Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

sábado, 23 de abril de 2022

Papá Estado: ¿ausencia quiere decir olvido?

Con tantos años de preminencia estatal en casi todos los ámbitos, no tenemos siempre la predisposición «genética» para asimilar el cambio hacia un Estado cuyo peso y valor no dependerá tanto de su intervención directa en nuestra existencia como de su capacidad para erigirse en un potente y eficaz regulador de toda la sociedad

ronquillo@juventudrebelde.cu


El Estado cubano ha sido fundamental para promover la justicia y la dignidad personal y nacional. Autor: Falco Publicado: 23/04/2022 | 09:41 pm

No será sencillo el salto de un Estado expansivo, con su herencia de paternalismo, como el que intentamos superar en Cuba, a uno mucho más pequeño en estructura, aunque más grande por su modernidad, eficacia y sensibilidad social.

La disyuntiva no se decide solo en el avance, o las retrancas, de las políticas públicas que determinan la suerte de la profunda transformación estructural del país, una de las más notables del mundo actual, aunque no falten los interesados en pasarlo por alto. También se da en la subjetividad individual y en la social, razón por la cual se manipula para la combustión política, precisamente para demeritar, hasta caotizar y desarmar ese Estado.

Con tantos años de preminencia estatal en casi todos los ámbitos, acostumbrados a esperar que parte importante de las soluciones a nuestros dilemas surgieran de esa estructura, no tenemos siempre la predisposición «genética» para asimilar el cambio hacia un Estado cuyo peso y valor no dependerá tanto de su intervención directa en nuestra existencia como de su capacidad para erigirse en un potente y eficaz regulador de toda la sociedad.

Es lógico que ello ocurra, porque, pese a sus deformaciones, ese Estado ha sido esencial para promover la justicia, la dignidad personal y nacional, la equidad, la libertad, la solidaridad social e internacional y derechos fundamentales, entre otros atributos dignos de reconocerse y sin los cuales, sin duda, hubiera colapsado entre tantas tempestades propias e impuestas.

Pero si para ese cambio no están suficientemente preparados segmentos significativos de la ciudadanía, tampoco los responsables de hacer avanzar al Estado hacia dicho puerto, por lo que es previsible que las actuales confusiones entre Partido y Estado, entre funciones estatales y empresariales y otras interferencias, que enrarecen los límites y los terrenos de competencia de cada actor en el nuevo diseño institucional de la República se repetirán por un tiempo todavía imprevisible.

No por casualidad esta se recoge entre las principales transformaciones que fundamentan la actualización del modelo, incluidas dentro de la llamada Conceptualización de este. En el documento se establece que aspiramos a perfeccionar al Estado, sus sistemas, órganos y métodos de dirección, como rector del desarrollo económico y social, coordinador y regulador de todos los actores. Ello implica, se acentúa, que el Estado se concentre en las funciones que le son inherentes.

Entre las que la Conceptualización le atribuye se encuentran consolidar las políticas sociales universales y focalizadas con sostenibilidad, relevantes en la salud, la educación, la seguridad y asistencia sociales, la cultura, el fomento de la actividad física y deportiva, la formación en valores y la calidad de los servicios públicos; modernizar la administración pública; descentralizar facultades a los niveles territoriales y locales con énfasis en el municipio; aplicar de manera más efectiva la política de cuadros del Estado y del Gobierno, y sus reservas y perfeccionar el sistema de normas jurídicas sustentado en la Constitución de la República, asegurando los derechos de los ciudadanos.

En la proyección del modelo se adiciona que las funciones estatales en el ámbito económico y social —incluyendo las gubernamentales— se derivan del carácter socialista del Estado cubano, rector de todos los actores económicos y sociales. Incluyen la elaboración, aplicación y perfeccionamiento de las políticas del Estado y el Gobierno, realizar su función de fisco, dictar regulaciones oficiales, así como dirigir su implementación y controlar su cumplimiento.

Ni los más connotados oponentes de nuestro Estado podrían negarle que parte importante del esfuerzo transformador de los últimos años en Cuba —pandemia coronavírica y obsesión enfermiza y oportunista anticubana de por medio— se dirigieron precisamente a este propósito, gracias a lo cual tenemos, además de una nueva estructura de este, enriquecida, equilibrada y compensada con el surgimiento del Gobierno, así como una amplia gama de políticas que promueven una singular metamorfosis de toda la sociedad.

Bastaría mirar el giro de 180 grados que ocurre en el ámbito de la propiedad, a partir de definiciones como la de que una cosa es el Estado como propietario, en representación del dueño colectivo, que es el pueblo, y otra los diferentes modelos en que esta puede gestionarse.

La ampliación acelerada del sector privado nacional, asociada al fomento de las pequeñas y medianas empresas y el trabajo por cuenta propia, el estímulo a otras formas económicas asociativas, la liberación de ataduras a las empresas estatales para favorecer su despegue autónomo, aun sin cuajar favorablemente, y la ya para nada «invisible» mano del mercado, por momentos exageradamente visibles, decidiendo en la economía, acento de la ciencia y la innovación en la gestión y en el contacto sistemático con las bases, testimonian sobre un Estado que cambia dramáticamente sus roles en las nuevas reglas del juego legales e institucionales que se derivan de la nueva Constitución.

Es una prueba de confianza en el Estado revolucionario que una mayoría de ciudadanos miremos sus reacciones, y hasta las exijamos, frente a nuestros dramas cotidianos: inflación e inflazón galopantes azuzada no pocas veces por los actores públicos y privados, desde lo básico en los mercados de alimentos hasta otros productos, servicios que se resienten, insolidaridad y desorden social, creciente migración, y otros demonios menos objetivos, aunque mediados por estos, como la pérdida de perspectiva o de fe en algunos segmentos.

Como subrayamos en otros momentos, lo único que no podríamos permitirnos es que en la readecuación y acomodo de sus funciones y responsabilidades se transforme de omnipresente a ausente, que la ciudadanía, sobre todos los segmentos más humildes y golpeados por la situación actual, perciban sicológica y sociológicamente que se les está dejando a su suerte. Sería ir contra la naturaleza misma de nuestro Estado.

Es bueno recalcar que ello no depende únicamente de las reacciones del Estado y del Gobierno centralmente —también esencial—, en la misma medida que muchas atribuciones y decisiones se trasladan a otros escalones y se comparten competencias con otras instancias, para acabar con los verticalismos excesivos.

Un problema ya a la vista, que se deriva de lo anterior, es la falta de congruencia que está suscitándose entre las políticas, programas y planteos que se hacen desde las instancias de dirección principales del país y la recepción y concreción de estas en la vida práctica hacia las bases.

También es evidente que muchos años de decidir desde arriba atrofiaron la capacidad de maniobra política de nuestras instituciones y sus dirigentes, desentrenados para una sociedad mucho más diversa y plural, donde los intereses ya no son tan lineales u homogéneos. Ello reclama dominar los terrenos de la concertación, una palabra casi olvidada cuando se discute sobre las nuevas formas de participación en nuestro socialismo.

La intelectual Graziella Pogolotti aconsejaría aprender a tener «dos orejas y una boca», como en la moraleja de cierta fábula, escuchar dos veces y hablar una única vez. Que las decisiones sean tales, como decía un grande de nuestra historia, que se puedan hacer cumplir, para que no vuelvan a reproducirse las diferencias que se nos dieron entre lo legal y lo legítimo. Y una vez que las decisiones se concertaron justa y democráticamente, exigir por su cumplimiento y su control.

No hay nada mansamente paternal en todo lo anterior, como tampoco lo será alcanzar el Estado deseado. Es obligado siempre a demostrar que como en una antigua canción, ausencia no quiere decir olvido.

Incertidumbre en la economía mundial en la reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial

Por Julio C. Gambina[1]

La primera consideración a realizar sobre los pronósticos del FMI para el 2022/23, en la reunión de primavera en Washington, es la corrección a la baja de la economía mundial para el presente y el futuro mediato, no solo por la continuidad de la pandemia por el COVID y nuevos brotes, sino por el impacto en la economía mundial de la guerra en Ucrania.[2]

El pronóstico para el 2022 se asume en el 3,6%, con China por encima, en el orden del 4,4% y la India con el 8,2%.

La región latinoamericana y caribeña aparece por debajo del promedio, alcanzando un 2,5%, y las dos más grandes economías de América Latina y el Caribe, creciendo por debajo, Brasil con el 0,8% y México con el 2%. Recordemos que la región es la zona más afectada por el COVID y la zona donde se verifica la mayor desigualdad en el ámbito global.

Para los países epicentro del conflicto bélico, se augura una caída del -8,5% para Rusia y nada menos que del -35% para Ucrania. A eso deben sumarse las sanciones generalizadas contra Rusia y variados apoyos de asistencia económica y militar a Ucrania, incluso financiamiento del FMI.

Lo cierto es que las sanciones contra Rusia, promovidas por EEUU y acompañadas por sus socios occidentales tienen impacto en la economía mundial, especialmente afectando a los sectores sociales y países más vulnerables.

Un detalle no menor, apunta a cambios que operan en el orden mundial, sea en el plano de la producción y de la circulación, especialmente en la esfera comercial, de servicios y específicamente financiero.

Las sanciones empujan nuevos alineamientos políticos y económicos, que al tiempo que debilitan la potencia hegemónica del dólar, agiganta la potencialidad de China en el campo económico y el bloque que involucra junta a Rusia a un conjunto de naciones sancionadas unilateralmente desde EEUU.

Por ello aparece el interrogante sobre cambios en el orden global y la titular del FMI remite a una situación de mutación desde fines de la segunda guerra mundial, momento de emergencia de la dominación estadounidense y del dólar en el sistema mundial, incluso, más allá de la bipolaridad y competencia entonces con la URSS (1945-1991).

Inflación y desaceleración de la economía

Resulta interesante considerar la preocupación del FMI sobre la evolución económica, centrada en el bajo crecimiento (desaceleración, y la elevada inflación.

La suba de precios, especialmente de alimentos y la energía golpea a los sectores de menores ingresos y a los países dependientes de la provisión externa de ambos.

Recordemos que la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, por lo que no toda la población aparece castigada y así, el incremento de precios constituye salvaguarda para aquellos sectores que definen los precios en el mercado.

Para el caso, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología y en el entramado petrolero y derivados.

Es una situación que amplía la potencia de producción de hidrocarburos hacia yacimientos más costosos, justificados ahora para un mayor precio, arriba de los 100 dólares el barril, que atiende lis elevados costos de explotación.

Al mismo tiempo, ante las restricciones productivas, se posterga cualquier intento de avance en la transición energética. Muy al contrario, se ratifica la producción en hidrocarburos y se potencian los efectos negativos sobre el medio ambiente y el cambio climático.

La inflación se eleva en todo el mundo, agravada por la guerra en Europa, pero que tiene arrastre en los intentos de recuperar la tasa de ganancia sobre la flexibilización del cierre económico por la pandemia.

En efecto, si el 2020 fue altamente recesivo por el cierre compulsivo de las economías en el mundo, la perspectiva de la vacunación y morigeración de casos supuso la recuperación del 2021 y un imaginario de sostenido crecimiento. Ese crecimiento privilegió la apropiación de ganancias por encima de los ingresos populares. Por eso, la reactivación impuso alzas de precios ante los desacomodos de la demanda con la oferta, según explicaron durante el 2021.

