Consejo de Ministros analiza a camisa quitada delitos, ilegalidades y manifestaciones de corrupción

Por: Yaima Puig Meneses, Leticia Martínez

27 octubre 2022 

Foto: Estudios Revolución.

A desarrollar “un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos, en favor de nuestro pueblo y en función de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad”, convocó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar este miércoles en el Palacio de la Revolución.

Luego de que el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz,  presentara al máximo órgano de Gobierno en la Isla un abarcador documento con directivas generales dirigidas a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el Jefe de Estado definió que “ni el Partido ni el Gobierno pueden estar al margen de las problemáticas que están sucediendo en la sociedad, por lo tanto, no podemos ser contemplativos y no podemos tener inmovilidad en la actuación ante escenarios sumamente complejos”.

En un análisis a camisa quitada de las ilegalidades, el robo y los precios abusivos que se imponen a la población sin basamento económico alguno, Díaz-Canel subrayó que “nosotros lo que no podemos permitir es que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan; ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del Socialismo”.

Los cuadros, los revolucionarios y los militantes por supuesto, tenemos que ser ejemplo, y también tienen que ser ejemplo nuestras instituciones en su funcionamiento. “Muchas de estas cosas suceden porque no hemos actuado desde las facultades y las responsabilidades que tienen nuestras instituciones”, señaló el Presidente.  

Está demostrado que muchos delitos, ilegalidades y manifestaciones de corrupción existen porque hay causas que los favorecen, “ocurren a la vista de los núcleos del Partido, de las instituciones administrativas y de los consejos de dirección, que no siempre han tenido un control de la gestión y los recursos para evitar todas estas anomalías”.

Tenemos que darle un vuelco a esta situación, enfatizó, no podemos dejar que el problema se nos siga acumulando a nivel social, y para eso hace falta un papel protagónico de los núcleos, de la militancia, de las instituciones del Gobierno, de las entidades administrativas, de las organizaciones de masas y de los órganos del Poder Popular. Nadie tiene como nosotros un sistema político que pueda enfrentar con coherencia estas manifestaciones, afirmó el Jefe de Estado.

“¿A quién favorece la tolerancia de la ilegalidad? ¿Favorece al pueblo? ¿Los que venden de manera ilegal con precios abusivos favorecen al pueblo o lo que generan es más irritación en el pueblo? ¿Hay más abundancia porque permitamos esto?”.

Con orden favorecemos al pueblo, con orden defendemos más a la Revolución, con orden buscamos estabilidad, dijo Díaz-Canel. “Nosotros no queremos que haya menos, al contrario, queremos ordenar para que todo se distribuya de una mejor manera y sobre todo legalmente, sin permitir espacio a la bribonería y al abuso”.

El mandatario cubano habló de mal funcionamiento en los territorios, donde no se está actuando contra lo mal hecho. Por un Decreto Presidencial, incluso solo con las Directivas que hoy se presentan no se resuelven las cosas, si no se actúa consecuentemente en los municipios, en nuestros barrios, que es donde están ocurriendo las ilegalidades.

Pocas personas pueden pagar el precio de lo que se vende de manera ilegal. Por lo tanto, qué nos está sucediendo, que está vendiendo un grupo de personas, muchas veces sin vínculo laboral; y quiénes lo pueden pagar, aquellos que tampoco trabajan y se dedican a lo mismo.

Se nos ha creado una casta dentro de la cual se produce un intercambio mercantil ilegal y corrupto, con una economía sumergida e ilegal ¿Y eso es Socialismo, eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que provoca desarrollo? No, no lo es. El concepto de nosotros tiene que ser crecimiento económico con desarrollo social, apuntó.

El Presidente ejemplificó con el operativo realizado en los bajos del puente de 100 y Boyeros, en la capital del país, donde muchas de las personas implicadas no trabajaban, la mayoría eran jóvenes. La Revolución, definió, no se hizo para eso y ha dado todas las oportunidades para que los jóvenes estudien y para que tengan trabajo.

Díaz-Canel comentó de varias cuestiones en las que también tiene que haber más rigor, como es el caso del cobro de impuestos. “El que más gana tiene que aportar más a los que menos tienen: eso es Socialismo. Aquí no se cobran impuestos para que los más ricos sean más ricos y los más pobres tengan menos, aquí se cobran impuestos para que los que más tienen cedan una parte y los que menos tienen estén mejor”. Ese principio esencial no lo estamos defendiendo bien, dijo.

Asimismo, se refirió a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, a definir bien quiénes están en esa condición. Una persona que pueda trabajar y no lo está haciendo, no es vulnerable. La primera ayuda no puede ser asistencialista, hay que proporcionarle un empleo para que mejore sus condiciones de vida. Esas cosas, afirmó, las tenemos que cambiar ya.

“La construcción del Socialismo no se hace de manera asistencialista, lo que hay que buscar es transformación social”, añadió en su análisis.

Todos esos elementos tenemos que, poco a poco, con convencimiento, explicación, argumentación, con adecuadas políticas de Gobierno y políticas públicas, irlas arreglando, porque de lo contrario la sociedad se nos desordena y no avanzamos lo que necesitamos.

Lo que nos estamos proponiendo hoy, aseveró, tiene que convertirse en un sistema de trabajo. Vamos a trabajar con carácter sistémico. “El pueblo está exigiendo sistematicidad, integralidad y que lleguemos hasta el final. Y eso hay que cumplirlo”, subrayó el Presidente.

¿De qué tratan las nuevas directivas?

En la reunión, que enlazó por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución a las quince provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan integral y minucioso, que contiene más de 40 directivas generales encaminadas a un mayor enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Según explicó Marrero Cruz abarcan, entre otros aspectos, un sistema de control para los nuevos actores económicos; el diseño del estudio de las personas con conductas o comportamientos marginales y la caracterización de la población apta para trabajar que se encuentre desvinculada del estudio y el trabajo; así como la implementación, a partir del próximo curso escolar, de las opciones para la inserción diferenciada en los niveles de enseñanza de adolescentes y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social.

El documento —aprobado por el Consejo de Ministros— va dirigido también al fortalecimiento de las acciones de control para reducir el robo de todo tipo. Entre sus puntos, señaló el Primer Ministro, está la rendición de cuenta ante los colectivos laborales de los cuadros, dirigentes, funcionarios y empleados, sobre el uso de los recursos.

Habla de jerarquizar y sistematizar desde el municipio el enfrentamiento a las conductas ilegales en la comercialización de productos y servicios, y a los precios irracionales y abusivos. Se trata de enfrentar con todo rigor las violaciones de los precios, puntualizó Marrero Cruz.

