Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

domingo, 10 de febrero de 2019

ACONTECER ECONÓMICO CUBANO



A cargo de L. A. Cañizo

[09.02.2019]- Actualización 11:30 pm de Cuba

Contribución territorial prioriza inversiones en Las Tunas

Autoridades de los ocho municipios de la provincia de Las Tunas han comenzado a darle un giro al empleo de la contribución territorial, al destinar la mayor cantidad de esos fondos a las inversiones, con miras a un mayor desarrollo local.

El cambio de mentalidad de los gobiernos locales continuará en 2019 para darle un uso más eficiente del uno por ciento generado por las empresas, establecimientos y cooperativas, como se evidenció el año precedente, cuando de los 16,4 millones disponibles, 11,8 se utilizaron en inversiones y 4,6 en reparaciones.

Rafael Torres González, director de Economía y Planificación en Las Tunas, citado por el semanario 26, significó que se está incursionando en un proceso de descentralización, lo cual debe traducirse en la comprensión de que la transformación institucional debe estar acompañada de nuevos estilos de trabajo.

Al respecto hay mucho por hacer, teniendo en cuenta la existencia de una economía con dualidad monetaria y cambiaria y con limitaciones en su capacidad importadora; el monto económico no lo es todo, hay que buscar recursos y opciones para evitar las inejecuciones y poder emplear los fondos derivados del cumplimiento de la ley 113 del sistema tributario, explicó el directivo.

Apuestan por mayor eficiencia y mejor calidad en servicio de agua

Brindar cada día un mejor servicio y ser más eficientes, todo sin renunciar al crecimiento de los ciclos de distribución de agua es la meta este año de la empresa mixta Aguas de la Habana.

Su director, Leonel Díaz, ponderó entre las acciones el continuo trabajo para recuperar la estación de bombeo del Hospital Calixto García, parada desde hace 30 años.

En un encuentro con la prensa, el directivo señaló que hoy se encuentran en proceso de ejecución cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en San Miguel del Padrón, para evitar que los desechos generados en ese municipio desemboquen en la Bahía de la Habana.

Construcciones en el Mariel bajo la lupa del análisis

El 2018 fue un año de grandes retos para la Empresa de Construcción y Montaje del Mariel, que cumplió con los objetos de obra previstos en la Zona Especial de Desarrollo Económico.

Según trascendió en la reunión de análisis de los resultados al cierre del año pasado, se debe profundizar en la superación de los cuadros, fortalecer el sistema de las reservas y se necesita trabajar en la objetividad de los directivos.


Los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje del Mariel, también debatieron el tema de la calidad en las obras, la importancia de aplicar lo establecido con el rigor y la exigencia que lleva para erradicar los problemas subjetivos.

Fue analizada la habilitación de operarios claves para garantizar mano de obra calificada, la preparación y estimulación, y la consolidación del sentido de pertenencia para que los trabajadores cumplan la misión de la empresa.

Realizan en Las Tunas control integral de la economía

Un rigurosos análisis y control integral de los principales avances y cuentas pendientes en la economía de Las Tunas dieron por finalizada la visita que durante dos días realizó Jorge Luis Cuevas, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefe de su Departamento Económico.

Cuevas en estrecha comunicación con los directivos de cada una de las empresas, entidades y organismos convocados, chequeó el cumplimiento de la desagregación y discusión del plan de la economía y del presupuesto para el año que recién comienza, así como las causas para que esta tarea aún no haya sido cumplida.

En este sentido instó a que la información en cuanto a la economía sea actualizada constantemente, con tiempos de evaluación más cortos y sin estimaciones, pues a nivel de país se está realizando a diario y no hay razón para que en un territorio en particular no se haga a tiempo y con la disciplina que merece.

Cuevas exhortó a reflexionar sobre las producciones físicas, resaltando que es ahí donde se genera el verdadero valor de la empresa, donde se evidencia la concreción de los productos.

Además, se analizaron las principales fortalezas y debilidades en los 13 rubros exportables de la provincia, así como la necesidad de dominar la estrategia aprobada por el Consejo de Ministros el pasado diciembre sobre los 15 bienes y servicios principales a exportar.

