brecha de productividad existente con respecto a las economías de mayor desarrollo.[5] Ese tipo de cambio sobre-devaluado es un estado en principio más deseable en términos de competitividad para una economía como la cubana que la propia tasa de equilibrio.
La visión que sostengo es que las tasas de cambio deben ser en principio un medio funcional a la política de desarrollo del país. Muy lejos quedan de nuestra realidad los análisis del equilibrio cambiario de la teoría convencional.[6] La de Cuba es una economía subdesarrollada y dependiente y la naturaleza de su forma de inserción internacional debe ser siempre tomada en cuenta. La teoría económica convencional y sus representantes, con su vocación homogeneizadora, suelen encaminar al pensamiento económico a buscar en ella las respuestas a la mayoría de los problemas concretos presentados por las diversas economías. Olvidar el carácter especial que imprime el desarrollo en condiciones de dependencia, sería un error muy costoso en un país como Cuba.
La naturaleza del tipo de cambio post-unificación, que no limitamos a un valor ni un rango determinado, debe apuntar a un esquema cambiario que constituya un mecanismo al servicio del desarrollo industrial y la competitividad exportadora del sector transable y turístico, que al mismo tiempo suponga una desconexión total de los flujos de capitales especulativos, y que solo permita apertura de cuenta de capitales y financiera a favor de la inversión extranjera directa (IED) y capitales no especulativos — créditos gubernamentales, bancarios, venta de bonos soberanos del tesoro en mercados regulados, etc—. Este esquema deberá ser enfocado como un medio de política económica para paliar, lo más posible, la brecha estructural que representa la interconexión en el mercado mundial de una economía periférica dependiente, sometida además a un férreo bloqueo económico, financiero y comercial.
Una tasa de cambio ligeramente sobre-devaluada, capaz de incentivar las exportaciones del sector transable y desincentivar la voracidad importadora característica de las economías subdesarrolladas, puede contribuir con la transformación productiva y el despegue de una industria nacionalcapaz de colocar a Cuba en la senda de un desarrollo real y sostenido.
Es necesario destacar que un tipo de cambio sobre-devaluado debe permitir el incremento de la productividad del sector externo, pero no encubrir la ineficiencia a su interior. Tampoco puede ocasionar la insostenibilidad del sector importador y una excesiva presión sobre los precios internos. Es decir, el cálculo exacto de dicho tipo de cambio — que en principio es también un inobservable— deberá ser fruto del análisis específico de la situación concreta de la economía, de las estructuras de costos de nuestro sector exportador, de las vulnerabilidades ante una devaluación del sector importador, de las capacidades de financiamiento del presupuesto y de los precios internacionales de nuestros principales bienes y servicios exportables. También, debe partir del estudio de las experiencias internacionales más destacadas respecto al tema.
Es necesario eliminar del pensamiento económico cubano el mito de una supuesta «tasa de cambio de equilibrio» que vacíe los mercados cambiarios y conecte los flujos nominales internos y externos sin generar desequilibrios. Dicha tasa es al mismo tiempo una falacia y un estado indeseable para una economía que pugne por el desarrollo en condiciones de dependencia. El esquema adoptado debe ser capaz de incentivar el sector exportador a la par que permita dejar un excedente de divisas en el mercado cambiario, que sea captado por el gobierno central y reasignado a las tareas de desarrollo nacional.
En resumen, la tasa de cambio no debe determinarse sobre la base de un «equilibrio» que es inobservable en la práctica, sino de criterios de una política económica orientada a la competitividad de la economía y a permitir su inserción externa, en las condiciones de dependencia y subdesarrollo que imponen sus rasgos internos y el sistema capitalista mundial. La tasa de cambio debe ser un medio funcional a la política de desarrollo del país.

