Las últimas regulaciones resarcen derechos vulnerados a las formas de gestión no estatal y enuncian modificaciones de fondo en el sistema tributario. Sin embargo, a pesar de los aires a favor, BOHEMIA advierte criterios encontrados en cuanto a la cantidad de contratados, la definición del empleo autónomo y las actividades prohibidas. Se perciben imprecisiones y desconocimiento de lo legislado entre funcionarios públicos y cuentapropistas. El desabastecimiento de la red mayorista, y la ausencia de un mercado oficial de divisas, baten en contra de la legalidad y los precios a la población. Aún resta por delinear una visión estratégica para el sector privado como complemento y contraparte del estatal.
Con los materiales que pudo encontrar, tejas de fibrocemento de uso, angulares herrumbrados y unas cuantas losas recicladas, Ramona Luisa Ceruto Martínez comenzó a levantar un punto de venta de productos agropecuarios en el reparto Parcelación Moderna, municipio de Arroyo Naranjo, ayudada por la familia y algunos vecinos. Su proyecto, El Patio de Ramona, ya había sido presentado en la Oficina de Trámites de la dirección municipal de Trabajo, en los primeros días de entrar en vigor las nuevas normativas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia (TCP).
Justo a los 25 días de presentar su solicitud –el tiempo previsto en la legislación–, ella contactó por vía telefónica con las autoridades de dicho órgano, pero todavía no estaba aprobado su caso. Entonces le indicaron ir a la dirección de Higiene y Epidemiología municipal para agilizar el autorizo de licencia sanitaria. Sin embargo, esa orientación contravenía los procedimientos regulados en el Decreto-Ley 44/2021 del Consejo de Estado.
Finalmente, después de volver a contactar por teléfono con la Oficina de Trámites, el 1° de noviembre le entregaron el vector fiscal –faltó el carnet de contribuyente– y precisaron que debía esperar la llamada del banco para abrir su cuenta. Por supuesto, Ramona no se sentó a esperar por los laureles. Inmediatamente
visitó la sucursal bancaria en La Lira, donde le aseguraron que Trabajo no había notificado el certificado de validación del negocio con vistas a iniciar la apertura de la cuenta fiscal correspondiente. No obstante, tomaron sus datos.
Después de tejes y manejes, El Patio de Ramona comenzó a ofertar productos agrícolas a la comunidad, a precios mucho más asequibles; “porque la idea es sobrevivir, no abusar de la gente”, afirma esta mujer, quien tiempo atrás era ama de casa y luego despuntó como emprendedora.
Con similares intenciones, Alexei Gómez Cordero, en el municipio de Ciego de Ávila, lleva varios meses esperando autorización para su proyecto como vendedor minorista de productos del agro. Vale destacar que esas ofertas son cosechadas por su familia en una pequeña finca rural, lo cual permite, incluso, suavizar precios a favor de la población.
Alexei Gómez Cordero, aunque tiene los productos agropecuarios en la finca familiar, sigue sin recibir el permiso para comercializarlos. / Pastor Batista
Ambos, Alexei y Ramona -mucho antes de entrar en vigor las normas- realizaron diligencias con las autoridades locales con el interés de obtener un permiso para vender producciones agrícolas. Pero les dijeron entonces que no estaban dando permisos para esa licencia. Aunque a Ramona se le dio luz verde en la capital, Alexei siguió penando en la provincia avileña.
Si el Decreto 35, De la Comercialización de Productos Agropecuarios, publicado en la Gaceta Oficial No. 49, edición Extraordinaria, de 4 de mayo de 2021, autoriza a los TCP a ejercer esta actividad, ¿por qué las direcciones de Trabajo prohibieron hacerlo?
Lourdes Milian Monte, especialista principal de la dirección municipal de Arroyo Naranjo asegura: “el tema de los vendedores minoristas solo se abrió para aquellas personas que eran trabajadores estatales de los diferentes mercados agropecuarios y, como cambió la ley, esos establecimientos iban a pasar a ser arrendados. Por eso se abrió esa licencia para ellos nada más. La indicación venía con un listado de Acopio, de quienes iban a pasar a ser TCP. A partir del 20 de septiembre, sí se puede solicitar esa licencia”.
