Inversiones en Cuba: del Período Especial a la actualidad

 Por Mario Valdés Navia 28 septiembre 2021, LJC

Imagen: CNN

Los ritmos de crecimiento de la economía cubana en el último quinquenio —2016-2020— han sido bajos, en lo fundamental por la reducida tasa de ahorro e inversión interna, que no rebasa el 12% del PIB cuando se necesita no menos de un 20-25% para garantizar un proceso sostenido de incremento y modernización. Aunque se ha priorizado la obtención de inversión extranjera directa (IED), se mantienen numerosas trabas para su atracción efectiva, las propuestas escasean y/o no se aprueban en el tiempo necesario.

La disminución del ingreso nacional hace más acuciante determinar la eficacia social de la política inversionista. La alternativa es decidir si la inversión debe dirigirse a la recapitalización de la estructura existente para garantizar mayor satisfacción de las necesidades prioritarias de la población y la economía, o a nuevas áreas que favorezcan los intereses proyectados a mediano y largo plazo por los que saben, los decisores del nivel central.

Es el caso de la prioridad que debe otorgarse a los sectores agropecuario, industrial, construcción de viviendas y servicios sociales; o a la inversión en la fabricación de nuevos hoteles para cuando millones de turistas estadounidenses puedan venir a Cuba. Un somero vistazo a las inversiones, del Período Especial a la fecha, muestra que hoy los resultados son peores que en décadas anteriores.

Analicemos entonces lo ocurrido en los últimos treinta años en el ámbito inversionista y aflorarán algunas causas y factores que solemos pasar por alto.

-I-

La crisis del modelo extensivo de desarrollo aplicado en los países socialistas era indetenible en 1985. Mientras la República Popular China y Vietnam se transformaron radicalmente al adoptar el modelo de economía socialista de mercado, la URSS y demás países del CAME optaron por reformas liberalizadoras (reestructuración/perestroika) que aceleraron el derrumbe del modelo y la transición al capitalismo. Cuba, por su parte, proclamó la Rectificación de errores y tendencias negativas, que pretendió solucionar el problema con fórmulas antimercantiles ya experimentadas y desechadas desde los años sesenta.

En 1990, cuando el intercambio con los países del CAME representaba el 85% del comercio exterior cubano, la URSS decidió unilateralmente que para el año siguiente todo su comercio se haría a precios del mercado mundial y en MLC. Se eliminaban así el rublo transferible y los precios indexados, que incluían un subsidio comercial a la Isla evaluado en más de 100,000 millones de rublos en treinta años.

A esto se sumó la disminución del suministro de petróleo, —de trece millones de toneladas en 1989, a 1,2 en 1992—, por lo que Cuba tuvo que comprarlo a los traders petroleros a precios exorbitantes. El bloqueo se incrementó con la Ley Torricelli que prohibió las transacciones con filiales de empresas norteamericanas en terceros países. Los más de 8,000 millones de USD en importaciones durante 1989, se redujeron a 2,200 en 1992.

Como respuesta, Cuba aprobó ese año una nueva ley encaminada a promover la inversión extranjera directa (IED) —mixtas y en asociaciones económicas— para obtener tecnología de punta, generar empleo de calidad, incrementar exportaciones y sustituir importaciones. A partir de 1993, con la creación del ministerio de Finanzas y Precios, inició un proceso de reestructuración económica basado en la industria turística, que incluía otras medidas liberalizadoras: libre circulación del USD, apertura a las remesas, reintroducción del mercado libre campesino y de productos industriales, descentralización del comercio exterior y apertura de zonas francas.

En 1996, la economía había crecido un 7,8%, lo que indicaba el inicio de una recuperación. Entre 1995 y 2003, se lograron importantes resultados, entre ellos: reducción del déficit fiscal al 2.8% del PIB; de los subsidios a las empresas al 1.3% del PIB y del exceso de circulante, del 56 al 40% del PIB.