6. Sobre la naturaleza monetaria de la dualidad y la respuesta productiva post-unificación.

Presento aquí una idea que dejé pendiente antes y que es, tal vez, la más polémica de las que expongo en este trabajo. Existe, en algunos artículos que abordan el periodo post-unificación, una coincidencia en que el factor determinante del éxito del ordenamiento está en que se logre un incremento progresivo de la oferta de bienes y servicios. Comparto esa idea y considero que el proceso de unificación cambiaria, la devaluación del sector estatal, entre otras medidas, deben repercutir en el sector productivo y que esto dará la medida de su éxito. Pero antes de desarrollar este punto me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la naturaleza de la dualidad cambiaria.
En un texto de 1933, «Una teoría monetaria de la producción»,Keynes sostiene que las economías modernas se establecen sobre relaciones contractuales entre los diferentes agentes, relaciones que configuran una interdependencia financiera que implica un complejo entramado de obligaciones monetarias, las cuales crean las condiciones y el espacio para la toma de decisiones productivas de las empresas, y limitan o potencian su capacidad de actuación real (Keynes, 1998)[7]. Si se mira desde esta concepción, sostengo que las distorsiones cambiarias son en esencia distorsiones monetario-financieras en las relaciones contractuales de los agentes de la economía. La principal implicación de esta disposición — la dualidad cambiaria y la sobre-evaluación del tipo de cambio jurídico — es la imposibilidad de medir el valor en una economía esencialmente monetaria. Y aunque esto no niega, como ya dijimos, que será el sector productivo quien determine si la unificación tendrá o no un resultado satisfactorio, la dimensión monetaria, financiera y contable jugará un rol preponderante, sobre todo durante el proceso de unificación y en los primeros momentos posteriores a su materialización. Los principales ajustes en el momento de la unificación serán monetarios, financieros y contables. Luego de esto, poco a poco, pasarán a sentirse sobre el sector «real» de la economía.
Se supone que la unificación y la devaluación en el sector jurídico tendrá efectos beneficiosos en aspectos como la eficiencia, la capacidad de captar señales de precios internos y externos, la correcta medición de la actividad empresarial, la adopción de estrategias productivas y en propiciar un manejo financiero de la economía, al permitir a mediano plazo aumentar los niveles de productividad y la oferta de bienes y servicios al mercado interno. Sin embargo, en el corto plazo y en el momento mismo de la unificación, no se puede esperar una gran respuesta productiva.
Coincido con Pedro Monreal y Joaquín Benavides en que ese despegue productivo será una de las grandes interrogantes en el momento posterior a la unificación, a la vez que se convertirá, en el mediano plazo, en un indicador del éxito de la medida. Cierto es que se podría haber hecho mucho más antes de la unificación, en el esquema institucional y a lo interno del sector productivo, para aprovechar en mejores condiciones el impulso que aquella traerá sobre el sector empresarial. Pero, dado que estas medidas no se concretaron, ya no es posible esperar el estado óptimo para realizar los cambios necesarios en el esquema cambiario. Es posible avanzar con lo que se tiene, aunque los objetivos de la unificación en las condiciones actuales deberán ser mucho menos ambiciosos.
A esto hay que sumarle el hecho de que, una vez que se decrete la unificación cambiaria, la dotación de medios de producción de la economía no se modifica realmente. Suponer que es posible la ampliación en el corto plazo de la producción que permita mejorar los equilibrios macroeconómicos en el periodo post-unificación es suponer, por un lado, que la economía cubana cuenta con reservas de medios de producción subutilizados que permitan incrementar la producción sin realizar inversiones en el sector productivo; por el otro, que se cuenta con las reservas de divisas capaces de garantizar los bienes intermedios necesarios para dicha ampliación de la producción.
En lo relativo al crecimiento de la producción, es necesario introducir una diferenciación realista de plazos. Algunas restricciones a la eficiencia y competitividad de las empresas que se introdujeron durante la multiplicidad cambiaria se superarán de forma parcial al momento de la unificación, pero en el corto plazo la propia unificación no es la solución a todas las distorsiones que ella misma condicionó, ni a otros problemas que en el esquema institucional presenta nuestra economía.
Las ganancias de eficiencia, la capacidad de ejecutar estrategias productivas más coherentes y efectivas, el desarrollo de una contabilidad basada en una medida de valor mejor fundamentada, entre otros beneficios de la unificación cambiaria, son resultados de largo plazo. Preveo tres o más años para comenzar a recibir esos beneficios en su totalidad. Sería, sin embargo, una grata sorpresa que se lograran antes.
El éxito general de la medida, como argumenta Monreal, pasa por que el tejido empresarial pueda lograr un salto de eficiencia, superar la falta de incentivos y corregir la deficiente asignación de recursos de un modelo de administración central. Si el crecimiento fuera una carrera — de hecho, puede que lo sea— la unificación cambiaria tan solo nos pone en el punto de partida. Coincido con lo expuesto por los autores citados en que todo lo que se haga en términos de unificación no servirá de mucho si no viene acompañado por cambios institucionales y estructurales en nuestra economía. A la larga, la unificación es el medio para permitir a nuestras empresas e instituciones desarrollarse orgánicamente en una economía mercantil, sin abandonar procesos y mecanismos que les impriman un carácter socialista.
En resumen, los primeros efectos tras el ordenamiento estarán limitados a correcciones monetario–contables, no al sector «real». Las capacidades productivas están dadas en el corto plazo y los beneficios de eficiencia del ordenamiento solo empezarán a recibirse en un mediano plazo. La respuesta productiva de corto plazo no puede ser un elemento con el que contar en la gestión de los equilibrios monetarios posteriores al ordenamiento. La unificación cambiaria, monetaria, así como la devaluación del sector empresarial, constituyen el final del proceso de desdolarización de nuestra economía, del ordenamiento monetario iniciado en 1993, pero apenas un paso dentro de un camino mucho más complejo de cambios estructurales e institucionales que exige voluntad política y mente fría para avanzar.

