Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

domingo, 4 de febrero de 2018

Libro "Economía para no dejarse engañar por los Economistas" (VI)

¿Se puede prescindir de la intervención del Estado en la economía aunque los mercados funcionen a la perfección?

Los economistas más liberales que defienden el máximo protagonismo del
mercado a la hora de asignar los recursos suelen ser muy críticos con la intervención de los gobiernos. Tienen el temor que expresaba el padre de la economía y primer gran economista del liberalismo, Adam Smith, cuando aseguraba   que   «las   grandes   naciones   nunca   se   empobrecen   por   la prodigalidad o la conducta errónea de algunos de sus individuos, pero sí caen en esa situación debido a la prodigalidad y disipación de los gobiernos».41
Una afirmación, por cierto, que puede ponerse completamente en duda a la vista de los muchos desastres económicos y sociales que ha producido la iniciativa privada. Sin ir más lejos, los que han provocado la banca y los grandes fondos de inversión especulativa en los últimos años, dando lugar a la crisis económica más profunda desde la Gran Depresión, que se inició en
1929.
Sin embargo, ni siquiera cuando se pudiera garantizar que los mercados con la máxima competencia predominaran en la totalidad de las actividades económicas  se  podría  prescindir  de  un  mínimo  de  intervención  pública. Como hemos señalado ya antes, incluso el mercado más elemental necesita normas y la fijación de obligaciones y derechos que deben establecerse por medio de algún tipo de autoridad o de acuerdo que se imponga sobre la libre iniciativa de los sujetos que intervienen directamente en ellos.
El  propio  Smith,  que  rechazaba  expresamente  las  intervenciones dirigidas a alterar los resultados de asignación que proporciona el mercado (como  ayudas,  subvenciones,  medidas  proteccionistas,  impuestos, monopolios, etc.), reconocía que esta intervención era, sin embargo, imprescindible en algunas materias esenciales. Eso ocurría, a su juicio, con la defensa de la propiedad privada, la defensa de la nación, la administración de justicia  y  el  mantenimiento  de  algunas  actividades  o  instituciones  no rentables para el capital privado, pero imprescindibles para la vida social. Además, él mismo reconocía también que ni siquiera «la caprichosa ambición de algunos tiranos y ministros» es «tan fatal […] como el impertinente celo envidia de los comerciantes y fabricantes».42 Y, según Smith, sólo la intervención del Estado mediante leyes adecuadas podía garantizar que no ocurriera lo que él (con una impresionante lucidez que iba mucho más allá de su propia época) temía que siempre ocurriría: «Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías».
La intervención del Estado en la economía es imprescindible; y lo es incluso si fuera posible lograr que todos los mercados actuaran en todos los ámbitos de la vida económica con la máxima competencia. En primer lugar, porque ha de establecerse qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los intercambios, y porque hay que asegurar que lo acordado al respecto se cumpla, y no sólo estableciendo castigos cuando se transgrede, sino proporcionando incentivos para que los derechos y obligaciones establecidos se  respeten.  En  segundo  lugar,  porque  hay  que  garantizar  que  en  los mercados haya la mayor competencia posible, eliminando la incertidumbre y la desinformación o estableciendo mecanismos que la promuevan. Y, finalmente, porque también es preciso que las decisiones de asignación de los recursos  que  se  tomen  al  margen  de  los  mercados  (cuando  hay  bienes públicos o se producen externalidades que ya hemos comentado) sean las más eficientes o satisfagan de mejor manera las necesidades sociales.
Ahora bien, reconocer que la intervención del Estado es imprescindible no equivale a decir que ésta sea siempre la adecuada ni en todo momento deseable o necesaria.
El problema aparece porque no siempre se puede asegurar que el Estado se limite a desempeñar en la vida económica esas funciones (o cualesquiera otras  que  la  sociedad  le  asigne)  con  neutralidad,  sin  ineficiencias  y  con respeto  a  los  intereses  mayoritarios.  Esta  imposibilidad  se  debe,  algunas veces, a que los grupos de interés «secuestran» al Estado para que refuerce las condiciones que les benefician; otras veces, a que, por muy fuerte que sea el poder normativo del Estado, resulta prácticamente imposible reproducir en la realidad las condiciones de competencia perfecta que deben darse para que los mercados proporcionen soluciones eficientes. A menudo, se debe también a que, por muy eficiente que sea el funcionamiento de los mercados, no se puede evitar que se produzcan crisis, perturbaciones, daños ambientales o desajustes generales que no se pueden resolver con la exclusiva dinámica de los mercados (las recientes crisis financieras, como veremos, son una buena prueba de ello); y finalmente, casi siempre, a que los mercados proporcionan, en el mejor de los casos, soluciones de eficiencia, pero completamente ajenas a cualquier criterio de equidad, o, mejor dicho, que son compatibles con cualquier solución distributiva: el mercado más perfecto posible puede proporcionar una solución eficiente, pero ésta puede ser totalmente ajena al deseo distributivo de la sociedad y repugnar moralmente al conjunto de la sociedad.