De estos casos BOHEMIA también recabó explicaciones en el órgano rector. Yenisey González Madrazo, al frente de la dirección de Atención y Control al TCP del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), sencillamente desconocía la norma: “No le puedo referir del Decreto 35 porque no lo tengo aquí para decirle si está o no en vigor. ¿Será el de La Habana?”. Con estos truenos… de ahí para abajo cualquier cosa es posible. La profesionalidad por la que aboga el primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, parece caer en saco roto ante los vacíos legales de funcionarios encargados de velar por el mejor desempeño del TCP.
Yenisey González Madrazo, al frente de la dirección de Atención y Control al TCP, desconocía el Decreto 35 que regula la comercia-lización de productos agropecuarios. / Anaray Lorenzo
Querella con el tres
Muy cerca del Parque de La Libertad y de la vorágine que poco a poco vuelve al centro de la ciudad de Matanzas se ubica el Hostal Azul, una casa de renta que, incluso en los momentos más difíciles de la covid-19, no cerró sus puertas.
O más bien sus ventas, teniendo en cuenta que Joel Báez Almeida, dueño de este negocio, ubicó allí un punto para ofertar panes, dulces, jugos y concentrados, y así sortear la suspensión del turismo a raíz de la pandemia. A juicio del también miembro del Comité Nacional del Sindicato de Hotelería y Turismo, las últimas normativas respecto al TCP y al resto de los actores económicos, si bien suponen un impulso al desarrollo de las fuerzas productivas, igual implican un reto y generan preocupaciones a los emprendedores.
Entre los trabajadores privados prevalece el criterio, sostiene Joel, que la normativa limita demasiado ciertas cuestiones como el número de contratados solamente a tres. “Si hubiera habido un intercambio mayor con la base, y a nivel de país, tal vez fueran más, al fin y al cabo determina más la complejidad de la actividad que el número de empleados, tanto así que pueden conformarse micro, pequeñas y medianas empresas de solo tres personas”, indica el perspicaz matancero.
En un sondeo de opinión realizado en varios municipios de la capital, esta publicación recogió similares criterios. Bernardo Romero González, un joven emprendedor de Playa, al que le viene como anillo al dedo las transformaciones para dotar de personalidad jurídica a los negocios privados, estima: “El tres me parece poco. ¿Por qué? Tenemos la clásica cafetería de la esquina que tiene dos turnos de trabajo y resuelve muchos problemas en los barrios porque no hay ofertas estatales. Entonces ese límite le va a complicar la vida a mucha gente”.
En el municipio de Marianao una TCP, que pidió el anonimato, considera tal decisión como “un pie forzado porque nos habían permitido aumentar la cantidad de trabajadores contratados y eso es empleo para todos. Entonces, ahora lo limitan. Es un dale pa’ lante y un dale pa’ atrás que nos mantiene con tensión”.
Un cuentapropista que pide el anonimato aboga por poner fin al zigzagueo normativo en cuanto a la cantidad de trabajadores contratados. /Anaray Lorenzo
A la Dirección Municipal de Trabajo de La Lisa han llegado muchos trabajadores contratados sin saber qué pasará con ellos, reconoce Bárbara Cintra Otero, especialista de la Oficina de Trámites. “Una de las medidas que adoptamos fue emitirles un documento con firma y cuño donde se le orienta al titular de la licencia reconocerlos en su negocio para que de alguna forma estén legal. No se les puede decir que no continuarán porque esa es una forma de empleo”, aduce Cintra Otero.
Aunque esos sentires andan en el candelero del sector privado, llama la atención que, según González Madrazo, del MTSS, no habían llegado al organismo. “Hemos conceptualizado que el TCP se hace de forma autónoma y aquí estamos permitiendo que pueda tener tres trabajadores contratados y auxiliarse de su familia. Ahora, el resto, por la naturaleza de su actividad, tiene que convertirse en pequeñas y medianas empresas o en cooperativas no agropecuarias. No estamos negando la oferta de empleo, al contrario, le estamos dando a cada cual el lugar que le corresponde”, sostiene la directiva.
Con la experiencia en el seguimiento y atención al TCP en el municipio de Arroyo Naranjo, Lourdes Milián Monte no duda de que “en el camino se harán algunos ajusticos a la cantidad permitida”.
Después de cuatro décadas dedicadas a la investigación, la doctora en Ciencias Económicas Ileana Díaz Fernández, del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, reflexiona: “El número no es lo importante, sino qué actividades son de peso para el crecimiento esperado. ¿Un ponchero que tiene cuatro trabajadores contratados tiene que pasar a otra forma de gestión? Si este es un trabajo de subsistencia, al igual que las cafeterías de barrio, ¿qué le aportan a la dinámica de desarrollo del país? Estas son una fuente de empleo y eso está muy bien. Pero en Cuba lo que falta es una visión estratégica, a dónde queremos llegar con los actores económicos”.