Este Plan incluye temas fundamentales como la atención a quejas, solicitudes y planteamientos de la población; el fortalecimiento de los cuerpos de inspectores; el incremento de la efectividad en la imposición de multas y también en la gestión de cobro; el enfrentamiento resuelto a las ilegalidades en la contratación de la fuerza de trabajo y la licitud de los productos puestos a la venta; así como el control con más rigor del funcionamiento de zonas, áreas o espacios públicos de comercialización, para lograr que todo el que venda cumpla con lo establecido.

El Primer Ministro precisó que las medidas tendrán un sistema de control permanente y se verificarán, por ejemplo, en las visitas gubernamentales a las provincias, se rendirá cuenta a todos los niveles sobre su cumplimiento.

Cada territorio, municipio, provincia, Organismo de la Administración Central del Estado y empresa, tiene que hacer su plan de enfrentamiento con medidas concretas en función de su actividad, indicó.

Agenda del consejo de ministros

Como se hace habitualmente en estas sesiones de trabajo, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández informó sobre algunos indicadores del comportamiento de la economía cubana al cierre del mes de septiembre, periodo en que las exportaciones de bienes tuvieron un 108% de crecimiento. Se destacaron exportaciones de importantes rublos como la miel de abeja, el tabaco mecanizado, el ron, la langosta y el níquel.

Sobre el turismo actualizó que habían arribado al país 1 074 795  visitantes, y se estima termine el año con 1 millón 710 mil turistas, “cifra inferior a los 2,5 millones que proyectamos en el Plan de la Economía”.

En otro momento de la reunión, el Consejo de Ministros ejerció la iniciativa legislativa al aprobar —para ser presentado al Consejo de Estado— el Proyecto de Decreto Ley sobre Mediación de los Conflictos, el cual al decir del ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, “ubica a la sociedad cubana en un escalón superior de civilidad en el tratamiento de sus conflictos, por el componente educativo y de cultura de paz”.

La Constitución de la República de Cuba, dijo, consagra en su artículo 93 el derecho que reconoce el Estado a las personas a resolver sus polémicas, utilizando métodos alternos de solución de conflictos.

Se excluye del ámbito de aplicación de esta norma jurídica, aclaró, a los procedimientos de Mediación Comercial Internacional, el cual es regulado por la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

El Decreto Ley —sometido a un proceso de consulta especializada— define a la mediación como un método voluntario, confidencial y flexible de gestión y solución de conflictos. Identifica entre sus principios la voluntariedad, la equidad, la legalidad, la buena fe, la intervención mínima, la honestidad y la imparcialidad.

Otro tema de análisis fue la Seguridad Vial en el país, sobre lo cual se conoció que en el primer semestre se incrementaron los accidentes de tránsito, así como los fallecidos y lesionados a consecuencia de estos.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que la mayor incidencia se da por la colisión de vehículos, con más de 2 500 accidentes, y el atropello a peatones con alrededor de 500 hechos. Los municipios de más siniestros son Plaza de la Revolución y Playa (en La Habana), Holguín y Santiago de Cuba.

Rodríguez Dávila precisó que las principales causas radican en la no atención al control del vehículo; no respetar el derecho de vía; exceso de velocidad; desperfectos técnicos; e ingestión de bebidas alcohólicas.

Como parte del enfrentamiento, acotó, se impusieron en el periodo más de 400 mil multas de la Ley 109 “Código de Seguridad Vial”, de estas el 90,54% fueron efectivas y el 9,5% preventivas.

El titular del sector habló de las proyecciones de trabajo que apuntan a disminuir la accidentalidad en Cuba, entre ellas mejorar la señalización de las vías de interés nacional y turístico; implementar medidas que permitan llevar a cero la presencia de animales sueltos o pastando en las vías; realizar inspecciones viales en tramos y puntos de concentración de accidentes para solucionar factores, causas y condiciones que inciden en la accidentalidad; e incrementar las acciones de bacheo y mejora de paseos de las vías, que permitan transformar paulatinamente el estado técnico de nuestras carreteras.

Porque el camino de la ciencia es el camino de Cuba, el Consejo de Ministros aprobó también las bases y la ruta para la creación del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos de la República de Cuba. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, destacó que “puede constituir otro mecanismo para impulsar el desarrollo de nuestro capital humano e incrementar sus competencias”.

Su objetivo, aseveró, es organizar y estimular con incentivos el potencial científico-tecnológico y desarrollar competencias certificadas que incrementen su aporte al desarrollo económico y social del país.

Habló de impactos esperados como “organizar el potencial humano de mayor desempeño; impulsar la conexión de la ciencia con la economía; incrementar el número de investigadores, tecnólogos, doctores; priorizar la estimulación a profesionales con resultados de impacto, a partir de incentivos morales, profesionales y materiales; dirigir mejor los fondos y abrir posibilidades de ejecución más efectiva de los proyectos”.

La titular detalló los requisitos para formar parte de ese Sistema Nacional, que son estrictos y apuntan al más alto rigor científico, sus principios organizativos y quiénes pueden ser sus aspirantes: ciudadanos cubanos y extranjeros residentes permanentes en el país, entre ellos investigadores, tecnólogos, biotecnólogos, especialistas en procesos de alta tecnología, profesores, médicos y otros especialistas de todas las ramas de la economía, de los servicios, de la cultura, del deporte o de otros sectores de la sociedad.

Con más de una decena de puntos, la agenda también incluyó la rendición de cuentas del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de la ministra Mayra Arevich Marín, quien pormenorizó el trabajo realizado para la informatización y digitalización de la sociedad cubana. Este informe, junto al dictamen del Consejo de Ministros, fue aprobado para su presentación en la próxima sesión de la Asamblea Nacional.

Asimismo, se aprobó una actualización de los proyectos contenidos en la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, la cual será expuesta en la venidera Feria Internacional de La Habana.

Según explicó la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, dicha Cartera cuenta con 699 proyectos  —21 más que la anterior—, por un monto de inversión de 33 mil 518 millones 503 mil 160 de dólares.

Por sectores están ponderados la producción de alimentos, el turismo, el petróleo, la minería, el transporte, la construcción, la agroindustria azucarera, las fuentes renovables de energías, la industria farmacéutica y biotecnológica, los servicios profesionales, el bancario-financiero.

También quedó aprobada la propuesta presentada por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, sobre la asignación a los organismos y entidades, de graduados de la Educación Superior y de técnicos de nivel medio que concluyen sus estudios en diciembre del año 2023. Se prevé se gradúen unos 62 mil 682 estudiantes, que tendrán un empleo seguro.

Los miembros del Consejo de Ministros dieron luz verde además al nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial de Camagüey; así como a la   actualización del Plan Hidráulico Nacional, que comprende el periodo 2022-2030 y en el que se estima que a partir de importantes inversiones se genere un impacto favorable en el incremento de la disponibilidad de agua para la población, la agricultura y el resto de la economía.

