Hacer cuentas y vivir del cuento: de la “actualización” al “ordenamiento”

El empleo, el desempleo y la reproducción de la vida en Cuba

Por Ailynn Torres Santana, OnCuba

febrero 8, 2021

en Sin filtro

Foto: Julio César Guanche

“Se supone que no haya grandes perdedores”, “no pueden haber desamparados”, “nadie quedará desamparado”, son algunas de las declaraciones oficiales de las semanas de enero de 2021. Ellas se enuncian a propósito de “la tarea ordenamiento” de la economía cubana.

Al unísono, se ha afirmado que es necesario “promover un mayor interés por el trabajo”, que “ahora la gente y las familias tienen que sacar cuentas”. Se habla también de “la necesidad de trabajar” que impulsa la “tarea de ordenamiento”. Se asegura, en alta voz, que “se acaba el vivir del cuento”.

Puestos en relación, los dos tipos de titulares sugieren que el ordenamiento no solo va a intentar resolver —nuevamente— las distorsiones de la economía, producidas por malos diseños e ineficientes implementaciones internas y por la asfixia de los gobiernos estadounidenses a su homólogo y pueblo cubanos. El ordenamiento también promoverá una suerte de corrección a la concepción del trabajo que tiene la ciudadanía, y a los arreglos que hasta el momento había que desplegar para vivir.

“Nadie quedará desamparado”

La referencia a que “nadie quedará desamparado” es continuidad de procesos y discursos previos. En los 1990, Fidel Castro afirmó en V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que lo que se tuviera se repartiría “entre todos”. Esa crisis transformó la estructura socioclasista. En el año 1984 el índice de pobreza era de 6,6 %1 y a inicios de los 2000 había un 20% de pobreza urbana.2 El empobrecimiento fue inevitable, aunque no hubo desentendimiento institucional respecto a la búsqueda de ciertos amortiguadores. También aumentaron de forma drástica el costo de la vida y la cantidad de trabajo (remunerado y no remunerado) que las familias tuvieron que poner en juego para asegurar la subsistencia. Mientras, el valor real de los salarios cayó en picada.

En fecha más reciente, cuando Cuba inició otra reforma guiada por los Lineamientos de la Actualización del Modelo Económico y de Política Social (2011), el entonces presidente Raúl Castro afirmó lo ya dicho: “nadie quedará desamparado”. A mediados del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 arreciaba el mundo, Miguel Díaz-Canel, actual presidente, anunció reformas económicas que nuevamente prometían intervenir las distorsiones de la economía nacional; en su alocución reiteró: nadie quedará desamparado.

El 1 de enero de 2021 comenzó una nueva etapa: la “tarea de ordenamiento”. En el campo de la economía monetaria, es probablemente el cambio más esperado, manoseado y profundo: reformas monetaria, cambiaria y salarial. Se ha desplegado también un nuevo programa de eliminación de los llamados “subsidios y gratuidades indebidas”.

Entre la “actualización” (2011) y el “ordenamiento” (2021) ha pasado una década en la cual las distorsiones del sistema socioeconómico han asegurado el aumento de la desigualdad y de la pobreza.

El cuento sobre el vivir del cuento

Para la ciudadanía, lo anterior ha tenido costos dramáticos. El esfuerzo familiar, colectivo, individual, no ha mermado; todo lo contrario. Los subsidios han disminuido progresivamente y también lo que representan los salarios estatales —y los ingresos en general— para las familias y las personas.

Las acrobacias del día a día han tenido que ser más riesgosas, más inciertas, se han vuelto estructurales. “La lucha”, “la pelea”, “el invento” y “el cuento” no son otra cosa que estrategias de sobrevivencia, abigarradas, fragmentarias pero persistentes del pueblo. Una parte de ellas funcionan dentro de redes estructurales de corrupción que no existen porque “la gente es mala y no merece”. Hay un orden, también institucional, que las produce en la forma de garantías al “mercado negro” (segunda economía), sobornos, prebendas, poderes ejercidos frente a otros poderes, relaciones de reciprocidad que son posibles porque antes ha habido robo, corrupción o “desvío de recursos”.

Esos no son atavismos ciudadanos. La posibilidad de asegurar ingresos y recursos suficientes por vías formales se ha raquitizado con el paso de los años. La ampliación parcial del sector no estatal, y específicamente del Trabajo por Cuenta Propia (TCP), no logró contener la precarización de los salarios estatales ni la expulsión de masas de personas del empleo formal en algún sector. Los números ayudan a verlo con claridad.

Las cifras

En 2010, Raúl Castro afirmó en el discurso de clausura del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas:

“Si mantenemos plantillas infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional y pagamos salarios sin vínculo con los resultados, elevando la masa de dinero en circulación, no podemos esperar que los precios detengan su ascenso constante, deteriorando la capacidad adquisitiva del pueblo. Sabemos que sobran cientos de miles de trabajadores en los sectores presupuestado y empresarial, algunos analistas calculan que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas y este es un asunto muy sensible que estamos en el deber de enfrentar con firmeza y sentido político”.

Enseguida aclaró que “la Revolución no dejará a nadie desamparado”. Cinco meses después , la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) anunció que en los seis meses siguientes quedarían disponibles —despedidas— 500 mil personas del sector estatal; la cifra se duplicaría a fines del 2011 y alcanzaría un total de 1,3 millones en 2014. Ese proceso era imprescindible para corregir las distorsiones de la economía cubana, pero tenía altos costos sociales y políticos. Se esperaba que la flexibilización del sector no estatal de la economía contribuyera a la creación de empleos.

En principio, el plan anunciado por la CTC se pospuso. Pero una década después, estamos en condiciones de evaluar lo que verdaderamente ha sucedido.

Entre 2010 y 2019, la tasa de actividad económica cubana disminuyó considerablemente: de 74,9 a 65,2. Eso quiere decir que, antes de la “tarea de ordenamiento”, la relación entre la población en edad laboral y la población económicamente activa se estrechó en casi 10 puntos porcentuales. La baja del indicador puede deberse a al menos cuatro razones.

Primero, al propio programa estatal de reducción de plantillas. Segundo, al reflejo en las estadísticas de la eliminación de formas de estudio que eran consideradas un empleo y ya no lo son (trabajadores sociales, maestros emergentes y otros, recibían una remuneración durante su período de formación profesional, como parte de los programas de la Batalla de Ideas). Tercero, a procesos de emigración hacia el exterior: personas que viven fuera del país pero mantienen su estatus de residentes y, por tanto, contabilizan como población en edad laboral pero no están ocupadas ni desocupadas. Cuarto, a la incapacidad del TCP para absorber el excedente de fuerza de trabajo del sector estatal. Ninguno de los factores se explica por la desidia de las personas ni por la existencia de un “papá Estado” que permita vivir sin trabajar para percibir ingresos.

Pero hay más. En 2010, 4millones 178mil personas estaban ocupadas en el sector estatal. En 2019, eran 3millones 78mil. El dato informa un hecho: 1millón 100mil personas salieron del sector estatal entre 2010 y 2019. Entonces, y después de todo, el plan anunciado de reducción del empleo en el sector estatal se cumplió. Sin embargo, las deformidades del sistema socioeconómico no se corrigieron. El problema, que sabemos es resultado de distintos factores, no se “corrigió” con el cambio de uno de los indicadores, todo lo contrario. A partir de 2021 es probable que haya más desempleo estatal, ahora debido a la “tarea de ordenamiento”, pues un número aún incierto de empresas de ese sector no sobrevivirán la reforma.

¿A dónde fueron ese más de un millón de personas? Unas 629 mil 800 fueron al TCP de modo formal; o sea, con licencias. Pero otras 470 mil 200 personas quedaron fuera tanto del sector estatal como del TCP.1

Hay tres opciones (no excluyentes) para ese grupo: a) fueron a hacer trabajo informal en el sector privado (sin contrato y, por tanto, sin derechos laborales), al autoempleo también informal, o hacia actividades directamente ilícitas, b) fueron a trabajar de forma no remunerada en los hogares (“amas de casa”), c) salieron del país conservando su residencia.

Si tenemos en cuenta que en la década se ha producido un encarecimiento progresivo del costo de la vida, ha aumentado la escasez de bienes básicos y han disminuido los subsidios, es probable que al menos una parte muy importante de ese grupo se haya sumado a la masa de trabajadores y trabajadoras que engrosan el sector del trabajo informal. Ahí buscan —y eventualmente logran— ingresos desde los márgenes de lo normado y, también, del marco que provee derechos laborales.

El plato sobre la mesa sigue siendo lo imprescindible y, para eso, la gran mayoría del pueblo siempre ha necesitado sacar cuentas. Decir lo contrario desenfoca interesadamente la mirada.

La pandemia… y lo que no es cuento

En 2021 la situación es más grave. La pandemia ha caotizado lo que ya era un escenario de difícil manejo. El impacto global de la COVID-19 y su asfixia al turismo y a otros sectores de la economía ha impactado negativamente al país y a la ciudadanía. El recrudecimiento de las sanciones estadounidenses al gobierno y pueblo cubanos ha sumado leña al fuego.