Empresarios evalúan resultados económicos en la agricultura

Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Artemisa, insistió hoy en la necesidad de consolidar la actividad económica en las empresas agropecuarias del territorio.

Durante el análisis de los resultados de trabajo del Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal (GEAF) Artemisa en 2018, Martínez Verdecia enfatizó en la importancia de la preparación de los directivos en temas económicos y solucionar las deudas con los productores en el tiempo establecido.

La también integrante del Comité Central llamó a realizar una gestión de cobro eficaz, pues las cuentas por cobrar en moneda nacional, al cierre de 2018, ascendían a unos 78 millones de pesos.

Yanet Nodarse García, directora de finanzas de la Administración Provincial, explicó que el sistema de trabajo del organismo para eliminar las cuentas por cobrar y por pagar en la provincia, consistente en el análisis semanal con los implicados, ha dado resultados satisfactorios por lo cual la integración de las empresas agropecuarias a este mecanismo constituye una opción para la solución de sus problemas.

Cuba recibe donación para mantenimiento de vías férreas

Francisco Fernández de Castro, vicedirector de la Unión de Ferrocarriles de Cuba informó este 4 de febrero, en La Habana, que el país recibió varios equipos que beneficiarán la creación, reparación y mantenimiento de vías férreas y trasportación de materiales de la construcción.

Se trata de 25 volquetas 2 autodresinas, y 35 silos, estos con capacidad de 50 toneladas cada uno. “Le serán asignados a la unidad básica de ferrocarriles de la centro sureña provincia de Cienfuegos, desde donde se traslada la mayor cantidad de cemento del país”, comentó.

Fernández de Castro afirmó que aumentar los envíos por vía férrea constituye, además, un ahorro considerable de combustible, ya que esos equipos ferroviarios son automotores.

Señaló que las autodresinas son equipos especializados para el trabajo de construcción, reparación y mantenimiento de las vías férreas, y de vital importancia para el restablecimiento de sus parámetros. 

Ejecutan inversión en fábrica La Conchita

Directivos del Consejo de la Administración y la Industria en la provincia cubana de Pinar de Río proyectan un proceso de inversión dirigido a remodelar la industria conservera La Conchita, lo que contribuirá a incrementar las líneas productivas de esta empresa, considerada una de las más antiguas del sector en la región.

Los controles para la ejecución de esas obras fabriles, se realizan semanalmente, las cuales se concentrarán en un inicio en la línea de mayonesa, renglón de alta demanda y comercializado en los dos tipos de mercados existentes en Cuba.

Fuentes: Radio Habana Cuba (RHC); Radio Reloj; Agencia Cubana de Noticias (ACN); Prensa Latina; Opciones/Juventud Rebelde; NTV; Cubadebate

El trastorno de pánico al endeudamiento

Por J. BRADFORD DELONG

BERKELEY – Durante el último decenio, un excesivo temor al déficit fiscal y a la deuda pública ha sumido la política del Norte Global en un estado de locura extrema. Pero hay dos indicios recientes de que tal vez esto por fin esté cambiando.

A principios de este mes, leí en el Sunday Times de Londres una columna sobre el Brexit del eminente y muy bien informado Kenneth Rogoff. Es posible que se lo conozca más que nada por sus declaraciones de hace unos años en el sentido de que los gobiernos no deben dejar que el cociente deuda/PIB supere el 90%. Pero aquí Rogoff señala: “nunca me pareció ni remotamente obvio que el RU deba preocuparse por reducir el cociente deuda/PIB [en la actualidad es 84%], en presencia de un ligero crecimiento, alta desigualdad y (…) caída de los (…) tipos de interés (…)”.

Esto fue a continuación de un artículo del periodista Brendan Greeley publicado en el Financial Times a fines del mes pasado. Greeley dijo que había recibido lo que denominó “un e‑mail aterrorizado” del Comité por un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), un centro de análisis estadounidense que cierta vez dio un premio por responsabilidad fiscal a Paul Ryan, entonces presidente de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su e‑mail, el CRFB advirtió contra la “tergiversación” de un discurso dado por mi viejo profesor Olivier Blanchard ante la Asociación Estadounidense de Economía, en el que básicamente dijo que la deuda pública es una herramienta que los gobiernos deben usar cuando sea necesario.