Imaginemos, por seguir con este supuesto, que el mercado perfecto, el que proporciona la máxima eficiencia, asigna todos los recursos a una sola persona y deja en la indigencia al resto de la sociedad. En este caso: ¿está obligada la totalidad de la sociedad a aceptar ese resultado del mercado o tiene derecho a reclamar una intervención del Estado para corregir lo que le repugna?
Desde hace tiempo, expertos de la Organización Mundial de la Salud han denunciado numerosas veces que hay muchos pueblos, sobre todo en el Sudeste Asiático, en donde el 90 por ciento de su población sólo tiene un riñón porque el otro lo ha vendido a tramas organizadas para que sea trasplantado a personas pudientes de los países ricos. Y esa misma organización estima que uno de cada diez trasplantes realizados en el mundo se hace con órganos obtenidos ilegalmente, generalmente mediante coacción y engaños de todo tipo, y siempre aprovechándose de la miseria de quien los ofrece. Muchas personas están dispuestas a gastarse entre 150.000 y 200.000 dólares por un riñón por el que muchas veces no se llega a pagar ni 2.000 dólares a quien lo vende. ¿Hay que admitir ese comercio sólo porque sea rentable?, ¿o el de trata de personas o el de niños?
¿Debe el Estado mantenerse ajeno en estos casos, en aras de la iniciativa privada y del mercado «libre»?
Los economistas liberales afirmarán que sí porque para ellos el mercado es la suprema expresión de la libertad, a pesar de que ése es un caso en que claramente el mercado niega a la sociedad la libertad esencial y primaria de poder sobrevivir. Y porque, en todo caso, la cuestión moral que se plantea en el  segundo  ejemplo,  no  es  una  cuestión  económica.  Pero  éste  es  un argumento difícil de asumir: ¿acaso no hay una opción moral, una específica decisión política y ética, en la decisión que supone asumir que sólo una persona tiene derecho al sustento? Se tenga o no se tenga esa intención, lo que implica asumir solo el objetivo de eficiencia y dejar de lado cualquier debate distributivo es que el conjunto de la sociedad no pueda cuestionarse un reparto dado de los recursos por muy injusto o aberrante que sea.
En estos casos, se quiera o no, y sea lo que sea que reclamen los partidarios de cualquier ideología económica, la intervención del Estado se hace ya no sólo deseable, sino inevitable. Y mucho más porque, como hemos señalado,   la   inmensa   mayoría   de   los   mercados   suelen   ser   bastante imperfectos y porque hay actividades económicas que no pueden resolverse a través del mercado. Ésa es la razón de que en el capitalismo realmente existente, el que vivimos día a día a nuestro alrededor, haya habido y haya actualmente una gran y constante intervención del sector público.
Efectivamente, unas veces, el Estado interviene como un sujeto económico más, comprando bienes y servicios en los mercados correspondientes, ofreciendo los que pueden producir tanto las administraciones como las empresas públicas, vendiendo o alquilando los factores que sean de su propiedad o comprándolos o alquilándolos para producir. Y, en virtud de cómo sean sus saldos de ingresos y gastos, también incide en la economía generando ahorro con el que se puede financiar al resto de sujetos o recibiendo financiación de ellos. Otras veces, actúa como proveedor de los bienes públicos que, como ya sabemos, son los que no se pueden adquirir a través de los mercados, porque cuando son disfrutados por alguien no se puede excluir de su consumo a los demás, de modo que nadie estaría dispuesto a pagar un precio por ellos. Como hemos dicho ya, estos bienes públicos se proveen en virtud de decisiones políticas, y, por tanto, el Estado debe establecer los mecanismos que se consideren adecuados para que las personas revelen sus preferencias y para que se puedan tener en cuenta efectivamente a la hora de decir qué se produce, cómo y para quién. También actúa el Estado como regulador de la vida económica y social, estableciendo las normas de obligado cumplimiento que han de acatarse por los sujetos económicos, no sólo en relación con su actividad económica en sentido estricto, sino en cualquiera de sus comportamientos sociales que muy a menudo terminan influyendo sobre la economía. Y, finalmente, el Estado actúa como ejecutor de la política económica que trata de corregir los grandes desequilibrios económicos.