Notas:

[1] Pérez, Omar Everleny (2020a): «Las tiendas recaudadoras de divisas en Cuba y sus aspiraciones». Recuperado de IPSCUBAm https://www.ipscuba.net/espacios/por-su-propio-peso/con-lupa/las-tiendas-recaudadoras-de-divisas-en-cuba-y-sus-aspiraciones/ Véase también Pérez, Omar Everleny (2020b): «Unificación monetaria en Cuba o adaptaciones en el funcionamiento de las TRD: ¿son excluyentes ambos procesos?» Recuperado de El estado como talhttps://elestadocomotal.com/2020/04/14/omar-everleny-perez-unificacion-monetaria-en-cuba-o-adaptaciones-en-el-funcionamiento-de-las-trd-son-excluyentes-ambos-procesos/
[2] Pérez Humberto (2020a): «Comentando los artículos de Omar Everleny Pérez sobre las tiendas en divisas y la unificación monetaria y cambiaria en Cuba». Recuperado de El Estado como talhttps://elestadocomotal.com/2020/03/08/3890
[3] Benavides, Joaquín; Carranza, Julio; Monreal, Pedro (2020): «Observaciones estimuladas por los comentarios de Humberto Pérez a los artículos de Omar Everleny Pérez acerca de la devaluación y los precios en Cuba». Recuperado de El Estado como talhttps://elestadocomotal.com/2020/03/09/joaquin-benavides-julio-carranza-y-pedro-monreal-observaciones-estimuladas-por-los-comentarios-de-humberto-perez-a-los-articulos-de-omar-everleny-perez-acerca-de-la-devaluacion-y-los-precios-en-cuba/
[4] Resolución 80/2004 del BCC que determina la obligatoriedad del uso del CUC para las transacciones de la red minorista de la población que antes operaba en divisas (TRD).
[5] Astarita, Rolando, Tipo de cambio y teoría del valor I. https://rolandoastarita.wordpress.com/2014/06/07/tipo-de-cambio-y-teoria-del-valor-trabajo-1/
[6] Por teoría convencional nos referimos fundamentalmente al “Nuevo Consenso Macroeconómico”, síntesis de las escuelas de pensamiento económico neoclásica y neo-keynesiana. Esta síntesis tiene entre sus principales autores a economistas europeos y norteamericanos. En especial en el área de la teoría del comercio internacional y las tasas de cambio sobresalen los trabajos del Premio Nobel de eEconomía Paul Krugman (neo-keynesiano).
[7] Keynes, J. M. (1998): Una teoría monetaria de la producción. Revista Cuadernos de Economía, 17 (28), 246–249.