El TCP, que había dado empleo a cientos de miles de personas, se ha estrechado dramáticamente. En febrero de 2021, 250 mil trabajadoras y trabajadores del TCP habían suspendido sus licencias (45,5% del total). Han quedado sin ingresos, no tienen seguro de desempleo y hoy viven de ahorros o se han incorporado a un sector informal que podría estar también precarizado porque la escasez continúa escalando.

En este contexto, una de las invitaciones oficiales es a que ciudadanos y ciudadanas “se interesen por el trabajo”. ¿Pero cuál trabajo?

Parte de las comunicaciones sobre la “tarea de ordenamiento” ha celebrado que las personas estén acudiendo a las oficinas locales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en busca de empleo. Cifras de Cubadebate informan que, al cierre de este 5 de febrero 92 651 personas habían acudido a buscar empleo. De ellas, alrededor del 52% tuvieron buen curso; o sea, las personas habían aceptado alguna de las ofertas disponibles.

¿Qué representa ese número frente a las 400 mil 200 personas que en la última década han quedado fuera del mercado laboral formal? ¿Qué representa respecto a quienes ya estaban buscando empleo antes de la crisis sin lograrlo? ¿Y qué representa frente a las 2millones 481mil personas que están en edad laboral pero que no tienen empleo formal ni han buscado tenerlo y parte de las cuales podrían querer hacerlo en este momento? Representa poco. También representan poco las 48 mil ofertas de trabajo que distintos organismos empleadores han registrado en los canales disponibles por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta este momento, y las 33796 plazas disponibles que informan medios oficiales.

Por lo dicho, más que celebrar, lo necesario es calibrar soluciones posibles con lentes de economía política y con apego a principios ciertos de justicia social.

Sin cuento

Si tenemos en cuenta que en la última década el sector estatal ha prescindido de trabajadores y trabajadoras más que acogerles, y que la “tarea de ordenamiento” es probable que continúe ese curso, no hay razón para pensar que ese mismo sector va a generar empleo suficiente mientras se encarece el costo de la vida y se destejen los arreglos sociales que la hacían posible.

Es muy probable que el flujo sea hacia el engrosamiento del sector informal. Pero eso implica ausencia de derechos laborales (no existen contratos que garanticen estabilidad ni garantía de condiciones dignas en el empleo) y, por otro lado, el sector informal puede ser fuente de las redes de corrupción que se quieren desactivar porque drenan la economía nacional. Que se pretenda que el sector informal resuelva el desempleo real en el país, es un despropósito.

Una de las vías más lógicas y factibles es destrabar definitivamente el funcionamiento del sector no estatal de la economía (cooperativo y TCP). La última década ha demostrado que el TCP puede dinamizar el sistema de socioeconomía, y que lo ha hecho en condiciones nada favorables. Un paso en ese sentido fue el anunciado el pasado 5 de febrero, relacionado con la muy solicitada reforma de las actividades autorizadas y no autorizadas para la realización del TCP.

Por su parte, la opción cooperativa prácticamente no ha podido afirmarse; el desconocimiento de la personalidad jurídica a los esfuerzos productivos no estatales ha afectado también sistemáticamente a esa forma de propiedad en su ejercicio fuera del agropecuario. De hecho, en 2019 más que aumentar disminuyó el número de cooperativistas no agropecuarios, y se han identificado claras barreras para su ejercicio, las cuales tienen que ver, entre otros asuntos, con la inexistencia de formación en esas formas más horizontales de gestión y con el surgimiento de parte de ellas como orientaciones “desde arriba”.

A la vez, la ampliación del sector no estatal de la economía requiere el impulso firme de derechos laborales. En este momento, los derechos laborales en el TCP son frágiles y se incumplen sistemáticamente. No existen normativa ni mecanismos institucionales que aseguren derechos para quienes trabajan ahí bajo contrato. El Código de Trabajo tiene poca operatividad allí. Es necesaria una ética del ordenamiento que afirme un programa de justicia que considere el trabajo digno, también en el TCP.

El sector estatal necesita producir también mejores incentivos y democratizarse. Por ejemplo: para amortiguar la “tarea de ordenamiento” se ha anticipado un monto de mil pesos a trabajadores y trabajadoras que lo soliciten; es un monto reembolsable en cuatro meses. Frente a la situación actual, ese plazo de devolución es extremadamente breve. Un gesto loable sería la ampliación del plazo de reembolso a las empresas de ese dinero. En el país existen compensaciones laborales pero no seguros de desempleo; eso preocupa y podría agravar la situación para quienes trabajan en las empresas que eventualmente se declaren sin rentabilidad. Para eso último hay más tiempo, contando con que hay un fondo estatal para sostenerlas por un plazo determinado. Mientras ello transcurre, ¿podríamos considerar la posibilidad de instituir un seguro de desempleo justo?

Finalmente, son imprescindibles incentivos para que se empleen a grupos sociales que tienden a quedar fuera del mundo del trabajo asalariado formal, muy especialmente las mujeres. La tasa de actividad laboral de las mujeres cubanas era de 53,3 en 2019, según la información del Anuario Estadístico de 2020. Eso quiere decir que casi una de cada dos mujeres en edad laboral no tiene empleo formal ni tampoco lo está buscando. Aproximadamente 382 mil 784 mujeres salieron del sector estatal entre el 2010 y el 2019 3; eso equivale al 21,12% de las que se consideraban “ocupadas” por las estadísticas en ese último año. El TCP acogió a una parte de ellas, pero allí continúan siendo una amplia minoría (poco más del 30%). En general, la brecha de participación laboral asalariada entre hombres y mujeres es grande, de cerca del 20%, a pesar de que en Cuba las mujeres son mayoría entre las personas universitarias y en los niveles educativos superiores. Eso va en perjuicio de su autonomía económica, condiciona la imposibilidad de salir de ciclos de violencia y desconoce que en el país, como mismo sucede en otros territorios, los hogares con jefatura de hogar de mujeres están en franco ascenso.

Exactamente la misma brecha que se sostiene en las cifras generales del empleo en el país se están reproduciendo en las estadísticas de quiénes están buscando trabajo en las instituciones: el 60,8% de quienes acuden a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en busca de empleo son hombres, frente a un 39,2% de mujeres. Es muy posible que esa diferencia se defina, entre otros factores, por la escasez de servicios de cuidados (infantiles, de personas ancianas o enfermas crónicas). Muchas mujeres tienen que esperar a que sus hijos e hijas crezcan o a que sus padres y madres mueran para, si aún les es posible, buscar empleo remunerado. Ampliar la posibilidad de empleo para ellas supone, a la vez, colocar a los cuidados en el centro de la política, también como parte del “ordenamiento”.

Con todo, es cierto, existe el imperativo de dejar de vivir del cuento. Pero “el cuento” es una cosa distinta si se observa con compromiso político, aspiración de justicia y reconocimiento de la injusticia realmente existente. Las cuentas nos sirven para ver un cuento distinto, y reescribirlo de mejor modo.

***

Notas:

1 Andrew Zimbalist y Claes Brundenius: «Crecimiento con equidad en una perspectiva comparada» en Cuadernos de Nuestra América No 1, 1989.

2 Ferriol, Ángela (2004), “Política social y desarrollo”, Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI (LC/L.2091), E. Álvarez y J. Mattar (eds.), México D.F., Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.

3 Cálculo de la autora a partir del análisis de los datos de los Anuarios Estadísticos de Cuba de 2011 y 2020.

Debate económico en Cuba: primeros y segundos planos (II)

En este dossier, cinco economistas cubanas aportan al debate abierto en Cuba abordando tanto asuntos de primer plano como algunos de los menos considerados.

Por Ailynn Torres Santana, OnCuba

junio 17, 2020

en Sin filtro

Foto: Alain L. Gutiérrez

Presentamos la segunda parte de este dossier que aporta al debate económico abierto en Cuba abordando tanto asuntos de su primer plano, como algunos de los menos considerados. Aquí, economistas cubanas reflexionan sobre la relación entre crecimiento y desarrollo, sobre la necesidad de pensar en las desigualdades como parte, y no después, de las estrategias de enfrentamiento a la crisis, sobre la regulación de los derechos laborales en el sector no estatal de la economía y sobre las brechas de género en los mundos del trabajo cubano. Cuatro preguntas, cinco voces en contrapunteo y complementariedad… Ellas ponen sus dedos sobre llagas viejas y nuevas de la economía cubana e insisten en que, para sanarlas, ninguna persona puede quedar, en efecto, sin amparo.

La potenciación de las pequeñas y medianas empresas es un paso imprescindible en Cuba y es uno de los énfasis que, desde distintos frentes, se está intentando hacer para afrontar la crisis. Al mismo tiempo, plantea desafíos sociopolíticos. Dos de ellos son: 1) garantías de derechos laborales, que en estos momentos funcionan como normas mínimas, frágiles e inseguras para trabajadores y trabajadoras contratadas; 2) políticas de inclusión social y redistribución. ¿Cómo estos asuntos podrían hacer parte del debate sobre el modelo económico y la ampliación del sector privado? ¿Son asuntos a tener en cuenta en la coyuntura o deben ser un debate posterior?

