Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." Fidel Castro Ruz

sábado, 22 de diciembre de 2018

Homero Acosta: Un texto enriquecido con el aporte del pueblo

El nuevo proyecto que se propone incluye aproximadamente 760 cambios, entre adiciones y eliminaciones de artículos, frases, palabras, etc. Foto: José Manuel Correa
Toca a los diputados debatir la propuesta de Constitución y finalmente aprobarla. Foto: Juvenal Balán
Como un texto que ha ganado en calidad en su confección y contenido, al enriquecerse con las propuestas emanadas del pueblo, fue calificada la propuesta de Constitución de la República de Cuba, en el informe presentado este viernes por Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, acerca del resultado de la consulta popular.
Este último proceso es calificado en el documento como una expresión genuina del carácter democrático y participativo de nuestro sistema socialista, pues la amplia participación popular reflejó el alto grado de preparación cultural y política del pueblo cubano y su compromiso e identificación mayoritaria con el perfeccionamiento del sistema político, económico y social.
Se destaca, asimismo, la transparencia, organización, responsabilidad y rigor con que se llevó a cabo la preparación y realización de las asambleas de discusión del proyecto de Constitución, así como la captación, procesamiento y análisis de los planteamientos de la población a todos los niveles.

DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA CONSULTA

En cumplimiento de lo acordado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión ordinaria de los días 21 y 22 de julio del año 2018, el proyecto de Constitución de la República fue sometido a consulta popular, entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre del 2018.
Previo a la consulta se estableció una infraestructura de trabajo para captar y procesar toda la información derivada de ella y se capacitó a las personas responsabilizadas de dirigir las reuniones para su mejor desempeño.
En el proceso de consulta popular se realizaron:

- 133 681 reuniones, de ellas:

79 947 de la población
45 452 de colectivos de trabajadores
3 441 de campesinos
1 585 de estudiantes universitarios
3 256 de estudiantes de la enseñanza media

- Asistieron 8 945 521 personas


- Se realizaron 1 706 872 intervenciones, de ellas, 783 174 propuestas:

666 995 modificaciones
32 149 adiciones
45 548 eliminaciones
38 482 dudas

Esta información fue procesada por cada uno de los párrafos del documento sometido a consulta,  y se agruparon las muy similares en 9 595 propuestas tipo (cada una reúne como promedio 78 propuestas).

También fueron evaluadas las 2 125 propuestas presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), recibidas de los cubanos residentes en el exterior; de ellas, 1 150 modificaciones, 350 adiciones, 406 eliminaciones y 219 dudas. De estas se derivaron 978 propuestas tipo.
En total, la página web habilitada por el Minrex recibió 4 751 visitas de 123 países, aunque se registraron propuestas de solo 58. La inmensa mayoría de ellas no cuestiona la esencia de nuestro sistema.
Del mismo modo, fueron evaluadas opiniones expresadas por otras vías, como las redes sociales, cartas de la población, y otras. Tuvieron especial significación las derivadas de los análisis en facultades de Derecho, centros científicos, la Academia de Ciencias de Cuba y sociedades de la Unión Nacional de Juristas.
Entre las opiniones espontáneas recogidas acerca del proceso, predominan con el 62 % las favorables, el 35 % son expectativas, sugerencias y preocupaciones, y solo el 3 % refleja matices críticos.
El mayor número de propuestas realizadas por la población se concentra en los temas siguientes:

El matrimonio (Artículo 68 del proyecto). Se realizaron 192 408 propuestas (24,57 % del total) en 88 066 reuniones. Se destacan las referentes a mantener la redacción de la Constitución vigente, las relacionadas con las parejas del mismo sexo y los hijos, así como eliminar el artículo propuesto.

El Presidente de la República. Se expresan diferentes opiniones, las más significativas son:

a) Sobre el periodo de mandato (Artículo 121 del proyecto), se hicieron 88 039 propuestas (11,24 % del total) en 65 803 reuniones. Las opiniones, en sentido general, están dirigidas a no limitar los periodos de mandato (74 450), eliminar el párrafo o sustituir dos periodos por tres.

b) La edad límite de 60 años para su elección (segundo párrafo del Artículo 122). Hay 24 335 propuestas (3, 11 % del total) en 20 135 reuniones. Lo que más se manifiesta es eliminar el párrafo, no precisar límite de edad alguno o cambiar por una edad mayor.

c) Elección del Presidente de la República (Artículo 121 del proyecto). Existen 16 716 propuestas (2, 13 % del total) en 12 804 reuniones. La mayor cantidad propone que sea electo directamente por los electores (12 264 propuestas).

d) La edad mínima de 35 años para acceder al cargo (Artículo 122 del proyecto). Se hicieron 10 307 propuestas (1,32 % del total) en 8 990 reuniones. Se manifiesta con mayor frecuencia elevar la edad o que no exista límites.

El trabajo (Artículo 31 del proyecto). Se realizaron 51 414 propuestas (6,56 % del total) en 40 420 reuniones. En lo esencial interesa establecer su carácter obligatorio (46 968). Del mismo modo, sobre el Artículo 76 del proyecto, referente a la remuneración del trabajo, se formulan 12 558 propuestas (1,60 % del total) en 9 767 reuniones, vinculadas, principalmente, a la correspondencia que debe existir entre el salario y los precios vigentes, así como dudas en la forma en que se va a garantizar el principio de distribución socialista reflejado.

El Gobierno Provincial (Artículo 165 del proyecto). Se relacionaron 25 650 propuestas (3,28 % del total) en 18 455 reuniones, se centran fundamentalmente en que se cambie el nombre de Gobernador por el de Presidente, Jefe u otros. Asimismo, sobre la manera de designación del Gobernador (Artículo 170 del proyecto), se realizaron 16 188 propuestas (2,07 % del total) en 12 847 reuniones. Fueron las más significativas que el Gobernador sea electo directamente, por el pueblo, por las asambleas municipales del Poder Popular o por el Consejo Provincial.
El derecho a la asistencia jurídica para ejercer la defensa (inciso f del Artículo 48 del proyecto). Hay 18 283 propuestas relacionadas con este tema (2,33 % del total) en 15 132 reuniones. En lo  fundamental se solicita que las personas tengan derecho a la asistencia jurídica desde el propio momento de la detención.
El derecho a una vivienda digna (Artículo 82 del proyecto). Sobre este tema hubo 15 398 propuestas (1,97 % del total) en 13 182 reuniones. Las principales intervenciones fueron para proponer cambiar el término digno por habitable (5 835) y dudas acerca de qué se considera una vivienda digna.
En el caso de los cubanos residentes en el exterior, las principales propuestas estuvieron relacionadas con la solicitud de que se les garantice igualdad en el disfrute de los derechos y deberes, en particular su derecho al voto y les reconozcan el tiempo de trabajo en Cuba u otro país a los efectos de la seguridad social.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