Al desempeñar cualquiera de esas funciones, el Estado trata de cumplir diferentes objetivos que deben definirse previamente, pero que se suelen englobar en al menos cuatro grandes campos. Uno se refiere a lograr la estabilidad de los precios en los mercados, procurando que no sufran variaciones considerables que distorsionen las decisiones de los sujetos económicos que ya sabemos que los utilizan como indicadores o señales de alerta a la hora de tomar decisiones. Otro es lograr el pleno empleo, y no sólo para que se dé el menor despilfarro de recursos posible, sino, sobre todo, para que se puedan conseguir los recursos o ingresos suficientes para poder satisfacer las necesidades sociales. El tercero es alcanzar una distribución equitativa de los recursos, aunque resulta sintomático que, habiendo sido éste un objetivo generalmente asumido por todos los gobiernos y que así se mencionaba en los manuales de macroeconomía, sea cada vez menos tenido en cuenta, no sólo en la agenda política, sino también en el discurso académico. El cuarto campo sería el referido a conseguir el equilibrio exterior de la economía para lograr que no se produzca, por ejemplo, una excesiva dependencia o para facilitar que la producción interior se coloque en el exterior y proporcione así el mayor volumen posible de recursos. Y un quinto podría ser, tal y como empieza a ocurrir hoy día, aunque no con la fuerza que sería necesario, lograr la mayor sostenibilidad en el uso de los recursos para no seguir poniendo en peligro la vida en el planeta. Y, lógicamente, cada uno de estos objetivos tienen a su vez otros de rango sucesivo que en cada caso van determinando la naturaleza de las medidas de política económica que se toman en cada momento.
Hoy día, por tanto, el sector público es una pieza fundamental en cualquier economía capitalista. Como muestra de lo que acabamos de señalar, vale recordar que un organismo de enfoque tan convencional y ortodoxo como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmaba, en su informe Panorama de las Administraciones Públicas 2011, que «los gobiernos son responsables de promover el crecimiento económico y el desarrollo social, al proporcionar bienes y servicios, reglamentar la conducta de las empresas y los individuos y redistribuir el ingreso».43 Y eso es lo que explica que, según ese mismo informe, los gastos generales del gobierno español representaran en 2009 casi la mitad del PIB, en promedio, entre los países de la OCDE.
Pero la actividad del sector público no sólo constituye una importante fuente de alimentación de la actividad económica, sino que es también un elemento fundamental a la hora de generar la necesaria legitimación de los poderes que gobiernan la vida social. Y es por todo eso que constituye un espacio tan codiciado por todos los grupos de interés que buscan que el Estado  actúe  a  su  favor,  desnaturalizando  su  función  de  gestor  de  los intereses colectivos cuando queda atrapado en una maraña de intereses particulares.
Ya hemos señalado que al Estado le compete llevar a cabo la regulación de la vida económica estableciendo las normas que determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer en relación con los recursos. Es una función a la que ningún Estado ha renunciado nunca, pues, aunque a menudo se hable de avanzar en la desregulación por creer que tiene inconvenientes, como veremos enseguida, lo cierto es que incluso eliminar normas es también regular. Establecer, por ejemplo, que no haya ninguna regla de tráfico y que cualquier conductor circule como le venga en gana es también una norma, de modo que nunca es posible que se produzca una ausencia de ellas cuando se trata de actuar sobre los recursos que necesitamos para producir los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades.
En cualquier sociedad moderna es inevitable que el Estado regule directamente la economía y también muchos aspectos de la vida social que influyen en la actividad económica. Por ejemplo, cuando establece normas sobre derechos laborales, sobre consumo, sobre medio ambiente, sobre actividades profesionales, sobre seguridad e higiene, etc. E incluso cuando dicta normas que aparentemente nada tienen que ver con la economía, como ocurre con las leyes civiles, mercantiles o procesales, que pueden ayudar a que las actividades económicas se desenvuelvan más ágil y eficientemente o en mejores o peores condiciones.
Como todas las normas tienen un efecto distributivo, de mayor o menor envergadura, pero que siempre afecta al bienestar de cada individuo o grupo social, resulta muy importante evaluar lo más rigurosamente posible sus beneficios  y  costes  y  cómo  afectan  a  la  economía  y  al  bolsillo  de  las personas.
Y no hará falta decir que los economistas no suelen ponerse de acuerdo al respecto. Muchos tienen una posición previa, podríamos decir que un prejuicio, y rechazan de plano la regulación de la vida económica, mientras que otros la defienden con independencia de cualquier otra circunstancia.