El presente, agudiza el problema y en el mensaje del pronóstico para este año, el FMI alude a una coyuntura de desaceleración e inflación. El impacto en territorio del conflicto es grave, por la especificidad productiva de Rusia y de Ucrania. En ese sentido, el FMI destaca:

 “La guerra se suma a una serie de shocks de la oferta que han golpeado la economía mundial en años recientes. Como una ola sísmica, sus efectos se propagarán a lo largo y ancho del mundo, por vía de los mercados de materias primas y los vínculos comerciales y financieros. Rusia es un importante proveedor de petróleo, gas y metales, y, junto con Ucrania, de trigo y maíz. La reducción del suministro de estos productos básicos ha hecho que sus precios se disparen. Los importadores de materias primas en Europa, el Cáucaso y Asia central, Oriente Medio y Norte de África y la región de África subsahariana son los más afectados. Pero el alza de precios de los alimentos y los combustibles perjudicará a los hogares de menores ingresos de todas las regiones del mundo, incluidas las Américas y el resto de Asia.”

La desaceleración de la producción mundial es un fenómeno que viene de arrastre, incluso previo a la pandemia, con antecedentes en la crisis del 2007/09 e incluso a comienzos del siglo XXI, especialmente en EEUU.

En ese contexto, el FMI y la corriente principal en la disciplina económica inducen políticas de austeridad, al tiempo que favorecieron una gigantesca ampliación de la emisión monetaria y de la deuda pública y privada (empresas y familias). La realidad se manifiesta entonces como una gigantesca burbuja que debe sostenerse, de lo contrario, la explosión con las secuelas sociales conocidas, las que se anticipan con el crecimiento de la desigualdad y el empobrecimiento de millones de personas en el planeta.

Resultan curiosas las contradicciones en el discurso oficial, ya que por un lado se solicita austeridad, ajuste de cuentas públicas, pero ante el temor del conflicto social explícito, demandan atender con medidas fiscales, es decir, mayor gasto público, a los sectores más necesitados y afectados por las restricciones que impone la realidad de crisis más pandemia más guerra.

¿Qué se puede esperar?

Nada que suponga expectativas favorables para los pueblos y los más necesitados. La realidad es de aumento del gasto militar en desmedro de otros necesarios para resolver necesidades alimentarias, sanitarias, educativas, de reformas productivas contra el desempleo y la miseria social.

El propio gasto militar demanda incremento de presupuestos para el corto y mediano plazo, alejando toda capacidad de planeamiento público para atender demandas sociales insatisfechas.

La pregunta que recorre varios debates en el movimiento popular alude a la urgencia de instalar un rumbo alternativo, que dispute los recursos públicos para otro orden económico, político, social y cultural.

En sí mismo supone avanzar contra la lógica del capital y su objetivo de ganancias, acumulación y poder, para sustituirlo por una organización económica y social de cooperación, solidaridad, autogestión y organización comunitaria.

Se trata de una visión que solo puede materializarse si gana consenso masivo en gran parte de la población, en cada país, región y en el mundo. Es una cuestión que volverá a aparecer en el cónclave del Foro Social Mundial que se inaugura el próximo 1 de mayo con una movilización callejera en la Ciudad de México.

Buenos Aires, 23 de abril de 2022



[1] Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, Facultad de Derecho de la UNR. Integra la Junta directiva de la SEPLA.

[2] FMI. INFORMES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, abril 2022, en:    https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022


--
Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Montevideo 31, 2º Piso CP 1019ABA. Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (54 11) 4551 6869 / 4381 5574 
Celular whatsapp: +54 9 11 5502 0283
visitá mi blog www.juliogambina.blogspot.com /face - twitter - instagram

La Economía del bien común (III)

Por Jean Tirole,  Nobel de Economía 2014.

CAPÍTULO 2

LOS LÍMITES MORALES DEL MERCADO

En el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad.

IMMANUEL KANT[20]

Si pagamos a un niño un dólar por leerse un libro, como se ha intentado en ciertos colegios, no solo le creamos la expectativa de que leer le puede aportar dinero, también corremos el riesgo de privar al niño para siempre del valor de la lectura. Los mercados no son inocentes.

MICHAEL SANDEL[21]

Sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado.

LIONEL JOSPIN [22]

Las creencias de los ciudadanos en los «méritos de la libre empresa y de la economía de mercado» varían mucho a lo largo y ancho del mundo[23]. En 2005, el 61 por ciento de los habitantes de nuestro planeta pensaba que la economía de mercado es el mejor sistema sobre el que basar su futuro. Pero si bien el 61 por ciento de los alemanes, el 71 por ciento de los estadounidenses y el 74 por ciento de los chinos eran de esa opinión, únicamente un 43 por ciento de los rusos, un 42 por ciento de los argentinos y un 36 por ciento de los franceses mostraban confianza en el mercado. Unas creencias que, a su vez, influyen en las decisiones económicas de los países.

Si es suficientemente competitivo, el mercado aumenta el poder adquisitivo de los hogares al reducir los precios, crear incentivos para la bajada de los costes de producción, estimular la innovación y abrir los intercambios al comercio internacional. De manera quizá menos visible, protege al ciudadano de lo discrecional, de los lobbies y del favoritismo, tan presentes en los mecanismos más centralizados de asignación de recursos (que provocaron la Revolución Francesa —abolió los privilegios en 1789 y las corporaciones, en 1791— o la implosión de las economías planificadas a finales del siglo XX). Por todas esas razones, desempeña un papel fundamental en la vida económica[24].

Pero, como pretende demostrar este libro, beneficiarse de las virtudes del mercado exige con frecuencia dejar a un lado el laissez-faire. De hecho, los economistas han consagrado gran parte de sus investigaciones a la identificación de los fallos del mercado y a su corrección mediante la política pública: derecho de la competencia, regulación por las autoridades sectoriales y prudenciales, valoración de las externalidades medioambientales o por congestión, política monetaria y estabilización financiera, mecanismo de suministro de los bienes de interés social como la educación y la sanidad, redistribución, etcétera. Pese a todo, la inmensa mayoría de los economistas están, por las razones enunciadas más arriba, a favor del mercado, que consideran un simple instrumento y jamás un fin en sí mismo.

Los especialistas de las otras ciencias sociales (filósofos, psicólogos, sociólogos, juristas y politólogos...), gran parte de la sociedad civil y la mayoría de las religiones tienen una visión diferente del mercado. Sin dejar de reconocer sus virtudes, censuran con frecuencia a los economistas por no tener suficientemente en cuenta ni determinados problemas de ética, ni la necesidad de establecer una frontera clara entre los ámbitos comerciales y no comerciales.

Un síntoma de esa percepción es el éxito mundial del libro Lo que el mercado no puede comprar, de Michael Sandel, profesor de Filosofía en Harvard[25]. Me limitaré a citar solo algunos de sus ejemplos: Sandel señala que toda una gama de bienes y servicios, como la adopción de niños, las madres de alquiler, la sexualidad, la droga, el servicio militar, el derecho al voto, la contaminación o el trasplante de órganos, no puede ser banalizada por el mercado, lo mismo que no puede comprarse la amistad, la admisión en las grandes universidades o el premio Nobel, o no pueden patentarse los genes y, en un sentido más general, lo vivo[26]. En la sociedad reina un malestar frente al mercado, malestar que ilustra bien el eslogan «el mundo no es una mercancía».

Este capítulo analiza las reticencias frente al mercado, la distinción entre ámbito comercial y ámbito sagrado, el lugar que ocupan la emoción y la indignación a la hora de hacer nuestras elecciones sociales y el mercado como amenaza para el vínculo social y la igualdad. Su objetivo es iniciar una reflexión científica sobre los fundamentos de nuestra moralidad, sin pretender dar una respuesta —que con frecuencia no poseo— a problemas muy complejos. Reflexionar científicamente sobre este tema perturba nuestras convicciones (empezando por las mías). Pero me parece indispensable esta digresión intelectual para interrogarnos sobre cómo se conciben las políticas públicas, aunque, al final, el razonamiento nos confirme en las convicciones de las que hemos partido.

En primer lugar, porque, incluso en el ámbito económico, lo que consideramos moral fluctúa con el tiempo. Antiguamente, el seguro de defunción o el interés que remuneraba el ahorro se consideraban inmorales; hoy en día, las soluciones que muchos economistas preconizan para vencer al desempleo o al calentamiento global —soluciones que consisten en responsabilizar a los actores de las consecuencias de sus actos[27]— se siguen considerando a veces inmorales, aunque la opinión pública ha evolucionado algo en las tres ultimas décadas.

En segundo lugar, porque la moral puede tener una dimensión muy personal. A veces se enarbola la bandera de la indignación para imponer los propios juicios de valor y reducir la libertad de los demás. Así, durante mucho tiempo y en la mayoría de las sociedades, la relación sexual entre personas del mismo sexo o de razas diferentes era considerada inmoral por una mayoría de los ciudadanos. La respuesta a tales afirmaciones morales no es necesariamente otra afirmación moral —mi moralidad contra la de usted, que lleva al enfrentamiento y convierte el problema en irresoluble—, sino quizá, por el contrario, el razonamiento que empieza por preguntas sencillas: ¿dónde está la víctima?, ¿en qué se basa su creencia?, ¿hay algo que justifique allanar la libertad del prójimo que no sea la indignación que usted siente? Entiéndaseme bien: la indignación es muchas veces muy útil para indicar una disfunción de la sociedad o la inconveniencia de determinados comportamientos; lo que yo argumento es, simplemente, que no se puede quedar uno en ella, sino entender en qué se fundamenta.

Este capítulo muestra, en primer lugar, por qué la regulación o la prohibición de un mercado puede ser la respuesta a un problema de información (la idea según la cual la monetización de un bien puede destruir su valor al alterar su significado), a una externalidad (el coste que un intercambio impone a un tercero) o a una internalidad (cuando un individuo se comporta en contra de su propio interés). En los tres casos, la regulación o la prohibición del mercado responde a un simple fallo del mercado. Invocar la ética aporta poco al análisis o a su conclusión, y, sobre todo, no especifica a qué mercados esta regulación o esta prohibición debe aplicarse ni cómo reflexionar sobre qué soluciones serían más acordes con nuestros objetivos éticos que el simple mercado.

Me detengo, pues, en otros temas que provocan en todos nosotros reticencias de orden ético: la retribución por la donación de órganos, las madres de alquiler, la prostitución... No se trata en ningún caso de cuestionar las regulaciones o prohibiciones existentes, sino de reflexionar sobre sus fundamentos. Por una parte, porque, debido a las razones ya mencionadas, la reflexión permite comprender mejor el porqué de nuestras políticas al respecto. Por otra, porque pensar sobre ese porqué puede ayudar a mejorarlas. Así pues, describiré el modo en que los economistas han logrado salvar vidas apoyando la donación de órganos sin provocar objeciones éticas importantes.

Las dos últimas partes del capítulo tratan de otras reticencias frente al mercado: la relajación del vínculo social y la desigualdad. Y pongo el acento en qué puede aportar la economía al respecto. Uno de los leitmotivs es que las políticas públicas deben guiarse por la exigencia de realización de objetivos y no por simples posturas o por motivos puramente publicitarios, que a veces van en contra de los efectos buscados o dilapidan el dinero público.