Betsy Anaya: El primer gran pendiente con relación a este asunto es la legitimación del trabajo por cuenta propia como propiedad privada, tal cual se contempla en la Constitución del país, aprobada el pasado año. Todos los documentos rectores del proceso de actualización refrendan la existencia de varios tipos de propiedad, entre ellas la privada. Sin embargo, aún nuestras estadísticas incluyen en la misma categoría de “trabajador por cuenta propia” (TCP) a dueños y empleados. Pero las fortalezas de unos y otros para enfrentar una situación como la que estamos viviendo, son bien diferentes.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha implementado una serie de medidas para garantizar la máxima protección a los trabajadores durante la pandemia. Sin embargo, estas medidas benefician mayoritariamente a los vinculados al empleo estatal. Las licencias suspendidas hasta la fecha se corresponden en buena parte con empleados que han quedado sin garantías laborales o hasta sin empleo. La alternativa para estas personas es solicitar una prestación del sistema de asistencia social, proceso complejo y poco estimulante dada la baja cuantía de estas ayudas.

Para los trabajadores por cuenta propia, estas medidas son insuficientes. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad que sufren las personas afiliadas a este sector. Por ende, es esencial introducir este debate en la agenda de la toma de decisiones en estos momentos. Desde la academia se ha elaborado una propuesta que contempla variantes de apoyo más adecuadas a la realidad de los TCP.

Muchos de nuestros TCP se han formado en Cuba con valores de solidaridad y patriotismo, y eso ha aflorado en esta coyuntura. La Red de Emprendimiento e Innovación y la Red de Administración Pública, ambas de la Universidad de la Habana, han servido de puente para canalizar hacia los gobiernos municipales de la capital la disponibilidad de un grupo de emprendedores para apoyar a las autoridades en diferentes áreas para el combate a la COVID-19. Ello muestra que en el diseño de socialismo próspero y sostenible que nos hemos propuesto como país, es posible y deseable lograr una articulación virtuosa entre todos los actores de la economía que nos permita alcanzar ese propósito.

Tamarys Lien Bahamonde: Lo que no se menciona, o no se introduce en la política pública desde el día cero, se queda pendiente y jamás se resuelve. Dejar fuera de la potenciación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Cuba al debate sobre inclusión social y distribución sería retroceder al modelo más salvaje de explotación económica y social. No creo que esa deba ser ni sea la intención.

Hay muchas formas de incluir a las PYMES en un proyecto socioeconómico justo. Se puede hacer a través de modelos de empresa social e iniciativas de desarrollo locales, en las que se vinculen los pequeños empresarios a sus comunidades y aporten a proyectos comunitarios, participen en ellos, se integren a la comunidad. Hay ejemplos de PYMES que ya lo han hecho. Ahí está el Proyecto Artecorte, por ejemplo, en La Habana Vieja. Me he preguntado mucho recientemente por qué las cooperativas no han aportado más y no están más presentes en el país. Pero hay cosas en economía, como en todo, que no se pueden forzar. Y ahí me refiero a que de las cooperativas que nacieron en Cuba forzadas verticalmente por los poderes populares, de arriba hacia abajo. casi todas las que conozco han fracasado.

La legislación laboral cubana todavía tiene que ajustarse a las formas de propiedad que no son estatales. Voy a usar mi propio ejemplo para ilustrar algo. Tuve una experiencia terrible trabajando en el sector privado cubano. Trabajaba sin límite de jornada durante seis días de la semana, bajo un estilo de administración brutal. El proyecto era muy exitoso, pero el costo humano era demasiado alto. Años después de que yo me fuera de allí, los trabajadores plantearon una demanda colectiva contra la administración y la ganaron. Pero falta mucho por avanzar en ese campo, como en el de los impuestos, sobre lo que no voy a hablar ahora.

Habrá que pensar en legislaciones que incluyan seguros por desempleo, multas por violar la jornada de 8 horas diarias. Ahora, no basta con la ley. Hay que hacerla cumplir. El cómo es donde está el problema, y lo sabemos. Mientras el salario en el sector estatal continúe deprimido, mientras la Ley de Empresas no esté disponible y solo un puñado de personas puedan ejercer o abrir espacios de actividad económica privada o colectivas, estamos incrementando las probabilidades de que la precariedad laboral se extienda en los espacios privados disponibles.

Todas las medidas en ese sentido hay que tomarlas a la vez. Tomar unas primero y esperar a que sea el momento para tomar otras consideradas complementarias, es un error de políticas públicas que, por alguna razón, nunca dejamos de cometer. 

Ileana Díaz: El sector privado es un debate pospuesto. Sin embargo, es un debate de hoy, del modelo económico cubano que contempla este sector como uno más. Es indispensable que todos los actores aporten al crecimiento y desarrollo del país, mucho más después de esta pandemia. Los dos asuntos planteados, derechos laborales y políticas de inclusión social, deben ser parte del debate por reconocer genuinamente al sector privado.

Blanca Munster: El marco regulatorio para las PYMES no es un asunto coyuntural; debe comprenderse como elemento estructural del modelo económico que demanda incentivos, políticas de I+D, diversos mecanismos de financiamiento y alianzas con el sector público y extranjero. En el plano laboral, es necesario fortalecer los débiles mecanismos de protección laboral sobre todo para las mujeres, en especial las jóvenes.

En el sector del TCP y cooperativo es visible la persistencia de pre­juicios o estereotipos entre sus empleadores so­bre la menor productividad, perfil social, psicológico o físico de las mujeres. Ello genera discriminaciones y desventajas a la hora de selec­cionar y contratar personal y menores ingresos para ellas.

Por otra parte, el imagi­nario social sobre la obligación de las mujeres de realizar el trabajo en los hogares, se traduce en la tendencia a su contratación bajo la moda­lidad eventual, por tiempo parcial, o de trabajo a domicilio. Se producen diferentes manifestaciones de violencia hacia las mujeres en el sector privado, sin que cuenten con mecanismos de protección de sus derechos.

Anamary Maqueira Linares: La potenciación de las PYMES es un paso imprescindible que debió hacerse hace tiempo y en el que deben converger el aseguramiento de la maximización de su potencial productivo y la minimización de sus contradicciones. En medio de la crisis y con necesidad de resultados rápidos, ese proceso tiene más desafíos que en momentos anteriores.

En término de derechos laborales, el otorgamiento de personalidad jurídica a los negocios será un primer paso, necesario aunque no suficiente. Una vez instituidas como empresas será más fácil exigirle al sector que cumpla con todo lo legislado en materia de derechos laborales. Por otra parte, los incentivos del marco legal, impositivo, crediticio, de acceso a insumos, etc., tienen que funcionar para poder conducir los comportamientos de los negocios privados de manera adecuada. Ahora, lograr mayor inclusión social en el sector de las PYMES es posible en una doble vía: con políticas intencionadas al respecto y a partir de los efectos y derrames que logren proveer en las localidades donde las PYMES se desarrollen.

Por último, llamo la atención sobre que es necesario potenciar las formas no estatales en general, incluyendo las cooperativas, formas autogestionadas de control obrero, u otras que se pueden explorar y de las cuales, por alguna razón que necesitamos debatir, no se habla o se habla poco.

Foto: Kaloian

***

Los datos estadísticos oficiales sobre el sector no estatal muestran una brecha en la participación de hombres y mujeres. Mientras que en el sector estatal hay casi paridad, en el no estatal las mujeres representan cerca del 18 por ciento. En lo específico del sector de trabajo por cuenta propia, somos el 34 por ciento. ¿A qué cree que responda esa brecha? ¿En qué medida puede tenerse en cuenta la necesidad mayor de la participación de las mujeres en el trabajo asalariado (lo cual les asegura mayor autonomía económica) en la planificación económica del país para la respuesta a la crisis?

Betsy Anaya: La brecha de participación entre mujeres y hombres en el sector no estatal responde a varios factores que van desde una menor posesión de activos y capital para fundar negocios propios, hasta la propia división sexual del trabajo que las hace responsables del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados.

El país cuenta con una reserva importante de fuerza de trabajo en sus mujeres. Se necesitan incentivos apropiados y servicios que les permitan incorporarse al empleo. La carencia de servicios de cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad, por ejemplo, hace que muchas mujeres o no se empleen o abandonen sus puestos de trabajo para cumplir con el rol de cuidadoras. En ello incide la prevalencia de una cultura patriarcal y machista que las ubica en las labores de cuidado y de reproducción de la vida. También implica un trade-off para las mujeres entre trabajo productivo y reproductivo.

Muchas personas tienen la convicción de que en Cuba hay escasez de fuerza de trabajo. Sin embargo, la tasa de actividad económica de la población total en 2018 fue de 76.5 por ciento, mientras que para las mujeres fue de 49.5. Algo más de la mitad de las mujeres en edad laboral, no están ocupadas ni buscando empleo. A lo anterior se añade la alta calificación de las mujeres cubanas, que desde la década de los 80 somos mayoría en las matrículas universitarias y también en el total de graduados.