(Tomado de Presidencia Cuba)

Monitorear, evaluar…¡Y rendir cuentas!

¿Cuándo nos acostumbraremos a que cada plan, cada programa o cada proyecto tenga su sistema de indicadores, su sistema de monitoreo y evaluación y su programa de rendición de cuentas? ¿Cuándo aprenderemos los ciudadanos a reclamar ese derecho?

Por  Carlos García Pleyán, OnCuba
octubre 27, 2022
en Cuba

Asamblea de rendición de cuentas en Cuba. Foto: Roberto Garaicoa (2016). Tomada de Mesa redonda/Cubadebate (online).

En el mes de junio del año 2021 la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicaba el Acuerdo 9101 del Consejo de ministros por el que aprobaba el Plan General de Ordenamiento Urbano de La Habana. En sus disposiciones aclaraba que su alcance temporal comprendía el período entre 2019-2030 (sic)1, así como que la gestión y control del Plan se realizaría en correspondencia con el programa de acciones a ejecutar. En consonancia con ello, “el Gobernador de la provincia de La Habana entrega al Instituto de Planificación Física, antes del 30 de abril de cada año, el informe anual de la evaluación de la implementación del Plan” (Art.15).

Ello constituía una interesante novedad por cuanto es muy raro en nuestro país disponer de informes de evaluación de la implementación de los planes territoriales, urbanos, o de cualquier tipo. No queda muy claro, no obstante, por qué el Gobernador, que se debe a la ciudadanía habanera, le debe informar a un Instituto nacional y no directamente a la ciudad. El asunto, de todos modos, es más complejo, dado que el mencionado Acuerdo especifica: “La gestión y control del Plan se realiza en correspondencia con el programa de acciones a ejecutar en el corto, mediano y largo plazos”. Nada más lógico, salvo que, cuando se consulta el contenido del programa, este ¡no contiene ninguna acción! No me extraña, por ello, no haber encontrado noticia alguna sobre la entrega del informe al Instituto. En consecuencia, la ciudad ni sabe qué debía hacerse, ni qué se hizo.

Por desgracia, el ejemplo expuesto no es una excepción, sino la regla. Forma parte de la cultura técnica y administrativa dominante la continua y persistente elaboración de planes, programas, proyectos —y más recientemente de “grupos de medidas”— cuyo cumplimiento y efectividad no se evalúa ni informa públicamente. Lo habitual es elaborar un plan, al cabo de un tiempo comprobar su incumplimiento y, sin más análisis o valoraciones, elaborar un nuevo plan, que correrá, a su vez, la misma suerte. La falta de monitoreo, evaluación y, sobre todo, de rendición de cuentas, genera una sobreabundancia de decisiones y medidas que, con frecuencia, no llevan a ninguna parte.

El ejemplo más reciente lo tenemos en las medidas adoptadas —y no adoptadas— ante la inflación y la devaluación del peso cubano. En cada aparición pública de los funcionarios responsables brilla por su ausencia la evaluación y el análisis crítico de lo ocurrido; solo se enuncian las decisiones que se han tomado para intentar subsanar los problemas, sin ningún análisis ni evaluación de la ineficacia de las medidas anteriores. Asistimos ahora a un desconcertante silencio, a la espera de nuevas disposiciones que, como es lógico, van produciendo cada vez un mayor escepticismo. Algo similar ocurre con las medidas adoptadas para revitalizar la agricultura, para hacer más eficiente la empresa estatal socialista, para rescatar la producción azucarera, para incrementar la inversión extranjera, para recuperar las capacidades de generación eléctrica, etc. etc.

Sobre “las medidas”

La conducción de un vehículo (y, en mayor medida, la de un país) requiere de un sistema de monitoreo y evaluación que recopile un considerable volumen de información sobre el entorno, sobre el funcionamiento del vehículo y sobre el propio conductor (fatiga, comodidad…), lo que le permite a este analizar los datos, corregir trayectorias y tomar decisiones. No basta con declarar a dónde se quiere llegar. Es necesario implementar un trayecto y tomar decisiones durante todo el recorrido. Si en vez de acercarnos, nos alejamos de nuestro destino, la decisión no puede consistir en cambiar de destino. Además, si no somos el dueño del vehículo sino tan solo su conductor, es imprescindible rendir cuentas de nuestra actuación al que nos encargó su conducción (dice la Constitución que “el Estado actúa en representación y beneficio del pueblo como propietario”).

Tanto los sistemas de monitoreo y evaluación como los de rendición de cuentas tienen sus complejidades, que vale la pena examinar con algún detalle.

El monitoreo y la evaluación

Es importante, aclarar, en primer lugar, que no basta con monitorear (observar, seguir, controlar) el curso de los procesos planificados; la información de ese seguimiento debe ser analizada y evaluada para que sea realmente útil y permita tomar decisiones. Es frecuente asistir a reuniones y presentaciones públicas atiborradas de datos e indicadores descontextualizados, sin un análisis y una valoración que ayude a interpretarlos y a comprender su significado. No es lo mismo decir que en Cuba hay más de dos millones de personas mayores de 65 años, que aclarar que eso significa más del 20% de la población (y que en el 2030 será ya el 30%), mientras que a nivel mundial el envejecimiento ronda el 10%; y esos datos adquieren su verdadero significado cuando se explica su impacto en la fuerza de trabajo disponible, en las demandas específicas para el sistema de salud, para la tipología de la vivienda, y otros múltiples aspectos de la vida económica y social del país.

En segundo lugar, parece oportuno subrayar la importancia de seleccionar con inteligencia la información verdaderamente necesaria para monitorear los procesos de forma adecuada. Es imprescindible elaborar un sistema de indicadores que ayude a medir y evaluar el logro de los objetivos planteados en los planes, programas o proyectos. En general, nuestros planes expresan los objetivos a alcanzar (véase, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, cuyas metas se expresan a través de infinitivos del tipo: “lograr, avanzar, ampliar, diversificar, expandir…”, sin que se precisen los valores o estados a lograr en cada etapa). Sin ello, es casi imposible monitorear el cumplimiento del Plan, evaluar la situación y corregir las eventuales distorsiones.