I. ¿LÍMITES MORALES DEL MERCADO O FALLO DEL MERCADO?

Si queremos concentrarnos en los verdaderos problemas, hay que descartar de entrada algunos de los ejemplos dados por Michael Sandel, pues lo único que reflejan es desconocimiento de los trabajos de los economistas. De los trabajos relativos al ámbito habitual de la economía, como los que tratan de la economía de la información y la de las externalidades[28], o de los  trabajos multidisciplinares que se han emprendido desde hace 10 o 20 años, tanto en Estados Unidos como en Europa, estos últimos, teóricos y experimentales (trabajos de campo, en laboratorio o en neuroeconomía), abarcan temas tan diversos como la moral y la ética, las normas sociales, la identidad, la confianza o los fenómenos de evicción creados por los incentivos. Un amplio repertorio de ejemplos nos permitirá ilustrar la confusión entre fallo del mercado y límite moral del mercado.

La información

La idea de que se pueda comprar una amistad, la admisión en una universidad o un premio científico va en contra de las teorías elementales sobre las asimetrías de la información: esos «bienes» perderían todo su valor si pudieran ser comprados. Pues, entonces, no podríamos saber si la amistad es real; la admisión en la universidad, una muestra de talento, o el premio científico, merecido. En ese caso, el diploma universitario sería un signo de riqueza y no de aptitud y no serviría para convencer a un empleador. Desde este punto de vista, es particularmente chocante que algunas universidades estadounidenses, especialmente las de la Ivy League, admitan a unos estudiantes que, en otras circunstancias, no habrían admitido por la única razón de que sus padres han hecho una gran donación a la universidad. Evidentemente, la mayoría de las donaciones a las universidades no están motivadas por tales consideraciones y, además, el fenómeno es lo bastante marginal como para no arrojar ninguna duda sobre la calidad media de los estudiantes; pero precisamente de eso se trata: algunos padres muy ricos están dispuestos a desembolsar muchísimo dinero para «comprar» una admisión, para que sus hijos se diluyan en una masa de estudiantes muy brillantes y para que más tarde se beneficien de un diploma muy prestigioso.

Externalidades e internalidades

En otro registro, un mercado de adopción de niños en el que los «vendedores» (padres biológicos, agencias de adopción) y los «compradores» (padres adoptivos) se intercambiaran niños contra dinero contante y sonante no incluiría a un tercero que, sin embargo, está muy implicado: el niño, que podría padecer con la transacción y sufrir importantes externalidades. Otro ejemplo de externalidad creada por un mercado es el del comercio de diamantes que sirve para alimentar una guerra civil. Evidentemente, autorizar que unas facciones armadas trafiquen con diamantes es permitir que se haga un daño inmenso a las poblaciones civiles afectadas por la guerra. En cuanto a la contaminación, la experiencia demuestra que la recomendación de los economistas —una tarificación al que contamina mediante una tasa sobre las emisiones o unos derechos de emisión negociables— ha disminuido claramente el coste de las políticas ecológicas y, por ello, ha contribuido a mejorar nuestro medioambiente. Algunos encuentran aún inmoral la idea de que una empresa pueda adquirir, pagando, el derecho a contaminar. Pero su argumento es muy débil. Hoy, las empresas emisoras de carbono pagan una suma ridícula si se tiene en cuenta lo que nos jugamos: ¿es ello más moral? Hay que reducir la contaminación y, como lamentablemente no se puede eliminar totalmente, tenemos que asegurarnos de que los que puedan reducir su contaminación a bajo coste lo hagan; eso es precisamente lo que garantiza el precio del carbono.

El tema de la droga, dejando a un lado los problemas de violencia o de sanidad pública ligados a las drogas duras, plantea, por su parte, el problema de la falta de autodisciplina y la adicción cuyas primeras víctimas son los drogadictos. No se trata, pues, de una cuestión de moralidad, sino de protección de unos ciudadanos frente a otros (externalidades) y sobre todo frente a sí mismos.

Estas consideraciones pueden, evidentemente, yuxtaponerse, como en el caso del dopaje deportivo. El control del dopaje se justifica tanto por una internalidad (la salud a largo plazo del deportista se sacrifica en aras del deseo de fama, de gloria o de dinero) como por una externalidad (un deportista que se dopa degrada la imagen de su deporte y afecta negativamente a sus compañeros).

Un ejemplo más: un país en el que el derecho al voto se comercializara a un precio de mercado no llevaría a cabo unas políticas que nosotros suscribiríamos «tras el velo de la ignorancia», es decir, antes de conocer el lugar que ocupamos en la sociedad[29]. Los hogares más acomodados podrían comprar derechos al voto y hacer que se aprobaran leyes que les fueran favorables. Este es el argumento que se utiliza para limitar las aportaciones individuales a las campañas electorales o para financiar parte de ellas con dinero público. La compra directa de votos sería aún más dañina que una aportación a la campaña electoral, que «compra» votos de modo muy indirecto al facilitar la visibilidad del candidato.

Así pues, como se puede ver, el registro de los fallos del mercado es relativamente amplio y los economistas los han situado siempre en primer plano.

Ejemplos contraproducentes de los incentivos

La economía insiste en la necesidad de hacer que los objetivos individuales sean acordes con los objetivos colectivos. Se trata de hacer que los individuos estén en armonía con la sociedad, sobre todo mediante unos incentivos que desanimen a tener comportamientos dañinos para esta, como la contaminación y, a la inversa, que animen a tener comportamientos socialmente responsables. Las otras ciencias sociales están en parte en desacuerdo con este principio: según ellas, las motivaciones extrínsecas (los incentivos) son susceptibles de eliminar la motivación intrínseca, por lo que pueden terminar siendo contraproducentes. En la cita que figura en el encabezamiento de este capítulo, Michael Sandel acusa al mercado, pero en realidad a quien está incriminando es a los incentivos. En efecto, una política que recompensa a los niños cuando leen puede emanar de un Estado o de un organismo multilateral: el mercado no crea más que un sistema particular de incentivos.

Sandel recoge una vieja crítica de los psicólogos al postulado económico según el cual el incremento del precio de un bien aumenta su oferta. Aunque este postulado se ha verificado empíricamente en muchos ámbitos de la vida económica, también tiene excepciones. Pagar a un niño por leer un libro o aprobar un examen puede, efectivamente, empujar al niño a leer ese libro o a preparar bien ese examen; pero ese efecto, beneficioso a muy corto plazo, puede desaparecer a continuación, pues las ganas de aprender del niño disminuirán cuando se suprima la recompensa. La política incentivadora es, en este caso, contraproducente.

Pasando a otro ámbito, es sabido que retribuir las donaciones de sangre no aumenta necesariamente su nivel. Mientras que algunos reaccionan positivamente a ese incentivo, otros, por el contrario, pierden su motivación. Como veremos en el capítulo 5, nuestro deseo de aparentar, es decir, de dar una buena imagen, ya sea a nosotros mismos, ya sea a los demás, puede hacer que los incentivos tengan efectos contraproducentes, sobre todo si se trata de un comportamiento público (especialmente ante personas cuya estima buscamos) y memorable. La perspectiva de una retribución por un acto, además, prosocial (como la donación de sangre) nos hace temer que nuestra aportación sea interpretada como un signo de codicia más que de generosidad y que esa imagen de comportamiento socialmente responsable que enviamos a los otros y a nosotros mismos quede, pues, diluida. A diferencia de lo que propugna un principio básico de la economía, una recompensa monetaria puede reducir la oferta. Varios estudios empíricos han verificado esta hipótesis.

II. LO NO MERCANTIL Y LO SAGRADO

Los ejemplos precedentes proceden de la economía clásica. Pero, por otra parte, todos tenemos reticencias de orden ético o moral ante ciertos mercados o ciertos tipos de incentivos. Ese es el caso de la donación de órganos, de las madres de alquiler, de lo relacionado con lo vivo, de la prostitución o de pagar para no ir al servicio militar. ¿Por qué?

La vida no tiene precio

En la máxima citada en el encabezamiento de este capítulo, Kant invocaba la necesidad de hacer una distinción clara entre lo que tiene un precio y lo que tiene dignidad. Nuestra actitud frente al mercado está relacionada quizá también con nuestra negativa a comparar el dinero con otros objetivos. Introducir consideraciones financieras choca, por ejemplo, especialmente, con nuestra idea del carácter sagrado de la vida humana. Todos sabemos que la vida no tiene precio. Los tabúes sobre la vida y la muerte, que forman parte de ese «inconmensurable» que tanto apreciaba Émile Durkheim, tienen consecuencias. Cuando se hacen públicas las decisiones que hay que tomar ligadas a la salud y a la vida (la asignación de los presupuestos hospitalarios y de investigación médica o la elección de las normas de seguridad), se levantan vivas polémicas, pero nuestra negativa a comparar los efectos terapéuticos y el número de vidas salvadas en cada una de esas opciones implica un aumento de las muertes. ¿No es absurdo gastar una gran suma para salvar una vida cuando, con la misma suma, se podrían salvar decenas de otras?[30] Pero el aspecto contable, el cinismo aparente de semejante consideración, choca con una sociedad que no está dispuesta a oír hablar de ello.

Los filósofos han reflexionado desde hace mucho tiempo sobre nuestra reticencia a tener en cuenta consideraciones utilitaristas de ese tipo[31]. El dilema más célebre planteado por los filósofos en este tema es el del tranvía: ¿estaríamos dispuestos a empujar a un hombre bajo las ruedas de un tranvía para hacer que este descarrilara y evitar con ello la muerte de cinco personas que se encuentran a su paso un poco más adelante? (La mayoría de las personas no lo haría). ¿O estaría dispuesto un cirujano a matar a un hombre sano para salvar a cinco personas condenadas a morir si no recibieran inmediatamente un trasplante de órgano? O, también, ¿qué haríamos si tuviéramos que elegir entre salvar de morir ahogado a un niño o salvar a cinco niños si ambos casos fueran físicamente incompatibles?

¿Se trata de preguntas meramente teóricas? En absoluto, y hay muchos ejemplos de ello. Los Estados se enfrentan a esos dilemas en el caso de un secuestro. ¿Deben pagar el rescate y no sacrificar una vida, exponiéndose en ese caso a que en el futuro sus ciudadanos sufran otros secuestros? Señalemos que aquí nos encontramos con el fenómeno de la víctima identificable estudiado en el capítulo 1: cuando hay un secuestro, el secuestrado tiene un rostro: los futuros secuestrados, víctimas de que se haya pagado el rescate, no. Los dados están trucados. Por eso un país debe adoptar una política general y no decidir caso por caso.

Tomemos un ejemplo más que podría plantear problemas en un futuro próximo. Dentro de unos años, circularán por nuestras carreteras vehículos sin conductor. Se trata de algo importante porque nuestras calles y carreteras serán mucho más seguras, y es posible que los accidentes se reduzcan en un 90 por ciento. Pero nuestras sociedades tendrán que tomar algunas decisiones éticamente delicadas[32]. Supongamos que soy el único pasajero de un coche que se enfrenta a una situación, extraordinaria, en la que no puede evitar un accidente. El coche tiene solo dos opciones: sacrificarme lanzándome a un barranco o matar a cinco peatones que se hallan en su camino. Hoy, es el conductor el que toma esa decisión en una fracción de segundo. Mañana, será un algoritmo introducido en el automóvil, programado previamente, en frío, para reaccionar a la situación en un sentido u en otro. ¿Y si se me pregunta qué tipo de vehículo prefiero: el que sacrifique a su pasajero o el que atropelle a los cinco peatones? Intuitivamente percibiré el primer coche como más «moral», pero ¿qué coche elegiré para mí? «Tras el velo de la ignorancia» tengo cinco veces más posibilidades de ser uno de los cinco peatones que ser el pasajero del coche: optaré, pues, por el coche que causa menos víctimas. Sin embargo, las cosas son muy diferentes cuando se trata del caso real de mi coche. Por lo tanto, hay que regular si se está dispuesto a tomar explícitamente semejante decisión ética (lo que, en mi opinión, deberíamos hacer). Frente a este problema, muchos ciudadanos se niegan, sin embargo, a que esa decisión la tome el Estado.