Las políticas económicas y sociales para la actualización deben articularse para promover la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, tanto en el sector estatal como en el no estatal. También deben contemplar la heterogeneidad que existe en el grupo “mujeres”: urbanas y rurales, blancas y negras; heterosexuales y lesbianas, entre otras. Sus necesidades, carencias, condiciones de vida y reconocimiento social se encuentran, en parte, transverzalidas por estas características.

Se precisa un entramado de políticas de apoyo que les permita conciliar el trabajo productivo con el reproductivo. El desafío que considero más complejo es el asociado a la transformación de la cultura machista que establece patrones de género, en la cual deben involucrarse múltiples instituciones que aún no tienen claridad sobre la necesidad de tal transformación.

Tamarys Lien Bahamonde: Hay dos pasos en la conquista de los derechos. Uno es lograr que los derechos estén expresados en la legislación, y el otro es lograr que esos derechos se expresen en las conductas sociales. Cuba ha avanzado mucho en derechos y en igualdad de género, en términos teóricos y hasta cierto punto, institucionales. Sin embargo, falta mucho por lograr en materia cultural.

Hay elementos que empeoran la condición subordinada de la mujer en la participación económica. Uno de ellos es la carencia de servicios públicos de cuidados a niños y ancianos. A la mujer que ―en Cuba y en muchos lugares― trabaja fuera de la casa, se le suma una jornada, igual de intensa, al regresar al hogar. Muchas veces tienen que renunciar a posiciones o trabajos mejor remunerados porque requieren horas extras o esfuerzo extra que ellas no pueden hacer, por cuestiones prácticas. Algunas ―y conozco muchos casos personalmente― han tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus padres ancianos, porque no pueden pagar cuidadores privados y no desean recurrir a asilos, donde en general las condiciones dejan mucho que desear.

El análisis del sector privado es interesante. Tiene dos ángulos. En primer lugar, cualquier intento por mejorar la posición femenina en el mercado de trabajo lleva una condición de revisión y cambio de las actividades privadas autorizadas. En vez de autorizadas, habría que cambiar esa lógica y listar las “priorizadas por el estado” y por lo tanto “no autorizadas” a ejercer de manera privada. Sería más fácil, pragmático y beneficioso para el país. Cuando se revisa el listado de actividades autorizadas en el sector privado, dos cosas llaman la atención. Primero, pocas profesiones se pueden ejercer de forma privada en Cuba. Segundo, las actividades incluidas son tradicionalmente masculinas, a excepción de un grupo reducido (peluqueras, manicure, etc.). Si las mujeres quisieran incorporarse al sector privado, en muchos casos tendrían que renunciar a ejercer su profesión.

El elemento de desprotección en ese sector tampoco ayuda. Las implementaciones de leyes laborales tendrían que extenderse a los beneficios por maternidad, por ejemplo, y entonces caeríamos en la paradoja de política pública: no contratarían mujeres porque representan un riesgo mayor. Este es un tema muy complejo en el mundo entero. Cuba no será la excepción. De todas formas, por algo hay que empezar. Luego la práctica nos ayudará a perfeccionarlo en el tiempo.

Ileana Díaz: Según las investigaciones, la menor presencia de mujeres se debe, sobre todo, a las condiciones de partida necesarias para un emprendimiento privado. Ellas poseen menor capital relacional que los hombres y capital financiero acumulado.

El Estado, si entendiera la necesidad del trabajo en el sector privado, debería ofrecer incentivos para que las mujeres tengan iguales condiciones que los hombres, pero no la planificación. Si las políticas se enfocan en tal sentido, por supuesto que habrá que crear mecanismos e instrumentos, institucionalidad, para que se garantice.

Blanca Munster: Cuando analizamos las características de la participación laboral de mujeres y hombres en el sector estatal y no estatal debemos considerar las tasas de participación económica, la ocupación por sectores, el tipo de actividad, los ingresos, la movilidad laboral y otros factores.

No se cuenta con estadísticas de ingresos desagregadas por sexo. Respecto a los salarios, solo son públicas las estadísticas relacionadas con los salarios medios. De acuerdo a fuentes oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), en el 2018 el salario nominal medio mensual en el sector estatal era de 777 CUP y las actividades económicas de mayores salarios promedio en el país fueron: construcción (1539 CUP); explotación de minas y canteras (1423 CUP); intermediación financiera (1119 CUP), industria azucarera (990 CUP); ciencia e innovación tecnológica (981 CUP); pesca (958 CUP); agricultura y ganadería (921 CUP). Todas esas son ramas con salarios medios por encima de los 900 pesos cubanos. Como tendencia, en esos sectores hay mayoría masculina, con excepción de intermediación financiera (ONEI, 2019). Se puede afirmar, entonces, que parte de las diferencias salariales dependen del sector de actividad económica al que se inserte una persona, y que, como tendencia, los hombres se ocupan principalmente en aquellos sectores de mayores salarios.

Por otra parte, los datos de la ONEI muestran que en 2018 la brecha de género en la participación laboral se mantiene en alrededor de los 27 puntos porcentuales: la Tasa de Actividad Económica masculina (76,9 por ciento) es mayor que la femenina (49,5 por ciento). La inactividad permanece feminizada y eso es más notable aún en los territorios rurales. Allí, el 64 por ciento de las mujeres están fuera de la Población Económicamente Activa. Estas mujeres rurales, además, tienen desventajas relativas respecto a su formación profesional y capacitación técnica debido a las dificultades que enfrentan para conciliar trabajo doméstico, educación, participación política u otras actividades. Esa situación deriva en que, por lo general, ellas participan de actividades remuneradas que ofrecen menores ingresos y son “tradicional­mente femeninas”: repostería, corte y confección, peluquería, actividades artesanales, domésticas, comerciales y de servicios. Al mismo tiempo, enfrentan barreras frente a sus opciones de promoción laboral y ejercicio de car­gos de mayor reconocimiento y jerarquía. Mientras esa situación persista, más lentos serán los cambios culturales en torno a la división sexual del trabajo.

Además, una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para “despegar” está asociada con la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado y en especial a sus responsabilidades de cuidado. Los datos recogidos en las dos encuestas nacionales sobre el uso del tiempo así lo demuestran. Como promedio nacional, las mujeres dedican alrededor de 14 horas a la semana más que los hombres a estas actividades. Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de Cuba, la sobrecarga doméstica calificó como el cuarto problema más notable para las mujeres.

Anamary Maqueira Linares: La brecha responde a múltiples elementos de los que hay indicios, aunque la ausencia de datos públicos en el país limita mucho los análisis.

Las investigaciones dan cuenta de que las mujeres poseen menos activos, lo cual, a su vez, implica que enfrentan mayores obstáculos a la hora de acceder a capitales iniciales vía crédito. Por otra parte, parece ser que las mujeres receptoras de remesas ―otra de las vías de acceso a ese capital inicial― las emplean más para propósitos de reproducción doméstica y cuidados y no para emprender negocios.

En estos análisis tenemos lo que se llama ‘problema de selección’. Es decir, los estudios se concentran en mujeres que ya están en el sector y que, más allá de los obstáculos, lograron insertarse. Habría que ver cuáles son las razones para aquellas que lo han intentado y no lo han logrado, e incluso aquellas que les gustaría insertarse pero no pueden.

Un factor que se ha considerado menos es la relación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado: cómo, o en qué medida, el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados (de hijos, ancianos, dependientes en general) previene a las mujeres de participar en el sector o condiciona la forma en que se insertan en el trabajo asalariado, tanto en el sector privado como en otros sectores. Las encuestas de uso del tiempo demuestran que las mujeres tienen sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Y eso se agrava a razón del deterioro de la infraestructura de cuidados en el país, la insuficiente provisión de servicios de cuidados por parte del Estado, los altos costos relativos de servicios de cuidados provistos por privados y los desafíos del envejecimiento poblacional. Esa situación, que desde la economía feminista se ha llamado “crisis de cuidados”, puede: condicionar su participación en el trabajo asalariado o alargar e intensificar su jornada de trabajo total, dejándoles menos tiempo para otras tareas relacionadas con el autocuidado o el esparcimiento.

Sin soluciones que lidien con estas problemáticas, será muy difícil garantizar una mayor participación de las mujeres en el trabajo asalariado. Sin estrategias claras encaminadas a proveer dichas soluciones cualquier plan de desarrollo estará incompleto.

Foto: Alain L. Gutiérrez

Coordinadora del dossier:

Ailynn Torres Santana 

Investigadora postdoctoral del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo, investigadora asociada de FLACSO Ecuador y parte de la Red «El Futuro es Feminista» de la Fundación Friedrich Ebert. Graduada de FLACSO Ecuador (PhD) y de la Universidad de La Habana.

Participantes:

Tamarys Lien Bahamonde

Candidata a Doctora en Políticas Públicas y Urbanismo por la Universidad de Delaware. Master en Desarrollo Local por la Universidad de Camagüey y Licenciada en Economía por la Universidad de la Habana.