Lo razonable, sin embargo, parece que es enfrentarse a cada acción reguladora en concreto y tratar de dilucidar con el mayor rigor posible sus efectos de todo tipo y, a partir de ahí, permitir que sea la sociedad la que se pronuncie sobre su conveniencia manifestando democráticamente sus respectivas preferencias.
Los economistas sabemos que, en general, se pueden señalar algunas virtudes y algunos inconvenientes que casi siempre acompañan a la actividad reguladora del Estado, y que unas y otros constituyen el balance sobre el que la sociedad debiera pronunciarse en cada caso.
Los inconvenientes más importantes que generalmente se asocian con la regulación son varios: el coste que inevitablemente tiene, pues se precisa que la lleven a cabo instituciones especializadas que necesitan personal y medios materiales, a veces cuantiosos y costosos; la posibilidad de que los empleados públicos que toman las decisiones se dejen llevar por intereses particulares y no persigan el interés general, sobre todo, teniendo en cuenta que los grupos de presión pueden llegar a ser más poderosos que el propio Estado; y, por último, que cuando se regula se establecen tantas cautelas y requisitos que se puede dificultar demasiado la actividad de los creadores de riqueza si les generan costes tan abusivos que no les compense producir. Muchos autores señalan, además, que todos estos inconvenientes aumentan con el paso del tiempo en lugar de disminuir, porque los intereses particulares terminan por adueñarse de las administraciones públicas provocando lo que Mancur Olson llamó la «esclerosis institucional», que deja especialmente indefensos a los pequeños productores y a los consumidores con menos recursos.
Sin embargo, junto a estos inconvenientes, es posible señalar al mismo tiempo las ventajas y virtudes que tiene la regulación que lleva a cabo el Estado.
En primer lugar, sabemos que la regulación es la única forma de hacer frente a las externalidades que conlleva a menudo la actividad económica, bien haciendo que los costes se internalicen por unos sujetos u otros, bien garantizando que se haga transparente la información y, en general, que los costes de transacción (los que lleva consigo cualquier intercambio por el simple hecho de realizarlo) sean los menores posibles. Es fácil imaginar, por ejemplo, lo costoso o incluso lo inviable que sería el comercio si no hubiese normas previas de responsabilidad que adviertan de las consecuencias que puede tener no pagar, entregar un producto defectuoso, etc. Además, la regulación proporciona seguridad, pues garantiza que sólo se lleven a cabo las  actividades  cuyos  efectos  ya  han  sido  evaluados,  evitando  que  la búsqueda inmediata del beneficio postergue la consideración de los peligros que pueda llevar la actividad productiva. Y parece también claro que sólo por medio de la regulación se puede conseguir que la actividad económica se lleve a cabo en función de criterios y objetivos que vayan más allá de la utilidad individual y que pueda perseguirse el interés colectivo o el bien común.
En todo caso, también resulta bastante evidente que todos estos inconvenientes y ventajas se dan combinadamente y de forma compleja y, sobre todo, que la preferencia u opinión de cada persona sobre su conveniencia o inconveniencia no sólo depende de sus efectos concretos y obviamente siempre desiguales sobre la renta y la riqueza. También influyen las preferencias de carácter más general que cada persona pueda tener en función de su ideología, sus creencias, sus prejuicios o sus gustos. Por eso no es fácil (salvo en casos quizá excepcionales) que se pueda establecer una regla genérica sobre la bondad de la regulación.
Un caso y una prueba prácticos al respecto es la discusión que se lleva a cabo actualmente en Europa sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). En él, sobre  todo,  se  dilucidan  qué  normas  de  regulación  deberán  asumirse  en ambas partes tras su firma. En Europa, por ejemplo, en materia de consumo predomina el criterio de la seguridad (antes de sacar al mercado un producto hay que demostrar que no produce daños), mientras que en Estados Unidos domina  el  de  libertad  (las  empresas  pueden  vender  algo  siempre  sin necesidad de demostrar previamente sus efectos, aunque asumirían una alta responsabilidad si con posterioridad se demuestra que han actuado irresponsablemente). Los efectos de ambas modalidades de regulación son bastante  claros:  cada  año  enferman  en  Estados  Unidos  48  millones  de personas por ingestión de alimentos contaminados y mueren unas tres mil personas por esa causa, frente a sólo 70.000 enfermos y 93 muertes en la Unión Europea por las mismas razones.