Al cierre de 1998, las inversiones crecieron un 7,1% para alcanzar valores superiores a 2,300 millones de pesos. La IED conseguía 345 acuerdos de asociación con empresas cubanas y 243 empresas extranjeras operaban en zonas francas. Más del 50% de las inversiones mixtas y asociaciones con capital foráneo se concentraban en el sector industrial, principalmente en generación eléctrica y petróleo; 27% en comunicaciones y 16% en turismo y actividad inmobiliaria. La tendencia a la revaluación promedio del peso lo situó a 21,8 por USD y garantizaba el equilibrio financiero interno.

Sin embargo, desde que en 1999 Chávez asume el poder en Venezuela, el gobierno cubano vuelve a apostar por la relación preferencial con el nuevo país amigo y colaborador. De ahí que retornara a una elevada centralización de los mecanismos de asignación y utilización de divisas; las asociaciones mixtas fueran reducidas y eliminados los negocios inmobiliarios extranjeros; se disminuyera el número de empresas nacionales autorizadas a realizar operaciones directas de comercio exterior y se reavivara la ojeriza hacia el TCP.

En aquel momento el Gobierno decidió priorizar los servicios profesionales, tanto al interior de la Isla —vía Batalla de Ideas—, como hacia los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en lugar de encauzar la inversión para modernizar y ampliar el sector productivo. Prueba de ello fue que en el 2000 se ordenó desmantelar y triturar gran número de centrales azucareros y vender sus hierros viejos como chatarra.

Desde 2003, las exportaciones de servicios profesionales de alto valor agregado alcanzaron el primer lugar tanto en el PIB como en las exportaciones, desplazando al turismo, que lo tenía desde 1990. A inicios del 2005 se creó la Cuenta Única de Ingresos en Divisas del Estado, que distribuiría las asignaciones en divisas para  los organismos y organizaciones a partir de criterios gubernamentales.

Venezuela y China se convirtieron en nuestros principales socios comerciales, mediante acuerdos que incluían grandes inversiones conjuntas para ampliar y modernizar la industria petro-química, agricultura, telecomunicaciones, biotecnología, turismo, industria ligera, sideromecánica, biofarmacéutica y electrónica. Se priorizaba la creación de plantas ensambladoras, con creciente participación de la industria cubana, enfocadas en sustituir importaciones y exportar hacia el mercado latinoamericano y caribeño.

En 2005 inició el programa electro-energético, con un plan de inversiones que incluía la modernización de los sistemas de transmisión, instalación de nuevos equipos, utilización de vías no convencionales de generación y sustitución de equipos antiguos por otros modernos, menos consumidores.

Sorpresivamente se anunció que Cuba no sería ya únicamente receptora de flujos de inversión externa, sino que comenzaba a ser emisora de inversiones hacia otros países, a través de la construcción de hospitales y plantas para la producción de productos biotecnológicos en China, India, Malasia e Irán.

La crisis del 2008, las dificultades de Venezuela tras la muerte de Chávez y el declive del progresismo latinoamericano, dieron fin al espejismo de una economía de servicios y mostraron la necesidad de promover el sector productivo como garantía de soberanía alimentaria y sustentabilidad del desarrollo nacional. Desde 2008, se promovió el incremento de la explotación agropecuaria, la ampliación del TCP y los pequeños negocios, lo cual atrajo una cantidad, indeterminada pero sustancial, de inversiones a partir de la capitalización de parte de las remesas.

Cuando en el 2010 se produjo la destitución de Yadira García, ministra de la Industria Básica, aún el sector industrial concentraba el mayor volumen de capital extranjero y tenía proyectos de explotación y exploración de crudo con empresas de una decena de países. Venezuela construía un complejo petroquímico en Cienfuegos mediante una inversión comprometida de 5.000 millones de dólares.