Desde un punto de vista más general, nos sentimos incómodos ante las decisiones vinculadas de un modo u otro con lo vivo. Tomando un caso menos extremo que los anteriores, dos investigadoras estadounidenses[33] han demostrado que el mercado funerario de Estados Unidos, que, en un principio, debería ser muy competitivo, muestra un carácter casi monopolístico, debido a nuestro rechazo a hablar de dinero cuando muere un familiar. Conviene, sin embargo, interrogarse sobre el origen de esos tabúes, preguntarse si están socialmente justificados y evaluar su incidencia en las políticas públicas. De hecho, todos nosotros estamos atribuyendo implícitamente un valor a la vida, la de los pacientes cuando elegimos cómo equipamos un hospital o la de nuestros hijos cuando escogemos un coche o decidimos cómo pasaremos las vacaciones. Pero nunca admitiremos que hacemos ese tipo de elecciones, que consideramos insoportables. ¿Esos tabúes están provocados por el temor de perder nuestra dignidad si asumimos explícitamente semejantes decisiones[34] o por el miedo de que la sociedad termine «deslizándose por la pendiente»?

Las donaciones de órganos

Prosigamos este análisis con un debate que levanta pasiones: la retribución por donar órganos. Gary Becker, profesor de la Universidad de Chicago y firme partidario del estudio de los comportamientos sociales (familia, droga, etcétera) a través del prisma de la economía, señalaba que la prohibición de vender, por ejemplo, un riñón limitaba las donaciones (esencialmente reservadas hoy a la familia o a la gente muy cercana), condenando cada año a miles de personas, únicamente en Estados Unidos, a morir por falta de donante. Becker concluía que la cuestión es muy compleja y que, si se tenían en cuenta las cifras, los detractores de los mercados de órganos no deberían considerarse superiores moralmente.

A pesar de la validez del argumento de Becker, censuramos que se pague por donar un órgano. Sin embargo, dada la importancia del tema, convendría saber por qué. Una primera razón, poco sujeta a controversia, es el miedo a que los donantes no estén lo suficientemente informados de las consecuencias de su acto. En efecto, la donación de un riñón no es nada trivial y tiene consecuencias a largo plazo para el donante. Se trata, pues, de enmarcar rigurosamente todo el proceso de la donación e informar con precisión al donante de las consecuencias del acto. No es ninguna novedad, pues es lo que se hace cuando el que dona es un pariente. Una segunda razón es que, en caso de retribución, algunas personas atraídas por la ganancia a corto plazo (para ayudar a su familia o, como veremos, por indigencia) podrían, en el futuro, arrepentirse de haberlo hecho. Estamos en el ámbito de la internalidad y de la protección de los individuos descrito más arriba. Una tercera es que la venta de órganos, al mostrar que hay individuos dispuestos a perder un riñón por unos centenares de euros, pone de manifiesto la existencia de unas desigualdades que nos gustaría olvidar[35]. Pues son los más pobres, sobre todo los indigentes, los que venderían su riñón. Una variante del mismo argumento es la repugnancia que nos suscita el turismo de trasplantes[36]. Evidentemente, intentar negar la realidad prohibiendo semejante comercio no resuelve el problema de la pobreza. Pero esta tercera razón refuerza la segunda, pues la indigencia provoca la necesidad de conseguir recursos, exponiendo al individuo a opciones que le son nefastas. El tráfico existe y, evidentemente, hay que tomar medidas en su contra, pero también hallar soluciones para lo que provoca su existencia: la desesperación de los enfermos a la espera de donantes. Para ello hay que facilitar la extracción de órganos de personas que han muerto y estimular y favorecer las soluciones innovadoras, como las donaciones cruzadas que mencionaré a continuación. Finalmente, una cuarta razón es la posibilidad de que los donantes no consientan realmente y vendan sus órganos obligados por organizaciones mafiosas. Este argumento es, claro está, correcto, pero no específico de la venta de órganos: la mafia puede también obligar a un individuo a entregar sus ahorros o a transformarse casi en un esclavo reteniéndole permanentemente parte de sus ingresos. Como mucho, se puede decir que la existencia de un mercado de órganos aumenta las posibilidades de extorsión.

A veces, en nuestra censura subyacen otro tipo de consideraciones, que tampoco son siempre explícitas. Por ejemplo, la imagen que los combates proyectan de nuestra sociedad, como en el caso de deportes superviolentos como las artes marciales mixtas (prohibidas en Francia) o el boxeo. Nuestro bienestar exige no vivir en una sociedad violenta, de tal suerte que la visión de unos espectadores deleitándose con semejante violencia nos angustia. No se trata, pues, únicamente de proteger a los combatientes de ellos mismos (en la medida en que pueden preferir la retribución al riesgo inmediato que corren o a las consecuencias que el combate puede tener a largo plazo para su salud), sino también de protegernos contra la desagradable visión del disfrute colectivo ante semejantes espectáculos. En Francia, una razón similar llevó a prohibir las ejecuciones públicas de los condenados a muerte de 1939 a 1981, fecha de la abolición de la pena de muerte[37].

Otro ejemplo chocante es el del lanzamiento de personas de talla baja (cuya existencia revelaron películas como El señor de los anillos o El lobo de Wall Street). Antes existía en varios países la curiosa costumbre de pagar a individuos de talla baja por participar, con pleno consentimiento, en unos concursos en los que eran proyectados (en principio sobre un colchón, protegidos con un casco y con las precauciones suficientes para que la actividad no fuera peligrosa) por unos clientes que intentaban lanzarlos lo más lejos posible. En Francia, el Consejo de Estado tuvo que dictaminar sobre el asunto en 1995. El ayuntamiento de Morsang-sur-Orge, en Essonne, prohibió en 1991 un espectáculo de lanzamiento de enanos que tenía lugar en una discoteca. Una persona de talla baja a la que había afectado la prohibición entabló una batalla jurídica para conservar su derecho a ejercer su trabajo. El Tribunal Administrativo de Versalles le dio la razón, pero el Consejo de Estado consideró que el respeto a la dignidad de la persona formaba parte del orden público. Dejando a un lado el que a la mayoría de nosotros nos cuesta comprender el interés que tiene para los clientes semejante ejercicio, ¿por qué sentimos repugnancia frente a lo que no es, según sus defensores, más que un intercambio comercial mutuamente consentido? Una respuesta —de hecho, avanzada por una asociación de personas de talla baja— es la externalidad sobre las otras personas de talla baja a través de su imagen colectiva, pues no solo provoca una pérdida de dignidad del que acepta prestarse al juego[38].

El ejemplo de la prostitución combina en cierto modo todas las razones con las que nos hemos encontrado en los ejemplos anteriores: la internalidad; el deseo de olvidarnos de las desigualdades —las políticas adoptadas al respecto tienen con frecuencia simplemente el objetivo de enmascarar o de desplazar el problema—; las externalidades; la degradación de la imagen de la mujer; la violencia y la explotación no consentida por parte de los proxenetas.

Volvamos un momento a la donación de órganos. Para paliar la escasez de trasplantes, Alvin Roth, premio Nobel 2012[39], y sus colegas idearon un nuevo enfoque con el fin de aumentar el número de trasplantes sin introducir la retribución, enfoque que, a continuación, se puso en práctica: tradicionalmente, las donaciones entre vivos se reducen a personas muy cercanas. El donante y el receptor pueden, sin embargo, no ser compatibles (sobre todo si su grupo sanguíneo es diferente), lo que limita enormemente el número de posibilidades. La idea es la siguiente. En la versión más simple del mecanismo, A quiere donar un riñón a B y C quiere hacer lo mismo con D; desgraciadamente, A y B son incompatibles, lo mismo que C y D. En lugar de renunciar a los trasplantes, podemos llevar a cabo dos, si A y D son compatibles y si ocurre lo mismo con B y C. Los cuatro protagonistas se emparejan a través de un mecanismo centralizado de intercambio. Se utilizan simultáneamente cuatro quirófanos: A dona su riñón a D y C hace lo mismo con B. En Estados Unidos existen intercambios en los que están implicadas muchas más personas cuando uno de los riñones procede de una persona que ha muerto[40]. En Francia, la ley de bioética de 2011 autorizó esas «donaciones cruzadas» a título experimental. Señalemos igualmente que la donación entre vivos a un amigo o a un desconocido es incompatible con la ley francesa de 2004 que limita las donaciones a un miembro de la familia o a una persona con la que se lleva conviviendo al menos dos años[41].

Un intercambio no implica necesariamente una dimensión monetaria. La economía, en un sentido más amplio, estudia el encuentro de la oferta y la demanda. Los economistas pueden promocionar el bien común elaborando mejores métodos de asignación como muestran los trabajos de Alvin Roth y, de un modo más general, también los investigadores que trabajan sobre lo que hoy se denomina organización del mercado (market design).

Desgraciadamente, la indignación puede ser una guía deficiente de la moralidad

Más allá de esos ejemplos de dilemas morales, recordemos que los tabúes evolucionan en función del tiempo y el espacio. Basta con pensar, como he señalado al comienzo de este capítulo, en la actitud de la sociedad frente al seguro de defunción o al cobro de intereses sobre los préstamos, dos prácticas antaño muy censuradas por considerarse inmorales. En un terreno más económico, los derechos de emisión negociables provocaban hace dos décadas un rechazo generalizado y ha pasado a ser una cosa intrascendente desde que parte de la población ha comprendido que favorecían la causa ecológica. Incluso si uno puede inquietarse por la ampliación de la economía de mercado al sector denominado no mercantil, la definición de las políticas económicas no puede limitarse a una dicotomía arbitraria entre lo que está y lo que no está sujeto a las leyes del mercado (el ámbito no mercantil y el ámbito mercantil —o, volviendo a Kant, entre lo que es competencia del mercado y lo que es competencia de consideraciones superiores—), no puede verse dictada por un simple refugiarse en posturas morales.

Por ejemplo, nos indignamos ante la injusticia o ante aquellos comportamientos que tienen en poca consideración lo humano. La indignación nos muestra con frecuencia los extravíos del comportamiento individual o de la organización de nuestra sociedad, lo mismo que un imperativo moral sugiere, quizá de un modo excesivamente rígido, el modo de comportarse que se debe adoptar o proscribir. Sin embargo, la indignación puede ser también mala consejera. Puede llevar a afirmar nuestras preferencias individuales en detrimento de la libertad de los demás y, a veces, provoca que no se haga una reflexión en profundidad.

Como señala el psicólogo Jonathan Haidt[42], profesor en la Universidad de Nueva York, la moral común no solo está relacionada con externalidades, sino también con condenas de comportamiento sin una víctima claramente identificada. Recordemos al respecto que, hace menos de medio siglo, la opinión mayoritaria condenaba la relación sexual entre dos personas del mismo sexo o (en Estados Unidos) entre dos personas de razas diferentes o, incluso, la que implicaba a una mujer (pero no a un hombre) que no estaba casada. ¿Dónde estaban las víctimas de esos comportamientos considerados repugnantes? A falta de una identificación clara de las externalidades, la afirmación de las preferencias individuales de unos puede rápidamente pasar por encima de la libertad de los demás.