¿Acaso  se  puede  afirmar  que  hay  un  criterio  «económico»  que determine que la mayor regulación europea de ese comercio es peor que la menor de Estados Unidos? Y, suponiendo que existiera ese criterio (los liberales nos dirían que efectivamente lo hay: el de la máxima eficiencia y la mayor libertad): ¿se puede considerar como un ejercicio de libertad el imponerlo sobre la voluntad de las personas que están en peligro de enfermar o incluso de morir? ¿No habría que debatirlo y someterlo a votación, es decir, adoptar sobre él una decisión política?
Es un ejemplo que muestra claramente que no se puede establecer objetivamente la mejor preferencia. Las corporaciones preferirán el modelo estadounidense; los consumidores, quizá el europeo, pero sólo si tienen información transparente y rigurosa, pues, en otro caso (por ejemplo, si no son conscientes de los riesgos sobre la salud que puede conllevar), muy posiblemente prefieran también el modelo de Estados Unidos, que seguramente sea también más barato para el consumidor, al no tener que asumir el coste de la investigación previa y la prevención.
Es la sociedad en su conjunto la que debe tener el derecho a establecer el mecanismo de revelación de preferencias y a decidir de qué manera prefiere resolver las opciones en conflicto en cada caso. Y, más allá de lo que prefiramos o defendamos unos economistas u otros en función de nuestras preferencias  o  intereses  personales,  parece  que  hay  algunos  principios bastante sensatos en relación con las ventajas e inconvenientes de la intervención del Estado:
El sector público puede actuar bien o puede hacerlo mal, y no siempre bien o siempre mal por definición (tal y como defienden las posiciones extremas).
• La alternativa a un sector público ineficiente o con funciones inadecuadas no es mecánicamente la iniciativa privada, sino un sector público que haga bien lo que tenga que hacer.
La actuación del sector público siempre tiene efectos distributivos asimétricos que hay que explicitar y valorar socialmente.
• Lo que debe hacer un gobierno, tal y como recomendaba Keynes en su opúsculo El fin del laissez-faire, no son cosas que los individuos ya están realizando para hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino las que no se están haciendo.

¿Qué es el PIB, cómo se calcula y qué inconvenientes tiene utilizarlo para medir el éxito o el fracaso de las economías? 

Posiblemente, no hay un concepto económico más utilizado hoy día que el PIB. Es la referencia de nuestras vidas, y de la magnitud de su crecimiento
parece que depende nuestra ventura y felicidad.
El producto interior bruto, o simplemente PIB, es una magnitud que mide el valor, expresado en unidades monetarias (euros, dólares, libras, etc.), del conjunto de la actividad económica que se lleva a cabo en un país a lo largo de un período determinado, generalmente de un año.
Para calcularlo y para saber lo que significa exactamente hay que tener en cuenta que la actividad que se desarrolla en una economía en su conjunto se puede contemplar desde tres grandes perspectivas que vamos a descubrir a partir de un ejemplo muy simplificado.
Imaginemos que la actividad económica de un país sea solamente la producción de cien barras de pan, que han costado un total de cien euros después de pagar:
• diez euros al agricultor que cultivó el trigo,
• veinte euros al fabricante de harina,
• treinta euros al panadero que la amasó y coció,
• veinte euros a los transportistas que llevaron el pan a las tiendas y
• veinte euros a los comerciantes que lo venden a los consumidores finales. El valor monetario total de la actividad de esa economía, su PIB, se podría calcular a través de tres vías.
La primera, sumando el valor que ha añadido cada uno de los sectores económicos en los que ha habido actividad (agricultura para cultivar trigo, industria para hacer harina y, luego, las piezas de pan y, finalmente, servicios de transporte y comercio). La segunda, calculando lo que han gastado los consumidores que han comprado cien barras de pan a un euro cada una. Y la tercera, sumando lo que se ha pagado a cada uno de los sujetos que ha contribuido a producir, transportar o vender las materas primas y, finalmente, el pan. En nuestro ejemplo, muy sencillo, sumaríamos los cien euros del PIB por las tres vías. E igual sucedería en la vida real, aunque los cálculos serían lógicamente mucho más complicados, principalmente, porque tendríamos que utilizar componentes más complejos.
Por la primera vía, tendríamos que sumar la producción de todos los diferentes ámbitos o sectores económicos (agricultura, industria, servicios). Por la vía del gasto que realizan los diferentes sujetos económicos en bienes o servicios, tendríamos que distinguir cuatro conceptos posibles:
El gasto en bienes y servicios que realizan los hogares o familias, que es el llamado consumo privado (C).
• El gasto que realizan las empresas en bienes de capital, que es la inversión
(I).
El gasto en bienes y servicios (consumo público) o en bienes de capital
(inversión pública) que hace el sector público o Estado (G).