Para realizar el trabajo de análisis de cada propuesta, el 28 de septiembre del presente año, con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, se creó un Grupo de Trabajo integrado por 30 compañeros, de estos, nueve integrantes y dos asesoras de la Comisión redactora y otros 19 de otras instituciones.
El Grupo fue estructurado en siete subgrupos, a seis se les distribuyó el proyecto por títulos, uno tuvo a su cargo el apoyo informático. También se organizó un grupo central, encargado de analizar las propuestas de los subgrupos, elaborar el informe final y presentarlo a la Comisión redactora del proyecto de Constitución de la República.
A partir de métodos científicos rigurosos, los cuales pueden ser auditados, se realizó el procesamiento de la información resultado del debate nacional, que comenzó a realizarse desde que se recibió el primer parte del Equipo Nacional de Procesamiento, el 5 de octubre de 2018, y culminó el 15 de noviembre del presente año. Fue un principio en la labor de ese Grupo evaluar cada una de las propuestas presentadas y fundamentar la decisión que se propone al respecto.
De las 9 595 propuestas tipo recibidas, el Grupo le propuso a la Comisión redactora  aceptar 4 809 para un 50,1 %, algunas con un reflejo directo  en el texto, aunque no necesariamente con la misma redacción ni en el mismo artículo que se propuso; otras ya estaban contempladas de alguna manera en el proyecto, y un número considerable que, por su contenido, serán tenidas en cuenta en procesos legislativos posteriores, lo que refleja la amplitud de este proceso.
Se propuso no aceptar 4 786, para un 49,9 %, algunas improcedentes desde el punto de vista jurídico, en mayor medida, porque no aportan al texto o se refieren a aspectos puntuales o de redacción no relevantes; un número, significativamente menor, por ser incompatibles con nuestros principios.
Por su parte, de las 978 propuestas tipo provenientes de la consulta a cubanos residentes en el exterior, se sugiere aceptar 391, para un 40 %, muchas de ellas coincidentes con las propuestas consideradas a incluir provenientes del procesamiento realizado.
Durante el análisis, en el que se razonó propuesta por propuesta, fue necesario efectuar consultas al Minrex, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), a los Ministerios del Interior y Agricultura, así como a La Facultad de  Derecho de la Universidad de La Habana y otros especialistas en diferentes temas.
El resultado del análisis detallado de las propuestas fue presentado a la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, la cual, encabezada por su Presidente el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido, sesionó entre los días del 16 al 21 de noviembre del presente año.
De los profundos y amplios debates sostenidos por la Comisión en cada uno de los asuntos, se elaboró una nueva versión del Proyecto de Constitución que fue analizada detalladamente en el VIII Pleno del Comité Central del Partido, los días 11 y 12 de diciembre.
El nuevo proyecto que se propone incluye aproximadamente 760 cambios, entre adiciones y eliminaciones de artículos, frases, palabras, y otros.
Mantiene los 11 títulos, aunque algunos variaron su ubicación:

- Título I: Fundamentos políticos

- Título II: Fundamentos económicos
- Título III: Fundamentos de la política educacional, científica y cultural (Antiguo Título V)
- Título IV: Ciudadanía (Antiguo Título III)
- Título V: Derechos, Deberes y Garantías. (Era el Título IV, tiene cambios en la denominación de los capítulos II, III, IV y VI)
- Título VI: Estructura del Estado. (El Capítulo V Las leyes, ahora es el VIII, último de ese Título, con dos nuevas secciones. También se le cambió el nombre por el De las Disposiciones Normativas)
- Título VII: Organización Territorial del Estado
- Título VIII: Órganos Locales del Poder Popular
- Título IX: Sistema Electoral
- Título X: Defensa y Seguridad Nacional
- Título XI: Reforma de la Constitución. (Conserva los 24 capítulos, tiene 18 secciones, dos más que el proyecto circulado, al incorporarse dos en el capítulo VIII del Título VI, y 229 artículos, de ellos, ocho nuevos)

Del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, en el Preámbulo se modifican ocho párrafos e incluyen cuatro nuevos y de los 224 artículos que contiene, se sugieren modificar 134 para un 59,8 %, eliminar tres (Artículos 4, 18 y 30, aunque el contenido del primero y el último se integra a otros preceptos) para un 1,3 % y mantener sin cambio alguno 87 para un (38,8 %). Todos estos datos desmienten a quienes manejaron la matriz de que no se tendría en cuenta la opinión del pueblo.

Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado. Foto: José Manuel Correa

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS Y CUESTIONES MÁS DEBATIDAS

- Preámbulo

Se hicieron algunos ajustes en su contenido, en especial fue incluido lo relativo a la lucha clandestina, el internacionalismo proletario y la mención «de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre, y que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena».

Fue amplia la solicitud, aunque no se acoge en el proyecto, de la mención a diversos héroes (Che, Camilo, Carlos Manuel de Céspedes, Mella, Villena…), y otros pasajes de nuestra historia.

FUNDAMENTOS POLÍTICOS

En el primer capítulo Principios fundamentales hubo cambios en el orden de los artículos, principalmente porque el antiguo Artículo 10 (soberanía popular) ahora pasó para el Artículo 3.
Un tema debatido en el Grupo de Trabajo fue lo referente a sustituir el nombre que se da a los símbolos patrios, en particular a la bandera y el himno nacional (Artículo 2, antiguo 4), lo que se propone  no aceptar, en correspondencia con la denominación que se reconoce en el vigente texto constitucional y la tradicional que se les ha dado.
En el Artículo 5 referido al Partido, se definió a este como fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado y se incluyó la mención al comunismo. En los artículos 7 y 8, queda claro que el Partido, como el resto de las organizaciones, está obligado a cumplir  la Constitución y las leyes.
Solo el 0,03 % de las opiniones se cuestionó el papel de esta organización.
Se eliminó el Artículo 18 del proyecto consultado,  relativo a las entidades supranacionales, atendiendo a que no es visible un proceso como este en lo inmediato y porque parte de su contenido pudiera estar en el inciso d) del Artículo 16, referido a la integración latinoamericana.

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

Fueron incorporados dos nuevos artículos, uno relativo a la participación de los trabajadores en los «procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía» (Artículo 20) y el otro, acerca del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social del país (Artículo 21).
En las formas de propiedad se mejoró la redacción de la privada para explicitar que comprende a las personas naturales y jurídicas cubanas o extranjeras  con un papel complementario en la economía. Asimismo, se adiciona entre las formas de propiedad de las instituciones y formas asociativas, que pudiera incluir la de las iglesias, fundaciones y otras asociaciones.
En cuanto a la propiedad socialista de todo el pueblo, se precisa que la transferencia de derechos que no impliquen la propiedad sobre los bienes de dominio público es facultad del Consejo de Estado (artículo 23) y quedan incluidos, entre ellos, los yacimientos minerales y las playas.
Dentro de esta forma de propiedad también fue definido que incluye otros bienes patrimoniales, de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país, entre ellos, «las principales infraestructuras, industrias e instalaciones económicas y sociales», los que podrán ser transferidos en propiedad solo en casos excepcionales, por el Consejo de Ministros, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país.
Otra modificación está referida al contenido del Artículo 22 (actual Artículo 30), el que en su nueva redacción precisa la regulación por el Estado de la concentración de la propiedad en personas naturales y jurídicas no estatales, e incluye lo relativo a una redistribución más justa de la riqueza, aspecto en el que se expresaron muchas opiniones divergentes, y con lo cual se atiende a un número elevado de propuestas.
En el Artículo 31, a pesar del elevado número de criterios (46 968) de incluir la obligatoriedad de trabajar, se acordó sugerir no acogerlo, por ser contrario a nuestros principios y compromisos internacionales. No obstante, el texto lo reconoce como un «deber social».
A su vez, en este propio precepto quedó previsto que el trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos, a fin de consignarlo de un modo más progresivo y atemperado a la realidad actual.
Entre los elementos generales reconocidos en el Proyecto están el carácter socialista de nuestro sistema económico, papel del Estado en la dirección, regulación y control de la economía, la propiedad socialista del pueblo sobre los medios fundamentales de producción y el reconocimiento del mercado, planificación socialista, participación de los trabajadores en los procesos económicos, papel de la empresa estatal socialista, propiedad privada con carácter complementario, papel de la inversión extranjera.