La elaboración de un sistema de indicadores es una tarea algo compleja que necesita siempre de reflexión y debate. No es indiferente, por ejemplo, la periodicidad y el ámbito geográfico conque se midan. Un indicador a escala nacional o provincial (como la mayoría de los que publica la Oficina Nacional de Estadística e Información-ONEI) puede ser inoperante para los funcionarios y gobernantes de un municipio. Asimismo, un plan a largo plazo puede requerir de mediciones anuales, pero el monitoreo de un plan anual las necesitará mensuales. Otro asunto importante es la diferenciación entre los indicadores de capacidad y los de resultados. Medir el incremento de aulas o de camas por mil habitantes es necesario, pero posiblemente insuficiente si lo que se quiere evaluar es la calidad y efectividad de la educación o de la atención sanitaria. Es frecuente insistir en la medición del cumplimiento de metas cuantitativas; no lo es, en cambio, incursionar en el verdadero impacto de los esfuerzos y menos todavía en los niveles de satisfacción de los beneficiarios. Y no se pueden medir utilizando los mismos indicadores.

No basta, además, con monitorear las acciones que van implementando el plan. Es vital hacer un seguimiento del entorno en el que se desarrolla por cuanto, si este cambia (por ejemplo, los precios internacionales de las exportaciones e importaciones, o la ocurrencia de catástrofes inesperadas), posiblemente haya que adecuar sobre la marcha el plan y también ajustar sus metas. Es conveniente, a la par, evaluar no sólo el cumplimiento de los resultados sino también la calidad de los procesos, es decir, la eficacia y eficiencia de la gestión. No se trata de lograr objetivos “a toda costa y a todo costo” sin hacer evaluaciones de costo/ beneficio que aconsejen mantener o modificar el curso de las acciones.

En resumen, lo que quiero transmitir es que la labor de planeamiento no se resume, ni mucho menos, a la formulación de una serie de metas a alcanzar —ni a un “grupo de medidas” a adoptar—, sino que requiere de la elaboración simultanea y conciliada de un sistema de indicadores que permita una retroalimentación, una evaluación oportuna del avance de la implementación del plan y la adopción de las decisiones oportunas. No debiera aprobarse ni publicarse ningún plan, programa o proyecto sin el sistema de monitoreo y evaluación correspondiente, es decir, sin un sistema de indicadores de resultados, de impacto y de proceso. Pocos, pero significativos.

La importancia de estos sistemas para la conducción de los planes es primordial, pero no solo son útiles para ello, son sobre todo imprescindibles para la rendición de cuentas.

La rendición de cuentas

En cualquier sistema de democracia representativa la rendición de cuentas es el instrumento esencial del buen funcionamiento de los procesos de gobierno y administración de los recursos públicos. Por desgracia, en nuestro ámbito es algo ausente o deficiente con demasiada frecuencia.

Ya desde la Constitución, en su Artículo 101, se declara que “el pueblo controla la actividad de los órganos estatales, de sus directivos y funcionarios, de los diputados y de los delegados, de conformidad con lo previsto en la ley; los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación periódicamente y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento”.

Los elegidos, pero… ¿y si los designados son la mayoría? Los únicos directamente propuestos y elegidos por el pueblo son los delegados de circunscripción. ¿Significa, entonces, que el único ámbito sobre el que se le debe rendir cuentas a la población es el de la circunscripción?. ¿El ciudadano no merece que se le informe sobre la marcha de los planes sobre la ciudad, la provincia o el país? Es verdad que el gobierno debe rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea Nacional, pero ¿cuándo los diputados rinden cuentas de su actuación ante sus electores?

Al ser designados quienes ocupan la mayoría de los cargos administrativos y de gobierno a todos los niveles, la rendición de cuentas se entiende primordialmente como una rendición de cuentas “hacia arriba”, hacia los niveles superiores, no “hacia abajo”, hacia el pueblo, como la de los delegados “de base”. Los niveles municipales deben rendir cuentas ante los provinciales y estos, ante los nacionales.

En la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista se asegura que “El Estado y el Gobierno a sus diferentes niveles fomentan y aseguran con transparencia la participación de los ciudadanos, así como el examen o escrutinio público y la rendición de cuenta sobre su actividad”. Por otra parte, “el control interno, estatal y social —incluido el popular—, realizado sobre la gestión administrativa, garantizan su transparencia y eficiencia. Constituyen elementos importantes de participación activa de los ciudadanos en la protección de sus derechos, el escrutinio público y la rendición de cuenta a todos los niveles”.

De este modo, en la “Conceptualización” se da un paso conceptual más: se especifica que la rendición de cuentas es “a todos los niveles”. Pero el paso solo es conceptual. ¿Cómo se ha materializado?.

En el documento sobre el Plan nacional de desarrollo económico y social al año 2030 se insiste en que “se establecerán o reforzarán los mecanismos democráticos, sistemáticos y públicos de seguimiento, control, evaluación y rendición de cuenta a todos los niveles, dirigidos a implantar modelos de gestión orientados a resultados, elemento indispensable para la retroalimentación de los procesos de planificación, de toma de decisiones y de las correcciones necesarias, con vistas a lograr las mejores vías de acción ante las cambiantes condiciones”.

Cada vez se va precisando más: ahora no basta con que los modelos de gestión se dirijan a objetivos (del tipo “perfeccionar, actualizar…”), sino a resultados concretos y medibles; se admite que debido a “las cambiantes condiciones”, la evaluación y la rendición de cuentas es indispensable para la retroalimentación de los procesos de planificación. Pero, ¿en qué se han concretado esas buenas intenciones? En algo cada vez más alejado de ellas: el gobierno ha adoptado con preferencia los reiterados “programas de medidas”, sin indicadores precisos, sin monitoreo, sin evaluación y, sobre todo, sin rendición de cuentas sobre su efectividad.

¿Cuándo nos acostumbraremos a que cada plan, cada programa o cada proyecto tenga su sistema de indicadores, su sistema de monitoreo y evaluación y su programa de rendición de cuentas?. ¿Cuándo aprenderemos los ciudadanos a reclamar ese derecho?

Dos ejemplos

Una búsqueda dirigida a localizar documentos públicos que contengan informes de rendición de cuentas es algo frustrante. Son escasos los ejemplos y distan mucho de los principios expuestos anteriormente. Expondré solo dos muestras:

El Instituto de Planificación Física publicó en el 2020 un Procedimiento para la evaluación de la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y urbanístico. En él se aclara que “La finalidad estratégica de esta herramienta metodológica es elevar la capacidad de dirección de los gobiernos municipales sobre los procesos de ordenamiento territorial y urbanístico”.

El único ejemplo publicado en la página web del ahora Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano (INOTU) es el de la Evaluación de la implementación del esquema nacional de ordenamiento territorial año 2021. Desafortunadamente, no es un buen ejemplo de evaluación. Baste poner alguna muestra de sus resultados:En el objetivo h), relacionado con la rehabilitación de la infraestructura del transporte y la priorización del ferrocarril sobre los otros medios solo se informa: “se realizan inversiones y acciones de mantenimiento en la autopista nacional, la carretera central y el circuito norte y sur, además de potenciarse las soluciones locales y materiales alternativos a emplear en la señalización.”