Lo que hoy están diciendo Rogoff y Blanchard es economía política estándar. De hecho, siempre me costó creer (todavía me cuesta) que alguien pueda oponerse. Cuando el sector privado no gasta lo suficiente para que haya poco desempleo y sea fácil encontrar trabajo, el sector público debe cubrir el faltante de demanda agregada.

El modo normal de hacerlo es que el banco central compre bonos a cambio de efectivo, lo que inducirá a los que entonces tendrán efectivo adicional a aumentar el gasto. Pero cuando el tipo de interés está por el piso, el deseo del sector privado de gastar efectivo adicional en vez de conservarlo disminuye. En estos casos, al estímulo monetario hay que ayudarlo con el estímulo fiscal: es decir, la compra directa de bienes y servicios por parte del Estado.

Esto puede provocar temor a que la deuda pública aumente “demasiado”, de modo que emitir más deuda para financiar más gasto público termine siendo mal negocio, incluso si con eso se impulsa el empleo. Pero solamente sería mal negocio si el Estado tuviera que endeudarse a tasas altas, como sucedió a inicios de los noventa. Y solamente será arriesgado en la medida en que la deuda pública deba renovarse a tasas altas. De modo que la señal de cuándo es necesario recortar el déficit y poner el cociente deuda/PIB en una senda descendente la dará el mercado de bonos.

El principio de que el costo de la deuda se mide por el tipo de interés debería parecer sencillo y obvio. Pero durante el último decenio (hasta ahora) el debate público en el Norte Global consideró esta idea una extravagancia “ultrakeynesiana”.

La manifestación plena del trastorno la sitúo el 27 de enero de 2010. Esa noche, en su discurso sobre el estado de la Unión, el entonces presidente Barack Obama anunció que era hora de que el Estado se ajustara el cinturón, que iba a congelar el gasto público y que vetaría proyectos de ley aprobados por el Congreso (entonces, de mayoría demócrata) que cruzaran el límite de gasto. En aquel momento, lo primero que pensé fue que amenazar con vetos a sus dos principales colaboradores, la presidenta de la Cámara (Nancy Pelosi) y el líder de la mayoría en el Senado (Harry Reid), era una forma muy rara de crear camaradería intrapartidaria, y un modo inédito de mantener una coalición de gobierno en funcionamiento.

Los exintegrantes del equipo de política económica de Obama dicen que fue el gobernante más racional y correcto del Norte Global en la primera mitad de esta década. Y tienen razón. Pero hay un claro indicador del temor de esos tiempos a la deuda en el hecho de que el discurso de Obama (pronunciado cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos todavía era del 9,7%) contradijera la observación que formuló John Maynard Keynes en 1937: “La expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal”.

Todavía no tengo claro por qué el Norte Global cayó en este ataque de negación de los principios económicos básicos. Es evidente que el tipo de interés es una medida del costo de la deuda y del déficit, como es evidente que la austeridad es inadecuada cuando hay alto desempleo. Pero ahora que figuras como Rogoff y Blanchard han intervenido en el debate, tengo la esperanza de que los economistas del futuro recuerden la penosa historia de este último decenio y eviten que se repita.

Traducción: Esteban Flamini


J. BRADFORD DELONG is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a research associate at the National Bureau of Economic Research. He was Deputy Assistant US Treasury Secretary during the Clinton Administration, where he was heavily involved in budget and trade negotiations. His role in designing the bailout of Mexico during the 1994 peso crisis placed him at the forefront of Latin America’s transformation into a region of open economies, and cemented his stature as a leading voice in economic-policy debates.