• El gasto que el sector exterior hace comprando bienes y servicios en nuestra economía y que denominamos exportaciones (X), y al que lógicamente hay que restarle las importaciones (M), que son el gasto que los sujetos nacionales hacen en compra de bienes y servicios en el exterior.
La suma de estos cuatro componentes de gasto es el gasto total de la economía, que se conoce con la expresión demanda agregada (DA).
Por último, para calcular el PIB por la vía de las rentas que reciben los factores, lo que hay que hacer es sumar la totalidad de las retribuciones al trabajo que se han realizado en la economía (los sueldos y salarios y las cotizaciones sociales correspondientes), más las retribuciones a los propietarios del capital (en las que están incluidas las correspondientes a los recursos naturales, los intereses, los alquileres, los beneficios, etc.). Y a ello habría que añadir los ingresos que recibe el Estado (impuestos que se establecen sobre la producción), y descontar las ayudas en forma de subvenciones que este último conceda a las empresas.
El  PIB  lleva  en  su  denominación  la  expresión  «interior»  porque  se refiere a la producción, el gasto o las rentas que se realizan o perciben en el territorio nacional con independencia de la nacionalidad de los sujetos que produzcan,  gasten  o  reciban  rentas.  Si  un  irlandés  o  una  estadounidense produce, gasta o recibe rentas en España consideramos su valor correspondiente como parte del PIB español. Y, al revés, si eso lo hace un español en otro país se estará contabilizando en el PIB de dicho país
Años atrás, cuando las economías no estaban tan internacionalizadas, en lugar de calcular el producto interior bruto también se calculaba el llamado producto nacional bruto (PNB) que es el que corresponde solamente a los nacionales de un país que operan dentro o fuera de su territorio. No obstante, hoy día, el PNB es un concepto de cálculo en desuso.
Además, el PIB incluye también el término «bruto» porque contabiliza, además del valor de lo producido, las llamadas amortizaciones. Éstas son un fondo que van generando las empresas para hacer frente a la pérdida de valor que sufren sus activos a lo largo del tiempo. Si una máquina que se adquiere por cien euros no valdrá nada al cabo de diez años (es decir, que se va a depreciar  totalmente  a  lo  largo  de  ese  período),  la  empresa  deberá  ir generando un fondo de amortización de diez euros al año, y así, al transcurrir el período en que la máquina se haya depreciado totalmente, se podrá tener una cantidad suficiente para adquirir otra. Cuando una magnitud se calcula sin tener en cuenta esas amortizaciones se dice que es «neta».
Cuando el PIB se calcula como suma de las retribuciones, por la vía de la renta, y se le restan las amortizaciones y las rentas del sector público, se obtiene otra magnitud que a menudo se utiliza y que tiene un significado económico interesante: la renta nacional (si es referida sólo a los nacionales) o la renta interior (si se computan las que se perciben sólo en el interior del territorio nacional tanto por nacionales como por extranjeros).
El concepto de renta nacional (o interior) es muy importantes porque refleja la cantidad de ingresos totales que se generan en la economía como resultado de utilizar los recursos en las diversas actividades productivas. Esos ingresos que refleja el concepto de renta nacional se llaman también ingresos primarios porque son los resultantes de retribuir a los propietarios de los factores productivos (básicamente, trabajo y capital) que se utilizan para producir  los  bienes  y  servicios.  Una  parte  de  ellos  irá  posteriormente  al Estado (a través de los diferentes impuestos), el cual los redistribuirá entre los diversos sujetos (que así pueden obtener ingresos secundarios).
Para saber la renta que finalmente irá a parar realmente a los bolsillos de la gente hay que utilizar, por fin, otro concepto, el de renta disponible (también llamada renta personal o renta familiar disponible). Su cálculo es sencillo, aunque requiere sumar y restar algunos elementos adicionales. A la renta nacional se le suman las ayudas que reciben las familias en forma de transferencias públicas (becas, pensiones, etc.) y los intereses de la deuda pública que esté en posesión de las familias; se le restan las cotizaciones sociales (porque, aunque formen parte del sueldo, no están disponibles para el bolsillo de las familias), los beneficios no distribuidos por las empresas (porque tampoco llegan a las familias que posean acciones de las empresas que los obtienen) y los impuestos sobre la renta de las personas físicas o de las sociedades.
Esta renta disponible es la que finalmente pueden dedicar los hogares al consumo de bienes o servicios y al ahorro.
Como hemos señalado, el cálculo del PIB no es fácil. Hay que estimar el valor  de  millones  de  actividades  y  para  eso  hay  que  conceptualizar  con mucha precisión y disponer de modernos y rigurosos sistemas de información y cálculo estadístico.