La Sico-Segmentación Maniquea de EU

Posted By: Alfredo Jalife-Rahme, 



La Jornada, Bajo la Lupa 28.06.20


Se discute si la revuelta de 40 ciudades en EU es una revolución cultural, un levantamiento de masas, una guerra racista o una guerra civil, en medio de su proto-balcanización (https://bit.ly/2BEXPyz).

A mi juicio, se trata de la “segunda guerra civil (https://bit.ly/31kzM2z)”, que engloba los anteriores componentes citados y desnuda al mediodía lo que parece su irreversible sico-segmentación maniquea, como postula persuasivamente el británico Alastair Crooke (AC), quien fue espía del MI6 y luego asesor principal del español Javier Solana, quien fuera el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea.

Hoy, AC despacha en Beirut, centro importante del espionaje británico medio-oriental, desde su muy solvente portal Conflicts Forum.

Según AC, el balance de fuerzas a nivel doméstico es tal que ningún partido puede, como deseara, forzar la sumisión del otro a su cosmogonía, ninguno puede prevalecer en forma decisiva cuando ni siquiera la elección de noviembre arreglará las cosas en una forma final y, al contrario, podría agudizar aún más la confrontación.

Formula dos vectores para tal escisión: 1. No existen más “hechos ( facts)”, sino que se han convertido en una ideología que ha separado a dos campos irreconciliables, y 2. No existe ninguna autoridad o fuente para validar un “hecho ( fact)” cuando lo que prevalece es la emocionalidad síquica (filósofo escocés Alasdair Macintyre dixit). ¡Se extinguieron, cuando no mataron, a los árbitros en EU!

AC cita al historiador Michael Vlahos (MV), quien define el momento como una “nueva guerra civil (https://bit.ly/31iVGDc)” y aduce que “EU se ha dividido en dos diferentes naciones y se ha separado en dos sectas religiosas ( sic) incompatibles”: 1. El partido en el poder, que visualiza la identidad nacional arraigada en una Era dorada temprana que preserva la propiedad, el comercio y la libertad, de tónica protestante calvinista, y 2. Una visión progresista del futuro, de tono apocalíptico, que vislumbra la perfección y la pureza por delante.

MV concluye que en la definición del bien (sic) y el mal (sic), no existe lugar para un compromiso.

AC extrapola las dos imágenes síquicas en conflicto a la geopolítica global, cuando los estadunidenses se agitan fácilmente y se exasperan con las nociones de que China o Rusia pueden acuñar el vacío.

A juicio de AC, en Israel –país consubstancialmente supremacista/racista/Apartheid/paria, donde urge también un Palestinian Lives Matter (PLM: Las Vidas de los Palestinos Importan)– se encuentran aterrados (sic) por el discurso liberal de BLM (Las Vidas de los Afro Importan), por la lucha venidera contra el racismo y la opresión.

Asiste la razón a AC si vislumbramos los resultados electorales de las primarias del Partido Demócrata en Nueva York –conglomerado urbano más importante de israelíes en el mundo y sede de Wall Street– donde la ola insurgente apoyó al afro Jamal Bowman –gran defensor de los derechos palestinos (https://bit.ly/3dwW4R6)–, respaldado por la reluciente estrella ascendente Alexandria Ocasio-Cortez, desbancó al legislador israelí-estadunidense Eliot L. Engel –zelote del irredentismo de Israel que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara– quien representó a su distrito Bronx/Westchester County durante más de 30 años (https://nyti.ms/3g2Mp6C), lo cual repite el éxito de 2008 de los rebeldes del ala izquierda del Partido Demócrata: aliada al judío-progresista socialista BernieSanders, quien ha sido dos veces defraudado por el establishment del antidemocrático Partido Demócrata.