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL, CIENTÍFICA Y CULTURAL

Se señala que la política educativa, científica y cultural se fundamenta, además, en la innovación; fue retomado el concepto  de la vigente Constitución de que «la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre», por corresponderse con principios imprescindibles para el desarrollo de esa actividad y en cuanto a la creación artística y las formas de expresión del arte, se precisa que su contenido debe respetar los principios de la política cultural del Estado.

CIUDADANÍA

Lo más trascendente fue la precisión de que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana, con lo cual se da respuesta a 1 309 propuestas de la población al respecto (Artículo 36, antiguo 35).

DERECHOS, DEBERES y GARANTÍAS

En el capítulo de disposiciones generales, se incluyó un nuevo artículo (el 40) para reconocer la dignidad  humana como valor supremo de las personas.
El nuevo proyecto que se propone incluye aproximadamente 760 cambios, entre adiciones y eliminaciones de artículos, frases, palabras, etc. Foto: José Manuel Correa

En el precepto referido a la  igualdad (Artículo 42, antiguo 40), ante la solicitud popular (1 266 propuestas), fue incluido el derecho de todos «a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicio», con lo cual se resuelve lo relativo al acceso a las playas, hoteles u otros lugares.

También para el mencionado artículo se trasladó lo referido a la expresión de que las personas «reciben igual salario por igual trabajo» y se adiciona que ello es «sin discriminación alguna», eliminándose que es de «igual valor», con lo cual aquella frase adquiere verdadero sentido y pudieran disminuir las dudas que existen sobre su interpretación.
En el Capítulo II, con la nueva denominación de Derechos, se concentran todos los derechos, cualquiera que sea su naturaleza (individuales, civiles, políticos, económicos, sociales, etc.), con lo que se pretende evitar las dudas en cuanto a su clasificación.
En lo relativo a la libertad de prensa (Artículo 55, antiguo 60), en su segundo párrafo, quedó precisado que los medios fundamentales de comunicación son de propiedad socialista de todo el pueblo o «de las organizaciones políticas, sociales y de masas»; además, que en ningún caso podrán ser objeto de propiedad privada.
Fue adicionada como una garantía material al derecho al trabajo (Artículo 64, antiguo 75), la responsabilidad del Estado de organizar «instituciones y servicios que faciliten a las familias trabajadoras el desempeño de sus responsabilidades», aspecto que ofrece una respuesta de carácter general ante la insistencia de que se mencionaran los círculos infantiles u otras cuestiones.
Otro aspecto que no tuvo cambios respecto al proyecto fue lo relativo al principio de distribución socialista (Artículo 65, antiguo 76), aunque existen opiniones divergentes en la academia y un reclamo de que no se cumple actualmente con la realidad económica y por tanto debe suprimirse, pero como principio que le es intrínseco a la sociedad socialista debemos asumirlo y defenderlo.
El derecho, a la seguridad social (Artículo 68, antiguo 79) fue ampliado para reconocer la protección no solo de la maternidad y la paternidad, sino también «a los abuelos u otros familiares del menor de edad, en función del cuidado y atención de este», para  extenderlo a otros sujetos merecedores de esa protección tal y como está regulado actualmente y con ello dar respuesta a opiniones de la población.
Fue modificado el derecho a la vivienda «digna» (Artículo 71, antiguo 82), respecto a lo cual hubo muchas dudas y observaciones. En lugar de este último término se consignó «adecuada» y amplió el derecho a un «hábitat seguro y saludable», que ofrece una mayor precisión y lo extiende no solo al espacio físico y a un techo, sino al entorno en que debe  desarrollarse la vivienda y sus características principales.
En el derecho a la salud pública (Artículo 72, antiguo 83) quedó más explícita la responsabilidad del Estado,  añadiéndose que sus servicios deben ser de «calidad»  e incorporándose como garantía la creación  de un «sistema de salud a todos los niveles, accesible a toda la población» y el desarrollo de «programas de prevención y educación de la salud, en los que contribuye la sociedad y las familias».
Respecto a la educación (Artículo 73, antiguo 84), fue diferenciada, en primer  lugar, la responsabilidad del Estado, añadiéndose que sus servicios han de ser de calidad y fue extendido su carácter gratuito desde «la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado», acogiendo así 1 507 opiniones de la población.
Fueron también ampliadas las garantías para hacer efectivo este derecho, a partir de la posibilidad que se brinda, entre ellas, «el amplio sistema de instituciones educacionales y la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida».
En el Capítulo III  Las familias,  se incorpora con carácter independiente lo relativo a estas, similar al texto constitucional vigente y con el objetivo de visualizar la importancia de este tema en la sociedad.
Es de destacar la nueva regulación que aparece en el Artículo 81 (antiguo 67), donde se establece el derecho de las personas a fundar una familia, cualquiera que sea su forma de organización, y la definición de que estas se constituyen «por vínculos jurídicos o de hecho».
Según datos del Censo del 2012, tienen parejas estables (mayores de 15 años) 5 476 734 personas. De ellas, el 48 % son  uniones legales de hecho y 52 % casadas.
Para dar respuesta al mayoritario reclamo de la población respecto al contenido del Artículo 68, se elimina la mención a los sujetos que conforman el matrimonio y en su lugar, el nuevo Artículo 82 establece que es una institución social y jurídica, y una de las formas de organización de las familias, derivando a la ley su desarrollo posterior.
Unido a esto, en la Disposición Transitoria Decimoprimera se establece que en el plazo de dos años de la vigencia de la Constitución, la Asamblea  Nacional dispondrá iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio. Con ello se pretende no incluir en el texto constitucional los sujetos de esa institución y lograr su definición en una votación en referendo del mencionado Código.
Hemos buscado un equilibrio necesario, porque la Constitución de la República debe generar consenso en la sociedad.
Sobre el artículo 82 se tuvo en cuenta tanto los criterios de las personas a favor del matrimonio homosexual y los que no lo apoyan. Aquí no hay vencedores y vencidos.
Lo que estaba antes es la voluntad que tenemos, pero este no era el momento para establecerla porque no hubo consenso. Pero mantenemos la intención de lograrlo en el futuro. El Código de Familia se someterá a votación porque es la forma más democrática de definirlo.
A la vez, el propio Artículo 82 reconoce las uniones de hecho y remite a la ley la regulación de las condiciones y circunstancias en que estas se configuran, así como los derechos y obligaciones que de ellas se derivan. Dichas uniones pudieran ser de parejas heterosexuales o del mismo sexo, pero en el proyecto de Constitución se obvia también a los sujetos.
Las familias no solo están vinculadas al matrimonio, unas se constituyen en actos jurídicos como el matrimonio o la adopción, pero también existen las familias de hecho a partir de uniones consensuales.
En este propio capítulo dedicado a las familias (Artículo 86, antiguo 72) se amplían los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al considerárseles sujetos plenos de derechos conforme establece la Convención de los Derechos del Niño, así como en un nuevo artículo (el 87), se reconoce el papel de los jóvenes en la sociedad.
También se acentúa la protección y el ejercicio de los derechos por parte de las personas adultas mayores (Artículo 88, antiguo 73) y las personas en situación de discapacidad (Artículo 89, antiguo 74).
En el Capítulo IV del propio Título V, se regulan los Deberes (Artículo 90, antiguo 91), el cambio fundamental radica en que se incorpora el respeto y protección de los símbolos patrios, así como el deber de proteger la flora y fauna, respondiendo a  un reclamo extendido de regular la protección de los animales.
En un nuevo Capítulo VI denominado Garantía de los Derechos, se agrupa todo el sistema de garantías que estaba disperso en el articulado del proyecto. Se incorporan dos nuevos artículos, el 92, relativo a la tutela judicial, y el 93, para reconocer los métodos alternos de solución de conflictos (arbitraje, mediación, etc.).
El principio del Debido Proceso (antiguo Artículo 48), tuvo una importante modificación, al dividirse las cuestiones generales relativas a cualquier clase de asunto (Artículo 94) y las vinculadas al proceso penal en sí (Artículo 95).
Resultó muy solicitada la asistencia letrada en el proceso penal desde el momento de la detención. Este fue un tema ampliamente debatido y se llegó al consenso de que fuera desde el inicio del proceso, dejando a la ley su precisión.
En el Artículo 99 (antiguo 94) se incorporó la posibilidad de reclamar ante los tribunales la vulneración de derechos constitucionales, no solo por el Estado o sus representantes, sino también por los particulares y entes no estatales. Asimismo, se deja a la Ley definir cuáles serán esos derechos constitucionales amparados y el procedimiento para ello.