Así marcha el trabajo por cuenta propia

Por: René Tamayo, Yuniel Labacena

El 29 por ciento de quienes ejercían el trabajo por cuenta propia al cierre de diciembre último eran jóvenes. Foto: Calixto N. Llanes
A escasos dos meses de la entrada en vigor de las nuevas normas para el reordenamiento y desarrollo del trabajo por cuenta propia, Juventud Rebelde hace una primera aproximación al tema. Conversó con Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social.
—¿Cómo se ha comportado la solicitud de incorporación al trabajo por cuenta propia tras la entrada en vigor el pasado 7 de diciembre de las medidas para perfeccionar la actividad?
—Al cierre de diciembre último había 580 828 trabajadores por cuenta propia (TPCP). El 29 por ciento son jóvenes y el 34 por ciento, mujeres. El 15 por ciento laboran también en el sector estatal, y un diez por ciento son jubilados. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan el 65 por ciento de los TPCP en el país.
“Las actividades más representativas continúan siendo las de alimento (paladares, cafeterías, vendedores ambulantes), con el nueve por ciento; el transporte de carga y pasajeros (ocho por ciento); el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (seis por ciento); los agentes de telecomunicaciones (cinco por ciento); y los trabajadores contratados (26 por ciento), en lo fundamental asociados a las actividades de alimento y transporte”.
—¿De las 123 actividades autorizadas tras la unificación de 96 de ellas, cuáles son las más demandadas y los oficios más recurrentes?
—Por el poco tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las medidas, todavía no debemos hacer un análisis de ese tipo. Hay un grupo de personas a las que de oficio se les unificaron las actividades, lo que está teniendo un impacto positivo en cuanto a la ampliación de los servicios que prestan. Tendremos que ver en los próximos meses cuál es el comportamiento en unas y otras; de momento, se destaca el servicio de belleza.
—¿Cuántas personas están ejerciendo más de una actividad?
—Según el último cierre, 15 466 trabajadores por cuenta propia ejercen más de una actividad. Se simultanean mucho las relativas a los alimentos. Recordemos que una de las modificaciones de la política, a partir de los criterios emitidos por los propios TPCP, fue eliminar la restricción a restaurantes (paladares) y cafeterías de que solo podían disponer de 50 capacidades. Entonces confluyen mucho las licencias de cafetería y paladares; arrendamiento y actividades de alimentos, y el de agente de telecomunicaciones.
“El trabajador por cuenta propia puede ejercer cotidianamente más de una actividad siempre y cuando no interfiera una con la otra, o cuando por la propia naturaleza de ellas, puedan realizarse al mismo tiempo”.
—¿Cómo ha sido la incorporación a las 26 de las 27 actividades cuyo otorgamiento de licencias fue congelado en 2017?
—El 80 por ciento de las nuevas autorizaciones están concentradas en las actividades de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, cafeterías, y los restaurantes.
—¿Cuándo podría reiniciarse el otorgamiento de la licencia para programador de equipos de cómputo, lo cual debía esperar a que concluyera una propuesta del Ministerio de Comunicaciones, que es el organismo rector?
—Continúa temporalmente limitada. El Ministerio de Comunicaciones presentó una propuesta para el perfeccionamiento de la actividad como nueva forma de gestión; o sea, es una propuesta integral sobre cómo va a funcionar en el ámbito del sector estatal y no estatal. No se circunscribe solo al trabajo por cuenta propia.
—La eliminación del límite de 50 capacidades en los servicios gastronómicos en cafeterías, servicios gastronómicos en restaurantes, y servicio de bar y recreación fue bien acogida. ¿Muchos TPCP con estas licencias han ampliado las capacidades?
—No tenemos información de cuántas personas pudieran o no estar ampliando sus capacidades; lo más importante en este caso es que siempre estaría en correspondencia con la estructura de la vivienda según lo dispuesto en la propiedad, o del local arrendado.
“La licencia para estas actividades se otorga con previa aprobación de los grupos multidisciplinarios en los territorios, que están integrados por Planificación Física, Salud Pública, la Administración Tributaria (ONAT), Trabajo, Higiene y Epidemiología, y  Turismo. La norma estableció que el límite lo pone el local. El trabajador por cuenta propia tiene la responsabilidad, para el confort y la prestación de sus servicios, de determinar qué cantidad de personas acogerá el local”.
—Pero en esto hay excepciones…
—La excepción está en la actividad de servicio de bar y recreación, en la que el Cuerpo de Bomberos dictamina el límite máximo de capacidad del local, a fin de garantizar la seguridad de las personas en un momento dado, como en un incendio. Se exigen también puertas auxiliares para la evacuación y la correcta señalización lumínica de estas, pues constituyen lugares que por lo general funcionan a media luz. Es solo para esta actividad que se está dando un dictamen, en función de garantizar la seguridad de las personas.
“Además de ello, es muy importante que los locales dedicados al servicio de bar y recreación estén insonorizados, algo que debe ser avalado por las autoridades sanitarias. Este también es un requisito indispensable en la evaluación, previo al otorgamiento de la autorización para brindar este servicio. No pueden crearse molestias a la comunidad.
«Queremos que el trabajo por cuenta propia se desarrolle, pero que sea en un marco de legalidad y cumplimiento de las normas, empezando por las de convivencia. Por otro lado, nada de esto es exclusivo para el TPCP,  también es obligatorio para los servicios de este tipo en el sector estatal. Lo que estamos haciendo no difiere en nada de lo que tiene establecido el país para el sector estatal”.