A mi juicio, se trata de un clásico epifenómeno de las transiciones que denotan la mentalidad maniquea del tercer siglo a. C., cuando una de las partes se autoarroga el derecho inmanente de la verdad absoluta y divina que exige la extinción de su contraparte y no da pie para los compromisos de colores diferentes al blanco y al negro. Así, el otro, quien fuere, es linchado con todo un diluvio de epítetos peyorativos gracias a la ayuda de quien controle mejor los multimedia.


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Libro "Economía para no dejarse engañar por los Economistas" (IX)

Por Juan Torres

¿Por qué se dice que el gasto público ayuda a mejorar en los malos momentos de la economía y evita que esta empeore cuando va bien?


Una de las virtudes que tiene el gasto público es que ayuda a estabilizar la economía. Como veremos, la actividad económica suele avanzar a lo largo del tiempo a base de subidas y bajadas que van conformando un ciclo económico, es decir, una sucesión de etapas buenas con otras malas (algo tan antiguo que ya en la Biblia se hablaba de siete años de vacas gordas y otros siete de vacas flacas).
Pues bien, el gasto público tiene la virtud de que, en las etapas malas de la economía (las llamadas recesiones), permite que ésta mejore, y en las etapas buenas, al revés.
Cuando la economía se encuentra en una de estas fases de mal funcionamiento, en una fase recesiva, los empresarios perciben malas expectativas de ventas y beneficios, y la inversión se reduce, con el subsiguiente efecto multiplicador negativo sobre la renta global de la economía.  Además,  los  hogares  perciben  que  las  cosas  no  van  bien,  y también suelen disminuir su consumo para así disponer de recursos en un futuro que ven con temor. Y ambas circunstancias harán que caigan no sólo las ventas y el empleo, sino también las rentas, de modo que los hogares y las familias entran en una espiral negativa, en una especie de círculo vicioso que se autoalimenta para ir a peor. Pero en esos momentos, el gasto público actúa incluso   automáticamente,   sin   necesidad   de   que   los   gobiernos   tomen decisiones al respecto.
Así, en cuanto las expectativas empeoran y comienzan a producirse despidos, automáticamente se conceden subsidios a las personas desempleadas, o ayudas a los hogares en donde haya personas sin ingresos; asimismo, al disminuir la renta, bajarán también algunas obligaciones tributarias de las personas o empresas en peores condiciones. Se produce de ese modo un incremento automático del gasto público que permite poner renta en manos de esas personas, lo que se convierte automáticamente en ingreso  de  las  empresas  que  van  a  poder  seguir  vendiéndoles  bienes  servicios. Esos gastos que se toman sin ni siquiera necesidad de que los decidan expresamente las administraciones o el gobierno se llaman estabilizadores  automáticos,  porque  estabilizan  la  economía automáticamente, sin que sea necesario adoptar decisiones discrecionales.
E igualmente ocurre cuando la economía se encuentra en expansión. En ese caso, las buenas expectativas pueden dar lugar a un efecto contrario: que los empresarios sobrevaloren las posibilidades de realizar beneficios y que aumenten excesivamente sus inversiones, o bien que los consumidores eleven en exceso su demanda de consumo en perjuicio del ahorro, generando así una presión demasiado grande sobre la oferta que provoque subidas indeseables y negativas en los precios.
En esta situación, al igual que en la recesión pero con un sentido claramente contrario, también aparecen estabilizadores automáticos: sin que nadie tenga que tomar la decisión, disminuyen las ayudas y aumentan los impuestos a medida que aumenta la renta de los sujetos.
Y, naturalmente, junto a estas acciones automáticas, el sector público puede tomar las discrecionales que considere oportunas para mejorar la situación económica.
En  definitiva,  los  economistas  decimos  que  el  gasto  y  el  ingreso públicos tiene un efecto «contra el ciclo» (contracíclico), aumenta (incluso automáticamente) cuando la economía va mal, proporcionándole impulso, y disminuye (también incluso automáticamente) cuando va bien, para que no se «recaliente».
Ésa es la utilidad estabilizadora del gasto público, que es tanto más efectiva cuanto mejor funcionen los estabilizadores, porque entonces no será necesario que tengan que intervenir decisores que puedan equivocarse o aprovechar la situación para generar rentas a los grupos de presión.