ESTRUCTURA DE ESTADO

En sentido general se mantuvo la misma redacción, con cambios muy concretos. En este Título existen cuatro aspectos relacionados con la figura del Presidente de la República, sobre los cuales las personas opinaron más (periodo de mandato, edades mínima y máxima, así como su elección popular) y que se propone mantener como está en el proyecto, acorde con las decisiones de los congresos del Partido y su Primera Conferencia Nacional. En el caso de la edad mínima, las constituciones establecen una en la que se supone que la persona ha alcanzado madurez y tenido una trayectoria que le permita acceder a un cargo de la más alta magistratura; generalmente, como un convencionalismo, se acuerdan los 35 años.
Con respecto al periodo de mandato, el documento recoge lo aprobado en el VI y VII Congresos del Partido y en la Primera Conferencia Nacional, donde se convino delimitar el periodo de ejercicio de los cargos fundamentales del Estado. No lo crea el proyecto de Constitución, sino que asume una política ya discutida y aprobada, debatida con parte de la población y también respaldada por acuerdos de la Asamblea Nacional.
Tiene que ver, además, con la edad máxima. Cuando se discutió la primera vez el proyecto, el General de Ejército Raúl Castro hizo una amplia exposición acerca de las razones por las cuales consideraba que había que limitar el mandato, históricas y políticas, y el sentido de los 60 años como límite.
Cuando se dio a conocer la Proclama del Comandante en Jefe el 31 de julio del 2006, en la que delegaba con carácter provisional sus facultades, el General de Ejército tenía 75 años de edad. El 24 de febrero del año 2008 estaba próximo a cumplir los 77 años de edad, es el momento en el que se le elige por primera vez Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Cuando comenzó el segundo mandato, y se le ratifica como Presidente, estaba próximo a los 82 años de edad, el 24 de febrero de 2013.
En el Sexto Congreso del Partido, en abril de 2011, en el informe central, hablando sobre la política de cuadros, decía Raúl acerca de la manera en que se podía perfeccionarla y fortalecerla:
«A esto contribuirá, además, el fortalecimiento del espíritu democrático y el carácter colectivo del funcionamiento de los órganos de dirección del Partido y del poder estatal y gubernamental, al tiempo que se garantice el rejuvenecimiento sistemático en toda la cadena de cargos administrativos y partidistas, desde la base hasta los compañeros que ocupan las principales responsabilidades, sin excluir al actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros ni al Primer Secretario del Comité Central que resulte electo en este Congreso.
«Al respecto, hemos arribado a la conclusión de que resulta recomendable limitar, a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales.
«Ello es posible y necesario en las actuales circunstancias, bien distintas a las de las primeras décadas de la Revolución, aún no consolidada y por demás sometida a constantes amenazas y agresiones».
En esa propia fecha, Fidel, en una reflexión que tituló Mi ausencia en el CC, el 18 de abril de 2011, refería:
«Entre los muchos puntos abordados en el proyecto de Informe al Sexto Congreso del Partido, uno de los que más me interesó fue el que se relaciona con el poder. Textualmente expresa: “…hemos arribado a la conclusión de que resulta recomendable limitar, a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. Ello es posible y necesario en las actuales circunstancias, bien distintas a las de las primeras décadas de la Revolución, aún no consolidada y por demás sometida a constantes amenazas y agresiones”.
«Me agradó la idea. Era un tema sobre el que yo había meditado mucho. Acostumbrado desde los primeros años de la Revolución a leer todos los días los despachos de las agencias de noticias, conocía el desarrollo de los acontecimientos en nuestro mundo, aciertos y errores de los Partidos y los hombres. Abundan los ejemplos en los últimos 50 años.
«No los citaré, para no extenderme ni herir susceptibilidades. Albergo la convicción de que el destino del mundo podía ser en este momento muy distinto sin los errores cometidos por líderes revolucionarios que brillaron por su talento y sus méritos. Tampoco me hago la ilusión de que en el futuro la tarea será más fácil, sino al revés.
«Digo simplemente lo que a mi juicio considero un deber elemental de los revolucionarios cubanos. Mientras más pequeño sea un país y más difíciles las circunstancias, más obligado está a evitar errores».
Durante la Primera Conferencia del Partido, el 29 de enero del 2012,  el General de Ejército Raúl expresó: «Aprovecho la ocasión para ratificar que en la medida en que avancemos en la definición de todos los ajustes que será necesario introducir a la Constitución de la República y al marco legislativo complementario, entre otros asuntos, implementaremos la decisión de limitar a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales principales (…) Igualmente deberán modificarse en ese sentido los Estatutos y otros documentos rectores del Partido».
Y en el VII Congreso del Partido, en abril de 2016, afirmó:
«Por eso proponemos establecer 60 años como edad máxima para ingresar al Comité Central y hasta 70 años para desempeñar cargos de dirección en el Partido, lo cual, sumado a la limitación de hasta dos periodos consecutivos para ocupar responsabilidades políticas, garantizará, desde la base, el rejuvenecimiento sistemático en todo el sistema de cargos partidistas. Y repito, que después se tendrá que regular con precisión, porque habrá quien tenga 75 u 80 años y pueda desempeñar una tarea importante, pero no una actividad de dirigente importante, por razones obvias, y por la propia experiencia con la que les estamos hablando.
«Como es lógico, de resultar aprobada esta propuesta por el Congreso, se introducirían las modificaciones correspondientes en los estatutos del Partido. Pensamos que esa misma política debe ser aplicada en las instituciones estatales, gubernamentales y las organizaciones de masas.
«En mi caso no es un secreto que en el 2018 concluirá el segundo mandato consecutivo como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y cederé esas responsabilidades a quien sea elegido».
En el último discurso del General de Ejército como Presidente, el  21 de diciembre del 2017, suscribió:
«Finalmente, compañeras y compañeros, deseo ratificar lo ya expresado por mí en el Sexto y Séptimo congresos del Partido acerca de la conveniencia de limitar a dos términos de cinco años el ejercicio de los principales cargos de la nación. En consecuencia, cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular se constituya el 19 de abril del próximo año, habrá concluido mi segundo y último mandato al frente del Estado y el Gobierno y Cuba tendrá un nuevo presidente».
El día de la sesión constitutiva de la IX Legislatura, el 19 de abril de 2018, cuando Miguel Díaz-Canel Bermúdez asumió como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl expresó:
«El 6to. Congreso del Partido, efectuado en abril del 2011, aprobó la propuesta de limitar a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales.  En igual sentido se pronunció el 7mo. Congreso hace dos años, y aunque esta limitación no ha sido todavía introducida en la Constitución, cuestión que esperamos sea establecida en el marco de su reforma, desde que asumí mi segundo mandato como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el 24 de febrero del 2013, expresé que este sería el último, lo cual ratifiqué el pasado diciembre cuando, desde aquí mismo, afirmé que a partir de hoy Cuba tendría un nuevo Presidente.
«No era necesario esperar a realizar una reforma constitucional para cumplir la palabra empeñada y actuar en consecuencia, más importante aún era dejar el ejemplo».
Estas citas demuestran que este ha sido un tema profundamente meditado, y por ello la Comisión Redactora propone mantener la edad de 60 años y los dos periodos de mandato.
En cuanto a la elección, salieron a relucir dudas sobre cómo se elige al presidente y también paralelismos que no tienen que ver con el concepto y las definiciones del sistema electoral cubano ni con la manera en que se organizan sus sistemas político e institucional.
Por el modelo y el sistema de Gobierno refrendado en la Constitución vigente, Cuba se asemeja más a un sistema parlamentario. Muchas personas dicen «yo quiero votar por el Presidente como ocurre en todos los países»; y esta es una concepción errónea. En los sistemas parlamentarios  –los que predominan en la Europa continental– no se vota directamente por el Presidente o Jefe de Estado, porque se elige en elecciones de segundo grado.
Cuba no tiene que  asumir otro modelo por cuestión de mimetismo ni por aparentar ser más democrática, porque su modelo sí es profundamente democrático. Su Presidente es electo desde una circunscripción electoral como diputado, esa es la primera condición.
Además,  después es elegido por el órgano que representa la voluntad del pueblo, por representantes electos directamente por el pueblo. Quienes construyeron la falacia de la elección directa no la cumplen; en Estados Unidos, por ejemplo, la elección es indirecta, en no pocas ocasiones el voto popular no es el que elige al presidente.

ORGANIACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

En este Título no hubo grandes cambios. En el Artículo 169 (antiguo 164) quedó precisado como una de las cuestiones derivadas de la autonomía municipal, la de dictar acuerdos y disposiciones normativas para el ejercicio de sus facultades.

ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR

Lo más trascendente en este Título fue la modificación de la forma de elección del Gobernador y Vicegobernador Provincial (Artículo 175, antiguo 170), y se acogió la propuesta de que estos fueran electos por los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) respectivas, a propuesta del Presidente de la República, con lo que también se acepta en parte un reclamo popular.
El otro cambio importante radica en incorporar a los vicepresidentes de las AMPP entre los integrantes del Consejo Provincial (Artículo 182, antiguo 177), así como se elimina la mención a otros miembros. En este Título hubo algunos criterios que cuestionaban los nombres de Gobernador e Intendente, no obstante, se consideró  que no existían  razones de peso para cambiarlos.

SISTEMA ELECTORAL Y DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL NO TUVIERON CAMBIOS A RESALTAR

- Reforma de la Constitución

En el Artículo 227, antiguo 222, referido a la iniciativa de Reforma, se incorporó como sujeto al Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales, para hacerlo corresponder con la iniciativa legislativa y el papel que tienen estas dentro del sistema político cubano.

Se mantuvieron las cláusulas de intangibilidad previstas en el Artículo 229, antiguo 224, definiéndose con un carácter más general la irrevocabilidad del sistema socialista, sin especificar los componentes que lo integran.
En las disposiciones complementarias del proyecto (Especiales, Transitorias y Finales), se incluyó una nueva, que ahora es la Quinta, relativa a la propuesta que debe hacer el Presidente para la elección del Gobernador y Vicegobernador Provincial; se ajustó como ya se expresó la redacción de la Décima que ahora es la Decimoprimera y se eliminó la Decimosegunda.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, al concluir la presentación del proyecto de Constitución, reconoció que «si hemos llegado hasta aquí es porque tenemos un timonel que nos condujo a puerto seguro. Ese timonel es Raúl Castro, un hombre modesto que sabe escuchar».

Los hombres duros y su postura ante el dinero

Imprimir billetes provoca, más que ninguna otra cosa, reacciones viscerales en contra desde la derecha


El presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan. GETTY IMAGES

A los que me leen desde hace tiempo, esto les puede resultar difícil de creer. Al fin y al cabo, afirmé que Paul Ryan era un “embustero” cuando todos los chicos guais hablaban efusivamente de su valentía y su honestidad, y le daban premios por su responsabilidad fiscal. (Los acontecimientos han zanjado el asunto: sí, era, y es, un embustero.)

Predije muy pronto y a menudo que las quejas de los republicanos por los males de la deuda desaparecerían en cuanto ocupasen la Casa Blanca; y como era de esperar, después de obligar a EE UU a adoptar una austeridad destructora del empleo cuando la economía estaba débil, al llegar al poder aumentaron el déficit presupuestario con un recorte fiscal para las empresas y los ricos, a pesar del bajo desempleo.

Pero aunque me mantengo en mis trece en cuanto a mi apreciación del fraude fiscal de la derecha, me tomaba en serio su línea dura monetaria. Creía que todas esas advertencias funestas sobre las consecuencias inflacionarias de los esfuerzos de la Reserva Federal para luchar contra el elevado desempleo, el constante matraqueo sobre los males de la impresión de dinero, se basaban en unas preocupaciones reales, estúpidas, pero reales.

Tonto de mí.

Los republicanos quieren dolor y sufrimiento cuando hay un presidente demócrata y una fiesta cuando ganan los suyos

No resulta sorprendente que el Individuo 1, que arremetía contra la Reserva por mantener los tipos de interés bajos cuando Barack Obama era presidente, exija que mantenga los tipos bajos ahora que está en la Casa Blanca. Después de todo, nadie ha acusado nunca a Donald Trump de tener opiniones coherentes y ejemplares sobre política monetaria (o cualquier otra cosa). Pero sí deja de piedra oír a tantas voces conservadoras —incluida, increíblemente, la página editorial de The Wall Street Journal— haciéndose eco de las exigencias de Trump.