—Todas estas permisologías marcan una diferencia entre la política anterior para el trabajo por cuenta propia y la actual. Antes los trámites eran muy formales, se llevaba la documentación requerida y prácticamente, casi que de oficio, se otorgaban las licencias, al margen del cumplimiento de requisitos lógicos, elementales, como los de convivencia…
—Son de las cuestiones que cambian con la política. Ahora, además de los documentos consabidos, debe presentarse el proyecto de la actividad que va a realizar, qué hará, dónde lo hará, con quién la va a realizar.
“De qué manera usted va a poner una carpintería en un edificio de apartamentos sin molestar a los vecinos; cómo va a poner un servicio de reparación de baterías en un apartamento sin tener en cuenta el tema de los gases contaminantes, que no solo puede afectar la salud del vecino, sino la de su propia familia, y así pasa también con el tema del polvo, el ruido, y otros”.
—¿Y en la protección a los trabajadores contratados?
—Es muy importante este asunto. Los TPCP autorizados a contratar trabajadores están obligados a formalizar el contrato de trabajo o documento equivalente. Por tanto, en el trámite hay que incluir la solicitud de autorización para emplear a trabajadores contratados y proyecto de contrato de trabajo o documento equivalente, en el que se precisen las cláusulas y condiciones acordadas que ambos firmarán, y en el que deben quedar claros los términos a pactar, los que a su vez tienen que estar ajustados a lo que establece el Código de Trabajo.
“Deben garantizarse los derechos fundamentales que el Código de Trabajo establece para los trabajadores contratados,  en el que rigen las normas dispuestas para los contratos —a tiempo determinado—, deben incluir la labor y el lugar donde se realiza el trabajo; la duración y el régimen de trabajo y descanso, que incluye las vacaciones, la cuantía y forma de la remuneración; las condiciones de seguridad y salud en correspondencia con la labor que se realiza, y cualquier otra cláusula que acuerden las partes.
“Un trabajador por cuenta propia contratado debe saber y exigir por el cumplimiento de estos derechos. El cumplimiento de los contratos de trabajo es fundamental”.
—¿Cómo se está comportando la apertura y operación de cuentas bancarias fiscales?
—Según la información aportada por el Banco Central de Cuba, en diciembre se habían abierto 10 763 cuentas bancarias fiscales por quienes están obligados a operar este tipo de cuentas. El 73 por ciento pertenece a arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.
“La Oficina Nacional de Administración Tributaria está desarrollando un proceso de convocatoria a todos los TPCP que deben hacerlo, a que acudan a las instituciones bancarias para aperturarlas, pues esto tiene términos asignados en la ley”.
—¿Cuáles son las dudas más reiteradas que tiene hoy la población sobre el trabajo por cuenta propia en lo concerniente a la obtención de licencias y el ejercicio en sí del oficio?
—Cuando se hicieron los seminarios a los TPCP para su capacitación, tras el anuncio a mediados de 2018 de las normas que entrarían en vigor en diciembre último, se recibieron por diferentes vías 936 planteamientos. Del análisis de estos y de otros surgidos en la práctica, se obtuvieron ideas y criterios valiosos para enriquecer la política, por eso se modificaron algunos elementos de las normas previamente anunciadas.
“Como recordaremos, las principales modificaciones fueron la posibilidad de ejercer más de una actividad siempre que se cumpla con lo regulado; la eliminación del límite de 50 capacidades para el servicio de restaurant, bar y cafetería, y poder establecer más de una actividad de este último tipo en un mismo domicilio legal; y en la actividad de panadero-dulcero se incluyó la posibilidad de vender bebidas no alcohólicas. Asimismo, se aprobaron modificaciones en cuanto al saldo mínimo, los depósitos y las  transferencias en la cuenta bancaria fiscal.
“Hay otro grupo de opiniones. Y continuarán, a partir de los espacios y vías que para ello existen. Los TPCP solicitan que se unifiquen más actividades. Está ocurriendo con las licencias en el área de los alimentos. Más allá de que se puedan obtener varias autorizaciones para ejercer estas actividades por una persona, plantean que pudiera adecuarse y tener una sola autorización para todas.
“Se expone, por ejemplo, que en dependencia del lugar, en un local por la mañana pudiera darse servicio de desayuno como cafetería, y en el horario de almuerzo y comida funcionar como restaurante. Quienes están haciendo estas propuestas exponen que esto pudiera quedar explicado en los proyectos que deben presentarse en la solicitud de autorización, al incluir la planificación de los horarios de servicios”.
—¿Solo se piden fusiones en el área de la gastronomía?
—No, se ha solicitado asimismo unificar otras que por su alcance pueden tener un perfil más amplio, por ejemplo, la de artesanía y la de talabartería, atendiendo a la afinidad de estas labores. También están las personas con licencia de fotografía que en sus locales plastifican carnés, hacen llaveros, fotocopian… Están pidiendo que se haga un estudio para unificar estas actividades y así dar un servicio más integral.
—¿Qué otras solicitudes se están planteando?
—Se ha propuesto, además, que se reduzca el término de hasta 90 días dispuesto para las actividades que se otorgan con previa evaluación del Grupo multidisciplinario a nivel de los consejos de la administración provincial, en las que se incluyen los servicios de restaurantes y de bar y recreación, y para arrendar viviendas, habitaciones y espacios en caso de alquilar la casa completa o más de cuatro habitaciones. Los TPCP sugieren que la evaluación de las solicitudes se realice a nivel municipal, a fin de abreviar los plazos, y en correspondencia con la nueva Constitución de la República, tras el Referendo, la cual fortalece el papel del municipio.