No obstante, el tan añorado y descapitalizado sector agropecuario —que llegó a cubrir el 22,3% del total de las inversiones en 1989— redujo su participación al 6,7% en 2012. En particular lo ha perjudicado la ausencia de inversiones hidráulicas, que conllevó a la caída de los rendimientos en cultivos como el arroz, la producción de huevos y la ganadería, con el consiguiente incremento de las importaciones y de las angustias en la mesa familiar.

-II-

La llegada al poder de la administración Obama y el anuncio del deshielo en las relaciones Cuba-Estados Unidos (2014), abrió nuevas perspectivas a la inversión extranjera, la llegada de turistas y el incremento de inversiones en el sector privado. A este escenario favorable se unieron la anunciada terminación de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) y la exitosa renegociación de la deuda externa de Cuba con Rusia, Japón, México y el Club de París.

Sin embargo, en 2014 sobrevino otra inesperada vuelta de tuerca a la inversión no estatal, con la prohibición del funcionamiento de salas de cine 3D y de juegos electrónicos y computacionales privados y la venta de ropa y calzado importados. No se tuvieron en cuenta los problemas de calidad en la oferta de las TRD, sus precios exagerados,  y el hecho de que no se hubiera potenciado una industria nacional que supliera las ofertas privadas.

En ese año se aprobó una nueva Ley de inversión extranjera que otorgó mayores garantías jurídicas y facilidades impositivas a los inversores y les permitió actuar en todas las áreas de la economía, salvo en instituciones armadas, Salud, Educación, y medios de comunicación; fue disminuido el impuesto sobre las ganancias al 15% y se acompañó de una Cartera de Oportunidades de Negocios.

A pesar del favorable escenario existente entre 2009-2016, la economía apenas logró un crecimiento de 2,3%, lejos del 4,4 previsto. En ello influyó que no se lograra captar nunca el monto de 2.000-2.500 millones anuales de USD en inversión foránea, que se estiman forzosos para alcanzar las metas de crecimiento necesarias, de entre 5-7%.

La posibilidad de elevar el monto de inversiones, se vio afectada a partir de 2009 por el pago de los servicios de la deuda externa renegociada, que alcanzó la cifra estimada de 23,000 millones de USD, lo cual limitó los fondos de consumo e inversión del país.

No obstante, nada ha marcado más la política inversionista en la última década que el creciente poder del holding GAESA, el cual se expandió aceleradamente a partir de la asimilación del grupo CUBALSE, también en 2009.

Según estudio del economista cubano Pavel Vidal, la descapitalización es la causa principal del retroceso relativo de Cuba ante economías de similar tamaño en la región —Ecuador, República Dominicana, Panamá, y Costa Rica—, entre 1970 y 2014. En tanto aquellas crecieron un 3.8 % en las últimas dos décadas, Cuba apenas lo ha hecho al 1.7 %, pues tiene una de las tasas más bajas de inversión de América Latina: 12.7 por ciento como promedio en los últimos veinte años.

Tras la llegada de Trump al gobierno en EE.UU., el escenario de inversiones se tornó todavía más difícil para Cuba. La respuesta centralizadora del Gobierno/Partido/Estado no se hizo esperar en la Isla. En 2018, a tenor de una sorpresiva e impopular decisión, se revirtieron algunas de las regulaciones relacionadas con el TCP anunciadas poco antes. Pero lo peor vino del exterior, cuando ante las presiones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Cuba retiró a sus colaboradores del Programa Más Médicos dejando de percibir la parte mayoritaria de sus ingresos por exportaciones de bienes y servicios.

A pesar del desfavorable contexto, entre 2014 y 2020, y aunque la ocupación hotelera nunca ha rebasado el 60% con una tendencia a la baja (45,6 en 2020); la inversión inmobiliaria de GAESA en la construcción de hoteles aumentó, de manera acelerada y sostenida, su participación en la inversión total del país: de un 21,8% al 45,6.