Es difícil exagerar lo constantes e intensos que The Wall Street Journal y otros de ideas afines solían ser en sus ataques al dinero fácil. Muchos analistas han señalado que hace tres años ese diario declaró que los tipos de interés bajos eran malos para la economía.

Pero eso carecía de importancia en comparación con las declaraciones del periódico durante la crisis financiera. Por ejemplo, atacó y ridiculizó a Ben Bernanke por bajar los tipos de interés en diciembre de 2008, es decir, en una época en la que la economía estaba en caída libre y necesitaba desesperadamente toda la ayuda que pudiera conseguir.

Ahora bien, se podría decir que la explicación al cambio radical de la derecha en cuanto a la política monetaria es la misma que la de su cambio radical en cuanto a los déficits, es decir, los republicanos quieren dolor y sufrimiento cuando hay un presidente demócrata, y una fiesta continua cuando uno de los suyos ocupa la Casa Blanca. Y sin duda, esta es la impresión que da ahora. Pero yo pensaba antes que había algo más en esta historia.

Verán ustedes, como experto que, bueno, recibe muchos mensajes de odio, he aprendido que la cuestión de si a veces tiene sentido imprimir dinero provoca más reacciones viscerales en la derecha que cualquier otra. Si afirmas que Trump es una marioneta rusa corrupta, recibes unos cuantos ataques, pero nada comparado con lo que recibes si dices que volver al patrón oro sería una mala idea o que la relajación monetaria no es necesariamente inflacionaria.

Mucha gente de derechas se vuelve loca ante cualquier insinuación de que el dinero es algo que hay que gestionar y que no hay que tratarlo como algo sagrado en lo que los mortales no deben entrometerse. Lo único que sé que provoca ataques parecidos son las críticas al bitcoin, un tema en el que se mezcla un poco de esa misma estupidez libertaria con una gran cantidad de jerga técnica incomprensible. Y la reacción emocional de la derecha ante la política de la Reserva —su odio por usar la imprenta para estimular la economía, independientemente de las circunstancias— siempre me pareció verdadera.

Nunca pensé que a Paul Ryan le preocupase realmente el déficit, pero creía en su afirmación de que sus opiniones sobre la política monetaria se basaban en la denuncia del papel moneda como una forma de saqueo en La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Es más, la opinión de que imprimir dinero siempre es algo horrible parecía extremadamente duradera, a pesar de su ininterrumpido historial de fallos en los pronósticos. La gente que advertía de la amenaza de la inflación en 2009 siguió advirtiéndonos sobre ella año tras año, a pesar de que siguiera sin materializarse. Luego Trump decidió presionar a la Reserva, y muchos de los hombres que antes mantenían una postura dura en cuanto al dinero se convirtieron en hombres favorables al dinero fácil de la noche a la mañana. Y lo digo más o menos literalmente. Pensemos en Kevin Warsh, un ex miembro del consejo directivo de la Reserva Federal al que durante un tiempo se le consideró un posible presidente de la Reserva. Hasta hace dos meses siempre estuvo a favor de unos tipos de interés más altos, pero esta semana escribió de repente un artículo de opinión en el que pedía a la Reserva que dejase de subir los tipos.

Por cierto, existe un argumento razonable (que acepto) según el cual la Reserva debería, sin duda, detener su campaña de subida de los tipos, e incluso que la subida de esta semana ha sido un error. Pero este argumento debería plantearse basándose en principios económicos fundamentales, no para tratar de conseguir un beneficio político, y menos aún porque es lo que Donald Trump quiere.Sin embargo, esto es lo que está pasando. Hoy en día, todo lo que hace el Partido Republicano está relacionado con el poder; no se atendrá a ningún principio si eso tiene algún coste político. Y es un partido que pertenece a Trump: lo que él dice es la línea del partido, en todos y cada uno de los temas. Resulta que el trumpismo arrolla a todo lo demás, incluso a Ayn Rand.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. @ The New York Times, 2018. Traducción de News Clips

Un presupuesto que demanda de todos para su cumplimiento riguroso y eficiente

Intervención de Lina Orlinda Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 21 de diciembre del 2018, «Año 60 de la Revolución».



22 de diciembre de 2018 02:12:32

Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, presentó el proyecto de ley del Presupuesto del Estado para el 2019. Foto: José Manuel Correa


Intervención de Lina Orlinda Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la ix Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 21 de diciembre del 2018, «Año 60 de la Revolución».

(Versiones Taquigráficas-Consejo de Estado) 

Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba; 

Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros;

Compañero Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

Diputadas, diputados;

Compañeros invitados:

Antes de introducir los principales aspectos y cifras que caracterizan el proyecto de Presupuesto del Estado que presentamos a su consideración, les exponemos un resumen de la ejecución del Presupuesto en el presente año, aprobado mediante la Ley No. 125, en el X Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VIII Legislatura.

En el año 2018 fueron atendidas las demandas financieras para el sostenimiento y niveles de actividad de los servicios básicos a la población, la esfera productiva, la implementación y continuidad de políticas sociales en cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el 7mo. Congreso del Partido, así como los financiamientos para continuar la recuperación del huracán Irma. Fueron asignados la totalidad de los recursos de la reserva para respaldar las decisiones del Gobierno destinadas a programas sociales, tareas de saneamiento, así como a las de higienización y a la recuperación de los daños por afectaciones de la tormenta subtropical Alberto.

El efecto combinado del sobrecumplimiento de los ingresos en 1,2 % y la inejecución de los gastos en un 2,5 %, en lo que incide el incumplimiento del plan de inversiones, permite estimar un Déficit Fiscal en el entorno de los 9 000 millones de pesos, relación que mejora con respecto a la planificada, al igual que el resultado del déficit en la cuenta corriente.

En los ingresos se logra el enmarcamiento acorde a las cifras planificadas, pero aún existen reservas en los aportes al presupuesto en todos los sectores y ramas de la economía, por lo que se ratifica la necesidad de continuar perfeccionando las bases de su planificación y elevar a niveles superiores la disciplina en el pago de los tributos por las entidades estatales y formas de gestión no estatal.

En la ejecución presupuestaria persisten insuficiencias en la administración y control de los recursos financieros y materiales, que imponen una prioridad en su atención sistemática y rigurosa por los directivos, funcionarios y los colectivos laborales, entre las que se encuentran: deficiencias en los registros contables y limitados análisis de los estados financieros como instrumento que permite medir la ejecución de los planes y el Presupuesto para la toma de decisiones; unidades presupuestadas que sobrejecutan o inejecutan los gastos planificados y otras que asumen obligaciones de pagos superiores a la disponibilidad de efectivo con que cuentan; poca utilización de las normas de consumo materiales y financieras, deficiente gestión en el uso y rotación de los inventarios –como ya ha sido explicado por el ministro de Economía, el compañero Alejandro Gil–, así como formalismo en la evaluación de la ejecución del Presupuesto en los consejos de dirección y ante los colectivos de trabajadores.
La actividad educacional cuenta con 9 168 millones para el año 2019. Foto: Endrys Correa Vaillant



En la liquidación del Presupuesto del Estado del año 2018, que se presente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se precisará con más detalles el análisis de las cifras finales, como es habitual en nuestra Asamblea.