“También se está demandando mayor flexibilidad en los horarios de los establecimientos, los cuales son aprobados por los consejos de la Administración, pues no pueden ser de manera homogénea. Se ha pedido que sobre todo los más vinculados con los servicios a la comunidad, se aprueben casuísticamente, a partir de la propia solicitud que haga el trabajador por cuenta propia.
“Hay personas que quieren abrir muy temprano porque pretenden ofertar desayunos; otras por la madrugada porque dan un servicio de merienda… Está en dependencia de lo que vayan a ofertar, o porque entienden que hay un buen mercado en esos horarios. Usted no puede poner horarios generales para todos, eso no es justo.
“Han continuado igualmente las quejas de arrendadores sobre la disposición de requisitos adicionales para brindar hospedaje, fuera de lo dispuesto en las normas jurídicas. En varios espacios se ha tratado de esclarecer al respecto. Estos requisitos son para quienes se contraten a través de una agencia del Ministerio de Turismo (Mintur), que exige determinados estándares de calidad, pero sigue la confusión.
“Los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios que no están vinculados al Mintur, cumplen los requisitos que establece la norma en el alcance de la actividad, y ningún cuerpo de inspección puede exigir por encima de eso. Hemos tenido que hacer requerimientos al respecto.
“Otro reclamo es el mercado mayorista. Se han buscado algunas alternativas, como la Zona+, centros comerciales minoristas especializados de la Corporación Cimex, con productos de gran formato y variedad; anualmente se destina un presupuesto para la importación de mercancías con destino específico al TPCP, para su venta en la red de tiendas minoristas, pero aún no es suficiente y se buscan soluciones”.
—Hasta aquí hemos hablado de lo que piden y piensan los trabajadores por cuenta propia. ¿Cuáles son, según el criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los problemas que aún persisten en el funcionamiento de esta actividad?
—Todavía hay personas que ejercen de manera ilegal las actividades, y eso no puede enfrentarlo solo un cuerpo de inspección, tiene que hacerse de manera integral. La mayoría de las ilegalidades ocurren en la vía pública y en las afueras de las entidades estatales. Se requiere un actuar conjunto de todos. A veces en el exterior de una tienda se permite que anuncien y saquen de todo, y que lo vendan ahí, incluso productos que son adquiridos en esa misma tienda, y ya se agotaron. La administración no puede permitir eso.
“También ocurren irregularidades e ilegalidades por parte de quienes ejercen en áreas comunes del trabajo por cuenta propia. Esos establecimientos tienen un jefe, e independientemente de que las responsabilidades son individuales, el administrador tiene una función estatal que debe cumplir. Estas instalaciones son para ejercer la actividad de manera ordenada. Recientemente visitamos algunas de estas áreas, pero no hablamos con los TPCP, sino con los administradores, porque los primeros hacen lo que estos le permiten. Hay que poner orden”.
—¿El perfeccionamiento del sistema de control va teniendo resultados? ¿Se va concretando el propósito de lograr medidas de control mucho más eficaces e integrales para que las actividades continúen desarrollándose de forma legal y ordenada? ¿Qué problemas persisten aún en este ámbito?
—Las medidas puestas en vigor el pasado 7 de diciembre todavía son incipientes para pensar o decir que existe un cambio en el control. Pero sí podemos asegurar que hay algunos aspectos de las normas establecidas que se cumplieron y otros se están cumpliendo. Por ejemplo, en cada uno de los territorios —a nivel de municipio y provincia— se designó un vicepresidente del Consejo de la Administración que integra en su gestión la organización y control del TPCP, auxiliado de un grupo de trabajo multidisciplinario para la toma de decisiones.
“Se están visitando, además, a todos los trabajadores por cuenta propia con autorizaciones para ejercer las actividades que habían sido suspendidas, con el fin de comprobar que se están ajustando a lo establecido. Ahora hay que organizar la inspección para que se realice de forma integral, en composición de equipo, que es uno de los aspectos fundamentales que cambiaron con las nuevas normas.
“Al cierre de diciembre se impusieron 793 medidas por incumplimiento de la legislación. De ese total, 610 fueron notificaciones preventivas y 183 multas, el 18 por ciento por ejercer de manera ilegal.
“Estamos trabajando para consolidar el sistema de control. Nuestro Ministerio recibe información mensual del comportamiento de la actividad en cada uno de los territorios, y en el grupo nacional que se ocupa de este tema, evaluamos los resultados de la implementación de la nueva política para evitar que vuelvan a producirse desviaciones de lo acordado, porque no favorecen a nadie, ni al país ni a quienes se desempeñan en esta forma de empleo.
“En el desarrollo del TPCP han existido varios procesos de perfeccionamiento como este de ahora. Somos dialécticos, por ello realizaremos cuantos cambios sean necesarios, porque esta es una modalidad de empleo importante, incrementa la oferta de bienes y servicios a la población, libera al Estado de actividades que no son fundamentales, y los impuestos constituyen fuentes de ingresos para los presupuestos locales. Hay que preservar esta forma de gestión no estatal en un acto de legalidad”.