Para agilizar trámites
Evidentemente las oficinas concebidas para atender a los TCP en las direcciones municipales de Trabajo han devenido espacios de notable concurrencia.
Según expresa Juan José González Carballeida, subdirector para el Trabajo por Cuenta Propia en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ciego de Ávila, dichas oficinas continúan empeñadas en asumir, simplificar y realizar trámites que anteriormente correspondían a los propios TCP, en medio de un proceso engorroso con otros organismos y entidades.
Como resultado, si todo fluye bien y se le pone corazón al asunto, a la vuelta de unos 25 días el interesado puede tener en sus manos el certificado que valida su proyecto, el documento que lo acredita como contribuyente y el llamado vector fiscal de persona natural.
“Puedo decirte que desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 44, los avileños han presentado solicitud para más de 1 000 proyectos, una buena parte han sido aprobados ya en actividades relacionadas con la ganadería, la industria manufacturera, la información, comunicación y telecomunicaciones, y la gastronomía, entre otras.
“Es curioso y alentador –añade– que muchos de esos solicitantes no tenían vínculo laboral anterior”.
Abanico de tramas
Que no todo es color de rosa en el activo mundo donde gira el trabajo por cuenta propia, muy bien lo sabe Norge Domínguez Calderón, un hombre que después de 25 años laborando en talleres del Poder Popular Provincial avileño decidió pasar a esa otra alternativa de empleo en Cuba como reparador de equipos mecánicos y de combustión.
Si muy bien le iba, en lo personal, igual o mejor se sentían infinidad de usuarios privados y sobre todo estatales, que acudían a recibir servicios en un cálido espacio, a la entrada de la vivienda de Norge, hasta que…
Una vecina, ajena a todo tipo de actividad socialmente útil, se empeñó en afirmar que le molestaba el ruido causado por un hombre que, según ella, “lo único que hace es trabajar, trabajar y trabajar”, de manera que formuló quejas y, para no hacer muy larga la historia, desde hace un año a Norge le fue retirada su patente, hasta hoy sin solución ni explicación convincente, incluso cuando otros vecinos, clientes y hasta especialistas desestiman el pretexto de un ruido que en la práctica no es tal.
La historia de Norge Domínguez Calderín demuestra la insensibili-dad en el actuar de las autoridades locales en Ciego de Ávila. / Pastor Batista
“En busca de ayuda me he dirigido a todas las estructuras habidas y por haber, incluyendo cuerpos de inspección y hasta la Fiscalía, pero nada. ¿Y de qué voy a vivir?”, se pregunta el noble trabajador.
Fernando Cruz navega con mejor brisa. Dedicado al giro de los ponches y el aire para todo tipo de neumáticos, agradece estar informado y actualizado acerca de medidas que ha venido aplicando el país.
“Es interesante –afirma– que puedo presentar un proyecto si deseo incorporar algún otro servicio complementario para mejorar la atención al cliente, algo que hasta ahora no se permitía.
“Para mí está claro, además, que puedo contratar hasta tres trabajadores o formar, con un número mayor, una pequeña empresa… pero en verdad no estoy interesado, al menos por ahora. Con lo que hago me siento bien y después de pagar mis impuestos, la patente y todo lo demás, me quedan ingresos para vivir honradamente en estos tiempos”.
El joven Gilberto Martínez Guadarrama, vendedor ambulante de alimentos, clama por una mayor comunicación con los TCP. /Pastor Batista
Similar opina el joven Gilberto Martínez Guadarrama, dedicado a la venta de alimentos ligeros de forma ambulatoria, quien, sin embargo, considera que debe haber una mayor comunicación con ellos, pues a veces entran en vigor medidas que no todo el mundo conoce.
“Por ejemplo, al comenzar la fase de transmisión autóctona de la covid-19, ignoraba que no se podía ofrecer el servicio y me pusieron 5 000 pesos de multa. Eso me dolió porque me gusta cumplir lo establecido y no tengo problemas con los inspectores a pesar de que aparecen bastante por aquí para ver el tema precio, la higiene, el nasobuco y exigir que no estemos en un mismo lugar, sino moviéndonos constantemente”, comenta Gilberto.