La crítica que siempre hacen los economistas y políticos liberales a la política fiscal (que precisa de un buen número de empleados públicos para tomar decisiones, así como de análisis complejos que no siempre es fácil ni barato llevar a cabo) tiene bastante de razón a la luz de los hechos históricos. Pero, siendo así, quizá se podría argumentar también que posiblemente no haya otra política con su capacidad para actuar tan eficazmente y con tanta transparencia, y que los problemas de «secuestro» que puede sufrir por parte de grupos de interés no son exclusivos de la política fiscal, sino que igualmente pueden aparecer, y de hecho es fácil comprobar que aparecen, en las demás formas de intervención, o incluso de no intervención, cuando lo que buscan esos grupos de interés es precisamente que les dejen actuar sin ningún tipo de cortapisas.
Así pues, es cierto que esta función estabilizadora de la política fiscal es delicada y no está exenta de riesgos e incluso de peligros. Debe llevarse a cabo en su justa medida, con ponderación, en el momento adecuado y con la fuerza precisa, y no más ni menos, porque, de no hacerse bien, se pueden generar  efectos  perversos  o  de  rebote,  es  decir,  que  pueden  aparecer problemas  mayores  que  los  que  se  quiere  resolver.  Tanto  es  así  que determinar  la  utilidad  de  las  intervenciones  a  través  de  la  política  fiscal (frente a otras medidas, como las de la política monetaria, que analizaremos enseguida) es otro de los grandes debates del análisis económico.
Finalmente, a la hora de analizar el papel que la política fiscal puede desempeñar sobre la economía, hay que referirse a otra crítica que suelen hacerle las corrientes liberales: si aumenta el gasto público se va a producir una disminución del ahorro y la «expulsión» de la inversión privada.
Ésta es una cuestión controvertida, ya que el resultado final depende, como casi siempre ocurre en economía, de bastantes variables y de las complejas condiciones en las que se desenvuelven los sujetos económicos, y, más concretamente, del tipo de gasto que se haga y de cómo se financie.
Si el gasto público se financia a través de impuestos, resulta evidente que los sujetos que hayan de cargar con estos últimos verán reducida su renta, y, por tanto, es posible que baje su nivel de ahorro (en la proporción que indique su propensión marginal al consumo, cuyo significado ya conocemos). Además, en este caso se produce un efecto redistributivo que puede ser muy acusado si produce una pérdida de renta concentrada en las rentas más altas, que son las que ahorran una mayor proporción de su renta. Sin embargo, el ahorro general de la economía no tiene por qué bajar, o, al menos, no en la misma magnitud que suben los impuestos. Esto es así porque la bajada que se pueda producir en el ahorro como consecuencia de la pérdida de renta que suponen los impuestos sobre la parte de la población que los soporte se puede compensar (no totalmente, pero en alguna medida, según las respectivas propensiones marginales a consumir) con el incremento de renta ocasionado por el efecto multiplicador del gasto, que, como veremos enseguida, es algo mayor que el de los impuestos.
Cuando  se  financia  con  deuda  es  cuando  las  críticas  del intervencionismo fiscal son más fuertes, pero se puede argumentar, por el contrario, que en este caso no tiene por qué producirse disminución en el ahorro de la economía. Al aumentar el gasto, aumenta la renta con efecto multiplicador incluido (en mayor o menor medida, según el grado en que se cumplan  las  condiciones  que  ya  analizamos  anteriormente);  y  cuando  la deuda es comprada por particulares, el ahorro no disminuye, sino que cambia de destino. Si la deuda es atractiva como para que los sujetos reduzcan su consumo, lo que hace es aumentar; y si la compran con el ahorro anterior, éste no disminuye, sino que pasa de estar en unos activos a estar en otros (bonos o letras del Tesoro, obligaciones del Estado, etc.). Es más, el incremento del gasto público puede aumentar el ahorro, ya que, lógicamente, el incremento de renta que produce va al consumo en una determinada proporción (marcada por la propensión marginal al consumo), pero no en su totalidad.
Si la deuda se vende a los bancos, ¿podría ser que éstos dedicaran entonces sus recursos a comprarla y redujeran la financiación al resto de la economía? Podría ser, pero en general es más realista pensar que su oferta no depende de los recursos que tengan en realidad, porque los bancos —como veremos más adelante— no prestan lo que tienen, sino que tienen lo que prestan. Los bancos dejan de prestar si no encuentran demanda de crédito solvente, y eso no depende de que haya más o menos gasto público, sino de la situación general de la economía (naturalmente, puede influir el hecho de que el gasto que se esté realizando se haga ya con una deuda muy elevada e insostenible, o bien de modo ineficiente e irresponsable). En general, como hemos dicho ya reiteradamente, lo cierto es que el gasto público (cuando se realiza bien) proporciona ingresos a los sujetos privados y, por tanto, oportunidades de negocio a las empresas. Y, por tanto, más ingreso y más ahorro.