Como está previsto, compañeros, en el sistema de trabajo de nuestro Parlamento, los diputados han dispuesto de un material detallado sobre el proyecto de Presupuesto del Estado para el año 2019 y, lo más importante, fue analizado ampliamente en cada comisión.

Debo decir que, en especial, en la Comisión de Asuntos Económicos el compañero Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Díaz-Canel realizó un profundo análisis valorativo difundido ampliamente por los medios del país, que nos coloca justamente en el centro de la batalla económica y en la responsabilidad de los cuadros para que las prioridades no sean un lema, tal como ha indicado en varias ocasiones el compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La elaboración del Presupuesto del Estado para el año 2019, se ha destacado por amplios intercambios con los órganos, organismos y organizaciones superiores de Dirección Empresarial, en correspondencia con las etapas y variantes evaluadas; está compatibilizado con los niveles de actividad previstos en el Plan de la Economía que acaba de ser expuesto, y aún en la compleja coyuntura actual marcada por las tensiones financieras y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos a nuestro país, garantiza la sostenibilidad de los servicios sociales básicos, destinando a la salud pública, educación y asistencia social el 51 % de los gastos corrientes de la actividad presupuestada, a la vez que respalda otras políticas públicas que impactan de manera decisiva en la vida de la población, entre las que se destaca el otorgamiento de subsidios para la compra de materiales de la construcción a personas con escasos recursos financieros que necesitan emprender acciones constructivas en sus viviendas.

Se continúa financiando la recuperación de los daños ocasionados por eventos climatológicos de años anteriores, fundamentalmente en la reparación o reconstrucción de viviendas y entidades estatales.

A la salud pública y a la asistencia social se le destinan más de 10 600 millones de pesos, que permiten la atención universal, gratuita y de calidad a toda la población cubana, logro que en los últimos 55 años hemos compartido con más de 100 países, a los que ha llegado la ayuda solidaria de los médicos cubanos. Esta cifra garantiza la prestación de 226 millones de consultas médicas, cobertura a 1 380 000 ingresos hospitalarios, que incluye el consumo de los medicamentos, el funcionamiento de los servicios de estomatología y el desarrollo de salas especializadas, protegiéndose en particular el programa materno-infantil, las tareas de saneamiento e higienización y la continuidad del proceso de reparación y mantenimiento constructivo de las instalaciones del sector de la salud.

En cumplimiento de las medidas para enfrentar el envejecimiento poblacional y cuidar de nuestros adultos mayores, se proyectan, entre otros, los recursos para atender a las personas de la tercera edad que asisten a casas de abuelos y hogares de ancianos.

El programa de reparación y construcción de viviendas para la población se continúa fortaleciendo, para lo cual el Presupuesto otorgará subsidios por un importe superior a los 870 millones de pesos, por lo que resulta imprescindible agilizar por los Consejos de Administración municipales la aprobación y asignación de los recursos monetarios a los beneficiarios de estos fondos, que implica un mayor despliegue de la industria local de materiales de construcción y el cumplimiento de los recursos que debe garantizar la industria nacional, para que en un tiempo prudencial se materialice este beneficio, tema ampliamente analizado en las sesiones de trabajo previas al plenario.

Al sector educacional se le asignan más de 9 100 millones de pesos que aseguran que todos nuestros niños y jóvenes estudien en los niveles de enseñanza preescolar, primaria, especial y media, con una matrícula del orden de 1 606 500 estudiantes. En la educación superior se financian gastos para una matrícula de 155 000 estudiantes.

Se proyectan 1 780 millones de pesos de gastos en la cultura y el deporte, que permitirán realizar las ofertas artístico–culturales en los municipios y provincias del país, la transmisión de más de 616 000 horas por radio y televisión, el funcionamiento de cerca de 5 100 instalaciones deportivas para el disfrute de los practicantes sistemáticos del deporte, y las competencias nacionales e internacionales.

Para financiar los gastos de la Seguridad Social se destinarán por el Presupuesto del Estado una cifra superior a los 6 600 millones de pesos, que representa un 8 % de crecimiento, con lo que se garantizan las pensiones a más de 1 600 000 personas y otras prestaciones, incluyendo los beneficios de la maternidad, toda vez que los aportes de la Contribución de la Seguridad Social que realizan las entidades, trabajadores y las personas afiliadas a regímenes especiales, cubren solo el 82 % de estos gastos.

El desempeño de los Organismos de la Administración Central del Estado y de los Órganos Locales del Poder Popular, así como las actividades de la defensa y del orden interior quedan asegurados en el Presupuesto.
El Presupuesto asigna una cifra superior a 4 000 millones de pesos que financian los principales programas sociales e inversiones, entre los que se encuentran el programa de construcción de viviendas. Foto: Germán Veloz Placencia



Se financian, además, en las diferentes ramas y sectores, los gastos para las actividades y acciones comprendidas en la Tarea Vida y en las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Como resumen de lo anterior, el proyecto de Presupuesto del Estado que se presenta planifica gastos corrientes para la actividad presupuestada en el país en un nivel superior a los 38 700 millones de pesos, que representa el 64 % del total de estos gastos, expresión financiera de la voluntad política de que el Presupuesto de la nación favorezca el sostenimiento de los servicios básicos de la población y la materialización efectiva de las políticas sociales a favor de las cubanas y cubanos, sin distinción alguna.

En el sector empresarial, se asignarán recursos para garantizar las exportaciones y las producciones que sustituyen importaciones, en correspondencia con los niveles de actividad considerados en el Plan de la Economía. Se debe destacar que con el objetivo de perfeccionar las asignaciones presupuestarias, sobre la base de no incluir en el Presupuesto gastos que no son de naturaleza fiscal como efecto de la dualidad cambiaria, se identificó una selección de producciones exportables y de sustitución de importaciones, que recibirán parcialmente los recursos financieros mediante operaciones cambiarias, lo que impacta favorablemente en el resultado presupuestario del año 2019 –tema técnico que discutimos en las comisiones y, si es preciso, después podemos esclarecer aquí con mayor detalle.

Por otra parte, en trabajo coordinado con un grupo de organizaciones superiores de dirección empresarial se proyecta una reducción de gastos a financiar por el Presupuesto, a partir de potenciar mayor racionalidad y eficiencia, que contribuya a disminuir gastos presupuestarios y eliminar la inadecuada práctica de planificar con reservas.

Los bienes y servicios que se ofertan dentro de la canasta familiar normada a precios subsidiados, demandan 3 600 millones de pesos para las empresas que los comercializan, en el interés de no afectar sus resultados económicos y financieros. Los productos fundamentales que se incluyen en este financiamiento son: cárnicos, leche, azúcar, pan, arroz, granos, huevos, así como los combustibles domésticos.