Mientras, disminuían la inversión agropecuaria (de 8,1% a 5,9) y en el sector de Salud (de 2,2 a 0,9). En el primer trimestre del 2021, dicha tendencia se mantuvo inalterable: la inmobiliaria aumentó al 50,3% MP, la agropecuaria se contrajo a 2,6 y la de Salud, apenas a 0,3 en plena pandemia de covid-19.

Quizás en este, como en otros campos, debamos acudir a la experiencia internacional y otorgar más prioridad a la creación y funcionamiento de bancos de inversiones, especialmente en el sector agropecuario. La reorientación del fondo de inversión de la nación —público y privado— debe encauzarse hacia los sectores prioritarios para el presente y futuro inmediato.

Lo cierto es que hasta ahora, en la esfera inversionista, todo parece indicar, parafraseando al secretario general saliente del PCC, que aunque los frijoles puedan ser más importantes que los cañones, no son más importantes que los hoteles.

Ceres, por favor, ¡ven pronto!

Por: Mario Valdés Navia

La Mesa Redonda (MR) del lunes 30 de marzo, dedicada a la agricultura y el transporte, logró hacerme superar mi agnosticismo habitual y despertar mi oculta religiosidad politeísta. Recordé que en el panteón romano Ceres era la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. De sus hijos −los cereales−, se hacía la pasta energética insípida que constituía la base de la comida latina. Su culto estaba ligado a los plebeyos, quienes se encargaban de la producción y el comercio de productos agrícolas.

Tan compleja e importante era su tarea que Júpiter le asignó una brigada de doce dioses menores para atender los aspectos específicos de la agricultura: Vervactor pone la tierra en barbecho; Reparator la prepara; Imporcitor, la rompe; Insitor, siembra; Obarator, ara la superficie; Occator, la canaliza; Sarritor, escarda; Subruncinator, entresaca las siembras; Messor, cosecha; Conuector, transporta lo cosechado; Conditor, lo almacena; y Promitor, lo distribuye.

Al ver la MR de marras me di cuenta que en la última visita de Ceres a los campos cubanos –que no he localizado aún cuando fue− solo dejó atendiéndonos a algunos de ellos. Según las informaciones oficiales sobre siembras y más siembras, se aprecia que Insitor nos ha cogido cariño; al tiempo que Messor, Conuector, Conditor y Promitor, apenas se llegan por aquí. O quizás lo hacen de incógnito, porque al menos en el NTV siempre existen productos del agro en algún lugar de Cuba; solo es preciso saber: cuándo, dónde y a qué precio.

En la intervención del ministro, centrada en la necesidad de sustituir importaciones −de los 2,000 millones que se gastan en alimentos, se considera que se pueden ahorrar entre 600 y 800 con producciones nacionales− sobraron las orientaciones y promesas y faltaron respuestas concretas a la incertidumbre que rodea la producción y comercialización de los productos del agro. En particular, me fueron sorprendentes dos omisiones cardinales: la falta de indicadores económico-financieros en el discurso de tan alta autoridad, y el ocultamiento del papel de los campesinos privados en los resultados agrícolas.

Presidencia Cuba@PresidenciaCuba

El Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, expone la estrategia fundamental de la producción agropecuaria para abastecer de alimentos a la población en medio de la actual pandemia y del reforzamiento del criminal bloqueo del gobierno norteamericano contra #Cuba.

Lo primero es un déficit de vieja data en la información y las decisiones económicas que se adoptan en Cuba. Vale recordar que en todos los documentos rectores del partido/Estado, desde los años 70 hasta hoy, se hace énfasis en la necesidad de aplicar las categorías económico-financieras para el análisis de los asuntos económicos, pero aquí brillaron por su ausencia de manera especial.

Nada se dijo de valor y cantidades de las producciones llevadas al mercado y su relación con los planes; volumen de las necesidades y la demanda efectiva de cada una de ellas –aunque ambos ministros reiteraron que nada llegaría a satisfacer la aparentemente insaciable ¿demanda/necesidad? de la población−; monto y efectividad de las inversiones y, lo más importante, qué podremos esperar concretamente en estos momentos para la repartición controlada o normada, más allá de los precios en alza del mercado libre.