Se trata, en fin, de un abanico de situaciones, entre las cuales pueden emerger casos como el de Wilfredo Sánchez, zapatero remendón que hace pininos para conseguir hilo, pegamento y otros insumos imprescindibles.
Golpes duros
La ausencia de un almacén, tienda o mecanismo que permita adquirir las materias primas, recursos e insumos necesarios para las actividades sigue siendo preocupación con denominador común entre los TCP.
En diálogo con BOHEMIA, sentada en el amplio salón de reuniones de la revista, Johana Odriozola Guitart, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), reconoce: “el mercado mayorista está muy desabastecido porque tiene un problema fundamental, la mayoría de los productos son importados, entonces si usted los tiene que comprar en dólares y después vender en moneda nacional, no tiene forma automática de reaprovisionarlo y llega el momento en que se le acaba el dinero. La falta de recursos afecta a toda la economía.
Tanto las actividades más sencillas, como esta que ejerce Wilfredo Sánchez, y otras de mayor complejidad, se ven afectadas por la ausencia de suministros en la red del comercio interior. /Pastor Batista
“Las opciones hoy para la población en un grupo de cosas están en el sector privado. Si usted quiere tomar helado, ¿mire a ver si Coppelia o la Nestlé le dan el servicio? Sin embargo, le puedo decir en cuántos lugares compro helado todos los fines de semana. ¿Y alguien se preguntó de dónde sacan los privados las cosas para producirlos? Es verdad que ellos ponen el precio que quieran, pero es que importan el envase y la empresa estatal le está vendiendo la leche tres veces por encima del precio con que se lo venden a otra estatal. Y todo eso encarece el producto”, amplía la también licenciada en Derecho.
Otro asunto que golpea al mentón de los TCP es la ausencia de un mercado oficial en divisas, explica Milian Monte, al frente de la Oficina de Trámites de Arroyo Naranjo. “Muchos han abierto cuentas en moneda libremente convertible. No es un secreto que ellos están comprando los dólares caros en el mercado informal, por encima de los 70 u 80 pesos, para poder mantener su negocio.
“Sin embargo, cuando van a vender a la población no pueden pasarse del 2.5 por ciento del costo de la mercancía. Además, te dicen que cuando hacen las importaciones a través de ITH es una barbaridad de dinero lo que tienen que pagar. Cuando sacan las cuentas a lápiz no les da la lista con el billete. Entonces, la Dirección Integral de Supervisión los sofoca por los precios abusivos”.
Si bien es cierto que la actual crisis tiene en jaque no solo a los cuentapropistas, sino a toda la economía nacional, hay cosas que no se entienden. El recelo de muchos TCP parte del hecho de que no siempre lo establecido por las normas se hace realidad. Tal es el caso de la comercialización de inventarios ociosos de las empresas estatales a personas naturales y jurídicas (recogido en la Resolución 113/2021 del Ministerio de Comercio Interior), anhelo que hasta el momento anda lejos de concretarse.
“El turismo —como otros renglones— desecha cada año recursos que un TCP puede emplear, reparar y extender su vida útil. Minibares, colchones y mobiliario en general son destruidos y pocas veces puestos en una feria para venta a la población o a los trabajadores no estatales”, subraya Joel Báez Almeida, un convencido de que todavía quedan cosas por destrabar en el ejercicio del trabajo privado en Cuba.
Autónoma que corre al mar
La Ley, y su espíritu, no pueden enajenarse de la voluntad de aquellos a los que pretende servir. Por ello, como decía Martí: “En los pueblos libres, el derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de sí mismo, el derecho ha de ser popular”. Una brújula que nunca deberá perderse de vista.
La definición sobre el TCP realizada en el Decreto-Ley 44/2021 establece que “el trabajo por cuenta propia es la actividad o actividades que, de forma autónoma, realizan las personas naturales, propietarios o no de los medios y objetos de trabajo que utilizan para prestar servicios y la producción de bienes”.
Si el término autónomo se asocia, como indica Yenisey González Madrazo, del MTSS, al trabajo que puede realizar por sí sola una persona, entonces no tiene sentido permitir, como enuncia la norma más adelante, la contratación de hasta tres o la ayuda de familiares.
En buena lid, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el “trabajador autónomo es aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo sin sujeción por ella a contrato de trabajo aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”. Sin establecer límites.
Continuará