¿Dónde estudiar lo legislado?

El pasado 10 de julio la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición extraordinaria No. 35, publicó una veintena de normativas que perfeccionan el trabajo por cuenta propia y su sistema de control.
El cuerpo legislativo está integrado por cinco decretos-leyes (353, 354, 355, 356 y 357), aprobados por el Consejo de Estado; un decreto (349), del Consejo de Ministros, y 14 resoluciones complementarias de los ministerios de Economía y Planificación (182); Finanzas y Precios (194, 195, 196, 197 y 198); Industrias (87); Salud Pública (179); Trabajo y Seguridad Social (11 y 12); Transporte (174, 175 y 176); y del Instituto Nacional de Planificación Física (31).
A excepción de las regulaciones para el transporte —entraron en vigor a los 90 días de publicadas (8 de octubre)— el resto lo hizo a los 150 días, con el fin de garantizar la preparación de las estructuras administrativas y la capacitación de los TPCP.
(Tomado de Juventud Rebelde)

Resumen ejecutivo: las consecuencias económicas del boicot contra Venezuela ( 350 000 millones de USD )



La Unidad de Debates Económicos de CELAG ha realizado un estudio en el que demuestra que el bloqueo financiero internacional a Venezuela desde 2013 es el principal responsable de la crisis económica. Este bloqueo supuso la pérdida de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, según uno de los escenarios planteados dentro del modelo macroeconómico de consistencia que fue utilizado.