Por último, si quien financia el gasto público es el banco central, lo que ocurre es que hay un incremento neto de medios de pago, de ingresos en manos de los sujetos a quienes se destina el gasto. Mientras no suban los precios —algo que, como veremos en otro momento, no tiene por qué ocurrir —, lo que se producirá al aumentar la renta es que subirá también el ahorro (en la proporción que indica la propensión marginal al consumo).
Además de decir que el aumento del gasto público disminuye el ahorro (lo que, en realidad, no tiene por qué ocurrir, como acabamos de ver), los economistas liberales críticos con el intervencionismo fiscal afirman que al aumentar el gasto público aumentará el tipo de interés, porque el Estado aumenta la demanda de dinero, de medios de pago, al poner a la venta sus títulos de deuda. Y esa subida en los tipos de interés afecta a la inversión, expulsándola, bien porque se hace más cara su financiación, bien porque resulta más atractivo comprar deuda que llevar a cabo negocios productivos. Y también dicen que afecta negativamente al consumo, que se hace más caro cuando se realiza a crédito. Aunque en este último supuesto, en todo caso, el efecto sería el contrario al que se critica: el aumento en el gasto público ha aumentado  el  ahorro  que  permite  financiar,  por  ejemplo,  inversiones públicas, las cuales no hacen sino poner medios de pago en manos del sector privado.
Respecto al posible efecto negativo del incremento del gasto público financiado con deuda sobre la inversión también se puede argumentar que, como ya señalamos más atrás, no está ni mucho menos claro que la respuesta de la inversión respecto a los cambios en el tipo de interés sea muy potente. Más bien parece que no lo es, porque la inversión depende sobre todo, como ya hemos señalado, de otros factores que inciden directamente en los beneficios empresariales.
Además, la experiencia (por ejemplo, la reciente en diversos países de Europa, y en España en particular) demuestra claramente que los incrementos en el gasto público y, en concreto, en los tipos de interés a los que se coloca la deuda pública no van parejos con los de los tipos de interés que efectivamente se aplican en la financiación de la actividad económica. Lo que en todo caso hay que determinar, porque parece mucho más realista, es cómo afecta un aumento del gasto del Estado financiado con deuda (es decir, el déficit público) a los beneficios empresariales, que determinan en mucha mayor medida la inversión de las empresas. Y en ese aspecto se puede llegar a conclusiones bien distintas a las que defienden los economistas liberales.
Ya a finales de la primera mitad del siglo XX, economistas poskeynesianos como Michał Kalecki y Jerome Levy, y luego otros de su misma corriente de pensamiento, como Wynne Godley o Hyman Minsky, han demostrado, por diferentes vías y al tratar de analizar las causas de los grandes problemas económicos de nuestra época, que los déficits públicos no tienen el efecto negativo sobre la inversión que los liberales le achacan, sino que, por el contrario, pueden impulsarla.
Recurriendo a la identidad más básica del análisis económico y que nosotros ya conocemos (que el PIB medido por la vía del gasto o la demanda tiene que ser igual al medido por la vía de la renta), Kalecki mostró que los beneficios empresariales aumentan cuando aumenta la inversión, el endeudamiento de los hogares y el del sector público, el consumo de los propietarios del capital y el saldo entre exportaciones e importaciones.57
Es evidente, según esta proposición que acabamos de hacer, que si aumenta el déficit público no tienen por qué aumentar los beneficios empresariales mecánicamente, porque pudiera ser que, al mismo tiempo, disminuyese el consumo de los propietarios del capital, el endeudamiento de los hogares, la inversión o el saldo exterior. Pero lo que indica la proposición de Kalecki es que el resultado de estas interrelaciones es complejo, y que no es correcto establecer a priori conclusiones totalmente ciertas (como hacen los liberales) sobre el efecto positivo que va a tener la evolución de cada una de las variables y, en este caso, del gasto público. No se puede decir que sea inevitable que el gasto público expulse a la inversión y disminuya el ahorro, ni tampoco desechar de entrada la posibilidad de que el gasto público, e incluso el que es financiado a través de deuda, genere más actividad por la vía de favorecer los beneficios empresariales tras el incremento de renta que lleva consigo. Es más, es mucho más probable que ocurra esto que lo contrario.