Es inevitable preguntarse: ¿eso es todo? ¿Qué grado de avance representa?En el objetivo i): “Promover y potenciar el desarrollo de las infocomunicaciones como soporte tecnológico del desarrollo económico y social territorial”, tan solo se informa: “el MINCOM llevo (sic) un proceso inversionista con la traza de cables de fibra óptica para ampliar las capacidades en la telefonía celular y fija”.

¿Cuál era el resultado a alcanzar? ¿Ninguna medición de lo logrado?.En el objetivo m), relacionado con garantizar la movilidad entre los asentamientos urbanos y la población rural, la mejora del estado técnico de la vialidad y la priorización de la transportación pública de pasajeros, solo se informa: “se realizaron acciones para la reparación de las vías férreas y la recuperación de autobuses de pequeño y gran porte para el servicio de pasajeros relevantes en el ámbito citadino y en el intermunicipal. Con el objetivo de favorecer la transportación en zonas rurales donde el acceso por vía terrestre es complejo, fueron beneficiados los pobladores de los municipios de Cueto y Mayarí con un nuevo ferrobús de fabricación rusa”.

¿Esta es la rendición de cuentas nacional? ¿Ninguna cifra, ninguna valoración? ¿Qué trascendencia tiene para un esquema nacional de transporte la asignación de un nuevo ferrobús a un municipio?.

El propio Instituto debía mejorar la observancia de los procedimientos elaborados por ellos mismos…

Un año más tarde, en diciembre de 2021, el Primer ministro cubano presentó un Informe de rendición de cuentas ante la Asamblea nacional. Se trata de un texto que todavía está lejos de cumplir los requisitos enunciados en el Plan al 2030 (véase arriba). Ahora veamos algunos fragmentos del documento:

“Se ha trabajado en el perfeccionamiento de la planificación de actividades, la atención, el control y la fiscalización sistemática a la labor de los jefes y los procesos, la implementación con celeridad de las políticas, indicaciones y directrices de los órganos superiores, en todo lo que nos concierne”.

“Trabajar” en algo no rinde cuentas en absoluto de cuáles son los resultados alcanzados, ni constituye una evaluación en relación a lo que se debía alcanzar.

“En la actividad de Prevención Social y atención a las vulnerabilidades, se han priorizado las acciones para disminuir problemas sociales que afectan a comunidades, grupos, familias, hogares y personas, así como para garantizar una respuesta efectiva, oportuna y con equidad”.

Tampoco esto rinde cuentas de los resultados alcanzados, ni sobre en qué medida se lograron “respuestas efectivas, oportunas y con equidad”.

Un último ejemplo, hoy candente:

“El déficit de capacidad de generación de energía eléctrica en el año 2021 no permitió satisfacer la demanda, con la consecuente afectación al servicio y la insatisfacción de la población. En ese sentido, se ejecuta una estrategia de recuperación de la disponibilidad, que permitirá un mejor servicio al contar con una mayor reserva al cierre del año. Se continúa el trabajo de forma sostenida en el incremento de la participación de las fuentes renovables en la matriz energética del país”.

¿Ha sido útil en alguna medida un informe así para evitar la penosa situación actual del sistema de generación de energía eléctrica?

Al final del documento, el mismo enunciado de las prioridades de trabajo del Gobierno para 2022 hace imposible una rendición de cuentas adecuada de cara al futuro. Entre los objetivos priorizados se encuentran propósitos tan generales e imprecisos como:

• Implementar medidas que permitan contener la inflación.
• Transformar radicalmente el sistema empresarial.
• Trabajar con los jóvenes. (¿¡)
• Incrementar de las ofertas de bienes y servicios.
• Atender el Sistema Electroenergético Nacional.
• Eliminar las trabas (¿¡)
• Gestionar mejor los ingresos.
• Perfeccionar el programa para eliminar desigualdades de la sociedad.

Por suerte, en el presente año 2022 se publicó recientemente en la página web de la Asamblea Nacional el borrador de un Informe de rendición de cuenta de la provincia Granma. Hay que reconocer en él algunos avances. En primer lugar, el mero hecho de darlo a conocer públicamente antes de su aprobación oficial. En segundo lugar, la profusión de medidas cuantitativas de los resultados alcanzados y su valoración en relación con los objetivos cuantificados del plan. En tercer lugar, un tono relativamente autocrítico en la evaluación de los incumplimientos y de las lecciones aprendidas. Ojalá el ejemplo sea seguido y mejorado.

La exhortación que hago es sencilla: acompañar los planes, programas y proyectos de un sistema de monitoreo y evaluación, precisando los indicadores de cumplimiento para la correspondiente rendición de cuentas. Hay que evitar la formulación de objetivos como “perfeccionar…”, evitar los informes donde “se trabaja en…”, evitar los programas de “medidas” imprecisas, evitar la generación reiterativa de planes sin evaluación y, sobre todo, procurar acostumbrarnos a reclamar la rendición de cuentas pública. Es un derecho de la ciudadanía. Es una obligación de los dirigentes. Un mandatario no es aquel que manda, es aquel al que se le ha hecho un mandato por el que debe responder. Parecería que lo estamos olvidando…

***

Nota:

1 Resulta cuando menos paradójico que un Plan pretenda regular el pasado.

Panaderías inspeccionadas en la capital revelan irregularidades. Comentario HHC

Fueron inspeccionadas seis panaderías del municipio de La Lisa, subordinadas a la Unidad Básica de la Industria Alimentaria (UBIA)

26 OCTUBRE 2022 18:10:29 | REDACCIÓN DIGITAL

En la Panadería La Elena se comprueba la existencia del pan con bajo peso. Foto: Tomada del Portal del Gobierno de La Habana

Como parte de las acciones de enfrentamiento a las ilegalidades, seis de las panaderías del municipio La Lisa, subordinadas a la UBIA, fueron objeto de inspección por el Gobierno Provincial del Poder Popular de La Habana.

El operativo fue realizado el domingo 23 de octubre por la Dirección de Inspección Provincial y se detectaron como generalidad las violaciones siguientes:

• Violación de la norma en el producto pan normado de 80 gr, realizándose múltiples comprobaciones y la totalidad de las pesadas resultaron muy por debajo de las normas.
• Incumplimiento de los planes de producción sin justificación pues se demostró la existencia de las materias primas.
• Violación de los procedimientos contables.
• Mercancías retenidas no expuestas en áreas de venta.
• Falta de componentes en las producciones para ser acaparados por los panaderos.