Ni hablar del uso de mecanismos crediticios o fiscales para ayudar a los productores. Ni siquiera se explicó por qué el agro cubano, con 6,4 millones de hectáreas de tierra cultivable –no se especificó si son totales, o en manos del MINAG− solo cultiva 2,5 millones y se riega apenas el 7%. Además, si se entregaron 2,3 millones a unos 250,000 usufructuarios que las tienen en explotación, pues de lo contrario las pierden: ¿qué cantidad es la que explotan realmente las empresas estatales y cooperativas?

Lo más increíble es que se manipuló la estructura territorial del agro cubano al decir que está dividido entre 4,800 cooperativas sin hacer la imprescindible distinción entre ellas. Lo cierto es que en Cuba existen tres tipos muy diferentes: las de créditos y servicios (CCS) que reúnen a campesinos privados para determinadas acciones y donde la tierra y lo producido pertenece al campesino; las de producción agropecuaria (CPA), clásicas cooperativas de socios y asalariados y, las unidades básicas de producción agropecuaria (UBPC), entidades paraestatales subordinadas a grandes empresas.

Hoy el agro, con cerca de un millón de trabajadores (el 20% del total), solo aporta el 3,6% del PIB.

Si bien el 80% de las tierras son estatales, gran parte de ellas están gestionadas por UBPC, usufructuarios y unos 30 mil productores individuales (patieros). No obstante, según las estadísticas oficiales, la mayor parte de las más importantes producciones la hacen las CCS, o sea, el sector privado.

Ante la crisis actual, acentuada por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, que viene a sumarse a la que ya existía, no se plantearon propuestas que fueran más allá de reuniones con productores (¡?), consignas repetidas, compromisos generales y apelaciones innecesarias al honor, compromiso y creatividad de campesinos y obreros que siempre lo han dado todo para producir y abastecer al pueblo.

Con la repetición de tales métodos burocráticos, probadamente obsoletos e ineficaces, difícilmente podrá aspirarse a resultados diferentes. ¡Ceres por favor, llégate pronto por acá con toda tu brigada, o seguiremos en las mismas por secula seculorum!

Para contactar al autor: mariojuanvaldes@gmail.com

( Tomado Joven Cuba)

Las cooperativas en el modelo cubano

Por Mario Valdés Navia | 05/03/2020 | Cuba

Fuentes: La Joven Cuba

Un paso decisivo para la democratización económica en Cuba y la mayor participación popular es el de la descentralización de la propiedad socialista. Esta cuestión exige del fomento de la otra forma de propiedad socialista: la cooperativa, nunca promovida al nivel de la estatal. A estas alturas del proceso, la ampliación de las formas cooperativas apenas se inicia y los acercamientos académicos a ella son aún limitados.[1]

No obstante, es evidente que el sentido de propiedad socialista suele ser mayor en las cooperativas, tanto en las tradicionales Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) como en las modernas Cooperativas de Producción No Agropecuaria (CNA). En ellas los niveles de participación de los socios en la gestión de los medios, la distribución de los resultados y la toma de decisiones es mucho mayor que en las entidades estatales y se acerca más a su ideal de co-propietarios.

A inicios de la Revolución parecía que las cooperativas proletarias tendrían un rol importante en la naciente economía porque las tierras expropiadas de los latifundios cañeros que no fueran repartidas a particulares serían entregadas a los jornaleros devenidos en cooperativistas. De hecho, la conversión del Estado en gran propietario y productor directo en el agro no estaba prevista, ni en el espíritu, ni en la letra de la Primera ley de Reforma Agraria.