El estudio subraya la importancia capital de los bloqueos financieros para estrangular la economía de un país. Los ataques externos a la capacidad económica y productiva de una nación pueden acabar con la misma en cuestión de pocos años y, en los últimos tiempos, suelen ser el preludio a una intervención militar. En este sentido, los autores advierten que la supuesta crisis humanitaria y la migración de centenares de miles de venezolanos tienen su origen en el boicot económico de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, el Gobierno estadounidense justifica una eventual intervención en esa presunta catástrofe humanitaria y en la emigración masiva que su bloqueo, precisamente, habría creado.

En el caso de Venezuela, el bloqueo se ha basado en la expulsión del país de los mercados financieros internacionales, impidiéndole recurrir al mercado de créditos tanto para renovar vencimientos como para realizar nuevas colocaciones. En un país integrado al mundo como proveedor de petróleo, la especialización productiva condujo a una alta dependencia de las importaciones que resultan financiadas con los ingresos petroleros. Es por eso que el boicot financiero y comercial sobre Venezuela tiene consecuencias mucho más graves que en economías diversificadas.

Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia en 2013, el sector público venezolano dejo de recibir en términos netos flujos que en el quinquenio 2008-2012 habían supuesto más de 95.000 millones de dólares, es decir, unos 19.000 millones de dólares anuales.

A esto hay que añadir los cuantiosos pagos que supuso la elevación del riesgo país por parte de las agencias calificadoras. A pesar de que Venezuela cumplió puntualmente los pagos de la deuda externa, agencias como Standards & Poors o Moody´s colocaron el riesgo país por encima de los 2.000 puntos desde 2015, con picos de hasta 5.000 e incluso 6.000 puntos recientemente. Los motivos aducidos por estas calificadoras a la hora de evaluar países son opacos pero la tendencia es puntuar bien a aquellos que favorezcan políticas de libre mercado y castigar lo contrario. Así es como la deuda venezolana, a pesar de seguir pagándose sostenidamente, era calificada como de altas probabilidades de default con una calificación peor que la de países en guerra como Siria.

Por este motivo, el Gobierno venezolano tuvo que pagar en el quinquenio 2013-2017 más de 17.000 millones de dólares, unos 3.300 millones de dólares anuales.

En resumen, si se suma el valor promedio anual de divisas que ya no entraron producto del bloqueo (19.200 millones), más lo que el país tuvo que pagar promedio cada año correspondiente a la deuda externa (3.300 millones), se puede concluir que la economía y la sociedad sufrió una asfixia internacional de 22.500 millones de dólares anuales producto de una estrategia deliberada internacional de aislamiento financiero. Evidentemente esta presión financiera se intensificó desde 2015 con la caída del precio del crudo.

Todos los escenarios planteados por el estudio de CELAG demuestran que la economía cada año habría tenido un mejor comportamiento en el caso de que se hubiera dispuesto de esos 22.000 millones de dólares anuales. Por el contrario, la pérdida de esa cantidad explica en un 60% el deterioro económico. Como consecuencia del bloqueo, las pérdidas en producción de bienes y servicios oscilaron entre una horquilla de 350.000 millones y 260.000 millones en el periodo 2013-2017, lo que supone entre 12.200 y 13.400 dólares por cada venezolano o venezolana. El país perdió en ese quinquenio entre 1,6 y 1,1 Productos Internos Brutos.

Un país tan dependiente de las importaciones como Venezuela no puede activar su aparato productivo sin divisas. El estrangulamiento de la financiación exterior ha significado, en términos metafóricos, un bombardeo masivo sobre sus fábricas e industrias. Si el Gobierno de Nicolás Maduro hubiera contado con un financiamiento internacional como del que dispuso Mauricio Macri en sus primeros tres años de mandato, el crecimiento del PIB venezolano sería superior al argentino.

Vea el informe completo en: https://www.celag.org/las-consecuencias-economicas-del-boicot-venezuela/