En Europa, los conceptos que han de utilizarse a la hora de calcularlo los define el llamado Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), que señala las diferentes magnitudes o cuentas que han de utilizarse para describir y registrar todas las relaciones económicas que hay que tener en consideración: las compras y ventas de bienes y servicios, los pagos a los diferentes factores productivos, las relaciones de financiación a los sujetos económicos y las que hay entre las diferentes instituciones públicas y los sujetos privados, así como entre todos ellos y el exterior.
En esas normas se definen los sujetos económicos: los hogares y sus distintos tipos de posibles componentes (empleados, obreros, directores, pensionistas, etc.), las empresas o sociedades (privadas, públicas o extranjeras), las administraciones públicas (estatales, regionales, locales o la seguridad   social),   las   instituciones   financieras   (banco   central,   bancos privados, compañías de seguros, etc.) o las llamadas instituciones sin ánimo de lucro, que también intervienen en la vida económica.
También se distingue con todo detalle el destino que tienen los bienes y servicios (consumo intermedio o final, o consumo familiar de bienes individuales o colectivos). Se contemplan los dos componentes de la inversión, la llamada formación bruta de capital (que es el incremento que se produce en los bienes de capital disponibles) y la variación de existencias (la diferencia entre las existencias al final y al principio de un determinado período); y también sus diversas clases: inversión en bienes muebles o inmuebles, familiar en vivienda o empresarial. Y lo mismo ocurre con diferentes  tipos  de  gastos  realizados  por  las  distintas  administraciones públicas (gastos de inversión, financieros, corrientes, etc.) o de ingresos (impuesto sobre la renta, sobre el consumo, sobre el patrimonio…, multas, ventas de empresas públicas, etc.).
Como hemos dicho, el producto interior bruto es el indicador por excelencia, el que se utiliza como expresión suprema de lo que ocurre en la vida económica de un país. Se usa para calcular si dicha economía está estancada, si crece o si se viene abajo, para hacer comparaciones con otros países (a menudo, utilizando su expresión per cápita, es decir, dividiendo el PIB  total  entre  la  población,  para  conocer  así  qué  cantidad  de  producto «corresponde» por término medio a cada persona), para predecir cuándo se comenzará a crear empleo (pues dependiendo de la tasa de crecimiento que alcance el PIB se supone que será más fácil que se logre o no) o para determinar si el nivel de deuda se acerca o no a límites prohibitivos (se suele medir este nivel de la deuda por el porcentaje que representa del PIB).
Sin embargo, el producto interior bruto es un indicador, si se permite la expresión coloquial, bastante bruto, porque deja fuera muchos aspectos importantes de la vida económica y porque lo que mide lo mide en bastantes ocasiones de modo muy poco sutil, soslayando aspectos que son muy relevantes a la hora de conocer en qué medida la actividad económica que registra está siendo capaz de satisfacer efectivamente las necesidades humanas.
Además de los problemas técnicos que lleva consigo el cálculo del PIB (por ejemplo, los que tienen que ver con la valoración de productos cuyos precios  y  calidades  van  cambiando  a  lo  largo  del  tiempo)  aparecen limitaciones más importantes que tienen que ver con lo que puede o no medir y con lo que efectivamente mide. Desde hace años, muchos economistas vienen destacando tres principales limitaciones del PIB.
En primer lugar, que sólo registra las actividades que tienen expresión monetaria, y así quedan fuera otras muy importantes para garantizar el sustento de los seres humanos, que es el objetivo central y principal de la economía. El PIB no computa la utilización de recursos naturales cuando esta utilización no se lleva a cabo a través del mercado, porque en ese caso no tiene valor monetario, ni las externalidades o el deterioro de los factores por causas que tampoco puedan ser medibles en términos monetarios. Y también queda fuera del cálculo del PIB el trabajo no remunerado que se lleva a cabo dentro y fuera de los hogares y que puede llegar a representar el 50 por ciento de la actividad total monetaria que registra convencionalmente. El gran economista Alfred Pigou se refería a esta limitación en tono de chanza: «Si me caso con mi cocinera o con mi sirvienta —decía—, la renta nacional bajará». Lo mismo que sucedería, se le olvidó decir, si una mujer se casa con su jardinero o su chófer.
La segunda gran limitación del PIB es que no tiene en cuenta la distribución de los recursos y del producto que genera la actividad que registra, de forma que es incapaz de reflejar el efecto real que la actividad económica está teniendo sobre el bienestar de las personas.
Finalmente, y por todo ello, resulta que el PIB tampoco puede reflejar ningún elemento relativo a la calidad de la actividad económica que mide.