Estas irregularidades en las panaderías objeto de inspección tienen el comportamiento siguiente:

La Milanesa (calle 240 esq. 29 La Lisa)

• No presentaban plan de producción del mes en curso.
• No estaba confeccionada el acta de calidad del pan de 80 g, una cantidad de 972 u, que estaban comercializando oscilando entre 200 y 240 g, en el acto de la inspección comenzaron a confeccionar los documentos establecidos.
• Se comprobó retenido en almacén el producto salsa condimentada con una existencia de 196 kg, notificándose al jefe comercial bajo el amparo del Decreto 30 Artículo 7 inciso K, con una cuantía de 8000 CUP
• Según documentación primaria, se dejó de elaborar el día anterior a la inspección, una producción de 3272 unidades de pan de 80 g, equivalente a 193.83 kg de harina de trigo, no encontrándose el producto ni la materia prima.
• Sin respaldo documental 183 u de pan de 80 g y 104 u de pan de 50 g, equivalente a 10.84 kg de harina de trigo.
• Producción no autorizada de 2 variedades de pan, de 31 g, 90 u equivalente a 2.06 kg de harina de trigo y pan de 100 g, 20 u, equivalente a 1.44 kg de harina de trigo.
• Se comprueba por documentación el efectivo declarado para depositar, por concepto de venta de mostrador y panera un monto de $16993.00, presentando un físico de $12810.00, con una diferencia de -$4183.00.
• Se comprueba un sobrante de 92 litros de petróleo.
• Se violan los procedimientos contables establecidos, en el mes de octubre tuvo una entrada de 6020 paquetes de galletas según documentación oficial del Almacén central, producto que no se entregan a las panaderías, y no existe evidencia de su venta. Según refiere la directora de la Unidad Básica, este producto se le entrega a la coordinadora de Distribución del Gobierno Municipal, para la venta en Comunidades. Es necesario resaltar que los efectivos de estas ventas van directamente para la Unidad Básica, violando los principios básicos contables, ya que el producto debe estar destinado para que se oferte y deposite en las panaderías (Falseando información).

La Pionera (Calle 240 y 37)

• Se detecta violación de norma del producto pan normado de 80 g, se realizaron 13 pesadas, todas por debajo del rango establecido, oscilando su peso entre 40 y 48 g por unidad, se notifican al administrador, contador y maestro al amparo del Decreto 30 artículo 7 inciso B, con una cuantía de $8000.00.
• Precio no visible en área de venta el producto pasta de ajo condimentado, se notifica a dependiente, al amparo del Decreto 30 artículo 7 inciso A, con una cuantía de $5000.00.
• Según documentación primaria, se dejaron de elaborar 2606 unidades de pan de 80 g, equivalente a 154.37 Kg de harina de trigo, no encontrándose el producto terminado, ni la materia prima en la unidad.
• Se comprueba en la caja fuerte de la oficina del administrador, un efectivo ascendente a $3395.00 sin respaldo documental de venta.

Nueva Joya (calle 51 e/ 212 y 214)

• Se detecta violación de la norma del producto pan normado de 80 gr, se realizaron 20 pesadas, resultando todas por debajo del rango establecido, oscilando su peso entre 40 y 46 gr por unidad, se notifican a la contadora y administrador, al amparo del Decreto 30 artículo 7 inciso B, con una cuantía de $ 8000.00.
• Según documentación primaria, se dejó de elaborar 290 unidades de pan de 80 gr, equivalente a 17.17 Kg de harina de trigo, no encontrándose el producto ni la materia prima en la unidad.

Nueva Lisa (calle 51 entre 154 y 156)

• Según documentación primaria, se dejó de elaborar 2899 unidades de pan de 80 gr, equivalente a 171.3 kg de harina de trigo, no encontrándose el producto ni la materia prima en la unidad.
• Se detecta violación de la norma del producto pan normado de 80 gr, se realizaron 20 pesadas, encontrándose todas por debajo del rango establecido, oscilando su peso entre 50 y 60 gr, se notifican a maestro panadero, contador, jefe de turno y administrador al amparo del Decreto 30 artículo 7 inciso B, con una cuantía de $8000.00.
• Se comprueba guardado en una taquilla, 3.6 kg aceite, 5.3 kg azúcar 1.9 kg harina de trigo, 3.7 kg sal.

Foto: Tomada del Portal del Gobierno de La Habana

Foto: Tomada del Portal del Gobierno de La Habana

La Elena ( calle 81 e/ 160 y 162 )

• Violación de la norma del producto pan normado de 80 g, se realizaron 20 pesadas, todas por debajo del rango establecido, oscilando su peso entre 40 y 48 g, se notifican a maestro panadero y administrador, al amparo del Decreto 30 artículo 7 inciso B, con una cuantía de $ 8000.00.
• Según documentación primaria, se dejó de elaborar 184 unidades de pan de 80 gr, equivalente a 10.90 kg de harina de trigo, no encontrándose el producto ni la materia prima en la unidad.
• Se comprobaron faltantes y sobrantes en almacén, tales como harina de trigo (-44,8 kg), levadura (-2 kg), aceite (+ 11.6 kg) y sal (+12.3 kg).
• Se comprueba un efectivo ascendente a $ 2000.00 sin respaldo documental de venta.
• Se solicitó de inmediato el cambio de administrador, participaron los fiscalizadores, directora y el consejo de dirección de la UBIA Municipal.

Plaza de Mayo (Calle 51 entre 274 y 276, Arroyo Arenas)

• Se detectó violación de la norma del producto pan normado de 80 g, se realizaron 20 pesadas, encontrándose todas por debajo del rango establecido, oscilando su peso en 40 y 48 g, se notifican contadora, Maestro panadero, jefe de turno y administrador, al amparo del Decreto 30 artículo 7 inciso B, con una cuantía de $ 8000.00.

En el operativo realizado y teniendo en cuenta los resultados se solicitaron medidas administrativas y cambios inmediatos de administradores de las panaderías La Elena, Nueva Lisa y la Milanesa.

En un plazo no mayor de 10 días, la EPIA debe presentar el Plan de Medidas Administrativas y Organizativas que atiendan las deficiencias detectadas como parte de esta acción de control.

Acciones como estas no tienen ni tendrán cabida en nuestra sociedad. Nuestro pueblo debe velar porque se respeten y se hagan cumplir sus derechos. Las denuncias e información oportuna siempre serán la vía correcta para erradicar ilegalidades que tanto daño causan a nuestros ciudadanos y país en general. Cuba, es de todos y juntos vamos por más.

(Tomado del Portal del Ciudadano, del Gobierno de La Habana)

Comentario HHC: ¿ Alguien puede creer que las pizzas que se venden en la mayoría de los particulares , provienen de las harina que importan de Panamá? Por solo mencionar un rubro.