Blanca Munster

Doctora en Ciencias Económicas. Investigadora titular y Profesora Auxiliar en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).

Ileana Díaz

Doctora en Ciencias Económicas. Profesora Titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Coordinadora de la Red de Emprendimientos de la Universidad de la Habana.

Betsy Anaya

Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Profesora Titular y Directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana desde 2017.

Anamary Maqueira Linares

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst. Master en Economía del Desarrollo por Flacso Ecuador y Licenciada en Economía por la Universidad de la Habana.

Debate económico en Cuba: primeros y segundos planos (I)

En este dossier, cinco economistas cubanas aportan al debate abierto en Cuba abordando tanto asuntos de primer plano como algunos de los menos considerados.

Por Ailynn Torres Santana. OnCuba

junio 10, 2020
en Sin filtro

En las últimas semanas y a propósito de la crisis económica nacional agravada por la situación sanitaria y económica global, se ha intensificado el debate económico en los espacios institucionales y no institucionales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos internacionales han pronosticado una contracción profunda de la economía mundial y regional. Para Cuba la crisis ya está siendo aguda y así lo ha reconocido la dirigencia del país y lo viven cubanos y cubanas.

En los temas a debate ha habido un primer plano: cuáles deben ser las salidas económicas a la crisis, qué implicarían, en términos de crecimiento económico, qué lugar puede y debe ocupar el sector privado de la economía en la ecuación de las estrategias a diseñar y a implementar, y cuáles son los sectores que pueden y deben ser dinamizados inicialmente.

Otros asuntos se han debatido menos: la relación entre crecimiento y desarrollo, las consecuencias de la crisis para la desigualdad, las estrategias para enfrentarla, los derechos laborales, y las diferentes bases de las que parten distintos grupos sociales para afrontar la situación.

Este dossier aporta al debate económico abierto en Cuba abordando tanto asuntos de su primer plano como algunos de los menos considerados. Aquí, economistas cubanas reflexionan sobre la relación entre crecimiento y desarrollo, sobre la necesidad de pensar en las desigualdades como parte, y no después, de las estrategias de enfrentamiento a la crisis, sobre la regulación de los derechos laborales en el sector no estatal de la economía y sobre las brechas de género en los mundos del trabajo cubano. Cuatro preguntas, cinco voces en contrapunteo y complementariedad… Ellas ponen sus dedos sobre llagas viejas y nuevas de la economía cubana e insisten en que, para sanarlas, ninguna persona puede quedar, en efecto, sin amparo.

Foto: Kaloian

Una parte del debate económico que está teniendo lugar en Cuba plantea como argumento persistente la necesidad de asegurar el crecimiento económico. ¿El crecimiento económico supone desarrollo, o no necesariamente? ¿Qué consecuencias tiene centrar las propuestas en el crecimiento económico?

Betsy Anaya: Varios economistas consideran crecimiento como sinónimo de desarrollo. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, los debates en los marcos de la CEPAL han apuntado a que desarrollo es un concepto más amplio que crecimiento. El concepto de desarrollo ha ido evolucionando con los años, así como los instrumentos empleados para medirlo. Se han incorporado otras dimensiones, como la sostenibilidad del desarrollo. Y se han propuesto diversos instrumentos alternativos al Producto Interno Bruto, medida por excelencia del crecimiento, que expresan mediciones más cercanas al desarrollo. Algunos ejemplos son el Índice de Desarrollo Humano, y otros que miden felicidad y bienestar.

Otro grupo de economistas ha apuntado que es posible desarrollarse sin crecer. Tengo un punto de vista diferente a este último. En el caso específico de Cuba, en los momentos actuales, considero que crecer es básico para alcanzar una senda de desarrollo. Opino que un debate sobre desarrollo necesita también discutir sobre crecimiento; lo contrario, no necesariamente. El crecimiento, per se, no garantiza el desarrollo. Se precisa calidad del crecimiento (en cuanto, por ejemplo, a su estructura y a cómo se distribuye) y que este sea sostenido en el tiempo.

El vínculo crecimiento-desarrollo tendrá mucho que ver con el punto de partida de cada país. Naciones que ya han alcanzado niveles elevados de desarrollo no requerirán altas tasas de crecimiento. Cuba precisa crecer en sectores clave, productores de bienes que garanticen un mejor acceso de la población a suministros básicos. Entre esos sectores está el agropecuario, imprescindible para alcanzar un mayor nivel de autosuficiencia y seguridad alimentarias. Para que se comprenda mejor lo anterior, pongo este ejemplo: si el crecimiento en el sector agropecuario implica mayor uso de insumos y equipos que provoquen degradación del medio ambiente, empleo de trabajo infantil o precario y daños a la salud humana, no contribuye al desarrollo, aunque se traduzca en una mayor oferta de alimentos.

Por demás, para que una senda de crecimiento se traduzca en una senda de desarrollo, hay que garantizar inclusión en ese proceso y una redistribución equitativa, que garantice que toda la población se beneficie de los resultados. Centrar el debate en el crecimiento y no en el desarrollo es peligroso, porque las políticas que se diseñen pueden contribuir a ampliar brechas de equidad de diversa índole, incrementar el endeudamiento externo del país y deteriorar la soberanía nacional, entre otros efectos indeseados.

Tamarys Lien Bahamonde: El debate sobre crecimiento y desarrollo en Cuba es anterior a 1959. De hecho, en el siglo XIX, cuando todavía no se había definido el desarrollo, ya Martí ofrecía una visión integradora y humanista de “crecimiento”. La década del 50 fue rica en ese debate, por ejemplo. Carlos Rafael Rodríguez tiene trabajos sobre eso, que vale la pena revisitar hoy.

Hay múltiples maneras de medir o entender el desarrollo, que es un concepto más complejo que el de crecimiento. El crecimiento es unidimensional, mientras el desarrollo es multidimensional. Cuando hablamos de crecimiento, generalmente nos referimos a los cambios del Producto Interno Bruto en un período de tiempo. Es el indicador usado por excelencia para anticipar las recesiones. Pero este indicador, además de imperfecto, es incompleto. Por ejemplo, al medir la producción de bienes y servicios de un país en un tiempo determinado, el PIB incluye también producciones que son resultado de Inversiones Extranjeras Directas y que no se revierten en beneficios directos en el país en cuestión, a excepción de indicadores tímidos como la generación de algunos empleos o el pago de impuestos.

El desarrollo es un concepto abarcador. La sombrilla del desarrollo contempla el crecimiento, pero no solo eso, es mucho más. Un concepto fácil de entender es el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, que considera múltiples dimensiones y no solo incrementos de indicadores económicos como el PIB. Considera también la eliminación de la pobreza, el incremento de niveles de vida, el acceso a servicios de educación y salud, a agua potable… El énfasis es hablar de desarrollo sostenible. Y cuando decimos sostenible, hablamos del medio ambiente, pero hablamos también de equidad, de sostenibilidad social.

En el siglo XXI, separar crecimiento de desarrollo es teórica y empíricamente un error. Es momento de superar la visión neoclásica de crecimiento económico en abstracto y a cualquier costo. La economía, y esto no me canso de decirlo, no puede verse como una entidad ajena a la sociedad. Economía, política y sociedad son inseparables. El ser humano y su aspiración y derecho a una vida plena deben colocarse en el centro. Argumentar a favor del crecimiento económico por encima y a contracorriente de indicadores de desarrollo humano o de equidad es más costoso que beneficioso en el largo plazo. No se puede crecer a costa de comprometer el futuro ambiental, por ejemplo.

Crecer sin contemplar el cómo o a dónde nos va a llevar ese crecimiento despoja al indicador de todo sustrato humano y ambiental. ¿Para qué se crece? ¿Para quién? No basta con crecer. Ese crecimiento tiene que tener un efecto positivo en los individuos y en la naturaleza, que es la fuente de los recursos de los que nos alimentamos. Debe verificarse en beneficios económicos y sociales, en equidad. Si no es así, es casi igual que no haber crecido.

Ileana Díaz: Crecimiento y desarrollo económico no es lo mismo. Se puede hablar de crecimiento sin hablar de desarrollo, pero esa es una mirada de corto plazo. No hablar de desarrollo es no mirar al futuro, la sostenibilidad, la prospectiva.

Blanca Munster: El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo. Por lo general, el debate sobre crecimiento y desarrollo nos propone una visión muy “macro” y agregada de la realidad, o bien prevalecen enfoques sectoriales que dividen artificialmente el territorio en sectores (educación, salud, agricultura, turismo, entre otros) utilizando indicadores promedio o indicadores mercantiles/monetizados que muchas veces no dan perfecta cuenta de la heterogeneidad estructural de la realidad a la que aluden. La aproximación a una teoría del desarrollo debe contemplar las dimensiones económica, social y ambiental, y considerar que el proceso de desarrollo no es neutro. No se trata solo de que crezca el “pastel” para luego “repartirlo”, sino de su calidad, de cómo se crece y qué oportunidades se crean para hombres y mujeres, que son actores activos, no pasivos, de los procesos económicos.