Nuestros sentimientos de repulsión son, pues, fuentes de inspiración ética poco fiables. Pueden mostrarnos un camino, indicarnos que hay algo que parece no funcionar en la organización de la sociedad o en nuestros comportamientos individuales. Pero ahí acaba su papel. A la hora de concebir las políticas públicas es necesario cuestionar esos sentimientos y optar por la reflexión. Y tenemos que comprender mejor los fundamentos de la moralidad y de nuestros temores ante la comercialización de determinados ámbitos. Algo a lo que se dedica la comunidad académica.

III. EL MERCADO: ¿UNA AMENAZA PARA EL VÍNCULO SOCIAL?

Otra categoría de objeciones a la economía de mercado procede de un malestar difuso por la pérdida del vínculo social. Evidentemente, hay muchas otras causas de ese malestar, por ejemplo, la urbanización o la sustitución de la comunicación directa por el uso de internet (aunque gracias a las redes sociales, Skype o el correo electrónico se puede también mantener un contacto mucho más frecuente con la familia o con amigos que están lejos). Pero también es cierto que el vínculo social puede debilitarse por fenómenos ligados al mercado: la globalización, la movilidad...[43] Mantenemos relaciones comerciales con China y no con la ciudad de al lado. Nos establecemos lejos de nuestros padres y de nuestras raíces. La adhesión popular a eslóganes como «Compremos productos franceses» o «Compremos productos estadounidenses» refleja ese malestar y no, al menos así lo espero, un juicio de valor de los méritos o necesidades de los asalariados franceses y estadounidenses frente a los trabajadores chinos o indios.

El mercado provoca que las relaciones sean anónimas. Pero, en parte, es esa su función: se supone que libera a los actores del poder económico de otros actores; en otras palabras, limita el poder del mercado (la posibilidad de dictar los términos del intercambio), por ejemplo, impidiendo a las empresas poderosas imponer un precio elevado y una calidad mediocre a unos consumidores cautivos. Puede, efectivamente, como señalan los que lamentan el debilitamiento del vínculo social, facilitar un intercambio efímero, anónimo, antítesis de la economía del don y del contradón (incluso pese a que en las economías modernas la reputación y la relación asidua siguen desempeñando un papel crucial en aquellos intercambios que no son fáciles de especificar bien en un contrato y que, por tanto, se dejan a la buena voluntad de las partes contratantes: no es de extrañar que los gigantes de internet, desde Uber hasta eBay o Booking, hayan creado un sistema de calificaciones y de experiencias compartidas entre usuarios).

Pero ese debilitamiento de los vínculos tiene también sus virtudes. Por una parte, la economía del don y del contradón crea una relación de dependencia[44]. Pierre Bourdieu veía en ella incluso una relación de superioridad entre el donante y el donatario, en la cual «la violencia se enmascara bajo una apariencia de generosidad altruista»[45]. En un sentido más amplio, los vínculos sociales, si bien es innegable que tienen muchas virtudes, pueden también mostrarse asfixiantes y represivos (como muestra el ejemplo del aldeano que comió pan malo toda su vida porque no se atrevía a ofender al panadero del pueblo). Por otra parte, el mercado permite ampliar el círculo de interactuaciones. Montesquieu hablaba del «comercio dulce»; en su opinión, el mercado nos enseña a interactuar con los extranjeros y a conocerlos. El economista estadounidense Sam Bowles, antiguo colaborador de Martin Luther King, posmarxista y uno de los pioneros de la ampliación de la economía al resto de las ciencias humanas y sociales, adopta una postura similar en sus obras y en un artículo con título evocador «The Civilizing Effect of Market Economies» [El efecto civilizador de las economías de mercado][46].

Los que sienten inquietud ante el impacto del mercado sobre el vínculo social confunden a menudo tres preocupaciones diferentes.

Primera preocupación: el mercado fortalecería el egoísmo de sus actores, haciéndoles menos capaces de vínculos afectivos hacia los demás. No hay que olvidar que el propio Adam Smith lo enunció en una fórmula célebre:

No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. No recurrimos a su humanidad, sino a su egoísmo.

El egoísmo parece hallarse, pues, en el corazón de la economía de mercado, aunque, como indica, en consonancia con Adam Smith, uno de los economistas contemporáneos más brillantes y profesor del MIT, Daron Acemoglu[47], lo importante no es obligatoriamente qué es lo que ha motivado el resultado, sino el resultado mismo:

Uno de los aportes más profundos e importantes de la economía como disciplina es el entendimiento de que, en abstracto, la codicia no es ni buena ni mala. Cuando esta se canaliza hacia un comportamiento competitivo, innovador y orientado hacia la maximización del beneficio, bajo el amparo de las leyes y regulaciones convenientes, puede servir de motor para la innovación y el crecimiento económico. Pero cuando no se ve sometida al control de unas instituciones y regulaciones apropiadas, la codicia degenera en prácticas rentistas, corruptas y criminales.

Segunda preocupación: el mercado fomentaría que los ciudadanos se alejen de las instituciones tradicionales, como sus pueblos y su gente, debilitando así sus vínculos con la sociedad que les rodea.

Tercera preocupación: el mercado, como ya hemos mencionado, permitiría a los ciudadanos pensar en algunas transacciones que, si no, serían impensables —vender sus órganos o sus servicios sexuales, por ejemplo—, poniendo así ciertos aspectos de su intimidad al mismo nivel que unas simples negociaciones comerciales.

En su libro The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life, mi colega Paul Seabright, director del Instituto de Estudios Avanzados de Toulouse (IAST), analiza estas tres inquietudes en función de la influencia de la economía de mercado[48]. Observa que, lejos de apoyarse únicamente en el egoísmo de sus participantes, el mercado les exige también una gran capacidad de establecer lazos de confianza —y nada es más corrosivo para la confianza que el egoísmo puro—. Muestra cómo, desde la prehistoria, ha sido el aspecto social de nuestra naturaleza humana el que nos ha permitido ampliar el círculo de nuestros intercambios económicos y sociales. Aunque también es cierto que ello no nos convierte en criaturas muy altruistas. El mercado es un lugar de competición y de colaboración, y el equilibrio entre ambos es siempre delicado.

También es cierto que, al permitirnos elegir a nuestros socios comerciales, el mercado facilita nuestra ruptura con ciertos vínculos tradicionales. Pero se trata más de la transformación de unos vínculos heredados en unos vínculos elegidos que de la degradación del vínculo social sin más. No hay duda de que las relaciones son a la larga menos estables. Pero ni la estabilidad ni la herencia de los vínculos sociales son virtudes en sí mismas. ¿Alguien lamentaría la desaparición de algunos de los vínculos sociales más fuertes que jamás hayan existido como el del esclavo con su amo, el de una mujer con su todopoderoso marido, el de un obrero sometido a las condiciones de un empleador monopsonista[49] o —por emplear un ejemplo menos exagerado— el de nuestro aldeano sometido toda la vida a un panadero incompetente?

Respecto a la comercialización de ciertas transacciones que hasta ahora se consideraban pertenecientes al ámbito de lo sagrado, Paul Seabright subraya cómo las intuiciones que definen el ámbito de lo sagrado han fluctuado en función del tiempo y las culturas. En su opinión, puede coexistir un rechazo de la comercialización explícita con una comercialización implícita: una persona a la que le escandaliza la idea misma de prostitución, o de pagar a una persona de compañía, puede permanecer con un esposo o esposa a la que ya no ama porque le ofrece una seguridad financiera o por miedo a la soledad. En este ámbito, no hay conclusiones sencillas, y esta observación no es en absoluto un argumento en favor de la legalización de ese mercado (sea cual sea el significado que se le dé) o de una forma determinada de regulación (que difiere mucho entre países). Retomando una observación que ya he hecho con motivo de la desigualdad, la conclusión que me gustaría sacar es que el mercado es en ocasiones el chivo expiatorio de nuestra hipocresía. No refuerza ni debilita por sí mismo nuestros vínculos sociales, sino que es un espejo de nuestra alma que pone de manifiesto unas realidades de nuestra sociedad o facetas de nuestras aspiraciones y preferencias que hubiéramos preferido ocultar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Podemos romper el espejo suprimiendo el mercado. Pero con ello lo único que hacemos es dejar en suspenso el cuestionamiento de nuestros valores personales y colectivos.

IV. LAS DESIGUALDADES

Un análisis de la relación entre mercado y moralidad no estaría completo sin evocar brevemente el tema de las desigualdades. La economía de mercado no genera una estructura de los ingresos y de la riqueza conforme a lo que desearía la sociedad. Por eso se ha establecido en todos los países una fiscalidad redistributiva.

Se podría pensar que, en la medida en que el mercado se considera con frecuencia el causante de ese aumento de las desigualdades[50] que se ha constatado en los últimos treinta años, la desconfianza hacia el mercado en determinados países sería una reacción al aumento de la desigualdad. Sin embargo, no parecer ser ese el caso. El 1 por ciento de los franceses mejor pagados cobraba en 2007 dos veces menos (en porcentaje del total de los ingresos del país) que sus homólogos estadounidenses; también la desigualdad global[51] tras impuestos es claramente menor en Francia que en Estados Unidos. Ahora bien, como he dicho, el doble de estadounidenses que de franceses creen en las virtudes del mercado. No hay, por otra parte, ninguna razón para que la actitud hacia los mercados dependa del nivel de las desigualdades; como demuestran los países escandinavos, un país puede sumarse plenamente a la economía de mercado y utilizar los impuestos para paliar las desigualdades.

La ciencia económica moderna ha investigado mucho sobre el modo de medir y comprender las desigualdades. Un tema que, por si solo, merecería todo un libro. Me gustaría aquí hacer simplemente algunas observaciones sobre lo que la ciencia económica puede, o no puede, aportar al debate.

El papel de la economía

Comencemos por lo que es competencia de la economía: documentar las desigualdades, comprenderlas y sugerir políticas eficaces (que no dilapiden el dinero público) para obtener un nivel de redistribución determinado.

Medir las desigualdades

Un gran número de trabajos estadísticos realizados durante las dos últimas décadas han aportado una visión más precisa de la desigualdad. El aumento relativo de la riqueza del 1 por ciento de los más favorecidos (el «top 1 por ciento») ha sido estudiado con precisión por los economistas, especialmente por Thomas Piketty[52] y sus coautores en su análisis de las desigualdades de patrimonio. El aumento del porcentaje de los ingresos captado por ese 1 por ciento también ha sido objeto de especial atención. Por ejemplo, en Estados Unidos, la renta media aumentó un 17,9 por ciento entre 1993 y 2012; las rentas altas (el top 1 por ciento), un 86,1 por ciento, mientras que las del 99 por ciento restante solo un 6,6 por ciento; el porcentaje de los ingresos percibidos por el top 1 por ciento pasó del 10 por ciento al 22 por ciento en 2012[53]. Los economistas han estudiado, además, la desigualdad en su conjunto, pues es multiforme[54].

También han dedicado mucho esfuerzo a investigar el fenómeno de la polarización, que se inició hace dos décadas en Estados Unidos y hoy se observa en la mayoría de los países. Esta polarización consiste en un incremento de los muy cualificados —cuya retribución aumenta sobremanera

— y de los poco cualificados —cuya retribución se estanca— y una reducción de los trabajos intermedios que tienen tendencia a desaparecer[55]. Finalmente, los economistas han analizado la disminución de la desigualdad entre naciones y se han interesado por la de la pobreza que, aunque sigue siendo demasiado significativa, está en un fuerte retroceso gracias sobre todo al dinamismo de las economías china e india que han pasado a la economía de mercado. Es indispensable tener en consideración el conjunto de esos trabajos de cálculo de las desigualdades, pues nos proporciona una radiografía de la situación presente y nos permite reflexionar mejor sobre la amplitud del problema.