Por demás, esto no es nuevo, existe arraigado desde el período especial en la decada del 90 del siglo pasado. Le roban al estado, y a la población con impunidad, un secreto a voces. Eso forma parte también de la perdida de valores éticos que se han deteriorado como sociedad, ademas de la educación formal. 

Incluso estos " operativos" es para amortiguar un poco, hasta que pase la ola, dirian en mi nartal San Miguel de Padrón. Pero en modo alguno  esto es la solución del problema. 

Veo muy bien la multa de 8 000 pesos, y a los recidentes debe ser mas y  ademas de cobrarle todo el faltante en productos. 

A las panaderias, agro, y entidades de comercio interior hay que equiparlas con pesas digitales las que necesiten y realizar muestreos constantes, asi como terminales de punto de venta para disminuir al minimo el efectivo y estimular el pago electrónico. Veremos como evoluciona.

Consejo de Ministros abordó asuntos cruciales para el desarrollo de Cuba. Comentario HHC

Se presentaron directivas generales para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas

Autor: Redacción Nacional | internet@granma.cu

26 de octubre de 2022 20:10:08

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido, y dirigido por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, sesionó ayer el Consejo de Ministros, que, como parte de su agenda, aprueba y propone proyectos y estrategias de diversos ámbitos de la economía y la sociedad cubanas.

En uno de los diez puntos abordados Marrero Cruz presentó, para su aprobación, directivas generales para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas; entre ellos el combate a los precios desmedidos y la reventa de productos de primera necesidad, según reseñó un reporte de la Televisión Cubana.

En este tema, Díaz-Canel convocó a los dirigentes en todos los niveles, núcleos del Partido y a los gobiernos locales, a no ser contemplativos ante estas situaciones, y no permitir espacios para el robo y el desvío de recursos. Además, propuso estrategias para la transformación social de aquellas personas que no estudian ni trabajan, para que aporten a la sociedad.

El vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó sobre el comportamiento económico del país al cierre de septiembre del actual año.

La reunión también incluyó el análisis de temas como la cartera de oportunidades de la inversión extranjera, el plan hidráulico nacional, el Decreto Ley sobre mediación de conflictos, y la asignación anticipada de graduados de la Educación Superior y técnicos de nivel medio que concluyen en 2023. HHC: negritas nuestras.

 

Comentario HHC:   El texto, es una transcripción de lo dicho por la locutora del NTV, excepto que se dijo también, que en próximas emisiones se ampliará la información de lo abordado en el Consejo de Ministros.  Estaremos atentos.

La Celac pide sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Comentario HHC

 

XXIII Reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros Celac. /Foto: Twitter / @BrunoRguezP

27 octubre, 2022 5 de Septiembre 

En una declaración conjunta, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) pidieron sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional, elaborada unilateralmente por EE.UU.

Tras finalizar la 23.ª reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Celac, realizada en Argentina, se emitió una declaración conjunta donde también se reiteró el llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se ponga fin al «bloqueo económico, comercial y financiero» contra el país caribeño.

En este encuentro, los máximos representantes de la diplomacia de las naciones que integran el mecanismo regional reiteraron su rechazo a las «listas y certificaciones unilaterales que afectan a países de América Latina y el Caribe».

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que su país aboga por un fortalecimiento de la Celac «como interlocutor regional» y que Cuba «continuará luchando sin descanso por la genuina integración de Nuestra América».

En la declaración final, los 33 países miembros también ratificaron que América Latina y el Caribe son una «zona de paz» y libre de armas nucleares, «que propugna la solución pacífica de las controversias en la región y en el mundo».

Del mismo modo, se refirieron a los efectos de la pandemia en la región y al «esfuerzo adicional» para garantizar la seguridad alimentaria y energética en los países latinoamericanos y caribeños debido a los «niveles alarmantes» de pobreza, endeudamiento, desigualdad social, informalidad laboral, degradación ambiental, desigualdad de género y discriminación racial.

En esta reunión, los cancilleres también «renovaron su compromiso con la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la defensa de la soberanía, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional».

Hoy, en la continuación de las actividades de la cita, el Centro Cultural Kirchner acoge a las autoridades de más de 30 países que participarán hoy en la III Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE). (Resumen de agencias).

Comentario HHC: La espuria lista que emite EEUU, motivada políticamente, con cualquier pretexto, además de ilegal, y por encima del Derecho Internacional hacia los países que no le son afínes políticamente hablando, demuestra que ese gobierno, ni respeta, el derecho internacional, que no practica ni respeta la libertad de pensamiento, ni la democracia, ni el respeto a los derechos humanos, ni el derecho a la autodeterminación de los países, ni el libre comercio entre los países civilizados como proclama en su discurso demagogo. 

Además, que, si de patrocinio se trata, es el país que más guerras ilegales ha ejecutado en el mundo en los últimos 30 años, algo que no puede demostrar con Cuba. Garante de la paz en Colombia, y ese fue el pretexto utilizado esta vez, porque los negociadores estaban en Cuba, y el peón del expresidente Duque pidió una extradición, la cual Cuba no podía cumplir por los compromisos que contrajo y aceptados por la ONU. ¿Por qué no incluyeron por ejemplo a Noruega el otro garante?. 

Curioso, además, que el gobierno de EE. UU. estuvo receptivo a las peticiones del anterior presidente de Colombia, y a los pedidos de Petro, el nuevo presidente, hiciera lo contrario, hizo caso omiso.  

En el fondo, el objetivo, era perjudicar a Cuba, ya que bancos ( más de una veintena) y países reaccionan con limitar las relaciones comerciales y financieras contra un país que efectivamente sea patrocinador del terrorismo, aunque sepan como este caso con Cuba,  que es un montaje, pero no se buscan problemas con los EEUU. En todo caso deberían autoincluirse los EEUU, y sacar a Cuba de donde nunca debió estar.

De nuevo sobre la “inutilidad” del reparto arbitrario de utilidades y la necesidad de una política integral.

Por Julio Carranza

      Luis Gutierrez

Como hemos insistido reiteradamente, la economía cubana necesita una política económica integral de transformaciones a la vez que una política de estabilización macroeconómica que conecte y haga viable la primera.

La permanencia de un proceso inflacionario como el que se vive, o se sufre hoy en Cuba, no es sostenible en el mediano y largo plazos por razones sociales y políticas, por lo tanto la reducción de la inflación es imprescindible no sólo como condición para la viabilidad de las transformaciones económicas más profundas que el país necesita, sino también desde el punto de vista político.