El PIB aumenta, y eso puede ser considerado muy positivo, cuando hay más accidentes y muertes, cuando el medio ambiente se destruye y hay que dedicar recursos a tratar de limpiarlo como se pueda, cuando se plantan árboles, pero también cuando esos mismos árboles se destrozan o arrancan. Y es evidente que esa falta de discriminación cuando ocurren estas cosas puede llevar a tomar decisiones equivocadas como la de intentar a toda costa que aumente el PIB sin tener en cuenta lo que realmente está ocurriendo en la actividad que aparentemente crece de manera tan positiva.
Hace unos años, el expresidente francés Nicolas Sarkozy creó una comisión internacional dirigida por tres prestigiosos economistas, Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, a la que encargó un informe con propuestas para hacer frente a estas limitaciones tan importantes.
En el informe final se señalan los graves inconvenientes de utilizar el PIB como referente de la política económica afirmando, por ejemplo, que «es posible que, si hubiésemos sido más conscientes de los límites de las medidas clásicas como el PIB, la euforia derivada de los resultados económicos de los años previos a la crisis habría sido menor, y las herramientas de medición que integraran evoluciones de la sustentabilidad (deuda privada creciente, por ejemplo) nos habrían dado una visión más prudente de estos resultados».44
Para tratar de evitar los problemas que provocan esas limitaciones, muchos economistas vienen haciendo propuestas alternativas de indicadores capaces de registrar los aspectos de la vida económica que el PIB no tiene en cuenta. Así, hace ya bastantes años, en 1972, los economistas James Tobin y William Nordhaus propusieron como indicador de referencia el bienestar económico neto (BEN), como resultado de deducir los daños producidos por la actividad económica y sumar el valor de las actividades no realizadas a través del mercado y el valor del ocio. Ese indicador fue corregido en 1989 por  Herman  Daly  y  John  Cobb  para  proponer  el  índice  de  bienestar económico sostenible (IBES), que contabiliza el gasto de los consumidores y el trabajo doméstico, y descuenta el coste de las externalidades asociadas a la polución y al consumo de los recursos. La Unicef utiliza una «tasa de progreso» que sintetiza una serie de indicadores relativos a sanidad, alimentación, educación, demografía, economía, situación de las mujeres y PIB per cápita. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula el índice de bienestar humano, que registra también indicadores complementarios al PIB para que se pueda valorar el efecto de la actividad económica sobre la vida de las personas. Y Stiglitz, Sen y Fitoussi hacen en su informe una serie de propuestas muy interesantes para que los gobiernos y las instituciones responsables puedan avanzar hacia la utilización de indicadores económicos que eliminen las sombras que deja el PIB. Entre ellas, tomar en consideración los ingresos y el consumo y, al mismo tiempo, el patrimonio más que la producción, hacer hincapié en la perspectiva de los hogares, dar más importancia a la distribución de los ingresos, del consumo y de las riquezas, ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no mercantiles, utilizar también indicadores relativos a la calidad de vida en un sentido multidimensional y que tengan en cuenta las desigualdades, y utilizar algún indicador físico que indique claramente en qué medida nos acercamos a niveles peligrosos de amenaza al medio ambiente.
Avanzar en estas líneas es uno de los grandes retos de la economía y de nuestras sociedades en los próximos años, y alcanzar éxitos en este campo será muy decisivo para la vida humana, pues el hecho cierto es que, como decía la prestigiosa y bastante conservadora revista The Economist, el PIB «no es un indicador fiable de la producción, aparte de ser una pobre medida de la prosperidad».45
Mientras tanto, conviene ser conscientes de que la continua insistencia de los economistas convencionales y de la mayoría de los gobiernos y organismos internacionales en que simplemente aumente el PIB de las economías  no  está  garantizando,  ni  mucho  menos,  que  éstas  vayan  a funcionar mejor.

Citas

41. A. Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, ob. cit., pp. 309-310.

42. Ibídem, p. 259.

43. OCDE,  Panorama  de las Administraciones  Públicas  2011,  resumen  en español.                    Disponible       en:      <https://www.oecd.org/gov/48246048.pdf>. [Consulta: 15/09/2016]

44. J. Stiglitz, A. Sen y Fitoussi, Informe de la Comisión sobre la Medición del  Desarrollo  Económico  y  del  Progreso  Social,  2013.  Disponible   en:
[Consulta: 15/09/2016]

45. The Economist, «The trouble with GDP: gross domestic product (GDP) is increasingly  a poor measure of prosperity. It is not even a reliable gauge of production», 16 de abril de 2016.



( Continuará)