La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular examinó este domingo el estado de ejecución de las sentencias de contenido económico y las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo Popular con el fin de reducir el promedio de mora judicial y fortalecer la calidad de estos procesos en Cuba.
El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, informó a los diputados que, desde 2015, la radicación de los asuntos pendientes de contenido económico se mantiene en más de seis mil procesos anuales.
Aseguró además que las reclamaciones por incumplimientos de contratos representan el 99.1%, y dentro de ellas, las reclamaciones por impago son las de mayor incidencia, pues las demandas ante los tribunales por demora, inejecución de obra, faltante, calidad y averías son las menores.
Estadísticas sobre sentencias de contenido económico (enero-octubre 2018):
- 5 mil 822 demandas recibidas
- Las más demandados son las empresas de subordinación local (OLPP) y las cooperativas agropecuarias (UBPC, CCS y CPA).
- El monto reclamado en sede judicial asciende a 2 mil 105 millones 416 mil 550 CUP y 165 millones 424 mil 262 CUC, así como 46 millones 168 mil 754 MLC.
- El 79.7 % de las demandas recibidas correspondieron a reclamaciones por incumplimiento de pago.
Remigio Ferro explicó que los procesos de mayor complejidad que se tramitan en los tribunales cubanos son los referidos a operación puerto-transporte-economía interna, por causas relacionadas con faltantes y averías en los contratos de transporte de carga (camiones y ferrocarril), la no realización de la transportación planificada, demoras en la devolución de los contenedores, retraso en la extracción de cargas del recinto portuario e impagos de los servicios.
Ejecuciones de sentencias
Al cierre de octubre, los tribunales ejecutaron mil 515 sentencias (73.8%). Quedan pendientes de cumplimiento 538; en 263 de ellass se realizan pagos parciales, pero por montos muy bajos y en numerosos plazos, lo que contribuye al envejecimiento de las mismas, informó el presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.
“Cuba tiene en su administración de justicia resultados más positivos que el resto del mundo, solo podemos compararnos con nosotros mismos, lo que se cumple en el país en un año, en otros lleva años”, valoró el jurista.
A los procesos relacionados con delitos económicos, los tribunales realizan un seguimiento riguroso. A cada proceso se le diseña un esquema ejecutivo propio en dependencia de la situación que presente el deudor y es monitoreado permanentemente, chequeo del que no solo está pendiente la instancia judicial, sino el Consejo de Ministros y los organismos rectores.
Al sector estatal corresponden 316 de las sentencias pendientes de cumplir. El presidente del TSP dijo que en 51 procesos los deudores alegaron no tener fondos en sus cuentas bancarias al cierre del mes de octubre de 2018 para realizar los pagos.
Remigio explicó que esta indisciplina también sucede entre empresas cubanas y extranjeras. Actualmente concurren 14 sentencias pendientes de cumplimiento, porque empresas deudoras del país alegan que no tienen la capacidad de liquidez (CL) para realizar el pago a firmas foráneas en MLC.
“No es un número centenario pero es significativo para nosotros. La máxima dirección del país ha comenzado a seguir con especial atención este particular para liquidar los procesos pendientes con acreedores extranjeros. Hay que insistir en rescatar los compromisos de pagos, honrar las reglas y los contratos, incumplirlos es una falta grave, porque da una mala imagen de la economía del país. No se puede hablar de la institucionalidad, orden, ética y disciplina si no se cumple con las deudas”, alertó Gustavo Remigio Ferro.
Los diputados tienen la palabra
Regla María Ferrer, diputada por Pinar del Río, resaltó la integralidad evidenciada en el informe que “incorpora las medidas de lo que se le están aplicando a quienes incumplen, porque es necesario evidenciar que existe la acción penal si no se paga lo que se debe”.
“No hacer cumplir el pago ni visualizar una sanción desencadena la no credibilidad en los procesos. Se declaran pendientes a cumplir acciones que se están entregando paulatinamente y esto se debe conocer para que haya una observancia de que se está trabajando al respecto, puntualizó.
Por su parte, la diputada villaclareña Ania María Aparicio destacó la elevada cifra de impagos presentada en el informe por parte de las cooperativas agropecuarias, cuestión a la cual se refirió como una posible causa del escaso asesoramiento jurídico en esas entidades.
“Tenemos el dato del incumplimiento de esas cooperativas, sin embargo, no vemos los datos de si existió o no un asesoramiento jurídico en ello”, dijo.
Sin embargo, el presidente de la Comisión, José Luis Toledo, argumentó que aun siendo un tema a abordarse, “en el fondo, un asesor no puede hacer nada en un lugar donde no exista una actitud ética en los contratos y en los pagos”.
“Cuando aprobamos la Ley de contratos pensamos que se acabarían los problemas con estos, sin embargo, no fue así, porque cuando el problema es de indisciplina y actitud no hay norma que valga. A los contratos les faltan cláusulas, si hay demoras en el cumplimiento no exponen cuál es la penalización, lo cual pone de manifiesto falta de interés y no solo de asesoramiento”, aseguró.
Para la diputada Elba Martínez Amador, de Camagüey, un elemento negativo a eliminar es la no asistencia al tribunal en el momento que se cita, otras de las indisciplinas que mellan el proceso judicial.
En otro aspecto y como acuerdo de la Comisión, se aprobó la apertura pública de informaciones como éstas por los integrantes del tribunal con el objetivo de ser procesadas por las entidades y sus provincias.
“Se debe enviar a cada diputado la información de aquellas entidades que responden a su marco de acción, como seguimiento y apoyo a las sentencias que se ejecuten”, expuso el diputado y abogado, Joaquín Miguel Bernal Rodríguez, funcionario del Comité Central del PCC.