Para asegurar un proceso inversionista eficiente y que respalde los programas priorizados, el Presupuesto asigna una cifra superior a 4 000 millones de pesos a los principales programas sociales e inversiones, entre los que se encuentran: construcción, conservación y rehabilitación de viviendas, que incluye los afectados por huracanes, las fuentes renovables de energía, el programa de desarrollo de los trasvases, las obras viales y otras obras de infraestructura que fueron debidamente detalladas en los programas que expresó el Ministro de Economía y que requieren fondos presupuestarios para su financiamiento.

En los presupuestos locales se proyecta un resultado positivo y se mantiene la tendencia al crecimiento sostenido, en lo que inciden las medidas que se aplicarán para fortalecer y perfeccionar la operatoria de los presupuestos municipales, entre las que se encuentran: ceder los ingresos por la venta de productos industriales que comercializan las empresas minoristas de comercio, adecuar a las características de los territorios el límite de los ingresos participativos que reciben desde el Presupuesto Central y flexibilizar su asignación desde la provincia a los municipios. Todas las provincias planifican superávit para el próximo año, con la excepción de la provincia Guantánamo que proyecta un déficit inferior al año que concluye.

Dentro de estos presupuestos se incluyen las actividades sociales y productivas del Plan Turquino, que abarca 11 provincias y constituye un programa integral de desarrollo en las zonas montañosas, para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y garantizar que la atención a la salud, educación y otros servicios básicos estén presentes en estas comunidades.

Para financiar la mayor parte de los gastos del Presupuesto se planifica recaudar ingresos superiores a los 60 000 millones de pesos, con un crecimiento del 4 %, el que se sustenta en movilizar las reservas de eficiencia en la economía, incrementar al máximo la disciplina en el pago oportuno de los impuestos por todos los contribuyentes, sin subestimar ningún tributo y potenciar las acciones preventivas, educativas y de control fiscal por parte de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, en coordinación con los órganos de control y los gobiernos locales hacia las entidades estatales y formas de gestión no estatal, minimizando los incumplimientos y enfrentando la evasión al pago de los impuestos.

El sector estatal genera el 85 % de estas recaudaciones, como validación de la prevalencia de la propiedad estatal socialista sobre los medios fundamentales de producción y se reafirma la solidez y capacidad recaudatoria del sistema tributario, al participar en un 74 % del total de los ingresos planificados.

Los ingresos resultantes de la utilidad empresarial ascienden a un 21 % y superan los 12 000 millones de pesos. En este aspecto debemos continuar perfilando la planificación y la obtención de utilidades que no respondan a la creación de más producciones y servicios, sino resultantes de aplicación de altos precios, entre otras causas. Se estudian las medidas para evitar que por deficiencia de planificación se obtengan sobrecumplimientos excesivos en las utilidades no sustentadas en mayor creación de valores, lo cual será aplicado a partir del año 2019.

Los impuestos por la venta de bienes y servicios crecen ligeramente un 1,3 %, en correspondencia con los niveles y estructura de la circulación mayorista y minorista aprobada en el Plan de la Economía; pero es importante, representan el 50 % de los ingresos tributarios y el 37 % de los ingresos totales, por lo que resulta necesario mantener durante el ejercicio fiscal un seguimiento estricto a su cumplimiento, según lo que se ha previsto en el Plan de la Economía.

Tomando en consideración que las empresas de comercio y gastronomía de subordinación local son las principales aportadoras de estos ingresos, la Oficina Nacional de Administración Tributaria desarrollará e implementará un programa de asistencia activa, diferenciada y de control sistemático y oportuno a las entidades de este sector.

Los ingresos planificados por la Contribución Territorial para el Desarrollo Local ascienden a 1 358 millones de pesos, proyectan un crecimiento del 15 %. Se mantendrá la gestión y aplicación de estos recursos financieros, considerando el 50 % para decisiones de los gobiernos locales, dirigidas a crear fuentes generadoras de ingresos y empleos, prioritariamente, que respalden el desarrollo local e integral de los municipios. A la provincia La Habana y al municipio especial Isla de la Juventud se les autoriza el ciento por ciento, en función de programas y acciones ya aprobadas.

Los aportes de las formas de gestión no estatal, complemento de la economía, crecen un 16 % y participan en un 13 % de los ingresos totales; se concentran en el Impuesto sobre Ingresos Personales, y para este año incluirá la presentación de la declaración jurada para la liquidación anual de este tributo por los productores individuales del sector agropecuario, proceso en el que de conjunto con la Agricultura, la onat y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños se ha venido informando y preparando a los agricultores durante todo el segundo semestre.

Se implementa el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Personales a los atletas que se contratan en el exterior y a los marinos y otro personal contratado que se enrola para el trabajo en buques extranjeros, de conformidad con las políticas aprobadas.

No obstante el comportamiento favorable y la mejoría en la calidad de los aportes de los trabajadores por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, existen personas que incurren en conductas ilícitas para evadir el pago de impuestos o hacerlo en cuantías inferiores a las debidas, sobre las que está previsto un mayor control por parte de la Oficina Nacional de Administración Tributaria y la aplicación de sanciones rigurosas, que incluyen solicitar la cancelación del ejercicio de la actividad y el cierre de establecimientos; en los casos que la gravedad del hecho lo amerite, presentar las denuncias que en el orden penal correspondan, para lo cual se refuerza y perfecciona el trabajo conjunto con las fuerzas policiales, del orden interior, la Fiscalía General de la República y otros órganos de control.

Para el año 2019 se extiende a las provincias Artemisa, Mayabeque y Matanzas la aplicación del Impuesto por la Ociosidad de las Tierras, como continuidad de su implementación. Para garantizar esta medida y crear condiciones en el resto del país se debe perfeccionar el trabajo con las Oficinas de Control y Tenencia de la Tierra, encargadas de la certificación de las tierras ociosas.

Como consecuencia de la proyección de los ingresos y las decisiones adoptadas con los gastos, se planifica un Déficit Fiscal de 6 187 millones de pesos, decrece un 31 % respecto al estimado para el 2018, en correspondencia con el objetivo de ir mejorando este resultado desde la planificación y contribuir paulatinamente a aminorar los niveles de endeudamiento interno. La Cuenta Corriente del Presupuesto alcanza un déficit de 1 130 millones de pesos y decrece un 22 % respecto al cierre estimado del 2018.

La demanda financiera del Presupuesto del Estado que sometemos a su consideración supera los 10 120 millones de pesos, como resultado de sumar al Déficit Fiscal, la amortización de las deudas con vencimiento en el año y serán financiadas con la emisión de Bonos Soberanos.

Para el cumplimiento riguroso y eficiente del proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para el año 2019, que presentamos a evaluación y aprobación de esta Asamblea, se demandará de todas las estructuras de dirección y la participación de los trabajadores la movilización de las reservas de eficiencia, que garanticen el principio socialista de la distribución de la riqueza justa y equitativa, unido a un mayor control y racionalidad en el uso y destino del gasto presupuestario.

Concluyo esta presentación con un fragmento de la indicación que desde esta propia tribuna, en diciembre del año 2010, realizó el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la que expresó –y reitero, porque ya previamente se había apoyado en ella también el Ministro de Economía y Planificación–: «El Plan y el Presupuesto son sagrados (...) y se elaboran para ser cumplidos, no para conformarnos con justificaciones (...)».

¡Trabajemos todos por cumplirlo!
Muchas gracias (Aplausos).