Por el contrario, uno de sus por cuanto estipulaba con toda claridad: “La producción latifundiaria, extensiva y antieconómica, debe ser sustituida, preferentemente, por la producción cooperativa, técnica e intensiva, que lleve consigo las ventajas de la producción en gran escala.” Mas, al poco tiempo, esas cooperativas fueron transformadas en las llamadas Granjas del Pueblo y los ex-jornaleros pasaron a ser trabajadores estatales.

Se creó así un inmenso sector estatal rural que se nutrió, no solo de las tierras expropiadas por el INRA, sino también de la recuperación de bienes malversados por Batista y sus secuaces, las expropiaciones a los colaboradores de la contrarrevolución y los propietarios que abandonaran el país, y la nacionalización de los centrales azucareros norteamericanos y sus tierras. El Estado pasó a ser el nuevo señor del campo cubano y las grandes empresas estatales que ocupaban miles de hectáreas, vinieron a ocupar el lugar de los latifundios privados.

Las ideas contrarias al latifundio de cubanos como Manuel Sanguily –a quien se dedicó la ley−, Ramiro Guerra, y tantos otros que pensaron y lucharon por hacer prevalecer la mediana y pequeña hacienda campesina en nuestros campos, con su producción intensiva y ecológicamente sustentable− quedarían pospuestas una vez más hasta el presente.

En saco roto ha caído el conocido pronunciamiento de Lenin: “el régimen de los cooperativistas cultos es el socialismo”. Tampoco se ha tenido en cuenta el éxito que ha tenido su extensión en los modelos de socialismo de mercado de China y Viet-Nam. La suspicacia gubernamental hacia ella radica en que la cooperativa es un paso hacia la descentralización y la alta burocracia, apegada a la estatización verticalista, aspira al monopolio estatal más completo sobre todos los medios de producción, fundamentales y no fundamentales.

Pero los hechos son tozudos, y aunque el texto de los documentos principales del partido/Estado cubano −entre ellos la Constitución de 2019− insisten en el carácter principal de la empresa estatal socialista, los indicadores económicos de los últimos veinte años indican con toda claridad que la tendencia histórica es a la disminución de su importancia dentro del PIB respecto a otros tipos económicos y a la economía sumergida.

Ahora, cuando el inminente proceso de unificación monetaria pende, cual Espada de Damocles, sobre miles de empresas estatales que pueden ir a la quiebra al desvalorizarse su patrimonio y su producción, se discuten variadas opciones para su salvación. Se piensa en subsidiar, privatizar, o aplicar diversas formas del capitalismo de estado –siempre con capital extranjero, único permitido−. Sin embargo, poco se habla de la opción más expedita: su conversión en cooperativas industriales donde los obreros pasen a ser cooperativistas plenos.

A nivel mundial es una variante harto aplicada del cooperativismo y su eficacia ha sido comprobada en todos los continentes. Históricamente, fue una de las formas embrionarias de la propiedad colectiva y ha sobrevivido en varios países como una alternativa a la gran producción capitalista. Desde El Capital de Marx hasta la Comuna de París, las industrias gestionadas por sus propios obreros fueron una de las primeras variantes recomendadas de nacionalización socialista.

Es hora de que los medios de producción que son ineficazmente explotados en manos de empresas estatales cubanas encuentren mejor aprovechamiento en cooperativas surgidas de la clase obrera, y no solo de campesinos y artesanos privados. Prefiero verlos en cooperativas que administrados por capitalistas extranjeros, o por miembros de la burocracia, sus familiares y acólitos, devenidos sorpresivamente en empresarios en diferentes modalidades del capitalismo de estado.

Nota:

[1] El profesor Víctor Figueroa Albelo, de la UCLV fue su principal promotor durante décadas. Un valioso aporte más reciente es el ensayo “Las cooperativas en el nuevo modelo económico cubano”, de Camila Piñeiro (2013), en su libro: “Repensando el socialismo cubano. Propuestas para una economía democrática y cooperativa”. Ruth Casa Editorial-ICICJM, pp. 107-171.