El desarrollo debe ser portador de una idea de proceso de cambio social, construcción de proyecto colectivo, promoción de capacidades endógenas. Como unidad de análisis, significa que debemos aproximarnos a los objetivos de desarrollo que se deben resolver en lo local, en una estrecha y sinérgica interacción con lo nacional y lo global. (Cómo usamos los recursos generados y los beneficios para mejorar la calidad de vida de los habitantes, el ¿para qué?).

Anamary Maqueira Linares: Me atrevería a afirmar que la fórmula crecimiento igual a desarrollo está prácticamente superada desde el punto de vista teórico. Prácticamente todo economista contestaría que no, que no son lo mismo, aunque fuese una persona formada en la corriente de pensamiento económico más conservadora, porque sabe que no es políticamente correcto. Entonces, la cuestión sería cuál es la relación que se establece entre uno y otro. Para Cuba es importante el crecimiento económico, y tan o más importante es el cómo crecer.

El debate sobre crecimiento debe suponer necesariamente el del desarrollo y responder a las preguntas ¿crecer para qué? y ¿para quién? Los esfuerzos para crecer del mundo subdesarrollado, y de Cuba en particular, deben ser consistentes con una estrategia de desarrollo de largo plazo que sea consensuada, clara, con invariantes, pero a la vez flexible, capaz de ajustarse a los contextos cambiantes. Esa estrategia debe tener también expresión de corto plazo. Es importante que no prime una concepción de la política económica y social que trate sus potenciales consecuencias negativas sobre la equidad o el bienestar de grupos vulnerables como “sacrificios de corto plazo”, sino que, desde su mismo diseño, se tengan en cuenta esas consecuencias y cómo corregirlas.

Colocar al desarrollo como centro implica producir política y programas que garanticen los procesos de producción y reproducción de la vida de las personas y en armonía con el medio ambiente. Esto es, la reproducción de la vida digna, diaria e intergeneracional, lo cual incluye el acceso a vivienda, alimentación, bienes de consumo, salud, educación, cultura, recreación, trabajo digno y equitativo (remunerado y no remunerado), derechos… Implica, también, reconocer la diversidad de las personas, y asegurar inclusión para todas.

Si centramos las propuestas en el crecimiento, promovemos de forma consciente o “inconsciente” el programa de que primero va el crecimiento y después “todo lo demás”. Esa premisa errónea de subsidiariedad no debería tener cabida en el proyecto cubano.

Por el contrario, sabemos que el crecimiento, aunque imprescindible para Cuba, no necesariamente viene aparejado a incrementos en la calidad de vida de la gente. Podemos cuestionar, de hecho, la manera en que el crecimiento se mide: el Producto Interno Bruto. Pero ese indicador deja fuera, por ejemplo, toda la esfera de trabajo no remunerado y de cuidados, vital para el sostenimiento de la economía y la vida, e ignorada por la visión más convencional de la economía.

La actual Constitución de la República de Cuba no reconoce como trabajo otro que no sea el remunerado. Sin embargo, la contribución del trabajo no remunerado equivalía a alrededor del 20% del PIB en el año 2002, fecha en que Teresa Lara Junco hizo la única estimación disponible al respecto. El PIB tampoco considera el trabajo en el sector no formal de la economía, no tiene en cuenta las consecuencias sobre el medio ambiente de procesos de crecimiento predadores y deja afuera cuestiones sobre desigualdad. Por tanto, es importante tomar con cautela ese indicador y considerar otros que enviarían mejores señales en torno a cómo impacta la política económica en la vida de la gente.

Fotos: Julio César Guanche

¿Considera que es necesario pensar en las desigualdades para el diseño de las salidas económicas a la crisis en Cuba? ¿Qué opina sobre estas dos fórmulas: primero crecer económicamente y después redistribuir o crecimiento y disminución de las desigualdades como esfuerzos sincrónicos?

Betsy Anaya: Desde hace años, ha quedado demostrado que la “Teoría del Goteo” o del “Derrame” no garantiza mayor equidad social. A pesar de ello, muchos economistas insisten en que se debe crecer primero y luego emplear el fruto de ese crecimiento para combatir la desigualdad. En Cuba, varios economistas hemos introducido ese debate en ámbitos importantes para la toma de decisiones, y trabajamos día a día por cambiar la percepción de crecimiento primero y equidad después.

Cuba es un contraejemplo perfecto de la importancia de la voluntad política y de las políticas que se apliquen. En momentos de restricción económica, como el triunfo de la Revolución o la crisis de los años 90, vinculada al derrumbe del campo socialista, se lograron muchos avances en pos de la equidad y se mantuvieron programas sociales de carácter universal, respectivamente.

Durante años, Cuba aplicó políticas sociales universales, sin embargo, la crisis de los 90 y la reforma aplicada para salir de la crisis tuvieron como resultado un deterioro de la equidad social, que requirió una combinación de este enfoque universal con políticas más personalizadas, a partir de la primera década de este siglo.

La sociedad cubana actual es aún más heterogénea. Existen brechas de diversa índole: económicas, territoriales, de género, de raza, generacionales, entre otras. Las políticas que se diseñen para lograr el crecimiento económico tienen que tener incorporados criterios de equidad. De otra forma, puede que amplíen tales brechas, si se considera que todas y todos se encuentran en la misma condición de partida. No podemos esperar a tener resultados económicos para pensar en la equidad. Ambos propósitos deben ser sincrónicos.

Por ejemplo, países como Uruguay evalúan los proyectos de inversión utilizando indicadores como la cantidad de empleos que generará el proyecto y los beneficiarios de ese empleo, el territorio en el que va a ubicarse y la contribución a su desarrollo, etc. Reitero, las políticas económicas a aplicar deben incorporar criterios de equidad desde su diseño, para alcanzar una senda de crecimiento que propenda al desarrollo del país.

Tamarys Lien Bahamonde: Esta es una de las razones por las que no me gusta hablar de crecimiento, sino de desarrollo sostenible. Las inequidades están impactando y transformando nuestras economías, nuestro sentido de la democracia y nuestras sociedades, de forma casi irreversible. Un país como Cuba no puede ignorar las desigualdades en el diseño de las políticas públicas, ni siquiera en tiempos de crisis. La prioridad de política económica que se establezca generará culturas, comportamientos, actitudes y un diseño de sociedad en el sentido programado.

Si abandonamos la desigualdad como prioridad económica y social, va a ser muy difícil reintroducirla una vez superada la crisis, si se llegara a superar con un modelo que ignora la equidad. Porque hay algo importante: la crisis cubana NO es coyuntural. Es una crisis estructural y, desde mi perspectiva, es también una crisis crónica. Las soluciones a la crisis se tienen que ver y diseñar en tres niveles temporales, que van desde el largo plazo, pasando por el mediano, hacia el corto. No a la inversa. En el tercer mundo y en Cuba, eso entraña un grupo de dimensiones y retos superiores.

El financiamiento al desarrollo ha sido un problema grave en Cuba desde siempre. Hasta Arango y Parreño teorizaba sobre fuentes para financiar el crecimiento azucarero en el siglo XVIII y XIX. El dilema ha estado en los últimos siglos entre la eficiencia económica y la equidad social. Hemos basado nuestro desarrollo tecnológico, como dijo Jacques Ellul, en la búsqueda de más y más eficiencia, sacrificando al resto de las dimensiones: medio ambiente, equidades, individuo. Se sacrifica al ser humano siempre en pos de la economía, ignorando que es la economía la que debe servir al ser humano y no a la inversa.

Para salvar a la humanidad necesitamos reintroducir un modelo ético diferente en el diseño de nuestras políticas. Cuba no puede salir de la crisis con un modelo que no contempla el desarrollo en todas sus dimensiones, incluyendo la equidad. El énfasis no puede ser en la eficiencia y el crecimiento económico, sino en el individuo y la satisfacción de sus necesidades, en armonía con su entorno. Esa tiene que ser la prioridad en Cuba también.

Ileana Díaz: Es necesario en Cuba considerar las desigualdades en el diseño económico, lo cual supondría políticas universales y focalizadas, para solucionar o reducir las desigualdades. No es posible hablar solo de necesidades económicas, sin mirar las sociales y viceversa. Lo esperado es encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y las necesidades sociales. El análisis es socio-económico, no es posible hablar de desarrollo sin considerar lo social.

Blanca Munster: El análisis de las desigualdades debe estar en el centro del debate de la agenda nacional para el diseño, no solo de las políticas económicas, sino también de las propias políticas sociales, que deben responder al escenario cambiante del país. Para ello, los análisis deben partir de un concepto amplio de las desigualdades y no de una mirada unidimensional, centrada solo en los ingresos. Junto a las desigualdades socioeconómicas están las de género, étnicas, raciales, territoriales y aquellas relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas. Todas ellas conforman ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad.