En este sentido hemos expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de una política de estabilización que aborde el problema tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, en combinación con políticas fiscales y monetarias activas y fundamentadas. Hemos abordado este tema en mayor detalle y con propuestas muy concretas en el texto publicado en abril de 2022 “Conjurar la inflación: lo esencial de una política integral (la oferta, la demanda y la política monetaria). Versión ampliada y actualizada”. https://drive.google.com/file/d/1G6beqODrcRO73v8w_rPGaV9ypBNeZnnW/view?fbclid=IwAR1lLiT5KZ4Sb4yiAWcTiogzA5VS2P10wIr53jNmYbeCvvQZioAHA8C5PWA

Uno de los puntos, no el único, en el que insistimos en este y otros textos anteriores, es el efecto perverso que sobre los precios provoca el reparto de utilidades sin respaldo material y a discreción en las empresas estatales, en presencia, además, de laxos impuestos directos progresivos sobre estas remuneraciones, mercados altamente imperfectos sin sólida regulación y gobernanza deficiente. Es justo decir que nuestras consideraciones al respecto las hemos hecho llegar sistemáticamente a las autoridades de la economía nacional, desconocemos si han sido revisadas o no.

Este tema, poco abordado públicamente con anterioridad, ha sido objeto de atención en la reciente reunión de la dirección del país con representantes del sistema empresarial estatal, cuyos contenidos fundamentales se han reportado en el diario Granma (ver artículo “La ´utilidad´ de las utilidades y las deudas de eficiencia”, 22 de Octubre 2022). Las cifras y algunas de las afirmaciones que allí se han presentado confirman, en nuestra opinión, lo que al respecto hemos señalando desde hace más de un año. Sin embargo, no apreciamos aún una política integral que corrija esta negativa tendencia. Sólo en el primer semestre de 2022 el reparto de utilidades fue de 13 000 millones de pesos cubanos (la cifra no es precisa debido a que su cita en Granma es confusa, pero en cualquier caso es un alto volumen de circulante adicional a la circulación), lo cual significa un notable incremento de la demanda agregada sin que ello esté respaldado por un correspondiente aumento de la oferta de bienes y servicios.

Como se reconoce en la reunión, con frecuencia las ganancias empresariales se explican por incrementos arbitrarios de precios, mismos que alimentan la inflación como una serpiente que muerde su cola. 

Esta cifra nos sorprendió al ser aún mayor (mas del doble) de la que habíamos calculado previamente para un semestre, no contábamos entonces con información pública al respecto, lo habíamos estimado a partir de la información fragmentada de la prensa nacional y de entrevistas individuales. 

El efecto de este proceso es que el incremento de los ingresos reales de los trabajadores que se benefician con estas entradas adicionales no se corresponde a los incrementos nominales que obtienen, debido precisamente al aumento de precios impactados por la misma acción, a la vez que los ingresos en términos reales de los trabajadores y ciudadanos con remuneraciones fijas (en especial los jubilados) se ven notablemente afectados por la baja sistemática de su poder de compra, rayando, en muchos casos, con niveles de supervivencia. Adicionalmente ha generado movimientos sectoriales de fuerza de trabajo con repercusiones negativas en actividades fundamentales.

Haciendo un cálculo rápido, se puede afirmar que con mucho menos de la mitad del dinero de utilidades repartidas se podría haber incrementado el monto de las pensiones mínimas y prestaciones asistenciales en más de 500 pesos mensuales, favoreciendo los sectores más vulnerables del país.

El déficit presupuestario anual estimado debe ser superior a los 70 mil millones de pesos. Si este se monetizara en un 85 %, el efecto del reparto no respaldado de utilidades podría contribuir, por sí solo, en casi el 25% al aumento de precios.

Si se examina lo que diferentes economistas han venido escribiendo al respecto, se podría desarrollar un debate que permitiera la articulación de una política anti inflacionaria integral. Sin embargo, aunque este problema supone una fuerte fundamentación técnica, esta no sería suficiente debido a su gran significado político y social. Por esta razón hemos propuesto con anterioridad la conveniencia de ampliar la discusión a toda la sociedad con la rápida y urgente presentación de un proyecto de política de estabilización.

Seguramente la discusión popular no solo lo enriquecería, sino que favorecería reconstruir el consenso para avanzar con este y con el proyecto de reforma integral de la economía, proceso, en nuestra opinión, imprescindible para la recuperación de una dinámica positiva en la vida de la nación. Los parlamentos obreros efectuados en 1994 son una experiencia que debe ser tomada en consideración en la actual situación, desde el punto de vista político el consenso de la sociedad no tiene sustituto, en el caso de Cuba, más aún.

Ninguna de estas consideraciones deja de tener en cuenta los efectos nocivos del bloqueo y la agresión, pero el desafío es avanzar a pesar de estas difíciles circunstancias y hacerlo con mucha rapidez, con sentido de urgencia y una audacia responsable. Hay propuestas y argumentos fundamentados para hacerlo, discutámoslos todos con profundidad, con agilidad y sin dogmas. 27 de Octubre 2022

 link Conjurar_la_inflación_Luis Gutierrez y Julio Carranza .Versión

Más de 270 millones de dólares le costó el bloqueo a la agricultura cubana en el periodo 2021-2022

 Esa cifra evidencia el mantenimiento y, en algunos aspectos, el recrudecimiento de la genocida política

Autor: Liz Conde Sánchez | internet@granma.cu

27 de octubre de 2022 00:10:02

Foto: Freddy Pérez Cabrera

En el periodo del 1ro. de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022, los daños financieros al sistema de la Agricultura de Cuba, ocasionados por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, ascendieron a 270 852 548 dólares, de acuerdo con información del Ministerio de la Agricultura (Minag).

Esa cifra evidencia el mantenimiento y, en algunos aspectos, el recrudecimiento de la genocida política, que provoca millonarias pérdidas, en general, para todos los sectores de la Isla, incluyendo al Minag; uno de los organismos de mayor impacto e importancia para la nación, por su misión de garantizar y satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

De los siete grupos empresariales que integran el Minag, Tabacuba, encargado de dirigir integralmente la actividad tabacalera en todas las fases de su cadena productiva, sufrió las mayores pérdidas, con un valor ascendente a 211 866 500 dólares, seguido por el grupo Agroforestal y el grupo empresarial Logística del Minag, con daños contabilizados en 26 069 280 y 25 097 381 dólares, respectivamente.

En reciente conferencia de prensa, directivos de la Agricultura denunciaron que las 243 medidas impuestas por la administración del expresidente Donald Trump se mantienen vigentes por el actual Gobierno, que aplicó, recientemente, algunas medidas positivas, pero de alcance muy limitado, que no modifican en lo absoluto el bloqueo.

Esa guerra económica ha ocasionado impactos negativos en el sistema empresarial, las cooperativas agropecuarias y productores individuales y, por consiguiente, en la producción de viandas, hortalizas, granos y otros renglones.

También denunciaron los daños en ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios, pérdidas por reubicación geográfica de nuestro comercio, y las afectaciones a la producción.