Citas
57. Aunque antes anunciamos que en este libro no vamos a recurrir a demostraciones analíticas que puedan suponer dificultades ni siquiera a los lectores  con  menor  formación  económica  o  algebraica,  haremos  una excepción para no dejar sin demostrar la afirmación sobre los determinantes de los beneficios, ya que ésta no es asumible de forma intuitiva. La demostración, bastante fácil, es la siguiente:
La identidad macroeconómica elemental nos indica que el producto medido a través de la renta debe ser idéntico al medido a través del gasto (una identidad simplemente refleja aquello que ha de ser igual por definición).
 Entonces:
PIB a través de la renta ≡ Retribución del trabajo después de impuestos (RTdT) + Beneficios de las empresas después de impuestos (BEdT) + Impuestos (T)
PIB a través del gasto ≡ Consumo de los trabajadores (CT) + Consumo de los propietarios de las empresas (Ce) + Inversión + Gasto público (G)
+ Exportaciones netas (X – M)
Como ambas expresiones son idénticas, resulta que:
Retribución del trabajo después de impuestos (RTdT) + Beneficios de las empresas después de impuestos (BEdT) + Impuestos (T) ≡ Consumo de los trabajadores (CT) + Consumo de los propietarios de las empresas (Ce) + Inversión (I) + Gasto público (G) + Exportaciones netas (X – M)
Despejando:
BEdT ≡ [Ch – RTdT] + Ce + I + [G – T] + XM
En donde: [Ch RTdT] es el saldo (ahorro o endeudamiento) de los trabajadores y [G – T] el saldo (déficit o superávit) del Estado.
Por tanto, cuanto mayor sea [Ch – RTdT] y [G – T], es decir, el endeudamiento de los trabajadores o el déficit del gobierno, mayor será el beneficio de las empresas.
Una vía alternativa parte de otra identidad macroeconómica elemental entre el ahorro y la inversión: (I ≡ A).
Como el ahorro total es la suma del ahorro de los hogares (Sh), de las empresas (Se) y del gobierno (Sg) menos el saldo exterior (X M), resulta
que:
I ≡ Sh + Se + Sg – (X – M) (1)
Puesto que el ahorro de las empresas es el beneficio después de impuestos menos los dividendos (es decir, Se = Bdt D), podemos sustituir en (1) y será:
I – Sh – Sg + (X – M) + D ≡ BdT
Es decir, los beneficios empresariales son mayores cuanto mayor es el desahorro (Sh y Sg negativos) de los hogares y del gobierno, siempre que el saldo exterior permanezca constante.