Comprender las desigualdades

El aumento de las desigualdades tiene múltiples causas y está en función del tipo de desigualdades de que se trate: ¿de renta o de riqueza? ¿Y a qué nivel (al del 1 por ciento o al de la desigualdad en un sentido más global)? En el caso, por ejemplo, del fuerte aumento de los ingresos del 1 por ciento superior se han avanzado numerosas razones.

Primer factor explicativo: el cambio tecnológico que favorece las cualificaciones altas, debido al surgimiento de la economía digital, y, en un sentido más amplio, el aumento de la importancia de la economía del conocimiento. Esto es especialmente visible en la parte superior de la escala de retribuciones. Como veremos en el capítulo 14, la economía digital está sometida a fuertes rendimientos de escala y a economías de red y, por ello, al fenómeno del winner takes all (el que gana se lleva todo): los emprendedores que fundaron Microsoft, Amazon, Google, eBay, Uber, Airbnb, Skype o Facebook y sus colaboradores se han enriquecido enormemente y, a la vez, han creado valor para la sociedad; lo mismo pasa en el caso de los creadores de nuevos medicamentos o vacunas.

La globalización[56] ha permitido que esas empresas exportaran rápidamente su modelo a todo el mundo; y, a la inversa, provoca que, en los sectores no protegidos (los sometidos a la competitividad internacional), compitan los asalariados de los países con salarios bajos y los de los países desarrollados, lo que ofrece a los primeros la posibilidad de salir de la pobreza, pero ejerce una presión a la baja sobre los salarios de los segundos. Menos conocido es el hecho de que la liberalización del comercio aumenta enormemente la desigualdad entre personas de un mismo país con niveles de competencia equivalentes, lo mismo que beneficia mucho a las empresas eficaces (que pueden exportar) y debilita aún más a las empresas menos eficaces (que tienen que enfrentarse a las importaciones)[57].

La globalización ha aumentado la competitividad a la hora de atraer talentos. Los emprendedores pueden elegir dónde instalar su start-up; los mejores investigadores, médicos, artistas o cuadros de empresa acuden crecientemente allí donde se les ofrecen mejores condiciones. Puede que sea lamentable, pero en nuestro mundo internacionalizado es un hecho. La competitividad por los talentos libera a estos, pero puede ir demasiado lejos, como mi colega Roland Bénabou, de la Universidad de Princeton, y yo mismo hemos mostrado recientemente en un artículo sobre la cultura de los bonus[58]: para atraerse a los mejores o conservar a los que ya tienen, las empresas ofrecen retribuciones variables muy elevadas, excesivamente vinculadas a la rentabilidad a corto plazo y que llevan a sus beneficiarios, sobre todo a los menos escrupulosos, a olvidar el largo plazo y, en algunos casos, a adoptar comportamientos poco éticos.

El que un empresario, un patrimonio, un investigador o una empresa se vaya al extranjero representa una pérdida para un país: pérdida de empleos que habría creado la persona o la empresa en dicho país, pérdidas de impuestos que habrían sido útiles para la nación, pérdida de transmisión de saber, etcétera. Es necesario medir la amplitud del fenómeno, y ahí es donde nos encontramos con el problema: la falta de datos fiables y el escaso nivel de los estudios empíricos dan paso a todo tipo de ideas preconcebidas[59].

No es difícil darse cuenta de a qué obstáculos se enfrentan los investigadores que intentan racionalizar el debate estableciendo los hechos. La diferencia de tiempos (uno no se expatría de repente como reacción a una política que se considera desfavorable; los efectos se observan a la larga) complica la estimación econométrica, lo mismo que el hecho de la «no estacionalidad» del fenómeno (las jóvenes generaciones se mueven más a nivel internacional que sus mayores). Además, no interesa únicamente el número de los que se van (como dicta la tradición cultural, los franceses se expatrían poco, en general). Parece claro que, entre los emprendedores, las profesiones liberales y los investigadores, la fuga de talentos afecta más a los mejores; por ejemplo, en el sector de la investigación, aunque los investigadores europeos que se expatrían son escasos, el número de los más creativos, muy cotizados en el extranjero, es desproporcionado[60]; perder el nuevo Steve Jobs o el nuevo Bill Gates es muy caro en lo referente a creación de empleo, ingresos fiscales e innovación[61].

La globalización y la evolución tecnológica favorable a los individuos más cualificados no son las únicas razones del enriquecimiento del 1 por ciento superior[62]. Algunos han señalado también las retribuciones en el mundo de las finanzas que, en los países anglosajones, pueden llegar a varias decenas de millones de dólares anuales en el caso de los grandes bancos minoristas y aún más en las estructuras no reguladas como los fondos de inversión especulativos, los fondos de inversión privados o los bancos de inversión.

Una idea sobre la que todos los economistas están de acuerdo, sea cual sea su actitud frente a la redistribución, es que no todas las desigualdades pertenecen a la misma categoría. Una riqueza que se ha logrado creando valor para la sociedad no es equivalente a una riqueza procedente de una renta de situación. Por ejemplo, una causa muy importante del aumento de las desigualdades de riqueza en muchos países es el aumento de la renta del suelo[63]. Pero un propietario, a diferencia del inventor de un nuevo tratamiento contra el cáncer, no crea valor para la sociedad. En este caso, podría haberse evitado en parte el aumento de la desigualdad gravando, por un lado, las plusvalías inmobiliarias y, por otro, no usando los planes locales de urbanismo para restringir la construcción en el centro de las ciudades y aumentar así la renta del suelo. Del mismo modo, y tomando el ejemplo que utilizó Philippe Aghion en su lección inaugural del Collège de France, el millonario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y que ha hecho su fortuna gracias a estar protegido contra la competencia, no puede compararse con sus homólogos Steve Jobs o Bill Gates, que han apostado por la innovación. La conclusión de Philippe Aghion[64] es que hay que refundar nuestra fiscalidad para distinguir claramente entre creación de valor y renta, aunque en la práctica esa distinción no sea siempre fácil de hacer.

Sugerir soluciones y evaluar

El economista puede también explicar cómo alcanzar de modo eficaz un objetivo de redistribución o si determinada política redistributiva logra cumplir su objetivo. Casi todos los economistas militan en favor de una simplificación fiscal. En Francia, la complejidad fiscal, la acumulación de impuestos y de ventajas fiscales provocan una ilegibilidad total. Pero todos los Gobiernos franceses retrasan la actualización del sistema fiscal(64).

A veces se hacen reformas parciales y con frecuencia efímeras. En su etapa de primer ministro, Lionel Jospin creó la denominada prima por el empleo —un complemento salarial que el Estado daba a las personas que tenían un empleo con salario bajo— tras unos estudios realizados por economistas que demostraban que, cuando un parado volvía a trabajar, podía tener... menos ingresos (un tipo impositivo superior al 100 por ciento). Ello se debía a la acumulación de prestaciones y subsidios; cada una de esas ayudas, por separado, era fruto de una loable intención y obtenía sin problemas la aprobación del Parlamento, pero nunca se tenía en cuenta la conexión entre ellas. Es un problema que resurge regularmente. El conjunto de todas esas pequeñas ayudas que se concedían a los más desfavorecidos, cada una de las cuales se justifica aisladamente, termina por generar unos efectos de umbral muy perniciosos para la sociedad. Y este no es más que un ejemplo entre otros muchos. Un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para empezar de cero en el tema de la fiscalidad sería muy beneficioso para Francia(65).

Como en otros ámbitos, la evaluación de las políticas redistributivas deja mucho que desear[66]. Por desconocimiento o por reflejo, los discursos públicos parecen a veces dar más importancia a la presencia de los diferentes «indicadores» de una política redistributiva que a su capacidad real de alcanzar sus objetivos fundamentales. Ahora bien, hay muchas políticas supuestamente igualitarias que o bien se vuelven contra sus objetivos o tienen escaso impacto sobre ellos y cuestan mucho a la sociedad, poniendo en peligro, a la larga, el sistema social al que tanto apego tenemos. El capítulo 9, dedicado al paro, muestra detalladamente cómo las políticas que supuestamente benefician a los asalariados, como la de proteger el empleo mediante la judicialización de los despidos o la de aumentar el salario mínimo en lugar garantizar un ingreso a todo trabajador en activo, se vuelven en realidad en contra de los supuestos beneficiarios o, al menos, contra los más débiles de ellos. Demos algunos ejemplos tomados de otros ámbitos.

En el ámbito de la vivienda, una política cuyo fin es proteger a los inquilinos que no pueden pagar es en apariencia una política generosa y humanista. Pero la posibilidad de que no le paguen el alquiler lleva a los propietarios-arrendadores a seleccionar enormemente a sus inquilinos y a rechazar, por ejemplo, a los que no tienen contrato fijo o a los jóvenes cuyos padres no los pueden avalar. En el mismo sentido, aunque es totalmente legítimo proteger a los inquilinos frente a los aumentos abusivos del alquiler, una política de control de los alquileres entre dos contratos termina siempre por producir un parque de viviendas en alquiler escaso y de baja calidad que afectará ante todo a los que tienen menos recursos económicos. De nuevo, unas políticas de alquiler en apariencia progresistas se vuelven contra los individuos más débiles socialmente(67).

Otro ejemplo paradójico: el sistema educativo francés presume de tener unos objetivos igualitaristas (a través de los programas uniformes y la sectorización), pero crea grandes desigualdades en detrimento de los más desfavorecidos y en favor de los mejores informados y de aquellos cuyos padres habitan en los barrios acomodados. Otro aspecto paradójico del supuesto igualitarismo del sistema educativo francés es la negativa a seleccionar el ingreso en la universidad. Esta negativa da lugar a una selección a través del fracaso en el primer o segundo año de carrera, con el resultado de que los estudiantes menos preparados no solo no tienen acceso a los diplomas de licenciatura, sino que también se sienten desanimados, por no decir estigmatizados, tras haber desperdiciado uno, dos o tres años. Desperdicio que se da poco entre las élites, a cuyos hijos raramente afecta este fenómeno. El sistema de enseñanza francés constituye en su conjunto un vasto caso de información privilegiada.

Del mismo modo, el que no haya tasas de matriculación en la universidad y en la mayoría de las grandes écoles beneficia sobre todo a las clases acomodadas. La solución a este problema no es sencilla. Hacer pagar el coste de los estudios superiores puede llevar a derivas, como se ve en el fuerte índice de endeudamiento de algunos estudiantes estadounidenses. Por otra parte, la clase media puede encontrarse en dificultades al no tener acceso a las becas. Pero se puede pensar en unas tasas progresivas y razonables que paguen las familias cuyas rentas lo permitan y redistribuir parte de esos ingresos en forma de becas adicionales condicionadas al éxito en los estudios(68).

Finalmente, y a un nivel más macroeconómico, se sigue considerando con demasiada frecuencia que, en Francia, el control de las finanzas públicas constituye un freno para las políticas redistributivas. Sin embargo, a base de esas reticencias frente al control del gasto público, ponemos en peligro la propia supervivencia de nuestro sistema social: la fuerte disminución del gasto en sanidad y educación y la bajada de las pensiones asociadas a las dificultades financieras representarían, de hecho, una ruptura del pacto republicano y afectarían especialmente a los más desfavorecidos.