La mayoría de los estudios económicos se concentran en la desigualdad de ingresos y se basan en un solo instrumento de medición, el coeficiente de Gini. Pero eso es insuficiente. El enfoque de género, por ejemplo, ha permitido enriquecer y complejizar la explicación sobre las desigualdades sociales. Sin embargo, existen dificultades para obtener datos significativos (a nivel macro y territorial) sobre cualquier aspecto de la vida de las mujeres. Por otra parte, la producción de información estadística sigue enfocada en las actividades monetizadas y recoge muy poco de la actividad no remunerada, que no es considerada como actividad económica.

Anamary Maqueira Linares: Es un error desconsiderar las desigualdades en los diseños de las salidas económicas a la crisis. Las desigualdades son un problema en Cuba, y serio. No todo se va a resolver a la vez y por arte de magia, pero es imprescindible identificar todos los potenciales efectos no deseados e incluir en la estrategia acciones que pueden evitar dichos efectos. Luego, durante la implementación, siempre es posible que surjan otros. Entonces habrá que ajustar nuevamente las estrategias. O sea, la idea principal es que la equidad no puede ser un costo asumido de las políticas económicas. Tampoco podemos pensar que las consecuencias negativas desigualadoras se van a corregir solas, si es que las medidas son “exitosas”, en términos de crecimiento.

Un enfoque de economía política preguntaría quiénes pagan las consecuencias de la decisión de “primero crecemos, luego repartimos”, quiénes se benefician de dicha decisión y quiénes la tomaron. No se trata de repartir pobreza. Se trata de entender las relaciones de poder que hay detrás de cada una de las respuestas a las preguntas anteriores. Entonces, los esfuerzos deben concentrarse en un programa sincrónico donde vayan de la mano el crecimiento y la disminución de desigualdades de ingreso, de oportunidades, de género, de orientación e identidad sexual, de grupos racializados y de territorio.

Foto: Alain L. Gutiérrez Almeida

Coordinadora del dossier:

Ailynn Torres Santana 

Investigadora postdoctoral del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo, investigadora asociada de FLACSO Ecuador y parte de la Red «El Futuro es Feminista» de la Fundación Friedrich Ebert. Graduada de FLACSO Ecuador (PhD) y de la Universidad de La Habana.

Participantes:

Tamarys Lien Bahamonde

Candidata a Doctora en Políticas Públicas y Urbanismo por la Universidad de Delaware.

Master en Desarrollo Local por la Universidad de Camagüey y Licenciada en Economía por la Universidad de la Habana.

Blanca Munster

Doctora en Ciencias Económicas. Investigadora titular y Profesora Auxiliar en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).

Ileana Díaz

Doctora en Ciencias Económicas. Profesora Titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Coordinadora de la Red de Emprendimientos de la Universidad de la Habana.

Betsy Anaya

Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Profesora Titular y Directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana desde 2017.

Anamary Maqueira Linares

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst. Master en Economía del Desarrollo por Flacso Ecuador y Licenciada en Economía por la Universidad de la Habana.

Debate económico en Cuba ¿Hablamos también de derechos laborales en el sector privado?

Para afrontar esta crisis, una de las urgencias es destrabar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa privada. Es urgente hacerlo con garantías de derechos laborales y considerando las desigualdades existentes. Un enfoque feminista puede aportar a ese esfuerzo.

Por Ailynn Torres Santana, OnCuba

mayo 26, 2020

en Sin filtro

Foto: Kaloian Santos

La crisis asociada a la Covid-19 se encadena con otras crisis prexistentes a escalas global y nacionales: crisis económicas, políticas, de cuidados, demográficas. Economías dependientes, marginalizadas, deformes por razones internas y/o externas, están en peores condiciones de afrontar este presente y el porvenir. Sociedades altamente desiguales y fragmentadas, tienen desafíos adicionales. Aunque el virus puede anidar en todos los cuerpos, no todos los cuerpos (individuales y colectivos) estamos en las mismas condiciones de sobrevivir a sus múltiples efectos.

Para la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, en términos económicos la crisis será mayor que la del 2008: una recesión global profunda, con consecuencias más agudas para las regiones y países previamente empobrecidos. Esa organización espera que el PIB decrezca al menos un 1.8 por ciento en esta región. El desempleo aumentará en 10 puntos porcentuales. Aproximadamente 33 millones de personas se sumarán a las bancadas de la pobreza que ya eran numerosas.

La CEPAL ha pronosticado para Cuba una contracción económica del 3.4 por ciento. El número podría ser mayor. El impacto es y será, tan inevitable como agudo.

En el sector estatal de la economía ya están habiendo consecuencias notables. En el sector privado, también. Hasta mediados de mayo, el 35 por ciento de las licencias de Trabajo por Cuenta Propia (TCP) habían solicitado suspensión. Estamos hablando de 222 mil 723 personas, ahora potencialmente sin ingresos. De ellas, solo 130 núcleos familiares se han acogido a la asistencia social, pero eso puede hablar más del pírrico monto de la pensión y de las dificultades para acceder a la misma, que de la capacidad de sobrevivir sin ingresos.

En esta situación se ha activado un debate económico fértil. Economistas han alimentado análisis relevantes sobre cuáles son las salidas a la crisis. Su énfasis propositivo es una de las mayores virtudes de esos aportes.

Un asunto está teniendo la mayor audiencia: la pertinencia de, ahora sí, pensar a fondo una reestructuración de la economía en base al programa de la Conceptualización del Modelo cubano y la Actualización de los Lineamientos (2017) y a las exigencias y alternativas del presente. Para hacerlo, uno de los campos a considerar es el del sector privado de la economía, asegurando su funcionamiento y no su asfixia, como ha sido hasta ahora.

El foco en el sector privado como agente de cambio guarda razón. Es un camino largamente postergado y emprenderlo tiene la legitimidad que le otorga, también, la razón popular. Permitiría dinamizar sectores de la economía y a las economías domésticas. Contribuiría a palear la enorme pérdida que está teniendo el presupuesto nacional a razón de la debacle de este sector en los meses de la emergencia sanitaria. Hasta el 15 de abril, el Ministerio de Finanzas y Precios había calculado una afectación del presupuesto del Estado de alrededor de 101 millones de pesos debido a la suspensión de licencias de TCP y a la reducción de las cuotas mensuales de impuestos. De esa fecha al presente se han duplicado las licencias suspendidas. La afectación, entonces, es mayor.

El redimensionamiento del lugar del sector privado en el campo económico tendrá que ser un paso imprescindible. Quien lea en ese programa una restauración capitalista será por ignorancia o por interés. El modelo económico y social cubano está lejos de poder leerse en términos de austeridad neoliberal. Si algún peligro hay para ello viene de otros lugares; como ha dicho el profesor Oscar Fernández: «del poderío inconmensurable que han venido adquiriendo algunas empresas, grupos y supra grupos” que nada tienen que ver con el sector privado y que lo hacen sin ningún “escrutinio público”. 

Pero en el concierto del debate hay un tema ausente: los derechos laborales.

Derechos laborales y sector privado

Si un sector está desprotegido en términos de derechos laborales en esta crisis es el de quienes trabajan en el sector privado y, sobre todo, en la categoría de “trabajadores contratados” que por otro lado, están en mejores condiciones en relación con las muchísimas personas que trabajan de modo informal, sin contratos.

En esta crisis, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha implementado un repertorio de medidas protectoras para quienes integran el sector estatal. Para el sector privado la situación cambia drásticamente. La posibilidad de suspender las licencias ha sido el camino habilitado. Sin embargo, con ello se interrumpe el pago de impuestos pero no se aseguran ingresos.

Según el programa del mencionado ministerio, si un negocio con personas contratadas continúa funcionando, los empleadores deben remunerar a los contratados en función del tiempo de trabajo efectivamente realizado y ese monto no puede ser inferior al salario mínimo del país. Si el negocio no funciona más, no hay protección adicional. El único camino es acogerse a la asistencia social que, como vimos antes, no parece ser un camino factible para la mayoría potencialmente necesitada. Trabajadores y trabajadoras autónomas (verdaderos cuentapropistas) tampoco tienen protección.

Un informe realizado por la agencia consultora AUGE sistematizó la información de veinte entrevistas a empleadores del sector privado de La Habana que tienen negocios en actividades de alto rendimiento dentro del sector privado. La fuente informa que implementaron medidas de protección a trabajadores contratados: 1) reordenar el contenido de trabajo de cada puesto de manera tal que no sea preciso despedir a los contratados que se han quedado sin funciones que cumplimentar dentro del negocio, 2) mantener el negocio operando aunque el nivel de ingresos y utilidades sea bajo, porque ello permite al menos continuar pagándoles a los trabajadores contratados, 3) pago de una compensación a los trabajadores interruptos, que podrían cubrir por máximo dos meses, 4) venta a los trabajadores contratados de alimentos a precio de costo o la donación de los mismos para ayudar a cubrir necesidades básicas.

Esas respuestas, mínimas, es probable que no puedan implementarse por quienes se desempeñan en actividades menos prósperas o más afectadas por esta crisis. Pero, más importante que eso, es que nada les obliga a hacerlo. Quienes lo hacen, es por conciencia. Pero los y las trabajadoras no deberían aspirar a “buenos patrones”. Deberían tener derechos, independientes de la buena o la mala voluntad de quienes les empleen.