Estos ejemplos, entre otros muchos, nos dicen una vez más que hay que mirar más allá del espejo. Para saber si una política pública es redistributiva o no, no basta con conocer las condiciones socioeconómicas del público a quien se dirige. También hay que tener en cuenta el conjunto de sus consecuencias.

Los límites de la economía

Más allá de la comprensión de las desigualdades y del análisis de las políticas redistributivas, se perfila una opción de sociedad sobre la que el economista tiene poco que decir a no ser en su calidad de simple ciudadano.

En un sistema fiscal coherente, tiene que haber necesariamente un equilibrio entre algo más de redistribución y algo menos de poder adquisitivo o de crecimiento (en caso contrario, el sistema fiscal está mal elaborado y puede ser perfeccionado). Tomar la decisión pertinente frente a ese equilibrio no es sencillo. Por una parte, porque depende de las preferencias del interesado en favor de la redistribución, lo que significa un juicio de valor personal. En segundo, porque no disponemos de toda la información necesaria sobre ese equilibrio. Lo que me lleva a volver brevemente sobre la relación entre causas de desigualdad y deseabilidad de redistribución. Intuitivamente, conviene saber si los ingresos proceden del azar o de tener relaciones en las alturas, o si, por el contrario, son fruto de un esfuerzo o de una inversión. En el primer caso, el beneficiario no tiene ningún mérito y la redistribución debería ser total (un tipo impositivo del 100 por ciento). Se trata de un punto de vista globalmente compartido; incluso los republicanos estadounidenses más conservadores consideran que la sociedad debe dar muestras de solidaridad para con los discapacitados dado que no son responsables de su condición. En el segundo caso, el argumento para mantener un tipo impositivo que ofrezca incentivos es convincente.

El problema es que no tenemos una idea precisa de qué es lo que genera el éxito financiero, si el esfuerzo o un cúmulo de circunstancias.

Ante semejante escasez de información, no es de extrañar que cada uno crea lo que le interese creer. A este respecto, los sociólogos y los psicólogos han puesto de manifiesto un fenómeno asombroso: un 29 por ciento de los estadounidenses cree que los pobres están atrapados en la trampa de la pobreza y un 30 por ciento cree que el éxito se debe a la suerte y no al esfuerzo y a la educación; en el caso de los europeos las cifras son 60 por ciento y 54 por ciento, respectivamente[69]. Igualmente, un 60 por ciento de estadounidenses (¡incluido un elevado porcentaje de pobres!) y solo un 26 por ciento de los europeos responden afirmativamente a la pregunta: «¿Los pobres son pobres porque son perezosos y carecen de voluntad?». Unas visiones del mundo más bien antinómicas... Los estadounidenses creen en un mundo justo en el que la gente tiene lo que se merece; tienden, además, a sobrestimar la movilidad social de su país. ¿Se equivocan? En la misma medida que los franceses, sin duda demasiado pesimistas, aunque estos pueden justificar por qué no creen en el mérito citando, por ejemplo, las numerosas exenciones fiscales, lo cerradas que están las profesiones, un sistema educativo que favorece a las clases acomodadas y a los iniciados, la escasa integración de la población procedente de la inmigración, unas decisiones públicas que son fruto de la amenaza de los grupos de interés más que de un análisis del bien común, o el papel demasiado importante de las relaciones personales para conseguir un contrato en periodo de prueba o un contrato indefinido (aunque los trabajos de Mark Granovetter demuestran que en Estados Unidos pasa lo mismo[67]). No lo sé. Lo cierto es que tenemos poco conocimiento empírico sobre el vínculo entre mérito y éxito económico en los diferentes países y que justamente ese es el núcleo del problema: la carencia de información da paso a todo tipo de creencias.

Pero la historia no se detiene aquí. Por endebles que sean esas creencias, al menos son coherentes con el sistema fiscal y social del país. Roland Bénabou y yo hemos demostrado que esas creencias, que evidentemente afectan a las decisiones sobre fiscalidad y sobre protección social (lógicamente más progresistas en Europa dadas sus creencias específicas), son en parte endógenas[68]. En un país con escasa protección social, es mejor pensar que el éxito depende sobre todo del esfuerzo personal y que solo la determinación garantizará un futuro decente al individuo, y en un país con un sistema de fuerte protección social ocurrirá lo contrario. Y hemos examinado las consecuencias (los costes y beneficios) de los dos sistemas de creencias. Por ejemplo, la creencia en un mundo justo tiene como corolario una mayor estigmatización de los pobres y de los que dependen de la protección social. Puede llevar a sobrestimar la movilidad (como parece ser el caso de Estados Unidos). Pero favorece el crecimiento y vincula más los ingresos netos al mérito, lo que puede tener efectos beneficiosos (salvo para los pobres), aunque la creencia en un mundo justo sea errónea...

Una dificultad adicional es la de acotar el perímetro en el que se juzga la desigualdad. Para entender el problema, basta con pensar, por ejemplo, en la liberalización del comercio que ha podido aumentar cierto tipo de desigualdades en las economías ricas, pero ha permitido que importantes poblaciones del sur salgan de la pobreza; o en nuestras reacciones frente a los migrantes (aunque nuestros conciudadanos no siempre saben que la inmigración presenta con frecuencia ventajas económicas para el país de acogida —siempre que el mercado laboral no excluya a los nuevos entrantes —). Se trata de un juicio ético sobre el que el economista tendrá una opinión, pero no un conocimiento específico que aportar.

Sin embargo, este juicio ético condiciona enormemente nuestras políticas de redistribución y, en un sentido más amplio, nuestras políticas económicas. Los trabajos de Alberto Alesina, Reza Baqir y William Easterly han demostrado que la redistribución a través del suministro de bienes públicos a nivel local es mucho mayor cuando las poblaciones son homogéneas, ya sea ética o religiosamente[69]. Aunque nos choque que, a la hora de redistribuir, opere la preferencia comunitaria, la preferencia nacional y otras formas de preferencia estrechas de miras, son realidades a las que nos enfrentamos a la hora de concebir las políticas públicas.

Del mismo modo que unos individuos diferentes evaluarán la desigualdad en función de consideraciones geográficas diferentes, el horizonte intergeneracional contemplado puede también variar mucho entre la población: ¿qué peso atribuimos a las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera? Nuestras sociedades no dan muestra de mucha generosidad hacia las generaciones futuras a pesar de todos los discursos sobre el deseo de sostenibilidad de nuestras políticas. Es innegable que, gracias al progreso tecnológico, las futuras generaciones serán, en principio, más ricas y estarán mejor protegidas de la enfermedad y de la vejez que la nuestra. Pero les estamos legando un futuro muy incierto. Limitándonos al caso francés (las mismas observaciones se pueden aplicar a muchos países), los jóvenes se enfrentan al paro (5 por ciento de índice de paro en 1968, 25 por ciento en la actualidad) o a empleos menos atractivos (los contratos fijos representaban el 50 por ciento de la creación de empleo en 1968 y hoy solo representan un 10 por ciento); a una escasez de vivienda en determinadas zonas (que implica una rigurosa selección de los inquilinos, tener que vivir con frecuencia en casa de los padres y un acceso a la propiedad muy caro); a una educación insuficiente y no siempre adecuada al mercado laboral, un freno en el ascenso social (tanto a nivel de las grandes écoles como de la educación secundaria, como atestigua la clasificación Pisa), y a unos estudios con frecuencia cada vez más caros para las familias; a unas jubilaciones no financiadas; a una deuda pública elevada; al calentamiento global; a las desigualdades... Evidentemente no podemos vanagloriarnos de generosidad porque, en los hechos, nuestras políticas están generalmente guiadas por el bienestar de las generaciones en edad de votar.

Finalmente, la desigualdad, aunque normalmente se mide desde un punto de vista financiero (renta, riqueza), reviste muchas otras dimensiones, como la integración en la sociedad o el acceso a la sanidad. Las desigualdades frente a la sanidad son bien conocidas. Pero es menos sabido que su amplitud ha aumentado[70]. En Estados Unidos, un hombre nacido en 1920 tenía una esperanza de vida[71] 6 años mayor si sus ingresos estaban entre el 10 por ciento más elevado que si estaban entre el 10 por ciento de los más bajos; para las mujeres, la diferencia era de 4,7 años. En el caso de un hombre y una mujer nacidos en 1950, la diferencia pasa a 14 y 13 años, respectivamente. Por ejemplo, la esperanza de vida ha aumentado entre los hombres de estos dos grupos solamente en un 3 por ciento para los más desfavorecidos y en un 28 por ciento para los de ingresos altos. Los investigadores intentan hoy entender las causas de esta disparidad, algo crucial para definir las respuestas de las políticas públicas. Empezando por los problemas de causalidad: ¿hasta qué punto la pobreza genera mala salud o, por el contrario, la mala salud aumenta el riesgo de pobreza? ¿Los más acomodados tienen hábitos más higiénicos (los autores del estudio sugieren que en Estados Unidos fumar ha pasado a ser un fenómeno de clase, reservado a los más pobres)? ¿Tienen acceso a mejor atención médica? Evidentemente, de todo un poco, pero identificar bien las causas permite orientar las políticas públicas hacia donde tengan más impacto.

Especialmente significativa es la exigencia de dignidad. En la naturaleza de la inmensa mayoría de los seres humanos está querer sentirse útil a la sociedad y no ser una carga para ella. En su legítima reivindicación de que la sociedad sea solidaria con su condición, los discapacitados piden algo más que dinero: quieren también trabajar.

Los organismos laborales también se plantean problemas éticos a la hora de elegir políticas redistributivas, como cuando hay que elegir entre aumentar el salario mínimo o garantizar una renta mínima para los trabajadores en activo. Al aumentar el salario mínimo por encima del nivel de la mayoría de los países, Francia ha optado por aumentar la renta de los asalariados peor pagados a través del salario en lugar de mediante transferencias, lo que provoca un paro importante en los trabajadores cuya cualificación los sitúa en o por debajo del salario mínimo. Esos parados no solo pierden su capital humano y una parte de su tejido social, sino también, en cierto modo, su dignidad. Me parece que la costumbre que tienen algunos de mis compatriotas de borrar de un plumazo los «pequeños trabajos» no tiene en cuenta esta dimensión.

He aquí otro debate sobre la moralidad y el mercado al que nos tendremos que enfrentar debido a la digitalización de la economía, pues tendrá consecuencias, a veces violentas, en casi todos los trabajos y para la que, en mi opinión, no estamos preparados.[20]        Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785), cap. 2, traducción de Manuel García Morente, Madrid, Espasa Calpe, 1990, p. 112. Esta cita se utiliza a veces en la prueba de filosofía del bachillerato francés.

Citas

[21]        Profesor de Filosofía en Harvard, The Guardian, 27 de abril de 2013.

[22]        En junio de 1998, cuando era primer ministro.

[23]        World Value Survey.

[24]        Para unos argumentarios especialmente comprensibles en favor de la economía de mercado, recomiendo los libros de algunos de nuestros investigadores más prestigiosos: Bernard Salanié, L’Économie sans tabou, París, Le Pommier, 2004, y Augustin Landier y David Thesmar, Le Grand Méchant Marché, París, Flammarion, 2007.

[25]        Michael Sandel, Lo que el mercado no puede comprar. Los límites morales del mercado, traducción de Joaquín Chamorro Mielke, Barcelona, Debate, 2013.

[26]        Para una tesis bastante próxima, véase la obra del filósofo Michael Walzer, profesor emérito de Princeton: Spheres of justice: a defense of pluralism and equality, Nueva York, Basic Books, 1983. Y, para un enfoque muy diferente de estos temas, el libro de otra filósofa, profesora en Stanford, Debra Satz: Why some Things Should not Be for Sale. The Moral Limits of Markets, Oxford, Oxford University Press, 2010.

[27]        Véanse capítulos 8 y 9.

[28]        Se dice que un agente económico o un grupo de agentes económicos ejercen una externalidad cuando su actividad procura a otro un beneficio o una ventaja gratuitamente o, por el contrario, una pérdida de beneficio o un daño sin compensación.

[29]        Para un examen en profundidad del tema del voto, véase por ejemplo el libro de Alessandra Casella

Storable Votes. Protecting the Minority Voice, Oxford, Oxford University Press, 2012.

[30]        Para un análisis más detallado de estos temas, véase James Hammitt, «Positive vs. Normative Justifications for Benefit-Cost Analysis. Implications for Interpretation and Policy», Review of Environmental Economics and Policy, 2013, vol. 7, núm. 2, pp. 199-218. Gran número de artículos muestran la incoherencia de nuestras decisiones a la hora de proteger la vida; por ejemplo, algunas políticas de protección de la vida que cuestan unos centenares de euros anuales se dejan de lado, mientras que otras, que cuestan hasta varios miles de millones de euros anuales, se ejecutan (Tammy Tengs et al., «Five-Hundred Life-Saving Interventions and Their Cost-Effectiveness», Risk Analysis, 1995, vol. 15, núm. 3, pp. 369-390).

[31]        Un punto de vista utilitarista clásico en filosofía moral es el de Peter Singer, Ética práctica, traducción de Rafael Herrera Bonet, Madrid, Akal, 2009.

[32]        Véase el artículo de Jean-François Bonnefon, Iyad Rahwan y Azim Shariff, «Experimental Ethics for Autonomous Vehicles», mimeografía, recogido en la MIT Technology Review 2015.

[33]        Judith Chevalier y Fiona Scott Morton, «State Casket Sales and Restrictions. A Pointless Undertaking?», Journal of Law and Economics, 2008, vol. 51, núm. 1, pp. 1-23.

[34]        Roland Bénabou y Jean Tirole, «Over My Dead Body. Bargaining and the Price of Dignity»,American Economic Review, Papers and Proceedings, 2009, vol. 99, núm. 2, pp. 459-465.

[35]        Véase el capítulo 5 para un examen de la fragilidad de nuestra moralidad. 

[36]        El comercio de órganos solo es legal en Irán, pero existen redes ilegales en varios países emergentes o en desarrollo.

[37]        Para un estudio teórico del carácter revelador del derecho, véase mi artículo, con Roland Bénabou, «Laws and Norms», mimeografía.

[38]        Otra razón, esta vez procedente del cliente, es que no deseamos vivir en una sociedad en la que algunos miembros se deleiten con semejante espectáculo.

[39]        Con Lloyd Shapley que, como él, había trabajado sobre los métodos de asignación entre los dos lados de un mercado.

[40]        Para una descripción detallada véase, por ejemplo, el discurso pronunciado en la entrega del Nobel de Alvin Roth «The Theory and Practice of Market Design», disponible en la web de la Fundación Nobel.

[41]        El anonimato solo se aplica, pues, cuando el donante ha muerto. Por otra parte, la legislación europea no contempla la necesidad de un parentesco. Señalemos finalmente que este análisis es específico de la donación de órganos (corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas); las normas son diferentes en el caso de los tejidos (piel, hueso, córnea, válvulas cardiacas, médula ósea).

[42]        Jonathan Haidt, The Righteous Mind. Why Good People are Divided by Politics and Religion, Londres, Penguin Books, 2012.

[43]        Algunos añadirán la precarización. No hay que decir que el paro contribuye enormemente a la pérdida del vínculo social. Pero, como indico en el capítulo 9, creo que el paro masivo es el resultado de una opción tomada por nuestra sociedad y que tiene que ver con las instituciones y no con el propio mercado.

[44]        Remito en este caso a la conferencia de Jean-Pierre Hansen en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia pronunciada el 5 de octubre de 2015 y titulada «Une éthique de l’économie libérale? Pourquoi?».

[45]        Como continuación de la obra de Marcel Mauss Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas (1923), Bourdieu hizo esta observación en un informe de las actas de un coloquio sobre Mauss publicado por Nicolas Olivier en 2008.

[46]        Samuel Bowles, Macroeconomics. Behavior, Institutions, and Evolution, Princeton, Princeton University Press, 2006. El artículo se publicó en 2002 en el Wall Street Journal.

[47]        En «The Crisis of 2008. Structural Lessons for and from Economics», 2009, Centre for Economic Policy Research, Policy Insight, núm. 28.

[48]        Paul Seabright, The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2010. Para un análisis de la comercialización, véase también su libro The War of the Sexes: How Conflict and Cooperation Have Shaped Men and Women from Prehistory to the Present, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2012.

[49]        Monopsonista significa que es el único comprador (en ese caso del trabajo del asalariado) y, por tanto, puede imponer las condiciones del intercambio.

[50]        Aunque es cierto que el mercado, cuando no lo corrige la fiscalidad, genera fuertes desigualdades, es necesario señalar también que en países menos sometidos a la economía de mercado también se desarrollan otras formas importantes de desigualdad.

[51]        La desigualdad global se mide por índices, en este caso el «coeficiente de Gini», que tienen en cuenta toda la curva de ingresos y no solamente la comparación, por ejemplo, entre el 1 por ciento y el resto.

[52]        Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, traducción de Francisco J. Ramos y Ana Escartín Arilla, Barcelona, RBA, 2015.

[53]        Facundo Alvaredo, Tony Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, The World Wealth and Income Database [WID. world] (website). 

[54]        Por ejemplo, durante el Gobierno de Tony Blair, el Reino Unido pasó a ser mucho menos igualitario si se toma en consideración el porcentaje ganado por el top 1 por ciento, pero más igualitario si se compara el top 10 por ciento y el bottom 10 por ciento. En resumen, sin sacar por ello la conclusión de que el Reino Unido pasó a ser más igualitario con Tony Blair, es conveniente señalar que lo que cuenta es el conjunto de la distribución y no una sola estadística. Véase John Van Reenen (London School of Economics), Corbyn and the Political Economy of Nostalgia, que se basa en trabajos de Gabriel Zucman y del Department of Work & Pension británico.

[55]        Véanse los trabajos de David Autor, profesor en el MIT. En Francia, se observa un fenómeno similar: véase Sylvain Catherine, Augustin Landier y David Thesmar, Marché du travail. La grande fracture, París, Institut Montaigne, 2015. El capítulo 15 trata sobre esta polarización.

[56]        Recordemos que el mundo ha asistido a una segunda oleada de globalización en el último medio siglo, tras la enorme oleada que finalizó en la Primera Guerra Mundial. El comercio internacional representa hoy alrededor de un tercio del PNB mundial.

[57]        Elhanan Helpman, «Globalization and Inequality. Jean-Jacques Laffont Lecture», octubre de 2015. Para una visión global de las desigualdades, véase también François Bourguignon, La Mondialisation de l’inégalité, París, Seuil, 2012, y Pauvreté et développement dans un monde globalisé, París, Fayard, 2015. Entre las obras recientes, véase también Anthony Atkinson, Inequality. What Can Be Done?, Cambridge, Harvard University Press, 2015, y Joseph Stiglitz, La gran brecha: qué hacer con las sociedades desiguales, traducción de Federico Corriente Basús, Barcelona, Punto de Lectura, 2017.

[58]        «Bonus culture», Journal of Political Economy, 2016.

[59]        Señalemos, sin embargo, para el caso de Francia, el valioso trabajo de Cecilia García-Peñalosa y Étienne Wasmer sobre la fuga de cerebros («Préparer la France à la mobilité internationale croissante des talents», Conseil d’analyse économique, nota 31). Demuestran que el fenómeno es limitado, pero que está bastante concentrado en los «talentos». Señalan que la trayectoria óptima para beneficiarse del sistema social es formarse en Francia (gratuidad de los estudios), irse al extranjero y regresar a Francia cuando hay que pagar los estudios de los hijos o se tienen problemas de salud. También proponen una serie de medidas de política pública.

[60]        Linda Van Bouwel y Reinhilde Veugelers demuestran que los mejores estudiantes europeos (evaluados por su carrera posterior) vuelven menos a Europa y que pocos lo hacen si su primer empleo es en Estados Unidos. Otros estudios corroboran esta observación en otros ámbitos científicos («Are Foreign PhD Students More Likely to Stay in the US? Some Evidence from European Economists», en Marcel Gérard y Silke Uebelmesser [eds.], The Mobility of Students and the Highly Skilled, CESifo, 2015). Un tema importante es saber si la reciente creación del European Research Council (cuyo fin es ayudar a que los mejores investigadores se queden en Europa) logrará frenar el fenómeno o si, como es más probable, dicha creación es un complemento de las reformas del sistema universitario y beneficiará sobre todo a los países que hagan dichas reformas.

[61]        Finalmente, los datos pueden contener omisiones (como cuando un francés crea una empresa en Palo Alto o en Boston tras sus estudios) o ser de difícil acceso.

[62]        Algunos mencionan el declive de la sindicalización. Pero no parece que exista ninguna evidencia empírica en favor de dicha hipótesis.

[63]        Odran Bonnet, Pierre-Henri Bono, Guillaume Chapelle y Étienne Wasmer, «Does Housing Capital Contribute to Inequality? A Comment on Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century», mimeografía, 2015.

[64]        Philippe Aghion, Ufuk Akcigit, Antonin Bergeaud, Richard Blundell y David Hemous, en

«Innovation and Top Income Inequality», mimeografía, 2015, argumentan que la innovación hace aumentar el porcentaje de los 1 por ciento, no aumenta la desigualdad global y favorece la movilidad social. 

[65]        Lo que sigue está tomado de un artículo escrito conjuntamente con Étienne Wasmer y publicado en Libération el 8 de junio de 2015.

[66]        World Value Survey. Véase también el artículo de Alberto Alesina, Ed Glaeser y Bruce Sacerdote,«Why Doesn’t the United States Have a European-Style Welfare State?», Brookings Papers on Economic Activity, 2001, núm. 2, pp. 187-278.

[67]        Mark Granovetter, Getting a Job. A Study of Contacts and Careers, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1974. Por ejemplo, Granovetter demuestra que más del 50 por ciento de los empleos en una ciudad de Massachusetts se consigue gracias a los contactos. Granovetter es muy conocido por su teoría de la «fuerza de los vínculos débiles», título de su artículo publicado en 1973 en el American Journal of Sociology.

[68]        Roland Bénabou y Jean Tirole, «Belief in a Just World and Redistributive Politics», Quarterly Journal of Economics, 2006, vol. 121, núm. 2, pp. 699-746.

[69]        Alberto Alesina, Reza Baqir y William Easterly, «Public Goods and Ethnic Divisions», Quarterly Journal of Economics, 1999, vol. 114, pp. 1243-1284.

[70]        Barry Bosworth, Gary Burtless y Kan Zhang, «Later Retirement, Inequality in Old Age, and the Growing Gap in Longevity between Rich and Poor», The Brookings Institution, 2016.

[71]        En este estudio, condicionada a estar vivo a los 50 años.

Continuará