La situación de mayor desamparo para este sector no está determinada por la crisis de la Covid-19 sino por deformidades previas. El Reglamento del Código Laboral vigente –que abarca a ambos sectores– no ha equiparado los derechos y obligaciones asociadas al empleo en el sector estatal y no estatal. Los primeros cuentan con “derechos laborales y prestaciones sociales amplias; los segundos, con normas mínimas”.

En el sector privado los contratos son determinados (y no indeterminados, como la mayoría en el sector estatal) y eso permite a los empleadores cierta flexibilidad en el manejo de los “recursos humanos” y tiene consecuencias diversas. El contrato puede terminarse unipersonalmente por parte del empleador antes de terminar el plazo legal establecido y con una anticipación solo de quince días. No se especifica cómo se acumulan los días de vacaciones ni cómo se efectúa el pago de los mismos. El derecho a vacaciones queda a libre negociación y, como la negociación es desigual, termina afectando derechos o dependiendo de la buena voluntad de quien tenga más poder. Además, en el sector privado las personas contratadas no tienen derecho a pagos de seguridad social en caso de enfermedad cuya duración sea inferior a seis meses.1

Los conflictos que se pueden presentar entre quienes tienen contrato y quienes tienen la propiedad del negocio se dirimen, en la práctica, de forma personal2 y su resultado depende más de las condiciones patrimoniales previas del empleado (el grado de dependencia vital que tenga del empleador) y de sus competencias individuales, que de una norma que asegure derechos.

Esa situación no puede leerse sin considerar las incontables trabas para la gestión y sobrevivencia que han tenido y tienen las pequeñas y medianas empresas existentes en el país y que, sin embargo, no tienen personalidad jurídica. Las altas cargas impositivas, la imposibilidad de importaciones directas y de gestionar fuentes de finamiento externas e internas, la inexistencia de mercados mayoristas y la lista estrecha de actividades que es posible realizar, han persistido en impedir toda posibilidad de dinamismo. Al mismo tiempo, el Estado que debe velar por el cumplimiento de derechos laborales, no puede exigir a actores que no tienen personalidad jurídica, garantizar derechos a quienes contratan. La fórmula ha sido sórdida. Aunque autorizado por el Estado, el sector privado ha padecido de hiper burocratización y asfixia, lo cual impide su desarrollo. A la vez, como contracara, el empleo permanece con amplios márgenes de desregulación y flacos derechos laborales. Los mayores ingresos que puedan recibir quienes están empleados en ese sector en comparación con el sector estatal, tienen un costo: reducir notablemente sus derechos y ser, en efecto, subordinados al empleador. Los resultados de esa fórmula son nefastos.

En un necesario y deseado escenario de mayor apertura del sector privado, es imprescindible regular los derechos laborales de formas más eficientes y justas. Y hacerlo al mismo tiempo –no después– que la desburocratización de las posibilidades de vida y aire al sector. 

Derechos laborales, mujeres y sector privado

Las mujeres entran, permanecen y salen de los mercados laborales, en peores condiciones que los hombres. Cuando los mercados laborales se transforman, ellas afrontan mayores dificultades para integrarse a los cambios.

En Cuba, las mujeres continúan teniendo menor presencia que los hombres en la Población Económicamente Activa (PEA). En 2019, sólo el 49.48 por ciento de las mujeres cubanas en edad laboral era parte de la PEA, frente al 76.87 por ciento de los hombres. La brecha es notable y comparable con la del resto de países de la región, que ronda el 30 por ciento.

El ingreso de las mujeres al trabajo asalariado tuvo un ascenso rápido durante la segunda mitad del siglo XX. Un proceso similar hubo en América Latina. Pero tuvo un tope, alrededor de 1990, que se ha mantenido hasta hoy.

En los sectores no estatales de la economía (que incluyen al privado, cooperativo y de inversión extranjera) las mujeres somos el 17.99 por ciento. El número, contundente, muestra que podríamos estar teniendo más dificultades para insertarnos en ese campo.

Específicamente en el TCP representamos el 34 por ciento. No hay datos claros, pero parece ser que nos integramos a ese sector más como contratadas que como titulares de los negocios, donde predominan los hombres. 

La menor participación de las mujeres en el sector privado podría estar relacionada, entre otros factores, con la norma social según la cual somos las principales responsables del trabajo de cuidados en los hogares. Y en un mercado laboral con derechos laborales endebles, es muy difícil compatibilizar uno y otro rol.

Pensemos, por ejemplo, en la licencia de maternidad, que es una de las políticas de protección laboral insignes del sistema de seguridad social cubano. La nueva Constitución de la República (2019) eliminó la mención a la licencia de maternidad como un derecho, pero el Código de Trabajo vigente continúa refrendándolo. Además, el Decreto Ley 222 de 2017 asentó el interés estatal por estimular la maternidad para las trabajadoras del sector privado, asegurando descuentos en los impuestos fiscales de acuerdo con el número de hijos y/o hijas. Sin embargo, la realidad es otra.

En el TCP se presentan obstáculos persistentes (normativos, en el Régimen Especial de Seguridad Social que regula ese sector y también en sus dinámicas reales) para la garantía de los derechos de la mujer trabajadora a la maternidad. Aunque ellas tienen derecho a prestación económica durante dieciocho semanas (compartidas en el tiempo pre y postnatal), no tienen la garantía de poder reincorporarse a su plaza de trabajo ni a recibir remuneración hasta que el hijo o la hija cumpla 1 año de vida, entre otras limitaciones.

A la vez, el hecho de que para los contratos determinados que caracterizan al sector privado no sea claro el régimen de acumulación de vacaciones plantea complejidades para las trabajadoras mujeres. Siendo nosotras las que realizamos el trabajo de cuidados de menores, personas enfermas o dependientes en los hogares, ausentarse al trabajo en situación de necesidad es más difícil si no hay procedimientos y claridad sobre las vacaciones acumuladas.

Algo similar sucede en relación al número de horas de trabajo, que no es inusual que en el sector privado superen el máximo establecido en la ley. Para quienes tengan menores en horario escolar a cargo, por ejemplo, será un parámetro de difícil cumplimiento, además de que contraviene los derechos del trabajo en general.

El mercado laboral en el sector privado está diseñado con la horma de quien tiene escasas responsabilidades de cuidado. Y esas personas no son mujeres.

Mención aparte merece el patrón de discriminación “racial” y de género sobre el que se ha llamado la atención en repetidas ocasiones. Y esto aplica tanto para las mujeres en general como para las mujeres y personas racializadas. Roles diferenciados para unas y otras dentro de los servicios y la exclusión de personas a bares o centros de recreación debido a su color de la piel o presumible ingreso económico, han trascendido.

Desafíos sincrónicos

Los derechos laborales en el sector privado necesitan resolverse con urgencia, más en este momento, más para enfrentar la nueva crisis, la nueva normalidad, sin arrastrar viejos problemas. También la asfixia a la que es sometido el sector y su desconocimiento como actores legítimos de la economía cubana.

Son necesarias acciones estatales que normen y aseguren el cumplimiento de derechos laborales, limiten las prácticas discriminatorias y aumenten la posibilidad de que las mujeres participen de todos los mercados de trabajo, en favor de su autonomía económica.

Acciones y políticas de acción afirmativa podrían contribuir: créditos priorizados para mujeres emprendedoras que compensen su desventaja en la propiedad de activos o capital inicial para emprendimientos económicos, mayor redistribución de los cuidados (que estimulen, por ejemplo, el uso de la licencia de paternidad existente o que obligue a los negocios con más de un número determinado de empleados a asegurar guarderías) y aseguramiento de derechos laborales, por ejemplo.

La urgencia de garantía de derechos y de políticas que afronten las desigualdades existentes, son más legítimas que el control burocrático y fragmentado al que se someten los emprendimientos privados hasta el presente.

Para hacer frente a la crisis, necesitamos ambas cosas: confianza en quienes emprenden pequeñas y medianas empresas y regulación justa y eficiente de derechos laborales. Los dos pasos a la vez.

***

1 Ver: Izquierdo, Osnaide, y Jenny Morín. “El modelo económico y social de desarrollo socialista y los actores laborales no estatales: La participación laboral y el sistema político en el contexto de la actualización del sistema económico y social cubano.” En Trabajo decente y sociedad: Cuba bajo la óptica de los estudios sociolaborales, compilado por Osnaide Izquierdo Quin- tana y Hans-Jürgen Burchardt, 133–164. La Habana: Editorial UH, 2017.

2 En concordancia con el artículo 180, existe una vía legal para asegurar derechos de los TCP: los tribunales municipales. Sin embargo, en el reglamento de ese sector no está claros los pasos para emprender esos reclamos. Para el empleado estatal, el modo de proceder para una queja laboral está detalladamente normado (art. 165–179 del Código Laboral y art. 187–217 del Reglamento).

Ailynn Torres Santana